martes, 17 de mayo de 2022

MENSTRUACIÓN Y TRABAJO: EL DERECHO A TRABAJAR SIN DOLOR. HABLA ADORACIÓN GUAMÁN

 


Entre las noticias del fin de semana que han absorbido la cuota de pantalla – Eurovisión, la Pradera de San Isidro, la llamada local de Felipe VI a su padre en Abu Dabi, las animadas conversaciones entre Cospedal y Villarejo – destaca el debate que se ha venido produciendo ante el anuncio del Ministerio de Igualdad de incorporar una norma al ordenamiento jurídico que establezca que las mujeres afectadas por menstruaciones dolorosas o incapacitantes tengan derecho a la baja médica retribuida desde el primer día al 100 por 100. Sobre este importante tema, que entra de lleno en la tutela de la salud de las personas trabajadoras, Adoración Guamán, profesora de la Universidad de Valencia, efectúa una reflexión muy valiosa en exclusiva para este blog, que se honra con su participación.

Menstruación y trabajo: el derecho a trabajar sin dolor

Adoración Guamán

 

Analizar a esta cuestión, que ha centrado buena parte del debate en los últimos días y que en realidad se plantea de manera recurrente en cada uno de los avances normativos en materia de igualdad, requiere tratar un buen número de consideraciones previas. Comencemos por las cuestiones más básicas: durante el ciclo menstrual un considerable número de mujeres y personas que menstrúan experimentan un conjunto de dolores que incluyen calambres abdominales, náuseas, fatiga, sensación de desmayo, dolores de cabeza, dolor de espalda y malestar general o migrañas. Con todo esto una vez al mes y 480 veces a lo largo de nuestra vida, muchas personas trabajamos. Eso sí, medicadas (fundamentalmente automedicadas) con todo tipo de anti-inflamatorios. A muy pocas se les pasa por la cabeza acudir al médico por esta causa y las que lo hacen no buscan el diagnóstico de una incapacidad temporal por contingencia común (cosa totalmente posible y que normalmente supone una pérdida salarial) sino la receta del calmante más efectivo que haya para poder ir a trabajar. De hecho, el concepto clave al analizar la relación entre menstruación y trabajo no es el absentismo sino el “presentismo” o la asistencia al trabajo estando enferma o en condiciones de salud no óptimas para desempeñar las funciones. Éste, con carácter general, no solo entraña una disminución de la productividad, sino que también multiplica los riesgos laborales y dificulta la recuperación, siendo negativo para el conjunto de la salud de la persona que decide acudir al trabajo con dolores intensos.

El análisis de esta situación desde la óptica de los derechos nos lleva a preguntarnos si trabajar con un dolor de regla incapacitante es compatible con la salud menstrual, con la salud en el trabajo o con el trabajo digno. La respuesta es claramente negativa. El derecho a la salud implica establecer condiciones sanas en el trabajo, incluyendo, por supuesto, la salud menstrual. El Estado tiene, por tanto, una obligación de proteger (de hacerlas efectivas) pero el derecho laboral siempre le ha dado la espalda al vínculo entre la regla y la salud en el trabajo. De entre las razones que justifican esta falta de atención jurídica es posible señalar dos. La primera está vinculada a los estigmas y estereotipos vergonzantes que rodean a la menstruación y que han silenciado el debate acerca de sus efectos sobre el trabajo. En este sentido, la Declaración por el día de la mujer de 2019 de Naciones Unidas, exhortaba a la comunidad internacional a romper el tabú en torno a la salud menstrual y a tomar medidas concretas para garantizar que se ponga fin a las prácticas discriminatorias y que se proteja la salud menstrual. En concreto, señalaba que el estigma y la vergüenza generados por los estereotipos en torno a la menstruación tienen graves repercusiones en todos los aspectos de los derechos humanos de las personas que menstrúan, incluyen el derecho a un trabajo seguro y saludable.  La segunda razón que ha situado a la menstruación fuera del debate jurídico ha sido el carácter patriarcal y androcéntrico del conjunto del ordenamiento jurídico y del derecho laboral en particular. Tanto la regulación del trabajo como las normas de seguridad social se construyeron centrados en el trabajador masculino. Un hombre que no sólo no cuidaba, sino que acumulaba sobre su persona el trabajo de cuidado de las mujeres, que era invisibilizado, no regulado y no pagado, ni directa ni indirectamente (ni salario, ni cotización, ni pensiones). Ni que decir tiene que las circunstancias vinculadas genéticamente a las mujeres (desde la maternidad biológica hasta la menstruación o la menopausia) quedaron al margen de las normas de salud laboral, más allá de mínimos básicos en clave protectora de la maternidad.

Es evidente que desde la incorporación de la mujer al mundo laboral se han dado pasos enormes para eliminar el carácter androcéntrico de la regulación del trabajo. En el inicio y durante décadas, la inclusión de la mujer en las normas laborales se hizo sobre la base de atribuir todas las responsabilidades de los cuidados a las mujeres, estructurando mecanismos de conciliación que acabaron provocando las dobles o triples jornadas laborales. En paralelo, las políticas de salud laboral se desarrollaban mediante normas pretendidamente “neutras” (basadas en la experiencia de trabajadores varones e ignorando la diferente realidad de la salud de las mujeres) o bien políticas de salud y seguridad en el trabajo que consideraban a la mujer desde una óptica proteccionista, como colectivo débil y centradas en el embarazo y la maternidad. La menstruación nunca estuvo presente en los debates jurídicos.

Aquellas primeras políticas de conciliación no consiguieron combatir la estructural brecha salarial, la división sexual del trabajo y la discriminación en el empleo. Sin restar importancia a los primeros pasos, es importante reconocer que todavía eran piezas aisladas de un engranaje incompleto de dispositivos normativos orientados a la consecución de la igualdad y que la agenda de prioridades de las reivindicaciones sociales estaba enfocada en resolver cuestiones urgentes como asegurar, por ejemplo, la prestación por riesgo durante el embarazo. Los posibles efectos adversos de aquellas normas sobre la contratación femenina se vincularon a estos dos factores y a un momento de incipiente construcción de la conciencia empresarial respecto de la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho humano.

Aun así, aquellos avances normativos fueron imprescindibles para llegar a plantear políticas capaces de romper con la discriminación en el trabajo. La inclusión de la palabra “corresponsabilidad” en la ley orgánica de igualdad del año 2007 fue un paso enorme y uno de los grandes hitos fue, sin duda, la equiparación en el 2019 de los permisos por nacimiento de ambas personas progenitoras, que ha situado a España a la cabeza de las políticas de igualdad en el marco de las relaciones de trabajo. Aquel triunfo fue fruto de una larga lucha impulsada por organizaciones feministas que evidenció como los derechos humanos son procesos permanentes de construcción social de la realidad impulsados por luchas culturales, sociales, y políticas, que consiguen poner en la vida pública (evidenciar, develar, nombrar) las necesidades que grupos y colectivos vivían de manera silenciosa u opacada por el peso de las estructuras del modelo patriarcal.

La propuesta de regular la incapacidad temporal por menstruación incapacitante se ubica en esta evolución de las políticas de género con capacidad de romper con el carácter patriarcal del ordenamiento laboral y de seguridad social. Lejos de estigmatizar, la nueva regulación ha vuelto a poner el foco en la relación entre mujer y trabajo para revelar que, cuando una norma pretende dar un tratamiento “neutro” a dos realidades distintas (los hombres no menstrúan ergo no existe el problema) en realidad se perpetúa la discriminación.

Aunque pueda parecerlo, regular un permiso menstrual no es una idea novedosa. España será el primer país de la Unión Europea que lo aprueba, pero su construcción teórica lleva muchos años elaborándose. Por un lado, existen experiencias normativas que tienen poco que ver con lo propuesto por el Ministerio de Igualdad y que se están aportando de manera torticera en el debate público para generar un ruido innecesario sobre la propuesta de Montero. En concreto, Japón aprobó una ley relativa a la menstruación en el trabajo en 1947; Corea del Sur concede a las mujeres un día de permiso por la menstruación y Taiwán tres días; en Indonesia dos. Además, en algunas provincias de China se han adoptado políticas similares. El debate en otros países, como Francia, Reino Unido o Australia, se ha abierto al hilo de las experiencias en diversas empresas que han implantado modelos de organización del trabajo compatibles con la protección de la salud menstrual (incluyendo igualmente los periodos de menopausia) y que reportan constantes tasas de éxito tanto desde el punto de vista del aumento de la productividad como de la mejora del bienestar de las personas que se acogen a estos permisos.

Lejos de estas realidades, la iniciativa más cercana al mecanismo lanzado desde el Gobierno de España se puede encontrar en Italia. El parlamento italiano debatió en abril de 2016 una propuesta de ley titulada “Establecimiento de permisos para mujeres que padecen dismenorrea”. La propuesta, que no llegó a aprobarse, contemplaba el derecho de no acudir al trabajo un máximo de tres días al mes a las mujeres que padezcan una dismenorrea que impida el desempeño de las funciones ordinarias del trabajo diario, condición que debía ser constatada en un certificado médico de carácter anual. Este “permiso menstrual” sería cubierto por el Estado con una prestación igual al salario.

En una línea similar, la propuesta del Ministerio de Irene Montero se basa en el reconocimiento del derecho a una incapacidad temporal especial para las mujeres con menstruaciones dolorosas que las incapaciten para trabajar, sin máximo de días según indique el informe médico preceptivo, a cargo de la seguridad social, abonada desde el primer día de baja y sin requisitos de cotización previos. No habrá, por tanto, carga alguna económica para el empresario.

La regulación de esta baja laboral por menstruación ha despertado cuantiosas críticas. Algunas son poco interesantes y no requieren contestación, como el despropósito de la Presidenta de Madrid sobre la “regla de tres” o las intervenciones que inciden en las posibilidades de fraude, como si fuera más fácil engañar al facultativo médico respecto de un dolor menstrual que en relación a una lumbalgia. Otras, con mayor seriedad, se vinculan a la preocupación por su posible carácter “estigmatizante” y han provocado cierta división de la opinión pública. Desde esta postura, se afirma que poner el foco en cómo la menstruación afecta la capacidad de trabajo de un buen número de mujeres durante determinados días del mes significaría reconocer una debilidad y podría implicar una reacción negativa empresarial que podría ahondar en la preferencia de contratación masculina.

Frente a ello, hay que tener en cuenta el grado de evolución general de nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de la tutela antidiscriminatoria y los avances señalados en materia de igualdad dentro de las relaciones de trabajo. La nueva regulación no es un dispositivo aislado sino una pieza más en un engranaje que ya funciona (aunque falte mucho por avanzar). En segundo lugar, la notable mejora del conocimiento de los derechos por las trabajadoras, que complica las posibles actitudes empresariales discriminatorias (como la imposibilidad de que un empresario formule preguntas sobre el dolor de regla en el marco de entrevistas de trabajo o las amenazas de despido por hacer uso del derecho). En tercer lugar, el carácter técnicamente acabado de la propuesta, que sitúa de manera expresa al empresariado al abrigo del coste de la medida, así como la existencia de distintos análisis respecto de los beneficios para la productividad realizados a la luz de experiencias empresariales exitosas en diversos países. En cuarto lugar, la fundamental importancia del movimiento feminista como sostén sociológico de estas medidas y la labor no solo normativa sino pedagógica de Ministerios como el de Trabajo y el de Igualdad que, reforma a reforma, han evidenciado que la reversión del carácter patriarcal y androcéntrico del derecho del trabajo y de la seguridad social es uno de los grandes objetivos del Gobierno de coalición.

En todo caso, y aun sin entrar en vigor, la regulación propuesta ya ha significado un enorme paso adelante al permitirnos visibilizar y verbalizar una realidad y una necesidad históricamente opacada. Una vez aprobada, será necesario impulsar su correcta aplicación para lo cual es imprescindible el diálogo social. Que la salud menstrual entre en las empresas requiere que el empresariado interiorice la necesidad de protegerla y conozca las consecuencias positivas para la igualdad y los derechos humanos, pero también para la productividad, que pueden derivarse de la aplicación de esta medida.

Ante todo, y en este momento inicial, es fundamental entender la nueva regulación como una pieza de importancia fundamental en lo jurídico y en lo simbólico y cultural, que se incardina en un engranaje normativo evolucionado pero inacabado, en permanente movimiento hacia la consecución de una sociedad más justa, donde nadie tenga que ir a trabajar aquejada de dolores incapacitantes y donde la menstruación forme parte de la cotidianeidad, libre de estereotipos, estigmas y discriminaciones.

 


sábado, 14 de mayo de 2022

UNA MIRADA DISTANTE: LO QUE LA INFORMACIÓN ESCONDE

 


Estar fuera de casa tiene sus secuelas. Una de ellas, quizá la menos importante, es el efecto de extrañamiento que produce ante la diferente manera de producir la información allí, a la que pese a la lejanía se está continuamente ligado por las redes sociales y la recepción de noticias. Un distanciamiento que provoca una fuerte sensación de rechazo ante la inmersión de la opinión pública en un mundo ilusorio, alejado de la comprensión de los hechos más cercanos e influyentes sobre la vida real de las personas. Esa es la impresión sobre el panorama informativo de España,

Pasan los primeros días de mayo y parece que llega el buen tiempo. También da la sensación de entrar en un cierto período valle en las noticias, esos momentos previos a que se desencadene la tormenta de declaraciones, gestos y trasiego de personas con ocasión de la nueva convocatoria electoral prevista. En España hay elecciones cada tres meses, y se hacen encuestas de opinión políticas a diario. El propósito de esta agitación es siempre el mismo, erosionar la legitimidad democrática de las mayorías sociales que sostienen al gobierno desde noviembre del 2019, y proclamar urbi et orbi que los españoles ya han elegido un gobierno de la derecha y la ultraderecha como reacción a las reformas y acciones de este gobierno de coalición progresista. Asi que todos los días prensa y televisión nos informan que the times they are changing y que pieza a pieza y región por región las mayorías se asientan sobre el crecimiento imparable de Vox al rebufo del PP.

La memoria de las cosas que pasan dura muy poco, y parece que fuera ayer cuando el Partido Popular despidió con cajas destempladas al único dirigente que había sido elegido por votación popular en unas primarias por sugerir que el enriquecimiento de un hermano de la Presidenta de la CAM durante la primera fase de la pandemia era un hecho repudiable, porque tras ese desgarro interno el Partido se ha recompuesto en torno al nuevo líder ungido por aclamación que goza de la aceptación por el momento de quien mejor demuestra seguir la escuela del ex presidente USA que fue derrotado en su reelección al acabar el año de la pandemia 2020. Ese desgarro crítico duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, y nadie lo recuerda ni es recordada su víctima. Ahora sencillamente los telediarios y las tertulias se visten de flamenco y entre trajes de faralaes recuerdan la gracia de la candidata que se define como la más andaluza de todas las listas electorales por partida doble, pues hasta ha elegido su lugar de residencia andaluz sin ataduras con su inmediato pasado en su localización madrileña. A fin de cuentas, España toda es la residencia única de los españolistas de bien. Solo sabemos a cambio que la unidad de la candidatura Por Andalucía ha sido un poco chuchurría, aunque nada de extrañar porque desde todos los medios de comunicación se viene a resaltar que llevarse mal es algo que se reproduce en el ADN de los colectivos que quieren empeñarse en lograr la transformación social del país y de todas las personas que lo pueblan. Un mundo más equitativo donde los derechos básicos de los desiguales compensen a través de la acción política de lo público y de lo colectivo su condición de subalternidad.

Fuera de esos zumbidos, frecuentemente acompañados de trending topics  que abordan otros temas, pero siempre en la misma clave  - Pegasus y la seguridad nacional, empañada y empeñada por los gestos de aquietamiento a los independentistas es uno de los que más se ha resaltado – la vida material conoce cambios importantes. Ante todo en lo que supone la relación básica que posibilita la cohesión social, el trabajo, que se regula mejor, fortaleciendo los derechos individuales y colectivos que se asocian al mismo. Hay más empleo y se hacen muchos más contratos por tiempo indefinido, una cantidad exorbitante en relación con la práctica de la temporalidad que ha caracterizado, desde hace más de cuatro décadas, el intercambio salarial en España y que demuestra que era posible una intervención normativa que modificara ese culto a la temporalidad como práctica económica empresarial sostenida por un pensamiento neoliberal que ha sido compartido en los tiempos del bipartidismo político.

Se ha aumentado el salario mínimo, se han ratificado tratados internacionales que incrementan los derechos correspondientes a un trabajo decente en algunos sectores, en especial en el de los cuidados en el hogar familiar, se atiende a las situaciones de vulnerabilidad, finalmente parece que se ha intervenido en el precio de la energía,  se garantizan a los pensionistas la revalorización de sus prestaciones económicas. CCOO y UGT están comenzando, tranquilamente pero de forma decidida, una fuerte ofensiva por la recuperación salarial que el incremento del coste de la vida ha dañado. Ya han comenzado, pero se avecinan importantes conflictos por el aumento salarial y la cláusula de revisión en los convenios colectivos. El campo de la regulación jurídica tras las reformas legales vuelve a ser un espacio decidido de disputa ideológica en el que el control del momento interpretativo de la norma es crucial. El último debate sobre la propuesta de que las mujeres afectadas por menstruaciones dolorosas o incapacitantes tengan derecho a la baja médica retribuida desde el primer día al 100 por 100 se desliza como de costumbre hacia terrenos grotescos, pero plantea de manera explícita el sesgo de género en la tutela de la salud, la diferencia entre hombres y mujeres en las reglas que se dan para tutelarla.

Estas son cosas que realmente interesan. Pero apenas se encuentran recogidas por el paquete de noticias en las que la opinión pública debe verse interesada. Cuestiones que han hecho que en tan solo dos años y medio, con una pandemia y una guerra a la que insensatamente nos hemos acostumbrado, la vida real de una amplia mayoría de personas ha sido cambiada a mejor, otorgando más derechos y haciendo realidad una mejor protección social. Naturalmente que quedan todavía muchas otras situaciones de subordinación y de desigualdad que exigen atención y una intervención consecuente. Hay decenas de puntos sobre los que merecería la pena construir un discurso crítico desde los medios de comunicación, como la situación de la tutela judicial efectiva en el orden social, con señalamientos en algunas ciudades que se fijan a dos años vista, o las dificultades en la percepción de alguna de las medidas estrella de la crisis como el ingreso mínimo vital, o la creciente disminución de las indemnizaciones por despido. Debatir sobre estos temas es importante y favorece el ejercicio de un derecho ciudadano a la información que por el contrario está embotado, y no cumple su función democrática principal.

Lo mismo vale para el discurso político, en general insistente en denunciar justamente la corrupción y la deriva racista, machista y antisindical del adversario, caracterizado además por la falta de respeto y el exabrupto violento. Pero centrarse en replicarlo impide poner de relieve lo principal. Se echa en falta la insistencia en explicar lo que se ha ido construyendo y su importancia, de forma que se pueda transmitir una imagen de esperanza en la continuidad de una política que sirve para mejorar la vida antes que la crispación ante un peligro real de retroceso histórico de las conquistas alcanzadas. Son muy escasos los instrumentos de los que se dispone para insistir en esta dirección, y es extremadamente preocupante el peso desproporcionado de los grandes medios de comunicación privados en la conformación de la información que se suministra a la ciudadanía, unido a la práctica neutralización de los medios públicos estatales, pero ese dominio del espacio de la comunicación no tiene por qué ser determinante, ni puede ser ocultado o escondido entre el aluvión de noticias orientadas y sesgadas. Hay que reivindicar el cambio social como eje de un discurso político de emancipación, en lo que se ha hecho y lo que todavía hay que ir logrando. Despegándose de la viscosidad de las informaciones del conglomerado industrial de la comunicación, per tocar caminant como aprendimos escuchando a Maria del Mar Bonet.

 

jueves, 5 de mayo de 2022

MAS Y MEJOR EMPLEO: LOS DATOS DE ABRIL

 


No podría este blog dejar de comentar los resultados estadísticos que se han conocido sobre las nuevas contrataciones y el número de desempleados en este mes de abril. Consecuencia evidente e inmediata del cambio legislativo que llevó a cabo el RDL 32/2021 en la reforma laboral que culminaba el compromiso con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia. De manera resumida, los datos de abril indican que se está creando empleo y que la contratación laboral por tiempo indefinido ha sufrido un inmenso acelerón respecto de lo que resultaba tradicional en un panorama caracterizado por la precariedad en el empleo, con contratos de corta duración y a término. Es decir, que hay más y mejor empleo en este país, pese a la desaceleración que la guerra en Ucrania y la crisis energética ha provocado en las economías de todos los países europeos.

Primero los datos, que aunque sean redundantes, revelan una tendencia muy acentuada. El primero, el descenso del paro registrado: El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de abril, ha descendido en 86.260 parados en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un -2,77%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 3.022.503. Respecto de hace un año, abril de 2021, el paro interanual ha descendido en 888.125 personas. Por vez primera, el 29 de abril se ha superado la cifra de veinte millones de personas afiliadas a la Seguridad Social – 20.098.119 en concreto – lo que indica un crecimiento de afiliación por encima de inmediatamente antes de la pandemia en febrero de 2020.

Con ser estos datos muy reveladores, lo más llamativo es el cambio espectacular que ha sufrido las estadísticas de las contrataciones iniciales, en donde jamás la contratación por tiempo indeterminado superaba el 10% del conjunto de los contratos celebrados. Por el contrario, en abril de 2022 se han registrado 698.646 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 48,18% de todos los contratos. Supone un incremento de 534.566 (325,80%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 1.767.836 contratos por tiempo indefinido hasta abril de 2022, representan un ascenso de 1.139.943 (181,55%) sobre el mismo periodo del año 2021. Es decir, que los contratos indefinidos representan casi la mitad del total de las contrataciones iniciales en este mes, uno de cada dos contratos realizados, lo que constituye un vuelco en la tendencia arraigada de nuestro mercado de trabajo confirmando por el contrario la tensión hacia la reducción de la temporalidad que denota una aceleración creciente mes a mes (En diciembre de 2021, previamente a la Reforma Laboral, los contratos indefinidos supusieron el 10% del total. Subieron hasta el 15% en enero, en febrero hasta el 22%, en marzo al 31 por ciento y en abril superan el 48%)

De estos contratos por tiempo indefinido, el 41% se han celebrado a tiempo completo, mientras que el 59% de los mismos lo ha hecho a tiempo parcial, una opción que no es prácticamente nunca producto de la opción voluntaria de las personas que trabajan. Y entre ellos el 26,5% de estos de contratos indefinidos lo han sido por conversión de contratos temporales de origen de obra o servicio determinado (una modalidad derogada por la reforma laboral) o eventuales por circunstancias de la producción, en una proporción de 40/60 entre ambos. Y la estacionalidad de la economía en los sectores intensivos en mano de obra (como la hostelería de manera emblemática), hace que el peso del contrato fijo discontinuo sea muy importante, casi un 30% de los contratos indefinidos.

En cuanto a los contratos temporales, además de un exiguo número de contratos formativos, el grueso de los mismos reposa sobre el contrato temporal por circunstancias de la producción, que supone el 73% del total de los contratos a término, mientras que el de sustitución alcanza un 14,6% de este conjunto. Es también importante comprobar que se aprecia en los contratos firmados en el inicio de 2022 un descenso del número de contratos de muy corta duración, tras la introducción de un nuevo desincentivo que incrementa la cotización del mismo. Los contratos de menos de 7 días han pasado de ser el 75,8% del total de los firmados en el mes de abril en los ejercicios previos a la pandemia a representar el 28%. Además, se constata la mayor supervivencia de los contratos: mientras que en años anteriores sólo el 8,4% de los contratos firmados desde el inicio del ejercicio seguían vigentes en marzo, ahora ese porcentaje llega al 46,7%. Esta tendencia a la reducción de los contratos de muy corta duración tras el desincentivo introducido en la reforma laboral se está acentuando a medida que avanzan los meses del año 2022.

Los datos de abril son excepcionalmente buenos y evidencian la eficacia inmediata de la modificación legislativa llevada a cabo en el RDL 32/2021. Quizá por eso mismo, han generado comentarios más contrariados que contrarios por parte de algún economista de cabecera del Partido Popular al que la existencia de los fijos discontinuos le parece una forma de ocultar la contratación temporal y la reducción del paro un efecto del dopaje de la economía por la creación de puestos de trabajo en el sector público, o, paradójicamente, del diputado estrella de ERC que recalca  el crecimiento de los contratos indefinidos a tiempo parcial y recuerda que el despido no se ha modificado y que por tanto despedir a los contratados por tiempo indeterminado saldrá barato a los empresarios. Ambos fueron, como se recordará, votos contrarios a la reforma laboral y por tanto hay que entender sus comentarios como una autojustificación de su opción política más que como una apreciación meditada sobre el significado de estos muy buenos resultados sobre el empleo y la contratación laboral.

Los sindicatos y las asociaciones empresariales que avalaron con su firma el acuerdo que produjo la norma reformista valoran, como es natural, de forma muy positiva estos resultados. En especial los sindicatos, porque la tendencia acentuada a la restricción de la temporalidad como fórmula prioritaria de acceso al empleo, es un hecho especialmente relevante. En el conjunto de la afiliación a la Seguridad social, el 77% de las personas afiliadas tienen contratos indefinidos, lo que supone que ha crecido el porcentaje en contratos estables en 6 puntos más del porcentaje que había en 2020, al inicio de la pandemia, donde esta distribución era del 71% de indefinidos. La reducción de la tasa de temporalidad altísima de nuestro país, es un elemento extremadamente positivo.

Naturalmente que siendo un muy buen resultado, la situación del empleo tiene que seguir evolucionando hacia cotas más altas especialmente en lo que se refiere a la calidad del empleo. Tres millones de parados es una cifra alta todavía, aunque bordear el 13% de tasa de paro suponga exactamente la mitad del número de desempleados que se generó en 2013 y 2014 como directa consecuencia del ajuste de empleo que se produjo en virtud de las políticas de austeridad. La litigiosidad actual pasa por la confrontación sobre el salario y la lucha contra la carestía de la vida debida a la inflación provocada por la guerra y la crisis energética y de suministros que esta ha causado a las naciones europeas. Pero junto a ello, la extensión de las garantías de empleo que el RDL 32/2021 ha puesto en marcha, posibilitará una nueva forma de enfocar la administración de la relación de trabajo a partir de la forma-tipo de encuadramiento del contrato indefinido, con las garantías que la estabilidad en el empleo puede generar.

Por eso, en un contexto en el que la gran mayoría de las noticias se deslizan sobre los fenómenos de la corrupción o de violaciones de las libertades ciudadanas, los datos de abril traen a la opinión pública la prueba evidente de que una acción legislativa de progreso puede cambiar la vida de muchas personas y construir un marco institucional que posibilite el ejercicio de derechos individuales y colectivos de las y los asalariados frente al empresario y que reconstruyen su relación con el trabajo a través de una afirmación del principio de estabilidad en el empleo. Una constatación que sería muy importante extenderla y difundirla como ejemplo de la importancia de la acción colectiva y las políticas que la hacen realidad. Las manifestaciones del primero de mayo han puesto de manifiesto que el logro de más empleo de calidad que acompaña a la reforma laboral es un hecho que se valora muy positivamente por el colectivo de las personas trabajadoras. Pero esa percepción y su relación directa con la participación de los sujetos sociales representativos y de la acción política del gobierno, debe ser conocida y valorada por el resto de la ciudadanía como ejemplo de la eficacia real de las propuestas de cambio político y social. Es urgente proceder de esta manera.