En el
debate sobre la última gran crisis, la crisis financiera que inicia el 2008 y
se continua en especial para la zona euro con la crisis de los países sobre
endeudados a partir del 2010, la referencia a la “otra” gran crisis, la de 1929
en Estados Unidos y la respuesta a la misma a partir del triunfo electoral de Roosevelt
en 1932 con la promesa del New Deal – lo que en Puerto Rico se
traduce como Nuevo Trato – ha sido muy utilizada como contraste.
Mientras que los demócratas en los años treinta pusieron en marcha una política
contracíclica que llevaba consigo la reforma del sistema financiero, y la
intervención pública del mercado junto con una estrategia de garantizar
derechos laborales y sociales a la población trabajadora, la respuesta europea
fue las políticas de estabilización financiera y de austeridad con recortes del
gasto social y una devaluación salarial que amplió la desigualdad entre las
fuerzas del privilegio económico y el resto de la población trabajadora e
impulsó a amplias masas hacia la pobreza severa y la precariedad.
La editorial Tecnos ha publicado,
en una edición cuidada e introducida por Jose Maria Rosales una
antología de los discursos políticos del presidente Roosevelt que
permiten hacerse cargo de la proyección política y social del New Deal, además
de otros aspectos no menos importantes, como la comunicación como un modo de
hacer política, a través de su manejo de las conferencias de prensa y de sus
“charlas junto a la chimenea”, en las que contactaba con la audiencia
radiofónica de la gran parte de la población norteamericana narrándoles en
términos muy directos y comprensibles, las líneas estratégicas del “contrato
social”, los obstáculos encontrados y las formas de superarlos. El editor
insiste en resaltar el hecho de que Rooselvelt era fundamentalmente un
presidente que argumentaba bien y convincentemente su programa de acción – “un
presidente argumentativo”, como traducción española en positivo del término
inglés a rhetorical president – como expresión de la capacidad
inteligible de la política y de la economía, que no debían ser considerado un
reducto técnico de las élites.
Además, y frente a lo que hoy
podríamos pensar de su programa político, Rosales insiste en el carácter
netamente liberal del programa que sostenía el New Deal. Una apreciación
que desde la España actual nos resulta chocante por cuanto hemos asociado
reiteradamente el término liberal a un proyecto político que incentiva las
asimetrías de poder económico y social, promociona la desigualdad entre los
ciudadanos en función de su capacidad adquisitiva de bienes y de servicios y
defiende una lógica autoritaria en la defensa del orden injusto establecido. No
en vano las fuerzas políticas que entre nosotros se denominan liberales son el
Partido Popular y Ciudadanos, junto con ese último partido llegado a la arena
política que es Vox, ultraliberal y ultraderechista a ambas manos. Es decir que
hoy la noción de liberalismo está asociada a la voz “neoliberal” que implica
apostar por la desregulación de los mercados y la contracción del Estado
Social. No es este sin embargo el sentido del término liberal en el vocabulario
político estadounidense, donde realmente se equipara a “progresismo” frente al
pensamiento “conservador”, de manera que los “liberales” aun hoy podrían
intercambiarse con una buena parte del pensamiento socialdemócrata europeo.
Lo cierto es que la base del
pensamiento de Rooselvelt era en efecto liberal- democrático, que partía
de una relación coordinada entre la libertad individual y colectiva en razón de
los intereses derivados de la posición social en la que las personas estaban
insertas, como trabajadores, consumidores o agricultores, por mencionar los
tres grandes sectores involucrados en el contrato social de las políticas
rooselveltianas. El liberalismo del que parte el New Deal como componente
esencial de los fundamentos políticos del republicanismo norteamericano es
plenamente hostil a la desigualdad social que ha concentrado la riqueza en unas
pocas personas de una clase dominante que además está en condiciones de dirigir
y ordenar la política del país. En el Mensaje al congreso de 4 de enero de
1935, lo dice expresamente: “Tenemos un claro mandato del pueblo: que los
americanos deben abjurar de la adquisición de riqueza que, a través de
beneficios excesivos, crea un indebido poder privado sobre los asuntos privados
y, para nuestra desgracia, sobre los asuntos públicos también”. Y añade: “Al
construir hacia este fin, no destruimos la ambición ni buscamos dividir nuestra
riqueza en partes iguales en determinadas ocasiones. Seguimos reconociendo la
mayor habilidad de unos para ganar más que otros, pero afirmamos que la
ambición de un individuo para obtener para él y los suyos seguridad, un ocio
razonable y una existencia digna a lo largo de la vida, es una ambición que
debe preferirse al apetito de riquezas inmensas y de poder inmenso”.
La reordenación del sistema
bancario y de la política monetaria – donde la influencia de Keynes es
manifiesta – la intervención estatal en la agricultura, la lucha contra el
desempleo y la implantación de un sistema de pensiones a través de la seguridad
Social, el reconocimiento del derecho de libre sindicación y de negociación
colectiva, son todos ellos elementos fundamentales de la política social
llevada a cabo entre 1932 y 1938 y que contribuyeron a formar un país
plenamente diferente del que había generado los “felices años veinte” antes del
crack de 1929. Es una política
“nacional” y no clasista, donde la relación política se forja entre la libertad
de los individuos y el gobierno (el Estado) que corrige los elementos más
negativos del mercado y de las corporaciones que condicionan las decisiones de
los sujetos. En un pasaje muy significativo, en una de sus “Charlas junto a la
Chimenea” de septiembre de 1936, esta visión parece netamente: “Mañana es el
día del Trabajo. El Día del Trabajo en este país nunca ha sido una fiesta de
clase. Ha sido siempre una fiesta nacional. Nunca ha tenido mayor significación
como fiesta nacional que hoy. En otros países la relación entre empleador y
empleado ha sido más o menos aceptada como una relación de clase que no debería
romperse. En este país insistimos como algo esencial del modo de vida americano
en que la relación empleador – empleado debe ser una relación entre hombres
libres e iguales. (…) Nuestros trabajadores manuales e intelectuales merecen
mucho más que respeto por su trabajo. Merecen protección en la práctica por la
oportunidad de usar su trabajo a cambio de un salario digno que los mantenga
con un nivel de vida decente y en constante aumento, y que acumule un margen de
seguridad frente a las inevitables vicisitudes de la vida”. Esta es la clave
para evitar “el crecimiento de una sociedad con conciencia de clase en este
país”, de forma que quienes traten de negar a los trabajadores “cualquier poder
efectivo para la negociación colectiva, para ganar un sustento digno y adquirir
seguridad”, no saben leer “ni los signos de los tiempos ni la historia
americana”. La idea por tanto es que “todos los trabajadores americanos, tanto
intelectuales como manuales” saben que “la construcción de una democracia
económica organizada” es la única salida frente al conflicto y la ruina
económica. O, dicho de otro modo, manifiesta la determinación “para lograr una
real libertad económica para el hombre medio que hará real su libertad política”.
Para la organización de esta
democracia económica, la emergencia de los derechos sociales era fundamental,
lo que requería no sólo el activo intervencionismo del Estado y la negociación
con los agentes económicos y sociales – en materia de relaciones laborales
resultó definitiva la figura de una mujer, Frances Perkins, ministra
(secretaria) de trabajo desde 1933 a 1945 – sino un amplio compromiso político
en las cámaras legislativas entre el partido demócrata y el republicano y el
respaldo legitimador del Tribunal Supremo, cuya composición renovó el
presidente con el nombramiento de hasta 8 nuevos jueces durante sus mandatos. Un
contexto por tanto de convergencia política y social que sin embargo no se
podía encontrar en otras experiencias reformistas, ni en la Alemania de Weimar
pre-nazi, ni en el bienio progresista de la II República.
Es muy impresionante leer hoy en
día las declaraciones – statements – presidenciales que acompañan a la
promulgación de las leyes de reforma: El proyecto de Ley de ayuda al desempleo
(1933), la Ley de Seguridad Social (1935) que protegía frente a “la pérdida del
empleo y la pobreza de la vejez”, o la Ley Nacional de Relaciones Laborales
(Ley Wagner por el senador que la promovió, 1935). En esta última se justifica
la importancia de la negociación colectiva y la libertad sindical en ese
proyecto de democracia económica organizada de una manera que refuerza la
noción liberal-democrática que subyace a esta normativa: “Una mejor relación
entre trabajadores y empresarios es el máximo propósito de esta Ley. Al asegurar
a los empleados el derecho a la negociación colectiva, fomenta el desarrollo
del contrato de trabajo sobre una base sólida y equitativa. Al proporcionar un
procedimiento ordenado para determinar quién tiene derecho a representar a los
trabajadores, trata de eliminar una de las principales causas de la lucha
económica irrazonable. Al prevenir prácticas que tienden a destruir la
independencia de los trabajadores, busca, para cada trabajador en su ámbito
profesional, esa libertad de elección y de acción que justamente le pertenece”.
En 1938 la Ley de Normas Laborales Justas impondría de forma definitiva el
salario mínimo y la prohibición del trabajo infantil, que antes habían
adelantado varias órdenes ejecutivas presidenciales.
En el libro se contienen, veinte
discursos políticos de Rooselvelt, entre los que se encuentran mensajes
al Congreso, charlas junto a la chimenea, declaraciones presidenciales y también
extractos de conferencias de prensa, en las que se revelaba un contacto directo
y muy rico en indicaciones con los periodistas. En la última de estas
conferencias de prensa recogidas los periodistas le preguntan por la visita que
había recibido de Sidney Hillman, un sindicalista del textil que había estado
muy próximo en la década de los veinte a la revolución rusa y al bolchevismo y
que tras la crisis del 1929 fue uno de los impulsores de la C.I.O., la central
sindical enfrentada a la AFL y que constituyó un tipo de sindicalismo
industrial más adecuado al desarrollo económico del país bajo las políticas del
New Deal. Una visita que fundamentalmente tenía que ver, como reconocía
el presidente a los periodistas, con las dificultades con las que se
encontraban los trabajadores para hacer cumplir las normas sobre salarios, la capacidad
para lograr convenios colectivos o para erradicar el trabajo infantil. Un
fracaso “constante y creciente” en la opinión del Presidente, que urge a una respuesta
del poder público, pero qu antes de concretarse ésta, debe ser conocido y
comentado para la opinión pública, como forma de legitimar la necesidad de
hacer cumplir los derechos laborales. “Digan que hay que hacer algo sobre la
eliminación del trabajo infantil y la jornada desproporcionada y los salarios
de miseria”.
Recordar
hoy en Europa y en España la urgencia de una democracia económica organizada
como condición necesaria para lograr la libertad política que fundamenta el
sistema democrático sigue siendo un ejercicio intelectual y político decisivo.
Que cuenta por tanto con antecedentes históricos muy respetables, no sólo los
europeos, cuyas primeras experiencias como las de Weimar o la II República
española han sido traídas a colación frecuentemente en este blog, sino también,
contra lo que puede pensarse hoy, en los Estados Unidos. A ello ayuda desde luego
la lectura del libro reseñado.
DISCURSOS POLÍTICOS DEL NEW
DEAL.
Franklin
D. Roosevelt. Edición, Traducción y estudio introductorio de José María
Rosales. Editorial Tecnos, Colección Clásicos del pensamiento. Madrid, 2019,
187 pags. ISBN 978-84-309-7633-1.
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