El significado profundamente degradatorio del trabajo y de la profesionalidad de los funcionarios que llevan aparejadas las medidas del Gobierno español hace que la única respuesta posible sea la convocatoria de la huelga de los empleados públicos. Ello da pie a que se planteen algunas reflexiones sobre la respuesta sindical a las mismas.
Debe darse por supuesto, como se ha señalado, que la convocatoria de una huelga de todos los empleados públicos es la respuesta más adecuada. No sólo por un principio de especialidad del conflicto largamente extendido en nuestras prácticas sindicales, sino por la propia adecuación de la medida de presión a la organización de una conciencia “particular” en el sector de los empelados públicos. La huelga construye estructuras de organización y de resistencia, y posibilita la actualización de un proyecto reivindicativo en el sector en el que se desencadena. Por ello la huelga es una oportunidad para el cambio no sólo de las condiciones de trabajo consideradas estrictamente, sino del medio de trabajo y de las reglas que los disciplinan.
Esta “generalidad” de la huelga, que implica a todos los empleados públicos, del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos, y de los entes públicos autónomos, se corresponde pues con el ámbito de la medida lesiva de los derechos de éstos. Pero plantea problemas en torno a la fragmentación de la representación colectiva en el sector público, muy acusada. La huelga del día 8 de junio debe ser un momento de convergencia excepcional, como lo fue la huelga del 14-D, de todos los sujetos colectivos representativos de los empleados públicos, con independencia de su implantación medida electoralmente y de sus muy diversas orientaciones de política sindical. También puede y debe integrar en su dinámica otros conflictos abiertos en curso en alguno de estos sectores, como sucede actualmente con el que se despliega en el sector de Correos. En cierta forma la huelga “generalista” debe servir para la actualización de los programas reivindicativos de cada sector y para expresar la solidaridad horizontal con los conflictos ya abiertos.
Suele haber en este terreno un cierto temor a coincidir con intereses corporativistas, normalmente expresados a través de sindicatos de categoría. Sin embargo, la necesidad de una respuesta contundente y unitaria es evidente, y para ello un esfuerzo aglutinador se requiere. El objetivo del rechazo – la reducción salarial – es muy neto y por tanto favorece una actitud de convergencia y de atracción al conflicto de todos los sindicatos que operan en el sector público. Y ello es también predicable de aquellos sectores de funcionarios que se definen como los “cuerpos separados” de la sociedad. El comunicado reciente de jueces para la Democracia en el que se plantea proponer la adhesión de la organización de magistrados a la huelga – que puede consultarse en este mismo blog, http://baylos.blogspot.com/2010/05/sobre-los-recortes-sociales-comunicado.html - , es muy demostrativo del sentido de “generalidad” que debe tener este conflicto y por tanto el movimiento sindical debería ser receptivo ante estos movimientos no tanto de solidaridad como de convergencia en el rechazo.
Es cierto que hay una real preocupación por el desarrollo del conflicto. La inseguridad se desprende de las intervenciones de creadores de opinión no hostiles al movimiento sindical y de una buena parte de gestores públicos. Tiene que ver con una cierta “derivación” de los sindicatos mayoritarios de clase hacia la defensa de las situaciones relativas al trabajo temporal o a las capas medias – bajas de los empleados públicos, con la pérdida de influencia en los empleados de mayor cualificación y nivel salarial. Aunque este hecho no es una tendencia homogénea, si es cierto que puede enlazarse con otros “tópicos”.
Ante todo con el muy extendido que relaciona a los sindicatos en la función pública con la defensa de posiciones rígidas en la organización del trabajo que no se adecuan con las exigencias de efectividad del trabajo burocrático. En esta misma línea, se mueven otros estereotipos que relacionan al funcionario con una labor burocrática en donde la disciplina en el trabajo es muy relativa y la dedicación a sus tareas es escasa. La propia ideología neoliberal se encarga de transmitir otras imágenes más agresivas del funcionario como una figura inútil y parasitaria sostenida por el dinero público y cuya misión fundamental es interferir negativamente en la iniciativa y creatividad del dinero y de los negocios. La reacción de la opinión pública expresada en algunas encuestas a propósito de las medidas de choque del gobierno evidencia la menor percepción negativa de esta medida respecto de otras claramente rechazadas como la congelación de las pensiones.
Por último la coyuntura política es utilizada de forma atípica. Como la gestión de la crisis por el Gobierno está llevando a una importante merma de las expectativas de voto del PSOE y al avance imparable de un Partido Popular que además se sitúa en la crítica “social” de alguna de las medidas del gobierno, como la de oponerse frontalmente a la congelación de las pensiones, se lanza la especie que los sindicatos al convocar la huelga están hiriendo de muerte al gobierno y facilitando la llegada del PP al poder con mayoría absoluta y por dos décadas sucesivas. La culpabilización política de los sindicatos se acompaña de una admonición: la base social de los mismos, que es la que vota al PSOE de Zapatero, no les perdonará esta actuación insensata y, en consecuencia, perderán doblemente, al facilitar la llegada de la derecha y al sentir el rechazo de sus afiliados y de los trabajadores en general.
Todos estos tópicos deben necesariamente contestarse y rebatirse, pero influyen en la percepción social de la “justicia” de la reivindicación ejercitada a través de la huelga, o si se quiere emplear un término clásico en la historia sindical española, en el carácter “científico” de la huelga que debe hacer que sea una medida de presión irrebatible por los trabajadores y la ciudadanía en general. Es evidente que sólo una respuesta masiva que demuestre el nervio y la potencia – la presencia – del sindicato puede ayudar a las posiciones progresistas del arco político, especialmente a las que se sitúan en el ámbito del gobierno. Cuanto más débil sea la respuesta a la convocatoria sindical, se verificará ante la opinión pública que no hay más salida a la crisis que la que señalan las instituciones reguladoras de los mercados financieros, los grandes capitales y las agencias de calificación. Por el contrario, afirmar una salida progresista a la crisis implica también ligarla con la función que desempeña el sector del trabajo público, los empleados públicos, los servicios sociales y de interés general, el gasto social, en una sociedad que rechaza la desigualdad como fundamento inevitable de funcionamiento. Este es, sin duda, el único camino.
