sábado, 4 de diciembre de 2021

DOS MILLONES DE VISITAS

 


No se sabe bien cuanto de fiable hay en las métricas que proporciona Blogger, pero en todo caso, conocer que este blog, a primeros de diciembre de 2021, ha recibido más de dos millones de visitas – exactamente 2.002.922 – no deja de constituir una noticia que naturalmente se debe resaltar en una entrada para regocijo del titular del mismo y de sus seguidores más constantes.

Aunque nacido a finales del 2007 gracias a un regalo de Jose Luis López Bulla, como uno de las bitácoras que tenían su sede matriz en la mítica ciudad de Parapanda, una estirpe de la que sigue formando parte con modesto orgullo y de la que se puede seguir su trazabilidad a partir de su inserción en la misma cuenta de Google tito.ferino@gmail.com , realmente comenzó a tener virtualidad y presencia en este universo de la red a partir del 2010, cuando comenzó a lograr una media de seis a ocho mil visitas mensuales. A partir de ahí ha sufrido una lenta progresión, entre diez y quince mil visitas mensuales a lo largo de los cinco años siguientes, pero su despegue se produjo sin saber bien por qué a partir de junio y julio de 2016, en donde se alcanzó el punto máximo de 54.000 visualizaciones en cada mes, y a partir de ahí ha ido alternando otros picos de entradas con una atención que normalmente no baja de los quince mil visitantes mensuales. Durante el último mes de noviembre de 2021, se han contabilizado 23.113 visualizaciones.

Son ya catorce años, once si se quiere a buen rendimiento, y el mantenimiento de las entradas se han convertido ya en un cierto hábito que posibilita no sólo la emisión de opiniones más directas sobre los temas de actualidad – como emblemáticamente sucedió con el seguimiento de la normativa de excepción con la crisis del Covid19 – sino también la recogida de informaciones y de acontecimientos que pueden tener una cierta relevancia. Desde hace ya algún tiempo, además, el blog está abierto a colaboraciones de buenas amistades que tienen a bien publicar en su página reflexiones o pareceres sobre cuestiones de actualidad. Entre ellos, fundamentalmente están Joaquín Aparicio, que ha decidido no alimentar su blog Desde mi cátedra, por cierto también un regalo de Jose Luis López Bulla , incorporándose a este espacio amistoso, Paco Trillo, que ha intervenido en múltiples ocasiones por cierto con una muy buena acogida de los siempre amables seguidores del blog, y también otros componentes del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCLM, como Maria José Romero, comentando especialmente algunas normas en la crisis Covid19, o Concha Sanz, desarrollando principalmente los temas relativos al tratamiento de las trabajadoras del hogar familiar. Asimismo han publicado algunas columnas Milena Bogoni, Gratiela Moraru, Oscar Conteras y Patricia Espejo, todas ellas personas que trabajan en la UCLM, pero también se han abierto estas páginas a algunos amigos muy potentes en el trabajo profesional del laboralismo, como Jonathan Gallego y, sobresaliendo entre todos, Enrique Lillo, cuya jubilación como abogado del Gabinete Interfederal de CCOO se produjo el 30 de noviembre pasado.  

El seguimiento del blog proviene, como es natural, ante todo de España, pero es bien conocido en América Latina, en especial en Argentina, México, Brasil, Perú, Colombia y Chile. En menor medida, en Francia, Alemania, Italia  y Suecia. Pero los datos dicen que de Estados Unidos provienen una parte importantísima de esas visitas. Aunque no parecía previsible, también  Rusia y Ucrania tienen un procentaje significativo. Aun más chocante, dicen las estadísticas de Blogger que han procedido de Emiratos Arabes Unidos más de 7.000 visitas en los últimos dos años, quien sabe si directamente de Abu Dabi.

La periodicidad de las entradas en el blog es aleatoria, aunque oscilan entre seis y diez al mes, lo que da idea de una continuidad que los lectores aprecian. En el ranking de entradas más visitadas, la primera de todas es la que, en octubre de 2019, es decir, prácticamente a la vez que las grandes movilizaciones en Chile, un país que se definía como “Chile insurrecto y ocupado militarmente”, incluía “dos manifiestos”, el de la CUT y el de las Universidades estatales sobre lo que sería la apertura de un largo proceso constituyente que aún se está desarrollando en aquel país. Es una entrada que superó más de 30.000 visualizaciones, la más frecuentada de todas las publicadas en el blog. Las siguientes en interés de los visitantes son todas ellas relativas a la problemática española. La segunda entrada por este orden de visitas fue la que escribió Joaquin Aparicio en agosto del 2020 sobre los ataques al sistema de la Seguridad Social por el Banco de España, una entrada que sumó más de 12.000 visualizaciones, una crítica lo que lamentablemente se ha convertido en una constante de esta institución financiera. La tercera, con más de diez mil activos, se publicó en octubre de 2019 con el título “el ensimismamiento del marco político español” y alertaba sobre la tendencia de la discusión política del momento a centrarse en una visión doméstica y pobre de los acontecimientos sin atender a una panorámica europea e internacional que planteaba problemas muy importantes.

Dentro de esa lista de favoritos, que van entre los seis mil y siete mil quinientos visitantes por entrada, hay también firmas invitadas, como el artículo de Jonathan Gallego de septiembre de 2020 sobre indemnizaciones disuasorias, despido improcedente y el Convenio 158 de la OIT – 6.000 – y la opinión que firmamos Enrique Lillo y yo mismo  en mayo del 2021 sobre el informe de la sala de lo penal del Tribunal Supremo sobre el indulto de los condenados por el procès – 7.200 – pero asimismo se encuentran reflexiones sobre ciertas opiniones que desvalorizaban el aniversario de los Abogados de Atocha, o atacaban la constitución de 1978 intentando denigrar un escrito sobre su significado que había publicado Nicolás Sartorius, el relevo en Comisiones Obreras entre Ignacio Fernández Toxo y Unai Sordo, o un comentario sobre el problema de la eficacia de la huelga en relación con la subcontratación de servicios, y, sobre todas estas, la calurosa acogida de los lectores en octubre de 2016, al premio de la Asociación Nacional de Laboralistas ASNALA a Enrique Lillo, que con sus más de 7.500 visitas encabezó durante mucho tiempo este ranking de preferidos por la audiencia del blog.

Se podría decir por tanto que el sesgo especial que tiene el blog, dedicado, como señala su cabecera, a la “información, discusión y propuestas sobre las relaciones de trabajo y la ciudadanía social“, ha consolidado un espacio entre la blogosfera laboralista que, felizmente, goza de muy buena salud y en la que se despliegan debates cada vez más interesantes además de la completa información que suministran sobre la actualidad normativa y jurisprudencial en la que destacan sobremanera los de Ignacio Beltrán de Heredia y el imprescindible de Eduardo Rojo. Ya forman parte del paisaje de la red blogs personales que básicamente ponen en común aportaciones académicas muy interesantes, como los de Wilfredo Sanguineti y Adrián Todolí, pero quizá la novedad más significativa sea las paginas colectivas que sostienen un grupo de profesores con propósitos de intervención sobre la realidad normativa y jurisprudencial, entre los que destacan El Foro de Labos y la más reciente – y de nuevo recuperada, tras la pausa del verano – NET21.

Seguramente que la inminente reforma laboral dará mucho material a estas bitácoras y, como no, a este blog, entablando un diálogo actual y en términos de proximidad y de inmediatez con las noticias y los textos que se conocen sobre la materia laboral y de protección social. La confianza que dan esos dos millones de visualizaciones recién alcanzados son desde luego un potente estímulo para seguir manteniendo este contacto continuado a través de la red. Per tocar caminant como quería Maria del Mar Bonet.

 

 

 


miércoles, 1 de diciembre de 2021

RESCISIÓN DE CONTRATO EN PERÍODO DE PRUEBA POR COVID: DESPIDO DISCRIMINATORIO Y NULO

 


La cercanía del invierno y las bajas temperaturas están incrementando los casos de COVID y la incidencia relativa en nuestro país. La nueva variante es una incógnita todavía, pero el impulso a la vacunación y a una dosis de refuerzo parece una medida preventiva acertada. La pandemia resiste en un mundo que insiste en la desigualdad de trato entre países desarrollados y el resto, a los que se niega el acceso masivo a la vacunación y a la producción de vacunas. En el ámbito laboral, el contagio por COVID ha sido asimilado a accidente de trabajo y enfermedad profesional en el caso del personal socio sanitario. En efecto, de un lado el personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios que durante el ejercicio de su actividad haya contraído el COVID 19, dentro del periodo comprendido desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional. De otro, los periodos de aislamiento o contagio de las personas provocado por el virus COVID-19 se consideran una situación asimilada al accidente de trabajo.

Pero este cuadro que enmarca el tratamiento de la enfermedad derivada de la pandemia, tiene también un reflejo en el interior de las relaciones de trabajo, en el espacio del dominio privado de la subordinación laboral. La consideración del aislamiento al estar contagiado o mientras se confirma el mismo, no debería provocar ningún cambio en la situación contractual salvo la de la suspensión del contrato mientras dura el aislamiento o el período de contagio o más adelante, cuando se ha sufrido las consecuencias del mismo. Sucede sin embargo que el Covid-19 cursa como una enfermedad, y podría plantear la posibilidad de que el empleador decidiera acudir a la vía de la extinción de contrato para prescindir de la persona que está de baja como consecuencia de haberse contagiado con el virus.

Hay que recordar que el tratamiento de la enfermedad como causa de despido ha sido uno de los elementos que ha evolucionado de forma muy negativa en nuestro sistema jurídico. De considerarse nulo el despido de la persona trabajadora en situación de suspensión del contrato de trabajo, como sucedía con la baja por enfermedad, tras la reforma de 1994 la decisión extintiva del empresario en estos supuestos de suspensión del contrato se desplazó al área de la improcedencia del despido. En vano alguna jurisprudencia razonable mantuvo que despedir a quien estaba enfermo podía considerarse un acto discriminatorio por razones de salud, la STS de 29 de enero del 2001 sentenció que “la enfermedad contemplada en el sentido genérico apreciable desde la perspectiva estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo que hace que el mantenimiento de la relación de trabajo ofrecida por el trabajador no se considere rentable para la empresa, no llega a considerarse un factor discriminatorio en el sentido estricto que del mismo término se deduce a tenor del inciso final del artículo 14 CE”. Una línea que confrontaba rentabilidad empresarial y derecho a la salud en la que este último no adquiría la suficiente entidad como para considerarlo merecedor de una tutela reforzada al anudarse al derecho al trabajo, frente a lo que sin demasiado esfuerzo se considera el elemento merecedor de la máxima protección, la defensa de la productividad y la rentabilidad de la empresa. La monetización derivada de la improcedencia del despido se degrada a su vez con el ciclo de la crisis 2010-2013 tanto por el abaratamiento del despido injustificado de 45 a 33 días por año como por la ampliación de la causa de absentismo justificado como despido objetivo procedente en la nueva redacción del art. 52 d) ET y su declaración de constitucionalidad en la STC 118/2019.

La tensión entre nulidad e improcedencia se ha reiterado ante las progresivas decisiones del Tribunal de Justicia de la UE diferenciando las nociones de enfermedad y discapacidad, y luego precisando  el carácter duradero de las dolencias físicas, mentales o psíquicas padecidas que impidan, al interactuar con diversas barreras, la participación plena y efectiva del trabajador en la vida profesional en igualdad de condiciones que los demás trabajadores como motivo discriminatorio, para finalmente, establecer la necesidad de hacer ajustes razonables previos a la decisión de despedir, supuestos todos ellos que se encaminan hacia la declaración de nulidad sobre la base de la vulneración del principio de igualdad y no discriminación. Y, en sentido inverso, respecto de la derogación de la causa de despido por absentismo del art, 52 d) ET por el RDL 4/2020, luego sustituido por la Ley 1/2020 de 15 de julio, en donde una buena parte de la doctrina se inclina por entender que los despidos que se efectuaran en función de la ausencia del trabajador por enfermedad intermitente, al carecer ya de causa justa, se deben considerar improcedentes. Para ello no se considera que la derogación del art. 52 d) ET suponga que la realización de un despido sobre este motivo implica un acto contrario a una norma prohibitiva, sino que se trata de un despido sin causa, que a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, deben entenderse improcedente, no nulo.

El caso del Covid sin embargo, reviste una especificidad que le permite posiblemente trascender su encaje en el tratamiento jurídico actual de la enfermedad como causa de extinción unilateral del contrato. Su carácter estigmatizante en un contexto social de miedo al contagio ha permitido deducir de tal dato la calificación de discriminatorio para aquellos actos del empresario que producen la extinción unilateral del contrato que formalmente aparecían motivados por una decisión ajena al contagio y aislamiento de la persona trabajadora víctima de la pandemia.

En efecto, la STSJ del País Vasco de 19 de octubre de 2021 – una sentencia que generosamente ha enviado Jonathan Gallego, director del Gabinete Jurídico de la CONC – contempla un caso de despido durante un  período de prueba motivado por el contagio de una profesora contratada interina del Covid 19. La empresa entendió que la libre rescisión del contrato durante el período a prueba la eximía de alegar cualquier motivo, entre otras cosas para ocultar que realmente la causa oculta de ese despido era el hecho de que la trabajadora se había contagiado y lo había comunicad oportunamente a la empresa para que se adoptaran las medidas de prevención requeridas. Este hecho es muy revelador, porque, como señala la STSJ citada, hay “indicios claros y precisos” de que el despido está “íntimamente relacionado” con el hecho de que la demandante era presunta enferma Covid-19, y no existe “ningún elemento en la prestación de servicios del que poder deducir alguna disfunción o quiebra que no sea la situación de Incapacidad Temporal”.

A partir de ahí, y tras recordar la doctrina jurisprudencial según la el empleador puede despedir al trabajador en situación de IT, sin que esto suponga la vulneración de un derecho fundamental, salvo en los casos de discapacidad por tratarse  de un despido “pluricausal” en el sentido que la causa alegada enmascara la vulneración de un derecho fundamental, señala sin embargo que “si la discriminación proviene o puede tener su origen en la existencia de la enfermedad en sí misma entonces se eleva como causa inadecuada dentro del mundo del derecho y social. Cuando, en realidad, y por la naturaleza de la propia enfermedad, de ella deriva la estigmatización de la propia persona enferma, entonces lo acontecido se considera un reflejo de un elemento de discriminación que el ordenamiento debe de remover”. Es decir plantea que el contagio por COVID puede suponer un motivo de estigmatización dela persona y en ese sentido un motivo de discriminación, de forma que si se estima que pueda derivarse de una enfermedad un trato devaluativo del trabajador, no por estar enfermo, sino por la concreta enfermedad, entonces nos encontramos ante un elemento de segregación o discriminación por esta causa.

Esta es la conclusión. “Los elementos objetivos de riesgo y alarma (no solo cuantitativos sino cualitativamente demostrados con toda la situación generada y la normativa emanada de la pandemia), nos llevan a concluir que nos encontramos ante un supuesto de discriminación cuando el tratamiento diferente en la empresa proviene de un posible contagio por Covid-19. Cuando la empresa actúa reactivamente por la enfermedad contraída por el coronavirus está introduciéndose en un elemento de discriminación por causa del padecimiento, no por un elemento ajeno u objetivo como puede ser una incapacidad temporal sin relación específica a una enfermedad peligrosa, sino anodina”. Hay evidencias e informes que demuestran que “el actual brote de Covid-19 ha provocado un estigma social y comportamientos discriminatorios frente a cualquier persona que ha estado en contacto con el virus. Las causas de ello son las siguientes: se trata de una enfermedad nueva y con grandes incógnitas; el miedo a lo desconocido padecido por el colectivo social; y el asociar ese miedo a los que son diferentes, los contagiados”. Por otra parte, el hecho de una posible represalia ante el contagio puede llevar a que la trabajadora o el trabajador afectado oculte su situación. “Hay que procurar evitar el que se amparen conductas empresariales que puedan conducir a ocultar o enmascarar el padecimiento por parte del trabajador de su enfermedad, pues, además de la incidencia que desde una perspectiva subjetiva pudiera tener esa conducta del empleador en orden a la quiebra de un derecho fundamental, debemos considerar la protección social que deriva de limitar conductas que puedan conducir a comportamientos de ocultación de la enfermedad”.

En resumen, una situación de riesgo social, de inquietud generalizada y del máximo esfuerzo societario para su superación, no puede desvincularse de la relación individual y atomizar o separar una facultad como es la de extinguir el contrato de trabajo en el período de prueba de la realidad acontecida y de todo el mecanismo y esfuerzo de protección del trabajo que se está realizando. Se declara nulo el despido, se condena a la empresa al pago de los salarios de tramitación hasta el cese del contrato por sustitución al reincorporarse la persona sustituida y se fija una indemnización de 6.251 € como equivalente de las sanciones de la LISOS como indemnización por el acto discriminatorio padecido.

La sentencia añade un elemento importante a la lucha contra la discriminación y estigmatización de los enfermos por Covid, que se ha denunciado por las agencias de Naciones Unidas, en particular en lo relativo a la xenofobia contra las personas a las que se culpa de traer la enfermedad a los países desarrollados, junto con agresiones contra los sanitarios y los supervivientes de la COVID-19  que han sido en ocasiones víctimas de violencia tanto física como verbal, además de agresiones contra los grupos de población que ya estaban sometidos al estigma y la discriminación, entre los que se encuentran las personas que viven con el VIH, los miembros de minorías sexuales y de género, los trabajadores sexuales y los migrantes. La consideración por tanto de la estigmatización que deriva de padecer una enfermedad en particular como causa de discriminación, protege de manera real a las personas trabajadoras de las consecuencias negativas sobre el empleo que tal estigma les puede acarrear.

 

 


viernes, 26 de noviembre de 2021

LA APROPIACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN POLICIAL POR LA DERECHA Y ULTRADERECHA

 


(En la foto, Pablo Casado y cuca Gamarra en la concentración poliical del dia 24)

Es de todos conocido que mañana sábado 27 de noviembre el sindicato de policía JUSAPOL ha convocado en Madrid una manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra en trámite en el Congreso por entender que el texto propuesto por el Gobierno "atenta gravemente contra el trabajo diario de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Esta manifestación continua las concentraciones que se han ido efectuando ante las Delegaciones de Gobierno el 24 de este mes. Más de 40 organizaciones policiales han respaldado por ahora este calendario de protestas y han prometido la asistencia a la manifestación, que comenzará a las 11,30 desde la Puerta del Sol con el lema “No a la inseguridad ciudadana”.

Una buena parte de los motivos esgrimidos por los convocantes para explicar que el cambio legislativo dificulta su labor de protección de derechos y libertades de la ciudadanía – que JUSAPOL reduce a la consecución de la seguridad dela misma – son argumentos que no se corresponden con lo previsto en el texto proyectado, y como tal ha sido puesto de relieve por varios medios de comunicación, que han señalado el falseamiento interesado y consciente de estos reproches a una norma que no dice lo que el sindicato convocante dice que afirma. ( Por ejemplo, https://www.eldiario.es/politica/omisiones-carga-ideologica-decalogo-protesta-policial-reforma-ley-mordaza_1_8518493.html, pero también https://elpais.com/espana/2021-11-25/la-reforma-de-la-ley-mordaza-y-las-criticas-de-los-policias-a-examen-el-delincuente-tendra-mas-veracidad-que-nosotros.html )  

No es este sin embargo el objeto de esta entrada, sino la utilización de esta convocatoria por parte de PP y Vox para dar cobertura política a esta plataforma. En efecto, “PP y Vox dan alas a la protesta organizada por los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles contra la reforma de la ley mordaza anunciada por PSOE y Unidas Podemos en cumplimiento del pacto de Gobierno que suscribieron hace dos años y de sus respectivos programas electorales. Y no sólo eso: las dos principales formaciones de la derecha han asumido el discurso sindical que afirma que los cambios en la ley van a desproteger a los agentes”, un discurso de dudosa verosimilitud (https://www.infolibre.es/politica/pp-vox-agitan-policias-guardias-civiles-reforma-ley-mordaza-falsa-desproteccion_1_1213283.html) .

Dentro de la bicefalia popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Diaz Ayuso, en su condición de cargo institucional, ha advertido que acudirá a la manifestación. Con su natural condición hiperbólica, ha explicado que “quieren que el terror impere en las calles”, propósito indudablemente nefasto frente al cual su presencia es imprescindible. Por su parte, Pablo Casado ha estado presente en las concentraciones del día 24 convocadas por el sindicato policial y compromete también su presencia, junto con la del alcalde de Madrid, en la manifestación del sábado. Vox igualmente ha reafirmado su respaldo a la manifestación y reforzará su asistencia con la presencia del líder de esta formación política, Santiago Abascal. Como de costumbre, ha anunciado a su vez que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el texto que el congreso apruebe al respecto. También Ciudadanos, a  través de Edmundo Bal, se ha unido a esta iniciativa.

La manifestación sindical aparece así ante la opinión pública como una nueva versión de la foto de Colón que simbolizó el frentismo de la derecha y la ultraderecha contra el bloque de progreso y de gobierno. La novedad es que esta movilización que tiene como objetivo desgastar y deslegitimar la acción general del gobierno, se apoya ahora en un movimiento sindical muy específico, el que agrupa a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad contra la modificación del marco normativo de su actuación policial en materia de preservación de la seguridad de la ciudadanía. La acción política de estos tres partidos se sostiene ahora superponiéndose a la acción reivindicativa del sindicato policial, que forma parte, según el líder del PP, de un inmenso “tsunami social” contra el gobierno.

Es muy ilustrativo recordar lo que decían los dirigentes del Partido Popular ante la convocatoria de acciones de protesta contra la reforma laboral del 2012 que culminaron en dos huelgas generales. Era un discurso que oponía la “política” al trabajo o la profesión, de manera que la reivindicación de derechos era siempre “política” y por consiguiente “ajena” al interés de los trabajadores y que iba unido a una indisimulada hostilidad antisindical. La consideración peyorativa de las acciones reivindicativas sociales que cuestionaban las decisiones del poder público no se basaban en la defensa de los planteamientos y propuestas mantenidos por quien tenía la mayoría en el Parlamento, sino en el argumento de que la reivindicación “política” era contraria a las propuestas puramente profesionales o laborales.

En el caso de la manifestación del sábado, el argumento de las tres derechas, entre las que destacan para la foto finish el PP – con Ayuso – y Vox – con Abascal – es exactamente el contrario. Sólo se defiende el trabajo de la policía si se reivindica el mantenimiento de un marco legal de actuación que la mayoría legislativa y social quiere modificar. Ambos partidos políticos de derecha y ultraderecha se instalan en la fuerza social de las organizaciones de Policía y Guardia Civil como elemento central de su política de deslegitimación del gobierno.

La neutralidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad queda con esta manifestación en la que se incrustan los partidos de la derecha extrema muy cuestionada. La lectura que se ofrece al público es la de que los miembros de la policía y de la guardia civil no pueden pertenecer a partidos políticos, pero si pueden hacer la política de éstos. Como sucede con la bandera española, la derecha y la ultraderecha se apropian de ese símbolo nacional y lo convierten en una seña de identidad partidista. En este caso el mecanismo de apropiación es la participación activa de los líderes del PP y de Vox absorbiendo en su ideario y plataforma política las reivindicaciones de los sindicatos policiales.

Las consecuencias de esta fusión entre la derecha extrema y la ultraderecha con los cuerpos policiales son muy negativas frente a una parte de la opinión pública ante la cual la imagen de estos cuerpos de seguridad se está deteriorando al resaltarse ciertos perfiles antidemocráticos en su interior. Como cuerpo separado de la sociedad, este desgaste no es percibido con la gravedad que puede tener como inicio de un cierto desgajamiento de la confianza social en su actuación. Que los sindicatos de policía – la Guardia civil tiene prohibida junto a la afiliación política, la afiliación sindical – se presenten como compañeros de viaje de la derecha y la ultraderecha en nuestro país supone una mala decisión para la acción colectiva de estos grupos de empleados públicos cuya razón de ser es la defensa a ultranza de los derechos democráticos que fundan la convivencia social. Asumir como propio el reflejo autoritario que ostenta Vox como seña de identidad y al que el PP concurre reivindicando su primacía en este terreno (sin que se sepa realmente cual es el papel que en este asunto quiere desempeñar Ciudadanos, un partido que había nacido al parecer para defender un ideario liberal) es una opción equivocada.

No todos los sindicatos policiales sin embargo están a gusto con este acoplamiento. Sería importante que al menos en el relato que explique su participación en esta movilización corporativa se dejaran claros los límites y el alcance de su posición. Ser fagocitados por la mentira y el desgaste antidemocrático no es una buena forma de hacer prosperar el interés colectivo de los miembros de los cuerpos de seguridad.