29 DE ABRIL Y UNO DE MAYO

Tras la huelga general, hay que mantener la presión y la movilizacion social. El poder público, que es el rehén voluntario del poder económico, insiste en medidas de política económica que nos hunden en la recesión e impulsan los procesos de destrucción de empleo fijo, dando muestras de un tesón suicida que debería analizarse psicoanalíticamente. Confiado en su mayoría absoluta, el Partido del Gobierno entiende que la democracia es decidir en solitario sin que los demás puedan oponer eficazmente su oposición en el Parlamento. Y despreciar cualquier movlización social por entender que es una forma de presión colectiva que no puede interpretarse en clave de consulta a sus organizadores.

Por eso resulta tan importante que en estos días de puente en Madrid, se den cita en las calles todas las categorías de ciudadanos que están desencantados con o se opongan forntalmente a las políticas sociales que está poniendo en práctica el gobierno de la nación, secundado eficazmente por la asociación empresarial CEOE.

Lo ha dicho de forma muy clara Javier López en su blog: 

La Huelga no era ni un fin, ni el fin de nada. No cierra ninguna página, sino que deja el libro abierto, con la página en blanco y las que alguien ha emborronado, hay que rehacerlas, limpiarlas, arrancarlas, pero no las daremos por leídas, ni las pasaremos sin más.

La reforma laboral es injusta y un brutal ataque al derecho laboral. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son un despropósito que abandona la inversión pública y la calidad de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía.

Mientras se producen estos recortes sociales, se otorga carta de naturaleza al fraude, al conceder una amnistía general a los defraudadores de la Hacienda pública.

Los nuevos recortes sanitarios y educativos añaden una nueva agresión a los derechos sociales que vienen a sumarse a los recortes laborales que nos llevaron a la Huelga General. La obsesión por combatir el déficit público produce mayor recesión, más paro y un debilitamiento de los servicios públicos que determinan la calidad de vida la ciudadanía.

Frente a las propuestas sindicales se alza un muro de silencio y desprecio del diálogo. Aún más, se intenta debilitar, desanimar la contestación social, contener la expresión libre y democrática de un malestar creciente con recortes en los derechos de manifestación, y reunión anunciando modificaciones en el Código Penal. Recortes en los derechos civiles que se extienden a la ley del aborto, o a la regulación legal del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Mientras tanto la crisis y el paro, lejos de encontrar solución, adquieren tintes cada vez más graves, preocupantes y dramáticos.

Por eso, la Huelga General no ha sido el fin de nada, sino un punto decisivo en un proceso de movilización sostenida y creciente, que seguirá adelante hasta que el gobierno acepte la necesidad de encontrar salidas negociadas a la grave situación que atravesamos.

Responderemos a cada agresión. Fortalecemos la Unidad de los trabajadores y la unidad de acción sindical.

Construiremos un amplio frente social contra la Reforma Laboral y los recortes sociales.

La próxima cita, el 29 de Abril, para defender la Sanidad y la Educación. La siguiente, el 1º de Mayo, para conmemorar el Día de los Trabajadores y reivindicar nuestro orgullo de clase, nuestras alternativas y propuestas, para una salida justa, solidaria y equilibrada a esta crisis, que se lleva por delante nuestra economía y nuestro empleo.

Que nadie nos arrebate el orgullo de clase. Que nadie nos arrebate el ser los más firmes defensores de la unidad y los derechos de los trabajadores. Que nadie nos arrebate la libertad por la que lucharon nuestros fundadores. La honestidad personal que como nadie representó Marcelino Camacho y por la que murieron los Abogados de Atocha. Que nadie nos arrebate los derechos laborales, sociales y civiles, sin los cuales no somos ciudadanos sino esclavos.

La cosa está clara, pues. El 29 y el 1 a tomar la calle. Asi se hará.

REPRESENTACIÓN SINDICAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

En el marco de un proyecto europeo liderado por la CGIL y dirigido por la profesora Carmen La Macchia  y Stefano Oriano , responsable del Gabinete Jurídico Confederal de la CGIL, se ha celebrado en Londres, en la sede del sindicato de los servicios públicos UNISON, un seminario en el que se ha discutido el esquema de trabajo y el programa que serán la base de un informe sobre el estado de la cuestión en once países seleccionados. En esta lista hay países del sur, como  Chipre, Italia, Francia o España, países del Este, como Rumanía, Bulgaria y Polonia y países centrales como Alemania, Bélgica, Inglaterra y Suecia. Se trata de una investigación llevada a cabo por un conjunto de investigadores de extracción académica a la que se asocian sindicalistas destacados de ocho de estos países que parecen como “partners” del proyecto.  En representación de España participan los profesores de la UCLM Nunzia Castelli y Antonio Baylos.

La propuesta se despliega en cuatro partes. En la primera, se aborda el perfil histórico y jurídico del estatus de la organización sindical en cada país, y se describe la función que desempeña esta figura social en un sistema jurídico y político determinado. La evolución de la noción de representación y su deslizamiento hacia la de representatividad es una conclusión segura de este punto, que debe confrontarse con un juicio de valor sobre la implantación y el enraizamiento del sindicato estatal – nacional.

A continuación se abordan los aspectos endosindicales más importantes, es decir los relativos a la descripción del diseño organizativo de las estructuras del sindicato junto a los procedimientos de adopción y toma de decisiones internas en un contexto de libertad y de democracia interna sindical. El tercer aspecto es el que se refiere a la vertiente externa de la representación, en especial respecto de la negociación colectiva y derechos de información en la empresa y la capacidad del sindicato de organizar y gobernar estos espacios de regulación y del conflicto. Un último tema se dedica a la relación entre el sindicalismo nacional y el sindicalismo europeo, los mecanismos no solo formales de fijación de la representación y la forma de relacionarse entre estas organizaciones y el sentido y el valor que esta relación tiene en el conjunto de las estrategias sindicales de las confederaciones nacionales europeas.

Los informes base de este proyecto deberán ser discutidos entre los miembros del steering comitee  y los exponentes sindicales concernidos con ocasión de un nuevo seminario de debate que se ha convocado en Roma, los días 19 y 20 de julio de 2012. De los resultados de estos trabajos se dará oportuna cuenta en su momento.

MEDIDAS URGENTES TODAS LAS SEMANAS

Desde hace un cierto tiempo los juristas consultamos nerviosos todos los sábados el Boletín Oficial del Estado, porque es casi seguro que incorpore a sus páginas una ley que reforma otras leyes o normas de los más diversos sectores del ordenamiento que se publican al día siguiente del Consejo de Ministros de los viernes que adoptan la decisión. Todas se califican como medidas urgentes y adoptan la forma jurídica del Decreto-Ley. Es decir, son normas inmediatamente vinculantes, están elaboradas por el gobierno  y en el plazo de treinta días deben someterse al Parlamento para que éste las convalide o las derogue. Una vez adoptada esta decisión, cabe que se tramite el texto como proyecto de ley.

El gobierno ha entendido por consiguiente que esta es la forma natural de proceder a emanar normas. Habida cuenta que tiene la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, entiende superfluo el debate parlamentario y por tanto el Decreto-Ley anticipa la decisión que se ha de tomar en todo caso. No repara en que en un sistema democrático se trata de un mecanismo excepcional de legislar que está rodeado de ciertas garantías constitucionales. Son éstas la exigencia de que se pueda realmente apreciar una situación de “extraordinaria y urgente necesidad”, y la prohibición de abordar determinadas materias, el “ordenamiento de las instituciones básicas del Estado”, los “derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución”, “régimen de las Comunidades Autónomas” y “derecho electoral general”. Sobre esta potestad existe un control por el Tribunal Constitucional.

Tradicionalmente en nuestro país, las etapas democráticas se han caracterizado por una reivindicación del parlamentarismo y de la discusión pública por las fuerzas políticas sobre la norma. Así, el artículo 80 de la Constitución de 1931, autorizaba el decreto ley con carácter provisional para cuando no se hallare reunido el Congreso y exigiendo acuerdo unánime del Gobierno y aprobación de dos tercios de la Diputación Permanente "en los casos excepcionales que requieran urgente decisión o cuando lo demande la defensa de la República", estando limitada su vigencia al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la materia. Por el contrario, la tradición antidemocrática española es hostil al parlamentarismo democrático y favorece el empleo de esta figura. Era la forma habitual de legislar en la dictadura de Primo de Rivera. Con el franquismo, la Ley constitutiva de las Cortes de 1942, que partía del reconocimiento a la Jefatura del Estado de la "suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, en los términos de las Leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939", preveía la posibilidad de regulación por el Gobierno mediante decreto-ley, en caso de guerra o por razones de urgencia, de las materias de competencia de las Cortes, dando cuenta de su promulgación a éstas "para su estudio y elevación a Ley, con las modificaciones que en su caso se estimen necesarias". Este último inciso se suprimió por la Ley de reforma de 9 de marzo de 1946, con lo que bastaba con la comunicación a las Cortes de la promulgación. Tras las modificaciones introducidas con la Ley Orgánica del Estado en 1967, era ya el Gobierno quien proponía al Jefe del Estado la sanción de decreto-ley, siendo apreciada la urgencia por aquél, oída la Comisión de competencia legislativa. Este debe ser el modelo de nuestros gobernantes.

En efecto, este sábado hemos tenido otra vez dos muestras de esta forma de legislar fuera de límites constitucionales. El RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, y su inmediato posterior, el RDL 15/2012, de idéntica fecha, de modificación del Régimen de administración de la Corporación RTVE. Las medidas urgentes en materia educativa se justifican sobre la base de que con ello se están a la búsqueda del equilibrio de la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit. No pierde tiempo en explicar cuál es la relación entre ese equilibro perseguido y el tipo de medidas y de reglas que establece. Así que aumentar el número de alumnos por clase, ampliar la jornada lectiva, impedir que se sustituya a los profesores en baja hasta el undécimo día, cambiar el régimen de dedicación del profesorado universitario, el aumento de las tasas y la exigencia de responsabilidad al rector que se desvíe del equilibrio citado, todas ellas, son medidas de extrema y urgente necesidad, justificables aunque una parte de éstas afecten al contenido de los derechos fundamentales del Título I CE.

El RDL 14/2012 se trata de un texto legal que ha sido comentado con carácter previo a los consejeros de educación de las distintas Comunidades Autónomas, pero no ha sido consultado con la Conferencia de Rectores de la Universidad. Ataca directamente a la autonomía universitaria en términos grotescos, multiplica las tasas de manera que se impedirá el acceso de amplias capas de población a la educación superior, segmenta, discrimina y enfrenta al profesorado entre sí en términos de imposición de carga docente mientras ampara despidos masivos de contratados, expulsados por el incremento exponencial de la carga docente de los profesores permanentes y la reducción del déficit, y por el cierre de centros y de titulaciones debido a la “racionalización” de los títulos de grado y master. Es un acto de hostilidad consciente ante la Universidad a la que se quiere laminar como centro del conocimiento y de la investigación y como servicio público.

Por otra parte en el RDL 14/2012, se inserta una Disposición Final 2ª que modifica el Impuesto de Sociedades. Al margen de la especial precaución con la que se aborda el tratamiento de los aspectos financieros y tributarios por decreto-ley, no se entiende la relación entre el gasto público en el ámbito educativo y el impuesto de sociedades. La más elemental regla de coherencia legislativa salta por los aires para aprovechar el vehículo del Decreto-Ley. Nada importa a una acción de gobierno que considera los procedimientos democráticos como un formalismo enervante.

La otra norma el RDL 15/2012, justifica la urgente necesidad de su promulgación en que había pasado demasiado tiempo, desde junio 2011, sin presidente del consejo de administración de RTVE. Así que aprovecha para cambiar el régimen y composición del Consejo de Administración, eliminando por cierto sin justificación alguna a los sindicatos de éste órgano, permitiendo que se elija por consenso un solo representante sindical de los implantados en RTVE para el Consejo Asesor. Era urgente nombrar sin intervención del Parlamento a quien dirige TVE y borrar de su órgano de dirección la presencia sindical. La necesidad se hace equivaler con la designación gubernativa del órgano de dirección de RTVE y la negación de la participación sindical en un medio de comunicación público que realiza el derecho a la información de los ciudadanos.

¿Es necesario ser tratados así por nuestro gobierno? ¿Es admisible un gobierno legislador que hace caso omiso de los preceptos constitucionales sobre la formación de las normas como expresión de los procedimientos democráticos y legisla permanentemente por Decreto-Ley? Ante esto cabe que el grupo más potente de la oposición presente recurso de inconstitucionalidad ante el TC. ¿Lo juzgará conveniente el PSOE o seguirá creyendo que este tipo de acciones desgasta la opinión internacional de España y que hay que poner en sordina jurídica la crítica política?

En concreto, en materia de educación, se continúan y profundizan las líneas de desestructuración de las enseñanzas y de degradación de las condiciones de trabajo y de empleo de los profesores de secundaria. La prohibición de recurrir a la sustitución por interinos por enfermedad, la ampliación de los alumnos por clase y el aumento de jornada son normas dirigidas a demoler las condiciones de prestación del servicio y a rebajar su calidad a extremos inconcebibles en un régimen democrático.

En relación con la educación universitaria, la autonomía de la universidad se jibariza y es sospechosa de ser generadora de gasto público, uno de los peores crímenes que se pueden cometer en este mundo, al parecer. Cabe preguntarse por la reacción de las instituciones universitarias, hasta el momento situadas en una posición de stand by respecto de los recortes en educación. ¿Seguirá la CRUE estando justamente “preocupada” por la situación o adoptará una postura más activa y crítica frente a un gobierno que está obsesionado por demoler el sistema público universitario?

En cuanto al profesorado, el RDL 14/2012 quiere que se enzarcen en querellas internas entre categorías de excelentes y no excelentes, segmentados por edad y por áreas de mayor o menos facilidad en la concesión de sexenios, unos sólo investigadores y los otros condenados a dar todas las clases y a no poder investigar más, para que así se vuelvan sobre sí mismos en un reflejo de defensa corporativa de su situación , una especie de “sálveme yo que puedo” ante el hundimiento del sistema educativo europeo de educación superior – “Bolonia” – y el incumplimiento de los proyectos y planes de estudio emprendidos hace tan solo dos o tres años en esta vía. Por el contrario, frente a este ataque sin precedentes, se debería reparar en la necesaria acción colectiva de los tres sectores de la universidad, PAS, PDI y estudiantes para solventar la continua degradación de su profesionalidad. En cuanto a los contratados laborales, es preciso que organicen la defensa de sus intereses conscientes de que se enfrentan a un expediente de regulación de empleo disfrazado de cese de contratos temporales e interinos, y que inicien coherentemente acciones de defensa, incluidas las de tipo jurídico. Los estudiantes, en fin, tendrían que superar el inminente momento de los exámenes para llevar a cabo movilizaciones contra la subida de las tasas y el efecto de expulsión basado en el diferencial de la renta, de forma que las personas de menos renta son excluidos de facto del acceso a la enseñanza superior, reservada a las clases medias pudientes.

Siempre seguros nuestros gobernantes que la respuesta popular será insuficiente, planean con verdadera urgencia la degradación de la enseñanza pública. ¿Será posible en un tiempo antes del verano, organizar una respuesta contundente, como la huelga general de la enseñanza? El caso es que a partir de ahora va a ser también difícil permanecer atentos a la pantalla para ser informados.

Un análisis más detallado y crítico de los contenidos del RDL 14/2012, en el blog de Mikel Urrutikoetxea:
Recortes en educación y en Universidad

DETRAS DEL MANIFIESTO DE LOS 55: ALGUNAS REFLEXIONES

 El manifiesto de los 55 catedráticos y catedráticas de Derecho del Trabajo que criticaba la norma del gobierno del Partido Popular de reforma laboral, ha tenido una gran repercusión en otros países en los que la doctrina laboraliasta española es conocida y seguida. El manifiesto se ha distribuido en Latinoamérica, en la red de ex-becarios de la OIT, Bolonia y Castilla La Mancha, en la revista uruguaya "Derecho Laboral", y en muchas otras páginas web brasileñas, peruanas y argentinas. Además ha circulando en las redes sociales Facebook y Twenti. La "Revue de Droit du Travail", editada por Dalloz y dirigida por Antoine Lyon-Caen, hará una referencia explícita al manifiesto en su editorial, que también ha circulado por las redes académicas italianas.La revista digital "Insight" lo ha reproducido. Muchos de estos amigos y amigas nos han preguntado por algunos aspectos sobre la confección del manifiesto, los firmantes y, naturalmente, los no firmantes. A responder estos interrogantes se dedica la entrada.

La primera cuestión que se pregunta es por qué los organizadores del manifiesto decidieron limitarlo a la firma de catedráticos y no de otros profesores de Derecho del Trabajo. Se habría ganado en número y no habría sido un texto elitista, reservado al mandarinazgo académico. Sin embargo, se decidió restringirlo a la cualidad de catedrático (permanente o acreditado) en parte por continuar - y comparar - con iniciativas anteriores en las que profesoras y profesores de derecho del trabajo habían manifestado en público su posición ante medidas de reforma laboral o de seguridad social, entre otras las que se produjeron con ocasión de la huelga general del 29 de septiembre de 2010 o ante la reforma de la negociación clectiva en junio de 2011. Por otra parte, la reducción a la posición de catedrático permitía una apreciación bastante directa por la prensa de la capacidad profesional de los firmantes y su solvencia en el tema que abordaban críticamente. Por último la ampliación a otras categorías planteaba problemas de límites - ¿hasta qué categoría, profesores asociados a tiempo parcial, sólo a tiempo completo, empleados públicos y contratados? - y de gestión del número de adhesiones, habida cuenta de lo artesanal de la preparación y recogida de firmas por parte de los organizadores y autores del manifiesto. 

La segunda cuestión más comentada ha sido la del número de firmantes y, más allá, la pluralidad que representan. La lista se puede consultar - y de hecho se ha hecho con frecuencia, puesto que las entradas a esta página son muy altas, más de 800, en este mismo blog:  55-catedraticas-y-catedraticos-de derecho del trabajo suscriben un manifiesto contra la reforma laboral. Pluralidad  ideológica, territorial y generacional, que es muy llamativa. Son 27 universidades, la edad de los firmantes es extremadamente diversa, y en la lista se encuentran posiciones ideológicas no homogéneas, desde la izquierda hasta el centro-derecha. Claro que esta constatación lleva a la pregunta inmediata. ¿Quienes no firmaron y por qué?

 Entre los no firmantes, hay varis personas que no lo han hecho en función de su posición isntitucional. Unas, como Maria Emilia Casas y Miguel Rodriguez - Piñero, por su condición de ex presidentes del Tribunal constitucional y, en el último caso, miembro del Consejo de Estado. Margarita Ramos es Consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, y Carolina Martínez presidenta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Sin embargo, Casas y Rodriguez Piñero, con Valdés, han escrito el editorial de la revista Relaciones Laborales en el que se contiene una fuerte descalificación cítica de las orientaciones de la reforma. Ramos es firmante de otros manifiestos, y en concreto el que, con otros veinte catedráticos, criticó la reforma de la negociación colectiva del RDL 7/2011. Martínez envió un mensaje de solidaridad que fue leido en público al acto del 24 de marzo en el que las gentes de la cultura y de la universidad se reunieron en el Ateneo de Madrid en apoyo de la huelga general. Es decir que las causas de que no firmaron estas personas hay que buscarlas en su percepción de que el cargo institucional que desempeñan hacía desaconsejable una toma de postura pública en un contexto de convocatoria de huelga general.

Otros catedráticos no firmaron por motivos contrarios. La inserción de estos profesores en importantes organizaciones de letrados y su normal actividad de defensa de empresarios y altos cargos, hizo que directores y consultores laborales de los despachos profesionales de Garrigues, Cuatrecasas, Uría, Pombo y Gómez Acebo, Sagardoy asociados, Pedrajas Abogados, no estamparan su firma en el manifiesto. En algunos casos posiblemente estaban en contra del mismo, y a favor de las grandes líneas de la reforma, pero en otros han seguido la regla del despacho profesional de no tomar posición pública ante hechos polémicos, con independencia de su opinión sobre el fondo del asunto.

Otros cuantos no firmaron porque, según declararon, el texto no les satisfacía o lo consideraban demasiado apasionado, como ligado a una posición militante o "de sigla". En muy pocos casos, la falta de notificación impidió conocer el sentido de la voluntad del catedrático no informado del contenido del manifiesto. 

Sin embargo lo que resulta más llamativo a nuestros correspondientes colegas del exterior es la ausencia de los profesores más antiguos del Derecho del Trabajo español, de quienes se habían leido páginas muy decisivas en la reivindicación de un derecho del trabajo como un proyecto emancipatorio. De la Villa  y Sala, que en las décadas de los setenta y de los ochenta eran exponentes de un derecho del trabajo progresista, no han suscrito sin embargo el manifiesto. Si, por el contrario, una parte de sus discípulos. Esa ausencia ha sido muy comentada como señal inqueívoca de que múdanse os tempos, múdanse as vontades. También como manifestación de un cierto desbordamiento de su rol dirigente por la siguiente generación de profesores. Pero puede también interpretarse como un símbolo del distanciamiento que estos maestros han ido acrecentando respecto de un conjunto normativo cuyas señas de identidad ellos mismos ayudaron a definir y que precisamente la reforma laboral del 2012 vanifica y desmorona. Un cierto desvalor de la dimensión político-democrática del derecho del trabajo sustituida por un nuevo paradigma productivista en el que la norma laboral está al servicio de la empleabilidad del trabajador, y un desencanto activo contra la actuación colectiva de los trabajadores en torno al sindicato. Lo que pone de relieve la amplitud de la crisis ideológica en la que está sumida la cultura jurídica democrática e igualitaria hoy. y la necesidad de impulsar una labor de reflexión teórica fuerte en torno a una nueva narrativa jurídica que establezca seguros fundamentos contrahegemónicos en su desarrollo y práctica social.

El mnifiesto  de los 55 se puede consultar en Por un trabajo decente y liertades colectivas plenas.
Este "post" ha sido reproducido en el blog amigo de Eduardo Rojo: Un artículo del profesor Antonio Baylos
Asimismo en el de la colega cubana Lidia Guevara: El manifiesto de los 55.
 

¿PARA QUÉ SIRVE UN SINDICATO?

Con este provocador título, la Editorial La Catarata piensa publicar un libro cuya redacción ha encargado al titular de esta bitácora y en cuya escritura final he estado metido estos cinco últimos días, amarrado a un duro banco de una galera turquesca, para cumplir el plazo últimamente fijado. El título final es un poco más preciso: ¿Para qué sirve un sindicato?. Instrucciones de uso. Por fin hoy mismo se ha culminado el trabajo y ya sólo esperan las urgencias inaplazables de hace dos semanas. A efectos simplemente anticipatorios - puesto que ya se dará oportuna cuenta aquí de su publicación - se copia la introducción al mismo, donde se explica el objetivo perseguido y la forma de alcanzarlo.

Este libro nació hace tres años, en abril del 2009. Olga Abásolo y Fernández Marugán me lo propusieron en la sede de la editorial y acepté encantado. Allí debatimos el título y su subtítulo. El esquema lo discutí en el seminario del departamento de historia de la UCLM por invitación de mi colega  Juan Sisinio Pérez Garzón en mayo de ese mismo año, y allí tratamos sobre el sindicato y sus evoluciones con el placer que da poder intercambiar posiciones y formas de abordar un tema desde perspectivas tan inteligentes como no acostumbradas.

Pero a partir de ese verano los acontecimientos económicos y políticos que se cobijaban bajo la invocación a la crisis económica se fueron precipitando. Y por tanto la nueva regulación que se iba diseñando a nivel global y en el recinto europeo en relación con los procesos económicos resultantes de la crisis originada en el “crack” del año ocho – como señalaba un libro extraordinariamente didáctico de Capella y Lorente - planteaba cada vez más interrogantes nuevos sobre las relaciones de trabajo y en especial sobre la posición de las relaciones colectivas y sindicales. Por eso el esquema del libro tenía que abrirse a esta nueva realidad o, quizá mejor, a la forma en la que operaba la crisis económica en esta ocasión sobre las relaciones laborales. Se hablaba entonces de la refundación del capitalismo sobre principios éticos y la necesidad de una nueva globalización menos abusiva y más igualitaria. En ella la voz de la Confederación Sindical Internacional pronunciaba palabras adecuadas y justas reivindicando el trabajo decente como un principio de actuación universal.

Sin embargo mudó pronto el discurso y se desencadenó una potente reacción de reinstalación del capitalismo como modelo económico patrocinador de desigualdades, miseria y sufrimiento de los pueblos. El cataclismo griego en abril y mayo de 2010 propició un cambio de orientación en las políticas europeas y en concreto en las del gobierno español, lo que repercutió de manera definitiva en la configuración del libro. Por un lado, la atención – y el tiempo disponible – se desplazó al examen de las continuas y profundas transformaciones normativas emprendidas. Por otro, la figura del sindicato cobraba una nueva complejidad en el contexto de un proceso de contestación social desplegado intermitentemente en muchos estados europeos.

En ese contexto las mismas preguntas no pueden recibir las mismas respuestas. Por eso hoy “¿Para qué sirve un sindicato?” se tiene que contestar de forma diferente a cómo se habría hecho antes de la crisis y del ataque programado contra el modelo social del cual el sindicato constituye una pieza fundamental. El proceso está abierto, y está en marcha un cambio importante del que todavía está por ver la profundidad de su impacto.

Es comprensible la tentación de esperar a encontrar un momento desde el cual se pueda explicar con cierta tranquilidad la nueva posición del sindicato en un espacio que ha ido alterando significativamente el tipo de regulación y el valor político del trabajo. Los juristas solemos oscilar entre la intervención inmediata que da cuenta de las claves aplicativas de una norma y la contemplación distanciada de las grandes etapas de las que se extraen las características del modelo de regulación del sistema de relaciones laborales. Será para otra ocasión, porque todo libro debe encontrar su final, no puede siempre quedar como trabajo pendiente porque la experiencia enseña que al final no ve la luz. Eso no impide para que este libro, como todos, sea una obra en proceso.

“¿Para qué sirve un sindicato? Instrucciones de uso” quiere formar parte de una cierta literatura de divulgación especializada que resulta muy estimulante para alguien que procede del mundo del análisis jurídico. Se ha procurado que no se escore mucho hacia el perfil de la validez y de la garantía de los derechos derivados del hecho sindical. Esperemos que logre sus propósitos y no se deje llevar por las fórmulas mágicas y los encantamientos del derecho. En su realización me he servido del tipo de discurso, más directo, que exige la intervención estable en las páginas de mi blog, Según Baylos. Las referencias bibliográficas o de otro tipo que aparecen en el texto o en las notas no son ni exhaustivas ni académicas, ni desde luego sabrían serlo en el contexto en el que se anotan.

El protagonista del texto es el sindicato, que es una figura social frente a la cual yo no me siento indiferente ni lejano. Es un protagonista evidente de la democracia y de la igualdad universal del que se resalta muchas veces su pasado épico para comentar su presente mediocre y augurar un futuro residual o inexistente como algunas especies animales de las que se pronostica su rápida extinción. He intentado ofrecer una narración propia y por tanto diferente de las que normalmente se presentan sobre este sujeto social, que se ajustara a las intenciones del título de la obra. Del resultado espero que no se diga como en algunos films que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, aunque cuando sale ese letrero todo el mundo sabe que se trata de un ardid para desvelar hechos reales que sólo necesitan ser verosímiles.

Madrid, 18 de abril de 2012.

REPRESENTAR Y ORGANIZAR EN LA CRISIS

El sindicalismo español ha ido paulatinamente afirmando su presencia como sujeto político en el panorama español de la crisis sin descuidar sus funciones de representación en la empresa, en la rama de producción y en el territorio y la regulación negociada de las condiciones de trabajo en esos espacios. Pero progresivamente a partir del 2010, ha ido adoptando un rol más fuerte en el campo de la política, como expresión de un proyecto alternativo y contrario al diseño de los poderes económicos y financieros que desmonta el sistema de derechos laborales y el modelo social que reconoce la Constitución.

Siempre limitado por su relación compleja con las fuerzas políticas que en el plano electoral y de gobierno pretenden representar la ciudadanía social y articular un proyecto de garantía de las prestaciones sociales básicas que configuran el Estado social, el sindicalismo confederal español ha cubierto tres largos años de conflictividad social en los que su posición ha sido central como interlocutor y como antagonista.

La organización del interés general de los trabajadores – o del trabajo considerado globalmente – a cargo del sindicalismo confederal en unidad de acción entre UGT y CCOO, había dado lugar a un amplio proceso de institucionalización de éste en el espacio de la interlocución política, en una lógica de intercambios en donde el conflicto cumplía una función correctora del desequilibrio que en materia de regulación del trabajo y de la protección social se producía en un momento histórico determinado. La importancia del diálogo social tripartito y bipartito en nuestra experiencia nacional atestigua este largo proceso de compromisos formales e informales, y la creación de prácticas sociales muy arraigadas. La irrupción de la crisis ha ido transformando de forma decisiva el campo de actuación de los actores del sistema de relaciones laborales y de sus reglas de acción.

La alteración de las reglas de juego ha sido profunda y progresiva. Ante todo porque la crisis – el tratamiento de la crisis en la pragmática europea – se ha presentado como generadora de decisiones inmodificables, no negociables, frente a las que sólo cabe la adhesión de las organizaciones sociales y de los ciudadanos. Ha cobrado cuerpo un estado de excepción normativo a través de la normativa de urgente necesidad. Todo el territorio del trabajo y el empleo de un lado, y la prestación de servicios públicos y sociales, de otro, se han sometido a la regulación de urgencia del gobierno legislador. El conflicto, que permitía abrir un período de reconsideración de las políticas impulsadas por el poder público para su corrección, sólo ha funcionado de manera muy limitada en materia de seguridad social y de políticas de empleo por tan sólo seis meses después de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, pero no modificó ni retocó la reforma laboral de la Ley 35/2010.

Con el cambio de gobierno, la tendencia de ruptura de los equilibrios institucionales se acentuó. El Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, causó inmediatamente el estallido de una situación prolongada de conflicto social. Las confederaciones sindicales CC.OO. y UGT convocaron una jornada de huelga general para el día 29 de marzo para expresar su rechazo a la reforma laboral convalidada por el congreso con la mayoría parlamentaria del PP y de otros partidos de la derecha política y nacionalista. La presión social que supone la convocatoria de huelga general fue precedida de intensas movilizaciones el 19 de febrero, en respuesta a la promulgación de la norma “de urgente necesidad”, el 29 de febrero en relación con la jornada europea contra las medidas de austeridad y los recortes de los servicios públicos, y unas imponentes manifestaciones del 11 de marzo, en 60 ciudades españolas. La huelga general obtuvo el apoyo de más de diez millones de personas – sobre dieciesis millones de trabajadores en su conjunto – y la convocatoria sindical de las manifestaciones de esa jornada fueron clamorosamente seguidas por una inmensa mayoría de ciudadanos en ciento once ciudades españolas.

Pero esta masiva expresión de disenso social frente a la política del gobierno no ha generado la apertura de un proceso de encuentros con la finalidad de intentar revisar los contenidos y el alcance de la reforma del mercado de trabajo. Aun a costa de arruinar la práctica del diálogo social como elemento básico del sistema de relaciones laborales, la interlocución con los sindicatos para le regulación conjunta de las políticas económico – sociales, se ha perdido o ya no está - It has gone , que diría el presidente del BCE. Por lo mismo el andamiaje del modelo social que prefigura la Constitución está severamente dañado.

Y es justamente por esta depreciación del papel del sindicato como sujeto reconocido como parte negociadora en el espacio de la regulación general de las instituciones laborales, por lo que su rol político se acentúa como organizador social de la disidencia y portador de un proyecto alternativo en lo económico y en lo social que confronta con el proyecto político de gobierno enfatizando frente a él su carácter esencialmente democrático y participativo.

El sindicalismo español en la crisis por consiguiente ha ido adquiriendo una fuerte capacidad de agregación de sectores y de intereses y ha ampliado su capacidad de representación general desbordando el espacio normal de actuación de la misma, en las empresas y en los sectores de producción. Organizaciones sociales, gentes de la cultura y de la universidad, movimientos vecinales y grupos ecologistas, han sido organizados en torno a este proyecto sindical que se presenta como una propuesta alternativa y realista ante la deriva antisocial de las medidas gubernamentales justificadas como apaciguamiento de unos mercados financieros que nunca parecen conformarse. Por tanto la representación del sindicato, entendiendo por tal la que se centra en CCOO y UGT, ha resultado fortalecida en estos últimos tramos del ataque a los derechos laborales y sindicales que es excepcionalmente grave y supone una verdadera involución democrática en nuestro país. Movimientos sociales alternativos como el 15-M, cuyo punto central en el reforzamiento de la democracia real es la crítica a la representación institucionalizada desde arriba y falseada en su instrumentación técnica, en donde incluían a los “sindicatos oficiales”, han convergido con la movilización sindical en la que han participado activamente.

Estos cambios en una sociedad compleja como la española causan ciertas paradojas. Porque si la consideración del sindicato como un sujeto político en el plano de lo social, con un proyecto autónomo y alternativo al que promueve el poder público, tiene mucho que ver con la debilidad de los partidos políticos de centro izquierda y de izquierda y de la crisis evidente de su concepto de sociedad y de la capacidad de representación del espacio electoral en el que se construyen, lo cierto es que la resistencia sindical y su disposición para nuclear una protesta organizada, está generando un importantísimo desgaste del gobierno y del Partido Popular en la dimensión estrictamente político-electoral, de la que se benefician precisamente los grupos políticos de centro izquierda y de izquierda que no habían sido capaces de gobernar la primera etapa de la crisis o que habían carecido de fuera para generar consensos suficientemente importantes en torno a su proyecto de cambio. Los resultados electorales del 25 de marzo dl 2012 en Andalucía y Asturias muestran esa paradoja.

De manera que el sindicalismo ha sido capaz en la crisis de apartarse paulatinamente de su propio estereotipo impuesto y asumido a partes iguales, y confirmar que puede abrirse un espacio de acción y de reflexión que invierta la tendencia hasta ahora creciente en la Europa occidental hacia la uniformidad político-económica y el conformismo intelectual . De un lado mediante la extensión y consolidación de un período de conflictividad, que se prolongará durante un largo tiempo. La huelga general se plantea en ese contexto no como un punto de llegada, sino como una fase central de afianzamiento de la visión alternativa del marco institucional de todo el sistema de trabajo y empleo en España. En ese proceso de explicación y de consolidación del proyecto sindical, hay varios hechos que marcan una agenda de acciones institucionales, como la coordinación en el nivel europeo, la recuperación parlamentaria de la Iniciativa Popular Legislativa que avaló un millón de firmas y que diseñaba un marco regulativo de la relación de trabajo en la crisis basada en la aceptación de la flexibilidad contratada y el reforzamiento de la tutela del trabajo, la queja ante la OIT por la vulneración de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de libertad sindical y negociación colectiva y de protección legal de la terminación del contrato de trabajo, la intervención de la alta autoridad de la OIT en este proceso. Junto a ello, la impugnación constitucional de varios aspectos de la reforma laboral, de manera que se proceda a su deslegitimación política en términos radicales, y un proceso más amplio y de mayor alcance de “re-escritura” de la reforma a través de la negociación colectiva y de la interpretación judicial.

Todo ello en razón de erosionar uno de los elementos de las reformas estructurales que el poder público afirma con mayor rotundidad, la permanencia de los cambios y la irreversibilidad de los mismos. “No hay escapatoria”, “la reforma ha venido para quedarse”, o “no se modificará ni un ápice” , como expresiones coincidentes. Al margen de que se trate de expresiones retóricas que pueden verse desmentidas con relativa rapidez, lo cierto es que tanto en el discurso fuerte de las autoridades económicas y monetarias europeas como en la monótona reiteración del liderazgo potente consolidado por la mayoría absoluta obtenida en las urnas en España, el carácter definitivo de las decisiones es una consecuencia ineludible de la propia configuración de éstas como no negociables y excluidas de la verificación democrática de las mayorías de la población. Por eso el sindicalismo español incide de forma muy importante en la necesidad de re-escribir la reforma, de metabolizarla en la negociación colectiva y de descabezar los elementos más agresivos de la misma a través del control constitucional y de una labor jurisprudencial garantista, y lo hace a la vez que resiste y tensiona la base social de los ciudadanos que trabajan movilizándolos contra esta política que desarbola los derechos laborales y los servicios públicos esenciales, produciendo paro, miseria y desesperación.

Las transiciones son largas, y el actual período histórico parece iniciar una fase de las mismas cuyo destino final no se puede conocer. Pero la presencia del sindicato con un papel determinante en éstas parece asegurada.

LA CRISIS AVANZA ENTRE LAS POLÍTICAS ERRÓNEAS PARA LOS CIUDADANOS

La crisis económica sigue adelante, cebándose en los paises de la periferia europea. España está cada vez más expuesta a la presión de los mercados, y ni la reforma laboral ni los tremendos recortes en educación, I+D, sanidad y el gasto social, ahuyentan el fantasma de la recesión económica por un lado y la incapacidad de sostener el endeudamiento privado español. La revista digital mensual Insight, en su fascículo de abril, sigue examinando este panorama desolador en Europa, con especial atención a los casos español e italiano. El índice del número de abril es el siguiente.

Abril 2012 – En este número

Insight - http://www.insightweb.it/

Insight es una publicación multilingüe que tiene como objetivo el análisis de la crisis y sus desarrollos económicos y sociales.

Los lectores interesados en recibir los siguientes boletines pueden registrarse en la página web.

La crisis de la zona euro está bien lejos de su resolución. La austeridad agrava la recesión y las “reformas estructurales” castigan al trabajo, pero no generan crecimiento. Las experiencias española e italiana se mueven dentro de una muy discutible política europea. Sobre este tema, se pueden ver artículos y papers de Baylos, Lettieri, Romagnoli, Paladini, Paggi, Frank-Walter Steinmeier, Freyssinet, Pérez Hauers, y un documento del Comité Económico y Social Europeo.

Jeff Faux y James Galbraight discuten sobre las dinámicas del trabajo y de las finanzas en relación con la crisis.

Colitti presenta un análisis de las relaciones entre la Unión Europea y los países de África del Norte. El embajador iraquí en Roma elogia los resultados de la invasión, pero según la revista Foreign Affairs (Views), Irak es un “estado quebrado”.

Entre los artículos :

• Antonio Lettieri

I paradossi dell'eurozona

The eurozone’s labyrinth of paradoxes

• Umberto Romagnoli

Articolo 18 - Il compromesso di Monti

• Alfredo Pérez Hauer

Reforma laboral y medidas económicas.

• Jeff Faux

The Myth of the Level Playing Field

• Marcello Colitti

The cooperation policy between E.U. and North African Countries

• Antonio Baylos

Tempos difíceis: a democracia social ameaçada na Europa

• Philip Pilkington

Finance as Wealth Transfer Mechanism: An Interview with James Galbraith

• CESE

Growth and sovereign debt in the EU: two innovative proposals

• Jacques Freyssinet

La négociation collective en France face à la crise économique

• Paola Brianti

La pace secondo l’ambasciatore iracheno a Roma

En la sección de Papers:

• A Growth Programme for Industrial Renewal in Europe

Frank-Walter Steinmeier

• Mario Monti, erede della filosofia politica di Maastricht

Leonardo Paggi

• Sobre la reforma laboral española de 2012

Antonio Baylos

• Scenari possibili dopo la crisi globale e le strategie di uscita

Domenico Mario Nuti

En la sección de Views

■The Employer Strikes Back

Josh Eidelson The American Prospect

■Articolo 18 - Niente modello tedesco

Antonio Lettieri Il Manifesto

■É preciso tratar da democracia socialista

Tarso Genro Folha de S. Paulo

■Welfare Limits Left Poor Adrift as Recession Hit

Jason DeParle New York Times

■The Iraq We Left Behind

Ned Parker Foreign Affairs

■Por un trabajo decente y unas libertades colectivas plenas

Valdés Dal-Re Fernando, Baylos Grau Antonio El Pais

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Editor Antonio Lettieri Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos

Editorial Board  Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Oscar Ermida; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis; Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert

ALEJAR A LOS TRABAJADORES DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Mikel Urrutikoetxea, en su blog Derecho y Trabajo en tiempos de crisis, ha alertado sobre una medida supuestamente neutra, la regulación de las tasas judiciales, que lleva consigo una consecuencia muy peligrosa. 

Como señala el autor del blog, "el anteproyecto se presenta como una mera actualización del sistema de tasas. Sin embargo anuncia una novedad no ligera; la imposición de tasas en el orden social, sólo para el acceso a la segunda instancia, de momento. El encarecimiento es notable se pasa de cero a 500€ en suplicación y 750 € en casación.

Según se desprende de la información suministrada por el gobierno estas tasas incluirían como sujetos pasivos también a las personas físicas y no solo a las jurídicas como el art. 35  de la Ley 53/2002.Es decir que se cobraría una tasa  a los trabajadores y beneficiarios de la SS que recurrieran contra las sentencias de la jurisdicción social. Pagar por acceder a los recursos es un ataque contra el beneficio de justicia gratuita atribuido a los trabajadores, que posee otras manifestaciones, están exentos, por ejemplo,  del depósito de la condena recurrida.

La justicia gratuita  a favor de los trabajadores y el trato diferenciado hacia los mismos se ha considerado como un emblema del carácter tuitivo del derecho laboral (STC 3/1983 de 25 enero), donde la promoción de la igualdad real exigía un mínimo de desigualdad formal en beneficio del trabajador.Posteriormente fue incluido en el art.2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 

La imposición de tasas por acceder al recurso sin distinción  a trabajadores y empresarios, desdibuja el beneficio de la justicia gratuita a favor de los trabajadores y marca en el plano simbólico la ruptura con el Derecho de Trabajo entendido como derecho protector y compensador de las diferencias".

 

Se trata de una constante que se repite en las reformas laborales como un ritornello, el progresivo alejamiento de los ciudadanos que trabajan y que se encuentran en una situación objetiva de subordinación y de subalternidad de la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales intervengan en la determinación de sus derechos y en el control de los actos del empresario que restringen sus derechos ilegítimamente. El objetivo central de la reforma del despido, por ejemplo, no sólo ha sido el abaratamiento de la indemnización y del coste general del despido, sino el intentar sustraer el control del despido a la valoración del juez laboral.. Esta deriva normativa debe recalcarse porque no sólo persigue una suerte de implosión de la función jurisdiccional, de manera que el juez no pueda realizar un juicio de adecuación ni de valoración de la legitimidad de las medidas adoptadas por el empleador, sino que de esta forma lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que debe preservarse no sólo para los beati possidenti sino, con mucha mayor fuerza, para quienes se encuentran en situaciones de dominio y de explotación.

En este sentido, la maniobra que pone en marcha el Ministro de Justicia - esa gran esperanza blanca del centro derecha, como nos acostumbraban a decir - significa un atentado a la justicia gratuita para los trabajadores frente a la cual hay que reaccionar. El texto de Urrutikoetxea es muy útil al respecto, se puede ver completo en Tasas en el orden social ¿adios a la justicia gratuita para los trabajadores?-

Por último, una feliz novedad en librerías, el libro de Adoración Guamán y Héctor Illueca, editado por la fundación CEPS, que analiza críticamente la reforma laboral permanente a partir de la "crisis griega" del 2010 hasta la presente reforma del Partido Popular del RDL 3/2012. El huracán neoliberal: una reforma neoliberal contra el trabajo. es el título de esta obra muy recomendable.

¿SABE ALGUIEN QUIEN ES BRUEGEL?

Dicen hoy los periódicos que Jean Claude Trichet, ex - presidente del BCE, que fué sustituido por Mario Draghi - vicepresidente para Europa de Goldman Sachs hasta enero de 2006, luego gobernador del Banco de Italia - , ha sido nombrado presidente de Bruegel, un think tank o laboratorio de ideas "especializado en las políticas económicas europeas". Parece que Trichet reemplaza a un ex-viceprimer ministro polaco que ahora es el presidente del Banco Central de Polonia, el cual a su vez sustituyó a MarioMonti, il professore que es el actual primer ministro italiano.

Para conocer algo más concreto del trabajo de orientación política de esta organización autodenominada como "orientadora de políticas" o policy making, que fue fundada en el 2005, coincidiendo con el giro neoliberal de las políticas europeas, puede consultarse la página web de esta  institución y su declaración de intenciones:

http://www.bruegel.org/fileadmin/bruegel_files/Statutes_and_bylaws/Research_integrity_statemenet/EN_Research_Integrity_Statement.pdf

La organización fué cobrando cuerpo a lo largo de 2002 y nació a la luz a partir de una declaración conjunta franco - alemana de 22 de enero de 2003. El primer presidente de esta institución fué Mario Monti, desde el 2005 al 2008, y en recompensa a su enorme contribución a la firma, fué declarado presidente honorario de ella. Es conveniente recordar que Monti fue director europeo de la comisión Trilateral, formó parte de la directiva del Club Bildelberg y asesor de Goldman Sachs en el período en que esta compañía ayudó a enmascarar el déficit de la economía griega bajo el gobierno conservador de Karamanlis, antes de su nominación como presidente del gobierno italiano para sustiuir a Berlusconi.

Los once miembros del consejo de Bruegel pueden ser consultados en su página web, y entre ellos está un español, José Manuel Campa, que ocupó como es sabido el puesto de Secretario de Estado de Economía con el gobierno Zapatero, y actualmente forma parte del claustro de profesores del IESE - Universidad de Navarra como titular de la cátedra de Instituciones Financieras y Gobierno corporativo del Banco de Santander. Otros miembros del consejo de Bruegel ´tienen también biografías interesantes. Ana Ekström, presidenta de la Confederación sueca de asociaciones profesionales (SACO) y miembro de la comisión ejecutiva de la CES, Vittorio Grilli, director general del tesoro y ministro de economía y finanzas de Italia hasta noviembre de 2011, Jim O'Neill, presidente de la división de empresas de Goldman Sachs, Jan Ficher, vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el desarrollo, junto a empresarios de telecomunicaciones, y académicos economistas de prestigio.

Por otra parte, esta organización está directamente relacionada con ÉFIGE, es decir, European Firms in a Global Economy, cuya carta de presentación es muy clara: "Los Estados no producen, no comercian, no compiten. Son las empresas quienes producen, quienes comercian, quienes compiten. Esta sencilla verdad hace evidente que un análisis de la actuación de las empresas es esencial para una correcta orientación sobre las políticas (públicas) a realizar". (http://www.efige.org/about/)

La influencia de estas instituciones sobre las políticas que están adoptando las autoridades europeas, el BCE y el FMI, puede fácilmente adivinarse. Por eso es interesante conocer de su existencia y seguir sus evoluciones y sus análisis como pensamiento y teoría que se impone de forma transversal a las posiciones políticas que se expresan de manera diferenciada como centro-derecha y centro-izquierda en Europa, y que tienen como objetivo la alteración radical de los equilibrios de poder político y social en el modelo europeo. Permanezcamos atentos a la pantalla.

I CONGRESO "ECONOMIA, TRABAJO Y SOCIEDAD", CONVOCADO POR LA FUNDACIÓN 1 DE MAYO

La Fundación 1º de Mayo, en colaboración con European Trade Unión Institute y diversas universidades, ha convocado para el 21 y 22 de Junio de 2012 el primer Congreso "Trabajo, Economía y Sociedad" bajo el lema "Alternativas para una salida social a la crisis". Las inscripciones podrán realizarse, siguiendo las indicaciones que figuran en el programa, en el período comprendido entre el 12 de abril y el 10 de junio 2012.

Esta información está disponible en la web de la Fundación http://www.1mayo.ccoo.es/

Cuando el 19 de junio de 2009 se presentó, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, un manifiesto suscrito por 750 expertos y científicos sociales bajo el título genérico de “El trabajo, fundamento de un crecimiento económico sostenible”, se abría un cauce de confluencia y colaboración entre el movimiento sindical y una amplia red de profesionales e investigadores universitarios en las áreas de la economía, la sociología y el derecho del trabajo, en el marco del debate social y la construcción de alternativas de progreso.

Ahora, algo más de cuatro años después, cuando la gravedad de la crisis económica y la agresividad antisocial de la gestión conservadora de la misma amenazan la cohesión social y las conquistas civilizatorias del movimiento obrero y el Estado de Bienestar, consideramos necesario dar continuidad formal y articulación operativa a aquel impulso inicial de reflexión y convergencia a través de este primer Congreso sobre “Trabajo, Economía y Sociedad”, cuya convocatoria se dirige, junto a sindicalistas, a toda la comunidad científica de dichas áreas de conocimiento, y tiene por objeto presentar, compartir, debatir y operativizar sus respectivas investigaciones, reflexiones y propuestas.

El lema escogido para esta primera edición del Congreso, que se plantea con voluntad de continuidad, es el de “Alternativas para una salida social a la crisis” y su convocatoria y organización corresponden a la Fundación 1º de Mayo, vinculada a la Confederación Sindical de CC.OO. y dedicada a la realización de estudios e investigaciones en el ámbito sociolaboral, en colaboración con instituciones similares de ámbito nacional y europeo, contándose asimismo con la colaboración de diversas universidades.

Los trabajos y debates del Congreso tendrán carácter interdisciplinar (economía, sociología y derecho del trabajo) y se articularán en torno a los siguientes ejes temáticos:

I. Crisis económica y globalización

II. Hacia un nuevo modelo productivo

III. Cambios en el trabajo y las relaciones laborales

IV. Reforma fiscal, modelo social y Estado de Bienestar

Las sesiones del Congreso serán de carácter plenario en unos casos (Conferencias y

Mesas redondas) y distribuidas otras en grupos temáticos (talleres en los que se presentarán y debatirán las comunicaciones registradas).

Está prevista una conferencia de apertura a cargo de Umberto Romagnoli, que lleva por título El derecho del trabajo ante la crisis. Una perspectiva europea. La conferencia de clausura la dará Antonio Gutierrez, con el título "Por una salida social de la crisis. Reflexiones y propuestas"

LOS DERECHOS SOCIALES EN LA UNIÓN EUROPEA ENTRE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y POLÍTICA

A pesar de la crisis por la que atraviesa Europa, el curso de Especialización para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales (el grupo Bolonia-Castilla La Mancha – OIT) de 2012 continúa la magnífica iniciativa que cuenta ya con más de veinte años de historia y que ha generado una amplia y activa red de ex participantes diseminados por toda América Latina. Es más, viene a dar cuenta de ella y expresa la voluntad de no interrumpir los contactos con una amplia audiencia de interesad@s potenciales superando las dificultades que en tiempos recientes se han presentado. Es de destacar que la edición de este año consolida la colaboración entre Universidades con una ya larga vinculación al Curso, como las de Bolonia, Ferrara, Venecia, Verona, Complutense de Madrid y Castilla-La Mancha, a las que se suman este año las de Málaga y Barcelona. Como en otras ocasiones, cuenta con la importante participación de destacados miembros de la OIT, en este caso con el Director de la Oficina de la OIT en España.

El Curso, a la vista de la muy positiva experiencia de años anteriores, se ha concentrado en dos semanas (del 10 al 21 de septiembre) para que la asistencia al mismo no perturbe en exceso la vida personal y profesional de quienes participen. Lo que de manera clara asemeja la edición 2012 con sus precedentes son sus características de fondo. También ésta ha sido concebida y decidida por sus tradicionales socios académicos. En efecto, la de 2012 pretende transmitir el sentido de una iniciativa participada por el núcleo fundador del Curso. La coordinación de Pedro Guglielmetti y la dirección académica de Umberto Romagnoli y de Joaquín Aparicio garantizan de forma evidente su excelencia y su interés profesional.

Si en la edición del año anterior el Curso estuvo dedicado a analizar el problema de las crecientes desigualdades en el mundo del trabajo, en la de este año el objetivo es indagar cómo la llamada “emergencia económica”, que tan utilizada ha sido a finales de los 90 y en los años iniciales del nuevo siglo en América Latina, está dando lugar en Europa a un cambio de paradigma que pone en cuestión, no solo el estado social, sino también el estado democrático, tal y como había venido siendo entendido hasta tiempos recientes. La gran cuestión es si Europa saldrá de esta crisis más empobrecida y menos civilizada. O dicho de otro modo, si las libertades del “mercado” serán inmunes a la participación democrática, a las decisiones políticas, generando con ello fuertes desequilibrios en el reparto de la riqueza.

Al tratar esta materia se mantiene una continuidad con el “espíritu” del Curso, que no es otro que la consideración de que, si bien el Derecho del Trabajo (utilizado en su sentido más amplio) es el más eurocéntrico de los derechos, no lo es menos que en Latinoamérica ha echado raíces, pero no puede dejar de tenerse en cuenta que las normas jurídicas no operan en el vacío, sino dentro de un contexto social y político determinado que las condiciona. Hay ejemplos latinoamericanos particularmente interesantes al respecto porque, si bien en general el Derecho y en particular el Derecho del Trabajo en ese continente responde a la larga onda de la cultura europea, la organización de su economía y con frecuencia su organización política, ha estado sometida a la influencia de las fuerzas del mercado y a los dictados de organismos económicos supranacionales, como parece que está ocurriendo ahora en Europa. Pero si en Europa se han conseguido importantes cotas de igualdad, hoy cuestionadas, en América Latina, es esa una ardua tarea pendiente, ahora que se aprecian en el continente avances en el desarrollo económico.

El Curso, como en años anteriores está dirigido a juristas, economistas, sociólogos y psicólogos expertos en relaciones laborales que desarrollen sus actividades en las Universidades, en la administración del Estado, en la judicatura, como profesionales por cuenta propia o como asesores de organizaciones sindicales o empresariales.

Las tasas son de 1.200€. Cubren las actividades docentes, la documentación científica que se les suministrará a l@s participantes, el alojamiento y alimentación desde el 10 al 21 de septiembre (el alojamiento desde el 9) de 2012, así como seguro médico. No incluyen los gastos de viaje desde los países de origen respectivos hasta Toledo.

Al ser un curso de alta especialización las necesidades docentes exigen un “numerus clausus” que se establece en 30 personas, reservándose 5 a ex-participantes que deseen cursar la edición de 2012.

El Curso tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, sita en la ciudad de Toledo, en el antiguo convento de San Pedro Mártir. Habrá traducción simultánea para las sesiones en las que las ponencias sean en italiano.

El plazo de presentación de candidaturas comienza el 1 de abril de 2012 y finaliza el 20 de mayo del mismo año.

Para solicitar información y presentar candidaturas, que deberán ir acompañadas de un curriculum vitae abreviado, l@s interesad@s deben dirigirse a:

Elisa Cano. Colegio Mayor Gregorio Marañón. Plaza de Padilla s/n 45071 Toledo (España) Teléfono: 0034 925 268800, extensión 5212

Correo electrónico: Elisa.Cano@uclm.es

Este es el programa del Curso, cuyo Coordinador General es Pedro Guglielmetti:

Lunes, 10 de septiembre.

9,30- 10,00 Entrega de materiales y Acto de bienvenida en la Universidad de Castilla-La Mancha. Saludo a los participantes por autoridades académicas de la Universidad de Castilla-La Mancha.

10.00- 12.- La tensión ente lo nacional y lo supranacional, lo social y lo económico en la Unión Europea y el reparto de competencias entre la Unión y los Estados Miembros. Joaquín Aparicio Tovar. Catedrático de Derecho del Trabajo de la UCLM

12.30.- 13.30 Debate.

13.30 Almuerzo de bienvenida.

16.00- Puesta en común de las realidades nacionales.

21.00.- Cena

Martes, 11 de septiembre.

9.30- 11.30. La crisis de 2008 y la política económica de la Unión Europea. Carlos Berzosa Alonso-Martinez. Catedrático de Economía Aplicada, Ex Rector Magnifico de la Universidad Complutense de Madrid.

11.30- 12.00 Pausa.

12.00-14.00. Los límites constitucionales a la cesión de competencias soberanas de los estados a la Unión Europea. Miguel Rodriguez-Piñero y Bravo Ferrer, Consejero de Estado, Ex presidente del Tribunal Constitucional

14.- Almuerzo.

16.00.- Trabajo en grupos.

21.00.- Cena

Miércoles, 12 de septiembre.

9,30.- 11.30. La institucionalización de las políticas ajuste permanente en la Unión Monetaria: Banco Central Europeo y Pacto de Estabilidad. Alberto Montero. Profesor Contratado Doctor de Economía Aplicada. Universidad de Málaga.

11.30-12.00. Pausa.

12.00- 14.00. La crisis del pacto social constituyente de la 2ª postguerra en Europa. Gerardo Pisarello. Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad de Barcelona.

14.00 Almuerzo.

16.30.- Trabajo en grupos.

21.00.- Cena

Jueves, 13 de septiembre.

9,30 – 11.30. La regresión en derechos por las reformas laborales impuestas. Berta Valdés de la Vega, Catedrática de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla-La Mancha.

11.30 – 12. Pausa.

12.00-14.00. El trabajo en los márgenes: irregular, joven, inmigrante, femenino. Laura Mora Cabello de Alba. Profesora Contratada Doctora. Universidad de Castilla-La Mancha

14.00.- Almuerzo.

16,00.- Trabajo en grupos.

21.00.- Cena

Viernes, 14 de septiembre.

10-12.- Mesa redonda con altos representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, Asociaciones Empresariales y de la Administración Laboral.

12.00 Pausa.

12.30 -13.30 Debate.

Lunes, 17 de septiembre.

9.30 – 11,30.- Sindicatos y negociación colectiva en la Europa de la crisis. Joaquín Pérez Rey. Profesor Titular de Derecho del Trabajo. Universidad Castilla-La Mancha.

11.30-12.- Pausa

12.- La OIT ante la crisis. Joaquín Nieto. Director de la Oficina de la OIT en España.

14.00 Almuerzo.

16,00.- Trabajo en grupos.

21.00.-Cena

Martes, 18 de septiembre

9,30- 11.30.- Como se reforma el mercado de trabajo. La tiranía de la tasa de empleo. Federico Martelloni. Ricercatore confermato. Universidad de Bolonia.

11,30- 12.00.- Pausa.

12-14.- La deriva del contrato de trabajo estándar. Donata Gottardi, Professoressa Ordinaria, Universidad de Verona, Ex-Parlamentaria Europea.

14. Almuerzo

16,30.- Trabajo en grupos.

21.00.- Cena.

Miércoles 19 de septiembre.

9.30-11.30. La crisis y el trabajo: ¿Porqué liberalizar el despido? Luigi Mariucci. Professore Ordinario. Universidad de Venecia.

11.30-12 Pausa

12-14.- La protección en el mercado de trabajo. Gian Guido Balandi. Professore Ordinario. Universidad de Ferrara.

14. -Almuerzo

16.30 Trabajo en grupos.

21.00.- Cena

Jueves 20 de septiembre

9.30- 11.30.- El gobierno de la crisis entre el poder legislativo y la contratación colectiva. Andrea Lassandari. Professore Asociato confermato. Universidad de Bolonia.

11.30-12.- Pausa.

12-14.- Porqué la emergencia económica llega a ser una emergencia democrática. Umberto Romagnoli. Professore Ordinario. Universidad de Bolonia.

14.- Almuerzo

16.30-18.30.- Trabajo en grupos

21.00.- Cena de clausura en el Cigarral de las Mercedes.

Viernes 21 de septiembre

9.30- 11.30.- Exposición de trabajos de grupos.

11.30-12 00.- Pausa.

12.00- 13.00. Acto de clausura y entrega de Diplomas.