viernes, 17 de agosto de 2018

TRABAJO, CLASE OBRERA, POLÍTICA (DEBATES CULTURALES DEL VERANO)



Hay una gran confusión bajo los cielos, como decía Mao y recordaba a menudo Vázquez Montalbán, y este caos se concentra en estos días en el debate cultural entre la izquierda a partir de una serie de lecturas veraniegas – el libro de Daniel Bernabé especialmente, seguido de apasionados comentarios, críticas y desmentidos al mismo - que reflexionan sobre clases sociales y desigualdades, y por tanto sobre el papel del trabajo en una sociedad “que lo glorifica entendiendo que fuera de éste, tal como se ha construido, no existe posibilidad alguna de valorar la vida social”, como resume Jorge Moruno en el que seguramente es su libro mejor construido, La fábrica del emprendedor. Trabajo y política en la empresa-mundo, publicado por Akal en el 2015 y que ha conocido una segunda edición en el 2017.

El debate proviene de la crisis de la sociedad salarial y la llegada de un orden post-industrial en el que el trabajo disminuye su rol central y nuevas formas de poder tecnocrático generan formas de conflicto alejadas del análisis convencional de la lucha de clases. Se trata de poner en duda una visión totalizante según la cual la sociedad es representada reductivamente sólo en términos de identidad de clase, sobre la base de la posición que ocupa en el proceso de producción de bienes y servicios en una economía capitalista. Una visión que es ciega ante el racismo, negadora de la diversidad cultural de las sociedades desarrolladas contemporáneas y que exhibe por el contrario lo que hace ya dos décadas, Nick Dyer-Whiteford calificó como “triunfalismo científico” en su muy interesante monografía Cyber Marx. Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism, publicado en 1999 por la editora de la Universidad de Illinois, que ha orientado buena parte de las reflexiones de estas notas. Ya no resulta central la confrontación entre capital y clase. Las relaciones de clase se entremezclan con otras dominaciones y opresiones (sexismo, racismo, homofobia, industrialismo) sin que exista una ordenación que las jerarquice unas sobre otras: una diversidad de identidades semióticamente construidas que colisiona con la centralidad de la clase obrera y la “rompe” definitivamente como ha escrito recientemente Pastora Filigrana en medio del debate sobre las “diversidades”.

Hay un gran desorden bajo los cielos, porque el orden global que se impone es el de la mercantilización general de las cosas y de las personas, la compra y venta del tiempo de vida, su sumisión a la ley del valor en un sistema total e integrado de interdependencias. Un orden que subsume cualquier otra forma de dominación en esta lógica, una forma cancerígena de crecimiento y de generación de riqueza profundamente desigual, en un crecimiento tóxico y suicida, en una subordinación plena al capital transnacional de los medios de comunicación y de educación de masas que rechazan y repelen los mensajes que permiten identificar en el orden del capital y la globalización financiera la causa de la injusticia y del sufrimiento de amplias capas de la población. Un orden que contiene un descomunal desorden, un complejo extenso de dolencias y angustias, de destrucción y de aniquilamiento que se amontona en todos los rincones de este mundo. Desde ese punto de vista, el del antagonismo social, la confrontación se desplaza a las luchas – viejas y nuevas – para disolver y eliminar las formas de dominio y subyugación del capital. Lo que se debate es acerca de cómo centrar el discurso de la emancipación en el nuevo estado de civilización que presenta el siglo XXI.

El recurso fundamental de la nueva sociedad es el conocimiento tecno- científico, y la nueva era se manifiesta en la iniciación y difusión de las tecnologías de la información y del conocimiento, al punto que la generación de riqueza incesante depende de una economía de la información en la que el intercambio y la manipulación de los datos simbólicos excede o subsume la importancia de los procesos materiales de lo que se viene a denominar en el discurso sindical europeo la “economía real”. Estos cambios tecno - económicos se acompañan de significativas transformaciones sociales, teniendo en cuenta que la transición a esta nueva sociedad en la que vivimos se produce a escala planetaria.

Por lo tanto, aquí también surge el discurso sobre el trabajo y su proceso de conformación material como un aspecto central del debate, el que se apoya en el conocimiento social necesario para la innovación científico – técnica, el poder del conocimiento convertido en directa fuerza productiva, el futuro del trabajo – por emplear el rótulo tan expresivo de la OIT que enmarcará las celebraciones de su centenario en el 2019 – que se materializa en creación y movilización para producir maravillas tecnológicas de fábricas robóticas, manipulación genética, redes globales de ordenadores y una sociedad digitalizada. La objetivación del conocimiento social en lo que antes se llamaban “nuevas tecnologías”, y que prioriza el trabajo intelectual en masa como el conjunto de know how que sostiene las operaciones de “alta economía” canalizadas a través de las grandes corporaciones transnacionales y las instituciones financieras, un capitalismo de alta tecnología que introduce mejoras en los ingresos y en el consumo, pero que implica una productividad cada vez mayor, una competencia constante y una interminable intensificación de los ritmos de trabajo. El futuro del trabajo se reconduce al análisis de ese “trabajo inmaterial” que se sitúa en la información y en la comunicación como ejes del proceso de producción y que se continúa a través de una amplia red de conexiones educativas y culturales. Un trabajo del no se menciona ni la tradicional masculinización de la tecnología sedimentada entre la división entre casa o domicilio familiar y trabajo perpetuada en el uso de las tecnologías de la digitalización de forma diferente y subordinada por las mujeres ni la segmentación en términos de género, raza y edad que éstas presentan tanto en función de la fragmentación del trabajo que aquéllas proponen y fomentan como respecto de su utilización en términos represivos y de control. Una inteligencia plural y multiforme que no necesariamente se organiza en torno a un espacio concreto y definido como es la fábrica, ni se corresponde con la subjetividad clásica derivada del trabajo industrial. Se representa a caballo entre la exaltación del riesgo y la iniciativa individual del emprendimiento y la inseguridad de la inserción móvil e intermitente de la precariedad en el empleo, lo que es la base de la propuesta teórica explicativa de Jorge Moruno en el libro antes citado.

Hay un caos absoluto bajo los cielos, y las certezas de antaño son sustituidas por impresiones al sol naciente que no reflejan imágenes nítidas. El debate cultural de este verano es también significativo por lo que elude o al menos por lo que no le parece conveniente abordar, quizá para no ser descortés con otros sujetos sociales que pudieran estar alineados con estos planteamientos. Porque en definitiva se trata de revertir la polaridad entre capital y trabajo, y la conveniencia (o no) de colocar en el centro del análisis la lucha (de clase) contra el capital. El trabajo – en su proyección material concreta, siempre inacabado y oscilante en su dimensión personal, subjetiva – es siempre para el capital un “otro” problemático que debe ser controlado y sometido mediante formas que varían y se adaptan en función de las circunstancias determinadas de ese mando o dominio. Desde ese punto de vista, las luchas constituyen el sujeto, y por tanto la organización concreta de éste sujeto – o la organización precisa de las condiciones en las que se va a desarrollar e institucionalizar el conflicto – es determinante en el análisis. Esta perspectiva falta en el debate al que aluden estas notas, que se entretiene en el relato sobre las distopías hechas realidad, sobre “lo siniestro interminable que se instala como el modelo social-laboral-mental”, al decir de Moruno, o sobre las estrategias de base sobre las que se debe edificar la acción política como desobediencia y como proyecto de transformación social. Pero sin mencionar las formas organizativas sobre las que edificar esta resistencia y esa alternatividad partiendo de lo realmente existente. Faltan análisis detallados en estas intervenciones sobre el discurso progresista que examine la realidad de la(s) lucha(s) de clases en el espacio nacional – estatal español en primer término, y en Europa en segunda posición. Nadie habla del sindicato como “la expresión organizada del mundo del trabajo”, que es la fórmula con la que Unai Sordo, el secretario general de CCOO se refiere a esta formación social, y no porque se trate de ideologías neoliberales para las que “el trabajo es un input productivo más y el sindicato es un agente que sobra”, sino porque en ese discurso el descubrimiento de lo político como espacio de insubordinación y de resistencia, de impulso y organización de un poder constituyente, no sabe qué decir a formaciones sociales como los sindicatos que se consideran irremediablemente vinculados a la fábrica fordista y al paradigma industrial consiguiente, en el marco de una agencia contractual del reparto del salario y el beneficio empresarial como forma de regular la acumulación capitalista en un equilibrio inestable entre la producción, la retribución del trabajo y el consumo. Pero “aunque sea más fácil romper un átomo que un prejuicio”, son preconcepciones equivocadas que no sitúan correctamente la polisemia social de la acción sindical y el carácter sociopolítico de esa formación social.

Es claro que un discurso sobre el futuro del trabajo, sobre la tecnología como dominación  de clase, sobre los ciclos de circulación del capital y la emergencia de la deuda junto con la financiarización global del orden capitalista, tiene que desembocar desde luego en la constatación de una subjetividad colectiva progresivamente inestable y descentrada en medio de la fragmentación del trabajo y de la segmentación social discriminatoria y desigual en un contexto de una fuerte re-restructuración de los elementos centrales de la producción de mercancías. Pero ese análisis tiene necesariamente que reparar en las formas de organización – variables, en ocasiones comprimidas o sólo pergeñadas – que en la realidad material de los procesos sociales se pueden encontrar en funcionamiento, sin que sea correcto – ni conveniente – declararlas todas ellas fuera de servicio en una suerte de rottamazione  unilateralmente declarada por los estudiosos del pensamiento alternativo. En el trayecto que conduce a la exploración de formas nuevas de encarar las realidades productivas y sociales que conforman el nuevo marco civilizatorio de nuestras democracias cada vez más débiles e inactivas, discurrir sobre la organización de las subjetividades colectivas que se expresan a través del trabajo asalariado – con independencia de la disociación entre trabajo y empleo y las reflexiones sobre la emancipación de la noción de trabajo de su inserción en la lógica del salario – es imprescindible. Para ello sería importante que se considerara el debate que se está dando desde hace tiempo en el espacio de discusión sindical, al parecer invisible para las preocupaciones de los nuevos diseñadores de la voluntad política alternativa y emancipatoria.

“Hay un gran desorden bajo los cielos. La situación es excelente”. Esa es la cita completa de la frase de Mao. La confusión actual ofrece sin duda la oportunidad de construir, inteligentemente, un cambio radical, un proyecto compartido desde la insubordinación y el rechazo al dominio indiscutido de la desigualdad y la injusticia del capitalismo globalizado, que pasa por la cooperación intensa entre agentes sociales – en primer lugar los sindicatos – y políticos en la organización de las subjetividades rebeldes a través del conflicto y de la creación autónoma de reglas colectivas que intervengan sobre la restricción del dominio unilateral en la producción y en el consumo de los poderes privados que comandan la sociedad.

“La situación es excelente”. Hay que aprovecharla, por tanto, aunque solo sea para no contradecir al Gran Timonel, genio de las contradicciones.

sábado, 11 de agosto de 2018

SERIAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE LULA EN BRASIL. DENUNCIA DE UN MANIFIESTO DE JURISTAS EUROPEOS



El diario Sul21, de Rio Grande do Sul, publica en su edición de 8 de agosto, el texto de una carta que un importante grupo de juristas europeos, entre los que se encuentra el ex juez español Baltasar Garzón, y el profesor italiano Luigi Ferrajoli,  ha dirigido al Tribunal Supremo Federal de Brasil, en la persona de su presidente Carmen Lucía, para denunciar las graves irregularidades que se han observado en el desarrollo del juicio que ha enjuiciado al ex presidente de aquel país, Lula da Silva. La carta además ha sido enviada a todos los magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil, a los presidentes de gobierno de Portugal y de España, y al presidente de la república francesa. Este es el texto de la carta traducida al castellano. (El original en portugués, se encuentra en este enlace: Juristas europeos denuncian irregularidades en el proceso de Lula ) La situación actual en Brasil, en el inicio de la campaña de presentación de candidatos para las elecciones presidenciales en las que el PT insiste en presentar a Lula como candidato, hace que este documento tenga un fuerte impacto en la realidad brasileña.

Tenemos el honor de escribirla – juristas de culturas y de países diversos – para transmitirle nuestra preocupación frente a lo que nos parece que son irregularidades serias que afectan a la instrucción policial y al proceso judicial que ha conducido a la condena reciente del Señor Luiz Inacio Lula da Silva a una pena de doce años y un mes de prisión. Más recientemente, nuestra preocupación ha aumentado frente a los obstáculos que nos parece han sido generados para evitar su liberación.

Enviamos esta correspondencia a Su Excelencia tras haber formado nuestra convicción sobre la base de diversas fuentes, debidamente contrastadas, que nos permiten confirmar las informaciones que aquí le transmitimos.

Los hechos son los siguientes:

·        La divulgación por la prensa, por el señor juez Sergio Moro de elementos de la instrucción referida, como por ejemplo la grabación de una conversación telefónica entre la señora Dilma Rouseff, entonces Presidenta de la República, y el señor Luiz Inacio Lula da Silva.

·        Las condiciones criticables en las que fue anulada, tras la presentación de un “habeas corpus”, la decisión del señor Magistrado Rogerio Favreto, del TF 4, que decidió la liberación del señor Luiz Inacio Lula da Silva. Entendemos que la anulación de aquella orden fue consecuencia de una intervención ilegal y fuera de cualquier marco procesal, proveniente del señor Juez Sergio Moro.

·        El carácter precipitado, desleal y parcial del proceso que determinó la reclusión del señor Luiz Inacio Lula da Silva, llevado a cabo en unos tiempos insólitos en comparación con la tramitación de los procesos del mismo tipo material y formal en Brasil.

Querríamos transmitirle nuestra preocupación, también tras haber consultado diversas fuentes, sobre los graves perjuicios del derecho a la defensa del señor Luiz Inácio Lula da Silva, manifestados en particular en la interceptación telefónica de sus abogados, hecho que deja en el aire dudas consistentes sobre el carácter imparcial del referido proceso.

Entendemos que estas irregularidades y anomalías, Excelencia, no son ajenas a una presión mediática muy fuerte alimentada por el juego de ambiciones corporativas y personales.

No somos los únicos en pensar que Brasil tiene responsabilidades políticas importantes, en función del lugar esencial que ocupa en la comunidad internacional.  Nos parece, por tanto, más legítimo aún expresar estas preocupaciones en el momento en el que el mundo pasa por un período perturbador y caótico que puede volverse extremadamente peligroso.

El objetivo de las personas que firman este documento no es el de pronunciarse sobre la inocencia o la culpabilidad del señor Luiz Inácio Lula da silva, sino el de manifestar nuestro total aprecio – como el que tiene Su Excelencia – respecto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución del país, el respeto a sus leyes y a sus compromisos internacionales. Todo eso nos permite compartir con Su Excelencia la preocupación frente a estas irregularidades que entendemos muy graves.

La situación normal y la importancia de Brasil refuerza nuestra voluntad de defender, por tanto, el respeto pleno del principio de legalidad, con rigor y con independencia.

Apelamos a su alta conciencia de Magistrada más eminente de Brasil, para garantizar – y sabemos que esto también es una exigencia de su formación – el respeto de todos los principios que rigen el Estado de Derecho Democrático, en el marco del examen del proceso relativo al señor Luiz Inácio Lula da Silva. Esta postura persigue preservar este proceso de todas las estrategias que pretendieran servir a cualquier tipo de ambiciones políticas fuera de los marcos fijados por la legalidad.

Estaríamos muy honrados de encontrarla, si Su Excelencia estuviese dispuesta a recibirnos.

Enviamos a Su Excelencia la expresión de nuestra consideración más distinguida

Firman el documento los siguientes juristas: Baltasar Garzón, jurista español que mandó detener al dictador de Chile Augusto Pinochet en 1998, William Bourdon, abogado en París y fundador de la Asociación de Defensa de las Víctimas de Delitos Económicos (Sherfa), Mireille Delmas-Marty, profesora en el Collége de France, Luigi Ferrajoli, profesor emérito de la Universidad de Roma, Emilio García Mendez, jurista y profesor de psicología de la Universidad de Buenos Aires, Henri Leclerc, abogado y licenciado en Paris, Wolfgang Kaleck, abogado licenciado en Berlin y secretario general del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Derechos Humanos (ECCHR); Louis Joinet, magistrado y ex presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y Jean Pierre Mignard, abogado licenciado en Paris.




jueves, 9 de agosto de 2018

70 AÑOS DE RECONOCIMIENTO, RESISTENCIA E INCOMPRENSIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL (HABLA HUGO BARRETTO)



El convenio 87 (1948) de la OIT sobre libertad sindical cumple 70 años. No es un tema de moda y los medios de comunicación no lo recuerdan. Pero es esta una norma que integra los Principios y Derechos fundamentales que la OIT proclamó en 1998 como derechos universales, que deben ser observados en todos los países que forman parte de esta organización internacional con independencia de que haya sido ratificado o no por los Estados nacionales. El catedrático de la Universidad de la República de Uruguay, Hugo Barretto, viejo amigo del blog y autor él mismo de otro de nombre bien sugerente, La realidad y el resto de las cosas, montevideano ejemplar y amante de las letras y de las buenas iniciativas colectivas, ha escrito un texto en ocasión de este evento que merece la pena leer y conocer. Este blog amigo se honra con su publicación para los lectores de este lado del Océano (y también del otro).

8 de agosto de 2018 | Escribe: Hugo Barretto Ghione en Posturas

No se ha dicho todavía lo suficiente –casi nada– acerca de los 70 años de la adopción del Convenio 87 sobre libertad sindical por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un derecho fundamental tan invocado como incomprendido, mirado con desconfianza y resistido. Si, como ha dicho Norberto Bobbio, todos los derechos humanos nacen como respuesta al aumento del poder del hombre que crea amenazas a la libertad del individuo, la libertad sindical ha resultado ciertamente un antídoto eficaz contra el desborde del poder del empleador en la relación de trabajo, pero esa misma característica la ha hecho objeto de controversia circular, ya que poder y libertad conviven en equilibrio inestable.

La razón de la omisión mencionada puede obedecer a diversos factores. Uno de ellos radica seguramente en que la libertad sindical nos recuerda la diferenciación social y económica entre las personas –esa es su génesis indisimulable–, es decir, entre quienes son propietarios y quienes trabajan en su beneficio, y esa particularidad resulta molesta de reconocer. Es menos conflictivo y más aglutinante concebir únicamente la libertad de derechos civiles y políticos, como ocurrió durante mucho tiempo, derechos que son iguales para todos y que no se basan en condición material alguna, y por ello reposan en un consenso tranquilizador.

Hablar de libertad sindical es hablar de la desigualdad de las personas, y eso no está bien visto.

Los derechos sindicales nos dicen que no basta con la igualdad formal ante la ley, propia del Estado liberal, sino que es necesario dotar a quienes están subordinados económicamente de instrumentos de lucha por sus condiciones de vida. El poeta Drummond de Andrade decía: “cómo es posible vencer el océano / si es libre la navegación / pero está prohibido hacer barcos”.

No acaban aquí las sospechas acerca de cómo explicar el silencio en torno a los 70 años del reconocimiento por el derecho internacional de la libertad sindical. Hay otro costado del asunto, seguramente polémico, como es la primacía cultural de los discursos referidos a los derechos individuales en casi todos los órdenes, que ha recluido a los derechos colectivos como la libertad sindical o a nociones como el interés general a una especie de trinchera defensiva y autojustificativa permanente.

Hay quienes postulan asimismo que la libertad sindical ha devenido rápidamente en obsoleta y propia del capitalismo de antaño, impropia ante las nuevas formas de trabajar. O que se trata de un privilegio corporativo. Pero no ha de olvidarse que los derechos colectivos se asientan en la diferenciación social, y hasta el momento no hay modernidad que la haya clausurado.

Por otra parte, tratar a la libertad sindical en su sola dimensión de derecho de las organizaciones de trabajadores es denotar una incomprensión elemental acerca de su origen. Lo peculiar es que se trata de una síntesis de derechos individuales y colectivos. Antes que otra cosa, configura un derecho fundamental de las personas.

Sin embargo, su definición no es sencilla. La libertad sindical encierra una serie de derechos que se encuentran potencialmente listados y prontos para desplegarse como en un movimiento centrífugo: es el derecho a crear, afiliarse y organizar un sindicato, fijar sus estatutos, administrarlo, asociarse a federaciones nacionales e internacionales, no ser disuelto por decisión administrativa, etcétera. Aparece así un común denominador que es el valor que representa la autonomía en las organizaciones de trabajadores, en el sentido de limitar la injerencia que el Estado puede tener; una especie de libertad negativa que proteja a los sindicatos de toda pretensión de cooptación o instrumentalización en favor de partidos, gobiernos o intereses económicos.

Si vamos al texto, el propio Convenio 87 tiene una llave maestra para determinar la amplitud que presenta el concepto de libertad sindical: es la libertad de tener “actividad sindical”, dice el artículo 3°. Nótese que el término “actividad” es comprensivo de una panoplia inconmensurable de acciones, propuestas, iniciativas, etcétera, entre las que se encuentra, qué duda cabe, el derecho a la negociación colectiva y a la huelga.

La afirmación que dejamos caer en el párrafo anterior no es inocente, sino que viene a cuento porque los empleadores han manifestado en la OIT que el Convenio 87 no dice expresamente “huelga” y, por tanto, esta no está reconocida en el margen de lo que ha de considerarse libertad sindical.

Es una trapisonda de picapleitos. Un sinsentido. Por ese camino, si todo lo que no está dicho expresamente en la norma no es parte del derecho, casi cualquier cosa que hagan los sindicatos (abrir una cuenta bancaria, alquilar una sede, contar con una guardería o una biblioteca, dar un curso de formación, etcétera) dejaría de entenderse como ejercicio del derecho a la libertad sindical.

No hay un solo Uruguay

Quizá lo verdaderamente importante está en que la libertad sindical tiende a promover, en última instancia, las capacidades de los individuos, la ciudadanía social y el desarrollo democrático.

Si los partidos políticos son esenciales para la democracia, la libertad sindical es igualmente esencial para completar la dimensión social y económica del sistema, ya que contempla al ciudadano en su doble condición, no sólo de elector, sino en su función de productor de riqueza.

El reconocimiento de esa doble calidad de la participación en la política (por medio de los partidos y las elecciones) y en la producción (por medio de los sindicatos y la negociación colectiva) no es apreciado como se merece. A menudo, juzgamos muy severamente como faltos de prácticas democráticas a países que no cuentan con suficientes garantías políticas (libertad de reunión, de expresión del pensamiento, de elección, etcétera). Eso es muy compartible, desde luego, pero no mensuramos con similar rigor cuando esos u otros países incumplen o vulneran la negociación colectiva y la huelga, o no protegen al ciudadano que ejerce la representación de su sindicato.
En un caso, se trata de regímenes dictatoriales que son justamente señalados en los organismos internacionales; pero en el otro caso se omite toda consideración y hasta se los felicita o se los pone como modelo de desarrollo económico.

A veces se llega al extremo de no cumplir con las manifestaciones más elementales del Estado de derecho. Un hecho reciente es revelador de cómo se minusvalora la libertad sindical: un hervidero de usuarios invocando un derecho al que, al parecer, estiman fundamental –el de cargar nafta– hostigó en una estación de servicio de Santa Clara del Olimar a una pequeña organización sindical que estaba ejerciendo medidas de acción gremial ante el despido de un dirigente del sindicato. Como si no fuera suficiente, ahora el empresario elude el reintegro del trabajador dispuesto por la Justicia, que determinó la existencia de discriminación antisindical en su fallo. Todo el proceso cierra de la peor manera.

A veces, la consigna “Un solo Uruguay”, que postula un grupo de productores rurales, cobra un sentido inquietante.

Hugo Barretto Ghione es profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Facultad de Derecho, Universidad de la República).