jueves, 18 de julio de 2019

LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL CASO BRASILEÑO: EL NEOLIBERALISMO AUTORITARIO EN LAS RELACIONES DE TRABAJO



Es muy posible que en nuestro país la gente inquieta e informada – que como se sabe no son la mayoría – sitúa la situación brasileña fundamentalmente centrada en la condena y encarcelamiento del presidente Lula y conocen la connivencia escandalosa entre los medios de comunicación , el juez Moro hoy flamante ministro de justicia de Bolsonaro en ese objetivo fundamental perseguido por las grandes corporaciones del país y las instituciones finacieras globales de impedir que Lula se presentara a las elecciones. Posiblemente también habrán oído de las recién descubiertas conversaciones que denotan como la farsa judicial contra Lula se fue planeando, de manera claramente ilegal, mediante una conspiración perfectamente articulada entre los fiscales, el juez y los medios de comunicación afines que éstos manejaban. Pero es mucho menos seguro que en España se conozca el resultado más pavoroso de las elecciones que llevaron a la presidencia a Bolsonaro que se había ya preparado durante la nefasta presidencia del corrupto Temer, y que no es sino la deconstrucción del sistema institucional y democrático que daba sentido a las relaciones laborales en aquel país.

La reforma laboral que impulsó el gobierno Temer nada más deponer a la presidenta Dilma Rouseff con acusaciones ridículas y claramente falsas, ha seguido una carrera pronunciada hacia el desmantelamiento de los límites legales que la Consolidación de Leyes de Trabajo imponía al ejercicio del poder privado, con especial ensañamiento contra el sujeto colectivo sindical y mediante la reducción de las prerrogativas de la justicia del trabajo que en Brasil tenía un fuerte componente garantista. En l actualidad, siguen las reformas laborales y se está preparando una reforma del sistema de Seguridad Social extremadamente negativo para el frágil sistema de protección social brasileño y que incrementará exponencialmente la fractura y la desigualdad social.

El modelo que se está poniendo en marcha en Brasil, con la anuencia de las instituciones financieras globales y con el apoyo irrestricto del gobierno de los Estados Unidos de América, es un diseño ferozmente liberal y anticolectivo, que reconstruye con fuerza la figura del empresario como sujeto dominante – posiblemente además juega en esa identidad la figura del patrono esclavista blanco dueño no solo del trabajo sino de los cuerpos de sus trabajadores y trabajadoras – frente al cual ni el estado ni el actor colectivo puede oponer ninguna resistencia. Un modelo por tanto esencialmente autoritario en las relaciones laborales pero con una fuerte componente liberal que abre a la mercantilización plena del trabajo un espacio de intercambio en el que cada vez más la financiarización de la economía condiciona sus opciones productivas.

No es un marco institucional que no tenga enfrente a importantes colectivos, políticos y sociales. Aunque por el momento se encuentran en una fase de resistencia más que de ofensiva social, existe una amplia capa de agentes sociales y civiles que rechazan este modelo de liberalismo autoritario. Entre ellos, los abogados laboralistas, que constituyen un grupo numeroso y potente de generación de cultura política democrática y de garantismo jurídico, tienen un enorme interés en compartir experiencias y reflexiones con los países del sur de Europa que han sufrido las políticas de austeridad y que ahora se instalan en el escenario móvil y viscoso de la post-crisis.  Los abogados laboralistas brasileños están interesados en intercambiar experiencias y en analizar la circulación de modelos y de reflexiones sobre los derroteros que en el espacio de la globalización adopta el trabajo y la organización colectiva a través del sindicato.

Este es el objetivo del Curso que se va a celebrar en Toledo a finales de septiembre con la colaboración de la UCLM – el Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social y el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social –la fundación 1 de mayo de CC.OO. y el Instituto Lavoro de Sao Paulo, a través de cinco días de debates y de discusiones sobre los temas acuciantes para el mundo del trabajo.

Este es el programa del Curso:

I ENCUENTRO HISPANO-BRASILEÑO DE ABOGADOS LABORALISTAS:
Organizan:
Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social
Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social UCLM
Instituto Lavoro Brasil

Colaboran:
Fundación 1º de mayo
Rede LADO advogados
Editorial Bomarzo

Dirección académica: Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey (UCLM)
Secretaria académica: Milena Bogoni (UCLM)
Lugar: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo
Fecha: del 23 al 27 de septiembre de 2019
Derechos de matrícula: 800 €
Preinscripción y más información: dep.derechotrabajosocial@uclm.es

Lunes 23 de septiembre .

10:00-10:30 Inauguración: Fátima Guadamillas (Vicerrectora UCLM) /Antonio Baylos/ Joaquín Pérez Rey/ Eymard Loguercio (LBS abogados)/ Ramón Gorriz (presidente Fundación 1 de mayo)

1ª Sesión (10:30-11:45). Antonio Baylos (Catedrático DTSS): El trabajo y el sindicato frente a la respuesta neoautoritaria /neofascista

2ª Sesión (12:15-14:00): Joaquín Pérez Rey (Profesor DTSS): Diálogo multinivel, pluralismo constitucional e integración regional para combatir la lex mercatoria

DÍA 2 (Martes 24)

1ª Sesión (10:00-11:45): Francisco José Gualda (Abogado. Director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO): La experiencia aplicativa de la norma internacional y europea en el ordenamiento laboral español.

2ª Sesión (12:15-14:00): Laura Mora Cabello de Alba (Profesora DTSS): La ruina del patriarcado capitalista: la masculinidad de vuelta a casa


DIA 3 (Miércoles 25)

1ª Sesión (10:00-11:45): Cristina Faciaben (Responsable internacional CS CCOO): Redes sindicales y sindicato en el espacio global

2º Sesión (12:15-14:00): Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva (profesora Universidad federal Río de Janeiro y magistrada del Tribunal Regional del Trabajo de Rio de Janeiro): Los derechos sindicales en el actual ciclo político brasileño

DÍA 4 (Jueves 26)

1ª Sesión (10:00-12:30): Juan Blanco (Miembro de Industriall) y Flavio Benites (IG Metall Wolfsburg VW-Team, Internationales und Europapolitik). Las experiencias negociales en las federaciones internacionales y europeas.

2ª Sesión Enrique Lillo (12:45-14:00) (Abogado, director de Gabinete Interfederal CCOO): Balance de las estrategias jurídicas emprendidas frente a la reforma laboral en España

DÍA 5 (Viernes 27)

1ª SESIÓN (10:00-11:45) (Secretariado CUT, pendiente de confirmar): Organizar a los trabajadores en el ciclo neofastisca brasileño

2ª Sesión Unai Sordo (12:15-13:30) (Secretario Confederal de CCOO): Tejer sindicalmente la desmembración capitalista de la clase obrera.

13:30-14:00 CONCLUSIONES Y CIERRE

Una iniciativa a buen seguro de extremo interés de la que iremos dando cumplida cuenta en el blog cuando se acerque el día de su realización.

domingo, 14 de julio de 2019

UNA UNIVERSIDAD CARA Y PRECARIZADA



Recientemente se han publicado en un diario digital informaciones muy relevantes sobre la situación de la Universidad española, que cuestionan la función constitucional del servicio público de educación superior. Son informaciones relativas a dos aspectos clave en la actividad de servicio educativo: la gratuidad /onerosidad de la enseñanza y la estabilidad y calidad del profesorado. En ambos casos la gestión de la crisis a partir del 2010 marcada por la hostilidad ante lo público y el recorte consiguiente del gasto en educación e investigación, ha generado un cuadro extremadamente preocupante ante el cual, paradójicamente, los actores sociales presentes en la Universidad – estudiantes, profesores y PAS – no han reaccionado, como tampoco desde luego las autoridades académicas que no cuestionan la degradación del modelo.

La información extraída de Estudiar en la Universidad se ha encarecido 12 veces sobre el aumento de salarios subraya que el coste de estudiar en la universidad pública ha subido 12 veces más que los salarios en el período 2011-2019. Por su parte, otro titular del mismo medio informaba que “las universidades tiran de profesores precarios: los asociados ya son más que los titulares” (La precarización de la Universidad). Es decir la precariedad laboral y salarial se instala en la mayoría del profesorado.

Los datos son muy claros. En 2011, los presupuestos de los campus de los 50 centros públicos que existen en España sumaban 9.900 millones de euros. Solo un año después se habían perdido casi 700 de esos millones de euros (y teniendo en cuenta el incremento de la recaudación por tasas de matrículas) para dejar el gasto universitario en 9.230 millones de euros, una caída del 6,8%. Hoy está en 8.939 millones de euros anuales, una caída del 9,8%. Y llegó a estar peor, con caídas de hasta el 13%. Una buena parte de estos ingresos se obtienen trasladando parte de la financiación de la universidad a las familias. Aunque a partir del curso 2015-2016, algunas regiones bajaron un poco los precios, en cifras absolutas, estudiar un curso completo de una carrera en España pasó de costar, de media, 816 euros en el curso 2011-12 a 1.050 euros este 2018-19, aunque ha habido cursos anteriores más caros.

En 2011, el año anterior a los recortes, había 1.572.617 universitarios en España. Y la cifra venía subiendo de años anteriores. El año siguiente se invirtió la tendencia y pasó a haber 1.548.534 (un 1,5% menos). Pero el principal grupo de personas en edad de ir a la matrícula, los que tienen entre 18 y 24 años, también eran menos (un 2,8%, en este caso). En conjunto, la universidad empezó a perder estudiantes el verano que se aplicaron las subidas de tasas y la tendencia continuó, en paralelo a un menor grupo de posibles 'clientes', hasta el curso 2015-16. En algunas regiones, como en Catalunya, hay una correlación entre altas tasas y desánimo estudiantil. En un estudio de Vera Sacristán publicado el año pasado se recordaba que “justo antes del cambio del sistema de precios, Catalunya era la quinta comunidad autónoma con más estudiantes universitarios como proporción de su población de 18 años de edad y se situaba 1,3 puntos porcentuales por encima de la media del conjunto de España. Tan solo seis años más tarde, ha caído a la novena posición y ahora se encuentra por debajo de la media española” (La subida de las tasas expulsa a los universitarios ).

En el mismo periodo en el que las universidades han subido su coste un 30%, los salarios se incrementaron un 2,5%. Las nóminas se mantuvieron básicamente planas en ese periodo: de 1.841 euros mensuales han pasado a 1.888 euros. Las consecuencias de la caída de la financiación se han dejado notar en las universidades. Sin fondos y con tremendas limitaciones para contratar por la prohibición sucesiva de Zapatero primero y Rajoy después de sustituir las bajas, sus plantillas docentes se han ido precarizando.

La gran solución que han encontrado las Universidades a la tasa de reposición – que en principio impedía sustituir a los profesores fallecidos o jubilados en un porcentaje determinado, hoy ya extendido al 100%, pero sin que por consiguiente se pueda hacer crecer la plantilla con personal estable – ha sido la de contratar profesores asociados, es decir profesores a tiempo parcial que supuestamente deben tener otra ocupación permanente fuera de la universidad, dedicándose por tanto de manera complementaria y a tiempo parcial a las labores universitarias. Casi uno de cada cuatro profesores en las universidades españolas públicas tiene un contrato de asociado (22.871 de un total de 102.297) por el que gana 300 euros al mes si da tres horas de clase semanales o el doble por el doble de horas. Si se suman los 8.679 asociados de Ciencias de la Salud, que aparecen diferenciados en el informe del Ministerio, el total supera los 30.000.

En el curso 2016-2017 había casi 59.000 profesores contratados en las universidades públicas – sumando por tanto todas las categorías de ayudantes, ayudantes doctores y contratados doctores, frente a 43.300 funcionarios, titulares y catedráticos de universidad. La Ley de Universidades establece que esta composición no puede mantenerse, pero es un precepto que, como tantos otros, las autoridades académicas ignoran conscientemente con tal de conseguir cumplir con la tarea docente – cada vez más relevante – mediante un personal barato y del que se puedan desprender fácilmente. De esta manera ha surgido la figura, muy frecuente, del “falso asociado”, es decir un profesor realmente dedicado a tiempo completo a la universidad, pero cuya inserción contractual es a tiempo parcial y de bajo salario. En estos casos los falsos asociados tienen que darse de alta como trabajadores autónomos en el RETA para poder concursar y obtener así esta plaza. En ese fraude de ley colaboran todas las instancias académicas, ante todo los y las interesadas, puesto que es la única forma de encontrar una inserción universitaria, a la espera, en la medida de lo posible, de lograr una plaza de ayudante o de ayudante doctor en función del margen derivado de la capacidad financiera que los gobiernos autonómicos conceden a sus Universidades públicas. Los repertorios de jurisprudencia se están llenando de sentencias que abordan el problema de los falsos asociados y de la indemnización derivada de la extinción de su contrato, pero el problema persiste de manera estructural.

Entre otras cuestiones, las políticas de austeridad que nacieron al calor de la crisis financiera y de sobre endeudamiento del Estado español, ha conducido a una universidad pública más cara y más precaria. Una universidad en la que es difícil investigar, porque ni las empresas del sector privado están interesadas en la financiación de estas actividades, ni el poder público promueve este decisivo sector que constituye otro de los ejes de la actividad universitaria. Las actividades docentes, mediante una planificación no muy razonable para los alumnos y profesores que viven en este país, se prolongan durante todo el mes de julio, al haber programado el mes de septiembre como un período pleno de actividad universitaria. La multiplicación de las tareas burocráticas para el PDI, en un contexto en el que la plantilla de administración y servicios se encuentra también reducida y completada en muchas actividades con becarios y otras figuras manifiestamente irregulares y desprotegidas socialmente – los Rectores recientemente protestaron ante la obligación de cotizar por los becarios que se encargan de una buena parte de las tareas de biblioteca y de servicios – agrava ese cuadro que marca un declive extraordinario de las universidades públicas, progresivamente abandonada del imaginario político de las reformas.

No aparece como urgente la reversión de esta situación, que está conduciendo a la presencia cada vez mayor de las universidades privadas expide-títulos, a la consolidación de universidades ricas y pobres, de primera y de segunda clase, que concentran y acumulan la “excelencia” y el poder en torno a selectos y costosos “masters” oficiales mientras que el resto debe dedicarse a cubrir una oferta de grados en una amplia medida devaluados en su reconocimiento social y económico por un mercado de nuevo escindido en función del prestigio que da el mayor precio de las enseñanzas cursadas. Y sin embargo la Universidad española tiene que romper esa parálisis derivada de la congelación del gasto público. Que debe crecer exponencialmente, so pena de situar nuestros estudios universitarios en la periferia de la enseñanza europea.

viernes, 12 de julio de 2019

VUELVE EL CALOR Y HASTA LAS NOTICIAS QUEMAN. (SUICIDIOS Y EXCEDENTES DE EMPRESA)



Que la amable audiencia del blog no tome demasiado en serio estas reflexiones. Al fin y al cabo siempre se habla de noticias del verano a propósito de aquellas que no tienen excesivo interés porque en el periodo estival nunca sucede nada demasiado importante. A algunas gentes el calor les aplana, a otras por el contrario el calor les produce un cambio de estado, algo parecido al tránsito de lo líquido a lo gaseoso. Otros simplemente arden y se queman.

Las noticias se hacen cargo de estas transformaciones. En Francia, por ejemplo, la jurisdicción penal ha declarado visto para sentencia un juicio contra los directivos de France Telecom sobre el suicidio de 19 empleados, 12 intentos de suicidio y 8 cuadros de depresión severa. El relato es conocido, pero conviene refrescarlo. Se trata de la privatización de una importante empresa pública francesa cuyos empleados tenían un cierto blindaje legal que impedía a los nuevos ejecutivos de la empresa despedirles sin excesivo coste. De esta manera, la estrategia de los cargos directivos fue la de presionar a estos trabajadores para que abandonaran la empresa “voluntariamente” como una baja incentivada. Una estrategia que impulsaba los excedentes de mano de obra con todos los medios a su alcance, inclusive a través del acoso moral sobre éstos, fundamentalmente capas medias y altas de técnicos de la empresa. El responsable de personal de la empresa fue profético al afirmar que lograría su objetivo de suprimir 22.000 empleos de cualquier manera, “saldrán por la puerta o por la ventana”. Expresión bien gráfica, ciertamente, que anunciaba lo que luego vendría. Inmolación, ahorcamiento, ingestión de cócteles y lanzamiento por la ventana de tantos trabajadores presionados para que dejaran su trabajo. Los jueces franceses no han considerado sin embargo que los directivos de la empresa hayan cometido homicidio involuntario ni puesta en peligro de la vida de las víctimas, sino que se han centrado en lo que también en nuestro sistema penal se criminaliza como acoso moral.

En efecto, el art. 173  de nuestro Código Penal establece que cometen el delito quienes” en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima”. Los actos criminales de estos dirigentes de empresa sucedieron entre el 2007 y el 2010, lo que da una buena idea de la lentitud de la justicia, y se han solventado en condenas de un año de prisión a cada uno de los siete ejecutivos imputados, una multa de 15.000 € a cada uno de ellos y una de 75.000 a la empresa, que ahora es Orange. Los condenados no entrarán en prisión y 15.000 € para cada uno de ellos posiblemente no llegue a la cantidad que cobran mensualmente. Por tanto su acción criminal se ha castigado con la pérdida de menos de un mes de sueldo. Es de esperar que en el bonus anual compensarán esa pérdida. La empresa Orange por su parte se ve castigada con 75.000 €. Excusemos el comentario sobre la capacidad disuasoria que estas sanciones económicas tienen para la gran multinacional.

Para lo que puede servir este ejemplo francés es sencillamente para recordar que el imperativo neoliberal del rendimiento de la productividad que culmina en extinciones de puestos de trabajo en masa con ocasión de la privatización de un servicio público, no conoce límites en cuanto a la expresión de su violencia. Una violencia y una brutalidad que no se ejercita sólo a distancia, dando las órdenes desde un despacho decorado con la sobriedad postmoderna de los ejecutivos de las sociedades cotizadas, sino que se proyecta de manera precisa y concreta sobre hombres y mujeres personalizadas, presionando y forzando la voluntad de los sujetos, sometiendo a un cerco su vida laboral y destruyendo su equilibrio psíquico y la relación con su esfera privada de vida. Una violencia y brutalidad que se enmascara como un ejercicio contable que implica la racionalidad de las opciones de la administración de la empresa. Una actuación criminal que se fundamenta en la exclusiva consideración de la persona que trabaja como una mercancía desechable.

En la 108ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, se ha aprobado el Convenio nº 190 sobre violencia y acoso en el trabajo. Es un texto muy importante que sitúa este problema en el centro de la regulación internacional, una posición de destaque que hasta el momento no ocupaba. El preámbulo de la norma parte de la constatación evidente de que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo “afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social”, pero estas conductas también afectan “a la calidad de los servicios públicos y privados, y pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente”. De manera específica, recuerda que “la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, la reputación de las empresas y la productividad”. Una norma internacional que se ha visto con razón como un paso adelante en el diseño de un espacio global de derechos caracterizado por el trabajo decente. A partir de ese enfoque, el convenio 190 ha sido saludado con alegría por los representantes de los trabajadores en la OIT y su importancia es evidente.

Pero no conviene olvidar que en el sustrato de las relaciones de poder en la empresa, en la relación que liga al trabajador con el empresario hay cada vez mayor presencia de amplias dosis de arbitrariedad y de imposición unilateral de condiciones de trabajo y de existencia no queridas ni aceptadas por las personas que las padecen. La situación laboral generada por la post-crisis conoce este reverdecimiento del autoritarismo laboral. En el despliegue obsceno del incremento ostentoso de las ganancias de las grandes corporaciones y las entidades financieras, la mercantilización del trabajo fundamenta la violencia del poder privado que rompe y aplasta trayectorias de vida y proyectos personales. Y que es la legislación de cada uno de nuestros países los que no ofrece mecanismos potentes desde la dimensión público-estatal para hacer efectivos los derechos de los y las trabajadoras.

Por eso cuando una ministra del gobierno del Partido Socialista español insiste en negarse a revisar las disposiciones legales que introdujeron un conjunto de medidas degradatorias del derecho al trabajo y las garantías del empleo que han propiciado una profunda devaluación salarial, la pérdida de cientos de millares de empleos, y el incremento terrible de la desigualdad social, porque revertir la reforma laboral, como exigen los sindicatos y las formaciones de la izquierda, “no solventa nuestros problemas”, la noticia quema las manos y provoca un cambio de estado en el lector. Un lector que ante las palabras de la ministra Calviño está que arde. Como el tiempo en esta canícula de julio. Confiemos eso sí que no acabe reduciéndose a cenizas (el lector, no la ministra, claro, que tiene otros problemas)