miércoles, 1 de febrero de 2023

LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO.

 


Si nos preguntáramos cuál había sido la noticia más relevante en términos de repercusión ciudadana del día de ayer, sin duda optaríamos por la que se refiere a la subida del salario mínimo acordada ayer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los sindicatos CC.OO y UGT. Sin embargo, de creer a las portadas de los periódicos y a las entradas de los telediarios e informativos televisivos, la noticia del día era la decisión de modificar el Código Penal – la ley del ”sí es sí” – y las diferentes opiniones que sobre este asunto mantenían el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno. Este fue además el argumento central y más utilizado por el presidente del Partido Popular en el debate con el presidente del gobierno en el Senado, y se reitera insistente en todas las tertulias y en las columnas de los formadores de opinión, tanto en contra de la norma entendiendo que debe ser inmediatamente reformada como a favor de la misma. Es una buena muestra de cómo se construye el imaginario de la comunicación en nuestro país y cómo se invisibilizan o se ocultan acciones fundamentales de mejora de las condiciones de vida para las personas que trabajan para azuzar fantasmas de violadores en libertad o no suficientemente castigados por obra de reformas erróneas del Código Penal, extendiendo una discusión inabarcable sobre la interpretación judicial y su orientación ideológica junto con propuestas de nuevas fórmulas de tipificación y de punibilidad. Posiblemente eso se encuadre en el discurso sobre cómo las fuerzas progresistas pierden el relato y son incapaces de comunicar las realizaciones concretas de cambio social que están llevando a cabo.

El caso es que el salario mínimo se ha fijado para el año 2023 en 1.080 euros mensuales, en 14 pagas. Algunas páginas de diarios económicos recuerdan que hay que expresarlo como 1.260 € al mes, es decir 15.120 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas anuales, que es la división habitual del salario anual en la mayor parte de los países. Por lo tanto, el SMI ha subido 93,3 € mensuales respecto al salario anterior, un 8% de aumento. Este incremento es mayor que el del IPC de 2022 que es del 5,7%, de manera que se ha querido establecer una cifra – la banda alta recomendada por los expertos – que mantuviera el poder adquisitivo de las personas trabajadoras en el último año. Lejos todavía de las cifras de los salarios mínimos cercanos a los dos mil euros, como Alemania, Bélgica, Irlanda, Holanda o Reino Unido, o de los casi mil ochocientos de Francia, pero en la práctica asumiendo el mandato del Comité Europeo de Derechos Sociales al interpretar la Carta Social Europea y fijar el nivel de suficiencia del salario mínimo de cada país en el 60% del salario medio del mismo. Este compromiso enunciado en el programa del gobierno progresista en diciembre de 2019 se ha cumplido con esta subida del SMI.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social recuerda que en los últimos 5 años se ha aumentado el Salario Mínimo en un 47%, lo que supone en ese quinquenio un total de 344€ de subida. Pero lo más interesante de este incremento, su campo de aplicación, ha sido rigurosamente definido por el Gabinete Económico Confederal de CCOO, que ha resumido en las redes sociales su Director, Carlos Martín Urriza. De forma sintética, cabe decir que esta subida del SMI a 1.080 euros en 14 pagas, beneficiará en torno a 2,27 millones de asalariados: 1,93 millones a jornada completa y 348.000 a jornada parcial. A su vez es una medida eficaz en otros sentidos. En efecto, ayudará a cerrar la brecha salarial entre géneros, pues del total de personas beneficiadas por el incremento, el 58% son mujeres.

Asimismo, los más jóvenes están entre los más beneficiados por el aumento: la incidencia del SMI se calcula en el 31,7% de los jóvenes entre 16 y 24 años, y el 19,2% de aquellos entre 25 y 34 años. En cuanto a la variante de contrato, la incidencia es mayor entre temporales (21,6%), aunque por volumen de beneficiados la mayoría son indefinidos.

En línea con los estudios europeos que se están realizando sobre la realidad de la pobreza laboral, y como apuntó el 2º informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI., el incremento también tiene una mayor incidencia en los hogares pobres, mejorando su renta. Y por sectores, la agricultura es donde la subida tendrá mayor impacto (46,9%), aunque por volumen la mayoría está en los servicios. Desde el punto de vista del impacto territorial, por Comunidades Autónomas, el mayor impacto se da en Murcia (22,2%), Extremadura (22,4%), Canarias (20,6%) y Andalucía (18,8%).

El incremento del SMI se inscribe asimismo en las orientaciones de la reciente Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea de la que ya se ocupó este blog en esta entrada https://baylos.blogspot.com/2022/10/la-directiva-sobre-salarios-minimos.html . En ella se recuerda que el salario mínimo posibilita el acceso a una vida digna que aleja de la pobreza a una amplia capa de personas que son especialmente vulnerables. Son descritos asi por el Preámbulo de la Directiva: “Las mujeres, los trabajadores más jóvenes, los trabajadores migrantes, los progenitores de familias monoparentales, los trabajadores poco cualificados, las personas con discapacidad y, en particular, las personas que sufren múltiples formas de discriminación siguen teniendo una mayor probabilidad de ser trabajadores con salarios mínimos o con salarios bajos que otros colectivos”. Por ello, los salarios mínimos pueden contribuir a reducir la pobreza a escala nacional y a sostener la demanda interna y el poder adquisitivo. Y, en líneas generales, “dada la sobrerrepresentación de las mujeres en empleos poco remunerados, la mejora de la adecuación de los salarios mínimos contribuye a la igualdad de género, ya que reduce la brecha salarial y de pensiones de género y también saca a las mujeres y a sus familias de la pobreza, y contribuye asimismo al crecimiento económico sostenible en la Unión”.

Desde el punto de vista de la interlocución social, y siguiendo lo que establece el art, 27  ET, para la determinación del SMI se ha abierto una fase de negociación con los sindicatos más representativos y la CEOE-CEPYME. Sin embargo, la asociación empresarial ha declinado acudir a la reunión a la que estaba invitada sobre la base de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social no había contestado su propuesta de subir el 4% del SMI (es decir exactamente la mitad de lo que se ha decidido), y en consecuencia no ha participado en la misma, al entender que ya estaba decidida la Administración a aceptar la recomendación de la Comisión Asesora de los expertos en su parte alta, lo que en efecto ha sucedido. Ello no impide que esta actitud haya sido criticada con razón por parte de los sindicatos más representativos, al entender que revela una actitud no responsable e insolidaria que pretende deslegitimar la práctica del diálogo social como fórmula prioritaria de regular los intereses sociales y económicos de la ciudadanía. El acuerdo por tanto se ha realizado en exclusiva con los sindicatos UGT y CC.OO.

Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el acuerdo se enmarca “dentro de una política de pactos y acuerdos sociales por parte de las organizaciones sindicales que protege a unas 16 ó 17 millones de personas en nuestro país” ya que además de las personas que se van a beneficiar por la subida del SMI, hay que sumar a los perceptores de las pensiones en España, que se han visto revalorizadas al 8,5, el acuerdo alcanzado para los empleados y empleadas públicas y las personas cuyo convenio colectivo se ha renovado en el año 2022 con subidas por encima del 5%. En cualquier caso, el acuerdo deberá repercutir en la negociación colectiva, todavía entorpecida por la resistencia patronal a encontrar una fórmula centralizada de encuadramiento de los procesos de negociación en torno a una cláusula que garantice que las personas trabajadoras no pierdan poder adquisitivo con la inflación de este año, lo que ha generado un largo conflicto en empresas y sectores por obtener esa garantía salarial. El acuerdo que suscribió la CEOE-CEPYME con CCOO y UGT en 2020 para que no hubiera ningún convenio colectivo en España con salarios inferiores a los 14.000 euros ha sido reivindicado por los sindicatos como modelo de actuación en el futuro. “Si los salarios mínimos de convenio hubieran subido como acordamos con las organizaciones empresariales no sería tan relevante la cuantía del SMI”, ha señalado el secretario general de CCOO. Por su parte  Pepe Álvarez, secretario general de la UGT ha recordado que el aumento de los precios durante el último año ha generado una riqueza en las empresas que no ha sido trasladada a los bolsillos de las personas trabajadoras, y que por consiguiente es ineludible impulsar la subida de salarios en la negociación colectiva como forma también de impulsar la actividad económica y de impulsar el empleo.

Una noticia por tanto de extremo interés para el conjunto de la ciudadanía, y en especial para los dos millones y medio de personas sobre los que va a incidir este acuerdo con los sindicatos. Debemos preguntarnos por qué este tipo de acciones no tienen la repercusión mediática que sería natural, ni por qué no se traslada al conjunto de los debates que atraviesan medios y redes sociales. Un esfuerzo por recuperar la centralidad de los temas que afectan al trabajo y a la seguridad de la existencia de las personas sería especialmente valioso en estos momentos. Que cada uno de nosotros actúe en este sentido valorizando estos asuntos puede que cooperara a que se ganara presencia en el relato de la comunicación.

 


 

 



lunes, 30 de enero de 2023

COMPARANDO LOS DOS CICLOS DE REFORMA LABORAL EN ESPAÑA: DOS MODELOS CONFRONTADOS


 

El seminario comparado de Derecho del Trabajo celebrado en Ciudad Real el pasado viernes 27 de enero en el que se analizaron las experiencias comparadas de España y Brasil en materia de reforma laboral, fue extraordinariamente productivo e interesante, y todas las personas asistentes al mismo coincidieron en esa valoración muy positiva. A continuación, se inserta una parte de la reflexión que abrió el seminario mediante la comparación de los dos ciclos de reformas que ha experimentado el sistema jurídico español, el primero con ocasión de la crisis del euro en el arco temporal del 2010 al 2012, y el segundo a partir de la irrupción de la pandemia con la legislación de excepción y la reforma laboral fruto del acuerdo tripartito que culminó en el RDL 32/2021.  

El ciclo de reformas que inicia en el 2010, se prolonga en el 2011, en ambos casos impulsadas por el gobierno del PSOE, y se completa de manera definitiva y más profunda en el 2012, ya con el nuevo gobierno del Partido Popular, se resume en la reducción de las garantías del derecho al trabajo como forma de lograr la creación de empleo, en la idea neoliberal bien conocida de que la reducción de costes salariales en el ajuste de empleo – abaratamiento y facilitación del despido – favorece la reactivación del mismo durante la recuperación de la economía tras la crisis. Además de ello, se debilitó la negociación colectiva y la fuerza vinculante del convenio colectivo como una manera de lograr la devaluación salarial, otro objetivo funcional al aligeramiento de costes para obtener una recuperación de los niveles de empleo.

El epicentro de estas líneas de cambio se dio en la última fase del ciclo reformista, en el 2012, en un contexto de precarización y segmentación del trabajo, con altas tasas de temporalidad y de externalización de actividades, una fuerte tendencia a la individualización y deslaboralización de las prestaciones de servicios en las nuevas formas de negocio conectadas con la economía digital, y en general, la aceptación de la destrucción de empleo como un efecto natural del ajuste económico que además servía como medida de disciplinamiento del interés colectivo sindical, amenazado en su despliegue por la pérdida de puestos de trabajo. Desde este enfoque, la reforma laboral no sólo detenía el incremento afiliativo a los sindicatos que se había ido detectando en el primer decenio del nuevo siglo, sino que reducía drásticamente la adhesión al sindicato de las personas que perdían su empleo o lo veían en peligro. Además se rompía la capacidad de representación general que ostentaba el sindicalismo representativo a través de la cobertura de la negociación colectiva, y se impedía su capacidad de interlocución con el poder político en el gobierno de los intereses económicos y sociales que encarnan las personas que trabajan consideradas en su condición de ciudadanía subalterna.

Es muy diferente el proceso que se inicia en marzo del 2020, tras la declaración del estado de alarma ante la irrupción de la pandemia causada por el Covid-19. En las primeras normas, la protección del empleo estable se llevaba a cabo a través del veto de los despidos por fuerza mayor y ETOP sin causa justificativa y mediante la generalización del ajuste temporal de empleo a través de los ERTE, unido al escudo social desgranado en prestaciones sociales y en la creación del Ingreso Mínimo Vital. En esta misma fase del ciclo, se dieron pasos en la cuestión salarial, con la subida del SMIG y las normas de igualdad y transparencia retributiva para reducir la brecha salarial de género, junto con la regulación de nuevas formas de prestación del trabajo derivadas de las TIC y de la digitalización, como el trabajo a distancia o las actividades de reparto al servicio de las plataformas digitales, con la obligación de informar a la representación de los trabajadores en la empresa de la gestión algorítmica del personal.

El momento más determinante de este ciclo de cambio legislativo se produjo con la reforma laboral en el marco del plan de recuperación y resiliencia de diciembre de 2021, que se basaba en un principio de estabilidad en el empleo a través de la profunda reordenación restrictiva de la contratación temporal, el mantenimiento del empleo incorporando a la “normalidad normativa” el ajuste temporal de empleo de los ERTE como regla general de acción ante las dificultades que las crisis económicas plantean a la actividad de las empresas y finalmente, la vigorización de la acción sindical en la negociación colectiva. La reforma laboral del 2021 está dando frutos importantes, pero la comparecencia de nuevos fenómenos críticos, en especial la crisis energética y de suministros causada por la guerra de Ucrania, no ha impedido que durante el 2022 siguieran efectuándose cambios normativos relativos a al ampliación de derechos para determinados colectivos, señaladamente las trabajadoras del hogar familiar como consecuencia de la ratificación del Convenio 189 OIT, la ampliación de prestaciones sociales y la revalorización de pensiones, y otros elementos importantes como la regulación de la ley de empleo, entre otras.

Es fácil detallar las orientaciones completamente opuestas de ambas iniciativas de cambio. Mientras que las correspondientes al ciclo 2010-2012 actúan sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo guiadas por un principio de unilateralidad y de inmunización de las decisiones empresariales respecto de la intervención colectiva de las representaciones sindical y electiva de los trabajadores – la flexibilidad interna no contratada – y la decidida degradación de las garantías de empleo en el despido como fórmula predominante de efectuar el ajuste de empleo ante las dificultades económicas, unido a la acentuación de la relación descompensada entre sindicatos y empresarios en la dinámica de la negociación colectiva,  las políticas del derecho del segundo ciclo reformista ante la pandemia en el período 2020-2022, se apoyan en los principios de estabilidad y mantenimiento del empleo, el reequilibrio de la negociación colectiva y el establecimiento de un cinturón protector frente a la pobreza salarial – el incremento del SMIG – o frente a la pobreza como forma de exclusión social – el Ingreso mínimo vital – así como a la mejora de las pensiones mediante un fuerte mecanismo que permite la revalorización de las mismas.

Pese a esa fuerte contraposición, hay elementos comunes a ambos procesos. El condicionamiento político de las reformas españolas por la política monetaria y la gobernanza económica europea en el caso de la crisis financiera que luego devino crisis de la deuda estatal, y que se resumió en el mecanismo de estabilidad, y en el segundo supuesto, la reorientación del paquete Next Generation en el marco de la suspensión del pacto de estabilidad y el encuadre del cambio legislativo en el plan de recuperación y resiliencia que se acordaba con las autoridades europeas. En ambos supuestos, el condicionamiento de las políticas sociales impulsadas por las medidas adoptadas como resolución de la crisis ha sido fundamental, aunque evidentemente la orientación de las mismas ha sido muy diferente en el caso de la crisis del euro y la que se desencadenó a raíz de la pandemia. Pero también es cierto que aún dentro de esta homogeneización política y económica, hay márgenes en la escala nacional-estatal, para una política del derecho diferente dentro de los marcos fijados por la gobernanza europea. Los hubo en efecto en el primer ciclo reformista, como lo demostró la gradual propuesta de reforma que va del bienio 2010 y 2011 a la que se impuso en el 2012, y en el supuesto actual, se puede apreciar esa diferencia en relación con los otros planes de recuperación y resiliencia que se han ido aprobando en otros estados miembros de la Unión, frente a los cuales la propuesta española sobresale por su decidido carácter de fomento del trabajo decente y de calidad. Es posible que, siempre en este segundo caso, hayan existido límites infranqueables – seguramente los relativos a la modificación directa de los despidos colectivos económicos – pero lo que es indudable es que la modificación legislativa que ha incorporado a la normalidad normativa el ajuste temporal de empleo como la regla prioritaria que se debe practicar ante los supuestos de crisis, incide indirectamente sobre el tema del despido colectivo, aunque no se modifique su régimen legal.

Lo que emerge finalmente de esta comparación es la existencia de dos modelos plenamente enfrentados. Un modelo neoautoritario de degradación de derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras, frente a un modelo democrático de relaciones laborales, el que encarna el proceso de modificaciones legislativas que han tenido lugar como reacción frente a la crisis provocada por la pandemia, en el que la centralidad del trabajo es el eje de la construcción de una ciudadanía democrática. Una relación que interpela al jurista sobre el hecho de hallarse ante un cambio de paradigma normativo que pretende modificar profundamente las coordenadas ideológicas, políticas y técnicas del modelo neoliberal de las relaciones de trabajo sustituyéndolo por una construcción gradual de un proyecto regulativo neolaborista.

 

martes, 24 de enero de 2023

SEMINARIO COMPARADO DE DERECHO DEL TRABAJO. EXPERIENCIAS Y DIÁLOGOS ENTRE ESPAÑA Y BRASIL

 



                 

 

No es necesario remarcar la importancia que tiene el cambio político que se ha producido en Brasil a partir del triunfo electoral del presidente Lula da Silva. La irrupción de las hordas de golpistas bolsonaristas en la explanada de los tres poderes – legislativo, judicial y ejecutivo – en Brasilia, han puesto de manifiesto la resistencia feroz de los poderes salvajes a la reordenación democrática de las relaciones sociales, económicas y políticas en aquel inmenso país. Una de las vertientes más importantes de esta reordenación es la que se refiere a la derogación de la reforma laboral que se inició en el breve lapso de la Presidencia de Temer en el 2017, tras el arbitrario impeachment de la presidenta legítima, Dilma Rouseff y que se prolongó con las medidas emanadas bajo la presidencia de Bolsonaro. En ese sentido, la problemática que se plantea ahora al movimiento sindical, la doctrina académica y judicial y las autoridades públicas es muy semejante a la que se discutió entre nosotros respecto de la subsistencia y cambio de las reformas laborales del ciclo 2010-2012.

 

La relación entre el grupo de investigación de los y las iuslaboralistas de la UCLM y la cultura jurídica del derecho del Trabajo en Brasil es muy estrecha y data de lejos. Tuvo una importancia decisiva en esa hermandad la puesta en práctica de un curso de doctorado en estudios sociales para magistrados de trabajo de Brasil que se llevó a cabo durante ocho años consecutivos en turnos de dos años por cada promoción, fruto de un acuerdo entre la UCLM y ANAMATRA, la gran asociación de magistrados de trabajo brasileños, y que ha producido 98 tesis de maestría y más de 35 tesis doctorales. Este acuerdo se interrumpió con los recortes que llevó a cabo el ajuste radical del presupuesto de la UCLM impulsado por Maria Dolores de Cospedal, y el Partido Popular al vencer en las elecciones regionales del 2011. La relación académica continuó sin embargo a través de la participación de abogados y profesores brasileños en los Cursos de Postgrado de la UCLM organizados en enero en Toledo, además de la intervención en paralelo en el master que ha establecido la Universidad Pablo de Olavide sobre derechos humanos siguiendo la estela de Joaquín Herrera Flores, la única iniciativa que ha sobrevivido a los efectos destructores creados por la pandemia a partir del 2020.

 

En ese intercambio de conocimientos y experiencias, el Instituto Lavoro de Brasilia, una asociación que está destinada a desarrollar estudios sobre las relaciones de trabajo en un contexto interdisciplinar y que organiza seminarios, encuentros y congresos con estos objetivos, ha acordado, con el CELDS como instituto de investigación de la UCLM, celebrar un seminario conjunto hispano—brasileño en el que de manera monográfica se aborde el examen comparado entre la reforma laboral llevada a cabo esencialmente por el RDL 32/2021 en nuestro país, y la que se debe desplegar en Brasil como uno de los objetivos del programa de reformas a que se ha comprometido la presidencia de Lula.

 

Conscientes además de la importancia de la formación extralegislativa del derecho del trabajo y la importancia consiguiente de la acción sindical como elemento central en la determinación de las reglas que encuadran y dan vida a las reformas legales en materia laboral, el seminario dedica una amplia porción del mismo al debate sobre el contenido de aquella, y a la dialéctica que se despliega entre el conflicto y la concertación social como elementos que caracterizan el contexto decisivo para orientar el cuadro institucional resultante en la reforma del mismo.

 

Finalmente, tanto en Brasil como en España, la dimensión política orienta de manera muy potente la dirección que debe adoptar el cambio legislativo. En ambas naciones, la referencia a una orientación neolaborista del pensamiento político, en el que el trabajo se sitúa en el centro de la regulación social y económica como una pieza clave de la formación del sentido material en trono al cual se debe agregar la comunidad política y de la propia democracia, es fundamental. Por eso en el último tramo del seminario es éste el tema de discusión, en la que además participarán la Vicepresidente Segunda y Ministra de Trabajo y de Economía Social de España, Yolanda Díaz, y el Ministro de Trabajo brasileño.

 

En la consecución del seminario han sido determinantes Jose Eymard Loguercio , Mauro Menezes y Francisco Trillo, que han posibilitado los contactos precisos y han dispuesto los medios necesarios para llevar a cabo en un tiempo brevísimo, esta interesante actividad. La coincidencia temporal de Sayonara Grillo y Bárbara Vallejos en una estancia de investigación en el CELDS y la realización del XIII seminario de teoría crítica de los derechos humanos en Sevilla los días 24 y 25 de enero, con la participación de varios de los invitados brasileños, ha hecho posible esta muy interesante propuesta de discusión transversal y comparada. Por su parte, la colaboración plena de la Secretarías Confederales de Internacional  y de Acción Sindical de CCOO junto con la de la Secretaría de Estado del MTES, han favorecido de manera plena el resultado final del mismo.

 

Sólo de la lectura del programa que a continuación se publica, resulta evidente el interés del tema, que naturalmente ha despertado la atención de muchas personas que asistirán a este acto. En el blog daremos también cuenta de su desarrollo y de sus aspectos más relevantes.

 

SEMINARIO COMPARADO DE DERECHO DEL TRABAJO. EXPERIENCIAS Y DIÁLOGOS ENTRE ESPAÑA Y BRASIL

 

 

10,00h.- Experiencias comparadas de las reformas laborales en España y Brasil: procesos y perspectivas.

 

Intervienen: Antonio Baylos (Catedrático DTSS UCLM), Amparo Merino (Catedrática DTSS UCLM), Sayonara Grillo (Profa DTSS UFRJ) y Mauro Menezes (Abogado Laboralista).

Presenta y modera: Luis Pérez Capitán (Secretario de Recursos y Estudios UGT) y Francisco Trillo (Prof. Titular de Universidad DTSS UCLM).

 

12,00h. La acción sindical en tiempos de reformas: del conflicto al diálogo social.

 

Intervienen: Mari Cruz Vicente Peralta (Responsable Confederal de Acción Sindical y Empleo CC.OO.), Fernando Luján (Vicesecretario General de Política Sindical UGT), José Eymard Loguercio (Asesor jurídico Nacional CUT), Clemente Ganz Lúcio (Coordinador Técnico Fórum Centrales Sindicales de Brasil).

Presentan y Moderan: Cristina Faciabén (Responsable Confederal Internacional, Cooperación y Migraciones CCOO) y Bárbara Vallejos (Profa. Escuela DIESSE de Ciencias del Trabajo).

 

14,00h.- Pausa comida.

 

17,00h.- La representación política del trabajo en las reformas laborales.

 

Intervienen: Joaquín Pérez Rey (Secretario de Estado de Trabajo y Economía Social) y Kátia Magalhães Arruda (Ministra del Tribunal Superior de Trabajo de Brasil)

Saluda: José Julián Garde López-Brea. (Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha).

Presenta y Modera: Joaquín Aparicio Tovar (Prof. Emérito DTSS UCLM).

 

18,15h.- Debate y Clausura

 

Mensajes de Yolanda Díaz Pérez (Ministra de Trabajo y Economía Social) y Luiz Marinho (Ministro de Trabajo).

 

Lugar y fecha de celebración: 27 de Enero. Salón de Actos del Museo del Quijote-Biblioteca Cervantina. Ronda de Alarcos, s/n. 13002. Ciudad Real.