miércoles, 1 de diciembre de 2021

RESCISIÓN DE CONTRATO EN PERÍODO DE PRUEBA POR COVID: DESPIDO DISCRIMINATORIO Y NULO

 


La cercanía del invierno y las bajas temperaturas están incrementando los casos de COVID y la incidencia relativa en nuestro país. La nueva variante es una incógnita todavía, pero el impulso a la vacunación y a una dosis de refuerzo parece una medida preventiva acertada. La pandemia resiste en un mundo que insiste en la desigualdad de trato entre países desarrollados y el resto, a los que se niega el acceso masivo a la vacunación y a la producción de vacunas. En el ámbito laboral, el contagio por COVID ha sido asimilado a accidente de trabajo y enfermedad profesional en el caso del personal socio sanitario. En efecto, de un lado el personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios que durante el ejercicio de su actividad haya contraído el COVID 19, dentro del periodo comprendido desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional. De otro, los periodos de aislamiento o contagio de las personas provocado por el virus COVID-19 se consideran una situación asimilada al accidente de trabajo.

Pero este cuadro que enmarca el tratamiento de la enfermedad derivada de la pandemia, tiene también un reflejo en el interior de las relaciones de trabajo, en el espacio del dominio privado de la subordinación laboral. La consideración del aislamiento al estar contagiado o mientras se confirma el mismo, no debería provocar ningún cambio en la situación contractual salvo la de la suspensión del contrato mientras dura el aislamiento o el período de contagio o más adelante, cuando se ha sufrido las consecuencias del mismo. Sucede sin embargo que el Covid-19 cursa como una enfermedad, y podría plantear la posibilidad de que el empleador decidiera acudir a la vía de la extinción de contrato para prescindir de la persona que está de baja como consecuencia de haberse contagiado con el virus.

Hay que recordar que el tratamiento de la enfermedad como causa de despido ha sido uno de los elementos que ha evolucionado de forma muy negativa en nuestro sistema jurídico. De considerarse nulo el despido de la persona trabajadora en situación de suspensión del contrato de trabajo, como sucedía con la baja por enfermedad, tras la reforma de 1994 la decisión extintiva del empresario en estos supuestos de suspensión del contrato se desplazó al área de la improcedencia del despido. En vano alguna jurisprudencia razonable mantuvo que despedir a quien estaba enfermo podía considerarse un acto discriminatorio por razones de salud, la STS de 29 de enero del 2001 sentenció que “la enfermedad contemplada en el sentido genérico apreciable desde la perspectiva estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo que hace que el mantenimiento de la relación de trabajo ofrecida por el trabajador no se considere rentable para la empresa, no llega a considerarse un factor discriminatorio en el sentido estricto que del mismo término se deduce a tenor del inciso final del artículo 14 CE”. Una línea que confrontaba rentabilidad empresarial y derecho a la salud en la que este último no adquiría la suficiente entidad como para considerarlo merecedor de una tutela reforzada al anudarse al derecho al trabajo, frente a lo que sin demasiado esfuerzo se considera el elemento merecedor de la máxima protección, la defensa de la productividad y la rentabilidad de la empresa. La monetización derivada de la improcedencia del despido se degrada a su vez con el ciclo de la crisis 2010-2013 tanto por el abaratamiento del despido injustificado de 45 a 33 días por año como por la ampliación de la causa de absentismo justificado como despido objetivo procedente en la nueva redacción del art. 52 d) ET y su declaración de constitucionalidad en la STC 118/2019.

La tensión entre nulidad e improcedencia se ha reiterado ante las progresivas decisiones del Tribunal de Justicia de la UE diferenciando las nociones de enfermedad y discapacidad, y luego precisando  el carácter duradero de las dolencias físicas, mentales o psíquicas padecidas que impidan, al interactuar con diversas barreras, la participación plena y efectiva del trabajador en la vida profesional en igualdad de condiciones que los demás trabajadores como motivo discriminatorio, para finalmente, establecer la necesidad de hacer ajustes razonables previos a la decisión de despedir, supuestos todos ellos que se encaminan hacia la declaración de nulidad sobre la base de la vulneración del principio de igualdad y no discriminación. Y, en sentido inverso, respecto de la derogación de la causa de despido por absentismo del art, 52 d) ET por el RDL 4/2020, luego sustituido por la Ley 1/2020 de 15 de julio, en donde una buena parte de la doctrina se inclina por entender que los despidos que se efectuaran en función de la ausencia del trabajador por enfermedad intermitente, al carecer ya de causa justa, se deben considerar improcedentes. Para ello no se considera que la derogación del art. 52 d) ET suponga que la realización de un despido sobre este motivo implica un acto contrario a una norma prohibitiva, sino que se trata de un despido sin causa, que a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, deben entenderse improcedente, no nulo.

El caso del Covid sin embargo, reviste una especificidad que le permite posiblemente trascender su encaje en el tratamiento jurídico actual de la enfermedad como causa de extinción unilateral del contrato. Su carácter estigmatizante en un contexto social de miedo al contagio ha permitido deducir de tal dato la calificación de discriminatorio para aquellos actos del empresario que producen la extinción unilateral del contrato que formalmente aparecían motivados por una decisión ajena al contagio y aislamiento de la persona trabajadora víctima de la pandemia.

En efecto, la STSJ del País Vasco de 19 de octubre de 2021 – una sentencia que generosamente ha enviado Jonathan Gallego, director del Gabinete Jurídico de la CONC – contempla un caso de despido durante un  período de prueba motivado por el contagio de una profesora contratada interina del Covid 19. La empresa entendió que la libre rescisión del contrato durante el período a prueba la eximía de alegar cualquier motivo, entre otras cosas para ocultar que realmente la causa oculta de ese despido era el hecho de que la trabajadora se había contagiado y lo había comunicad oportunamente a la empresa para que se adoptaran las medidas de prevención requeridas. Este hecho es muy revelador, porque, como señala la STSJ citada, hay “indicios claros y precisos” de que el despido está “íntimamente relacionado” con el hecho de que la demandante era presunta enferma Covid-19, y no existe “ningún elemento en la prestación de servicios del que poder deducir alguna disfunción o quiebra que no sea la situación de Incapacidad Temporal”.

A partir de ahí, y tras recordar la doctrina jurisprudencial según la el empleador puede despedir al trabajador en situación de IT, sin que esto suponga la vulneración de un derecho fundamental, salvo en los casos de discapacidad por tratarse  de un despido “pluricausal” en el sentido que la causa alegada enmascara la vulneración de un derecho fundamental, señala sin embargo que “si la discriminación proviene o puede tener su origen en la existencia de la enfermedad en sí misma entonces se eleva como causa inadecuada dentro del mundo del derecho y social. Cuando, en realidad, y por la naturaleza de la propia enfermedad, de ella deriva la estigmatización de la propia persona enferma, entonces lo acontecido se considera un reflejo de un elemento de discriminación que el ordenamiento debe de remover”. Es decir plantea que el contagio por COVID puede suponer un motivo de estigmatización dela persona y en ese sentido un motivo de discriminación, de forma que si se estima que pueda derivarse de una enfermedad un trato devaluativo del trabajador, no por estar enfermo, sino por la concreta enfermedad, entonces nos encontramos ante un elemento de segregación o discriminación por esta causa.

Esta es la conclusión. “Los elementos objetivos de riesgo y alarma (no solo cuantitativos sino cualitativamente demostrados con toda la situación generada y la normativa emanada de la pandemia), nos llevan a concluir que nos encontramos ante un supuesto de discriminación cuando el tratamiento diferente en la empresa proviene de un posible contagio por Covid-19. Cuando la empresa actúa reactivamente por la enfermedad contraída por el coronavirus está introduciéndose en un elemento de discriminación por causa del padecimiento, no por un elemento ajeno u objetivo como puede ser una incapacidad temporal sin relación específica a una enfermedad peligrosa, sino anodina”. Hay evidencias e informes que demuestran que “el actual brote de Covid-19 ha provocado un estigma social y comportamientos discriminatorios frente a cualquier persona que ha estado en contacto con el virus. Las causas de ello son las siguientes: se trata de una enfermedad nueva y con grandes incógnitas; el miedo a lo desconocido padecido por el colectivo social; y el asociar ese miedo a los que son diferentes, los contagiados”. Por otra parte, el hecho de una posible represalia ante el contagio puede llevar a que la trabajadora o el trabajador afectado oculte su situación. “Hay que procurar evitar el que se amparen conductas empresariales que puedan conducir a ocultar o enmascarar el padecimiento por parte del trabajador de su enfermedad, pues, además de la incidencia que desde una perspectiva subjetiva pudiera tener esa conducta del empleador en orden a la quiebra de un derecho fundamental, debemos considerar la protección social que deriva de limitar conductas que puedan conducir a comportamientos de ocultación de la enfermedad”.

En resumen, una situación de riesgo social, de inquietud generalizada y del máximo esfuerzo societario para su superación, no puede desvincularse de la relación individual y atomizar o separar una facultad como es la de extinguir el contrato de trabajo en el período de prueba de la realidad acontecida y de todo el mecanismo y esfuerzo de protección del trabajo que se está realizando. Se declara nulo el despido, se condena a la empresa al pago de los salarios de tramitación hasta el cese del contrato por sustitución al reincorporarse la persona sustituida y se fija una indemnización de 6.251 € como equivalente de las sanciones de la LISOS como indemnización por el acto discriminatorio padecido.

La sentencia añade un elemento importante a la lucha contra la discriminación y estigmatización de los enfermos por Covid, que se ha denunciado por las agencias de Naciones Unidas, en particular en lo relativo a la xenofobia contra las personas a las que se culpa de traer la enfermedad a los países desarrollados, junto con agresiones contra los sanitarios y los supervivientes de la COVID-19  que han sido en ocasiones víctimas de violencia tanto física como verbal, además de agresiones contra los grupos de población que ya estaban sometidos al estigma y la discriminación, entre los que se encuentran las personas que viven con el VIH, los miembros de minorías sexuales y de género, los trabajadores sexuales y los migrantes. La consideración por tanto de la estigmatización que deriva de padecer una enfermedad en particular como causa de discriminación, protege de manera real a las personas trabajadoras de las consecuencias negativas sobre el empleo que tal estigma les puede acarrear.

 

 


viernes, 26 de noviembre de 2021

LA APROPIACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN POLICIAL POR LA DERECHA Y ULTRADERECHA

 


(En la foto, Pablo Casado y cuca Gamarra en la concentración poliical del dia 24)

Es de todos conocido que mañana sábado 27 de noviembre el sindicato de policía JUSAPOL ha convocado en Madrid una manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra en trámite en el Congreso por entender que el texto propuesto por el Gobierno "atenta gravemente contra el trabajo diario de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Esta manifestación continua las concentraciones que se han ido efectuando ante las Delegaciones de Gobierno el 24 de este mes. Más de 40 organizaciones policiales han respaldado por ahora este calendario de protestas y han prometido la asistencia a la manifestación, que comenzará a las 11,30 desde la Puerta del Sol con el lema “No a la inseguridad ciudadana”.

Una buena parte de los motivos esgrimidos por los convocantes para explicar que el cambio legislativo dificulta su labor de protección de derechos y libertades de la ciudadanía – que JUSAPOL reduce a la consecución de la seguridad dela misma – son argumentos que no se corresponden con lo previsto en el texto proyectado, y como tal ha sido puesto de relieve por varios medios de comunicación, que han señalado el falseamiento interesado y consciente de estos reproches a una norma que no dice lo que el sindicato convocante dice que afirma. ( Por ejemplo, https://www.eldiario.es/politica/omisiones-carga-ideologica-decalogo-protesta-policial-reforma-ley-mordaza_1_8518493.html, pero también https://elpais.com/espana/2021-11-25/la-reforma-de-la-ley-mordaza-y-las-criticas-de-los-policias-a-examen-el-delincuente-tendra-mas-veracidad-que-nosotros.html )  

No es este sin embargo el objeto de esta entrada, sino la utilización de esta convocatoria por parte de PP y Vox para dar cobertura política a esta plataforma. En efecto, “PP y Vox dan alas a la protesta organizada por los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles contra la reforma de la ley mordaza anunciada por PSOE y Unidas Podemos en cumplimiento del pacto de Gobierno que suscribieron hace dos años y de sus respectivos programas electorales. Y no sólo eso: las dos principales formaciones de la derecha han asumido el discurso sindical que afirma que los cambios en la ley van a desproteger a los agentes”, un discurso de dudosa verosimilitud (https://www.infolibre.es/politica/pp-vox-agitan-policias-guardias-civiles-reforma-ley-mordaza-falsa-desproteccion_1_1213283.html) .

Dentro de la bicefalia popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Diaz Ayuso, en su condición de cargo institucional, ha advertido que acudirá a la manifestación. Con su natural condición hiperbólica, ha explicado que “quieren que el terror impere en las calles”, propósito indudablemente nefasto frente al cual su presencia es imprescindible. Por su parte, Pablo Casado ha estado presente en las concentraciones del día 24 convocadas por el sindicato policial y compromete también su presencia, junto con la del alcalde de Madrid, en la manifestación del sábado. Vox igualmente ha reafirmado su respaldo a la manifestación y reforzará su asistencia con la presencia del líder de esta formación política, Santiago Abascal. Como de costumbre, ha anunciado a su vez que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el texto que el congreso apruebe al respecto. También Ciudadanos, a  través de Edmundo Bal, se ha unido a esta iniciativa.

La manifestación sindical aparece así ante la opinión pública como una nueva versión de la foto de Colón que simbolizó el frentismo de la derecha y la ultraderecha contra el bloque de progreso y de gobierno. La novedad es que esta movilización que tiene como objetivo desgastar y deslegitimar la acción general del gobierno, se apoya ahora en un movimiento sindical muy específico, el que agrupa a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad contra la modificación del marco normativo de su actuación policial en materia de preservación de la seguridad de la ciudadanía. La acción política de estos tres partidos se sostiene ahora superponiéndose a la acción reivindicativa del sindicato policial, que forma parte, según el líder del PP, de un inmenso “tsunami social” contra el gobierno.

Es muy ilustrativo recordar lo que decían los dirigentes del Partido Popular ante la convocatoria de acciones de protesta contra la reforma laboral del 2012 que culminaron en dos huelgas generales. Era un discurso que oponía la “política” al trabajo o la profesión, de manera que la reivindicación de derechos era siempre “política” y por consiguiente “ajena” al interés de los trabajadores y que iba unido a una indisimulada hostilidad antisindical. La consideración peyorativa de las acciones reivindicativas sociales que cuestionaban las decisiones del poder público no se basaban en la defensa de los planteamientos y propuestas mantenidos por quien tenía la mayoría en el Parlamento, sino en el argumento de que la reivindicación “política” era contraria a las propuestas puramente profesionales o laborales.

En el caso de la manifestación del sábado, el argumento de las tres derechas, entre las que destacan para la foto finish el PP – con Ayuso – y Vox – con Abascal – es exactamente el contrario. Sólo se defiende el trabajo de la policía si se reivindica el mantenimiento de un marco legal de actuación que la mayoría legislativa y social quiere modificar. Ambos partidos políticos de derecha y ultraderecha se instalan en la fuerza social de las organizaciones de Policía y Guardia Civil como elemento central de su política de deslegitimación del gobierno.

La neutralidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad queda con esta manifestación en la que se incrustan los partidos de la derecha extrema muy cuestionada. La lectura que se ofrece al público es la de que los miembros de la policía y de la guardia civil no pueden pertenecer a partidos políticos, pero si pueden hacer la política de éstos. Como sucede con la bandera española, la derecha y la ultraderecha se apropian de ese símbolo nacional y lo convierten en una seña de identidad partidista. En este caso el mecanismo de apropiación es la participación activa de los líderes del PP y de Vox absorbiendo en su ideario y plataforma política las reivindicaciones de los sindicatos policiales.

Las consecuencias de esta fusión entre la derecha extrema y la ultraderecha con los cuerpos policiales son muy negativas frente a una parte de la opinión pública ante la cual la imagen de estos cuerpos de seguridad se está deteriorando al resaltarse ciertos perfiles antidemocráticos en su interior. Como cuerpo separado de la sociedad, este desgaste no es percibido con la gravedad que puede tener como inicio de un cierto desgajamiento de la confianza social en su actuación. Que los sindicatos de policía – la Guardia civil tiene prohibida junto a la afiliación política, la afiliación sindical – se presenten como compañeros de viaje de la derecha y la ultraderecha en nuestro país supone una mala decisión para la acción colectiva de estos grupos de empleados públicos cuya razón de ser es la defensa a ultranza de los derechos democráticos que fundan la convivencia social. Asumir como propio el reflejo autoritario que ostenta Vox como seña de identidad y al que el PP concurre reivindicando su primacía en este terreno (sin que se sepa realmente cual es el papel que en este asunto quiere desempeñar Ciudadanos, un partido que había nacido al parecer para defender un ideario liberal) es una opción equivocada.

No todos los sindicatos policiales sin embargo están a gusto con este acoplamiento. Sería importante que al menos en el relato que explique su participación en esta movilización corporativa se dejaran claros los límites y el alcance de su posición. Ser fagocitados por la mentira y el desgaste antidemocrático no es una buena forma de hacer prosperar el interés colectivo de los miembros de los cuerpos de seguridad.

miércoles, 24 de noviembre de 2021

HUELGAS EN LA INDUSTRIA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

 


Este tardío otoño está trayendo una ola creciente de conflictividad. En el reflujo de la pandemia, se ha producido un importante repunte de los precios, insuflados por el aumento de los costes de la energía. Las asociaciones empresariales se enrocan en una defensa de los márgenes de ganancia que aseguren su rápida recuperación en un contexto dominado por la esperanza de grandes inversiones de dinero provenientes de los fondos europeos. La reforma de la negociación colectiva, anunciada y prometida al menos desde la Navidad del 2018, no se ha producido, y la legislación de la crisis sigue vigente, con su potente carga antisocial.

En este contexto, los sindicatos de la industria han comenzado una serie de movilizaciones en distintos sectores. En primer lugar, en el sector de la automoción, donde se encuentran amenazados más de 15000 empleos, ante la crisis de los semiconductores, el aprovisionamiento de materias primas, los problemas logísticos y la electrificación de la movilidad - la escasez de microchips - y frente a los cuales la inacción del Ministerio de Industria es inconcebible. La concentración el 22 de noviembre ante este Ministerio ha generado al menos la convocatoria de la mesa tripartita del auto para el diálogo social, cuya evolución se habrá de seguir en los próximos días o meses. Pero no parece que la titular de Industria se encuentre especialmente motivada para desarrollar una política de intervención activa de su departamento en el abordaje de planes de reindustrialización efectivos.

La crisis del auto se manifiesta asimismo en el conflicto de Pilkington en Sagunto, ante los despidos de un tercio de la plantilla y la deslocalización a Italia de la fabricación de parabrisas, una huelga indefinida que prosigue con movilizaciones de alta participación ciudadana en la región, y que puede extenderse a otras empresas, como Mahle, amenazada de cierre en su fábrica de Vilanova y Mataró. A las 22 horas del miércoles 24 se consiguió un preacuerdo que hace que se quede la línea de laminado en Sagunto y que se eviten los despidos "traumáticos". La huelga y el apoyo cerrado de la población de Puerto Sagunto han sido claves para alcanzarlo.

Junto a estos problemas centrales para una industria fundamental como la del automóvil, que exige mecanismo de ajuste temporal como los ERTEs mientras dure la “tormenta perfecta” en la que se encuentra el sector por las causas ya señaladas, a lo que se añade la necesidad de inversiones que garanticen lo que se ha venido en llamar “la soberanía industrial” de nuestro país que garantice la fabricación propia de semiconductores para seguir produciendo en momentos de gran demanda, se despliegan otra serie de conflictos directamente ligados a la negociación colectiva, siempre en este sector de la industria.

Sucede con el convenio del metal de Alicante, en el que juega un papel importante la industria juguetera de Ibi, y en donde la patronal del metal alude al clima de “incertidumbre” para no admitir subidas salariales que se correspondan con el alza de los precios, y las dos jornadas de huelga convocadas – la última, del 23 de noviembre, con altísima participación y presencia en las calles – presionan en este sentido. En el convenio del metal de Toledo, la propuesta de la patronal supone un retroceso importante en los derechos laborales de descanso, permisos, reducción de pluses, incremento del capítulo disciplinario. Comienza en este sector la movilización por el convenio.

El caso más conocido, en razón de su presencia en los medios, es el del convenio del metal en Cádiz, una provincia que constituye el enclave industrial más fuerte de Andalucía que ha sufrido fuertes embates derivados de la deslocalización y desinversión industrial, desde la situación en astilleros hasta el cierre de Delphi. Se trata ahora del convenio de la industria auxiliar del metal, dedicada a la fabricación de productos básicos de hierro y ferroaleaciones, construcción de barcos y estructuras flotantes, aeronáutica y su maquinaria, fabricación de estructuras metálicas y sus componentes y carpintería metálica como las principales actividades de la industria del metal en Cádiz, que da empleo a más de 30.000 trabajadores, la gran mayoría en las empresas auxiliares que subcontratan o trabajan para las grandes compañías tractoras en ese territorio, Navantia, Airbus, Dragados y Alestis. Hay algunos interesantes informes periodísticos que dan cuenta también de la incidencia negativa de la precariedad y los frecuentes incumplimientos del convenio en un modelo “anclado en el miedo” a la pérdida de trabajo y la exclusión (https://www.infolibre.es/politica/metal-metal-miedo-precariedad_1_1213861.html).

Los empresarios gaditanos ofrecen una subida salarial fija del 2% en 2021, 2022 y 2023 y al final de este último año una revisión que actualizara los salarios de estos tres años con base en el IPC, con lo que los trabajadores recuperaban, en una paga y, dentro de dos años, el poder adquisitivo que hubieran perdido en estos tres ejercicios. Con ello, afirmaban, se podía asegurar una previsión financiera que les permitiera recuperar lo no ganado durante la pandemia. Los sindicatos pretenden que la subida sea conforme el IPC interanual para no perder poder adquisitivo y que esta condición se consolide.

Como de costumbre, una huelga por la negociación de un convenio colectivo, se ha convertido para los medios en un espectáculo que debe explotarse sobre la base de las acciones de toma de la calle que ha llevado consigo la huelga indefinida declarada en este sector. La policía ha mostrado, como lamentablemente es usual, una actitud represiva de la huelga que ha culminado, simbólicamente, con la aparición de una tanqueta para reprimir a los manifestantes y en imágenes muy deplorables de la actitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad golpeando a ciudadanos sin motivo. Se trata de un conflicto que está plenamente anclado en la comunidad ciudadana, que responde de manera unitaria y colectiva apoyando estas reivindicaciones. La represión de los derechos de manifestación y huelga ha sido motivo de conflicto en el seno del gobierno de la nación, donde la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo ha recalcado que se trata de un colectivo que ejercita derechos constitucionales protegidos al máximo nivel y que por tanto determinados medios de actuación sobre los mismos son plenamente criticables, cuestionando por tanto la utilización de material de guerra en la represión de las manifestaciones de los huelguistas. El conflicto sigue abierto y la autoridad laboral autonómica no piensa intervenir ni mediar por el momento.

Una señal inquietante sobre la necesidad de mejora de las y los trabajadores de muchos sectores de este país que en este momento histórico demuestran su hastío hacia una sociedad esencialmente desigual que les sitúa cotidianamente en el lado perdedor y derrotado de las relaciones sociales.  Una situación que puede ser aprovechada demagógicamente desde el discurso político antidemicrático -como ya lo ha hecho Abascal desde Vox, pese a que su partido se negó a aumentar inversiones y carga de trabajo en la Bahía de Cádiz en una iniciativa parlamentaria – y que es una llamada de atención al gobierno sobre la necesidad de reformas profundas y progresivas que consoliden una ordenación legislativa del trabajo que posibilite la consolidación de derechos individuales y colectivos fuertes y bien garantizados.

Ya cerrada esta entrada, se informa que se ha logrado un preacuerdo. El acuerdo consta de la firma de un convenio a tres años en el que se alcanzarán subidas del 2% anual hasta 2024. Llegada esa fecha la industria se compromete a revisar mediante una cláusula de retraso el poder adquisitivo perdido como consecuencia de los posibles aumentos del índice de Precios al Consumo. Los sindicatos habrían renunciado, de confirmarse el acuerdo, a un 0,5%, ya que se sentaban a negociar con la exigencia de un 2,5% de revalorización. La Patronal comenzaba la negociación hace nueve días con una propuesta inferior al 1,5% y tendrá que pagar si, como se prevé, la inflación sigue creciendo en el futuro próximo. De confirmarse su aceptación por las asambleas de trabajadores, sería una muy buena noticia.

Siempre en el amplio sector industrial, también en la industria cárnica, se ha llevado a cabo una movilización importante, esta vez también con éxito. En efecto, se había convocado huelga de la industria cárnica para los días 25 y 26 de noviembre y del 3 al 8 de diciembre para la negociación de un convenio colectivo. El momento de la huelga estaba elegido con acierto porque ponía en peligro el suministro en Navidad de las grandes superficies y otros comercios dedicados a la alimentación. El anuncio de la huelga ha hecho que los empresarios se avengan a negociar y a acordar: los salarios subirán el 3% este año, el 2,75% el que viene y el 2,5% en el 2023, además de contar con cláusulas de revisión salarial en función del IPC. Hay que tener en cuenta, según los datos de que se dispone, que muchas de estas empresas habían ampliado sus márgenes de beneficios, dado que según datos de la Federación Empresarial de Industrias Cárnicas (Fecic), la producción en el 2020 de todo el sector aumentó el 5,1%, hasta los 7,5 millones de toneladas.

Aunque el tema del convenio se ha logrado cerrar, hay que tener en cuenta que en este sector son muy frecuentes los abusos consistentes en reemplazar y sustituir la contratación de trabajadores por cuenta ajena para la realización de estas actividades industriales de elaboración de productos cárnicos y su posterior venta y distribución, por trabajadores autónomos, una cuestión a la que en las páginas de este blog se ha analizado en varias entradas (https://baylos.blogspot.com/2021/08/dos-sentencias-y-un-mismo-problema-los.html) En estos subterfugios se utiliza la cobertura formal de un contrato mercantil de prestación no directamente con los autónomos, sino que este contrato se efectúa a través de la  cooperativa de trabajo asociado que encuadra a los trabajadores supuestamente autónomos, con el consiguiente fraude a la Seguridad social y la facilidad en la extinción de la relación laboral y la peligrosidad en la prestación laboral, entre los efectos más negativos. Por eso desde el ámbito sindical, se preconiza una reforma de la legislación laboral de forma que  se establezca de manera taxativa que los empresarios “no podrán subcontratar la realización de obras o servicios así como cualquier actividad productiva, industrial de elaboración o transformación de productos para su posterior venta o distribución, o subcontrataciones en mataderos y lugares de sacrificio de aves y animales en general, así como otras actividades empresariales de otra naturaleza, como transportes o logística entre otras, a través de cooperativa de trabajo asociado que hayan optado por la aplicación del régimen de autónomos en vez del régimen general de la Seguridad Social”, una reforma que debería integrarse en la que se está debatiendo en el seno del diálogo social sobre los mecanismos de externalización productiva.

Debe resaltarse que en estos conflictos, como el que se abre en las conservas y salazones en Vizcaya, donde los cuatro sindicatos representativos del país han declarado huelga para el 30 de noviembre, ante la cerrazón de la patronal en defender la congelación salarial y pérdida de poder adquisitivo, negándose a negociar el resto de materias planteadas en las distintas plataformas por parte de los sindicatos, relacionadas con la precariedad o la salud laboral, se enmarcan en los procesos de negociación de las condiciones de trabajo. En estos procesos, asume una especial relevancia el tema salarial y el poder adquisitivo de los salarios, además de la reacción ante sectores especialmente castigados por la precariedad.

Por eso, el eje decisivo que explica estas movilizaciones está determinado directamente por el intercambio salarial básico. Es la determinación del salario y, de forma complementaria, la calidad del empleo y la necesaria restricción de la precariedad del mismo lo que sostiene el conflicto. Los sindicatos confederales no pueden esperar a la adopción de acuerdos que modifiquen las reglas a las que se somete la negociación colectiva para defender con ahínco estos elementos mínimos de defensa de la condición básica del trabajo subordinado, la remuneración suficiente y un empleo de calidad.

La situación es especial. El desbloqueo de los convenios condiciona la posibilidad de una recuperación económica que no puede basarse en la percepción de ayudas y subvenciones a los empresarios que no se repercutan en el aumento de salarios y por tanto en un cierto esquema redistributivo de los beneficios económicos. Importantes sectores de la representación institucional del empresariado español demuestran una actitud prepotente y hostil frente las reivindicaciones del colectivo de los trabajadores, empeñados en mantener a través de los bajos salarios su diferencial de ganancia. En esta dirección camina también el contagio de estos sectores por las actitudes políticas de oposición a las reformas del gobierno que llevan a cabo el PP y Vox – dando por descontado que Ciudadanos se encamina lentamente a su decrepitud y extinción – que alentando el conflicto pretenden deducir del un descontento social que deslegitima la obra del gobierno. Política de deslegitimación de la coalición progresista y posiblemente nostalgia de la imposición sin resistencia del programa máximo de reivindicaciones empresariales que llevó a cabo la reforma del 2012, alientan esa actitud inflexible. No es este o no debería ser el camino que guía a la CEOE en cuanto sujeto general de la representación económica, que está inserta en el proceso complejo de reformulación del marco institucional de las relaciones laborales. Pero si no hay cambios significativos, el conflicto social se irá extendiendo de manera cada vez más acelerada ante el bloqueo de la negociación colectiva por parte empresarial. Y posteriormente puede ir cargándose de otras determinaciones más intensas, exigiendo cambios mucho más profundos de las estructuras fundamentales de las relaciones de trabajo en un contexto de fatiga y malestar social en la fase post Covid 19. Permaneceremos atentos a estas evoluciones.