MANUEL RAMÓN ALARCÓN

Ayer, 25 de mayo, falleció en una clínica de Sevilla Manuel Ramón Alarcón. Un gran jurista y un buen amigo. Su muerte ha causado el luto no solo de su familia y de sus íntimos, sino de tantas y tantas personas que le conocían y le habían tratado, leído o escuchado, y que han manifestado en mensajes u oralmente su pesar por la desaparición de este profesor y magistrado.

Manuel Ramón Alarcón (MRA) estudió en la Universidad de Sevilla en los años sesenta, donde tuvo un destacado papel como activista antifranquista. Participó como abogado laboralista en el despacho de la calle Trajano, defendiendo a trabajadores en los años 70. A partir de 1968 fue profesor no numerario (PNN) en la cátedra de Miguel Rodriguez – Piñero,  y allí obtuvo su doctorado y la plaza de adjunto numerario y profesor titular tras de la LRU. En la década de los 80 desarrolló lo más impactante de su producción teórica y ganó la cátedra en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1987, donde construyó un equipo docente e investigador muy amplio, para luego pasar, ya en 1992, a la recién creada Universidad Pompeu Fabra, en la que impulsó los estudios de relaciones laborales y un master de derecho del trabajo y de la seguridad social que sigue perdurando aún, bajo la dirección de Julia López, y donde estuvo hasta 1994, año en que regresó a la Universidad de Sevilla de donde llegó a ser Decano. En el año 2010, como jurista de reconocido prestigio, fue designado magistrado de la sala cuarta del Tribunal Supremo, donde debía jubilarse en septiembre de este año.

MRA ha sido un jurista del trabajo completo y extraordinariamente activo. Ha escrito y trabajado sobre la práctica totalidad de las materias del derecho del trabajo y de la seguridad social, en todas ellas con originalidad y contracorriente. Algunos de sus trabajos se consideran textos fundamentales en la producción teórica del iuslaboralismo español. Desde su primer libro sobre el derecho de asociación obrera – cuando los juristas del trabajo aún escribían sobre la historia de la regulación del trabajo  - o su comentario al derecho al trabajo en la Constitución, o la revisión del principio “pro operario”, hasta sus grandes contribuciones respecto de la ajenidad en el mercado como criterio para definir el objeto del contrato de trabajo, su monografía sobre el tiempo de trabajo, o las aportaciones fundamentales en materia de seguridad social, incluido el muy potente “Compendio” que escribió junto con Santiago González Ortega. En su fecunda etapa catalana, MRA creó e impulsó las Jornadas Catalanas de Derecho del Trabajo – que aun hoy se celebran, entre febrero y marzo de cada año – y coordinó en sus primeras manifestaciones una serie de volúmenes colectivos que recogían las ponencias y contribuciones a estas Jornadas, siempre sobre temas de indudable actualidad y con impresionante rigor académico.

Era un jurista crítico y estaba comprometido con la lucha por la libertad y la emancipación de los trabajadores. De una impresionante capacidad organizativa, se opuso vehementemente a la reforma laboral de 1994, que causó una fuerte división en el iuslaboralismo español, e impulsó una Asociación Española de Iuslaboralistas que congregó en muy breve plazo un nutrido grupo de abogados, jueces y profesores, en torno a unos planteamientos críticos del tipo de regulación que se establecía con la ley de 1994, manteniendo asimismo una fuerte oposición al Acuerdo Interprofesional de Estabilidad en el Empleo de 1997 por la rebaja de la indemnización a 33 días en el contrato de empleo indefinido que estos Acuerdos proponían – cuestión que puede comprobarse en el artículo que MRA escribió para el libro colectivo publicado por la AEI que analiza las reformas de 1997. En ese mismo tiempo fue uno de los impulsores del proyecto que se habría de plasmar en la Revista de Derecho Social ya en 1998, de cuyo comité de redacción formó parte, compartiendo plenamente su ideario.

A partir del 2010 ha sido magistrado del Tribunal Supremo. En su fecunda labor en la sala de lo social de ese tribunal, MRA ha dejado asimismo su huella en muchas sentencias que han forjado la mejor doctrina judicial en materia social. Brillante en sus argumentaciones y muy convincente en sus razonamientos, MRA ha influido muy decisivamente en las líneas interpretativas de la Sala de lo Social más favorables a garantizar los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo, y más en concreto en la re-escritura de aspectos importantes de la reforma laboral del 2012 que el Tribunal Supremo ha tenido que enmendar o que reorientar a través de su última y muy importante jurisprudencia.

Era ante todo un orador genial. Cualquiera que haya escuchado sus conferencias sabe de su amenidad, inteligencia y colorismo en la descripción de los hechos y de los argumentos. Cautivaba a la audiencia, demostrando sus enormes dotes de seducción que practicaba tanto ante el auditorio como luego en el contacto personal. Era simpático, arrebatador, cariñoso. Siempre dispuesto a intervenir en jornadas y seminarios para explicar el derecho y  criticarlo como técnica de dominación pero también como forma de legitimación ideológica, sin olvidar no obstante como usarlo en una dirección emancipatoria y progresista.

La gente que se dedica al Derecho del Trabajo en nuestro país está de luto, y sus amigos, compañeros y discípulos estamos todavía conmocionados por esta pérdida imprevista.  Vivirá en nuestro recuerdo y en su obra científica, y alimentaremos así la memoria de quien ha sido uno de los mejores de los nuestros.

HACIA LA IZQUIERDA

Se han celebrado las elecciones municipales y autonómicas con la caída espectacular del PP. En la foto, el titular del blog celebra en Ciudad Real con el profesor García -  Muñoz que la presidenta de la Junta de Comunidades haya perdido las elecciones y que en el ayuntamiento de Ciudad Real Ganemos Ciudad Real haya obtenido cuatro concejales, permitiendo una mayoría de progreso en esta ciudad.

Las elecciones municipales y autonómicas han reflejado el giro a la izquierda que se está produciendo en el país y que va a tener como inmediata consecuencia el cambio real de los gobiernos municipales más emblemáticos, como Madrid y Barcelona, pero también Valencia o Zaragoza. La izquierda alternativa ha obtenido un triunfo histórico en las dos grandes capitales españolas, a través precisamente de candidaturas ciudadanas de unidad popular articuladas no solo en torno a partidos políticos sino muy fundamentalmente sobre la base de la representación de movimientos sociales muy activos en la lucha contra la austeridad. Un conjunto de personas que reivindican un uso del territorio y de los servicios públicos de la ciudad que enlazan directamente con su experiencia vital, con sus necesidades insatisfechas y con la conciencia segura de que la lucha contra los poderes privados y públicos que han emprendido, puede traducirse efectivamente en un programa de gobierno. Este es el hecho político más relevante de estas elecciones, y las figuras de Manuela Carmena y de Ada Colau lo ponen de manifiesto de manera luminosa.
 

El Partido Popular ha perdido más de dos millones y medio de votos respecto de los que obtuvo hace cuatro años, en las anteriores elecciones. En porcentaje, ha descendido del 37,54% de los votos al 27,03%, es decir ha perdido más de diez puntos. Como durante este período el PP solo ha sabido gobernar basándose en su mayoría absoluta, ese aislamiento generalizado le dificulta ahora el gobierno incluso en los lugares en los que ha sido la lista más votada y no hay un claro bloque de izquierda que se le oponga. Todos los comentaristas esperan que el nuevo partido emergente de Ciudadanos – un 6,55% de los votos totales – favorezca la gobernabilidad en esos casos, pero es posible que esa esperanza se vea defraudada en algunos supuestos muy relevantes, como pudiera ser la Comunidad de Madrid. La exigencia de C’s de romper cualquier vínculo con la corrupción, hace que su discurso se vea falseado si permite gobernar al partido que más fuertemente ha sostenido las tramas de corrupción en la Comunidad madrileña.

Un supuesto concreto de esta derrota del partido del gobierno que resulta especialmente relevante es el de Castilla – La Mancha. Gobernada con mano de hierro por Cospedal, a su vez secretaria general del PP, durante estos cuatro años ha demostrado un sectarismo profundo y una capacidad de destrucción de las prestaciones sociales verdaderamente inmensa. En el plano político, diseñó una reforma del Estatuto de Autonomía que reducía el número de diputados autonómicos y elevaba por tanto el porcentaje de votos necesario para poder acceder a las Cortes, y ese mismo planteamiento antidemocrático ha funcionado contra ella, impidiendo a la postre que C’s tuviera un escaño que compensara el bloque que forman PSOE y Podemos que permite desalojar al PP de la institución autonómica castellano-manchega. Es razonable pensar que uno de los elementos del  acuerdo entre PSOE y Podemos tendrá que ser la reforma de ese sistema electoral hecho a medida del PP. La pérdida de esa comunidad debería también tener consecuencias sobre la situación de Cospedal en el PP, marcando el principio del final de su carrera política. Ambas cuestiones son motivo de alegría para quien viva o trabaje en Castilla La Mancha.

El Partido Socialista ha perdido setecientos mil votos respecto de las elecciones de mayo del 2011. De un 27,09 % de los votos ha descendido a un 25,03%, pero ha recuperado algunas Comunidades Autónomas, como Extremadura y puede obtener muchos gobiernos regionales y municipales mediante acuerdos con las fuerzas a su izquierda. En otros supuestos, su voto es clave para asegurar la mayoría de las candidaturas ciudadanas de unidad popular. Su descenso de votos ha sido menos brusco que el del PP, porque se ha beneficiado de la renovación de su equipo dirigente y de su posición más abierta respecto de los planteamientos sostenidos por sindicatos y movimientos sociales. Tiene sin embargo que aprender a establecer una relación con las otras fuerzas – situadas por lo general a su izquierda – que no implique una mera solicitación adhesiva a su programa de gobierno, como lo está padeciendo en Andalucía con la investidura de Susana Díaz. En la capacidad de adaptación del PSOE a este nuevo panorama de encontrar consensos con fuerzas situadas a su izquierda con exigencias reivindicativas muy netas – y urgentes – se jugará su papel en las próximas elecciones generales de noviembre.

Podemos se confirma como la fuerza emergente del cambio político, el partido que ha sabido traducir políticamente las luchas y la resistencia de amplias capas de población que se habían ido desgranando a partir de la crisis del 2010, conectando con una buena parte de las aspiraciones reivindicativas de éstas. En Aragón, Asturias y Madrid, está entre el 18 y el 20% de los votos, pero en el resto de las Comunidades Autónomas tiene resultados apreciables para una fuerza que carecía de implantación y cuadros, entre casi un 15% en Canarias y en Baleares, y un 14 % en Navarra, un 12% en la Comunidad Valenciana , Castilla León,  la Rioja y Murcia, hasta un 9% en Castilla La Mancha y un 8% en Extremadura. Es por tanto un partido político en ascenso, pero contra lo que planteaba una buena parte de su intelligentsia, que preconizaba que era conveniente que se presentara en solitario a las elecciones para probar sus apoyos, lo cierto es que éstos han sido sensiblemente más reducidos al hacerlo así que cuando, en el nivel local, ha impulsado junto con otras fuerzas políticas y sociales, candidaturas de unidad popular. El caso de Madrid es paradigmático, Ahora Madrid ha obtenido el 31,8 % de los votos populares, mientras que Podemos en la Comunidad solo ha logrado un 18,6 % de los mismos. En Barcelona no se puede hacer esta extrapolación, pero es seguro que una alianza de Podem con ICV-EUiA, Verdes y movimientos sociales para el Parlament en septiembre próximo, obtendría un resultado muy importante, y en todo caso mayor que el que lograría Podem en solitario. Mover el tablero político hacia la izquierda real requiere por tanto una estrategia de unidad.

Esta misma apreciación, pero con mucho más énfasis, debe hacerse con Izquierda Unida. Si se computan los votos que ha obtenido IU presentándose con sus siglas,  875.000, que supone el 4,81% de los votos emitidos a nivel nacional, se comprueba que IU ha retrocedido punto y medio y ha perdido 375.000 votos respecto del 6,36% de los sufragios–1.437.061 votos– que obtuvo hace cuatro años. Pero si se unen a estos votos los que ha obtenido en candidaturas ciudadanas de unidad popular, el resultado es diferente y en la práctica implica un crecimiento  de las posiciones mantenidas por esta fuerza política allá donde ha acudido unitariamente con otros sectores y grupos políticos. Por poner  un ejemplo cercano, en Ciudad Real al presentarse IU como Ganemos en el marco de un proceso de convergencia y de debate con movimientos sociales, ha obtenido cuatro concejales – uno de IU en 2011 – y ha logrado por tanto una mayoría de izquierda en esa ciudad, arrebatándosela al PP. Este es el camino que permitirá avanzar hacia posiciones de progreso con la participación destacada de los militantes y cuadros de IU. Cuando por el contrario IU ha aparecido dividida y hasta opuesta a procesos de unidad ciudadana, como en Madrid, los resultados han sido muy decepcionantes, y han contagiado negativamente a la lista de la comunidad autónoma. Sin duda el hecho simbólico de  que Luis García Montero no haya podido compartir estrado con Manuela Carmena en algún mítin – como sin embargo si pudieron hacer Joan Herrera o Alberto Garzón con Ada Colau en Barcelona – ha sido letal para su candidatura, porque se ha interpretado que IU era contraria al impulso unitario en las candidaturas municipales como la que significaba Ahora Madrid, y ese hecho es el que ha pesado fuertemente en las opciones de los ciudadanos de Madrid sobre la reivindicación de IU de mantener sus siglas como señal distintiva de su proyecto.

El resultado es por tanto globalmente muy satisfactorio. Unas elecciones que demuestran el movimiento hacia la izquierda del electorado, la caída del voto de apoyo a las políticas de recortes sociales del Partido Popular y la recuperación de tantas ciudades para un amplio bloque de progreso. Y algunas enseñanzas que deben hacer reflexionar a la izquierda alternativa sobre la necesidad de ir creando espacios de debate y de encuentro unitarios, en torno a opciones comunes que den expresión a las reivindicaciones sociales mantenidas en las movilizaciones permanentes de estos cuatro últimos años y que hagan viable en noviembre un verdadero cambio político con repercusiones inmediatas no sólo en el Estado español sino muy principalmente en el cambio de rumbo de las políticas europeas.

UNA RECAPITULACIÓN SOBRE EL TABLERO DE LA POLÍTICA

La soberanía ya no está en los parlamentos nacionales. La soberanía necesita encontrarse a sí misma y reconocerse en la esquina de una calle. La soberanía necesita volver a sí misma en el ámbito de una mirada. La soberanía expropiada se esconde en los escombros de una política hueca y las privatizaciones entran así en los domicilios de la vecindad. Que la política mire a los ojos de la gente significa poner las cosas del revés.

Luis García Montero, candidato de IU a la presidencia de la Comunidad de Madrid, 7 de mayo de 2015.

Tras el triunfo electoral del Partido Popular en el 2011, la manera de gobernar se ciñe de forma estricta a un principio de unilateralismo político, que implica la exclusión de cualquier otra aportación que no se adhiera a la determinada previamente por la autoridad de gobierno. En este diseño, el bipartidismo no tiene la importancia constitutiva que sin embargo había ido adquiriendo en nuestra práctica política como forma de administrar un consenso mayoritario sobre los grandes “temas de estado” – entre ellos la protección social, o en menor medida, las políticas de empleo, o, inmediatamente antes del triunfo del PP, el equilibrio presupuestario y la reforma de la Constitución – sino que se configura de manera instrumental y subordinado en todo caso a la convergencia con la decisión de gobierno predefinida. Se puede por tanto concluir que la forma de gobernar en España en estos cuatro años se ha caracterizado típicamente como un cesarismo político-financiero.

 

Es una forma de gobernar que ha tenido un evidente deterioro. Ya  se comprobó  con los resultados de las elecciones europeas de mayo del 2014, que revelaron el desgaste y la pérdida de legitimidad de los dos grandes partidos, no sólo el gobernante, y la emergencia de una fuerza nueva que habría de llamar inmediatamente la atención sobre su proyección futura: Podemos. La posterior abdicación del monarca y las vicisitudes que siguieron a  la materialización jurídica de este hecho, decidido en solitario por los dirigentes del partido de gobierno y el de la oposición, excluyendo por tanto al resto de fuerzas políticas a la vez que cualquier participación popular de refrendo al respecto, resulta posiblemente el último gran acuerdo político del bipartidismo en la época del declive de la gobernanza de las políticas llamadas de la austeridad.

El caso es que el año 2015 encadena convocatorias electorales que marcan, cada una con su peculiaridad característica, las perspectivas de futuro que se pueden diseñar en este país. Las primeras, en marzo, han sido las elecciones andaluzas. A ellas les siguen, en mayo, las elecciones municipales y autonómicas. En septiembre están convocadas las elecciones catalanas y, finalmente, para noviembre, el año electoral se cierra con las elecciones generales. Aunque es posible que se modifiquen las fechas a partir de los resultados de las municipales – adelantando las generales, lo que debería tener consecuencias sobre las elecciones catalanas – el calendario es lo suficientemente apretado como para considerarlo muy significativo.

El resultado de las elecciones andaluzas ya se conoce y ha sido muy comentado. Lo que sin embargo debe ser resaltado es  la progresión de las distintas sensibilidades del arco político que incluye desde la izquierda oficial institucional, la izquierda alternativa y la nueva izquierda emergente. Respecto de las elecciones del 2012 en aquella comunidad autónoma, la cantidad de votos que PSOE, IU-CA y Podemos han cosechado suponen un 57,19%, frente al 50,91% que se recogieron como suma de los sufragios de IU y PSOE en aquellas elecciones. Es decir que la posición política de los votantes andaluces se escora hacia la izquierda, y el rechazo más firme a las políticas de austeridad se fortalece, sumando el 21.73 de los votos. Esta profundización electoral de las perspectivas de resistencia a las reformas estructurales y a los recortes sociales es muy significativo de cara a los próximos procesos electorales.

¿Cómo ha afectado este primer resultado a los sujetos políticos que se preparan para su validación electoral y qué relevancia puede tener esto en un cambio real de políticas en el contexto de la crisis europea y muy en particular en relación con la posición del gobierno griego respecto de la deuda y de los compromisos internos sobre el desmantelamiento de los derechos sociales en aquel país?

El Partido Popular se encuentra en camino de su desmoronamiento. El desgaste social y los fenómenos de corrupción le han afectado de manera muy importante. Sigue teniendo resortes institucionales muy fuertes, y el campo de las elecciones municipales le favorece ante su capacidad de presentar candidaturas en la práctica mayoría de los municipios del país. Su objetivo es el de conseguir ser la lista más votada en gran número de éstos como forma de apuntalar en la opinión pública que sigue siendo el partido representativo de la derecha económica y política a nivel del Estado español. Esa posición está amenazada por la emergencia de una nueva fuerza – Ciudadanos – que aspira a ser una fórmula de recambio al desgaste del PP. Pero es muy probable que en las grandes ciudades – Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla – el PP sea expulsado del gobierno de las mismas, ante el impulso de nuevas agrupaciones de electores que disputen el espacio político con un amplio respaldo popular y que en su caso hagan posible gobiernos de coalición con compromisos seguros de democratización de la gestión de la ciudad con participación democrática de la ciudadanía. Ese proceso es también posible en comunidades autónomas estratégicas como Madrid o Pais Valenciano. El hundimiento del PP en Andalucía y su aislamiento en Cataluña, no permiten abrigar buenos resultados para la fuerza política que ha personificado la aplicación estricta de las políticas socialmente devastadoras de la “austeridad” como forma de recomposición de la financiarización de la economía y la sumisión a la misma de la política democrática. Es por tanto una mala noticia para el conglomerado financiero y político que dirige la Unión Europea y que cada vez más fía la pervivencia de sus políticas en consideraciones no democráticas.

Ciudadanos es una alternativa al desplazamiento del PP de las instancias de gobierno. Cuando el presidente del BBVA afirmó, tras las elecciones europeas y el ascenso posterior de Podemos en las encuestas, que “necesitamos un Podemos de derechas”, estaba expresando la conveniencia de propiciar una fórmula de recambio en lo político que permitiera mantener las constantes de la política económica tal como ha sido diseñada por las instituciones financieras internacionales. Mimado por la prensa y las encuestas de opinión, C’s – como se conoce por sus siglas – ofrece ante todo caras nuevas que afirman sintonizar con la cultura de las clases medias urbanas, de manera que aunque su programa económico es claramente neoliberal, éste se presenta sin embargo como el adecuado a las nuevas realidades del siglo,  y en otros ámbitos plantea iniciativas que se separan del conservadurismo post-franquista del PP, laicismo, legalización de las drogas blandas, regularización de la prostitución. Sin apenas organización, ha obtenido en las elecciones andaluzas una presencia parlamentaria muy importante y un porcentaje de votos nada desdeñable (el 9,28% y 9 escaños) para un partido que carecía de implantación en la región y era plenamente desconocido. En todos los medios de comunicación se muestra como la gran fuerza emergente, en detrimento de Podemos, y se le pronostica una arrolladora presencia. La última encuesta del CIS de abril del 2015 sube su score a un 13,8% de los sufragios, lo que le permitiría ser una fuerza de apoyo a cualquiera de los dos partidos hasta ahora dominantes del tablero bipartidista español.

El PSOE es un gran damnificado de la gestión de la crisis. La derrota electoral del 2011 no ha sido recuperada posteriormente, y hasta el 2014 ha ido disminuyendo su influencia en términos de opinión pública. La remoción del viejo equipo dirigente a través de la elección de un joven secretario general y la victoria en Andalucía hace concebir esperanzas al nuevo grupo dirigente de estabilizarse en un score en torno al 25 %, lo que se consideraría todo un éxito, y lograr en estas elecciones presidir – en coalición de gobierno o con apoyos parlamentarios – dos o tres comunidades autónomas de relieve, como Madrid, País Valenciano, Castilla – La Mancha. Ha tenido que asumir planteamientos críticos respecto de las decisiones que adoptó en el gobierno – la reforma laboral, la inclusión del principio de equilibrio presupuestario en la Constitución – pero el problema de fondo sigue siendo su ambigüedad ante las políticas de austeridad y su prácticamente nula influencia sobre la socialdemocracia europea como portador de un proyecto propio, a diferencia de lo que en Portugal puede significar el nuevo equipo dirigente del PSP en torno a Antonio Costa, el antiguo alcalde de Lisboa.

La gran esperanza articulada en torno a Podemos, que llegó a tener una intención de voto del 27% en las encuestas, ha rebajado sus expectativas después de los resultados de las elecciones andaluzas y la concurrencia con Ciudadanos como expresión de una fuerza nueva en el campo de bipartidismo. En la última encuesta del CIS, ha pasado de un 23,9 % en enero del 2015, a un 16,5% en abril de ese año.  Atacado y hostigado por la mayoría de los medios de comunicación – salvo los digitales – ha sufrido también los efectos de la erosión de la imagen sobre alguno de sus dirigentes más visibles, en un tema muy sensible de financiación ilegal desde Venezuela, que si bien no ha conducido a ningún ilícito penal, si ha logrado su objetivo de deterioro de la imagen del grupo como “no contaminado” por el ambiente patógeno de la “política de la casta”. En las elecciones municipales, Podemos ha propiciado agrupaciones  y coaliciones de unidad entre fuerzas políticas y movimientos sociales, mientras que se presenta en solitario a las elecciones autonómicas, sin duda para calibrar cuál es su radio de influencia e implantación electoral frente a las próximas elecciones generales. Su programa se va desarrollando paulatinamente, y aunque ha moderado algunas de sus propuestas, buscando ocupar “el centro del tablero”, sigue siendo un referente importante para un cambio real de la política en este país al mantener posiciones muy netas sobre la negociación de la deuda externa y el rechazo de las políticas de austeridad.

Para los expertos en encuestas de opinión, el tradicional bipartidismo imperfecto que caracterizaba el panorama español se está modificando de forma importante, partiéndose en cuatro grandes fuerzas que las encuestas consideran casi de idéntica potencia para lograr mayorías, lo que, unido a la presencia de los partidos nacionalistas principalmente en Pais Vasco y Cataluña, complica el gobierno que pudiera surgir tras las elecciones generales de noviembre, y posiblemente también la gobernanza general en términos económicos y sociales.

En esta presentación de los protagonistas del tablero político, casi nadie se preocupa del lugar que ocupan las viejas banderas de la izquierda política clásica, agrupada en torno a Izquierda Unida a nivel nacional, y que se ha visto muy afectada por la presencia invasiva de Podemos – se calcula que el 40 % de los votantes de IU se deciden actualmente por Podemos – a las que las encuestas asignan un porcentaje residual, superando a duras penas el tope del 5%. Aunque muy bien insertados en los cuadros sindicales y con toda una generación nueva de dirigentes que ofrecen un “rostro” diferente de la coalición, IU parece haber sufrido una vez más el efecto del voto útil – en este caso felizmente en torno a la izquierda alternativa y no respecto de la socialdemocrática – junto con el hándicap de ser percibida por las nuevas generaciones del 15-M como una parte del viejo sistema político que debe ser removido. Las últimas encuestas sin embargo demuestran un ligero crecimiento de IU, a medida que ésta desarrolla y privilegia su discurso  que considera el trabajo  con derechos como centro de la acción política, aunque esa impresión deberá ser revalidada el 24 de mayo.

Una situación complicada, pero que abre muchas posibilidades de revertir el clima de degradación de los derechos y libertades de los ciudadanos y el desmoronamiento del Estado social. El fracaso de las políticas de austeridad es un dato compartido por la mayoría de la población, aunque este rechazo necesita su traducción en términos electorales, con las dificultades y complejidades que esta mediación posee. Los poderes económicos y las instituciones financieras no solo están intentando reconstruir un bloque político que garantice, aun con equilibrios internos difíciles de mantener, el apoyo a las políticas de austeridad, sino que están decididos a obstaculizar las acciones de participación democrática y de cambio social que van a ser vencedoras en las elecciones locales y regionales de finales de mayo. Pero va a ser prácticamente imposible que logren paralizar el giro que se va a producir en estas citas electorales hacia una nueva consideración de la democracia participativa como el eje explicativo de la acción política y la consiguiente reformulación en las múltiples escalas implicadas – local, regional, estatal y europea – de un programa de actuación que cuestiona y confronta las políticas que han sido aplicadas hasta ahora. Un nuevo problema, más difícil de gestionar que el del triunfo de Syriza en Grecia, para el complejo financiero y político que gobierna la Unión Europea.

CONFLICTOS SOCIALES Y RESISTENCIA CIUDADANA

El panorama informativo español gira en este fin de semana sobre los resultados de las elecciones del domingo. Tiempos de elección, ciertamente. ¿Cómo influirán en las opciones que elijan las mayorías sociales las movilizaciones emprendidas en estos últimos cuatro años? El siguiente post quiere recordar la relación que existe entre la resistencia ciudadana y las elecciones políticas de éstos en un largo proceso que tiene como punto de referencia la oposición a las políticas de austeridad

La movilización sindical y ciudadana contra las primeras etapas de la reforma laboral y de la política de recortes tuvo su punto álgido a lo largo de todo el año 2012 y la mitad del 2013. Pero ha seguido manteniéndose a partir de ahí, durante el final de 2013 y todo 2014, en un proceso sostenido coherente con el rechazo radical a las políticas de austeridad y a las reformas estructurales impuestas con especial virulencia con la reforma laboral del 2012, luego perfiladas y desarrolladas parcialmente en los dos años sucesivos. Esta evolución se aprecia en el incremento de los conflictos de empresa – frente al uso de la huelga general en el 2012 – que sin embargo han logrado una enorme trascendencia general por tratarse de ejemplos concretos de destrucción de empleo amparados por una normativa propicia y que la opinión pública considera injusta.

Así, huelgas clásicas y de larga duración en empresas de alimentación como Panrico,  conflictos en transportes urbanos,  huelgas en las contratas de limpieza del Ayuntamiento de Madrid y de otros municipios de la región por el mantenimiento del empleo, las realizadas en los medios de radiotelevisión públicos regionales – Canal 9 de Valencia, TeleMadrid, Castilla La Mancha –, las luchas prolongadas frente a la ingeniería empresarial de compañías transnacionales como Coca Cola y los despidos selectivos de una buena parte de su plantilla mediante la reorganización de la distribución del producto, la huelga frente a la disparidad salarial y de las condiciones de trabajo en las contratas de Telefónica, o las que rebaten las condiciones laborales en el servicio de Correos, o, en fin, los continuos conflictos en el sector de la enseñanza, donde se convocó una huelga general en el 2013 y una nueva acción sólo para la Universidad ya en el 2015, como conflictos que han gozado de mayor visibilidad mediática. Son todos ellos ejemplos de la persistencia del conflicto derivado directamente de una política de devaluación salarial y de recortes de los servicios públicos. El incremento estadístico del número de huelgas en el 2014 ha sido muy relevante, y la tendencia se mantiene en el 2015.

El otro flanco de la resistencia ciudadana es el de ocupar el espacio público – la calle, la vía pública – como forma de expresar el repudio a las decisiones del poder público especialmente las referidas a sectores clave como la educación o la sanidad, pero también como forma de repeler con carácter general la orientación del gobierno en relación con la política social. Las movilizaciones tienden a unificar en su interior a un conjunto de fuerzas – sindicatos, movimientos sociales – utilizando expresiones que significan una acción  constante y repetitiva de erosión geológica y de regulación del ciclo vital, las mareas, que periódicamente inundan las calles de las grandes ciudades, en especial la marea verde por una educación pública para todas y para todos, y la marea blanca por la defensa de una sanidad pública. Otras convocatorias, como las marchas por la dignidad, ponen el énfasis en el desempleo y en la pobreza, y reivindican el abandono de las políticas europeas “del gobierno de la Troika”. Todas estas iniciativas han conseguido reagrupar a decenas de miles de personas. 

La estrategia de ocupación de la calle como demostración de disenso se ha profundizado durante el 2014, aunque en lo que va de año, la entrada en un período electoral hace que la impronta política se haya afirmado de manera significativa. El 31 de enero del 2015, una inmensa manifestación convocada por Podemos se desplegó por las calles de Madrid. Pero también permanece la convocatoria estrictamente sindical. En febrero del 2015 protestando contra la incriminación penal de los piquetes de huelga y las normas de “seguridad ciudadana” y el Código Penal, el primero de mayo bajo el lema “así no salimos de la crisis”.

Esta forma de hacer visible la resistencia no sólo pasa por la presencia de grandes contingentes de personas en una manifestación. Ha habido una amplia experiencia de acciones de presión y de conflicto – los escraches, las oposiciones a los desahucios – como apoyo a la reivindicación general del derecho a la vivienda mantenida por la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), pero también se ha logrado la visibilidad de conflictos derivados de la política de recortes en sanidad mediante encierros en los hospitales, como en el caso de los afectados por la hepatitis C.

Muchas de estas movilizaciones han encontrado su prolongación “natural” en la acción colectiva ante los tribunales de justicia. Especialmente en materia laboral, donde el recurso a la garantía jurisdiccional de los derechos ha supuesto un elemento decisivo a la hora de lograr soluciones a muchos de los conflictos enconados ante la reticencia de los empresarios a llegar a acuerdos, convencidos de obtener mejores posiciones mediante la estricta aplicación de las normas legales. En una etapa de constante destrucción de empleo, el campo de los despidos colectivos ha sido un espacio de confrontación jurídica muy interesante, en donde por cierto las muy numerosas sentencias de los jueces de lo social – de los tribunales superiores y del propio Tribunal Supremo – han encauzado y contrariado gran parte de las conductas empresariales más incisivas, re-escribiendo en buena medida los preceptos legales de la reforma laboral. La utilización de la figura de la nulidad del despido colectivo ha sido determinante en esta corrección de pautas de conducta. Algún conflicto especialmente importante, como el de Coca Cola, ha recibido una sentencia del Tribunal Supremo realmente emblemática en la censura de la actuación de la empresa transnacional que vulneró el derecho de huelga de los trabajadores ejercido como respuesta a los despidos colectivos. Esta misma reorientación por obra de la jurisprudencia se ha ido produciendo en otros territorios “sensibles”, señaladamente en materia de convenios colectivos, mediante la corrección de la fórmula legal que limitaba la ultra-actividad del convenio, la vigencia de los contenidos del mismo una vez concluido su plazo de vigencia.

Sin embargo el activismo social prolongado mediante la acción judicial en materia de relaciones laborales ha sido contrarrestado de manera muy llamativa por las decisiones del Tribunal Constitucional  español que han considerado plenamente legítimas y no lesivas de derechos fundamentales las reformas laborales promulgadas en el 2012 así como tampoco la congelación y no revalorización de las pensiones, contrariamente a lo que en este último punto han establecido los tribunales constitucionales portugués e italiano. La apropiación partidaria por el PP de este órgano de control ha permitido la aprobación entusiasta de las decisiones de gobierno por el mismo.

La utilización productiva de los tribunales como prolongación, apoyo y resolución del conflicto no sólo se ha producido en materia laboral. Ha habido fallos muy importantes de los tribunales contencioso-administrativos que han impedido la privatización de los hospitales madrileños, y se ha avanzado asimismo en la limitación del desahucio y la esclavitud de la hipoteca. Más ambivalente se ha mostrado sin embargo la jurisdicción penal, que de un lado mantiene procesados a más de 300 sindicalistas por participar en piquetes de huelga – lo que ha generado una queja a la OIT por parte de CCOO y UGT – y de otro, ha reforzado una visión autoritaria de los derechos de reunión y de manifestación a través de una sentencia del Tribunal Supremo condenatoria de una de las expresiones típicas de la acción colectiva del 15-M.

En cualquier caso, la continuidad de las movilizaciones y la estabilidad de la resistencia en el plano social es una característica peculiar de la situación española. Está calificada en efecto por el activismo y la incorporación masiva de personas al rechazo de las políticas sociales y laborales puestas en práctica por el gobierno sobre la base de la “austeridad”  en un grado de permanencia e intensidad que no se encuentra en otros países de su entorno.

¿Cómo y en qué medida se traducirá este proceso de movilización y de resistencia en los resultados electorales convocados para el domingo 24 de mayo? El ámbito local y autonómico de estos comicios no es quizá el más adecuado para fijar una respuesta global a las políticas del gobierno, pero si es lo suficientemente representativo del desplazamiento al espacio electoral de las estrategias de resistencia que se han ido desarrollando y sus resultados. Esta traslación no es sencilla, porque el lenguaje de la contienda electoral y sus significantes simbólicos cobran una autonomía muy grande respecto de las señales de respuesta y de oposición política que se despliegan en las luchas sociales, pero resultará especialmente interesante comprobarlo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, o en las Comunidades Autónomas de Madrid y de Valencia, particularmente, en donde el objetivo final será el de desalojar al Partido Popular del gobierno de sus instituciones como efecto querido de las luchas emprendidas por los diferentes sectores afectados por las políticas que éste ha llevado a cabo.

SEMINARIO UN NUEVO MODELO DE RELACIONES LABORALES EN LA FUNDACIÓN 1 DE MAYO

SEMINARIO “UN NUEVO MODELO DE RELACIONES LABORALES”

Madrid, 21 de mayo de 2015

 Fundación 1º de Mayo (C/Longares 6 - Metro Las Musas)

PROGRAMA

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11:00 h.	Inauguración Javier Doz (Presidente de la Fundación 1º de Mayo)
11:15 h.	Presentación del proyecto de “Un nuevo modelo de relaciones de trabajo” Antonio Baylos (Catedrático de Derecho del Trabajo de la UCLM)
12:00 h.	Debate sobre las áreas de trabajo y su contenido
14:30 h.	Pausa para comer
15:30 h.	Constitución de las comisiones de estudio y plan de trabajo
17:30 h.	Fin de la sesión

Queridas amigas y compañeras, queridos compañeros y amigos:

No es necesario utilizar muchos datos ni excesivos argumentos para constar que se está asistiendo a un progresivo deterioro de las condiciones materiales de existencia de una buena parte de la población española y a la progresiva erosión del conjunto de derechos que constituye la posición de la ciudadanía y que hace posible hablar de condiciones de libertad y de igualdad de las personas en un sistema democrático.

El eje de la nueva situación que surge del triunfo electoral del Partido Popular ante el hundimiento del PSOE, es la intensificación de la reforma laboral a partir de una norma de urgente necesidad en febrero de 2012 que se convertiría en la Ley 3/2012, junto con las disposiciones de castigo al empleo público, entre otras tantas medidas de restricción de derechos sociales. El modelo democrático de relaciones laborales surgido de la Constitución de 1978 es transformado radicalmente a partir de estas reformas que desmontan prácticamente los ejes centrales del mismo y lo sustituyen por un modelo profundamente asentado en la primacía del poder económico empresarial y la autoridad unilateral del poder público como garantía inaccesible a cualquier puesta en cuestión del mismo. Es también patente que se ha producido un proceso intenso de apropiación ideológica partidaria del Tribunal constitucional por el PP que ha permitido la convalidación constitucional de la reforma laboral en los tres fallos producidos entre el 2014 y el 2015. El Tribunal Constitucional ha venido a señalar la prescindibilidad de los derechos laborales en etapas de crisis, o, enunciándolo a la inversa, que solo puede mantenerse el nivel de garantía ordinaria de los derechos laborales enunciados como derechos ciudadanos si la situación económica lo permite.

Es necesario revertir este proceso de degradación. No estamos solos en ese proyecto. El compromiso de los partidos políticos que se presentarán a las elecciones generales que se han de celebrar en principio en noviembre del 2015 de derogar la reforma laboral de 2012 abarca, de forma señalada, al PSOE, Podemos e IU. Es constatable por consiguiente no sólo la condensación de una opinión pública mayoritaria que rechaza el modelo laboral degradatorio de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo, sino que plantea la reversibilidad de esta situación. En la reunión os daremos estos materiales y propuestas. 

Con mayor razón, el sindicalismo confederal quiere avanzar en el debate y la discusión de las líneas generales sobre las que debería desplegarse una nueva regulación legal de las relaciones laborales. La Fundación 1º de Mayo organiza un seminario en el que se discuta, entre especialistas en la materia, sobre un nuevo modelo de relaciones de trabajo. Es un debate sobre políticas del derecho que pretende concluir en un documento en el que se recojan las ideas básicas sobre las cuales desplegar ese nuevo modelo de regulación.

El seminario se compone de una primera intervención que encuadre el tema, a la que seguirá un amplio debate, que debe culminar en la configuración de varios equipos que se dividan la tarea e intenten un texto ‐ propuesta que luego se podrá debatir para aprobar en otro plenario posterior.

Estamos pensando en seis grupos: 

a) Reforma de la Constitución y normas generales.

b) Estabilidad / Flexibilidad en la contratación / despidos 

c) Negociación colectiva y modelos de representación en la empresa;

d) Poder organizativo, relación salarial y flexibilidad interna; 

e) Seguridad social y relación de trabajo; 

f) Regulación individual y colectiva en el empleo público.

Cada uno de estos tendría un/a responsable que trabajaría con la gente interesada en el mismo y que intentarían realizar una propuesta final sobre cada uno de estos asuntos. No es necesario proponer un texto articulado, sino tan solo, una descripción de los propósitos, principios y reglas. La idea es trabajar rápido y descentralizadamente, posiblemente intercambiándonos materiales, hasta la discusión global de cierre, que sería después del verano, previsiblemente en octubre 2015. Pretendemos además que este debate tenga reflejo en la RDS y que se pueda extender posteriormente a la mayoría de nuestros colegas.

Os convocamos por tanto para el día 21 de mayo, jueves, a partir de las 11:00.  En la sede de la Fundación 1º de Mayo: Escuela Sindical Muñiz Zapico, Calle Longares, 6 (Metro las Musas), Madrid.

Antonio Baylos,

Coordinador del Seminario de Derecho del Trabajo

Javier Doz,

Presidente de la Fundación 1º de Mayo

SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA HUELGA DE LOS FUTBOLISTAS

La Audiencia Nacional, en un Auto fechado el 14 de mayo del 2015, ha ordenado la suspensión de la huelga convocada por la AFE que debería realizarse hoy, 16 de mayo. Joan Coscubiela, que habló en las mañanas de la Cuatro sobre este tema, expresando sus críticas y su preocupación, me ha hecho llegar el texto del Auto, que por su importancia – y su orientación incorrecta – se comenta a continuación. (En la foto, la rueda de prensa de la AFE dando cuenta de la convocatoria de la huelga. En la foto del final, Florentino Pérez personifica en su figura la postura de la LNFP como el gran club patronal de los clubes)

El fútbol es un espectáculo de masas y una oportunidad de negocio impresionante. Ocupa espacios enteros en la información general y constituye uno de los temas de conversación que más pasiones levanta. Su utilización partidaria por parte de los poderes públicos ha sido constante, y se sabe que las más altas jerarquías del estado y de las instituciones democráticas no faltan jamás a los grandes partidos entre los “máximos rivales” o a las contiendas deportivas en las que entre en juego la camiseta de la selección nacional, dando así prueba de la relevancia plena del fútbol para el sentir nacional. No es de fútbol de lo que va a hablar este comentario, sino del entramado organizativo que sostiene este deporte y que normalmente permanece oculto, los colectivos que tienen licencia deportiva, desde los entrenadores y otros técnicos hasta los árbitros, y por supuesto, los jugadores de fútbol, sin los cuales el espectáculo no podría funcionar. Los futbolistas, que, ya desde los tiempos del franquismo, son trabajadores y se organizan colectivamente en la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE. Aun siendo una “relación laboral de carácter especial” tienen todos los derechos “básicos” de cualquier trabajador, especialmente los colectivos, negociación y huelga.

El caso es que a raíz de la promulgación del RDL 5/2015, de 30 de abril, sobre la comercialización de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales del fútbol profesional – siempre la urgente necesidad como forma de evitar la discusión parlamentaria y democrática, característica de este gobierno hasta sus últimos días, cada día más próximos – se ha generado un importante conflicto en el seno del fútbol profesional. De una parte, la Federación Española de Fútbol y la AFE, objetando los contenidos de esa norma, de otra, la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), a favor de los mismos.

La AFE decidió convocar una huelga a partir del 16 de mayo que comportaba la suspensión de todos los partidos en las tres divisiones principales (1ª, 2ª A y 2ª B), alegando una serie de reivindicaciones que partían, fundamentalmente, de no haber sido consultados ni siquiera informados de los contenidos de la norma, excluyendo por tanto al sindicato AFE de cualquier participación en la regulación de la comercialización de los derechos de explotación audiovisuales y contrariando tanto lo aprobado por el parlamento español como lo recomendado por la organización internacional de los futbolistas, la FIFPRO. Las reivindicaciones esgrimidas por los futbolistas partían de este punto, la reafirmación de un principio de negociación del que se les había privado, y la reclamación de un derecho de retorno a la AFE de los ingresos derivados de la venta centralizada de derechos audiovisuales en el extranjero, la modificación del porcentaje de estos derechos entre los clubs de primera y de segunda, el establecimiento de garantías para el cobro de los salarios de los futbolistas y la modificación del régimen de sanciones unilaterales por parte de los clubes sin la aprobación del Consejo Superior de Deportes, que eran todas ellas cuestiones, como se puede comprobar, directamente ligadas con su problemática profesional que además se justificaban en razón de la solidaridad entre las distintas categorías deportivas, la protección del “fútbol modesto” y la acción social desempeñada por la AFE a través de escuelas de deporte y de acciones de re-empleo de futbolistas en paro.

La huelga fue anunciada por la directiva de la AFE en una rueda de prensa a la que asistieron muchos de los futbolistas estrella de la primera división. Esta medida, que se acompañaba en paralelo al anuncio por parte de la FEF de una suspensión de actividades a partir del 16 de mayo, fue combatida con extrema energía por la Liga, la asociación patronal del fútbol profesional a través de dos medidas. Por una parte, ante el CSD, impugnando la decisión de la FEF de suspender las actividades. De otro, tras comentar el presidente de la LFP que "la foto de AFE parecía de Herri Batasuna o Bildu, todos sentados detrás de Rubiales”, el presidente del sindicato de futbolistas  - lo que da idea de la catadura ideológica del presidente de los clubes españoles – interponía una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional para declarar la huelga ilegal por tratarse de una huelga política y pretender alterar lo pactado en un convenio colectivo. Lo señalaba el comunicado de la LFP: “la convocatoria y los objetivos de la huelga son ilegales, ya que se infringe el artículo nº 11 del Real Decreto ley 17/1977, 4 de  marzo. Lo solicitado es la modificación de una norma con rango de ley  y dichas modificaciones no pueden ser objeto de huelga en un sector privado (la industria de fútbol), tal y como recoge la jurisprudencia en este aspecto”, y “la convocatoria de huelga supone un claro incumplimiento del convenio colectivo vigente entre LFP y AFE”. .Además, y este es el elemento más novedoso, solicitaba como medida cautelar la suspensión de la huelga convocada.

La confrontación pasó a los medios en los términos habituales, dada la importancia de quienes son presidentes de los mayores clubes españoles, y de esta manera se presentó  la huelga como un acto de insolidaridad de los futbolistas, que realmente lo que querían era un alivio de su presión fiscal o incluso la legalización de las primas a terceros, argumentaciones que reforzaban la idea principal: dejar sin fútbol a las masas populares era un acto de agresión por parte de los “niños mimados” del futbol español, muchos de los cuales se sentaron en la primera fila de la rueda de prensa de la AFE : Iker Casillas, Xavi, Iniesta, Sergio Ramos. Además se enfatizó el apoyo de la FEF a la huelga en la figura del incombustible Villar, muy cuestionado por los dirigentes de la LFP.

El 13 de mayo, la Audiencia Nacional dictó un auto por el que se suspendía la huelga para el día 16, accediendo a la medida cautelar solicitada por la Liga. El presidente de la misma lo resumía, eufórico, antes de entrar al CSD: "Lo que estamos haciendo ahora es lo que se tenía que haber hecho antes de convocar una huelga. Hoy es un día histórico para el fútbol. Se ha aprobado el Real Decreto en el Congreso de los Diputados – debe querer decir que se había convalidado la norma de urgencia -  y hemos conocido la decisión de un Juzgado – refiriéndose a la Audiencia Nacional -  de suspender una huelga de un sindicato de futbolistas", añadiendo que "muy pocas veces se suspenden huelgas en cualquier sector y esto demuestra que algunas veces se hacen actos irresponsables, osados y es bueno que alguien ponga freno a esto”.

Este es el problema. La doctrina que el Auto de la Audiencia Nacional de 14 de mayo impone, con evidente trascendencia para la huelga convocada, pero también, como a nadie se le escapa, para cualquier otra huelga. Lo que le hace doblemente preocupante.

En sustancia se trata de que la AN recibe una demanda de conflicto colectivo en la que la Liga pretende la declaración de ilegalidad de la huelga de futbolistas, y solicita como medida cautelar la suspensión de esta huelga. La AN accede a esta petición, anticipando ya su fallo posterior estimatorio de la demanda de ilegalidad sobre la base de dos indicaciones (fumus boni iuris de la demanda), que la huelga pretende alterar lo pactado en un convenio colectivo y que generaría una importante desorganización en el calendario de la liga dados los compromisos ya adoptados por los clubes, impidiendo asimismo las vacaciones de los futbolistas. En base a ello,  declara la suspensión de la huelga condicionando ésta al depósito por parte de la demandante  - la LFP -  de la cantidad de 5 millones de euros de fianza que ésta había propuesto, sin que la defensa de AFE objetara el quantum ofrecido ni precisara la previsión de daños que la fianza pretendiera caucionar.

No es preciso señalar  lo extraordinariamente grave de esta doctrina no sólo para el derecho de huelga de los futbolistas, sino en su alcance general. Convocada una huelga, se pone en marcha por el empresario o empresarios afectados una acción de ilegalidad a la vez que se solicita la suspensión de la acción, que la ordena el juez con la única salvedad de exigir una fianza a la empresa o patronal como requisito de la suspensión (que se puede además cumplir una vez que éste se ha decidido judicialmente). Contra la decisión judicial cabe recurso, pero la huelga queda prohibida por el interdicto judicial. Es por tanto una doctrina equivocada que orienta y alienta la estrategia antihuelguística de la patronal, que puede  alegar previamente la ilegalidad de una huelga – por ser de solidaridad, contra convenio, abusiva o por no respetar los servicios mínimos  - y solicitar ante el magistrado de turno la suspensión de la huelga como medida cautelar, imposibilitando de hecho la realización de la misma.

Plantea un sistema incompatible con las garantías del ejercicio del derecho de huelga porque el Auto ha venido a importar la técnica de la injunction británica, que paraliza directamente la huelga antes de que se produzca y que permite al empresario, si esta se produce, exigir responsabilidad al sindicato convocante por daños en cantidades importantes (para lo cual es imprescindible que el sindicato tenga patrimonio, como parece que lo tiene la AFE). Pero la huelga es un derecho constitucional, no una libertad que se relacione estrictamente con el espacio del contrato, y el momento de su ejercicio debe ser preservado y garantizado salvo en los supuestos en los que la constitución prevé que se pueden introducir limitaciones, única y exclusivamente legitimadas por que quien las realiza es una autoridad de gobierno y que por tanto efectúa un acto político de restricción de un derecho fundamental. En el resto de los supuestos, el control judicial puede verificar las consecuencias y las responsabilidades del ejercicio irregular de este derecho fundamental, pero no impedirlo con carácter previo.

En el caso concreto, por otra parte, es muy dudoso que la huelga convocada por la AFE sea ilegal, como adelanta el Auto al ordenar la suspensión de la huelga. Desde luego no es una huelga política del art. 11 a) DLRT, puesto que las reivindicaciones esgrimidas afectan clara y directamente a los intereses de los huelguistas, los trabajadores, y es de agradecer que la AN no haya mencionado este aspecto en su interdicto prohibitivo. La huelga en efecto supone la modificación de la regulación que el convenio colectivo pactado en el 2014 tiene sobre el reparto de cantidades derivadas de los derechos de explotación, pero sucede que esa regulación ha sido alterada por una norma posterior, el RDL 5/2015, modificando posiblemente de manera fundamental la base de esa regulación, por lo que es perfectamente opinable mantener que se trata de un caso de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus que la STC 11/1981 entendió como supuesto que exceptuaba la prohibición de alterar directamente lo pactado en el convenio colectivo, por lo que es además plausible entender que la AFE pretende renegociar una interpretación de los contenidos del convenio vigente tras la alteración de los supuestos básicos que los sostenían por obra de la norma referida más que una alteración directa del convenio.

Pero además, el segundo motivo del Auto causa también perplejidad. La “grave desorganización productiva” que genera la huelga no puede constituir un abuso de derecho, puesto que el art. 7 DLRT, interpretado por la jurisprudencia constitucional, se refiere a las huelgas abusivas como las huelgas típicas que enumera en dicho artículo, y que no coinciden con la huelga intermitente que plantea la AFE. En este caso la doctrina constitucional exige que sea el demandante el que pruebe plenamente la vulneración del principio de proporcionalidad de los sacrificios que debe medirse a la luz de la restricción menor posible del derecho de huelga. La AN ha considerado probado en este incidente cautelar la “grave desorganización” en función de “los compromisos internacionales de España y de los propios clubes, así como por las propias fechas de las vacaciones de los futbolistas”, pero esta afirmación apodíctica necesitaría compararse con la existencia de otras fechas en las que la huelga de los futbolistas no causare la misma “grave desorganización”, para poder verificar si la causa alegada no resulta una invocación genérica aplicable a la práctica totalidad del tiempo en el que se desenvuelven las temporadas futbolísticas, siempre condicionadas por “los compromisos internacionales de España y de los clubes”. Es decir, si esa alegación impide en cualquier momento – o en escasísimos lapsos temporales – que los futbolistas hagan huelga, lo que implicaría por tanto la ablación judicial del derecho de huelga de esta categoría de trabajadores con independencia de que tengan reconocido el derecho de huelga. Como pasaba con la inconstitucional prescripción de la Ley de extranjería del PP, los futbolistas serían titulares del derecho de huelga, pero no podrían ejercitar ese derecho ante “la grave desorganización” que produciría.

 No sabemos – ni el Auto se lo plantea – que sucedería si el sindicato hubiera mantenido la huelga a pesar del auto de suspensión del juez, ¿habilitaría a los clubes a  sancionar  a todos los huelguistas y a despedir a quienes tengan “participación activa” en el rechazo de la suspensión judicial? ¿Sería un ilícito penal?  Es un tema interesante si, como es previsible, la doctrina de este Auto se extrapola a la estrategia patronal de la huelga.

La doctrina que se desprende del Auto de la AN de 14 de mayo plantea muchos interrogantes a la doctrina laboralista. Es seguro que en el blog de Eduardo Rojo merecerá un comentario, y ya ha anunciado Cristóbal Molina Navarrete que los abordará en el editorial de su revista CEF, Revista de Trabajo y de Seguridad Social del próximo mes.  Aquí y ahora se hace hincapié en que la expropiación plena de la autotutela colectiva por obra del órgano judicial es un precedente muy grave que esperemos sea corregida por el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional además al actuar de esta manera ha aliviado al CSD, órgano político responsable de mediar institucionalmente los conflictos de poder del fútbol, del coste político de intervenir directamente contra la FEF, situándose claramente – como en la norma emanada de urgencia excluyendo al sindicato de futbolistas – a favor de la patronal de los clubes.

La relevancia de las decisiones de la AN hace que esta decisión sea muy grave para el movimiento sindical en su conjunto. Sería deseable que los servicios jurídicos de los sindicatos confederales conectaran con la defensa jurídica de la AFE para diagnosticar los daños que esta doctrina va sin duda a generar en el conjunto de los trabajadores al amputar las facultades de autotutela. La extrapolación de esta doctrina puede generalizar las acciones declarativas de ilegalidad de las huelgas y la consiguiente paralización judicial de las convocatorias. Todo un plan estratégico antihuelguístico que hay que impedir.

 

EL GOBIERNO DEL PP INCUMPLE EL SALARIO MÍNIMO

La institución de un salario mínimo ha sido siempre mal vista por la ortodoxia económica liberal. Un atentado a la capacidad de los empresarios de fijar libremente el precio del trabajo, jugando a la baja con las expectativas del empleo. 

El razonamiento liberal, como es sabido, invierte los términos de la realidad al afirmar que garantizar por norma estatal un piso salarial desincentiva a los empresarios a contratar trabajadores. La conclusión es obvia. No debe existir un salario mínimo legal (como sucede en muchos países, que en el mejor de los casos lo dejan a la negociación colectiva), o, si existe, debe tener una cuantía ínfima, para incentivar el empleo, o compensarse preferentemente con ayudas estatales a las empresas para resarcirles de esa imposición lesiva de las leyes del mercado libre y del sistema de precios.

No es un asunto del pasado. La crisis ha excitado – como tantas otras cosas – la fantasía de los especuladores de la explotación, y el argumento se repite. En julio del 2014, el think thank del Partido Popular, la FAES, propuso en un documento de título prometedor – Continuar la reforma laboral – la  idea de eliminar el salario mínimo  para "evitar que se convierta en una barrera para la entrada en el mercado laboral". Antes, en marzo del 2014, la CEOE había propuesto, más morigerada, un salario mínimo para los jóvenes que incentivara la contratación de este colectivo al ser inferior al salario mínimo legal, en la línea de una recomendación del Banco de España  del 2013  que propuso contratar por debajo del salario mínimo a grupos específicos de trabajadores "con mayores dificultades para su empleabilidad".

Lamentablemente para estos apóstoles de la creación de empleo deprimiendo al límite de la miseria los salarios, no sólo la Constitución garantiza el derecho de los trabajadores a “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, sino que el Estatuto de los Trabajadores lo regula en el art. 27 como mínimo interprofesional, que debe ser fijado y revisado por el Gobierno previa consulta de las organizaciones sindicales y empresariales. Es un hecho adquirido en la cultura de los derechos en el ámbito europeo, y  como tal se reconoce en la Carta Social Europea en su art. 4, según el cual, “para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las Partes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”.

Aunque la perspectiva neoliberal no puede lograr su máximo objetivo, la eliminación de un mínimo salarial garantizado en todo trabajo, lo que si consigue es presionar a la baja sobre la suficiencia de la retribución. Las políticas de austeridad emanadas por el complejo financiero y político europeo convergen con ese objetivo al imponer de manera generalizada una brusca devaluación de salarios en todo el Estado español.

Esas orientaciones chocan frontalmente con el sistema de derechos reconocidos internacionalmente a la que los estados están obligados en virtud de los compromisos que han adquirido. La “evanescencia constitucional” que han sufrido los derechos laborales reconocidos en las constituciones nacionales a través de la subordinación del control realizado por el Tribunal Constitucional a las iniciativas del gobierno, han revalorizado el recurso a los organismos internacionales como forma de poner de manifiesto la violación de derechos que las políticas de austeridad están llevando a cabo. Esta construcción del campo internacional de los derechos como horizonte de exigencias y de límites a las políticas de austeridad no sólo tiene relevancia directa en relación con los compromisos de los Estados y de la interpretación y aplicación judicial de las normas, sino que fija los fundamentos de futuras regulaciones que sustituyan a las que hemos padecido en estos últimos cinco años en materia laboral y de protección social.

Así ha sucedido con el salario mínimo en el ámbito europeo. El salario mínimo establecido en España para los trabajadores del sector privado y de los contratados de la función pública "no garantiza un nivel de vida digno", según reflejan las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que ha evaluado el cumplimiento de la Carta Social Europea y de su protocolo adicional en enero del 2015.

Pero también respecto de la OIT. Los sindicatos CCOO y UGT han interpuesto una reclamación ante la OIT alegando el incumplimiento por el gobierno español del Convenio nº 131 de la OIT sobre salarios mínimos. La queja se basa de un lado en que el salario mínimo no cubre las necesidades de los trabajadores y de sus familias porque el salario ha perdido poder adquisitivo en el transcurso de los años, y de otro en que no existe ni se ha querido prever un procedimiento exhaustivo y eficaz de consulta con los interlocutores sociales para la fijación de los salarios mínimos. La congelación del salario mínimo en el 2014, la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones y el aumento de los precios, se ha traducido en un empeoramiento de las categorías de los trabajadores más vulnerables. Por otra parte, las consultas a las que obliga la ley se han convertido en un puro trámite sin que realmente se produzca un intercambio de pareceres con vistas a terminar en un acuerdo. No se ha previsto un mecanismo que asegure la eficacia de la consulta, a los sindicatos no se les permite expresar sus puntos de vista con conocimiento de causa y sus opiniones no se tienen en absoluto en cuenta al fijar el salario mínimo, lo que contradice el Convenio 131 de la OIT.

Esta alegación ha sido acogida por el Consejo de Administración de la OIT, que ha decidido admitir a trámite la queja y debatirla en el seno de un Comité tripartito. La discusión sobre este tema será enormemente relevante para enmendar las prácticas autoritarias del gobierno también en este punto.

Con ello CCOO y UGT siguen desarrollando la línea de trabajo que se apoya en el crecimiento salarial generalizado con el objetivo de ir recuperando el poder adquisitivo perdido. Las luchas salariales se suelen sacrificar en momentos de destrucción de empleo, pero el contexto de las políticas de austeridad la colocan también en un primer plano.