Tarso Genro, que fue alcalde de Porto Alegre,
ministro en los distintos gobiernos de Lula y gobernador del Estado de Rio
Grande do Sul, es además líder de la minoría más importante del PT, que celebra
su congreso el año próximo en abril, y uno de los exponentes de la teoría y de la acción
política más renombrados de América Latina. Preside en la actualidad el
Instituto Nuevos Paradigmas, que está empeñado en efectuar una reflexión
transversal sobre los cambios en el trabajo y en la composición del Estado en
el momento actual de la globalización. Tarso
Genro está en España y en Portugal durante algunos de estos días de
diciembre, cumpliendo una agenda de debates con personalidades políticas,
académicas y de relevancia social, para dialogar de la “cuestión democrática”.
El lunes 11 de diciembre, tras una conferencia muy nutrida realizada en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Valencia, presentada por el alcalde, Joan Ribó, que llevó por título
“Ciudades, política y participación ciudadana”, mantuvo un debate con una treintena
de cuadros políticos del bloque de gobierno que tiene la mayoría en Valencia, y
se trasladó a Madrid al día siguiente. Allí, el martes 13 de diciembre, tuvo
una reunión informal con una serie de profesores y alumnos del master y
doctorado de Ciencias Políticas auspiciada por la Fundación de Investigaciones
Marxistas, donde se examinó y debatió la experiencia brasileña y la situación
actual. El programa de actividades incluye una visita a la alcaldesa de Madrid
el miércoles 14 de diciembre, un seminario en la Fundación Alternativas el
jueves 15 junto con una entrevista con el secretario general de CCOO ese mismo
día, así como encuentros con otras personalidades entre las que destaca Baltasar Garzón .
La crisis política en la que vive Brasil
y la disolución de la gobernabilidad a través de acciones de
excepcionalidad política instrumentalizada de un lado por el sistema judicial y
por otro impulsada por los oligopolios de los medios de comunicación, es un
hecho importante en lo que se puede calificar de revocación del proceso de
cambio que América Latina ha vivido en
los últimos quince años, con la emersión de las democracias andinas y el
régimen bolivariano en Venezuela, y la conformación de un bloque de progreso en
Brasil bajo la presidencia de Lula, el Uruguay de Pepe Mujica y la Argentina de
los Kirchner.
La revocación de esta nueva presencia democrática en tantos países de
América Latina, que se desarrollaba junto a una percepción claramente
continental de la política interna, situando por consiguiente a estos países en
el marco de un espacio transnacional que permitiera dar una opción organizativa
interestatal a los procesos mercantiles y financieros que surcaban la
globalización, se ha producido de manera acelerada a los largo del presente
año, aunque naturalmente sus raíces se encuentran antes. En Brasil, la crisis
política se declara en el 2013, con las grandes movilizaciones en algunos
estados coincidente con el agotamiento del modelo de alianzas con el centro
político y ciertos sectores de la oligarquía empresaria como el agro negocio, que
había impulsado y sostenido los gobiernos del presidente Lula y de la
presidenta Dilma hasta aquel momento. Sin embargo, no se reaccionó a tiempo
impulsando, como se debía haber realizado, una reforma política que implicara a
su vez la conformación de un bloque de alianzas de progreso que hubiera
abordado verdaderas reformas de estructura, en especial la reforma tributaria y
fiscal en un sentido redistributivo e igualitario, modificando así el sistema impositivo
que en Brasil es especialmente injusto y desigual.
Es seguro sin embargo que la política redistributiva de los años dela
presidencia de Lula y Dilma ha generado efectos muy decisivos, sacando de la pobreza a más de cincuenta millones de
personas. Pero es también cierto que, como ha sucedido en Venezuela, una buena
parte de la financiación de este esfuerzo se había realizado a partir del
elevado precio en el mercado mundial de las commodities
y que por tanto, al caer éstas, se produce una fuerte crisis fiscal que obliga
al endeudamiento del Estado. A ello se une la percepción de las conquistas
sociales de esta época más como concesiones del poder público, con una especial
imputación identitaria al presidente Lula, que como derechos conquistados que
requieren por tanto un esfuerzo colectivo por mantenerlos y desarrollarlos. El
propio PT, cuyos principales dirigentes , junto con los de una buena parte de
los movimientos sociales en los que estaba imbricado, fueron cooptados por las
estructuras institucionales para el desempeño de funciones públicas, derivó su
capacidad de incidencia y su propio debate interno a la lucha por los espacios
de poder en la labor de gobierno, descuidando la discusión programática sobre
la dirección de ésta y sus objetivos finales. Se produjo un intercambio
permanente a través de los presupuestos, especialmente los estatales, entre la
fidelidad al gobierno y el reconocimiento de los grupos sociales que obtenían
así ventajas sociales o mejores condiciones de laborales, lo que venía a
conformar una lógica neocorporativa de gobernanza. Junto a ello, finalmente, la
corrupción a través de la financiación de las campañas electorales y, más allá,
de los patrimonios personales, y la campaña moralizante que puso su foco de
atención sobre la “conducta desviada” del PT, y que fundamentalmente ha
concluido con una persecución judicial hacia el presidente Lula, para evitar
que se pueda presentar en las presidenciales del 2018, con la intensa
colaboración de los oligopolios mediáticos, ha sido extraordinariamente eficaz
en la deslegitimación del PT como referente moral y político del cambio.
En el Brasil actual, este proceso se ha llevado a cabo mediante la
manipulación de los mecanismos institucionales que han logrado la destitución
de la presidenta Dilma y la constitución de un gobierno que ha procedido a
desmontar sin dilación las estructuras de garantía de derechos laborales y
sociales y que, justamente ayer llevó a cabo la definitiva revocación del
Estado social y por tanto de los derechos sociales reconocidos en la
Constitución brasileña de 1988, mediante la votación de la Propuesta de
Enmienda Constitucional (PEC) 241/55 que fija un techo al gasto público y lo
congela durante veinte años consecutivos, signando así un futuro de devastación
social, pobreza y miseria que revertirá en inseguridad ciudadana y aumento de
la criminalidad, desligando el tejido social conectivo y rompiendo las
solidaridades entre las clases subalternas. Alcanzado este objetivo, y a su vez
convictos de importantes delitos de corrupción la práctica totalidad del grupo
dirigente del gobierno – comenzando por el ilegítimo presidente Temer - y de sus exponentes
parlamentarios que llevaron a cabo el golpe contra la legítima presidente del
país, la situación política debe desembocar, naturalmente, en las elecciones
anticipadas.
La situación es muy grave, y refleja el hecho ineludible de la apropiación
del Estado por el capital financiero, que requiere expresamente de éste el pago
continuado y total de la deuda, en una suerte de proceso de subsunción que
expulsa la política entendida como el debate sobre las opciones de organización
de la vida social en torno a valores democráticos y anula la soberanía del
Estado entendida como capacidad de decisión y de compromiso político y jurídico
respecto de la vigencia de un sistema de derechos individuales y colectivos.
Éstos sólo pueden tener virtualidad si no colisionan, siquiera sea mínimamente,
con la exigencia del pago de los intereses de la deuda y el respeto a las
inversiones efectuadas por las grandes transnacionales y conducidas por las
instituciones financieras internacionales. De ahí la situación de
excepcionalidad política y social que acompaña estas tendencias en acto y que,
como es perfectamente apreciable, constituyen una constante del globalismo
contemporáneo que se manifiesta especialmente en Europa a través de la
instauración de un modelo neoautoritario de relaciones laborales y de
contracción del Estado social mediante la puesta en práctica de la “nueva”
gobernanza económica.
Comprender la globalización no como un hecho técnico ni como un fenómeno
natural inmodificable, sino como un objeto político, que debe ser recibida y
transformada como fuerza positiva, es una tarea importante para las izquierdas –
políticas y sociales – españolas, portuguesas y de América Latina, que
posiblemente tienen puntos de partida culturales que les facilita la puesta en
común de experiencias y de proyectos de acción. Las grandes narraciones históricas
no explican el momento actual, y el neoliberalismo ha construido sentido de
vida y de pertenencia en torno al mercado y a la apropiación individual
mediante el consumo que se despliega a nivel global, con una impresionante
homogeneidad en diferentes territorios y atmósferas culturales. Recuperar el
espacio público y colectivo, conocer y trabajar críticamente las nuevas formas
de producción normativa, desplegar y participar formas de resistencia y logros
organizativos y en fin orientar la acción política hacia la solidaridad internacional,
conformando espacios transnacionales por los que pueda transitar y arraigarse,
constituyen los retos actuales del pensamiento político emancipador del que
precisamente Tarso Genro y un amplio
grupo de personas en torno al mismo constituyen un magnífico ejemplo.
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