CRISIS ECONOMICA Y REFUNDACIÓN DEL NEOLIBERALISMO

Como de todos es sabido, por mucho que se habla de ello, no se logran acuerdos políticos o sociales que favorezcan una salida compartida a la crisis económica. En el blog hermano Metiendo Bulla se puede encontrar una lúcida crítica a estas formas de acción y de omisión del Gobierno y de otros agentes políticos. A continuación se inserta una reflexión sobre el devenir de estos procesos y la necesaria reacción a los intentos de refundar con más bríos si cabe el neoliberalismo que ha provocado este estado de cosas.

La crisis se presenta como la validación emprírica de que el modelo hegemónico de regulación social es un modelo económico, social y político que se caracteriza por su violencia, desigualdad e injusticia, y que ha producido una concentración máxima de poder económico junto con el crecimiento exponencial de las desigualdades en todo el planeta. Es por tanto improbable aislar el modelo “laboral” o “social” que acompaña al paradigma económico del neoliberalismo que le sostenía y justificaba, del derrumbe estrepitoso del sistema financiero en el 2008, más aún cuando de ese colapso surgen dos consecuencias importantes: la recuperación de la intervención pública como único salvavidas que permite a la finanzas no desmoronarse, lo que implica una impresionante entrega de fondos públicos en el saneamiento de los grandes bancos que obligan al endeudamiento de todos los estados, en especial en USA y en Europa, y, en segundo lugar, que las consecuencias más terribles de este crack se verifican sobre el empleo, con procesos importantes de destrucción de empleo, cierre de empresas, parón de la actividad económica e incremento exponencial del desempleo, efectos todos ellos derivados del tipo de regulación económico-financiera que se había impuesto a nivel global.

En el caso español, las consecuencias son más graves porque el tejido productivo y el modelo económico eran especialmente sensibles a esta crisis. Como señala un documento de trabajo de la Fundación 1 de Mayo de CCOO, “las causas de la crisis eran achacables a los problemas del sector financiero, a la restricción del crédito y al endeudamiento excesivo de las familias a causa del crédito barato y de la especulación en el sector inmobiliario (“burbuja inmobiliaria”). Y en el caso concreto español en las características de nuestro sistema productivo, basado en gran parte en un empresariado poco profesional, que tiende a la especulación y a la ganancia fácil, a costa de la explotación intensiva de la mano de obra, con baja productividad y dependiente de sectores con poco valor añadido y que generan un mercado de trabajo precario” [Reflexiones y propuestas para el cambio de modelo productivo en España”, Informe nº 13 de la Fundación 1 de mayo, 2009, en http://www.1mayo.ccoo.es/ ]. Es decir, que la elevada destrucción del tejido productivo y del empleo, no es achacable a la regulación de las condiciones de trabajo sino a estos otros factores no condicionados por el tipo de regulación del trabajo o de la protección social. Los datos son contundentes: un millón y medio de parados en un año, que hizo pasar la tasa de desempleo del 9,5 5 al 18%, una cifra total de más de cuatro millones de desempleados.

Sin embargo en el sector del empresariado español, pasada una primera reacción de apoyo a la inyección de dinero público en el sistema financiero, el diagnóstico sobre la crisis se centra en la necesidad de una acción inmediata de flexibilización de las relaciones laborales y de recorte de ingresos para la seguridad social. Estos argumentos han sido planteados con fuerza al punto de conseguir una doble finalidad: hacer imposible un acuerdo con los sindicatos sobre la reforma de algunos aspectos de la regulación legal de la negociación colectiva o la introducción de fórmulas flexibles de reparto del empleo, y arrastrar a una posición de defensa de estos planteamientos a la derecha política del país, que ve la posibilidad de desgastar al Gobierno, al que se le achaca ser incapaz de abordar una legislación laboral y del empleo como forma de reducir los efectos negativos de la crisis. Esta es también la orientación que en los primeros meses del presente año se está imprimiendo al debate europeo.

Pasado el primer instante de estupor o de estado de shock, la crisis se configura como un momento de refundación del mismo modelo de regulación global hasta el momento vigente, con pequeñas correcciones. Se mantiene el “estilo” de gobierno de la economía, no dirigido desde la política y sin intervención pública, reformulando las garantías sociales a la baja, como si no hubiera más opción que confirmar la esencia del sistema de libre empresa en su “amoralidad” y en la resistencia a cualquier regulación. El papel que ha desempeñado la Unión Europea en el caso de Grecia, su reivindicación de las viejas recetas neoliberales que quieren recuperar la economía sobre el sufrimiento de las personas y la degradación de las condiciones de vida y de trabajo, es emblemático al respecto.

En España, la posición que mantienen las instituciones reguladoras de las finanzas como el Banco de España, los intelectuales de apoyo del fundamentalismo monetarista y la plana mayor del asociacionismo empresarial insisten en resolver la paradoja de la crisis mediante la acentuación de su carácter antisocial y anticolectivo. Los esfuerzos por popularizar la figura del llamado “contrato único”, es decir un contrato de libre desistimiento con indemnizaciones crecientes en función de la antigüedad del trabajador que descausaliza el despido y hace irrelevante el control judicial, son suficientemente indicativos de la dirección que se quiere imprimir a la salida a la crisis desde estos sectores. Además de ello, en la tabla reivindicativa de estos sectores económicos y sus aparatos ideológicos, se contiene la exigencia de reducir las contribuciones sociales de los empresarios al sistema de seguridad social y la intangibilidad del sistema fiscal sin aumentar la presión impositiva. Desde estos planteamientos, el acuerdo con los sindicatos no parece posible, pero tampoco conveniente. La prescindibilidad del proceso de concertación social, que ha constituido una seña de identidad del sistema español de relaciones laborales, es la conclusión a la que llevan tales planteamientos, para los que los actores del sistema son sólo dos: el empresariado como agente económico creador de riqueza, y el poder público como organizador y regulador social que debe adoptar medidas de impulso y de desarrollo de los sectores de la economía.

Este tipo de presión se ha extendido además al área de la protección social, especialmente tras la inoportuna e incorrecta propuesta gubernamental de ampliar mecánicamente la edad de jubilación a los 67 años y el aumento del periodo de carencia para tener acceso a la pensión contributiva. La movilización sindical contra estas ideas y la crítica política, no han impedido que tanto el empresariado como poderosos sectores de opinión hayan desplazado también a este terreno el debate sobre la “corrección” del sistema de seguridad social mediante la inserción de segmentos privados de capitalización en el esquema de protección social, la defensa de los llamados “fondos de pensiones” como complemento necesario de un sistema de pensiones progresivamente asistencializado ante lo que se considera un colapso inevitable de la financiación del sistema de Seguridad Social.

El objetivo es reforzar la competitividad del país recortando el coste del trabajo. Son las mismas recetas que durante la década de los noventa el FMI impuso a las economías latinoamericanas y a la zona asiática, generando el sufrimiento y la hambruna de parte de la población, el empobrecimiento de los trabajadores y el aumento superlativo de la desigualdad social. El eje Frankfurt – Bruselas está manejando la crisis desde la ortodoxia neoliberal concebida como un pensamiento único. No es razonable que se hayan realizado esfuerzos decisivos por el poder público para sanear el sistema financiero, amortiguando el riesgo empresarial y recuperando la centralidad del sistema bancario en la distribución de la riqueza – la cifra inicial en España de las aportaciones del Estado es de 190.000 millones de euros – mientras que ese mismo poder público demuestra una incapacidad para actuar frente a la degradación de las condiciones de trabajo y de empleo, de manera que el coste de la crisis se desplaza directamente a quienes ni la han provocado ni la han alimentado: los trabajadores y trabajadoras de los países europeos.

Las medidas que se han adoptado por el Gobierno ampliando la protección por desempleo – la Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, y la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas - son muy limitadas y la acelerada destrucción de empleo las han desbordado nada más ser promulgadas. Con la nueva dirección que a comienzos del 2010 se imprime a la crisis y el ataque que la deuda pública española sufre en los mercados, el gobierno español se compromete a una reducción de 50.000 millones de euros en el gasto público, junto con el polémico anuncio de intervención sobre la pensión de jubilación, que concita la inmediata respuesta de los sindicatos convocando movilizaciones y manifestaciones en la calle. La reducción del gasto público afecta desde luego a aspectos importantes de empleo público y a ciertos aspectos del modesto sistema de protección español, en especial a la situación de dependencia que requiere un esfuerzo presupuestario de las Comunidades Autónomas que éstas no ha realizado y que ahora se reenvían hacia un futuro sin precisar.

El modelo laboral ligado al paradigma económico neoliberal no puede ofrecerse como salida de la crisis. Por el contrario, la imposición de límites reales y de constricciones al capital global es el camino que se debe emprender. La amplitud de la crisis no anula, sino que fortalece la ambivalencia de esta situación, por lo que ésta puede suponer una oportunidad de cambiar, de fortalecer y de diseñar mejor el sistema de garantías que se entrelaza con los derechos de ciudadanía en un sistema democrático, pero también de vigorizar un discurso que se apoya en el trabajo en el centro de la sociedad, más allá de las dicotomías entre Estado y mercado, o entre economía y política: una cultura que se sustenta en el trabajo como eje de la emancipación social y que va construyendo un proyecto político y cultural nuevo que desdice la idea de estar siempre en un tiempo presente o en un horizonte de continuidades. Se trata por tanto de insistir en un discurso que niega el economicismo reductivo de las relaciones de trabajo y de la vida personal y que se posiciona claramente contra el autoritarismo social en todas sus formas, en las relaciones de dominación que se dan en la realidad y que reafirma la orientación profundamente reformista del sindicato desde los lugares de producción, el territorio o la propia metodología de gobierno de las relaciones laborales. Un discurso por tanto que sea capaz de movilizar y de convencer a la gran mayoría de los trabajadores.