LA HUELGA GENERAL DEL ONCE DE NOVIEMBRE Y EL FEMINISMO

 

La huelga general convocada para el 11 de noviembre – salarios, vivienda, precios – intenta plasmar un gran acuerdo social entre trabajadores asalariados, autónomos, consumidores y la ciudadanía en general en torno a la realización del derecho a una vivienda digna y adecuada que reconoce el art. 47 CE. Pero esta acción colectiva tiene también un componente de género que la Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO ha querido poner de manifiesto en un documento interno que sintetizamos a continuación en este blog gracias a la mediación de nuestra amiga Carolina Vidal. La huelga del 11 de noviembre no puede parangonarse a la llamada “huelga feminista” del 2018 que fundamentalmente se definía como una huelga de cuidados llevada a cabo exclusivamente por mujeres. Pero sin embargo el texto enumera los elementos que subrayan la importancia de la huelga desde una visión feminista de la acción colectiva.

●           Una huelga que permita vivir mejor

Trabajar y recibir un salario no garantiza llegar a fin de mes… especialmente a las mujeres.

Porque la pobreza tiene rostro de mujer y la pobreza laboral también tiene rostro de mujer.

El trabajo reproductivo (precario) y los cuidados no remunerados, y las menores y peores condiciones  de acceso y permanencia en el mercado laboral (segregación, suelos pegajosos)

En general, la feminización de la pobreza se refleja en la combinación de factores estructurales, laborales y sociales: la sobrerrepresentación de las de mujeres en los contratos parciales y con baja remuneración; la asunción desproporcionada, casi siempre en solitario, de las responsabilidades de cuidados no remunerados (rol de cuidadora por mandato de género), y las consiguientes interrupciones en la trayectoria laboral o periodos de inactividad no deseada (carreras profesionales discontinuas, mayores interrupciones como paradas). A ello se suman otras dimensiones laborales como: la discriminación (discriminaciones indirectas, como reflejan las brechas de género, las brechas salariales, las desigualdades en el acceso a la protección social (brechas en prestaciones por desempleo, en pensiones), la falta de plenos derechos laborales en trabajos altamente feminizados como son el empleo de hogar o trabajos precarizados y desregulados en las plataformas digitales de cuidados, limpieza, etc.

●           Una huelga para el derecho a una vivienda asequible

- Para que no haya ninguna mujer como Maricarmen

Los desahucios impactan más en las mujeres. En España se producen una media de 44 desahucios al día y, aunque faltan datos oficiales desagregados por género, sabemos que las mujeres son la inmensa mayoría, en torno a un 70%.

Como consecuencia, la presencia de las mujeres en el sinhogarismo no cesa de crecer (está en torno al 23% según 'Hogar sí'), pero existe un sinhogarismo femenino invisible que hace referencia a aquellas situaciones, normalmente de sumisión, en las que las mujeres conviven en viviendas y situaciones indeseadas antes de quedarse en la calle.

Un colectivo muy precarizado en términos de vivienda son las mujeres mayores que viven solas. No es casual que el rostro humano de la movilización haya sido Maricarmen. Un 23% de las personas +65 años vive en hogares unipersonales. Son mujeres el 70%. Este porcentaje sube en mayores de 85 años al 78%. Es un grupo especialmente empobrecido (subsisten con pensión de viudedad o no contributiva, mayoritariamente).

●           Una huelga por salarios dignos

Las mujeres, son las personas más afectadas por tener bajos salarios, al estar feminizados los sectores y ocupaciones con salarios medios más bajos, por el peso del tiempo parcial involuntario y las reducciones de jornadas por cuidados (con merma salarial), por sufrir además una brecha salarial de género en todos los sectores y todas las ocupaciones.

Debido a que son más las mujeres que dependen del suelo del SMI, hay que valorar el Impacto positivo de género de las subidas del SMI (desde 2018, +66%), pero entender que 2 de cada 3 personas que cobran el SMI son mujeres) Fruto y que, como consecuencia de  de la parcialidad, 1 de 4 mujeres gana igual o menos que el SMI en términos de salario anual, frente a solo el 10% de los hombres.

Esta diferencia se materializa asimismo en el  Informe  sobre la Brecha salarial : En España el salario medio anual del empleo principal se situaba en 31.116 euros entre los hombres y 25.958 euros entre las mujeres en 2024, según los datos de salarios de la EPA. Eso supone una diferencia de 5.158 euros entre la ganancia media anual de mujeres y hombres. El salario medio de las mujeres tendría que aumentar un 20% para igualar el salario medio anual de los hombres. De nuevo aquí la jornada a tiempo parcial explica el 55% de la brecha.

Los Salarios medios más bajos se dan en sectores feminizados: El salario medio del empleo principal era de 2.387 euros brutos al mes en 2024. Los siete sectores con salarios medios muy inferiores a la media son: empleo doméstico (1.138 euros), hostelería (1.520 euros), agricultura, ganadería y pesca (1.684 euros), actividades administrativas y servicios auxiliares (1.675 euros), otros servicios (cuidados personales, actividades asociativas, reparación bienes) con 1.731 euros, actividades artísticas y recreativas (1.814 euros) y comercio (2.005 euros). En todos ellos el predominio de mujeres es evidente.

 

●           Una huelga para que las mujeres vivan una vida libre de violencias

- Para que no haya ninguna mujer como Olga, que se suicidó tras su desahucio

Una mujer que intenta huir de la violencia de género, o sencillamente separarse de un maltratador, debe contar con alternativa de vivienda procurada por la atención integral a víctimas de violencias machistas. Salir de la violencia de género, sexual o de trata y explotación sexual, debe comportar resolver la situación de necesidad habitacional para las mujeres de manera permanente y sostenida, especialmente ante la falta de recursos económicos. A la violencia que una mujer en estas situaciones está sufriendo no debe añadirse la desprotección social.

●           Una huelga por empleos dignos

Un empleo de calidad es la principal llave para la autonomía económica, y la libertad personal.

Decimos que la pobreza laboral tiene rostro de mujer porque las mujeres somos mayoría en los factores causantes de la pobreza laboral:

 

- somos mayoría en el desempleo, y muy especialmente en el desempleo sin empleo anterior, de mayores de 45 años o de larga duración;

- somos mayoría  en la economía informal (empleo del hogar, plataformas digitales);

- somos mayoría en la contratación temporal y a tiempo parcial, a veces en ambas, de manera clara en la contratación a tiempo parcial sobre todo en la parcial;

-  somos mayoría en sectores con salarios medios más bajos;

-  somos mayoría en la realización de horas extraordinarias sin pagar –calculamos 2,5 millones de horas a la semana, la mayor parte en sectores feminizados: educación, comercio, hostelería…;

-  estamos mayoritariamente ancladas, sin promoción, a ocupaciones sujetas al SMI y - a veces, a cargo de familias monoparentales, donde las mujeres,  somos el 80% de estas familias.

●           Una huelga por servicios públicos de calidad

Los servicios públicos, gratuitos, son una forma de salario en diferido, de redistribución de la riqueza común, en buena parte sostenida por las rentas del trabajo. Al tener carácter gratuito, son esenciales para las mujeres, que dependen como usuarias (y como trabajadoras): sanidad, educación, dependencia, servicios sociales…

●           Una huelga por los cuidados

El actual modelo denota desigualdad de clase y de género.

Llevamos ya unos años señalando, en desde el papel que nos corresponde, como sindicato de clase y feminista, que hay que abordar la transformación del actual modelo de cuidados.

Por la sostenibilidad de la vida, por la igualdad efectiva, por un pleno Estado social, por la solidaridad y la inclusión, por la democracia: hay que transformar el sistema de cuidados.

Consecuencias para las mujeres (trabajadoras y pobres): las mujeres hemos sido expropiadas de nuestro tiempo.  El rol de género que nos sitúa como cuidadoras vitalicias supone en la práctica que el tiempo no nos pertenece, que debemos ponerlo al servicio de “los otros”. Y esto tiene consecuencias.  Entre otros, interfiere en el empleo (inactividad, jornada a tiempo parcial, excedencias, abandono temprano, penalización laboral de la maternidad de facto, etc.) Los cuidados tienen que dejar de ser una trampa para las mujeres (las trabajadoras, las pobres) que nos ata a los suelos pegajosos y ser un derecho para todas las personas, individualmente consideradas.

Algunos datos simplemente para dar cuenta de lo anterior:

●           Inactividad por “labores del hogar”. De los 3,3 millones de personas inactivas que lo están por “labores del hogar”, 9 de cada 10 son mujeres (el 85,31%), más de 2,8 millones de mujeres.

●           Excedencias por cuidados. Datos 1º Trimestre 2026. De cada 10 excedencias, 8 de mujeres: mujeres, el 81,3%, y el 18,7%, hombres.

●           Tiempo parcial por cuidados. Se ven abocadas al tiempo parcial por cuidados: medio millón de personas, el 91,6% mujeres (9 de cada 10)

Además, las trabajadoras de los sectores de cuidados soportan unas condiciones de sobre-precariedad.  Cuanto más próximas a las tareas de cuidado, más precarizadas y desvalorizadas, lo vemos claramente en la ayuda a domicilio, las educadoras escolares de 0 a 3 años, las auxiliares de geriatría, las trabajadoras de las plataformas digitales de cuidados y atención a las personas, etc.

Y, aunque a nuestro entender, las trabajadoras del hogar no son trabajadoras de cuidados, en muchos casos las emplean con esa finalidad, especialmente a las migrantes.

Por todas estas razones, por tanto, participar en la huelga general del 11 de septiembre supone asimismo denunciar estas condiciones de trabajo, de empleo y de vida de la mujer trabajadora y manifestar colectivamente que esta es también la lucha de todas las personas trabajadoras. 

 

COMUNICADO A LA AFILIACIÓN DE CCOO SOBRE LA HUELGA DEL11 DE NOVIEMBRE

 

Hoy es un buen día para los defensores de la democracia y la libertad. La vctoria del presidente Lula da Silva en Brasil no solo ha supuesto la derrota del golpismo y del fascismo de su contrincante, Flavio Bolsonaro – que se ha negado a “conceder” la victoria – sino también de la injerencia del neocolonialismo USA, de los tecno oligarcas y de la propia inteligencia israelí, un conglomerado de mentiras y de manipulación que lamentablemente forma parte de los paisajes electorales en los que se dilucida una opción de progreso frente a la implantación de un régimen autoritario que refuerce la desigualdad y la explotación de las personas trabajadoras. Esta ha sido la clave de la revirada en Brasil, la apelación al orgullo de clase obrera que ha efectuado Lula ante su oponente y que ha logrado movilizar a una buena parte de quienes en la primera vuelta no habían acudido a votar.

Esta inserción en los procesos electorales de la categoría de clases sociales, en la que se manifiesta un conflicto profundo en torno a la distribución del valor y de la riqueza, se está dando también en nuestro país a partir de la convocatoria de una huelga general para el 11 de noviembre en la que los sindicatos convocantes inciden en la desigualdad profunda en la que la inflación y la especulación sitúan a las personas trabajadoras, reivindicando subidas salariales adecuadas y la necesidad de desbloquear l instrumento central de la fijación de la renta salarial, la negociación colectiva.

La huelga se está preparando gradualmente no solo en los lugares de trabajo, sino también en el territorio de las ciudades en donde se va a desplegar esta acción colectiva. A continuación, se incluye el comunicado que CCOO ha efectuado a su afiliación para que se movilicen en torno a la huelga convocada. Es un documento que permite comprender perfectamente cuales son los objetivos perseguidos por la huelga – a los que también se han añadido las últimas aportaciones del debate público sobre el tema de la viabilidad de las pensiones -  y las sobradas razones para secundarla, participando en todos los actos preparatorios de la misma.

LUNES 26 OCTUBRE 2026, 08:34H

 Después de los acontecimientos que se ha desarrollado en las últimas semanas, con el desalojo de una mujer de 87 años, Maricarmen, en Madrid, posteriormente fallecida, casos de desalojo que desgraciadamente se producen a diario en todo el territorio del Estado español, recordar que, en estas fechas, una mujer (Olga) madre con dos hijas, se suicidó en Hospitalet (Barcelona), después de ser desalojada de la vivienda que habitaba en régimen de alquiler y propiedad de un fondo buitre.

El Gobierno presentó en el Congreso dos Decretos Leyes para paliar los problemas de vivienda que existe en el Estado español. Estos dos Decretos Leyes decayeron en el Pleno del Congreso donde debían validarse por el voto en contra de los partidos políticos PP, Vox y Junts.

Los sindicatos CCOO y UGT ante la preocupación compartida por millones de personas que trabajar y cobrar un salario o una pensión no garantiza llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o construir un futuro con seguridad han convocado una huelga general para el día 11 de noviembre de 2026.

El esfuerzo cotidiano de la clase trabajadora pierde valor cuando el alquiler, la hipoteca, la cesta de la compra, el transporte, el gas o electricidad, absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos. Los bienes y servicios esenciales para vivir dignamente resultan demasiado caros y los servicios públicos no responden suficientemente a nuestras necesidades.

Esta huelga nace para cambiar esta situación. Para convertir problemas que cada persona afronta por separado en reivindicaciones colectivas. Para exigir que la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora sea una prioridad política y económica. Y para ampliar la oferta de vivienda pública.

Una Huelga para garantizar una vivienda asequible. Para que se garantice el acceso a una vivienda digna a un precio que la clase trabajadora podamos pagar. Para que encontrar una casa no obligue a dedicar la mayor parte de nuestros ingresos (pensión) al alquiler o una hipoteca. La vivienda es una necesidad básica y un derecho. Todas las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad. Ampliar la oferta de vivienda pública y asequible, regular el mercado y frenar las practicas especulativas.

Una huelga para garantizar unos servicios públicos de calidad. Para que todas las personas puedan acceder a una sanidad, una educación, unos cuidados y un transporte público suficiente y de calidad, con independencia de sus ingresos o de dónde vivan. Cuando los servicios públicos fallan, las familias pagan con dinero, con tiempo o renunciando a lo que necesitan. Reforzarlos exige financiación suficiente, personal y buenas condiciones de trabajo. También es una forma de hacer que vivir cueste menos y de dar seguridad a la población.

Los gobiernos autonómicos han recibido más recursos económicos que nunca y en buena medida, son los grandes responsables del deterioro de los servicios públicos. Hoy la privatización parcial de la sanidad, la educación y el insuficiente desarrollo de la dependencia, se lleva dinero del bolsillo de las familias para que las empresas privadas incrementen sus beneficios.

CCOO rechaza el falso relato de portavoces de la derecha y extrema derecha, cuestionando la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Las reformas y compromisos acordados en el diálogo social entre 2021 y 2024 garantizan la suficiencia de las pensiones públicas y su sostenibilidad a largo plazo y dan continuidad de las reformas acordadas entre 1995 y 2011, en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social y constituyen la mejor garantía para nuestras pensiones públicas y de continuidad y pervivencia de estas reformas.

Por el contrario, la única reforma que no subsiste es la que se aprobó, por el PP, sin acuerdo alguno en 2013 y que reducía sustancialmente la cobertura de las pensiones públicas, hasta que fue derogada en 2021.

Los sucesivos informes técnicos elaborados por organismos oficiales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Europea y el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones, validan el cumplimiento de la senda de ingresos, gastos y sostenibilidad de las pensiones públicas, que se ha diseñado entre 2021 y 2024, que incluyen una revisión y evaluación trienal, desde el compromiso con el sistema de pensiones desde los marcos de representación política y de concertación social.

Es profundamente irresponsable cuestionar la sostenibilidad del sistema ignorando las herramientas que nos hemos dado para garantizar un sistema de pensiones comparable para todas las generaciones presentes y futuras en materia de pensiones.

CCOO lamenta que, una vez más, se estén utilizando argumentos falsos en la precampaña electoral para sembrar dudas respecto de la garantía de sostenibilidad de las pensiones públicas y amenazar así la revalorización de las pensiones y preparar un discurso con el que se quiere justificar futuros recortes.

Las medidas acordadas en el diálogo social entre han reforzado de forma estructural los ingresos del sistema de Seguridad Social y, gracias a ello, han conseguido garantizar al mismo tiempo la suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones.

Los efectos de estas medidas de ingresos se contraponen con los recortes impuestos en el año 2013, ahora felizmente derogados, como la casi congelación de las pensiones con revalorizaciones del 0,25%, o la reducción de las pensiones de las generaciones más jóvenes mediante el llamado "factor de sostenibilidad" que reducía sistemáticamente la pensión inicial en función del crecimiento de la esperanza de vida.

Las reformas acordadas en el marco del diálogo social contienen un mecanismo de evaluación y seguimiento que periódicamente mide la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. En este mecanismo de evaluación intervienen diferentes organismos oficiales, como la AIReF, la Comisión Europea, el gobierno, y el parlamento, además de prever también la participación de los interlocutores sociales (sindicatos y empresarios). Los sucesivos informes técnicos de evaluación que se han producido hasta el momento han confirmado la solvencia de la reforma y el mantenimiento del conjunto del sistema dentro de la evolución de ingresos y gastos que se han previsto como necesario s para garantizar un sistema de pensiones a las generaciones actuales de pensionistas y para las que accederán a esta situación en el futuro.

ES NECESARIO DEFENDER EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES, Y EL 29 DENOVIEMBRE, LO SERÁ DOBLEMENTE, PARA EVITAR QUE AQUELLOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE QUIEREN PRIVATIZARLO LO CONSIGAN.

 

EL CAMBIO DEL “MODELO DE LAS PENSIONES” EN EL DISCURSO DE LAS DERECHAS. JOAQUIN APARICIO EXPLICA BIEN LO QUE SIGNIFICA ESTO.

 

La portavoz del Partido Popular Ester Muñoz declaró en una entrevista el 14 de octubre que “el que llega a la pensión se la merece, pero el sistema actual va a petar". Esta predicción – emitida ciertamente en un lenguaje no apropiado – alarmó a los medios, más aún cuando al día siguiente Juan Bravo, el responsable de economía de esta formación política, intentando rebajar el alcance de lo que había afirmado su compañera de partido, afirmó que el sistema público de pensiones es viable, "si tenemos la economía adecuada", una condición que parecía indicar un futuro inmediato complicado para el sistema. Ese mismo día Feijoo quiso cerrar esta polémica afirmando que el sistema de pensiones era viable y que revalorizará las pensiones cuando llegue al gobierno, pero de nuevo el muy joven candidato por Guipúzcoa, Jon Echeverria, se ha estrenado en público insistiendo en que las pensiones están “amenazadas” y que por tanto el PP propondrá reformas para garantizar la viabilidad del sistema. Más explícito, Jose Maria Figaredo, de VOX, que forma parte del conglomerado de la derecha y ultraderecha que se presenta como la nueva coalición que quiere vencer las elecciones y formar gobierno, fue mucho más enérgico al explicar al diario El Debate que “el sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado” por lo que defendía un “cambio de modelo”, proponiendo un modelo mixto que combine el sistema público de reparto con cuentas de capitalización individual o ahorro privado, una posición también mantenida por la portavoz de esta formación de ultraderecha, Pepa Millán, indicando que será necesaria una completa reforma del sistema cuando se llegue a la Moncloa y conozcan las cuentas reales del Estado. También ante el revuelo formado, Abascal declaró que “las pensiones están garantizadas”, añadiendo eso si que “por un sistema u otro”. Para terminar, la visita ayer miércoles 21 de octubre del presidente de Argentina, Javier Milei, con su receta de recortes y Estado cero, y la cordial recepción por parte de Abascal (en video llamada) y Diaz Ayuso, implica un futuro demoledor para uno de los pilares fundamentales del Estado Social.

Un debate no iniciado por la izquierda ni por el PSOE que sin embargo ha adquirido presencia mediática ante la relevancia del voto de los y las pensionistas, lo que incluso llevó a afirmar a Eduardo Inda, en un programa muy frecuentado por todo tipo de farsantes y golpistas, que el PP debía callarse con las pensiones hasta después del 29 N y luego llevar a cabo la reforma de éstas. El tema sigue en debate, aunque cada vez más en sordina, pero lo verdaderamente relevante es la argumentación sobre la que se desliza el mismo, la inviabilidad económica del sistema de tutela ante la “pirámide invertida” de población y la conveniencia de introducir el sistema de capitalización como eje fundamental de una mejor y más justa protección de la vejez.

 Joaquin Aparicio, que ha trasladado a este blog sus intervenciones, refuta con energía estas líneas – guías plenamente reaccionarias que por cierto ya tienen antigüedad y que se repiten monótonamente cada vez que el capital financiero piensa que puede aumentar su disparatada tasa de beneficios. Lo que resulta especialmente amenazante en la situación en la que nos encontramos que, según las encuestas, puede permitir la formación por primera vez en nuestra historia democrática de un gobierno con la ultraderecha y la derecha extrema dispuestos a desmontar la arquitectura de las prestaciones garantizadas por el Estado Social. Este es el contenido de su texto:

  

LA AVARICIA DE LA DERECHA NO TIENE LÍMITES: DE NUEVO LAS MENTIRAS SOBRE LAS PENSIONES

Joaquin Aparicio Tovar

 

Casi desde que se crearon los Seguros Sociales y luego los Sistemas de Seguridad no han parado de alzarse voces representantes del gran capital diciendo que estaban en crisis. La razón es clara: los Seguros Sociales primero, y luego mucho más la Seguridad Social, sacaron del mercado la atención de necesidades sociales que azotaban a gran parte de la población. La asistencia sanitaria y las prestaciones económicas frente a estados de necesidad producidos por diversas contingencias, entre ellas la vejez, dejaron de ser, en importante medida, una oportunidad de negocio pa el capital financiero. De esta forma se generó una mejor cohesión social producida por la solidaridad intergeneracional e intrageneracional y la redistribución de rentas que se puso en práctica. Pero fue más allá, porque también se hizo avanzar en la igualdad que profundizó el principio democrático expresado en la formula jurídica del Estado Social y Democrático de Derecho en que se constituye España según el art. 1.1 de nuestra Constitución.

 Nadie que defienda la Constitución y nuestro sistema democrático debería poner en cuestión este gran avance de civilización, pero estamos viendo por el contrario que es un permanente campo de lucha por parte de las derechas que ponen en cuestión derechos conquistados con grandes esfuerzos y de paso la democracia misma. Ahora, una vez más, la derecha arremete contra “las pensiones”, aunque habría que decir que en realidad se refieren solo a la de jubilación, se olvidan de otras como las de invalidez o viudedad y la razón es clara. Es con la de jubilación con la que se pueden hacer mejores cálculos actuariales al estar ausente el azar que pende sobre las de invalidez. El argumento siempre es el mismo, no se hace una ataque directo a la pensión de jubilación, sino que se empieza por la mentira de que el sistema público está quebrado y no podrá garantizar las pensiones a los jóvenes actuales, futuros pensionistas. Son previsiones a futuro porque la realidad se impone cuando los actuales pensionistas están percibiendo sin problemas sus prestaciones todos los meses. Tratan de cambiar la solidaridad intergeneracional por una lucha de jóvenes contra mayores creando de forma canallesca inseguridad sobre el porvenir, creando miedo.

 Desde 1983 las derechas nos vienen diciendo de tiempo en tiempo, en especial en tiempos de elecciones, que las pensiones son insostenibles y anuncian su quiebra en unos pocos años, así pasó en 1995 que anunciaron esa quiebra para 2005 y resultó que la Seguridad Social no solo no quebró sino que ese año tuvo superávit, entonces empezaron a atrasar la fatídica fecha por otra más lejana y ahora la anuncian para 2040 o 2050 con el argumento bastante repetido de que para entonces habrá muchos pensionistas y pocas personas activas para mantener las prestaciones. Es un argumento que maliciosamente oculta algo esencial cual es que las pensiones de jubilación no se tienen que financiar exclusivamente con las cuotas calculadas sobre los salarios, sino que también con otros recursos. No tienen en cuenta tampoco que la demografía no puede hacer previsiones inmutables a tan largo plazo, ni las variaciones en el aumento de la productividad, ni las   subidas salariales y en las tasas de la ocupación. Resulta ridículo que en un momento en el que la afiliación a la Seguridad Social alcanza la cifra histórica de 22,5 millones el dirigente de la oposición, Nuñez Feijoó, diga que hay un enorme agujero ¿de dónde ha sacado esa insensatez?  

 Por supuesto que problemas siempre hay y habrá, pero eso no quiere decir que haya que poner en cuestión la supervivencia del Sistema. La Constitución manda a los poderes públicos mantener el Sistema de Seguridad Social y la suficiencia de las pensiones, no de un mínimo. Lo que hace la derecha es poner las mulas detrás del carro pues para resolver los problemas que siempre surgen aplican la solución de recortes de prestaciones, como hizo el Gobierno de Rajoy al intentar aplicar el mal llamado factor de sostenibilidad que se aplicaría sobre la cuantía inicial de la pensión y habría provocado reducciones de 30 por ciento y el índice de revalorización que implicaba una subida de 0,25% muy por debajo de la inflación.

 Con esos recortes tratan de abrir camino a los fondos de capitalización, ya colectivos o individuales. Es una vieja idea auspiciada por la Comisión Europea allá por 2010 hoy desprestigiada. El esquema que proponen es que el sistema público garantice una pensión mínima y se complemente con fondos de capitalización gestionados por entidades privadas. Pero hay que preguntase ¿qué es la capitalización? Pues ni más ni menos que el viejo ahorro privado adaptado en la actualidad a las apetencias del capital financiero. Las personas trabajadoras deberían guardar una parte de sus salarios y darlos entidades financieras que los manejen para enfrentarse a las necesidades del porvenir, pero quién puede ahorrar para un fondo de pensiones cuando el salario mediano en España está en torno a las 2110 euros brutos al mes, eso quiere decir que la mitad de las personas trabajadoras está por debajo de esa cifra, aunque muchas hayan visto mejorada su situación con las subidas del salario mínimo. La propuesta de los fondos de pensiones está dirigida a las rentas más altas que tratan de evadir la solidaridad que es propia del Sistema de Seguridad Social. Lo mío para mí y los de abajo que se jodan, como ya dijo una parlamentaria del PP.

 La verdad que esas propuestas entrañan un criminal y descarado analfabetismo democrático porque si los sistemas de reparto (los actuales activos sufragan las prestaciones de los actuales pasivos) tuvieran problemas de sostenibilidad, mucho más agravados lo serían si se cambia por la capitalización. No hay alternativa a los sistemas de reparto si se quiere vivir en una sociedad decente. La Seguridad Social no puede quebrar porque no puede quebrar el Estado que es quien garantiza las prestaciones, pero no ocurre lo mismo con los fondos de pensiones, que está vista su escasa rentabilidad y el banco que los promueve no garantiza con su capital los casos graves pérdidas. Tal vez sea bueno recordar cómo la sangrienta dictadura de Pinochet impuso en Chile la capitalización y ante el evidente empobrecimiento de la población en tiempos recientes ha tenido el Estado que salir al paso para aliviar en parte del sufrimiento. Empobrecimiento que no afectó a las gestoras de esos fondos que se enriquecieron. Resulta ilustrativo que para las fuerzas de seguridad y los militares se mantuvieron en Chile los seguros sociales basados en el reparto, ellos mismos no fiaban, con razón, de la capitalización.

 Un último apunte. Los recortes del Gobierno del PP de Rajoy fueron revertidos en 2021, 2022 y 2023 ya por el nuevo Gobierno progresista que ha llevado  la revalorización de pensiones de acuerdo con el IPC, ha mejorado la financiación, entre otras medidas, con una cotización de solidaridad de los salarios más altos y distintas fórmulas de incentivar retrasos en la jubilación y la llamada jubilación activa, lo que sumado a la vuelta a la estabilidad en el empleo por la reforma laboral de diciembre de 2021, el mejoramiento de los salarios y el aumento de la ocupación muestran que hay siempre mecanismos para garantizar las pensiones tal y como manda la constitución. Los agoreros en realidad no son más que voceros al servicio de la avaricia del capital financiero, son sus patronos.