Hay diseminadas por todo el país iniciativas culturales interesantes que pretenden crear opinión desde una perspectiva ideológica y política crítica con lo existente. Son espacios en los que se analiza la actualidad focalizada desde una perspectiva diferente a la que comúnmente se emplea por los medios de comunicación y que por tanto sostienen una visión alternativa a la que se divulga de forma mayoritaria. Muchos de estas iniciativas no son conocidas más allá del territorio o del ambiente concreto en el que se desarrollan, pero testimonian una cierta capacidad de resistencia y de propuesta desde ámbitos y perspectivas plurales pero convergentes en una cierta amplia noción de la izquierda alternativa.
Una de estas iniciativas se lleva a cabo en el Pais Vasco, y lleva por
título “Galde”, es decir pregunta,
interrogación, lo que cuadra perfectamente con un proyecto en el que lo
importante es plantearse las cuestiones antes que enunciar las respuestas. Galde es
una revista que sale trimestralmente, tiene su sede en Donostia y permite
acceder a los contenidos de los números anteriores al del trimestre en
publicación mediante su consulta y su descarga en la página web de la misma: www.galde.eu . En el
número 16 de la misma, correspondiente al otoño del 2016, Tomás Arrieta, que es abogado laboralista y actualmente presidente
del Consejo de Relaciones Laborales del Pais Vasco, y Miren Ortubay, profesora titular de Derecho Penal de la EHU/UPV y
asesora jurídica del Ararteko desde 1995 a 2006, prepararon un dossier sobre el
derecho, al que dieron como línea de tendencia la de reflexionar sobre “el
retroceso del Derecho frente al poder”, que fundamentalmente se centrará en dos
materias fundamentales, la del derecho penal y la del derecho del trabajo,
objeto de reformas y de interpretaciones que corrompen el paradigma garantista
y colectivo que les caracterizaba.
El cuaderno monográfico se abre con un artículo de los coordinadores del
mismo, en el que se preguntan cómo ha evolucionado el derecho de ser un
instrumento de nivelación a constituir un elemento que refuerza las
desigualdades en nuestra sociedad, señalando tanto el proceso de reformas
laborales, en especial la del 2012, como el incremento represivo en el derecho
penal que tras las reformas de 2003 y 2010, ha culminado en el 2015 con la
introducción de la “cadena perpetua” como símbolo por antonomasia de la
política criminal que niega la reinserción que la Constitución reconoce.
A continuación, Miren Ortubay realiza
una muy interesante entrevista a Ramón
Sáez Valcárcel, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,
que fue vocal del CGPJ y es miembro de Jueces para la Democracia y del Grupo de
Estudios de Política Criminal, que aborda en la misma una amplia batería de
problemas planteados al derecho desde la constatación de una situación en la
que se está desmontando el Estado social y se deterioran progresivamente las
garantías de los derechos que afectan a los sectores de la población más vulnerables,
a los sujetos débiles, lo que se aprecia tanto en el ámbito laboral como en el
incremento del rigor punitivo del Estado. La entrevista discurre de forma más
extensa sobre la función del juez, en el margen que la imprecisión de la ley y
el empleo de una perspectiva multinivel en la aplicación de la norma, que
implica también la norma internacional de derechos humanos, abre al mismo y
permite corregir algunas de las consecuencias más negativas que la capacidad
normativa directa del capital financiero pretende llevar a cabo en el ordenamiento
interno español.
Ramon Saéz efectúa además algunas reflexiones relevantes sobre
la posición activa del juez comprometido con el principio de igualdad efectiva,
entendiendo que el uso alternativo del derecho, que fue una propuesta democrática
que pretendía desarrollar la cláusula del estado social de la Constitución, “es
un rótulo que puede llevar a confusión”, porque el programa de tutela de los derechos y la reparación de la
legalidad violada es la misión que la Constitución impone a los jueces, por lo
que “no es necesario buscar alternativas al principio de legalidad”, sino aplicar
la Constitución y la ley, que incluye la legalidad internacional, “los grandes
tratados de derechos humanos”. Es decir, que “la cultura de la legalidad es el
programa de la función jurisdiccional como órgano de garantía, restaurar la ley
vulnerada por los poderes y tutelar todos los derechos fundamentales, entre
ellos los derechos sociales que son sustento de la dignidad de las personas”. Y,
consecuentemente, el “modelo de juez” constitucional “se corresponde con el de
un poder público que opera como tercero imparcial en el proceso, entre partes y
razones enfrentadas, que construye los hechos con respeto al método del contradictorio,
único capaz de producir un saber de calidad, y que selecciona e interpreta la
norma aplicable al caso con conciencia crítica, que motiva y justifica sus
decisiones buscando dotar de la mayor eficacia posible a los derechos fundamentales,
siendo consciente del margen de disposición que le confiere la norma para hacer
un uso prudente y razonable de la misma”. Desde un punto de vista psicologista,
el juez debería ser un “espectador emotivo capaz de identificar en el proceso
el sufrimiento ajeno para tutelar los derechos e intereses legítimos de los más
débiles”, ejercitando, dentro de lo que el ordenamiento jurídico le permite, su
poder de disposición, que en ocasiones no es pequeño, razonando siempre desde
el derecho.
A partir de esta conversación, en el cuaderno se incluyen intervenciones
sobre temas específicos relativos al incremento de la incriminación penal y el
control social, desde el análisis crítico del derecho penal y procesal del
enemigo, que lleva a cabo Guillermo
Portilla, catedrático de derecho penal de la universidad de Jaén, la
cultura del control social que se han ido instalando en estos últimos años en
lo que se califica como “estados autoritarios de derecho”, que efectúa Maria Luisa Maqueda, catedrática de
derecho penal de la universidad de Granada, hasta una reflexión de Julián Ríos, profesor de derecho
penitenciario de la Universidad de Comillas, sobre la estrategia securitaria de
los estados y sus efectos penitenciarios, la llamada “fábrica mediática del pánico”en
una suerte de “populismo punitivo” que incrementa las penas y la población carcelaria,
o al examen crítico del Estatuto de la Víctima del Delito promulgado mediante
la Ley 4/2015, que efectúa Begoña Castro,
abogada y mediadora del colegio de Abogados de Madrid.
Tras estos temas fundamentalmente referidos a la vertiente represiva del
Estado y la alteración de sus paradigmas garantistas, se colocan los últimos
artículos del cuaderno, que abordan, respectivamente, la eficacia de las leyes
promulgadas para combatir las discriminaciones más graves o potenciar la
igualdad, en un artículo en euskera de Miren
Ortubay en el que se pregunta si es el derecho un aliado para las mujeres;
la problemática de la crisis actual en el derecho del trabajo que provoca un
derecho del trabajo en crisis, en una intervención de Antonio Baylos, y una reflexión de Sebas Martín, profesor de Historia del Derecho en la Universidad de
Sevilla, sobre la necesidad de una historia social de los derechos para explicar las dos caras del
constitucionalismo, el constitucionalismo de los humildes frente al constitucionalismo
de los poderosos, fuertemente crítico respecto de la “restauración del
constitucionalismo oligárquico” que estamos padeciendo y sus efectos
enormemente negativos.
En resumen, un conjunto de interrogantes sobre la evolución de los sistemas
jurídicos en un contexto de la globalización desenfrenada que conducen a un
marco de restricción de los derechos que afectan a las capas subalternas de la
población, generando un marco regulador que pretende consolidar un modelo
neoautoritario político y social, una democracia de “baja intensidad” que ampare
y fomente la desigualdad social, económica y cultural entre los distintos
sectores de la población, consolidando la concentración de riqueza en manos de
unos pocos. Una lectura muy recomendable, en suma, no sólo para juristas, sino
para todos aquellos que quieran encontrar herramientas de análisis que les
permitan comprender mejor el curso de las cosas. Lo que en el último día del
año debería ser nuestro mayor deseo para el año nuevo.
El
cuaderno monográfico sobre el Derecho de
la revista Galde se puede descargar
aquí:
