jueves, 14 de noviembre de 2019

TRABAJADORA EMBARAZADA Y DISCRIMINACIÓN SALARIAL. UN COMENTARIO DE PATRICIA ESPEJO.



La tutela de la mujer embarazada no sólo se refiere a la protección sobre el empleo. Abarca también todas las condiciones salariales y profesionales que definen su condición concreta en un trabajo específico. Y es una protección transversal que afecta por igual a empleadas públicas y trabajadoras por cuenta ajena, con independencia de que presten sus servicios a un empresario privado o a las Administraciones públicas.  Patricia Espejo comenta en esta entrada una reciente decisión judicial que versa sobre este tema.

Una interesante sentencia del Juzgado Contencioso – Administrativo número 2 de Toledo de 15 de octubre de 2019 aborda un supuesto emblemático. El supuesto de hecho se inicia cuando una agente medioambiental (funcionaria) embarazada tiene adaptado el puesto por el servicio de prevención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se le exime entre otras cosas de hacer guardias de extinción de incendios. Por la realización de tales guardias se perciben unas cuantías económicas que la trabajadora deja de percibir mientras dura tal situación de riesgo para la embarazada, alegando la Administración que tal "complemento de puesto", que dicha remuneración no se percibe en ningún caso cuando las guardias no se realizan por cualquier asunto, ya sea cambio de turno, situación de IT, o adaptación del puesto por cualquier motivo preventivo. La demanda fue llevada a cabo por los servicios jurídicos de CCOO de Castilla La Mancha.

Cualquier reflexión al respecto debe partir de una afirmación taxativa: La igualdad entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación ha de ser el pilar donde se sustente nuestro Estado Social, democrático y de Derecho. De la sentencia del Juzgad toledano se deducen tres importantes reflexiones:

1ª.- La interpretación fundamental del art. 9.3 de la Constitución Española respecto del poder judicial no puede ser otra que la exigencia de juzgar con perspectiva de género.

2ª.- La existencia de la brecha salarial en la Administración Pública no es un mito. Existe toda vez que una funcionaria ve mermado su salario por decisiones empresariales ad nutum que traen causa de una situación biológica incontrovertible, como es el embarazo o la maternidad.

3ª.- Toda decisión empresarial que empobrezca a una trabajadora por el único hecho de estar embarazada, hecho biológico inherente al Ser mujer, es discriminatoria. Es una auténtica manifestación de la violencia de género laboral, más allá de los acosos del art. 7 de la ley española de igualdad.

Me parece profundamente importante que el punto de partida sea afirmar que juzgar con perspectiva de género es la única forma posible de no vulnerar lo proscrito por la Constitución Española en el artículo 9.3 en relación con el art. 14, entre otros. Este mandato constitucional obliga al poder judicial -también al ejecutivo y al legislativo- a promover las condiciones para que la igualdad de todas las personas y los grupos en que se integran sea una igualdad real y efectiva. El juez que dicta esta sentencia promueve indudablemente que el derecho de esta trabajadora a no recibir ningún trato desfavorable respecto de sus colegas varones sea una realidad.

La equidad entre mujeres y hombres se ve amenazada cada día en los ambientes laborales, no solo a la hora de acceder al mercado laboral sino, también, en relación con la durabilidad de las mujeres en el empleo remunerado y con el mantenimiento incólume de todas y cada una de las condiciones laborales pactadas, entre ellas, el salario.  

Esta sentencia permite, entre otras cosas, llenar de contenido algunos preceptos legales en torno al devengo de los complementos salariales en situaciones de embarazo o maternidad y poner de manifiesto algo muy importante: la discriminación retributiva no es una brecha que sufren únicamente las trabajadoras que prestan servicios en empresas privadas, sino que puede ocurrir y, de hecho, ocurre, también en la Administración Pública.

El relato de los hechos probados evidencia el perjuicio económico que sufre una agente medioambiental por el mero hecho de estar embarazada. El servicio de prevención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le adapta su puesto de trabajo por motivo de una situación de riesgo durante el embarazo, eximiéndole de la realización de guardias de extinción de incendios por la que se percibe unas cuantías económicas que esta trabajadora deja automáticamente de percibir.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural alega que, en virtud de la Disposición adicional 8ª de la Ley 4/2011, de 10 de mazo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo, Ley 4/2011 CLM), las percepciones que la funcionaria deja de percibir y que ahora reclama son extraordinarias y variables. Pero no solo. En base al contenido del art. 85.6 de dicha ley, la Administración sostiene que son complementos salariales de puesto de trabajo que se devengan una vez que el funcionariado realiza las guardias, siendo indiferente para la Administración las circunstancias que motiven su no realización. Lo que la Consejería está argumentando es que el deber de pago de la Administración de este complemento en nómina nacerá una vez se haya realizado la tarea en cuestión, sin excepciones.

Ante esta regulación legal que soslaya la concurrencia de toda condición o circunstancia que tenga con el sexo/género de la persona una relación de conexión directa, la presente sentencia, sustentada en una amplia y rica jurisprudencia constitucional que es rotunda a este respecto desde los años 80 del pasado siglo (STC 166/1988 y otras más recientes: STC de 5 de mayo de 2014, STC 182/2005, STC 214/2006, STC 17/2007, y muchas otras ahí referidas) señala con muy buen criterio, en primer lugar, que no existe norma prohibitiva que nos lleve a esta solución y, en segundo lugar, que la funcionaria solo está solicitando una indemnización por la discriminación sufrida como consecuencia de su embarazo, situación que la coloca en una posición de desigualdad in peius con respecto a sus compañeros varones. Es por ello que es de justicia que a la demandante se le reconozca el importe del complemento salarial dejado de percibir y al que habría tenido derecho de no haber existido una imposibilidad real y cierta para haberlas realizado durante un tiempo concreto.

La situación de embarazo es precisamente la circunstancia que tiene con el sexo femenino una relación de conexión directa e inequívoca. El embarazo es junto con el parto y la lactancia natural, el hecho biológico incontrovertible que incide de forma exclusiva sobre la vida laboral, personal y familiar de las mujeres. Así las cosas, si no se tutela adecuadamente las situaciones de embarazo para que, en ningún caso, supongan perjuicio alguno para el colectivo femenino se estaría incurriendo en una discriminación directa por razón de sexo/género, tal y como establece el art. 8 de la ley de igualdad.  Es más, la sentencia recuerda, también, el contenido del art. 58 LOIEMH que blinda la totalidad de los derechos económicos de las funcionarias durante toda la duración del embarazo y de la licencia maternal.  

Que las mujeres seamos las únicas dadoras de vida no puede colocarnos en una situación de inferioridad con respecto a los hombres. Para ello, la protección que el sistema debe otorgar a las mujeres trabajadoras no puede limitarse a la de su condición biológica durante el embarazo y después de este. Debe, asimismo, extenderse al ámbito del desarrollo y vicisitudes de la relación laboral remunerada, lo que, efectivamente, condiciona irremediablemente las potestades organizativas y disciplinarias del empresariado que, de un lado, debe evitar las consecuencias físicas y psíquicas que medidas discriminatorias podrían generar en la salud de las trabajadoras y, de otro, debe afianzar todos los derechos laborales que les corresponden en su condición de trabajadoras, vetándoseles  toda posibilidad de provocar cualquier perjuicio que derive de la circunstancia exclusiva de las mujeres de traer al mundo otra vida.

Se trata en consecuencia de una decisión judicial muy interesante cuya oportunidad hoy está reforzada ante el crecimiento electoral de una ultraderecha que niega la existencia de toda violencia estructural contra las mujeres, haciendo gala de una ignorancia dolosa y una actitud intolerable en la degradación del mandato constitucional del principio de igualdad y no discriminación, que constituye un principio fundamental del Estado de derecho que esta formación política ignora y conculca pese a su insistencia en considerarse un partido constitucionalista.



miércoles, 13 de noviembre de 2019

EL PREACUERDO ENTRE EL PSOE Y UNIDAS PODEMOS



Se ha dado un gran paso adelante. Este preacuerdo posibilita un gobierno que gestione el pluralismo político democrático que se ha manifestado en estas elecciones en una dirección de progreso y cambio social. La desigualdad que se ha incrementado en nuestra sociedad desde el inicio de la crisis, el marco institucional degradatorio de los derechos laborales y sociales, y la necesidad de sostener el sistema público de pensiones son los elementos centrales sobre los que se debe volcar la gobernabilidad del país. Queda mucho por delante, y la obtención de una mayoría de progreso que cuente con la mayoría parlamentaria suficiente será el tema recurrente de los próximos días. Pero hoy muchos de los que hemos planteado una alternativa de cambio social como la impulsada por los sindicatos y los movimientos sociales, asistimos con optimismo a esta nueva fase del impulso político hacia un marco legal más democrático. Por eso, y aun a sabiendas que el texto está disponible en la mayoría de los medios de comunicación, este blog lo recoge y publica como un símbolo dela unidad de las fuerzas progresistas.
El PSOE y Unidas Podemos hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos han decidido en las urnas.
Ambas formaciones comparten la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea.
Los detalles del acuerdo se harán públicos en los próximos días. Actualmente, estamos avanzando conjuntamente en una negociación encaminada a completar la estructura y funcionamiento del nuevo gobierno que se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones.
Los ejes prioritarios de actuación del gobierno progresista de coalición se centrarán en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto:
1.- Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad.
2.- Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación – incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años-, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas.
3.- Lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.
4.- Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as. Impulsar la reindustrialización y el sector primario. Facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital.
5.- Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad.
6.- Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.
7.- Políticas feministas: garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral.
8.- Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada.
9.- Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles.
10.- Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero.




lunes, 11 de noviembre de 2019

LECCIONES Y OPCIONES TRAS LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE



Los resultados de las elecciones de ayer 10 de noviembre han sido ya publicitados, comentados y resumidos por los principales diarios, los grandes medios de comunicación, las redes sociales. No arrojan buenas noticias para la ciudadanía, y han constituido un ejemplo de cómo el tacticismo del gobierno puede conducir a salidas políticas extremadamente complicadas que ponen en riesgo el propio desarrollo de nuestro estado democrático. Dejando de lado el número de escaños obtenidos por cada fuerza política, que como de costumbre supone una desviación sobre el peso de los votos y que ha castigado especialmente a las fuerzas de ámbito nacional a la izquierda del PSOE, es decir a Unidas Podemos y a Mas País, interesa en esta entrada poner de relieve la evolución de los sufragios en esta nueva convocatoria electoral que nunca debió haberse producido.

El bloque que suma más diputados (158) es el que convencionalmente se denomina la izquierda, El partido que ha obtenido mayor número de votos es el PSOE, que ha logrado 6.750.000 papeletas, un 28% del total, pero que en el camino desde las elecciones de abril se ha dejado casi tres cuartos de millón de sufragios y tres diputados. La opción de convocar las elecciones – una convocatoria que ahora se denomina “automática” para resaltar puerilmente que no tuvo origen en la decisión gubernamental – ha resultado un fracaso de las expectativas planteadas. El PSOE pensaba de esta forma asestar un buen golpe a izquierda y derecha (UP y Ciudadanos) y fortalecer su presencia electoral para acordar libremente sus políticas desde un gobierno monocolor, prescindiendo de los condicionantes de la izquierda y de una parte de los independentistas. Su situación ahora es más endeble y se le complica más el panorama de la formación del nuevo gobierno, ante el giro a la derecha que en su discurso de campaña ha desplegado como forma de “ganar el centro”, en el que aparecía no solo una actitud de rechazo a cualquier intento de negociación política sobre el tema catalán, sino la indicación neoliberal de su política económica simbolizada en la designación ante tempus como vicepresidenta económica de Nadia Calviño, defensora de la irreversibilidad de la reforma laboral del 2012 y promotora de nuevas medidas lesivas de los intereses de los trabajadores como la ya famosa “mochila austriaca”.

Unidas Podemos (UP) ha resistido las presiones de un relato aceptado por la gran mayoría de los medios que hacían recaer en esta formación el fracaso de la investidura de gobierno, y que hacían prever que su presencia electoral iba a ser muy limitada en esta nueva convocatoria. Además la comparecencia de un concurrente directo, Mas País, que se presentaba en 18 provincias, hacía presagiar una derrota épica de esta coalición. Sin embargo UP ha resistido, y sigue siendo la referencia más potente de la izquierda del PSOE. Ha obtenido un poco más de 3 millones de votos (un 12,8 %) pero en el camino se ha dejado 640.000 papeletas y siete diputados, descendiendo de los 42 que había obtenido en abril a los 35 que posee actualmente. Por su parte Más País (MP), que aparecía como una opción vencedora tras su decisión de acudir a las elecciones nacionales, y como tal fue saludada por la gran mayoría de los medios de comunicación, ha obtenido un sonoro fracaso en cuanto a los resultados electorales, pese a los intentos de ultima hora por asociar a una figura emblemática como Manuela Carmena a su campaña. Ha sumado más de 600.000 votos, pero tan solo ha ganado dos diputados por Madrid y uno por Valencia, en coalición con Compromís.

La izquierda por tanto ha sufrido un desgaste respecto de los resultados de abril. Continua mostrando que es mayoría frente a las fuerzas de la derecha - más en votos que en escaños, como es costumbre ante el sistema electoral deficiente que tenemos -, pero no ha podido impedir el ascenso increíble del franquismo ni cambiar, como era la intención del PSOE, la correlación de fuerzas en su conjunto. Una comparación entre este resultado y las primeras impresiones que este blog dedicó a las elecciones de abril, es muy significativa. (https://baylos.blogspot.com/2019/04/primeras-impresiones-tras-las.html)

El mayor cambio se ha dado en las filas de la derecha. El Partido Popular ha subido más de tres puntos porcentuales respecto de su pésimo resultado en abril, y se afianza como la formación política que lidera la derecha. Ha obtenido un poco más de cinco millones de votos, es decir ha ganado 660.000 votos, pero su victoria se ha construido sobre un programa muy autoritario en lo político, negándose a cualquier apertura política en Catalunya, y extremadamente liberal en lo económico, con bajadas de impuestos y cotizaciones y defensa a ultranza de la reforma laboral. Ha asistido con evidente satisfacción al práctico aniquilamiento de Ciudadanos, que pretendía competir en el liderazgo de las posiciones más reaccionarias y que había sido el socio preferente para obtener, junto con la ultraderecha, el gobierno de regiones tan importantes como Andalucía o Madrid, o el ayuntamiento de Madrid, como la “joya de la corona”. Pero se encuentra acosado  a su derecha por el precipitado político del franquismo con el que desde su comparecencia en el mercado electoral no ha tenido ningún escrúpulo en pactar, el franquismo agresivo de Vox, lo que posiblemente extreme la pulsión autoritaria y neoliberal del PP de Casado como forma de competir con la ultraderecha.

Ciudadanos se ha derrumbado. Ha perdido 47 diputados de una tacada y ha pasado de tener casi el 16% de los votos a un 6,8% de los mismos, perdiendo en seis meses más de dos millones y medio de votos. La radicalización reaccionaria de su mensaje sobre la identidad española ha encontrado en los electores respaldo a través de su migración a partidos abiertamente anticonstitucionales y a la derecha clásica, mientras que su negativa obstinada a pactar con Sánchez permitiendo un gobierno del PSOE , que era el diseño que los grandes poderes económicos habían amparado y repetidamente indicado como la solución frente a la posibilidad de un programa de cambio social, ha sido castigado por otra buena parte de su nicho de mercado. Su posición ahora en los gobiernos regionales y municipales en los que participa junto con el PP y el partido franquista, es más delicada, y no se debería descartar nuevas turbulencias en el interior de este partido que fue creado como oferta electoral conservadora de la ”nueva política”.

Lo más preocupante es el ascenso del franquismo y la extrema derecha que ha pasado de un 10 por ciento de los sufragios y 28 diputados a constituirse en un referente europeo para los grupos xenófobos y autoritarios, con un 15,1 % y más de tres millones y medio de votos, con casi un millón de adhesiones sumadas a los resultados de las elecciones de abril. Es evidente que este partido, que ha sido incorporado sin ningún problema a la gobernanza regional y municipal por parte de las otras dos formaciones de la derecha, se sitúa en un claro plano anticonstitucional y reivindica con orgullo – y apoyo masivo entre una parte significativa de la ciudadanía, lo que es más grave – un Estado unitario y autoritario, que tiene al franquismo como referente histórico plenamente compatible con el sistema democrático, una contradicción que busca destituir el esquema fundamental de la democracia consensuada en 1978: la forma territorial compleja del Estado de las autonomías y el estado Social con el que se compromete el art. 1.1 de la Constitución. En su discurso la mentira y la ignorancia forman parte central de su argumentación, especialmente activa contra los inmigrantes, segregando un odio racial, y contra el feminismo, justificando la violencia de género. Su peso específico después de las elecciones en los gobiernos en los que participa, influirá directamente en la adopción de políticas y decisiones cada vez más orientadas a valores antidemocráticos. Que la convocatoria de estas nuevas elecciones haya permitido el fortalecimiento de la derecha franquista aprovechando el tratamiento emocional e identitario de la cuestión catalana, es seguramente el elemento más negativo de este proceso del que hay que sacar conclusiones relevantes de futuro.

No se trata de un partido democrático, ni mucho menos constitucionalista, calificativo que se empeñan en autoatribuirse sus dirigentes, con la complicidad de las otras derechas. Sus intervenciones racistas y violentas deben ser contrastadas con lo que (al menos hasta el momento) ha dicho el Tribunal constitucional, y que recientemente recordaba en su blog Joaquin Aparicio. “Así pues, de la conjunción de ambos valores constitucionales, dignidad e igualdad de todas las personas, se hace obligado afirmar que ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros o inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como el español, social, democrático y de Derecho, los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad.” Algo que no está en el proyecto de Vox ni en sus sostenedores que anoche gritaban un “a por ellos” anticipatorio de enfrentamientos ciudadanos muy graves.

En la cartografía electoral, los partidos nacionalistas – que Vox pretende ilegalizar en su conjunto, como Ciudadanos pretendía anular políticamente impidiendo su acceso al Parlamento español  con un suelo mínimo de votos del 3% a nivel estatal – se han fortalecido. El nacionalismo vasco ha alcanzado un resultado histórico con siete diputados, y en Catalunya el independentismo republicano que tiene a su presidente en prisión ha perdido dos diputados, pero la CUP y su reivindicación de ingobernabilidad del país ha obtenido esos dos que faltan a ERC, y el independentismo más afincado al presidente exilado vicariamente representado por el actual President de la Generalitat ha mejorado también sus resultados con 8 diputados. La necesidad de iniciar un espacio de negociación entre estos partidos y el resto de los partidos democráticos españoles para solventar la cuestión catalana es, desde el punto de vista de la gobernabilidad del Estado español, un necesidad ineludible.

La situación a la que nos ha llevado la convocatoria de estas nuevas elecciones es extremadamente negativa. Pero hay que sacar de estos resultados una lección y es la de que se requiere un acuerdo o frente amplio democrático entre los partidos que se sitúan en la necesidad de un cambio social. Un amplio acuerdo sobre elementos centrales hoy en la regulación de las condiciones de existencia de la mayoría de la población que impliquen un impulso decidido hacia la profundización de la democracia social. Sin este acuerdo, del que habrá que explorar todas sus posibilidades y modalidades, desde el gobierno de coalición hasta la pactación de los presupuestos, elaboración de un programa común con instrumentos e instituciones de garantía y apertura de una mesa de partidos en el caso catalán, no cabe concebir un marco institucional que pueda resolver los enormes problemas que se ciernen sobre la población de este país. La responsabilidad mayor en conseguir un acuerdo de este tipo recae sobre el PSOE como partido que goza de una mayor representación parlamentaria. Es conveniente que se aleje de tentaciones cesaristas y se abra a un amplio acuerdo de gobernabilidad sobre bases de progreso. Ese es el objetivo en el que convergen también sindicatos y movimientos sociales. No se les puede defraudar otra vez.