EXCEPCIONALIDAD POLITICA Y CAPITALISMO FINANCIERO. UNA REFLEXIÓN A PROPÓSITO DE BRASIL

Tarso Genro, que fue alcalde de Porto Alegre, ministro en los distintos gobiernos de Lula y gobernador del Estado de Rio Grande do Sul, es además líder de la minoría más importante del PT, que celebra su congreso el año próximo en abril, y uno de los  exponentes de la teoría y de la acción política más renombrados de América Latina. Preside en la actualidad el Instituto Nuevos Paradigmas, que está empeñado en efectuar una reflexión transversal sobre los cambios en el trabajo y en la composición del Estado en el momento actual de la globalización. Tarso Genro está en España y en Portugal durante algunos de estos días de diciembre, cumpliendo una agenda de debates con personalidades políticas, académicas y de relevancia social, para dialogar de la “cuestión democrática”.

El lunes 11 de diciembre, tras una conferencia muy nutrida realizada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valencia, presentada por el alcalde, Joan Ribó, que llevó por título “Ciudades, política y participación ciudadana”, mantuvo un debate con una treintena de cuadros políticos del bloque de gobierno que tiene la mayoría en Valencia, y se trasladó a Madrid al día siguiente. Allí, el martes 13 de diciembre, tuvo una reunión informal con una serie de profesores y alumnos del master y doctorado de Ciencias Políticas auspiciada por la Fundación de Investigaciones Marxistas, donde se examinó y debatió la experiencia brasileña y la situación actual. El programa de actividades incluye una visita a la alcaldesa de Madrid el miércoles 14 de diciembre, un seminario en la Fundación Alternativas el jueves 15 junto con una entrevista con el secretario general de CCOO ese mismo día, así como encuentros con otras personalidades entre las que destaca Baltasar Garzón .

La crisis política en la que vive Brasil  y la disolución de la gobernabilidad a través de acciones de excepcionalidad política instrumentalizada de un lado por el sistema judicial y por otro impulsada por los oligopolios de los medios de comunicación, es un hecho importante en lo que se puede calificar de revocación del proceso de cambio que América Latina ha vivido en  los últimos quince años, con la emersión de las democracias andinas y el régimen bolivariano en Venezuela, y la conformación de un bloque de progreso en Brasil bajo la presidencia de Lula, el Uruguay de Pepe Mujica y la Argentina de los Kirchner.

La revocación de esta nueva presencia democrática en tantos países de América Latina, que se desarrollaba junto a una percepción claramente continental de la política interna, situando por consiguiente a estos países en el marco de un espacio transnacional que permitiera dar una opción organizativa interestatal a los procesos mercantiles y financieros que surcaban la globalización, se ha producido de manera acelerada a los largo del presente año, aunque naturalmente sus raíces se encuentran antes. En Brasil, la crisis política se declara en el 2013, con las grandes movilizaciones en algunos estados coincidente con el agotamiento del modelo de alianzas con el centro político y ciertos sectores de la oligarquía empresaria como el agro negocio, que había impulsado y sostenido los gobiernos del presidente Lula y de la presidenta Dilma hasta aquel momento. Sin embargo, no se reaccionó a tiempo impulsando, como se debía haber realizado, una reforma política que implicara a su vez la conformación de un bloque de alianzas de progreso que hubiera abordado verdaderas reformas de estructura, en especial la reforma tributaria y fiscal en un sentido redistributivo e igualitario, modificando así el sistema impositivo que en Brasil es especialmente injusto y desigual.

Es seguro sin embargo que la política redistributiva de los años dela presidencia de Lula y Dilma ha generado efectos muy decisivos, sacando  de la pobreza a más de cincuenta millones de personas. Pero es también cierto que, como ha sucedido en Venezuela, una buena parte de la financiación de este esfuerzo se había realizado a partir del elevado precio en el mercado mundial de las commodities y que por tanto, al caer éstas, se produce una fuerte crisis fiscal que obliga al endeudamiento del Estado. A ello se une la percepción de las conquistas sociales de esta época más como concesiones del poder público, con una especial imputación identitaria al presidente Lula, que como derechos conquistados que requieren por tanto un esfuerzo colectivo por mantenerlos y desarrollarlos. El propio PT, cuyos principales dirigentes , junto con los de una buena parte de los movimientos sociales en los que estaba imbricado, fueron cooptados por las estructuras institucionales para el desempeño de funciones públicas, derivó su capacidad de incidencia y su propio debate interno a la lucha por los espacios de poder en la labor de gobierno, descuidando la discusión programática sobre la dirección de ésta y sus objetivos finales. Se produjo un intercambio permanente a través de los presupuestos, especialmente los estatales, entre la fidelidad al gobierno y el reconocimiento de los grupos sociales que obtenían así ventajas sociales o mejores condiciones de laborales, lo que venía a conformar una lógica neocorporativa de gobernanza. Junto a ello, finalmente, la corrupción a través de la financiación de las campañas electorales y, más allá, de los patrimonios personales, y la campaña moralizante que puso su foco de atención sobre la “conducta desviada” del PT, y que fundamentalmente ha concluido con una persecución judicial hacia el presidente Lula, para evitar que se pueda presentar en las presidenciales del 2018, con la intensa colaboración de los oligopolios mediáticos, ha sido extraordinariamente eficaz en la deslegitimación del PT como referente moral y político del cambio.

En el Brasil actual, este proceso se ha llevado a cabo mediante la manipulación de los mecanismos institucionales que han logrado la destitución de la presidenta Dilma y la constitución de un gobierno que ha procedido a desmontar sin dilación las estructuras de garantía de derechos laborales y sociales y que, justamente ayer llevó a cabo la definitiva revocación del Estado social y por tanto de los derechos sociales reconocidos en la Constitución brasileña de 1988, mediante la votación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 241/55 que fija un techo al gasto público y lo congela durante veinte años consecutivos, signando así un futuro de devastación social, pobreza y miseria que revertirá en inseguridad ciudadana y aumento de la criminalidad, desligando el tejido social conectivo y rompiendo las solidaridades entre las clases subalternas. Alcanzado este objetivo, y a su vez convictos de importantes delitos de corrupción la práctica totalidad del grupo dirigente del gobierno – comenzando por el ilegítimo presidente Temer - y de sus exponentes parlamentarios que llevaron a cabo el golpe contra la legítima presidente del país, la situación política debe desembocar, naturalmente, en las elecciones anticipadas.

La situación es muy grave, y refleja el hecho ineludible de la apropiación del Estado por el capital financiero, que requiere expresamente de éste el pago continuado y total de la deuda, en una suerte de proceso de subsunción que expulsa la política entendida como el debate sobre las opciones de organización de la vida social en torno a valores democráticos y anula la soberanía del Estado entendida como capacidad de decisión y de compromiso político y jurídico respecto de la vigencia de un sistema de derechos individuales y colectivos. Éstos sólo pueden tener virtualidad si no colisionan, siquiera sea mínimamente, con la exigencia del pago de los intereses de la deuda y el respeto a las inversiones efectuadas por las grandes transnacionales y conducidas por las instituciones financieras internacionales. De ahí la situación de excepcionalidad política y social que acompaña estas tendencias en acto y que, como es perfectamente apreciable, constituyen una constante del globalismo contemporáneo que se manifiesta especialmente en Europa a través de la instauración de un modelo neoautoritario de relaciones laborales y de contracción del Estado social mediante la puesta en práctica de la “nueva” gobernanza económica.

Comprender la globalización no como un hecho técnico ni como un fenómeno natural inmodificable, sino como un objeto político, que debe ser recibida y transformada como fuerza positiva, es una tarea importante para las izquierdas – políticas y sociales – españolas, portuguesas y de América Latina, que posiblemente tienen puntos de partida culturales que les facilita la puesta en común de experiencias y de proyectos de acción. Las grandes narraciones históricas no explican el momento actual, y el neoliberalismo ha construido sentido de vida y de pertenencia en torno al mercado y a la apropiación individual mediante el consumo que se despliega a nivel global, con una impresionante homogeneidad en diferentes territorios y atmósferas culturales. Recuperar el espacio público y colectivo, conocer y trabajar críticamente las nuevas formas de producción normativa, desplegar y participar formas de resistencia y logros organizativos y en fin orientar la acción política hacia la solidaridad internacional, conformando espacios transnacionales por los que pueda transitar y arraigarse, constituyen los retos actuales del pensamiento político emancipador del que precisamente Tarso Genro y un amplio grupo de personas en torno al mismo constituyen un magnífico ejemplo.