DÉJÀ VU

En uno de los programas que hizo la espléndida banda británica Monty Python, un psiquiatra quería explicar a los televidentes lo que significaba como síntoma dismnésico la sensación de déjà vu, típico trastorno neuropsiquiátrico, y al hacerlo continuamente se repetían los mismos hechos y volvía a comenzar la explicación hasta que por fin salía desesperado huyendo del programa para continuamente volver a escapar de él. Sobre este recuerdo, se construye el texto que se presenta a continuación, que hemos podido sustraer a la redacción de la Revista de Derecho Social, en donde lo están manejando como base de un editorial del inminente número 56, último del año 2011. Este es el texto:

El cambio del mapa político español tras las elecciones del 20-N ha impuesto un nuevo escenario. Todos los comentaristas, creadores de opinión y los propios protagonistas de esta nueva época lo proclaman con cierta solemnidad. Se ha alumbrado un nuevo gobierno y se han adoptado unas medidas de choque como forma de encarar la crisis fundamentalmente mediante la reducción del déficit público. Se previene no obstante a la ciudadanía que otras medidas aún “menos gratas” habrán de adoptarse una vez celebradas las elecciones andaluzas, reconociendo así de forma evidente que se quiere preservar frente a posibles resistencias a nuevas medidas “de rigor” la respuesta del electorado andaluz. Al lado de las medidas de congelación salarial y de plantilla de las administraciones públicas junto con supresión de mejoras colectivas y el aumento de la jornada máxima en este sector, la congelación del salario mínimo y el recorte de gasto público en inversiones en obras públicas y en I+D, se abre de nuevo un período de negociación entre los agentes sociales en donde la patronal y los sindicatos han sido capaces de encontrar algún espacio de coincidencia en temas importantes, como el de reformar el instrumento convencional colectivo de resolución de conflictos adecuado a las exigencias de las últimas reformas laborales, se septiembre de 2010 y de junio de 2011. Hay también la novedad de la subida de impuestos, especialmente el que grava los rendimientos de las personas físicas, descompensado respecto de las rentas de capital, y la subida del IBI. Las pensiones se revalorizan modestamente en un 1%, sin que esta cifra impida la pérdida de poder adquisitivo de las mismas y por tanto obligue a la actualización que se debe producir a fin de año ante la desviación producida respecto del IPC. Para cerrar el panorama, los nuevos gobernantes afirman estar en plena sintonía con sus decisivos pares europeos – la entente franco alemana – y el Banco Central.

Pese a lo que se comenta como una “nueva etapa” que rompe de forma abrupta con la experiencia política anterior, los iuslaboralistas tienen ante estos hechos una sensación de déjà vu. Es decir, perciben una continuidad repetitiva con hechos ya asumidos colectivamente como un proceso histórico pasado. Las medidas de contención del déficit son una nueva vuelta de tuerca al sector de los empleados públicos que verán una vez más recortado su salario real y aumentadas sus obligaciones de trabajo. La congelación de plantillas y la no reposición de las vacantes por jubilación u otras causas, prolonga las muy controvertidas medidas en algunas comunidades autónomas en donde los recortes del presupuesto se han cebado en sanidad y ante todo en la educación. El paro sigue aumentando inexorablemente y se sigue hablando de la necesidad de una nueva reforma laboral que insista en el abaratamiento del despido y su inmunidad en cuanto a acto definitivo del empresario no controlable. Incluso el procedimiento para lograr que el gobierno legisle en soledad sobre este tema es también conocido.

Un tiempo de negociación – que en este caso, como se ha dicho, consigue acuerdo en cuatro cuestiones de importancia, pero no en otros asuntos muy sensibles, como el crecimiento salarial a través de los convenios colectivos – que la asociación empresarial considera superfluo puesto que es el gobierno quien debe imponer unilateralmente los modelos de regulación del empleo propuestos y extremados por el empresariado, porque juzgan innecesario intentar una solución de transacción con los sindicatos a través del acuerdo social. Incluso es el mismo reparto de papeles entre los diferentes protagonistas, uno afable aunque severo, el presidente de la patronal a nivel estatal, y otro duro y radical, que es el presidente de la asociación empresarial madrileña y al que compete anunciar la inconveniencia del pacto. Las propuestas de reforma son también conocidas, sigue estando presente la peregrina idea del “contrato único”, pero fundamentalmente se trata de lograr que el despido improcedente se deslice hasta la cifra por el momento estimada como óptima de 20 días por año de servicio, es decir, se reduzca en más de un 120% la sanción indemnizatoria por ejercitar incorrecta y arbitrariamente la facultad de rescindir el contrato de trabajo. Y naturalmente también insistir en que el despido no debe ser enjuiciado ni controlado por una instancia judicial si se basa en las necesidades organizativas, productivas o económicas de la empresa, apreciadas libre y vinculantemente por el empleador.

El ritornello es el mismo: se requiere una reforma laboral que cree empleo porque la anterior – que se justificó con el mismo motivo – no ha servido a esta finalidad. Y, como se aprecia fácilmente, sigue produciendo sus nocivos efectos en términos de desprotección social que a la postre estimula la destrucción de empleo. Y así sucesivamente. Con el agravante que la deriva de las normas sobre el empleo, a partir de la ley constitutiva 35/2010, han seguido una espiral de confusión y últimamente de regresividad con el último jalón de agosto de 2011, que desarrolla el espacio de los contratos formativos como contratos precarios y baratos, instaura un periodo de gracia para la temporalidad fraudulenta y se continua en la definición de relaciones de trabajo excluidas del derecho laboral sobre la base del componente exclusivamente formativo. Cada nueva pincelada sobre la regulación del empleo emborrona el cuadro y deteriora el marco legal estable de los derechos laborales.

Y ni siquiera los mercados son proclives a comprender que en España se ha producido una nueva era que implica un cambio fundamental en la gobernanza económica y social de la nación. Nada más conocerse las medidas aprobadas el 30 de diciembre del año pasado, la desconfianza de los mercados se puso de manifiesto y subió la prima de riesgo. Y las autoridades europeas felicitan la acción de recorte del déficit emprendida por el nuevo gobierno, pero le exigen más decisión y nuevas medidas para equilibrar las finanzas y “recuperar la confianza” de los inversores.

Esta sensación de que todo lo que sucede es una repetición de lo que ya nos ha sucedido, genera la idea de un bucle temporal continuo del que es imposible escapar al menos colectivamente, como el protagonista del Día de la marmota, atrapado en la reiteración de los mismos hechos durante un lapso temporal que se reinicia cada mañana. Puede sugerir por tanto una cierta congelación de las acciones de los sujetos políticos y sociales que se desenvuelven en nuestro país y que por varios motivos no sintonizan con ese programa de reiteración en la desprotección y en el incremento de la desigualdad y de la inseguridad en que se resume la actuación de los poderes públicos frente a la crisis.

Es más probable sin embargo entender que la alteración del mapa político en España y el despliegue de un programa continuista del gobierno como forma de afrontar la crisis permanente, esté obligando a los sujetos políticos y sociales a comenzar de nuevo el juego, a fijar la apertura de las piezas antes de realizar los movimientos más determinantes. Es seguro asimismo que hay mayor capacidad de resistencia social que de presentación de alternativas plausibles en el plano político-electoral avaladas por un gran número de ciudadanos. Y también que la constatación de esta situación ha puesto en el punto de mira de los esfuerzos de los medios de comunicación sostenidos por los grandes grupos económicos y por los creadores de una opinión pública despolitizada, la agresión al sindicato como sujeto que puede organizar de manera eficaz la resistencia en torno a un proyecto de sociedad que tenga en su centro el trabajo y sea capaz todavía de reivindicarlo. Junto a ello hay señales aún más inquietantes. La desafección de una parte de la población ante la posibilidad de respuesta a unas medidas que cada vez más hunden al país en una situación de postración económica y de desestructuración social, es un objetivo prioritario de los poderes públicos y económicos que, pese a las importantes movilizaciones sociales que han recorrido Europa en diversos espacios nacionales, niegan cualquier salida, cualquier capacidad de incidencia para lograr un tipo de acuerdo transaccional entre las fuerzas en juego. Se quiere transmitir la idea de que la resistencia social expresada en el conflicto no tiene “capacidad de intimidación”, es decir, fuerza suficiente para detener, alterar o modificar el proyecto central de devaluación de las condiciones salariales y de trabajo de la población trabajadora, y la restricción plena de las capacidades de regulación colectiva de las relaciones laborales.

En este sentido, la atención a los aspectos de la acción sindical especialmente relacionados con el sujeto del conflicto en que se resume la capacidad de hacer presente el proyecto emancipatorio alternativo que éste encarna, parece que deberán ser atendidos con cuidado, favoreciendo posiblemente la extensión de la información, del debate y la discusión sobre las formas de respuesta a las medidas “de rigor” entre todos los trabajadores, cuya orientación y resultados son por otra parte plenamente conocidos y sabidos a partir del giro regulativo que se produjo en España a partir de mayo de 2010.

Y aunque se trate de algo también conocido, es importante asimismo que la respuesta a las medidas de recorte de derechos de trabajadores, empleados públicos y ciudadanos en general encuentre una organización y una teoría de la acción en el espacio europeo. Cada día se aprecia con mayor nitidez la identidad en el esquema de las “reformas estructurales” puestas en práctica en Grecia, Portugal, España e Italia sobre las relaciones de trabajo y las garantías de empleo, como a su vez son convergentes las iniciativas en la reformulación de los sistemas de seguridad social y de asistencia además de en estos países, también en Francia, Irlanda, Bélgica y, de forma muy extrema, en Gran Bretaña. Estas iniciativas están afectando de forma muy directa la estructura y la dinámica de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo y que socavan las condiciones de ciudadanía social. El inicio de recomposición del sindicalismo europeo como un sujeto con nervio y con capacidad de organizar un proyecto alternativo, debe proseguirse y profundizarse en este año de forma prioritaria, y en esa dirección, sería muy significativo la convocatoria de una jornada de lucha y de movilizaciones en toda la Unión Europea por la Confederación Europea de Sindicatos ante la situación de colapso económico y de crisis política e ideológica en la conducción del gobierno de Europa.