La entrada
en el período electoral no permite detener la máquina del Estado en lo que se
refiere tanto a compromisos internacionales como a acuerdos internos con los
interlocutores sociales. En el BOE de hoy, 18 de noviembre, se puede comprobar
este extremo con tres normas de urgencia datadas todas el 17 de noviembre de
2026. De un lado, el muy importante RDL 39/2026, modifica el texto refundido del
Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de
igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero,
de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, al tener que
transponer la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y
previsibles en la Unión Europea y la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 sobre transparencia retributiva. De
otro, el RDL 38/2026 introduce los cambios necesarios para evitar la
tributación del salario mínimo interprofesional de 2027 en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Y el RDL 37/2026 tiene que proceder a los
cambios presupuestarios imprescindibles para dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos en el acuerdo que firmaron CCOO, UGT y CSIF, como sindicatos
representativos en la Administración Pública, sobre el llamado Marco Plurianual
de Retribuciones en el Empleo Público en noviembre de 2025.
En efecto, el Acuerdo
Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía
(2025-2028) que fue avalado por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre de 2025, pretendía
garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo para más de 3 millones de
empleados públicos gracias al incremento salarial acumulado del 11% para los
cuatro años de este período, distribuidos de la siguiente manera: un 2,5% para
el año 2025, abonado con carácter retroactivo con efectos de primeros de ese
año, un 2% para 2026 sobre las bases
incrementadas en el 2025, que se abonó en dos momentos, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028.
Al estar en situación de prórroga
presupuestaria, y haberse convocado elecciones al Congreso y al Senado, era
necesario y urgente, para honrar este compromiso, adoptado en la Mesa General a
la que se refiere el art. 37 del EBEP, que existiera una norma que previera el
oportuno crédito presupuestario para hacer efectivo el incremento salarial
pactado del 4,5 % desde el 1 de enero del 2027. Es un incremento que goza la naturaleza
de norma básica, por lo que, como señala la exposición de motivos del citado
RDL 37/2026, se extienden no solo al personal al servicio del sector público
estatal, sino también al del sector público autonómico y local, salvo los
puntos concretos que regulan elementos retributivos propios del sector público
estatal.
La norma se extiende sobre la
justificación que debe darse a la urgencia que le caracteriza. Y de alguna
manera se construye sobre una constatación obvia, la de que si se quiere
cumplir el acuerdo marco firmado con los sindicatos y que por tanto éste tenga
eficacia real, es necesario plasmar este compromiso en los Presupuestos
Generales del Estado que, al hallarse en situación de prórroga, requiere una norma
de rango legal que lo recoja: “La extraordinaria y urgente necesidad del
incremento retributivo para el personal al servicio del sector público en el
año 2027 viene justificada por la necesidad de dar cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo firmado el 27 de noviembre de 2025 por el Gobierno de
España y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CC. OO., que establece el
compromiso de promover los cambios legislativos y normativos para alcanzar un
incremento retributivo en las retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas y de su sector público institucional con un horizonte
temporal a cuatro años (2025-2028). Dado que para llevar a cabo la ejecución de
este compromiso es necesaria una norma de rango legal, y habida cuenta de la
situación de disolución de las Cortes Generales, es necesaria la aprobación de
un real decreto-ley para posibilitar el incremento de las retribuciones del
personal al servicio del sector público previsto en el citado acuerdo y con
efectos de 1 de enero de 2027”.
El incremento del 4.5% de las
retribuciones de los empleados públicos se calcula sobre los incrementos
previstos de la aplicación para los salarios del 2026 por el incremento
retributivo derivado de la variación del IPC superior al 1,5% de ese año, que
se harán efectivos a 1 de enero de 2027. Ese mismo incremento también puede
aplicarse a los gastos de acción social, ayudas o mejoras destinados a cubrir
necesidades personales o familiares de los empleados públicos, al margen de su
salario ordinario como las derivadas de educación y cuidados o de salud y bienestar. También las
aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos pueden crecer en esa
misma proporción.
De esta manera, se logra cumplir
el acuerdo tal como estaba estipulado, lo que por consiguiente impide considerar
la norma, como sin embargo hace el bloque de la ultraderecha y la derecha, como
una decisión política electoral para favorecer la posición de los partidos del
gobierno de coalición en la contienda electoral del 29 de Noviembre.
Más aun, los sindicatos siguen
insistiendo en algunos aspectos del Acuerdo Marco de diciembre de 2025 que todavía
no han sido atendidos en la práctica por el gobierno. Entre ellos, la reducción
de la temporalidad estructural y el rejuvenecimiento de plantillas, que conecta
con un largo contencioso europeo sobre la interinidad y la eventualidad en el
empleo público bien conocido por los laboralistas y todavía no bien resuelto, la
recuperación íntegra de las pagas extraordinarias recortadas en 2010, la
jubilación parcial del personal funcionario y la mejora de los haberes
reguladores de Clases Pasivas como elementos centrales de la reivindicación del
sector. Junto a ello otras reivindicaciones quedan por concretar, como la fijación
de un suelo salarial mínimo de 1.500 euros para todos los empleados públicos, y
la actualización de pluses de residencia, indemnizaciones, servicio exterior,
planes de igualdad, prevención de riesgos y formación (incluida la IA), de especial
interés esto último para determinados sectores como el personal de la
Administración de Justicia.
En cualquier caso, la norma
comentada supone una buena noticia para el sector. A partir de ahora, las
administraciones y organismos públicos deben preparar las nóminas para hacer
efectiva la subida en enero de 2027, junto con el 0,5 % adicional vinculado al
IPC que corresponde abonar en el primer trimestre de 2027, tal como señalaba el
art. 2.2 del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector
público, que es el texto normativo en el que se volcó el contenido retributivo
del Acuerdo Marco citado.
Para hacerse una idea del cuadro retributivo,
algunos ejemplos extraídos de la IA de Google, consultada la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos, que describe asi el cuadro de las
remuneraciones básicas de los empelados públicos
Sueldo Base y Trienios por Grupo (2026)
:
|
Grupo / Subgrupo |
Sueldo mensual ordinario |
Trienio mensual |
Sueldo en cada paga extra |
Trienio en paga extra |
|
A1 |
(Consultar escala completa) |
(Consultar escala) |
856,05 € |
32,96 € |
|
A2 |
1.199,52 € |
43,54 € |
874,83 € |
31,74 € |
|
B |
1.048,55 € |
38,20 € |
906,26 € |
33,03 € |
|
C1 |
900,63 € |
32,96 € |
778,42 € |
28,45 € |
|
C2 |
749,58 € |
22,44 € |
(Consultar escala) |
(Consultar escala) |
(Nota: El total anual se compone de 12 mensualidades
ordinarias más 2 pagas extraordinarias —en junio y diciembre—). Existe además
la previsión de un 0,5 % adicional condicionado a la evolución del IPC por
abonar el 1 de enero de 2027, como se ha dicho.
. En
cuanto al Grupo A1: se puede calcular como sueldo bruto entre 2.800 € y 4.500 €
brutos mensuales (de 35.000 € a más de 65.000 € anuales, llegando a más en
cuerpos superiores como jueces, inspectores de hacienda o abogados del Estado).
A ello hay que añadir los Complementos de destino y
específico: Dependen directamente del nivel del puesto (del 14 al 30) y del
grado de responsabilidad o penosidad del puesto de trabajo. Aquí algunos
ejemplos de los más comunes:
Complemento de Destino (Ejemplos por Nivel)
|
Nivel del puesto |
Importe mensual |
Importe anual (14 percepciones) |
|
Nivel 22 |
637,73 € |
8.928,22 € |
|
Nivel 21 |
592,11 € |
8.289,54 € |
|
Nivel 20 |
550,01 € |
7.700,14 € |
|
Nivel 18 |
493,86 € |
6.914,04 € |

