Toda la
audiencia de este blog conoce perfectamente la vicisitud que ha rodeado la
larga negociación de un acuerdo sobre una ley de reducción de jornada a 37,5
horas semanales que finalmente concluyó con la firma de un texto negociado con
CCOO y UGT, la difícil traslación del mismo a un proyecto de ley ante la oposición
del área de economía del PSOE y la posterior negociación de éste con los grupos
políticos que conforman la mayoría parlamentaria que sostiene el gobierno que
al final se centró en intentar obtener la retirada de la enmienda a la
totalidad presentada por Junts per Catalunya. El fracaso final de estas
conversaciones permitió que ayer miércoles los votos convergentes de la derecha
nacionalista catalana con la ultraderecha y la derecha extrema española
rechazaran el texto legal, devolviéndolo al Gobierno.
Este largo proceso ha traído al
primer plano del discurso político y sindical el problema de la confrontación
de clase. Una cuestión que normalmente permanece en sordina en muchos de los
relatos que atraviesan la opinión pública, pero que en esta ocasión ha cobrado
un justo protagonismo. Quienes han obtenido realmente una victoria en esta
ocasión han sido las asociaciones empresariales, que al negar su concurso al
acuerdo derivado del largo proceso de casi un año llevado a cabo en el diálogo
social, hicieron pública su apuesta política: sin su consenso no cabe aprobar
ninguna norma. Especial ímpetu puso en esta dirección el presidente de Foment
del Treball, Josep Sánchez Llibre - en Wikipedia se le define como “empresario, economista
y ex político español de ideología democristiana”- que atacó frontalmente el
acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos y blasonó de que jamás
se aprobaría porque ningún partido catalán lo apoyaría. Un rechazo a la
posibilidad de regular legalmente la jornada máxima que también secundó la
patronal de la pequeña y mediana empresa catalana, Pimec. Además de ello
la CEOE y otras formaciones satélites, en especial de federaciones
especialmente afectadas como la agroalimentaria o la hostelería y patronales de
grandes almacenes, insistieron en que un acuerdo con los sindicatos sin el
consenso de los empresarios sería revertido en el Parlamento.
La primera conclusión de este día
después es evidente. El empresariado español tiene un apoyo incondicional en
partidos políticos que se pueden confrontar de manera intensa en aspectos
importantes sobre la estructuración territorial del Estado o sobre la propia
forma de este y su conformación democrática, pero que mantienen una unanimidad
horizontal inquebrantable en la defensa de las posiciones enunciadas por la representación
orgánica de la empresa. Asimismo mantiene una interlocución muy provechosa con
sectores importantes del área económica del PSOE. Algo muy diferente a lo que
sucede con las personas trabajadoras, cuyos intereses no se ven recogidos con
esta contundencia por los partidos políticos de la izquierda fragmentada en
identidades nacionales y en la búsqueda de hegemonías rivales que obstaculizan
la realización de un proyecto reformista de avance social gradual.
En el presente caso, la actuación
política de las asociaciones empresariales a través de una coalición de
partidos cuyas identidades nacionales y sus formas de entender el Estado son
completamente opuestas se traduce en la afirmación oligárquica: no hay
posibilidad de discutir en el Parlamento una reforma legal sobre las relaciones
laborales si no está aprobada o acordada con los representantes de la empresa.
No cabe discusión dentro de las formas democráticas de un proyecto normativo en
el que las diferentes fuerzas representadas en el Parlamento puedan condicionar
o incluso desvirtuar el contenido de la norma proyectada. La discusión
democrática no puede prevalecer ante la decisión oligárquica de impedirla,
porque los acuerdos bilaterales del poder público con los sindicatos de
trabajadores, representantes institucionales del trabajo en nuestra
Constitución, deben ser declarados públicamente papel mojado, un hecho sin
trascendencia del que cabe prescindir en el futuro. Para la oligarquía corporativa
el diálogo social solo cobra validez si lleva su aprobación y los sindicatos
son meras comparsas de su decisión determinante.
La segunda conclusión tiene que
ver con la capacidad de los firmantes del Acuerdo – Ministerio de Trabajo y
sindicatos – de convertir esta derrota política en una situación de ganancia y
reforzamiento social y político del proyecto reformista. La movilización
sindical que ha acompañado a la última fase de la toma en consideración del
proyecto de ley tiene necesariamente que extenderse y profundizarse.
Especialmente en Catalunya, donde la prepotencia patronal ha sido más activa,
pero también en los sectores especialmente afectados por la reducción de
jornada pactada. La reivindicación del conflicto lleva consigo la extensión entre
la gente trabajadora de lo que ha significado la votación en el Congreso de
ayer. No solo, como se insiste con razón, en la posible repercusión electoral
de esta decisión del bloque conservador – teniendo en cuenta que según las
encuestas, la medida es ampliamente bien acogida entre los votantes de todas
esas fuerzas políticas – sino muy especialmente resaltando la autoría real de
esta acción, que corresponde a la representación orgánica de las grandes
corporaciones, es decir a los exponentes de la clase empresarial. Hay que
explicar lo que se ha perdido, pero fundamentalmente para reivindicarlo y
hacerlo real. Las concentraciones y asambleas en los lugares de trabajo deben
aprovechar lo que en términos reales ha supuesto un error de la oligarquía
corporativa, mostrando su codicia y su prepotencia. Lo que implica reforzar esa
perspectiva de clase en los análisis sindicales.
El Ministerio de Trabajo y en
general el espacio de SUMAR debe inscribir también su actuación en esas mismas
líneas, privilegiando la consecución del bloque de progreso que ha apoyado el
proyecto de ley y atrayendo a los sectores del PSOE que se han mantenido
reticentes ante la medida al compartir de fondo la posición empresarial de que
sin ellos no es posible legislar. Es sintomático que en la sesión de ayer no
estuvieran presentes los ministros socialistas, salvo Bolaños, lo que
avala la posibilidad de que el sector del gobierno siempre reticente al acuerdo
con los sindicatos quiera ahora presentar un proyecto que pudiera aceptar el
empresariado, remitiendo la reducción de jornada a un momento posterior en
relación con la media lograda en la negociación colectiva e introduciendo una
serie de subvenciones para la pequeña y media empresa. Algunos asesores directos
del Ministro de Economía y de FEDEA optan por “un gran acuerdo social” – dando por
supuesto que el que se logró con los sindicatos no tiene esta consideración -que
pueda “acelerar” la reducción de jornada “sin intervención legal directa”. Obviamente
este sería un mal escenario para la izquierda que consagraría la rendición plena
del proyecto de reformas al condicionamiento oligárquico corporativo.
Por el contrario, la intervención
de Yolanda Díaz en el Congreso ha colocado el debate justamente en la
perspectiva clasista que le subyace, señalando la gran contradicción entre
fuerzas que dicen representar el interés nacional y su sumisión estricta a las
órdenes de los representantes del capital. Ha desvelado la falsa coartada del
independentismo catalán y su patriotismo de clase en términos contundentes Es un discurso directo que tiene la fuerza de
la evidencia y que desde luego se retroalimenta con una actuación institucional
claramente escorada hacia la defensa de los intereses de las trabajadoras y
trabajadores que reivindica la libertad del poder público de fijar las líneas
de su programa de reformas sin la aprobación o tutela de las decisiones del
empresariado.
Pero además, como ya se ha
anunciado, algunas medidas importantes que estaban en el proyecto de ley pueden
ponerse en marcha sin necesidad de cobertura
de una norma legal. En un cierto sentido, la consigna empresarial de la “no
intervención legal” se invierte en su contrario. Una intervención pública
directa por el desarrollo reglamentario de una norma ya existente. En efecto, el
desarrollo reglamentario del art. 34 ET, sobre el registro de jornada impacta
directamente sobre las horas extraordinarias no pagadas y permite un control
horario más estricto de la jornada pactada en convenio. Es sin duda una medida
parcial pero no querida por las patronales más reticentes a la imposición de
una jornada máxima más reducida, y que el Ministerio de Trabajo debería poner
en marcha de inmediato, conectándola con la oposición patronal a ampliar el
tiempo de descanso de las personas trabajadoras.
Este es pues el camino que hay
que trazar para lograr revertir la derrota parlamentaria en una situación de
ventaja para las posiciones de reforma social y laboral que además pueda
compactar al bloque de progreso que incluye fuerzas nacionalistas y
soberanistas pero para quienes la componente social y laboral es un modo de
afirmar su propia identidad nacional. Y desde luego desde la vertiente
sindical, la puesta en marcha de una constante impugnación del dictado
oligárquico del empresariado no solo se debe llevar a la conflictividad en la negociación
colectiva, sino que debe impregnar un debate profundo sobre el tiempo de
trabajo y sus implicaciones. En esta línea hay ya algunas iniciativas en marcha
que se reforzarán tras el rechazo del parlamento al proyecto de ley, como el
seminario que se está llevando a cabo en la Fundación 1 de Mayo del que se ha
hecho eco este blog.
Un momento histórico interesante.
Entre tanto ruido ambiente, finalmente se puede discutir sobre aspectos
fundamentales para la vida de la mayoría de la ciudadanía, los derechos
fundamentales que se deben ejercitar en el trabajo y la aspiración a obtener
más tiempo colectivo frente a la captura de una gran parte de este por la
actividad subordinada al desarrollo del proceso de producción dirigido por la
empresa para la que se trabaja. Un discurso clasista que atraviesa
verticalmente la política y la economía, se proyecta sobre las condiciones de
vida y de trabajo de la gran mayoría de la población y gana un espacio propio
en la opinión pública. Apliquémonos a ello
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