El
Derecho del Trabajo goza de buena salud en España. La aceleración normativa que
se produjo durante los estados de alarma y que culminó en la reforma laboral de
diciembre de 2021 ha provocado la aparición de decenas de libros y centenares
de artículos de revista para su interpretación y comentario. El proceso de
rejuridificación de las relaciones laborales llevado a cabo por el gobierno de
coalición y sostenido por las mayorías parlamentarias de progreso ha continuado
con menos fuerza a partir de las elecciones de julio de 2023, pero sigue siendo
central en la conformación del marco institucional público en nuestro país. A
su vez, siempre en este lapso de tiempo que va desde 2020 al presente año, la
producción legislativa europea en derecho social ha sido muy potente y ha
llevado a cabo una importante labor de desarrollo del Pilar Europeo de Derechos
Sociales que, como es natural, ha incidido también en la doctrina española.
Finalmente, la jurisprudencia, en especial la de la Audiencia Nacional y la de
la Sala 4ª del Tribunal Supremo, tiene un continuo eco en la exégesis
doctrinal, que en muchas ocasiones considera las decisiones judiciales como el
objeto prioritario del estudio académico. Pero a estas referencias se han unido
la revalorización progresiva de la dimensión laboral en la jurisprudencia
constitucional, tras una larga ausencia, y la incidencia de las decisiones del
Tribunal de Justica y, últimamente con gran fuerza, las del Comité Europeo de
Derechos Sociales.
Ha habido un despegue importante
de revistas especializadas, aunque fundamentalmente se localizan en el espacio
digital y cada vez más en sistema de acceso abierto, frente al esquema clásico
de revistas en papel y bajo suscripción. Se sigue escribiendo mucho, en gran
medida fomentado por los escrutinios de las acreditaciones a categorías de
profesor universitario que exigen publicar o perecer, pero los artículos de
Derecho del trabajo y de la Seguridad Social – como por otra parte de la gran
mayoría de las disciplinas jurídicas-
están alejados de las valoraciones que suministran la inclusión de las
revistas en el Journal Citation Reports , de manera que se buscan otras
fuentes para medir el factor de impacto, el prestigio de la editorial, o las
métricas de Dialnet, con las referencias a los cuartiles que en ella se
establecen. Los libros y las monografías tienen también su lugar en esta
producción académica, en donde por un lado las tesis doctorales y por otro los
libros colectivos en los que se concentran abigarradamente contribuciones sobre
un mismo tema, normalmente como resultado de un proyecto de investigación o
como libro homenaje a un profesor retirado, son los productos más frecuentados.
Se escribe mucho aunque posiblemente no se lea en la misma medida ante la exuberante
productividad doctrinal.
Con algunas excepciones muy
señaladas, probablemente el medio en el que la producción académica sobre
derecho del trabajo se despliega con más vitalidad es en el de las revistas
científicas. Algunas se dedican en exclusiva o casi fundamentalmente al estudio
y sistematización de la jurisprudencia nacional o europea, otras dan más espacio
al estudio doctrinal, pero en general es en la revista donde mejor se puede dar
cuenta de la vitalidad académica de sus autores y de las preferencias pro
determinados objetos de investigación. Algo que además resulta favorecido por
la gran cantidad de publicaciones periódicas dedicadas al análisis del derecho
del trabajo. Las monografías sin embargo desempeñan un papel subsidiario en
este panorama, dejando de lado la casi desaparecida experiencia manualística y
las innumerables ofertas de tratamiento colectivo de algunos temas – muchos de
ellos repetitivos al coincidir en la “moda” que obliga a tratar determinados temas
sobre otros – que contienen una propuesta de análisis muy desigual y
descompensada.
Para hacerse una idea de la
producción científica española en derecho laboral hay que mirar por
consiguiente a las revistas. Por ello en esta entrada se va a acudir como
ejemplo al último número de la Revista de Derecho Social, el número 106
correspondiente al segundo trimestre de este año, 2024, que acaba de enviarse a
sus suscriptores. La revista, publicada por la editorial Bomarzo, punto de
referencia también en la edición de obras laborales y de seguridad social, tiene
una frecuencia trimestral y una estructura clásica en la que se establece un
lugar principal para los estudios jurídicos para a continuación dedicar un
amplio espacio a la interpretación jurisprudencial – de los tribunales
europeos, del tribunal constitucional y tribunal supremo, eventualmente con la
incorporación de algún comentario de decisiones de otros tribunales – seguido
del análisis de textos u propuestas correspondientes a la acción sindical,
negociación colectiva y conflictos, para concluir con una intervención sobre un
tema de debate, que siempre se conecta con el tema del editorial. Una última
sección se dedica a reseñar libros o publicaciones sobre materias de derecho
laboral. La RDS se publica en papel y la suscripción anual de 100 € para
España, 125 € para el extranjero, no ha variado desde su aparición en 1998, hace
26 años, en un ejercicio de contención de precios insólito en el mercado
editorial.
A partir del número 89 de la
Revista, correspondiente al primer trimestre del 2020, el Editorial se destaca
en la portada con el tema que aborde y que se relaciona a su vez con el
seleccionado para el espacio de Debate. Los editoriales no van firmados y
expresan la opinión del equipo de redacción. En el número 106 se dedica al
examen de las elecciones europeas de junio del 2024 y la posible repercusión
sobre la producción normativa europea en materia de derecho social, que se define
como “un futuro incierto”. Ello se pone en relación con la intervención que
hacen tres estudiosos de la Fundación 1 de Mayo – Cruces, Martínez y De
la Fuente - en la sección de Debate sobre las transiciones justas en
materia digital y de sostenibilidad ambiental y la necesaria intervención sindical
en estos proceso.
La sección destinada a los
Estudios muestra de manera bastante clara la diversidad cultural que sostiene la
investigación en derecho laboral hoy en día. En primer lugar, Fernando
Salinas, magistrado jubilado del tribunal Supremo, explica del llamado “procedimiento
testigo” que recoge la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en la reforma
procesal que ha llevado a cabo el RDL 6/2023. Es interesante recordar que tanto
los administrativistas como los laboralistas mantienen dentro de su área de
estudio la materia procesal, a diferencia de civilistas y penalistas que la han
emancipado en materias autónomas. De esta manera, las novedades procesales y su
encaje en el proceso laboral forman parte de las preocupaciones e intereses del
iuslaboralismo académico, no sólo de los operadores jurídicos en el orden
jurisdiccional social.
La importancia de la digitalización
y la repercusión que esta transformación tecnológica tiene sobre la organización
del trabajo y los modelos de negocio imponen la reformulación de los parámetros
tradicionales en los que se mueve la legislación laboral, y ha hecho emerger
una serie de derechos que llamamos digitales, cuya regulación requiere un
esfuerzo suplementario de análisis y concreción. Se puede decir, sin lugar a
dudas que este es un tema de absoluta actualidad y plenamente recurrente en las
aportaciones que los laboralistas hacen en revistas y libros, al punto que es
complicado encontrar trabajos que supongan un enfoque nuevo sobre elementos que
ya se han reiterado en otras aportaciones. No es ese el caso de los dos
trabajos que se incluyen en el número mencionado. El primero, de autoría
compartida entre Oscar Eduardo Benítez, de la Universidad de Buenos
Aires, y Francisco Trillo, de la UCLM, abordan el tema del derecho a la
desconexión digital poniendo el foco en la salud y seguridad en el trabajo,
pero contiene unas aportaciones muy sugerentes sobre la relación entre tiempo,
trabajo y vida en la sociedad del rendimiento y la hiperconectividad digital,
para remachar la limitación efectiva y segura de la desconexión. El segundo, de
Jose Enrique Ruiz Saura, discurre sobre la aplicación de elementos
provenientes de la digitalización a la función representativa de los órganos
electivos en la empresa, asi como a los procesos electorales, continuando asi
las propuestas que en otro artículo también publicado en la RDS (nº 99, 2022)
efectuara Jonathan Gallego sobre la necesaria adaptación de las
elecciones de las RLT a un contexto digital y telemático.
Los otros dos estudios incluidos
en este número abordan sendos temas también actuales y de enorme interés. Uno
es el acoso laboral, que se centra sin embargo en un ámbito muy específico, el
del régimen penitenciario. Es una aportación tremendamente original y crítica
que efectúa, con gran potencia, la profesora de Derecho penal de la Universidad
de Cádiz María Revelles Carrasco, que efectúa unas conclusiones de
extremo interés que las autoridades penitenciarias harían bien en conocer y
aplicar. El segundo tema tiene que ver con un concepto relativamente nuevo en
el tratamiento estadístico del trabajo, que requiere una elaboración específica
en la dogmática del derecho del trabajo. Este es el empeño en el que Antonio
García-Muñoz se sitúa con su artículo en el que se interroga – y nos
interroga – sobre el concepto de pobreza laboral y pronostica el impacto del
mismo como “concepto complejo” en la norma laboral. En su muy interesante análisis,
la experiencia europea y el proyecto de investigación en el que ha colaborado
sobre esta materia suministran claves de interpretación muy valiosas.
El análisis de la jurisprudencia
se desgrana en varias intervenciones. En primer lugar, sobre los tribunales
europeos, desde dos órganos jurisdiccionales diferentes y sobre temas muy
diversos. En el primero, la catedrática de la Universidad de León, Henar
Álvarez Cuesta, comenta la decisión emblemática del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos sobre la lucha contra el cambio climático y su vinculación con
el art. 8 CEDH y la protección eficaz por parte del Estado frente a los efectos
adversos graves del cambio climático sobre su vida, salud, bienestar y calidad
de vida. En el segundo, Alexandre Pazos, profesor de la Universidad de
Vigo, examina la por el momento última de las sentencias del Tribunal de
Justicia sobre el empleo del personal laboral fraudulento en la Administración
pública, un tema respecto del cual hay una enorme producción doctrinal en
seguimiento de los vaivenes y derivas de la relación entre el TJUE y nuestro Tribunal
Supremo.
La labor del Tribunal
Constitucional en estos últimos tiempos se encuentra capturada por la
resolución de los recursos de inconstitucionalidad que tanto el Partido Popular
como Vox han ido presentando contra prácticamente todas las normas de relevancia
aprobadas por el Parlamento o convalidadas si se trataba de una norma de
urgencia emanada por el Gobierno a partir de la declaración del estado de
alarma. En esta ocasión, Joaquín Aparicio comenta las decisiones del
Tribunal que consideran constitucional la asunción de competencias por parte de
Euskadi y Navarra de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Además en este
apartado se incluyen también unas notas-resumen sobre la doctrina laboral del
TC en otras sentencias.
La jurisprudencia de la sala de
lo social del Tribunal Supremo tiene un valor indicativo y prospectivo muy
determinante no solo para el resto de tribuales del orden jurisdiccional
social, sino para una gran parte de la doctrina académica que identifica la doctrina
jurídica con la doctrina judicial. Por ello en la RDS desde el número 85 (el
primer trimestre del 2019) un grupo de profesoras dirigidos por Jaime Cabeza
llevan a cabo el seguimiento crítico de la jurisprudencia de esta Sala 4ª
del TS por trimestres, a partir del cuarto del 2018. En este número 106 se
examina el primer trimestre del 2024. Finalmente, la sección destinada a la acción
sindical, negociación colectiva y conflictos, ofrece un estudio de una amplia muestra
de convenios colectivos en el que se examinan las medidas de conciliación
responsable que llevaron a cabo las profesoras de la Universidad de Vigo Fernández
Docampo y Martín-Retortillo dirigidas por Emma Rodriguez. Cierran
el número las reseñas de dos monografías, una dedicada a la recolocación y las
políticas públicas de colocación y la segunda al examen de la regulación del
tiempo de trabajo, tiempo de descanso y tiempo de presencia en la normativa y
jurisprudencia española y europea.
A partir de la descripción del
contenido de este fascículo de la Revista de Derecho Social puede la
persona interesada en ello hacerse una idea bien formada sobre la orientación
de la producción científica y doctrinal del derecho del trabajo español en la
actualidad. Cuáles son los temas que captan la atención de los estudiosos y las
líneas que guían su trabajo de investigación. Lo que da cuenta de la actualidad
y relevancia de las materias abordadas y la solvencia de sus análisis.
A continuación, el índice del
número 106 comentado:
