EL CAMBIO DEL “MODELO DE LAS PENSIONES” EN EL DISCURSO DE LAS DERECHAS. JOAQUIN APARICIO EXPLICA BIEN LO QUE SIGNIFICA ESTO.

 

La portavoz del Partido Popular Ester Muñoz declaró en una entrevista el 14 de octubre que “el que llega a la pensión se la merece, pero el sistema actual va a petar". Esta predicción – emitida ciertamente en un lenguaje no apropiado – alarmó a los medios, más aún cuando al día siguiente Juan Bravo, el responsable de economía de esta formación política, intentando rebajar el alcance de lo que había afirmado su compañera de partido, afirmó que el sistema público de pensiones es viable, "si tenemos la economía adecuada", una condición que parecía indicar un futuro inmediato complicado para el sistema. Ese mismo día Feijoo quiso cerrar esta polémica afirmando que el sistema de pensiones era viable y que revalorizará las pensiones cuando llegue al gobierno, pero de nuevo el muy joven candidato por Guipúzcoa, Jon Echeverria, se ha estrenado en público insistiendo en que las pensiones están “amenazadas” y que por tanto el PP propondrá reformas para garantizar la viabilidad del sistema. Más explícito, Jose Maria Figaredo, de VOX, que forma parte del conglomerado de la derecha y ultraderecha que se presenta como la nueva coalición que quiere vencer las elecciones y formar gobierno, fue mucho más enérgico al explicar al diario El Debate que “el sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado” por lo que defendía un “cambio de modelo”, proponiendo un modelo mixto que combine el sistema público de reparto con cuentas de capitalización individual o ahorro privado, una posición también mantenida por la portavoz de esta formación de ultraderecha, Pepa Millán, indicando que será necesaria una completa reforma del sistema cuando se llegue a la Moncloa y conozcan las cuentas reales del Estado. También ante el revuelo formado, Abascal declaró que “las pensiones están garantizadas”, añadiendo eso si que “por un sistema u otro”. Para terminar, la visita ayer miércoles 21 de octubre del presidente de Argentina, Javier Milei, con su receta de recortes y Estado cero, y la cordial recepción por parte de Abascal (en video llamada) y Diaz Ayuso, implica un futuro demoledor para uno de los pilares fundamentales del Estado Social.

Un debate no iniciado por la izquierda ni por el PSOE que sin embargo ha adquirido presencia mediática ante la relevancia del voto de los y las pensionistas, lo que incluso llevó a afirmar a Eduardo Inda, en un programa muy frecuentado por todo tipo de farsantes y golpistas, que el PP debía callarse con las pensiones hasta después del 29 N y luego llevar a cabo la reforma de éstas. El tema sigue en debate, aunque cada vez más en sordina, pero lo verdaderamente relevante es la argumentación sobre la que se desliza el mismo, la inviabilidad económica del sistema de tutela ante la “pirámide invertida” de población y la conveniencia de introducir el sistema de capitalización como eje fundamental de una mejor y más justa protección de la vejez.

 Joaquin Aparicio, que ha trasladado a este blog sus intervenciones, refuta con energía estas líneas – guías plenamente reaccionarias que por cierto ya tienen antigüedad y que se repiten monótonamente cada vez que el capital financiero piensa que puede aumentar su disparatada tasa de beneficios. Lo que resulta especialmente amenazante en la situación en la que nos encontramos que, según las encuestas, puede permitir la formación por primera vez en nuestra historia democrática de un gobierno con la ultraderecha y la derecha extrema dispuestos a desmontar la arquitectura de las prestaciones garantizadas por el Estado Social. Este es el contenido de su texto:

  

LA AVARICIA DE LA DERECHA NO TIENE LÍMITES: DE NUEVO LAS MENTIRAS SOBRE LAS PENSIONES

Joaquin Aparicio Tovar

 

Casi desde que se crearon los Seguros Sociales y luego los Sistemas de Seguridad no han parado de alzarse voces representantes del gran capital diciendo que estaban en crisis. La razón es clara: los Seguros Sociales primero, y luego mucho más la Seguridad Social, sacaron del mercado la atención de necesidades sociales que azotaban a gran parte de la población. La asistencia sanitaria y las prestaciones económicas frente a estados de necesidad producidos por diversas contingencias, entre ellas la vejez, dejaron de ser, en importante medida, una oportunidad de negocio pa el capital financiero. De esta forma se generó una mejor cohesión social producida por la solidaridad intergeneracional e intrageneracional y la redistribución de rentas que se puso en práctica. Pero fue más allá, porque también se hizo avanzar en la igualdad que profundizó el principio democrático expresado en la formula jurídica del Estado Social y Democrático de Derecho en que se constituye España según el art. 1.1 de nuestra Constitución.

 Nadie que defienda la Constitución y nuestro sistema democrático debería poner en cuestión este gran avance de civilización, pero estamos viendo por el contrario que es un permanente campo de lucha por parte de las derechas que ponen en cuestión derechos conquistados con grandes esfuerzos y de paso la democracia misma. Ahora, una vez más, la derecha arremete contra “las pensiones”, aunque habría que decir que en realidad se refieren solo a la de jubilación, se olvidan de otras como las de invalidez o viudedad y la razón es clara. Es con la de jubilación con la que se pueden hacer mejores cálculos actuariales al estar ausente el azar que pende sobre las de invalidez. El argumento siempre es el mismo, no se hace una ataque directo a la pensión de jubilación, sino que se empieza por la mentira de que el sistema público está quebrado y no podrá garantizar las pensiones a los jóvenes actuales, futuros pensionistas. Son previsiones a futuro porque la realidad se impone cuando los actuales pensionistas están percibiendo sin problemas sus prestaciones todos los meses. Tratan de cambiar la solidaridad intergeneracional por una lucha de jóvenes contra mayores creando de forma canallesca inseguridad sobre el porvenir, creando miedo.

 Desde 1983 las derechas nos vienen diciendo de tiempo en tiempo, en especial en tiempos de elecciones, que las pensiones son insostenibles y anuncian su quiebra en unos pocos años, así pasó en 1995 que anunciaron esa quiebra para 2005 y resultó que la Seguridad Social no solo no quebró sino que ese año tuvo superávit, entonces empezaron a atrasar la fatídica fecha por otra más lejana y ahora la anuncian para 2040 o 2050 con el argumento bastante repetido de que para entonces habrá muchos pensionistas y pocas personas activas para mantener las prestaciones. Es un argumento que maliciosamente oculta algo esencial cual es que las pensiones de jubilación no se tienen que financiar exclusivamente con las cuotas calculadas sobre los salarios, sino que también con otros recursos. No tienen en cuenta tampoco que la demografía no puede hacer previsiones inmutables a tan largo plazo, ni las variaciones en el aumento de la productividad, ni las   subidas salariales y en las tasas de la ocupación. Resulta ridículo que en un momento en el que la afiliación a la Seguridad Social alcanza la cifra histórica de 22,5 millones el dirigente de la oposición, Nuñez Feijoó, diga que hay un enorme agujero ¿de dónde ha sacado esa insensatez?  

 Por supuesto que problemas siempre hay y habrá, pero eso no quiere decir que haya que poner en cuestión la supervivencia del Sistema. La Constitución manda a los poderes públicos mantener el Sistema de Seguridad Social y la suficiencia de las pensiones, no de un mínimo. Lo que hace la derecha es poner las mulas detrás del carro pues para resolver los problemas que siempre surgen aplican la solución de recortes de prestaciones, como hizo el Gobierno de Rajoy al intentar aplicar el mal llamado factor de sostenibilidad que se aplicaría sobre la cuantía inicial de la pensión y habría provocado reducciones de 30 por ciento y el índice de revalorización que implicaba una subida de 0,25% muy por debajo de la inflación.

 Con esos recortes tratan de abrir camino a los fondos de capitalización, ya colectivos o individuales. Es una vieja idea auspiciada por la Comisión Europea allá por 2010 hoy desprestigiada. El esquema que proponen es que el sistema público garantice una pensión mínima y se complemente con fondos de capitalización gestionados por entidades privadas. Pero hay que preguntase ¿qué es la capitalización? Pues ni más ni menos que el viejo ahorro privado adaptado en la actualidad a las apetencias del capital financiero. Las personas trabajadoras deberían guardar una parte de sus salarios y darlos entidades financieras que los manejen para enfrentarse a las necesidades del porvenir, pero quién puede ahorrar para un fondo de pensiones cuando el salario mediano en España está en torno a las 2110 euros brutos al mes, eso quiere decir que la mitad de las personas trabajadoras está por debajo de esa cifra, aunque muchas hayan visto mejorada su situación con las subidas del salario mínimo. La propuesta de los fondos de pensiones está dirigida a las rentas más altas que tratan de evadir la solidaridad que es propia del Sistema de Seguridad Social. Lo mío para mí y los de abajo que se jodan, como ya dijo una parlamentaria del PP.

 La verdad que esas propuestas entrañan un criminal y descarado analfabetismo democrático porque si los sistemas de reparto (los actuales activos sufragan las prestaciones de los actuales pasivos) tuvieran problemas de sostenibilidad, mucho más agravados lo serían si se cambia por la capitalización. No hay alternativa a los sistemas de reparto si se quiere vivir en una sociedad decente. La Seguridad Social no puede quebrar porque no puede quebrar el Estado que es quien garantiza las prestaciones, pero no ocurre lo mismo con los fondos de pensiones, que está vista su escasa rentabilidad y el banco que los promueve no garantiza con su capital los casos graves pérdidas. Tal vez sea bueno recordar cómo la sangrienta dictadura de Pinochet impuso en Chile la capitalización y ante el evidente empobrecimiento de la población en tiempos recientes ha tenido el Estado que salir al paso para aliviar en parte del sufrimiento. Empobrecimiento que no afectó a las gestoras de esos fondos que se enriquecieron. Resulta ilustrativo que para las fuerzas de seguridad y los militares se mantuvieron en Chile los seguros sociales basados en el reparto, ellos mismos no fiaban, con razón, de la capitalización.

 Un último apunte. Los recortes del Gobierno del PP de Rajoy fueron revertidos en 2021, 2022 y 2023 ya por el nuevo Gobierno progresista que ha llevado  la revalorización de pensiones de acuerdo con el IPC, ha mejorado la financiación, entre otras medidas, con una cotización de solidaridad de los salarios más altos y distintas fórmulas de incentivar retrasos en la jubilación y la llamada jubilación activa, lo que sumado a la vuelta a la estabilidad en el empleo por la reforma laboral de diciembre de 2021, el mejoramiento de los salarios y el aumento de la ocupación muestran que hay siempre mecanismos para garantizar las pensiones tal y como manda la constitución. Los agoreros en realidad no son más que voceros al servicio de la avaricia del capital financiero, son sus patronos.

SOBRE EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL FUTURO DEL PAÍS

 

La Comunidad de Madrid ha sido durante mucho tiempo el laboratorio de las políticas neoliberales de la derecha y ultraderecha, especialmente a partir de la compra de votos que posibilitó la llegada al poder de Esperanza Aguirre, más tarde exasperada con la presidencia de Isabel Díaz Ayuso. El deterioro constante de los servicios públicos es la seña de identidad de estas políticas, especialmente en el tema de sanidad y educación, unido a una espiral especulativa en tema de vivienda. Un modelo que algunas otras autonomías están replicando, como la de Andalucía o la Comunidad Valenciana. La asfixia financiera a la que se somete a todo lo que son servicios de interés general provoca la reacción de las personas que trabajan en los mismos, de manera que la conflictividad crece de manera cada vez más pronunciada.

La noticia que asoma a los medios de comunicación – por cierto en la Comunidad de Madrid existe un conjunto de medios plenamente empotrados en el poder político a los que por otra parte se les riega de subvenciones generosamente – es la de las huelgas que protagonizan buena parte de las trabajadoras y trabajadores de estos sectores. Actualmente, los profesores de la enseñanza pública han comenzado una huelga indefinida con impresionantes manifestaciones, asambleas públicas y piquetes masivos en lo que se ha venido a llamar el retorno de la “marea verde” que se popularizó en la lucha contra los recortes derivados de la política de austeridad. Este conflicto se solapa con el que han venido llevando a cabo desde hace  meses las personas de la educación infantil, y coincide con las grandes manifestaciones por el derecho a la vivienda tras el desahucio y muerte de Maricarmen Abascal, y la acampada masiva en Sol.

Pues bien, la respuesta de los poderes públicos – la Comunidad de Madrid – ha sido la de denigrar en todo momento a los empleados públicos que ejercen el derecho fundamental de huelga y que soportan en su actividad profesional la prestación del servicio público de la educación en los distintos grados de la misma. Es costumbre ya asentada al parecer en esta Comunidad Autónoma insultar directamente a quienes no hacen sino ejercer sus derechos fundamentales. Los huelguistas son “gentuza”, “vagos”, “violentos”, y los acampados en Sol son “terroristas”. Un comportamiento de una autoridad pública y de un partido político que es intolerable, aunque estemos ya acostumbrados a que uno de los eslóganes de estas personas sea el de insultar gravemente al presidente del gobierno.

Esta respuesta que pretende, con el favor de los medios, degradar las reivindicaciones de los empleados públicos y trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, se prolonga en otras actuaciones más agresivas, que intentan utilizar la violencia contra huelguistas y la gente acampada en Sol. El primer ejemplo es bien significativo, el cierre de la estación de metro de Sol de manera unilateral por la empresa, comandada por la autoridad política en la que se buscaba castigar la “manifestación de perroflautas”, como señala un documento interno de la empresa. Un cierre de la estación supuestamente por motivos higiénicos – que no compartía la estación de cercanías de Renfe, que siempre se mantuvo abierta – que se llevó a cabo sin el conocimiento ni la aprobación de los representantes sindicales ni del Comité de Prevención y que tenía por tanto una clara intención de castigo al ejercicio del derecho fundamental de reunión y de expresión. Aunque ha tenido que reabrir la estación tras dos días de cierre, el objetivo de enfrentar a la ciudadanía con los manifestantes es patente.

Como un segundo rasgo definitorio de esta actuación pública de la Comunidad de Madrid,  la violencia contra el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de la ciudadanía resistente constituye un elemento fundamental. Más aun, como insisten los medios de comunicación afectos a este gobierno regional, el escenario deseado sería el que suministra la actualidad en Francia, con una rebelión abierta en las calles que da lugar a un enfrentamiento brutal entre policías y manifestantes. Sin perjuicio de comprender el contexto en el que se desarrollan estos tumultos en Francia, lo cierto es que en nuestro país, y en concreto en Madrid, la actuación de manifestantes y activistas es completamente pacífica y no desborda los límites de ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, reunión y huelga.

Por eso la violencia se provoca por parte de la represión policial, que busca una respuesta en paralelo del conjunto de las personas que participan del conflicto. Es decir, la violencia que se quiere promover como justificación de una respuesta autoritaria por parte del poder público de la región madrileña ha aprovechado el descontrol que tiene la autoridad pública del Ministerio del Interior y en concreto la Delegación de Gobierno, sobre la actuación de los mandos policiales en sus operaciones de orden público. En efecto, la violencia gratuita ejercida el 14 de octubre contra un piquete de estudiantes y trabajadores ante la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Complutense, es una muestra evidente de una agresividad descontrolada de algunos policías y mandos frente a personas que estaban en ese mismo momento ejercitando el derecho fundamental de huelga, puesto que el piquete de huelga entra dentro del contenido esencial del mismo, como tiene declarado el Tribunal Constitucional. La Delegación de Gobierno de Madrid ha exigido una “investigación” sobre este tema, pero el resultado es incierto, como de costumbre y denota la incapacidad del gobierno de controlar su propia policía, que sin embargo nunca se extralimita frente a algarabías y disturbios originados por la extrema derecha y por grupos nazis, frente a los cuales se muestra con corrección exquisita.

Es una violencia extrema que se repetiría el lunes 19 de octubre contra la manifestación de los enseñantes ante la Cámara de Comercio de Madrid para protestar ante la presidenta de la Comunidad que participaba en un acto en este lugar. El control de estas muestras de represión de los derechos ciudadanos mediante la desproporcionada actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad es importante para las fuerzas que defienden la democracia, especialmente ante la convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre, donde los piquetes masivos de huelguistas recorrerán las calles de la ciudad.

Se habla tanto de la huelga y de sus efectos sobre la educación del alumnado. Pero el punto de vista que desaparece de este enfoque es el de la responsabilidad de la Administración en la gestión y administración de estos conflictos entendidos a su vez como la consecuencia del deterioro consciente de los servicios públicos y de interés general. La Comunidad de Madrid se niega a negociar con los huelguistas, no abre un espacio de encuentro con estas personas. Vulnera así un principio fundamental de la buena fe en las relaciones colectivas, haciendo caso omiso de la función desempeñada por el ejercicio de los derechos fundamentales de carácter colectivo.

La huelga iniciada en la enseñanza pública madrileña había sido anunciada desde antes del verano, y ningún miembro de la Consejería de Educación intentó establecer instancias de mediación y de apertura de negociaciones sobre este tema. Ahora, una vez declarado el conflicto, se niegan a su vez a buscar una solución al conflicto. De esta manera cierran un círculo vicioso. Degradan el servicio público, aumentando las horas lectivas de las personas que trabajan en el, con remuneraciones extraordinariamente bajas, asfixian económicamente a  los centros, lo que a su vez provoca un conflicto que paraliza el servicio, frente al cual la respuesta es mantener la negativa a negociar y acentuar simultáneamente las condiciones de degradación que se agravan en el inmediato futuro.

La autoridad pública en este caso tiene que ser considerada responsable por incumplimiento de su función institucional de garantizar servicios públicos eficientes a la ciudadanía que no tengan que satisfacer sus necesidades sociales a través del mercado y en consecuencia mediante el poder adquisitivo de cada cual. No parece que haya posibilidad de arbitrar mecanismos legales para exigir esta responsabilidad. Si debería por el contrario establecerse un mecanismo en el que se obligara a la administración a establecer un espacio de negociación con el sector en huelga. De lo contrario, se da rienda suelta a lo que se pretende por la Comunidad de Madrid,  prolongar unilateralmente el conflicto, generando sacrificios individuales a las personas participantes en el mismo, sin que por su parte se considere que exista ningún daño, que sin embargo se proyecta sobre el conjunto de la ciudadanía, lo que a esta Administración le resulta indiferente, cuando no coherente con su programa político. Este es por tanto el desequilibrio pleno que el conflicto demuestra, puesto que en todo caso, incluso abriendo formalmente un espacio de intercambio de propuestas, la Comunidad de Madrid se negará a modificar sus planteamientos presupuestarios que condenan al sector a su deterioro irreversible.

Esta situación conduce de nuevo a la esfera de la política, puesto que la Comunidad de Madrid se ha convertido en el laboratorio de unas políticas neoliberales que se pretenden, en las elecciones del 29 de noviembre, exportar con carácter general al conjunto del Estado. Es en el espejo del autoritarismo violento de la Comunidad de Madrid y su decidida apuesta por deteriorar los servicios públicos en donde se refleja el proyecto del PP y VOX que pretende lograr las mayorías precisas para llevarlo a cabo tras las elecciones del 29 de noviembre. Depende de todas y todos no hacerlo posible.

 

 

PRIMERAS PRECISIONES SOBRE LA HUELGA GENERAL DEL ONCE DE NOVIEMBRE

 

Se ha puesto fin a la construcción de una alternativa electoral de la izquierda con la negativa de Podemos a la unidad con el resto de partidos - salvo con ERC -  y la formación a nivel nacional del Frente Amplio, como catalizador de la propuesta reformista y de resistencia ante la irrupción del autoritarismo desencadenado del PP y Vox. Durante este tiempo, en el blog nos hemos mantenido en silencio, siguiendo las movilizaciones que se han ido produciendo y en especial la huelga de los enseñantes públicos en Madrid y el retorno de la marea verde (Lean por cierto el artículo de Agustín Moreno en “Público” sobre este hecho social relevante: https://www.publico.es/opinion/columnas/marea-verde-pisa-calles-nuevamente.html) . Pero ahora es el momento de ocuparnos de un acontecimiento fundamental, la convocatoria de una huelga general para el día 11 de noviembre. Vamos a ello.

Como se sabe, el detonante de la huelga general proviene de la inmensa movilización a partir del desahucio de Maricarmen – que posteriormente provocó la acampada en Sol – en la que el Sindicato de Inquilinas popularizó la petición de una huelga general por la vivienda. Una propuesta que sostuvieron junto con CGT, Co.bas y Solidaridad Obrera, pero que inmediatamente obtuvo el respaldo de las dos grandes confederaciones sindicales más representativas a nivel estatal CCOO y UGT. Este hecho fue ridiculizado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que “veía ilegal” una huelga por la vivienda porque “no era un conflicto laboral”. Completaba su argumentación añadiendo que los sindicatos utilizaban la vivienda como “una herramienta electoral contra la oposición”, una precisión que sería empleada por otros exponentes del empresariado y de los partidos de la derecha. Finalmente se alegaba la inoportunidad de una huelga “en pleno período electoral”. Todas estas opiniones fueron convenientemente diseminadas en los medios de comunicación con el apoyo irrestricto de los creadores de opinión o tertulianos del media system.

Sin embargo, la convocatoria sindical unía la vivienda al tema de los salarios y al coste de la vida, elementos centrales del interés colectivo de las personas trabajadoras. Y a su vez, a la necesidad de lograr la firma de un Acuerdo sobre negociación colectiva que sustituyera al V AENC ya extinguido en el 2026. Por otra parte, la cuestión de la vivienda había sido asimismo recogida en la plataforma reivindicativa firmada por ambos sindicatos – la llamada Propuesta Sindical Unitaria - como una exigencia frente a los poderes públicos.

En efecto, las propuestas sindicales se enmarcaban en la propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que incluía, con incrementos salariales entre el 4% y el 7%, cláusulas de revisión salarial y cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda, y el desbloqueo de los convenios colectivos encallados, así como en la Propuesta Sindical Unitaria impulsada por ambos sindicatos, que recoge un decálogo por el derecho a la vivienda, que reclama un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.

La huelga general interpelaba también a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda. A su vez, la subida de la inflación provocada fundamentalmente por la guerra ilegal de Trump en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, erosionaba profundamente el poder adquisitivo de los salarios. Este es el contexto en el que se decide la convocatoria de la huelga general para el 11 de noviembre, en perfecta sintonía con el Sindicato de Inquilinas, sobre la base de lo siguiente

UGT y CCOO llaman a la huelga general el 11 de noviembre para desbloquear la negociación colectiva, para:

● subir salarios

● reducir la jornada

● mejorar la salud de las personas trabajadoras

● erradicar la precariedad,

Y además, CCOO y UGT llaman a la huelga general

·       para emplazar a todas las administraciones públicas a impulsar políticas que acaben con la especulación de la vivienda

·       para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora.

A esa convocatoria de huelga, que se fijó para el 11 de noviembre para no interferir en pleno período electoral, se han unido – y replicado en sus ámbitos territoriales correspondientes – los sindicatos más representativos de Galicia (CIG) y de Euskadi (ELA y LAB). No la secundan, sin embargo, USO ni los sindicatos corporativos del área pública, CSIF o del Comercio, FETICO. La huelga es asi una clara opción del sindicalismo de clase.

El jueves pasado, 15 de octubre, se celebro en el SIMA el preceptivo acto de conciliación previo a la convocatoria de huelga entre CCOO y UGT con CEOE y CEPYME, que lógicamente acabó sin acuerdo. A partir de ahora, se deposita el preaviso en el que se formulan los motivos de la huelga, el ámbito funcional y territorial de ésta y la composición del comité de huelga, que normalmente recae en las direcciones de ambos sindicatos.

Conviene hacer algunas precisiones desde el perfil jurídico de la materia.

La huelga general es plenamente legal, contra lo que afirman, pese a ser conscientes de la falsedad de esa afirmación, los representantes del empresariado y los portavoces del Partido Popular. Se inscribe en el correcto ejercicio del derecho de huelga reconocido por la interpretación del Tribunal Constitucional del art. 11 a) del DLRT de 1977. Sus reivindicaciones no son ajenas a los intereses de las personas que trabajan, por el contrario, la cuestión salarial, la reducción de jornada y la salud laboral, la facilitación de la negociación colectiva y adoptar medidas para eliminar la precariedad laboral son materias notoriamente pertenecientes al ámbito del contrato de trabajo, y la reivindicación de políticas públicas para la realización del derecho a la vivienda consagrado en el art. 47 CE, integra de manera inequívoca el concepto de interés sociopolítico que caracteriza a la representación institucional de los sindicatos garantizada en el art. 7 CE, como asimismo la exigencia de controles de los precios como forma de garantizar el poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones.

Toda huelga señala a un interlocutor, y en las huelgas generales la presencia del poder público suele ser determinante. Sin embargo, esto no sucede en esta ocasión, en donde el interlocutor principal de la acción colectiva es el empresariado, CEOE y CEPYME, al que se le requieren medidas fundamentales como la subida salarial, el desbloqueo de los convenios colectivos y la firma de un acuerdo interprofesional que estructure los contenidos de la negociación, la reducción de jornada y la mejora de las condiciones de salud laboral y la adopción de medidas para consolidar la estabilidad en el empleo. En un plano paralelo se exigen medidas de los poderes públicos especialmente en materia de facilitación y reconocimiento efectivo del derecho a la vivienda como derecho social reconocido a la ciudadanía y medidas de política económica de contención de los precios y de la inflación como garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. Acostumbrados a huelgas generales que resistían y protestaban contra medidas provenientes del poder público, esta es la primera ocasión en que el empresariado es interpelado directamente como sujeto que debe responder a las exigencias que la acción colectiva y sindical efectúan proponiendo la abstención del trabajo en todas las ramas del territorio nacional, y junto a ello, también están involucrados los poderes públicos en las dos reivindicaciones sobre vivienda y contención de la inflación. Por eso no es admisible que el portavoz del PP, Borja Semper, entienda que se trata de una acción “contra la oposición” al gobierno, salvo que identifique a la CEOE y CEPYME con los intereses directos de su partido político, lo que es cierto, pero no se puede admitir formalmente.

Lo que subyace a esta ceremonia de la confusión en la que colaboran personajes relevantes de la economía y de la política, acompañados por los medios empotrados en sus intereses, es el cambio de sentido que en esta ocasión tiene la huelga general del 11 de noviembre respecto de sus antecedentes. En efecto, todas las huelgas generales que se han producido en nuestro país a partir de la Constitución, desde la primera de 1985 contra la reforma de las pensiones, pasando por la que se conoce como la más grande huelga nacional habida, la del 14 de diciembre de 1988, la muy importante de 1994 frente a la reforma laboral, las del 2002 y, de manera ya en cascada, las del 2010 y 2012 frente a las reformas derivadas de las políticas de austeridad, todas ellas, fueron la respuesta sindical y colectiva de la clase trabajadora frente a cambios legislativos que recortaban derechos laborales o sociales. Es decir, fueron huelgas defensivas, de resistencia ante reformas laborales regresivas levadas a cabo por los poderes públicos. En esta ocasión, sin embargo, estamos ante una huelga ofensiva, que confronta con el empresariado y los poderes públicos para arrancarles mejores condiciones de trabajo y mayores derechos sociales, lo que constituye una novedad importante y con un contenido simbólico fundamental.

Las reivindicaciones sindicales logran además unificar con el ámbito de la relación de trabajo, el espacio de la ciudadanía y los derechos sociales, la grave crisis de la vivienda y la ineficacia de la declaración constitucional de un “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, asi como del fracaso de las políticas públicas que deberían haberlo garantizado “de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Lo hacen a través del componente de la renta salarial y la necesidad de que ésta cumpla la función social y económica que de nuevo aparece en el art. 35 CE mediante la exigencia de “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, entre las cuales desde luego se encuentra la necesidad de adquirir el uso o la propiedad de una casa para vivir.  Con ello el movimiento obrero ha sabido enlazar con la fuerte movilización ciudadana que ha ocupado las calles y las preocupaciones de una mayoría de personas, en gran medida jóvenes, en defensa de la realización concreta del derecho a la vivienda. Se sitúa asi en el espacio de lo socio-político como condición esencial de su actividad de tutela de los intereses de las personas que trabajan.

Este carácter ofensivo de la huelga general constituye también una prueba para el movimiento sindical y en general para las personas trabajadoras. Es  evidente que una gran participación en esta huelga, además de la presencia en las calles durante y al terminar el día de huelga – se interpretará como un empuje evidente hacia la conquista de derechos laborales y sociales y a la vez, como un rechazo frontal ante la irrupción de la derecha y la ultraderecha, pero también es  obvio que se va a calibrar el seguimiento real de la huelga, su eficacia en la paralización de las actividades y de la vida ciudadana, como un ensayo de la capacidad disuasoria del movimiento sindical ante futuras reformas laborales – y a anunciadas, por cierto – que desmonten el sistema de derechos laborales. Es decir, como un test de la capacidad de convocatoria de los sindicatos y la fuerza real de su organización. Ya algunos medios hablan de la baja participación según encuestas. (Un 70% no participará, aunque el 50% entienden que la huelga está justificada, según El Confidencial,  https://www.elconfidencial.com/economia/2026-10-16/encuesta-huelga-general-preve-baja-movilizacion_4445770/), lo que para los representantes del empresariado – y de las fuerzas políticas reaccionarias - constituye una muy buena noticia. Por eso es imprescindible que la estructura sindical se vuelque en lograr una participación extraordinaria, teniendo en cuenta que contra ello jugarán las opiniones que intentarán colocar a la huelga en el marco de un supuesto apoyo al gobierno progresista que no se corresponde con el contenido real de la acción colectiva.

Es por consiguiente decisivo explicar el sentido de la huelga, sus objetivos, su función legitimadora de una participación colectiva de las personas trabajadoras en la determinación de sus condiciones de vida y de trabajo y extender por doquier la necesidad de parar el día 11 de noviembre en la actividad laboral. Desde ahora mismo trabajemos para ampliar y ganar la huelga a los portadores del desánimo, los promotores de la desigualdad y de la explotación social y laboral, los que ensalzan la violencia y la mercantilización de toda nuestra existencia.

Seguiremos ampliando estos aspectos relevantes, también desde el perfil jurídico del desarrollo de la huelga en sucesivas entradas del blog. Continuará…