martes, 31 de julio de 2007

PREVISION DEL TIEMPO METEOROLOGICO




Los colegas y alumnos del profesor Baylos viajan por los cuatro puntos cardinales de Iberia, muy especialmente en estas épocas veraniegas. Este amanuense ofrece estos servicios totalmente gratuitos “erga omnes”. Y de la misma manera que los agentes sociales disponen de una “política de servicios”, este blog cuenta con un indicador para que el personal sepa dónde ir y a qué lugar abstenerse. Por lo demás, nos vemos en setiembre.

PREVISION DEL TIEMPO EN ESTAS CIUDADES

lunes, 30 de julio de 2007

REGALO DE VERANO




La Unión de Hermanadas Publicaciones (UHP), esto es, “Según Antonio Baylos...” y “Metiendo bulla” prometieron a sus voraces lectores un regalo como premio a la paciencia de éstos hacia los mencionados blogs. Somos, con perdón, gente de palabra. Hélo aquí el regalo: un conjunto de artículos del maestro Bruno Trentin. Para que se lea mientras en lontananza hay quien, amartelado, está “bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, mirando el mar”.

SINDICATO Y SOCIEDAD

LA FRONTERA DE LOS NUEVOS DERECHOS

TRABAJAR, ¿PARA QUÉ?

DISCURSO HONORIS CAUSA UNIVERSIDAD DE VENECIA

PERU EN EL CORAZON

28 DE JULIO EN PERÚ. ALGUNAS NOTAS CRÍTICAS SOBRE EL DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS EN ESE PAIS.

Siguiendo las noticias que hace unos días mandaba nuestra corresponsal en Perú, Rebeca Madsen, en esta ocasión nos ofrece una entrevista con una destacada personalidad experta en relaciones laborales y sociales que, sin embargo, no quiere hacer público su nombre. Para que los lectores puedan contextualizar sus opiniones, por lo demás bastante razonables y que demuestran el giro muy preocupante que se está desarrollando en Perú bajo la presidencia de Alan Garcia, el interlocutor de Madsen es alguien que manifiesta simpatía por el nacionalismo de Ollanta Humala al que considera una figura política que conecta con el cambio político y social que en la America Andina están protagonizando los presidentes Morales y Correa en Bolivia y Ecuador. Esta es la entrevista realizada el dia de la gran fiesta patria en Perú.

¿Qué destacaría de los últimos acontecimientos, tras los importantes movimientos huelguísticos que se han producido en este mes de julio? Cuando el país ingresaba a una fase de tensa calma, puesto que los conflictos generados habían ingresado a mesas de negociaciones gubernamentales, el poder ejecutivo amparado en facultades extraordinarias que le había otorgado el congreso de la republica para legislar, en el termino de 60 días, en materia de lucha contra la corrupción y la delincuencia en el mes de abril pasado, el poder ejecutivo dicta el decreto legislativo Nº 982 destinado a penalizar a las autoridades regionales, dirigentes sindicales, alcaldes y regidores, y otros funcionarios que se manifiesten a favor o apoyen las demandas de sus pueblos. Lo peor, en un claro mensaje a las fuerzas políticas opositoras y al movimiento popular en su conjunto, el gobierno de García en el articulo 20 del repudiado decreto ley desliza otro petardo el cual dice “Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”. No creo que sea necesario comentar el significado de este precepto y la invitación a la represión indiscriminada e irresponsable que genera. Me gustaría que en Europa conocieran esta deriva fascistizante del gobierno de García, por lo demás en continua alianza con el fujimorismo y la derecha neoliberal mas agresiva.

Durante las manifestaciones populares el gobierno sacó a las calles al Ejército y reprimió con mano dura a las exigencias democráticas de los ciudadanos y acosó policialmente a los dirigentes sindicales como es el caso del Secretario General de la CGTP, Mario Huaman. En lo que va del régimen, que hoy 28 de julio cumplirá un año, han sido asesinados en choques con la policía ocho personas. En este terreno la comparación con el gobierno de Alejandro Toledo es más que preocupante puesto que en cinco años la cifra alcanzó a 15 victimas, y naturalmente fue duramente criticado por ello. En este panorama esta a la orden del día la defensa de los derechos ciudadanos, la soberanía nacional, y el cambio de política económica. En esa dirección la CGTP concluyo el 11 de julio una de las movilizaciones más importantes de los últimos tiempos, cerca de 100,000 personas llenaron la plaza San Martín. Luego de muchos años los sectores de izquierda y los progresistas lograron ponerse de acuerdo y concordar unitariamente en un intento por articular y darle dirección al movimiento de masas

¿Este tipo de política antipopular tiene alguna relevancia a nivel de opinión pública? El caudal de apoyo ciudadano en las últimas encuesta muestran al presidente García y su gabinete en picada, tal como lo publica una encuestadora que se caracteriza por su seriedad profesional los resultados arrojan al régimen a su realidad inicial 24% en el nivel nacional. 76% de ciudadanos repudian al gobierno neoliberal. Creo que este hecho si se ha recogido en la prensa europea, pero como muchas veces hacen sus medios de comunicación, desconectándolo de la situación social; en lo que yo he leido, la noticia de la pérdida de apoyo popular de Alan Garcia se relacionaba, paradójicamente, con una situación económica, a juicio del comentarista, “boyante” en el Perú. Me pregunto si la prensa europea y en concreto la española conoce la situación de miseria y de explotación en la que se encuentra la mayoría de la población trabajadora peruana.

¿Cuál es la agenda del parlamento y de la presidencia en la regulación de derechos sociales y de libertades cívicas?.Creo que ya antes he dado un ejemplo de cuales son los “valores” que animan al aprifujimorismo en su visión del conflicto social, mediante esa norma que incita a la represión indiscriminada de movimientos sociales, eximiendo de cualquier responsabilidad a la policía y al Ejército como cuerpos represores. Es en estas condiciones en las que se discuten los conflictos sociales regionales, la ley marco del magisterio, es decir, las normas que pretenden buscar una solución a las huelgas de julio. Multiplican esta agenda, la solución a las demandas de los trabajadores mineros, y, de manera muy señalada, la impostergable promulgación de la ley general del trabajo que ya cumple 6 años de debate en todas las instancias de “concertación social” posible, y en donde es de justicia resaltar el impulso que con el presidente Toledo le dio al texto el ministro Javier Neves, junto con dos colaboradores bien conocidos en España, los doctores Villavicencio y Sanguineti. Pese a ese proceso “concertador”, bajo el aprifujimorismo la ley se sigue bloqueando gracias a la más cerrada oposición del empresariado ultraderechista que se opone a determinados artículos de la ley: los que impiden el despido arbitrario, o regulan de forma restrictiva los contratos a tiempo determinado, etc.

¿Qué solución política se entrevé en Perú? La mayor debilidad del régimen es su orfandad de masas, y de control de organizaciones de base, peor, el partido aprista, se escinde entre las posiciones reformistas del expulsado secretario de organización Wilder Bendezu quien viene desarrollando una campaña activa dentro del APRA exigiendo la convocatoria a la ilegal postergación del congreso nacional así como al retorno de la constitución del 79, y las ultra derechistas de García y Del Castillo con el gabinete que lo acompaña: el Ministro de Agricultura Ismael Benavides, banquero y propietario de empresas de agro industria, sector donde los trabajadores son tratados como esclavos debido a legislación fujimorista y toledista que otorgaba flexibilización en materia laboral a cambio de inversiones, y Rafael Rey antiguo apañador de la dictadura fujimorista y miembro activo del Opus Dei como Ministro de Industria y Turismo. Pero además el régimen mantiene una vieja costumbre peruana que podríamos resumir en el desprestigio de la política. Maniobras de compra de representantes populares en el congreso de la república, descomposición del frente opositor y en especial del partido UPP y su bancada, apoyo al fujimorismo y silencio del gobierno y desinterés para extraditar al dictador Fujimori acusado de crímenes de lesa humanidad y de corrupción generalizada, son todos hechos que ahondan más el descrédito y la crisis de credibilidad que aquejan los partidos políticos en nuestro país. Estos condenables hechos han logrado que mayores sectores ciudadanos se sumen al descontento y al asco que producen estos operadores políticos que les importa un comino la moral pública y la ética en la práctica política.

sábado, 28 de julio de 2007

MASTER SOBRE EMPLEO, RELACIONES LABORALES Y DIALOGO SOCIAL EN EUROPA






Siguiendo la práctica preveraniega de dar cuenta de eventos, cursos y periodos de formación que a juicio de los cuidadores del blog revisten cierto interés, le toca ahora al Master - y doctorado- interuniversitario sobre Empleo, Relaciones Laborales y Dialogo Social en Europa, organizado por el CELDS de la Universidad manchega. Es ya su tercera edición y la segunda en la modalidad semi presencial, lo que imlica un seguimiento on line y la presencia en cuatro seminarios, uno por mes, de febrero a junio. La iniciativa la comparten, en España, las Universidades de Vigo y Pais Vasco, y en Europa las de Catania y Siena (Italia) y la de Burdeos 4 Montesquieu (Francia), en un curso organizado en la UCLM. Puede consultarse en

https://web.mail.uclm.es/exchange/Antonio.Baylos/Bandeja%20de%20entrada/RV:%20Folleto%20M%C3%A1ster.EML/Folleto%20Universidad%202008-2009.pdf/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Folleto%20Universidad%202008-2009.pdf?attach=1

El folleto al que se remite es aun provisional, pero resulta interesante por conocer el tipo de enseñanzas y su contenido.

jueves, 26 de julio de 2007

Curso OIT, Bolonia y Castilla La Mancha





25/07/2007 - Campus Toledo

La Universidad de Bolonia y el Centro de Formación de Turín también serán sedes del XVII Curso de la OIT

La UCLM acogerá la primera parte del curso "La protección del trabajo en el siglo XXI: objetivos, métodos e instituciones"

El próximo 3 de septiembre dará comienzo en el Campus de Toledo la primera parte del curso "La protección del trabajo en el siglo XXI", que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrollará a lo largo de tres semanas con la participación treinta especialistas en Relaciones Laborales de doce países iberoamericanos. El curso, que también tendrá como sedes la Universidad de Bolonia y el Centro de Formación de la OIT en Turín, será inaugurado por el rector, Ernesto Martínez Ataz, y por la consejera de Trabajo de la Junta de Comunidades, María Luz Rodríguez.

El Curso de Especialización para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales y Temas del Trabajo pretende suministrar una formación teórica y práctica de alta especialización a un grupo de expertos que desarrollan su actividad profesional en el campo de las relaciones laborales: dirigentes sindicales y empresariales, funcionarios de la administración de trabajo y de otras organizaciones gubernamentales, magistrados y jueces laborales, profesores e investigadores universitarios. La decimoséptima edición del Curso, en cuya organización colabora la UCLM desde 1999, está dedicada al estudio de la protección del trabajo en el siglo XXI, desde el punto de vista de los objetivos, los métodos y las instituciones, "un tema de obligado análisis tras los cambios que ha experimentando el escenario que tomó como base el Derecho del Trabajo", explican fuentes de la organización. Una de las características del Derecho del Trabajo es, según estas mismas fuentes, su dinamismo, su movilidad legislativa (su casi permanente estado de reforma) para ordenar mejor una realidad social muy cambiante de acuerdo con criterios de justicia. Pero la ordenación misma de la realidad social implica que la norma jurídica es eficaz, de otro modo lo que se pretende ordenar caminará por sendas muy alejadas de lo establecido por el Derecho que de ese modo queda reducido a casi nada. En la búsqueda de eficacia el Derecho del Trabajo ha contado con la acción de organismos supranacionales, como la OIT, y se ha dotado de diversas instituciones, algunas estatales, como el Proceso de Trabajo o la Inspección del Trabajo, y otras extraestatales, como el reconocimiento del papel de los sujetos colectivos, especialmente del sindicato, que puede actuar para conseguir el cumplimiento de la norma existente o para la creación de normas nuevas.La intensidad y velocidad de la dimensión supranacional de los procesos económicos y culturales hace que hoy la eficacia de las normas laborales puede en algunos casos estar puesta en cuestión. "Los instrumentos tradicionales en manos de los estados nacionales pueden sufrir las consecuencias de la erosión de los poderes mismos de los estados, por eso es importante analizar en la primera semana, en el Campus de Toledo, las respuestas que en el proceso de integración europeo se están dando a estos problemas partiendo de la base que suponen los derechos fundamentales de contenido social", indican los organizadores. Las jornadas de Bolonia se dedicarán a la experiencia italiana. Finalmente, Turín acogerá las sesiones sobre la problemática específica de América


Latina.Toledo, 25 de julio de 2007

miércoles, 25 de julio de 2007

SIGUIENDO EL DEBATE SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL. Habla Joaquín Aparicio


Nota Editorial. Observará el atento lector que las notas a pié de página (una insana afición de la comunidad científica) están un tanto dislocados. Ello se debe a que el equipo habitual editorial de este blog está de vacaciones y hemos quedado los chusqueros. De ahí estas (salvables) anomalás.



Siguiendo con el debate que en esta semana se ha ido desgranando en estas páginas a través de las intervenciones de Rossana Rossanda y de Vicenç Navarro, resulta muy oportuno redescubrir el sentido profundo de esa construcción política y jurídica que llamamos sistemas de seguridad social. Para ello nada mejor que traer al blog a Joaquin Aparicio, uno de los mas reconocidos expertos en esta materia, a la que recientemente ha dedicado un artículo muy esclarecedor en el numero 2 de la Revista de Derecho Social – Latinoamérica, correspondiente al primer semestre del 2007. La Revista tiene como ámbito natural de proyección el círculo cultural del iuslaboralismo progresista de América Latina y el texto de Aparicio hace por ello especial referencia a los sistemas nacionales de protección social de aquel continente. El texto que aquí publicamos corresponde a la Introducción y al primer epígrafe del artículo citado; por razones de espacio no podemos incluirlo en su totalidad, pero aseguramos que no tiene desperdicio
.

EL SENTIDO DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO CONQUISTA DEMOCRÁTICA Y COMO VALOR UNIVERSAL.

Joaquin Aparicio
UCLM


1.- INTRODUCCIÓN

En la aspiración de los seres humanos a conseguir un mundo que ofrezca condiciones de vida que permitan desarrollar sus potenciales como tales y alcanzar la común dignidad que a todos corresponde, tenemos que convenir que en los comienzos del siglo XXI “las cosas ya no son simples y claras como podían parecer en los viejos tiempos cuando nuestros itinerarios de vida y de pensamiento se trazaban de acuerdo, si no de certezas absolutas, al menos a previsiones razonables”[1]. Pero no es menos cierto que, junto a un pasado de guerras y destrucciones, y precisamente como respuesta a ellas, el siglo XX ha dejado la buena herencia, al menos en el rincón del planeta que conocemos por Europa, de poner en marcha un modo más civilizado de convivir que podemos resumir en una manera de entender la democracia, no como algo acabado y dado de una vez para siempre, sino como una continua evolución en el camino hacia la igualdad real para hacer efectiva y no meramente ficticia, la libertad. Ello implica que la acción política debe servir para transformar y mejorar las condiciones de existencia, debe ser instrumento para “remover lo obstáculos” que impidan o dificulten el goce de ambas, libertad e igualdad, según podemos leer, por ejemplo, en el art. 9.2 de la Constitución española. Resulta entonces que los “viejos tiempos” en realidad no son tan viejos, pues solo en la segunda mitad del siglo XX una parte importante de la población europea ha podido, después de penurias seculares acentuadas por espantosas guerras y duras postguerras, hacer “previsiones razonables” ligadas al trabajo estable y con derechos que permitía disponer de medios para una vida al abrigo de la miseria, ha podido disfrutar de garantías de provisión de rentas cuando por alguna razón (vejez, invalidez o desempleo) el trabajo falla, y de atención sanitaria decente frente en los casos de alteraciones de la salud. Lo que quiere decir que se alumbraron soluciones a los muy antiguos problemas de menesterosidad y estados desprivatización de los individuos poniendo coto a la hasta entonces azarosa existencia de la mayoría de la población. En definitiva, se les dio seguridad para una vida más digna.

Esta forma de entender la democracia implica que los individuos abandonan el espacio de la inseguridad vital gracias a que se les reconocen derechos que les permiten “ocupar un puesto como miembros de pleno derecho de la sociedad, es decir, como ciudadanos”[2]. Las democracias liberales europeas, con la segregación entre el ámbito de lo político, en el que los ciudadanos ejercían sus derechos de participación política en pos del “interés general” y el ámbito privado, dominado por el mercado en el que prima la consecución del propio interés, expulsaban de la esfera de la participación política (de una u otra forma) a todos aquellos que no obtuviesen por si mismos recursos para garantizarse la subsistencia. Se suponía que la garantía de la subsistencia era (y todavía hoy algunos lo creen) tarea exclusivamente individual, por lo que caer en la desprivatización, en la menesterosidad, era producto de la incuria personal y por tanto le invalidaba para acceder al ámbito en el que se dilucidaban los asuntos del interés general. Los mecanismos de representación de estas democracias son extraordinariamente deficientes[3]. El reconocimiento de derechos, especialmente de los de contenido social, que empieza a hacerse a partir de Weimar y la constitución mexicana de Quéretaro, empezó a permitir entrar en la esfera de la ciudadanía a los por tanto tiempo excluidos, mejorando de ese modo la calidad de la vida democrática. Los derechos, especialmente los derechos sociales, son el reverso positivo de las deficiencias de los mecanismos de representación propios de las democracias liberales clásicas, que todavía hoy en gran medida dejan sentir su peso hasta en los mejores sistemas. Los derechos son las “luces de la constitución”[4].

El reconocimiento de derechos sociales fue fruto, ciertamente, de la rebelión social y política de las clases trabajadoras, pero se hizo asumiendo por el conjunto de la sociedad el hecho evidente de que los individuos en una sociedad cada vez mas compleja, en la que se encuentran inevitablemente interconectados e interdependientes como lo no han estado nunca, han “perdido crecientemente el control sobre la estructura y medios de su propia existencia” y, por tanto, la necesidad de “utilizar bienes y servicios sobre los que carecen de poder de ordenación y disposición directa, produce la “menesterosidad social”, es decir, la inestabilidad de la existencia”[5]. Y esto le ocurre a la mayoría de la población, no solo para ciertas clases sociales tradicionalmente empobrecidas y excluidas.

Los derechos sociales que se reconocen en las constituciones posteriores a la segunda guerra mundial afectan tanto al ámbito privado, como el derecho de los trabajadores a no ser despedidos sin justa causa, y en general los derechos reconocidos en la relación de trabajo por cuenta ajena, como a la esfera pública, como son los derechos a prestaciones ante los estados de necesidad. El modo como se han reconocido derechos subjetivos a prestaciones (económicas o en especie) que el Estado debe garantizar, como se verá con algo más de detalle más adelante, implica una profunda transformación del Estado mismo que le exige poner en pié una institución que cree un campo jurídico en el que se integren los ciudadanos y en el se establezcan cargas y ventajas (obligaciones y derechos), una institución que necesita disponer de enormes recursos económicos para hacer frente a los estados de desprivatización de los individuos. Significa, ni más ni menos, “la opción a favor de la Seguridad Social”[6]. La Seguridad Social se convierte en un instrumento esencial para la garantía de las condiciones de existencia de los individuos, y por ello en el núcleo o corazón del Estado Social y Democrático de Derecho[7] porque no es otra cosa que “la seguridad del individuo, organizada por el estado, contra los riesgos a que está expuesto el individuo, aún cuando la sociedad se organice de la mejor forma posible”[8]. Pero no hay que olvidar, como el propio W. Beveridge se encarga de dejar meridianamente caro, que la Seguridad Social es un plan especifico y preciso a disposición de todo gobierno nacional que previamente adopte la decisión política de abolir la miseria, cuya puesta en práctica puede exigir, según los casos, medidas técnicas más o menos complejas, pero eso es meramente un “problema administrativo y de ejecución”[9]. Lo importante es “la opción por la Seguridad Social” que en la mayoría de los estados europeos ya está hecha por el constituyente y por tanto queda limitada la libertad del legislativo en este punto, que no puede sino mantener el Sistema de Seguridad Social protegido así por una garantía institucional[10]. Esa fuerte protección constitucional, está justificada porque, como ya se ha dicho, es el núcleo del Estado Social ya que su puesta en práctica abre un “camino hacia la Libertad desde la Necesidad”[11]. Se asume, porque una dura experiencia histórica ha impuesto, que no puede haber libertad allí donde los individuos se encuentran en estado de necesidad.

La situación ahora no es la misma que la de los años sesenta o setenta del pasado siglo, por eso se habla de “los viejos tiempos”, quizá con un ligero tinte de la nostalgia del tiempo pasado como un tiempo mejor, pero si bien es verdad que fueron “los años dorados”[12] para algunos países europeos no lo fueron para la mayoría de los latinoamericanos o para España que estaban sumidos en espantosas dictaduras militares. Hoy las cosas han cambiado, en muchos zonas del planeta ha habido importante crecimiento económico, pero estamos viendo cómo la miseria y la enfermedad se han hecho más intensas en continentes en los que el bienestar nunca se había generalizado, aunque privilegiadas y minoritarias capas de sus sociedades gozan de extraordinarios recursos. Al mismo tiempo en los países más desarrollados con la introducción de nuevas tecnologías se ha reducido la cantidad de trabajo necesaria al proceso productivo lo que está dando lugar, junto a otras causas, a que “la producción social de la riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos”[13] algunos de los cuales (por ejemplo, aunque no son los únicos, los relativos al ambiente) se extienden más allá de las fronteras nacionales y, a su vez, dentro de las mismas se reparten de modo desigual. La flexibilidad (entendida como mayor disponibilidad del empresario en el uso de la fuerza de trabajo, incluida una mayor facilidad para el despido) que comporta precariedad significan, ni más ni menos,“que el Estado y la economía traspasan los riesgos a los individuos”[14], lo que es ir en la dirección contraria a poner al abrigo de las consecuencias de los riesgos sociales a todos los integrantes de la sociedad. Por otro lado los recortes en los derechos a prestaciones que se pretenden justificar por una crisis financiera de los Sistemas de Seguridad Social, sobre la que más adelante se volverá, contribuyen a generalizar entre la población un estado de ánimo de que el futuro está marcado por la inseguridad con una vuelta a una existencia azarosa, cosa que la experiencia ha probado puede ser evitada. Está reverdeciendo la vieja idea, descalificada por los hechos históricos, que concibe al individuo como ser autónomo que puede alcanzar con su esfuerzo la satisfacción de sus necesidades. Una idea mistificadora que prende bien en los países, como los Estados Unidos, en los que impera la cultura del pionero que se adentra en un territorio nuevo y, alejado de la ciudad, lucha contra la naturaleza y contra todo ser humano que encuentre, sin supervisión de autoridad alguna, lo que hace desarrollar un espíritu individualista[15]. Una cultura que se pretende exportar a todo el mundo, aún cuando sea extraña a la mayoría de las regiones del planeta[16]. Es más que probable que esta regresión sea una respuesta de fuerzas conservadoras al debilitamiento de la disciplina laboral producido por el pleno empleo[17] pero eso implica que “el capitalismo de los propietarios, que no tiene otro objetivo que los beneficios y produce un divorcio entre trabajadores, Estado (asistencial) y democracia, está renegando de su propia legitimidad. La utopía neoliberal es una forma de analfabetismo democrático”[18].

La experiencia de América Latina es particularmente ilustrativa. En la mayoría de los países de la región hasta los años sesenta del siglo pasado se fueron consolidando programas de Seguros Sociales, en algunos casos bastante avanzados[19], programas que como en tantos países europeos su desarrollo iba en la dirección de abocar a la instauración de Sistemas de Seguridad Social con cobertura a la totalidad de la población. Es decir, en este punto la evolución tenía muchas semejanzas con la europea. Pero en los años setenta y posteriores se interrumpió bruscamente. En algunos países las dictaduras militares de corte fascista que asolaran muchos de los países del continente impusieron a sangre y fuego un esquema neoliberal (Chile) que acabó con la existencia de los Seguros Sociales y la posterior recuperación de la libertades no trajo consigo una recuperación de la evolución interrumpida, sino que por el contrario, el gran problema de las salidas a las dictaduras fue que los nuevos regímenes insistieron en el desmantelamiento de los seguros sociales con la cobertura ideológica de la ineficiencia de lo público y la mayor garantía de los esquemas de ahorro privado basados en la capitalización individual. Las consecuencias están a la vista[20], el número de personas desprotegidas y su caída en la menesterosidad a aumentado y con ella la violencia. La calidad de la vida democrática está seriamente resentida. Las deferencias de rentas se ha acentuado y con ello la exclusión social. La corrección de esta situación es una necesidad que empieza a hacerse evidente para la inmensa mayoría, para lo cual recuperar en serio la opción por la Seguridad Social parece tarea necesaria y urgente.
[1] U. ROMAGNOLI, ¿Desde el estado de bienestar al estado del malestar? RDS, nº 36, 2006, p. 11.
[2] T.H. MARSHALL, Ciudadanía y Clase Social, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 20.
[3] Cfr. L. CANFORA, La democracia. Historia de una ideología. Crítica, Barcelona, 2004, p. 81-91.
[4] J.R. CAPELLA, “Una soberanía apacentada”, en J.R.CAPELLA (Dir) Las sombras del sistema constitucional español, Madrid, Trotta, 2003, p. 9.
[5] M. GARCÍA PELAYO, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza Editorial, Madrid, 1985, p. 28.
[6] M. ALONSO OLEA, “La política de la Seguridad Social”, Boletín de Estudios Económicos, Deusto, 1965, nº 64, p. 33.
[7] Se habrá entendido con claridad en lo hasta aquí expuesto que la existencia de un Sistema de Seguridad Social por si mismo no es garantía de existencia de un sistema democrático. Sin el resto de los derechos fundamentales no puede hablarse de tal. El caso español es un ejemplo de cómo la Seguridad Social, que empezó a desarrollarse desde 1966, en plena dictadura franquista, puede coexistir con un sistema antidemocrático, pero fue un excelente instrumento en la búsqueda de legitimación de un régimen totalitario, al tiempo que útil en los planes de desarrollo económico.
[8] W. BEVERIDGE, Full Employment in a Free Society (1944), se utiliza aquí la traducción al español La ocupación plena, FCE, México, 1947, p. 11.
[9] W.BEVERIDGE, Full Employment…cit, p. 47.
[10] J. APARICIO TOVAR, La Seguridad Social y la protección de la Salud, Civitas, Madrid, 1989, pp. 66-78.
[11] W. BEVERIDGE, Social Insurance and Allied Services, HMSO, Londres, 1942, p. 7.
[12] E. HOBSBAWM, Historia del Siglo XX, Crítica, Barcelona, 1995, pp. 260 y ss.
[13] U. BECK, La sociedad del riesgo, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México, 1998, p. 25.
[14] U. BECK , Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización, Paidós, Barcelona, 2007, p. 12.
[15] Cfr. R. POUND, “The administrative application of legal standars”, 44 Rep American Bar Association, 1921, p. 450.
[16] P. BOURDIEU, Contrafuegos 2, Anagrama, Barcelona, 2001, p. 32.
[17] J. R CAPELLA, “La crisis del Estado de Bienestar en la crisis de civilización”, en E. OLIVAS (dir.) Problemas de legitimación en el Estado Social, Trotta, Madrid, 1991, p. 169.
[18] U. BECK, Un nuevo mundo…cit., p. 14.
[19] Argentina, Chile o Costa Rica tenían programas de Seguros Sociales comparables (en algunos casos con prestaciones mejores) a españoles de ese tiempo.
[20] Son abrumadoras las pruebas del fracaso de los sistemas privados. A modo de ejemplo cfr. Asociación de Abogados Laboralistas de Chile, “La reforma del Sistema de Pensiones en Chile” Revista de Derecho Social. Latinoamérica, nº 1, pp. 235-247; A. JIMENEZ, “Reflexiones sobre las reformas de los Sistemas de pensiones en América Latina”, Revista del Ministerio de Trabajo (España), nº extraordinario sobre Reforma de la Seguridad Social, 2006, pp. 71-86.




2.- LA SEGURIDAD SOCIAL VALOR UNIVERSAL


No es infrecuente que para argumentar en contra de la adopción de un plan definido de Seguridad Social se alegue que solo puede ponerse en práctica en países desarrollados, de ese modo se pretende justificar la carencia de políticas efectivas de eliminación de la miseria en algunos estados. La experiencia de América Latina que se acaba de señalar indica lo inexacto de esta argumentación. Ya se ha dicho que hubo una importante evolución, comparable a la de algunos países europeos en un cierto momento de su historia, en la creación de importantes Seguros Sociales que, de no haberse interrumpido, podrían haber dado lugar a auténticos Sistemas de Seguridad Social, cierto que adaptados a las características de las sociedades en donde cada uno de ellos se hubiese implantado. No hay un solo Sistema idéntico a otro, ni en la calidad de las prestaciones ni en los requisitos para acceder al derecho a las mismas, aunque como luego se verá, todos responden a unos principios comunes que nos permiten saber cuando estamos ante un Sistema de Seguridad Social y cuando no lo estamos. Hay que tener en cuenta, además, que la Seguridad Social es una construcción original producto de la voluntad política, sin la cual no puede existir. No existe una realidad social previa que haya que ordenar jurídicamente, como se hace, por ejemplo, con el contrato de compraventa. La única realidad social que encontramos es la existencia de estados de necesidad de los individuos, pero afrontar ese problema con la técnica de la Seguridad Social exige organizar una formidable estructura que la humanidad ha ido ha alumbrado después de la Segunda guerra mundial y que, aunque su realización se haya plasmado de modo más acabado en los países europeos, ha llegado a entenderse como una conquista de civilización con valor universal.

Precisamente la otra gran herencia del siglo XX ha sido la aspiración a hacer universales y efectivos los derechos humanos en tanto que son el medio esencial para garantizar la común dignidad de todos los seres humanos. El derecho a la Seguridad Social está incluido entre los derechos que todo ser humano debe disfrutar, como han establecido tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948[1], como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966 [2]. El Convenio 102 OIT, de norma mínima de Seguridad Social, adoptado en la Conferencia de 1952, tiene como objetivo que los Sistemas de Seguridad Social se pongan en práctica en todos los países, para lo cual deja claro cual es el conjunto de riesgos sociales que generan estados de necesidad contra los cuales deben de organizarse los Sistemas nacionales. Ciertamente esta Convenio no reposa sobre una idea onmicompresiva[3] de la protección contra los estados de necesidad, pero señala un mínimo asumible por los estados de acuerdo con el “ideal de cobertura” de su tiempo. En Europa, la Carta Social Europea de 1961, que ha sido ratificada por la mayoría de los países, establece también la obligación para los signatarios de sostener Sistemas de Seguridad Social, tomando como referencia el Convenio 102 OIT, pero con el compromiso adicional de su perfeccionamiento progresivo[4] a medida que las circunstancias lo vayan demandando.

Frente a la idea del carácter programático del derecho a la Seguridad Social, como uno de los derechos sociales más importantes, se alza el texto mismo de los instrumentos internacionales citados, de los que derivan para los Estados obligaciones de respeto, protección y satisfacción[5], en este caso satisfacción a través de la obligación de la puesta en práctica de la institución que conocemos Seguridad Social, aunque sea de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de cada uno de los países. Precisamente el Convenio 102 OIT da la posibilidad a los Estados establecer algunas excepciones temporales en la protección contra algunos riesgos sociales en razón de las condiciones sociales y/o económicas de país de que se trate.

Podemos concluir, por tanto, que la Seguridad Social se ha convertido en un valor universal en si mismo, en tanto en cuanto es instrumento de garantía de derechos a prestaciones que hacen posible el acceso a la dignidad que como personas y ciudadanos todo ser humano tiene. Se trata ahora de determinar que debe entenderse por Seguridad Social para saber con cierta precisión a que es a lo que están comprometidos los Estados signatarios de los grandes instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

[1] Art. 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
[2] Art. 9.- Los estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.
[3] M.R. ALARCÓN CARACUEL, La Seguridad Social en España, Aranzadi, 1999, p. 42.
[4] .- El art.12 de la Carta dice así: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social, las Partes Contratantes se comprometen:1. A establecer o mantener un régimen de seguridad social. 2. A mantener el de seguridad social en un nivel satisfactorio, equivalente, por lo menos, al exigido para la ratificación del Convenio internacional del trabajo (número 102) sobre normas mínimas de seguridad social. 3. A esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad social
[5] V. ABRAMOVICH y C. COURTIS, Los derechos Sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2002, p. 31.

martes, 24 de julio de 2007

POLEMICA SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL





EL CAPITAL FINANCIERO Y LA ETERNA CRISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Continuando con las reflexiones de Rossana Rossanda sobre el debate político y social del futuro del sistema de las pensiones en Italia que ayer se incluía en estas páginas, se trae a la misma mesa de debate un artículo de Vicenç Navarro en el que se analiza uno de los tópicos de este debate: la inviabilidad del equilibrio financiero del sistema de seguridad social. El artículo se concibe de modo polémico como respuesta a un artículo de dos economistas al servicio entonces de un importante servicio de estudios de la banca privada y hoy en puestos de responsabilidad en el asesoramiento al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Mas allá de esta polémica, el contenido de los argumentos resultan especialmente útiles para suministrar nuevos elementos de análisis sobre el tipo de regulación de la Seguridad Social en extensión y en intensidad que se podría exigir en España, y para contrastar con los avatares normativos en los que ésta se encuentra. De nuevo sobre este tema es imprescindible leer los artículos de López Gandía sobre “La reforma de la jubilación en la ley de medidas de Seguridad Social de 2007”, y de Mikel de la Fuente analizando, en contrapunto, “Reparto y capitalización en el sistema de pensiones de Estados Unidos y sus recientes reformas”, ambos en el numero 38 de la Revista de Derecho Social. Por lo demás el texto de Navarro se ha traido a este blog desde la página de la revista de medios Sin Permiso (
www.sinpermiso.info) .


RÉPLICA A DAVID TAGUAS, DIRECTOR DE LA OFICINA ECONÓMICA DE ZAPATERO

Reproducimos el texto completo de la réplica del profesor Navarro a David Taguas. Una versión abreviada de la misma se publicó en Temas para el Debate el pasado mes de mayo.
La Seguridad Social es uno de los sistemas públicos de aseguramiento que moviliza más dinero en cualquier país, dinero que en España está, en su mayor parte, fuera del alcance del capital financiero, es decir de los Bancos, de las Cajas y de las compañías de seguros privados. Esta enorme cantidad de dinero ha representado siempre un gran atractivo para estas instituciones financieras. De ahí, que hayan estado promoviendo durante varias décadas la privatización de la Seguridad Social, indicando que el sistema de aseguramiento público no es viable, prediciendo que la Seguridad Social, (incluyendo las pensiones públicas), se colapsará en los próximos años. Esta predicción se hizo en España a principios de los años setenta (cuando el colapso se suponía ocurriría diez años más tarde), se repitió a principios de los años ochenta y de nuevo, a principios de los años noventa y, como no, ahora se presenta una vez más a principios de la década 2000. Estas predicciones de falta de viabilidad financiera del sistema de aseguramiento público se basa en el supuesto de que el aumento de la esperanza de vida de las personas (es decir el número de años promedio que una persona espera vivir), así como el incremento del número de ancianos (y por lo tanto pensionistas) y del tamaño de los beneficios (que portavoces del capital financiero consideran ya excesivamente generosos) hará imposible su viabilidad, puesto que tal aumento de beneficiarios y beneficios irá acompañado con un descenso de los cotizantes a la Seguridad Social, resultado del descenso del número de trabajadores que aporten a tal sistema de aseguramiento público.
Según tales instituciones financieras –la Banca, las Cajas y las compañías de aseguramiento privado- la única solución que puede garantizar las pensiones a los jubilados es el sistema de aseguramiento privado, eliminando o reduciendo el sistema de aseguramiento público a un mínimo. Tal privatización consistiría en que cada ciudadano tuviera su propia póliza de aseguramiento privado que le permitiría gozar de una pensión satisfactoria cuando se jubilara. Estos sistemas privados de aseguramiento se llaman de capitalización individual y se asume que pueden ofrecer mejores pensiones a los asegurados como consecuencia de que las tasas de retorno del capital invertido en los Bancos y en las Cajas son mayores que en los sistemas públicos de seguridad social. En otras palabras, se afirma que la Banca y las Cajas ofrecen mayor rentabilidad del dinero del cotizante que la Seguridad Social. Otra ventaja del sistema de capitalización individual –no sólo para el asegurado sino también para la totalidad del país- es, según la Banca, las Cajas y aseguramiento privado, el canalizar más dinero al ahorro privado, que tales instituciones financieras utilizarían para el beneficio de todos.
Tal postura a favor de la privatización de las pensiones públicas aparece en el artículo La Reforma de las Pensiones, publicado en la revista Panorama Social de la Fundación de Cajas de Ahorro y escrito por David Taguas, que era cuando escribió el artículo subdirector del servicio de estudios del Banco BBVA (y que ahora ha sustituido a Miguel de Sebastián- que también procedía del BBVA- como director de la oficina económica de la Moncloa y asesor del Presidente Zapatero) y por María Jesús Sáez (que era, cuando escribió el artículo, interventora de la Seguridad Social y hoy dirige una empresa pública nombrado por el Gobierno socialista). Tal artículo ha sido motivo de una editorial favorable de El País (Augurio de crisis, 12/02/07) que hace suyos el análisis y las propuestas de tales autores. La influencia que tiene tal diario así como la de los autores del citado artículo exigen un análisis de sus tesis.



Los supuestos del artículo de David Taguas y María Jesús Sáez.
Analicemos, pues, las premisas del artículo. El diagnóstico de falta de viabilidad del sistema de Seguridad Social se basa en el supuesto citado anteriormente. El aumento del número de pensionistas y el número de años que cada pensionista vive junto con la reducción del número de trabajadores cotizantes determina –según los autores- que inevitablemente la Seguridad Social se colapsará alrededor del año 2050, aún cuando los déficits en su sistema de financiación comenzarán a notarse mucho antes, entre los años 2027 y 2030, una vez agotados los fondos de reserva. La solución -según los autores- es la privatización de las pensiones siguiendo el modelo de capitalización puesto que –según los autores- “los sistemas de capitalización individual son preferibles a los de sistemas de reparto (el sistema actual de financiación pública de la Seguridad Social) pues permiten mayor ahorro nacional y mayor rentabilidad”. De ahí que “si las economías desarrolladas se pudieran saltar hacia sistemas de capitalización individual debiera hacerse lo antes posible” (Pág.48), frase que reproducen tanto al inicio del artículo como al final del artículo, en sus conclusiones (Pág.58).
Ahora bien, el problema que Taguas y Sáez ven es que pasar de un modelo actual de reparto a uno de capitalización es enormemente costoso, puesto que si las personas cotizantes a la Seguridad Social, en lugar de transferir una parte de su salario a pagar a los pensionistas de hoy (con el compromiso que cuando ellos sean ancianos, otros pagarán sus pensiones), pagan parte de su salario a su banco o a su caja, entonces el Estado tendría que pagar las pensiones que se deben pagar ahora. Los autores no citan el coste de esta transición de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Esta cifra, sin embargo, es enorme. Así Dean Baker y Debayani Kar han calculado (Dean Baker and Debayani Kar. The World Bank’s Approach to Social Security Reform. Center for Economic and Policy Research. 2002) que tal transición en la privatización del sistema de reparto al sistema de capitalización que tuvo lugar en Chile durante la dictadura del General Pinochet costó a las arcas del Estado una cantidad equivalente al 8% del PIB. La naturaleza de tales costes explica que Taguas y Sáez aconsejen que se vaya a la capitalización individual gradualmente, reduciendo significativamente los beneficios de las pensiones, convirtiéndose éstas en un sistema de mínimos universales, que se basara en el salario promedio de la vida laboral del pensionista (lo cual significaría la reducción de un 30% de las pensiones actuales como los propios autores reconocen), en un aumento de la edad de jubilación a 70 años y una disminución considerable de la actualización de las pensiones de manera que las pensiones no seguirían la evolución de los salarios (como ocurre en la mayoría de países de la UE-15) ni de los precios (la inflación) sino un índice IPC-X que sería un modificación a la baja de la inflación y que reduciría la pensiones con la edad. Este gran déficit de protección social (sin precedentes en la UE-15) que ocurriría con estos recortes se sustituiría con un aseguramiento privado que tendría un componente obligatorio (forzando una cotización de 3-5% de la nómina de los trabajadores) y otro voluntario. En el nuevo esquema de pensiones habría un sistema de reparto universal mínimo, otro de cotización obligatoria y otro, también de cotización individual, voluntario.
Los problemas con tales reformas
La primera nota que salta a la vista es que en sus propuestas es el enorme tamaño de la reducción de los beneficios de los pensionistas. Para hacerse idea de la radicalidad de estas propuestas hay que saber que ningún partido gobernante en los países de la Unión Europea de los Quince o de Norte América ha propuesto retrasar la edad de jubilación a los setenta años. Incluso países con esperanza de vida mayores y con tasas de dependencia (población de menos de catorce años más población por encima de 65 años dividida por la población de 15 a 64 años) más grandes que España (tales como Suecia, Francia, Alemania y Bélgica) tienen edades de jubilación entre los 60 y los 65 años. Según la Internacional Social Security Association, en 2006 sólo Noruega, e Islandia tenían una edad de jubilación superior (67 años) a los 65 años. Y sólo el gobierno de coalición alemán liderado por Angela Merkel y el gobierno federal republicano del Presidente Bush han hecho la propuesta de retrasar la edad de jubilación a 67 años. Taguas y Sáez, sin embargo, ni cortos ni perezosos proponen nada menos un retraso de la edad de jubilación a los 70 años, una propuesta única hoy en los países desarrollados.
Pero además de extremistas, tales propuestas son erróneas pues se basan en supuestos altamente cuestionables. Los autores intentan apoyar sus propuestas refiriéndose “a un consenso entre los expertos en temas de la Seguridad Social a favor de sus propuestas”. En realidad no existe tal consenso. Un indicador del carácter más ideológico que científico de su artículo es que cuando Taguas y Sáez citan a expertos, excluyen sistemáticamente a aquellos que no comparten sus posturas como son en España Adolfo Jiménez (que fue en su día Director General de Régimen Económico y, posteriormente, Secretario General de la Seguridad Social durante los gobiernos de Felipe González) y que ha escrito extensamente cuestionando las tesis de no viabilidad del sistema de Seguridad Social -ver su capítulo: La Seguridad Social en España, en Navarro, V. (Coor.), La Situación Social de España; en EEUU Dean Baker y Debyami Kar, (ver artículo citado) y Joseph E. Stiglitz, (Diez mitos sobre los sistemas de Seguridad Social. 2001); y en América Latina, Camila Arza (Pension Reform in Argentina) y Carmelo Mesa Lago (Evaluación de un cuarto de siglo de reformas en América Latina) y otros que han criticado extensamente tales tesis. Ignoran así las abundantes críticas al sistema de capitalización individual, incluyendo la abundante crítica del modelo chileno, entre otra la del propio gobierno socialista de Bachelet que ha declarado tal sistema como insuficiente y altamente problemático, Tal como ha indicado Michelle Bachelet con motivo de la convocatoria del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Provisional “El sistema tiene baja cobertura, baja intensidad de cotizaciones, deja fuera a una enorme cantidad de trabajadores independientes, prácticamente el 95%, muestra poca competencia y altas comisiones, no da cuenta de las complejidades del trabajo moderno, alta rotación, alta informalidad y discrimina a la mujer, entre otras falencias conocidas”. Como consecuencia, el gobierno Bachelet se ha comprometido en una reforma sustancial del sistema.
Otro ejemplo de la orientación sesgada del artículo de Taguas y Sáez es su referencia al informe del Banco Mundial escrito en 1994, que promovió la privatización de la Seguridad Social en América Latina (y que inspira su artículo) sin citar otro informe posterior del Banco Mundial, escrito en 2002, en el que se expresan serias reservas sobre tal privatización sin renunciar, sin embargo a ella. Dean Bakes y Debayani Kar en el informe citado anteriormente hacen una crítica devastadora de ambos informes del Banco Mundial. Ni que decir tiene que esta crítica no aparece en el artículo de Taguas y Sáez. En otras ocasiones, Taguas y Sáez mezclan y confunden reformas complementarias (como es la reforma de Suecia donde tal capitalización es limitada y pública, con fondos gestionados por el Estado) con reformas sustitutivas (como en el caso de Chile en los que son las empresas privadas las que financian y gestionan el sistema), mostrando a la vez gran insensibilidad hacia les enormes inequidades de sus propuestas. Un ejemplo de ello es su propuesta de retrasar la edad de jubilación a 70 años. Tal retraso puede ser un gran beneficio para un Catedrático universitario que disfruta con su trabajo pero es una gran injusticia exigirle cinco años más de trabajo a una persona de limpieza de la Universidad que ha realizado un trabajo manual y repetitivo durante toda su vida laboral. Es más, tal como han documentado varios estudios epidemiológicos, la salud del profesional universitario a los 70 años es mucho mejor que la salud de la trabajadora manual no cualificada, la cual, a los sesenta años, tenía ya el nivel de salud que el Catedrático tiene a los setenta años (ver los trabajos del profesor Chandola del University College of London ampliamente popularizados por la BBC). Es de una enorme inequidad aplicar la misma jubilación a dos personas con tipos de trabajos bien distintos y niveles de salud muy dispares.
Otro grave problema de las propuestas de Taguas y Sáez es el largo periodo de predicción económico y demográfico. Es bien conocida la falta de credibilidad de modelos demográficos y económicos de tan largo periodo (40 años). Sus predicciones se han demostrado repetidamente erróneos. Cualquier proyección demográfica por encima del veinticinco años en sistemas de seguridad social es pura imaginación. Y los pronósticos de colapso de la seguridad social (que ha ocurrido en los últimos cincuenta años, cíclicamente cada diez) es la prueba de su escasa predecibilidad. En realidad cuando se predecía el colapso de la Seguridad Social en los años ochenta, Adolfo Jiménez y su equipo en la Secretaría General de la Seguridad Social predijeron correctamente que no habría tal colapso en los noventa, alcanzando superávit en los 2000, tal como ocurrió. Y más recientemente, los cálculos y predicciones de Adolfo Jiménez (ver artículo citado) señalan claramente la viabilidad de tal sistema público. Y ello se debe primordialmente a la integración de la mujer y de los inmigrantes al mercado de trabajo. Es más, si España tuviera la tasa de participación femenina que tiene Suecia, España tendría 3 millones más de trabajadores y cotizantes a la Seguridad Social. De ahí que la inversiones en los servicios de ayuda a las familias (que en España quiere decir mujeres), tales como escuelas de infancia y servicios de atención a las personas dependientes sean de una gran importancia económica, facilitando tal integración.
Pero a la exageración que Taguas y Sáez hace en sus proyecciones demográficas y económicas acompaña un silencio hacia los costes de mantenimiento y gestión de los sistemas de capitalización, costes muy superiores al coste de administrar la Seguridad Social. La evidencia acumulada (ignorada por Taguas y Sáez) es que los costes de administración de los sistemas privados de aseguramiento son muchas veces más grande que los costes de administración de los sistemas públicos. Así en América Latina, el 22% del coste de la prima de aseguramiento en Argentina, el 22% en México, el 19% en el Salvador, el 15% en Chile y el 14% en Colombia, van a cubrir gastos administrativo. En EEUU, por lo contrario, tal porcentaje en la Seguridad Social es sólo el 0.5% (ver James, E., Smalhour, J., Vittas, D. Administrative costs in the organizations of individual Account Systems: a Comparative Perspectiva. Washington D.C. World Bank 1999). En realidad, tal experiencia internacional con el aseguramiento privado ha sido sumamente problemática, beneficiando sólo al capital financiero (bancos y cajas) pero no a la mayoría de los supuestos beneficiarios. Sería un enorme error, tanto económico como político que tales reformas privatizadoras se llevarán a cabo en España.
Problemas metodológicos en los cálculos de Taguas y Sáez
Pero a las grandes deficiencias conceptuales del artículo de Taguas y Sáez hay que añadir unas deficiencias metodológicas en sus cálculos y en sus supuestos. Veamos.
En primer lugar, los autores señalan que de no haber cambios en la Seguridad Social en España, el coste de las pensiones públicas pasarían de representar el 7,7% del PIB en 2004 a un 17,9% del PIB en el año 2059, un crecimiento que consideran a todas luces excesivo. Pero nunca aclaran porqué este porcentaje sería excesivo. En realidad, el PIB del año 2059 será mucho mayor que el PIB del año 2004. Si consideramos que el crecimiento anual de la productividad es (tal como los autores indican) de un 1,5% durante el período 2004-2059 (y sin que haya un aumento de la población activa) entonces el PIB de 2059 será 2,25 veces mayor que el PIB de 2004. El significado de este dato es que si consideramos el valor del PIB en el año 2004 como 100, entonces el valor del PIB en el año 2059 será de 225. Pues bien, si bien el valor del PIB en 2004, después de pagar las pensiones, era de 100 – 7,7 = 92,3 en el 2059 el coste de las pensiones será (según las predicciones de Taguas y Sáez) del 17,9% del PIB, pero de un PIB de 225, lo cual quiere decir que el coste de las pensiones sería el 17,9% de 225, es decir, 40. De ahí que el valor del PIB para consumo después de pagar las pensiones será de 225 – 40 = 185, que es el doble del valor existente en el año 2004 que fue de 92,3. Tanto pensionistas como los no pensionistas tendrán muchos más recursos para pagar pensiones y otros gastos públicos que en 2004, a pesar de que las cotizaciones sociales representarán el 17,9% del PIB en el año 2059. Los recursos existentes para la sociedad disponibles después de pagar las pensiones serán el doble de los recursos de 2004. En realidad, el gasto público en pensiones hace cincuenta años en España era solo un 3% del PIB. Hoy es el 8,1% del PIB sin que ello signifique que haya menos recursos para los no pensionistas de hoy que hace cincuenta años. El crecimiento económico es el factor determinante del nivel de riqueza total del país. Y este crecimiento es probable que sea incluso mayor que el indicado por Taguas y Sáez, como consecuencia de que el crecimiento de la productividad sea mayor que la proyectada por Taguas y Sáez y que el crecimiento de la población activa sea también mayor.
Otro error que hacen Taguas y Sáez - que se oponen al aumento de los impuestos para resolver el posible déficit de la Seguridad Social - es que parecen no darse cuenta de que el retraso de jubilación es en realidad un aumento muy notable de los impuestos y un aumento sumamente regresivo por las circunstancias apuntadas anteriormente, puesto que la esperanza de vida es más corta en la medida que la renta es menor, siendo los trabajadores (que viven vidas mas cortas) los que financian las pensiones de rentas mayores que viven más años. Su actitud “anticrecimiento de los impuestos” para financiar la Seguridad Social es pues extraordinariamente sesgada. En realidad y tal como ha indicado John Schmitt, Senior economist del Center for Economic and Policy Research de Washington (EUA), si a la población se le preguntara a través de un referéndum que escogiera entre tres opciones: una, aumentar los impuestos gradualmente (en la medida que el nivel de vida vaya aumentando y las rentas vayan subiendo) durante los próximos treinta años a fin de pagar unas buenas jubilaciones; otra, pagar los mismos impuestos pero trabajar y pagar impuestos cinco años más; y una tercera posibilidad, pagar los mismos impuestos que ahora pero reduciendo las pensiones, la evidencia que tenemos muestra que la gran mayoría de la población escogería la primera alternativa. Y sin embargo esa posibilidad es descartada desde el principio del artículo por Sáez y Taguas cuando escriben “Es preciso anticipar que en este trabajo no se considera la posibilidad de incrementar los ingresos del sistema para afrontar el gasto creciente que resulta del incremento en la tasa de dependencia (es decir, las cotizaciones sociales), y ello porque se supone que la presión fiscal creciente afectaría negativamente a la oferta de trabajo”. Pero si fuera verdad (lo cual no lo es) que aumentar los impuestos reduce la oferta de trabajo, ¿porque entonces el aumento de los impuestos que ocurre con el retraso de la jubilación no es considerado que reduciría también la oferta de trabajo?. En realidad, Taguas y Sáez confunden la tasa de impuestos con la cantidad de impuestos. La cantidad disponible del que paga los impuestos una vez haya contribuido al erario público puede aumentar considerablemente (como consecuencia del aumento de su renta total) aun cuando la tasa de sus impuestos haya aumentado. De la misma manera que la capacidad adquisitiva de consumo de la España de 2059 será mucho mayor que la de la España de 2004 (aun cuando el porcentaje de los impuestos sobre el PIB sea mayor en 2059 que en 2004), la capacidad adquisitiva del promedio español será mayor en el año 2059 que en 2004, incluso después de pagar un porcentaje mayor de su renta en impuestos. Este es el punto que sistemáticamente se ignora por Taguas y Sáez, y la mayoría de portavoces del pensamiento liberal.
Todo lo dicho hasta ahora no implica que no hayan reformas que debieran realizase en la Seguridad Social de España como ajustar, por ejemplo, la edad real (62) a la edad legal de jubilación (65) o estimular voluntariamente el retiro del trabajo para edades más avanzadas. Pero es irresponsable crear una sensación de pánico que no se corresponde con la realidad. Es más, incluso si fuera cierto que a la larga, en el año 2050 hubiera un problema de falta de trabajadores cotizantes, las pensiones podrían pagarse por vía impositiva –con fondos generales del Estado- como ya ocurre hoy en muchos países. Es muy improbable que en un programa tan popular como las pensiones no hubiera apoyo popular para resolver aquel problema a través de fondos generales del Estado si tal insostenibilidad ocurriera. Lo que aquellos autores ignoran es que la viabilidad de la Seguridad Social no es una cuestión estrictamente económica sino esencialmente política por su contenido social y redistributivo. La Seguridad Social será viable si el electorado así lo desea. Y el hecho de que la ciudadanía se envejezca no un es problema para la viabilidad de tal sistema de pensiones sino antes al contrario: señala que un número mayor de votantes serán beneficiarios de este sistema, siendo sus máximos defensores.
Conclusiones: La resistencia popular a tales reformas
De ahí que uno de los obstáculos mayores para el desarrollo de las recomendaciones propuestas por Taguas y Sáez es la resistencia popular que generarían. En este aspecto es interesante y significativo señalar las conclusiones de otro estudio, también financiado por la fundación BBVA (y que inspira en gran manera el artículo aquí discutido) The political future of social security in aging societies, de Vincenzo Galaso (publicado por MIT) que concluye con las siguientes observaciones. “Las decisiones aquí propuestas podrían facilitarse trasladando la responsabilidad por su establecimiento a la Unión Europea –y muy en especial a la Comisión Europea- lo cual sería posible por el déficit democrático existente en la U.E. Su falta de tener que dar cuentas a la ciudadanía (acountability) permitiría que fuera ésta la que impusiera tales decisiones que se tomarían en contra de los deseos de los votantes existentes hoy pero a favor de los intereses de los que todavía no han nacido”. Es interesante ver como la Banca y sus portavoces se erigen como los defensores de los todavía no nacidos y es también conmovedor ver que la Banca se preocupa más por los niños no nacidos todavía que por sus padres y abuelos.
En realidad, el problema de las pensiones –tanto contributivas como no contributivas- no es su excesiva generosidad, como aquellos autores asumen, sino precisamente lo contrario, son demasiado bajas. La insuficiencia de las pensiones no contributivas es un hecho ampliamente reconocido en España. Pero lo que no es tan conocido es que incluso las contributivas son bajas en comparación con el promedio de los países de la Unión Europea de los quince (EU-15) el grupo de países más cercanos a España por su nivel de desarrollo económico. La pensión media contributiva en España es sólo el 68% de la pensión media contributiva de la UE-15 (homologada por el tipo de pensiones y medida no por la tasa de sustitución de los salarios –que son muy bajos en España- sino por la cantidad de la pensión), y la pensión no contributiva es sólo el 46% del promedio de la UE-15. Para valorar el significado de estos datos, tenemos que tener en cuenta que España tiene un nivel de riqueza (medido por su PIB per capita) semejante al promedio de la UE-15: específicamente su PIB per capita es ya el 91% del PIB per capita promedio de la UE-15. Y en cambio su gasto social per capita es sólo el 62% del promedio de la UE-15. Si nos gastáramos el porcentaje del gasto social que nos corresponde por nuestro nivel de riqueza debiéramos gastarnos más de 72.000 millones de euros más de lo que nos gastamos. Según los datos elaborados por EUROSTAT, por la metodología SEEPROS España destina el 19,7% del PIB (2003) a gasto en protección social mientras que el promedio de la UE-15 es del 28,3%. Si se considera los gastos de vejez, invalidez y supervivencia, el porcentaje sobre el PIB es de 9,8%, ocupando el penúltimo lugar de la UE-15 (2003) (Suecia el 17,6%, Alemania el 14,7%).
España debe gastarse en su Estado del Bienestar, incluyendo su Seguridad Social, más de lo que se gasta. En realidad, la carga fiscal en España (porcentaje de los impuestos sobre el PIB) es uno de los más bajos de la UE-15. Su capacidad recaudatoria, por lo tanto, dista mucho de haberse agotado. Tal agotamiento es otra de las tesis que el capital financiero está promoviendo en España con la ayuda de grandes cajas de resonancia que tienen una enorme influencia política y mediática en el país.

lunes, 23 de julio de 2007

PRIMER CINCUENTENARIO DE LOS HECHOS DE HUNGRIA 1957 Y DI VITTORIO



Para este verano, cuando –harto de sufrir el achicharramiento playero— alguien desee adquirir un cierto barniz de cultura, puede echar mano de la lectura del libro “Di Vittorio y los hechos de Hungría de 1957”. Este blog lo edita en la esmerada versión castellana que en exclusiva nos ha hecho el tito Ferino y también a la bitácora de Pepe Luis López Bulla; versión esmerada, decimos, aunque –a nuestro poco fundado saber—necesita otra capa de pintura.


Diez personalidades enjuician el posicionamiento del maestro de sindicalistas Giuseppe Di Vittorio que, lo anticipamos, fue radicalmente contraria y confrontada abruptamente con los planteamientos del partido comunista italiano, del que Di Vittorio era también dirigente. Por lo demás, anunciamos por todo lo alto que, a finales de este mes, en los dos blogs hermanados aparecerá otra exclusiva veraniega: un regalo a nuestros lectores con motivo de la celebración de las fiestas de la ciudad de Parapanda y del homenaje que se hará al tito Ferino al cumplir sus primeros cien años. De momento, ahí va el Di Vittorio.



ROSSANA ROSSANDA: Sobre las pensiones




SOBRE EL DEBATE DE LAS PENSIONES EN ITALIA

En Italia se está desarrollando un interesante debate sobre la reforma del sistema de pensiones en el que se entrecruzan las posiciones políticas en términos no muy diferentes a aquellos que se expresaban en España a finales de los años 90. En el debate italiano, además, el tema es mas candente puesto que la diferencia de pareceres atraviesa la unión de partidos que sostiene el gobierno Prodi, en una prolongación con las visiones clásicas que sobre el tema ha mantenido la derecha económica y política. Una parte de la izquierda política y el sindicalismo mantienen una visión garantista del sistema que sin embargo se combate desde posiciones en muchos casos exquisitamente ideológicas. Se ha considerado conveniente traer a este blog una reflexión de Rossana Rossanda sobre este punto, aparecida en Il Manifesto del 18 de julio del 2007 y recomendar su lectura conjunta e inseparablemente del editorial del numero 38 de la Revista de Derecho Social que lleva por título “La Seguridad Social elemento esencial de la democracia”. El texto de RR ha sido oportunamente extraído de la revista de medios Sin Permiso (www.sinpermiso.info) , y la traducción es de Joaquin Miras.



MANIPULACIONES



Por Rossana Rossanda


No existe debate político tan atravesado por las mentiras, los errores y las reticencias como el de las pensiones. Termine como termine –acuerdo o ruptura de la Unión—, pasará a la historia como una página singularmente baja de nuestra temporada política. Dejemos de lado el perfil moral, según el cual la mayoría considera justo y solidario que cerca de la mitad de los pensionistas italianos –por encima de los 16 millones— vivan con menos de 750 euros al mes, cantidad que a quien decide sobre la suerte de aquéllos, no le alcanza ni para dos días. Atendamos a la información, completamente sesgada por una tendenciosidad inclinada a la mentira pura y simple, a la omisión y a la manipulación. No creo que quienes nos gobiernan, la prensa y la TV no sepan cómo están las cosas realmente. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Contabilidad del Estado son de fácil acceso y, en su conjunto, claros. Digo “en su conjunto” porque el desmenuzamiento de las tipologías y de los métodos de cálculo no ayuda al ciudadano a comprender a qué puede atenerse personalmente, pero quien decide está perfectamente al corriente de ello. Veamos las enormes libertades, llamémoslas así, que se toman nuestra clase dirigente y sus editorialistas.


1.- Gobierno y firmas de prestigio dicen que es necesario reformar urgentemente el sistema de la Seguridad Social porque está actualmente en déficit. Es falso. La relación entre ingresos y gastos de las pensiones de los trabajadores – cuántas cotizaciones se han ingresado y cuánto se percibirá una vez se ha dejado de trabajar- arroja un balance positivo para cualquier año, compensándose las categorías relativamente más privilegiadas con los fondos del trabajo dependiente público y privado. Si en el balance de cuentas del Instituto Nacional de Estadística aparece un modesto déficit es porque le son endosados, junto a las pensiones de los trabajadores, una seríe de gastos asistenciales a los que el gobierno hace frente (más o menos justos y nunca en disminución). Esto está registrado en los datos oficiales, lo dicen los sindicalistas, lo ha elaborado Refundación Comunista, lo explica en Reppublica, en términos simples y exactos, Luciano Gallino –pero como si nada, la tesis sigue siendo la misma: demasiados, los pensionistas; pocas, las cotizaciones, y en lo futuro, todo irá a peor. ¿Y quién debe pagar este déficit asistencial (tras haber cubierto ya el de la Seguridad social de los campesinos, el de los artesanos y el de los ejecutivos de empresa (!) , de los trabajadores de telefónica y de los electricistas, porque es una selva de sistemas diferentes) sino el que era antaño el fondo de los trabajadores por cuenta ajena , especialmente los del sector privado?¿ Aquellos que son los peor retribuidos y con toda seguridad no evasores de impuestos? Es a ellos a quienes se les exige que prolonguen su tiempo de trabajo y aumenten su cotización. Esta es, en esencia, la famosa reforma
Como premisa o como conclusión de este axioma constan las previsiones sobre el futuro, destinadas a demostrar que seremos siempre menos, siempre más viejos, y por consiguiente que habrá siempre menos cotizaciones, espantosas “jorobas” en el déficit. Nuevas generaciones con pensiones de jubilación a cero. Es sin embargo curioso, resulta incluso estrafalario, que nadie eche una ojeada al decenio transcurrido de la reforma Dini en adelante: ni tan solo uno de los pronósticos avanzados entonces se ha revelado como acertado.. En 1995 se había previsto que la población residente descendería, en el 2005 deberíamos haber sido 57.613 144, mientras que en aquella fecha llegamos a ser 58.751.711: un error de más de un millón, somos un 2% más. ¿Pero quizás más viejos e improductivos?. Pues no, ha aumentado el número de quienes están en edad de trabajar, la franja entre los 24 y los 29 años ha crecido más de un 6%, la tasa de los que se encuentran en edad de trabajar entre los 15 y los 64 años ha crecido en un 3%. Y por último, pero no lo menos importante, concretamente en Italia la edad media de quienes pasan a ser pensionistas es de 61 años y pico. No habrá sido mala intención, pero sí ciertamente un error escandaloso, que demuestra cuántas variantes intervienen en la previsión y qué valor tienen las actuales extrapolaciones respecto de un futuro temible


2 .- En medio de esta nada inocente confusión están los inmigrados. En 1995 el gobierno previó que habrían entrado y se habrían regularizado 51.000. Por el contrario, han sido 238.357, y en gran medida ellos constituyen la franja joven en aumento. Una vez regularizados, pagan impuestos y tasas (entre paréntesis, las tasas las pagan incluso los jubilados, por lo que no son tan solo gasto). Añádase a esto que aquellos que se las han arreglado para llegar a nuestras costas sin ahogarse (demasiados no logran llegar ni tan siquiera a las páginas de noticias) son robustos, no hemos gastado ni un céntimo para alfabetizarlos ni diplomarlos. Es preciso ser Bossi o Fini, maniáticos de la identidad nacional y de estupideces semejantes, para no comprender que ellos son ya parte de la Europa que está emergiendo, nutren el colectivo de contribuyentes, son un recurso. Si no se les tiene en cuenta, todas las previsiones tanto sobre la esperanza de vida (diversa entre otras cosas según las muy claras categorías sociales), como sobre la composición del trabajo y sobre el colectivo de contribuyentes están abocadas a caer en gruesos errores tal como ocurrió durante el decenio anterior
Y podríamos continuar. No siempre son mentiras: es también oscurecimiento “natural”, tal como el que se arroja sobre las mujeres. Estas, como es sabido, tienen una mayor esperanza de vida y pretenden acceder a la pensión cinco años antes. ¡Vampiras! Se finge olvidar –o, aún peor, se olvida verdaderamente- que una trabajadora suma a las treinta y cinco o cuarenta horas de actividad fuera de su casa (no sabemos cuántas de ellas, señoras de la limpieza y cuidadoras de ancianos, trabajan en negro, porque nuestras señoras no pagan impuestos) el trabajo en su propia casa: alimentar, lavar y planchar para sus hombres, criar a los niños, cuidar de los ancianos, limpiar la casa, hacer la compra y atender a la pequeña burocracia –todos los trabajos que llevan tiempo y no son pagados, pero cuyo coste podría ser fácilmente calculado a partir de la retribución que percibe quien lo desempeña como profesional (señoras de la limpieza, cuidadoras, enfermeras, secretarias).
Decir que por término medio una trabajadora curra no siete por cinco, sino siete por siete es una aproximación a la baja. Eugenio Scalfari había escrito que la usura se continúa ejerciendo mientras el cuerpo aguanta.
Y oscurecimiento es precisamente lo que cae sobre los trabajos “usurarios” sobre los que quizá no se miente, pero todos, sindicatos incluidos, hacen la vista gorda. No hay que ser psicólogo o catedrático de sociología para saber que cualquier trabajo que es solo cansancio, repetición y aburrimiento , que es sólo maquinal, sin posibilidad de elección o decisión y que no tiene otra contrapartida que el salario, es usurario física y /o síquicamente, es alienante y devora energías . Como para un precario la permanente incertidumbre sobre el mañana es en nueve de cada diez casos lo más desgastador de un trabajo. El décimo caso lo dejamos para la señorita Padoa Schioppa que –según dijo su padre //1— está contenta de saber sólo el viernes si podrá trabajar el lunes siguiente. Pero volvamos sobre la mentira respecto de hechos y datos fácilmente controlables: ¿A qué se debe?
Creo que obedece a una doble la explicación. La primera que, aún habiendo alcanzado la cuota de desfachatez social 2007, les avergüenza decir: Querido pueblo italiano, mantendremos las pensiones a su nivel actual (8 millones de vosotros con menos de 750 euros al mes, (y el 80% de los mismos con menos de 500 euros) pero tendréis que trabajar algunos años más y además hacer transferencia de los fondos de pensiones de la Seguridad Social a algún fondo de inversión porque debemos bombear vuestros dineros para reflotar nuestras pobres empresas. Si con esta ayuda vuestra logramos ser competitivos, tendréis al final algunos euros más, no como pensionistas, sino como accionistas, si no lo logramos, perderéis también aquellos. El crecimiento de las empresas sea vuestra divisa, apretaos el cinturón confiadamente
La segunda es que la primera ley no es la de Signora, sino la de la Comisión europea y de el Banco Central europeo que exigen que nuestra deuda vuelva a estar en los niveles previstos. ¿Ha habido un aumento imprevisto de los ingresos fiscales? Aproveche para curarse un poco más deprisa. Es cierto que en Francia Nicolás Sarkozy le ha dicho a esas dos autoridades supremas del continente: por cierto, Francia se incorporará a la disciplina europea no en el 2008 sino en el 2012, y no se ha venido abajo el mundo. Pero él es la derecha y nosotros la izquierda, él apesta a proteccionismo, mientras que nosotros , fieles a la libertad, permitimos que se desmantelen nuestras fronteras y en cuanto podemos desmantelamos las ajenas. Una dinámica empresa italiana se ha comido hace dos semanas una empresa francesa saneada para cerrarla y deslocalizarla en Tunez, donde el trabajo cuesta mucho menos y adiós a la mano de obra cualificada. Esto se hace pero no se dice. Al menos no, cuando la mayoría está compuesta por un arco completamente de izquierdas , incluidas Refundación comunista y el Partido Comunista de Italia incluidos //2, y sobre todo en el Senado se necesitan absolutamente todos los votos, del primero al último. Otra cosa sería si, como no ocultan Francesco Rutelli y buena parte de los dirigentes del aún no nato Partido Democrático, la mayoría se liberase de su izquierda, tachada de maximalista y conservadora, y pudiese contar como suyos los votos de la Unión Demócrata Cristiana y otros, posiblemente independientes, pero suficientes para reemplazarla. O si el gobierno cayese y se formase , bajo los auspicios del presidente de la República //3, un bonito gobierno de unidad nacional que ya no tendría necesidad de mentir, salvo, naturalmente, durante las elecciones. Hoy por hoy, es aún difícil que sin pasar página, el Estado, que tiene prohibida la intervención en la economía, intervenga minuciosamente para liquidar todos los intentos que ponen coto de alguna manera a la lógica de los beneficios. Este es, por otra parte, el verdadero nudo gordiano de la actual mayoría.


NOTAS del TRADUCTOR: //1 Actual ministro de economía del segundo gobierno Prodi -2006- alto funcionario europeo, y antes, directivo de la mayor empresa privada de seguros europea. Todo un “perfil” típico de la clase política europea actual. //2 La frase “Esto se hace pero no se dice”, se refiere, por supuesto a la doble moral sexual burguesa (santa esposa/prostitución, etc). Referido a las hipocresías de fuerzas sedicentes de izquierdas, es una denuncia de la doblez moral, La frase era un tópico usual que formaba parte del acerbo común de la cultura de la izquierda revolucionaria europea y hacía referencia a una anécdota histórica. En una tesitura semejante, en la que el socialdemócrata revisionista Eduard Berstein se fue excesivamente de la boca por su sinceridad brutal en favor de prácticas procapitalistas, éste fue reconvenido por el dirigente ortodoxo, centrista, de la socialdemocracia, Karl Kautsky:“Mi querido Eduardo, esto se hace pero no se dice”. Hoy la desarticulación de nuestra traditio exige, al menos en España, que se redacten notas a pie de página para explicar el significado de lo que fue un locus de la cultura de la izquierda. // 3 Giorgio Napolitano, procedente del ala derecha del PCI, y que, a comienzos de los años 90, llegó a escribir libros, al alimón, con el entonces representante del ala izquierda de la socialdemocracia alemana Oskar Lafontaine, en los que se defendía para Europa un socialismo realmente transformador. La evolución de ambos personajes no ha sido la misma.

viernes, 20 de julio de 2007

ROMAGNOLI: Sobre la precariedad

Como quedó dicho el otro día, en el reciente número de la Revista de Derecho Social (el 38) aparece el ya famosísimo ensayo del maestro Romagnoli. La dirección de la mencionada revista ha concedido en régimen de exclusiva este trabajo a los blogs hermanos Según Baylos y Metiendo Bulla, quienes a su vez ruegan al personal que sea pirateado ampliamente. Trata de la cuestión del precariado. O sea, de la máxima actualidad. Hélo aquí el mencionado artículo.

ROMAGNOLI: Y de pronto es ayer

jueves, 19 de julio de 2007

MOVILIZACIONES EN PERU





Los periódicos no lo dicen, pero en Perú hay un estado de conflicto generalizado en lo social que sin embargo tiene dificultades para expresarse políticamente. La visión que se construye de la América andina está deformada, la desconfianza ante los proyectos de cambio en Ecuador y en Bolivia se suma al elogio sin restricciones de Uribe, el presidente colombiano, y el paralelo ocultamiento de la situación real del país. Con Alán García sin embargo el tratamiento por el que se ha optado es el de silenciar todo lo que se refiera al Perú, una vez alejado el “peligro” nacionalista de Ollanta Humala, al que se presentó como un híbrido entre el cesarismo venezolano y un caudillo racista. Como es patente el interés de la noticia, el blog entiende que debe existir un sitio para informar sobre los cambios en América Latina que los medios de comunicación españoles silencian conscientemente. Rebeca Madsen, de la Fundación Paz y Solidaridad de CCOO, presente en Lima, envia esta crónica del conflicto que resulta interesante conocer, completada con alguna otra “ráfaga periodística” extraida del diario de diarios Sin Permiso.


Desde que el Congreso peruano ratificó por 70 votos a favor y 38 en contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU –destilado luego de tres meses de negociaciones después de la visita de García a la Casa Blanca en abril—, el país ha sido sacudido por huelgas y manifestaciones, y la popularidad del presidente que había prometido “un nuevo Perú”, y que ha resuelto mandar el ejército a las calles en función anti-huelga, se está desplomando

Alan confía también en la ayuda del aparato de control político y social de EEUU para tener bajo control una situación más y más complicada. No por casualidad, las protestas de estos días se han visto también marcadas por la detención de 50 profesores en huelga, entre ellos Roberto Huayanala, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú (SUTEP), que suma 300.000 maestros de la escuela pública.

El papel de los profesores está en el primer plano: cabalgan sobre la ola antiliberal, a fin de bloquear la reciente ley de asignación de cátedras (que torna todavía más precario el puesto de trabajo) y denuncian la hipocresía de García, que favorece la privatización de los recursos públicos y de la escuela, mientras demagógicamente trata de convencer a la opinión pública de que el TLC es “el único modo de redistribuir la riqueza en nuestro país” y que las nuevas relaciones con EEUU son “una vía para reforzar una democracia que parta de los más pobres”.

Continúan las movilizaciones a lo largo de julio 2007. Este fin de semana el SUTEP (facción Muñoz y facción Huaynalaya) decidieron continuar con la huelga indefinida hasta que el gobierno no se preste a dialogar, no sin antes liberar a todos los maestros detenidos.La opinión mas generalizada es que la Ley es discutible (el SUTEP aseguraque les recortan derechos, sobre todo a la hora del retiro ya que alparecer las subidas salariales que propone el gobierno es sobrebonificaciones que no aumentan el salario base), pero en lo que todo elmundo está de acuerdo es que ha sido una ley que no ha tenido discusión yque ha sido una provocación, al margen del maltrato verbal público queestá teniendo el gobierno hacia los profesores.

El gobierno está amenazando a los presidentes regionales que no descuentana los maestros los días que están en huelga.También hay huelga de docentes universitarios y la Federación médica estáamenazando con un paro de 72 horas, aunque en provincias, desde hace díasy en algunos casos un mes, los hospitales están paralizados (Ancash,Moquegua, Ucayalí, Junín).
Se ha recrudecido el paro agrario. Ayer en Andahuaylas hubo un muerto(bala en el tórax) y cuatro heridos de bala en las piernas. Pidenreducción en los precios de los fertilizantes, maquinaria agrícola yfacilidades para acceder a créditos (esto tiene que ver con el bancoagrario que en la anterior legislatura no fue aprobada su creación,-recordad la elección del ministro de agricultura –banquero y dueño de unaempresa de agroindustria…..TLC-) Arequipa está totalmente paralizada. Es el Frente Amplio Cívico deArequipa (FACA) quién la convoca. Piden rebaja en el precio delcombustible, reducción de impuesto selectivo al consumo y la revisión delos contratos a las mineras.Mario Huamán, secretario general de la CGTP, ha denunciado el acoso policial al que se ve sometido. El lunes 16 de julio, la policía paró su coche y frente a su casa hay apostado un coche de policía.El martes 17 de julio, se ha producido una marcha convocada por la CGTP hacia la embajada de Chile para protestar por al decisión del juez chileno que no ha encontrado motivos deextradición por no haber testigos directos en las acusaciones.