lunes, 3 de agosto de 2026

EXPERTO EN DERECHOS DIGITALES EN EL TRABAJO COMO DERECHOS FUNDAMENTALES

 


Durante el mes de enero del año entrante, 2027,  tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas de Toledo (Convento de San Pedro Mártir) , de la Universidad de Castilla La Mancha, un Curso de Experto en derechos digitales en el mundo del trabajo, examinados en su condición de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, que es un título propio emitido por la Universidad de Castilla La Mancha de 16 créditos ECTS al que pueden concurrir tanto nacionales como extranjeros. Dadas las fechas en las que se imparte, enero del 2027, ocupa el lugar de los antiguos cursos de postgrado en derecho dirigidos a estudiantes extranjeros, en especial profesionales, académicos, magistrados y funcionarios de los países de Latinoamérica que conocieron hasta 26 ediciones en esta Universidad y sede toledana.

La problemática planteada por la irrupción de la digitalización y los nuevos modelos de negocio, como las plataformas digitales, además del impacto del uso de algoritmos e inteligencia artificial (IA) en las relaciones de trabajo es el objeto de este Curso. A ello se ha dado respuesta por parte de algunos ordenamientos nacionales e internacionales con la regulación de derechos digitales fundamentales, como el derecho a la protección de datos, la desconexión digital, la participación de las personas trabajadoras en la gobernanza de la transición digital o la transparencia en el uso de algoritmos e IA por parte de las empresas. Un ejemplo de ello es la Carta de Derechos Digitales de España, elaborada en 2021, o también la denominada Ley de Inteligencia Artificial de la UE, aprobada en 2024. Así, en el Curso se examinarán las líneas generales que el Derecho europeo y nacional están llevando a cabo, junto con los problemas de ajuste con los esquemas tradicionales de regulación del Derecho del Trabajo, tanto en lo relativo a la configuración de los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras, como a la conformación de la extensión de los poderes empresariales de control de la actividad laboral y sus límites, junto con algunas propuestas de desarrollo de interés en relación con la organización de la empresa en este contexto.

No resulta preciso ponderar la actualidad de estos temas, como tampoco el interés que despierta la aplicación de la Inteligencia artificial a las relaciones de trabajo, o la decisiva aportación, en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio de 2026 en Ginebra, que ha supuesto la aprobación del Convenio 193 de la misma sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, que será analizado convenientemente en las sesiones de estudio de este título propio.

El curso de Experto en derechos digitales en el mundo del trabajo está dirigido por la catedrática de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Maria Luz Rodriguez, y la secretaria del mismo es Nunzia Castelli, profesora titular de la misma área de conocimiento y Facultad, ambas de la Universidad de Castilla La Mancha. Como de costumbre, las intervenciones en el curso correrán a cargo de destacados especialistas académicos tanto de la UCLM como de otras universidades, con la presencia estelar de algunos invitados latinoamericanos.

Hay previstas 30 plazas, y el precio del Curso es de 1.200 euros. El curso tiene como objetivo principal generar un espacio de encuentro entre especialistas, expertos y operadores jurídicos de distintos países, con especial proyección hacia América Latina, para reflexionar y analizar los impactos y transformaciones que el proceso de digitalización de la economía y los procesos productivos operan en la regulación jurídica del trabajo, a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Abogados, personal de la administración de justicia, cuerpos jurídicos del Estado, licenciados en relaciones laborales y en ciencias del trabajo, graduados sociales, profesores universitarios, representantes de instituciones públicas, asesores de empresas, asesores sindicales y sindicalistas y en general todas aquellas personas que por razón de su trabajo o interés quieran profundizar sus conocimientos jurídicos en esta materia.

Como requisitos de acceso, se requiere que el alumno posea titulación universitaria académica previa, en Derecho preferentemente, o alguna otra vinculada a las materias impartidas. La Documentación para formalizar la preinscripción es la siguiente:

DNI/pasaporte/documento de identidad en vigor

Título universitario o resguardo acreditativo de haberlo solicitado.

Fotografía

Para realizar la preinscripción, hay que contactar con la dirección electrónica  postgrado.derecho@uclm.es

El Curso se impartirá desde el 11/01/2027 al 22/01/2027. El plazo de preinscripción está ya abierto desde comienzos de julio y se extiende hasta el 1 de octubre de 2026. Comienza entonces el plazo de matrícula desde el 13 de octubre hasta el 4 de diciembre del 2012. Toda la información hasta el momento disponible del Curso se encuentra en esta página web: https://www.uclm.es/estudios/propios/experto-derechos-digitales-mundo-trabajo-derechos-fundamentales


sábado, 1 de agosto de 2026

TRAS LOS SUCESOS DE CEUTA Y SU UTILIZACIÓN EN CLAVE GEOPOLÍTICA. LA POSICIÓN DE CC.OO.

 


El desbordamiento de la frontera con Marruecos en Ceuta ante la invasión de más de 50.000 personas ha sido motivo de una nueva crisis interna y externa que ha comprometido al gobierno de España. La reacción del gobierno italiano, seguido luego del finlandés (ambos de extrema derecha) y secundados por el danés (socialdemócrata fuertemente escorado hacia las políticas anti-inmigración) ha demostrado ignorancia de los tratados, insolidaridad con un país europeo cuyas fronteras han sido desbordadas por la complicidad del gobierno de Marruecos, e ignorancia sobre los compromisos de los tratados internacionales. Pero todo ello se inscribe en una estrategia clara del gobierno de Estados Unidos que busca desestabilizar no solo al gobierno español sino influir para la aceptación sin cuestionamientos de sus políticas en los `países de Europa, en los que las posiciones de ultraderecha van escalando posiciones y en la que además convergen con una parte importante de la derecha europea agrupada en torno al Partido Popular Europeo de Manfred Weber y la ciega sumisión del bloque reaccionario de PP y VOX en España.

Las señales son evidentes y nadie puede decir que no se conocen, dada la proclividad de la administración norteamericana a expresarse por X. El Vicepresidente Vance, ante las  imágenes del desbordamiento de la frontera en Ceuta, afirmó con total desfachatez y falsedad en un tuit de 31 de julio “Estas imágenes de España son un recordatorio desafortunado de las consecuencias de la migración masiva y las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente.”, y, de manera más directa,  el departamento de Seguridad interior USA, en un mensaje de ese mismo día, explicaba: “Si España tuviera su propio presidente Trump, esto no sería un problema. Los ciudadanos de España deberían tomar eso en consideración”. Una clara incitación al cambio de gobierno y al alineamiento con las propuestas de Trump, ante un suceso en el que presumiblemente han tenido una intervención determinante con su aliado el dictador monarca de Marruecos.

El tema de fondo es preocupante, y es preciso mantener una mirada global y de conjunto sobre las múltiples facetas en presencia. Por eso se trae a colación en este blog el comunicado que hoy, 1 de agosto, ha hecho público el sindicato de CCOO que previsiblemente no tendrá la recepción mediática que se merece. Una aportación que merece la pena leer y conocer.

CCOO ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EN CEUTA (1.08.2026)

Después de unos días de tensión y cuando la situación en la Ciudad Autónoma de Ceuta ha recuperado una cierta normalidad, CCOO quiere hacer algunas valoraciones, relacionadas con los hechos acontecidos.

En primer lugar, queremos expresar nuestro pésame y consternación ante las personas fallecidas en el mar (67 de forma provisional) en el intento de llegar a la costa española. Trabajadores y trabajadoras en busca de un futuro mejor que, seguramente inducidos por mafias y/o por otras formas y estructuras de persuasión, engaños y falsedades sobre lo que iban a encontrar si “saltaban” la frontera a través del mar, arriesgaron su vida y encontraron la muerte.

En segundo lugar, queremos trasladar nuestro apoyo y consideración al pueblo ceutí. Sin duda sometido a una situación de enorme tensión, con antecedentes en otros episodios similares, que han puesto a prueba su civismo y su templanza, así como la de sus instituciones. Salvo algún conato aislado, y pese a algún irresponsable llamamiento al enfrentamiento civil, los incidentes acontecidos han sido menores, y no han derivado en situaciones dramáticas ni de violencia generalizadas. Somos conscientes de la sensación de abandono que temporalmente ha sentido la ciudadanía ceutí, y no es de recibo que un movimiento de personas de estas características no se hubiera previsto para haber tomado las medidas oportunas con anticipación.

En tercer lugar, incluso en las situaciones más difíciles, la observancia de la ley y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas debe guiar la acción de cualquier país. Desde CCOO valoramos que la respuesta dada se ha ajustado al marco normativo internacional priorizando en todo momento la vida y la integridad física de las personas. Quienes demandan una acción más contundente de las fuerzas del orden, deben aclarar si están solicitando que se impida a personas que están en el mar alcanzar la costa, es decir, ahogar a hombres, mujeres o niños en una situación extrema.

Agradecemos y valoramos expresamente la profesionalidad y la reacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su actuación fue determinante para evitar situaciones de pánico que habrían derivado en una tragedia aún mayor, huyendo de dinámicas represivas como las que el Gobierno marroquí propició años atrás en la ciudad autónoma de Melilla. Igualmente, otras dotaciones públicas, el personal de los centros de acogida, de los CETI, personal sanitario que, pese a verse desbordados por una situación sobrevenida, han actuado con una profesionalidad y también con una humanidad inmensa.

Dicho esto, para hacer frente a estas situaciones con eficacia y humanidad, CCOO exige al Gobierno central que proporcione de manera urgente los medios materiales y humanos necesarios a la Administración autonómica de Ceuta, garantizando una atención digna y eficaz, con especial atención a la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Igualmente es necesario que la población ceutí se sienta segura y acompañada en momentos de incertidumbre, que pudieran volver a repetirse, y tomar todas las precauciones para evitar un conflicto social. De forma paralela, y al margen de lo vivido estos días, reiteramos la necesidad de establecer medidas de promoción económica para las dos ciudades autónomas, que sin duda tienen una situación geográfica excepcional que las justifica.

En otro orden de cosas, es evidente que los hechos acontecidos y las reacciones nacionales e internacionales que los han sucedido, hacen que este grave episodio trascienda del propio de una crisis migratoria convencional y tenga derivadas políticas y geopolíticas, que conviene señalar.

Es impensable que un movimiento de decenas de miles de personas en un espacio reducido como es el tránsito desde Marruecos hasta Ceuta se haya podido realizar sin la aquiescencia, al menos, del país africano. Resultan indignantes episodios que hemos vivido a lo largo de los años, en los que el régimen marroquí utiliza a su propia población, sus situaciones de pobreza y necesidad, para provocar escenarios de inestabilidad que utiliza para negociar o chantajear en diversas cuestiones políticas o comerciales.

La estrategia política de la UE externalizando el control de fronteras a través de acuerdos con países ribereños del Mediterráneo sin una homologación democrática mínima, tiene unas debilidades evidentes. Cuando estos países configuran alianzas estratégicas con terceros, como puedan ser EEUU o Israel, lo que está en juego es la propia estabilidad de la UE. CCOO no va a entrar en valoraciones especulativas sobre qué “hay detrás” de esta actitud en este momento, pues no tenemos información contrastada, pero es evidente que la UE, sus sociedades y su clase trabajadora, están siendo amenazadas en varios frentes. En sus fronteras (sur, este, o Groenlandia) y en su propio riesgo de implosión interna, mediante el creciente papel de fuerzas eurófobas de carácter ultra en los propios gobiernos de distintos estados, y en las propias instituciones europeas.

Las políticas de apaciguamiento ante gobiernos beligerantes como el marroquí o el estadounidense no están dando los resultados que esperan quienes promueven la contemporización, y tiene pinta más bien de que están debilitando y quebrando las posiciones europeas. Entre otras cosas, por el indudable uso partidista y ventajista que “desde dentro” están utilizando determinadas fuerzas políticas ante retos estructurales como es el de la inmigración. Esa falta de lealtad da alas a terceros países, que saben leer la manera de azuzar conflictos que nos debilitan como sociedad.

En ese sentido, queremos denunciar la injerencia de algunos países como Italia, y responsables políticos como Manfred Weber (Presidente del Grupo Parlamentario y del Partido Popular Europeo) en la política española. Vincular lo sucedido en Ceuta al proceso de regularización de personas migrantes en España, sin ni siquiera mencionar críticamente a Marruecos es una deslealtad y una traición al mínimo principio de solidaridad entre países que configuran un espacio común. La tramposa petición de suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por el tratado de Schengen reintroduciendo los controles fronterizos, es elevar a la categoría de política de estado el uso de bulos, desinformaciones y mentiras. Propio de una representante del neofascismo más explícito, como es Meloni, pero que debe ser duramente contestado desde instancias europeas.

Compartimos la posición de nuestro sindicato hermano, la CGIL italiana, denunciando la actitud de su propio gobierno, y abogando por una revisión del paradigma de las políticas migratorias europeas, en la medida que restringen y limitan las vías legales de entrada. Es evidente que estas políticas no son capaces de canalizar el complejo fenómeno migratorio. En el caso italiano, además, son de un cinismo extremo. El país que preside Meloni recibe bastante más inmigración irregular que España y, por otro lado, fijó un cupo de entrada anual de medio millón de personas extraeuropeas para hacer frente a las necesidades de mano de obra que la gran patronal italiana demanda. El flujo de personas italianas que viene a nuestro país es notablemente alto y creciente. El populismo y demagogia nacionalista del gobierno italiano cuenta con nuestro total rechazo.

CCOO quiere volver a poner de manifiesto los términos en los que se debe abordar la política migratoria en España y en la UE. Como hemos indicado en numerosas ocasiones, el dilema no es “inmigración sí o no”. La pregunta en todo caso es “inmigración ¿cómo?”. La UE está situada en el mayor foso de desigualdad del mundo (si excluimos la frontera entre Israel y la masacrada Palestina), y la desigualdad es motor de movimientos migratorios. Pero es que, además, la pirámide poblacional de todos los países del occidente de la UE va a hacer necesaria la inmigración para garantizar la viabilidad de nuestras sociedades. En este sentido hay que apostar por las vías migratorias legales, el respeto a los derechos humanos, la garantía de derechos y obligaciones para las personas que vienen, la igualdad de trato en las relaciones laborales para que vivan con dignidad y no sean empleadas como mano de obra con la que rebajar los estándares sociales del conjunto de la población. En definitiva, un sistema de migración legal, segura, ordenada, y eficaz, basada en la gestión de derechos y la inclusión laboral y no solo en la seguridad y la protección de fronteras, como el Pacto de Migración y Asilo de la UE enfatiza.

En esta lógica tiene todo el sentido el proceso de regularización extraordinaria que se ha promovido en España, destinado a normalizar administrativamente a cientos de miles de personas que estaban en nuestro país, en situación de vulnerabilidad extrema y, por tanto, susceptibles de ser explotadas ilegalmente. Este proceso de regularización, (que no lo olvidemos también fue apoyado por las organizaciones empresariales respondiendo a sus propios intereses de contar con mayor número de personas trabajadoras disponibles en situación legal), solo puede aplicarse a personas que ya estaban en territorio español el 1 de enero de 2026. Por tanto, es indigno alegar que el motivo de la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta tiene que ver con acogerse a este proceso, y en todo caso el supuesto “efecto llamada” se basaría en la mentira y la manipulación de las mafias que promueven la emigración ilegal, o de quienes agitan este tipo de falsedades y confusiones desde Marruecos, desde España, desde las redes sociales, o desde los atriles parlamentarios. Pero si algo demuestra el volumen de personas regularizadas extraordinariamente, es el margen de mejora de los sistemas ordinarios de gestión de los flujos migratorios. CCOO reitera su exigencia al Gobierno y al conjunto de administraciones de dotarse de los recursos suficientes para acometer una política estratégica de país que va mucho más allá en el tiempo y en las funciones, que un proceso extraordinario de regularización, por más ambicioso que sea.

Y por último, apelamos al mínimo resquicio de sentido de estado que pueda quedar en los partidos que han decidido hacer de la inmigración el principal campo de batalla político en nuestro país, y también en los de nuestro entorno. Si ya cuando hablamos de políticas migratorias convencionales es una cuestión delicada e inflamable si se aborda desde la demagogia y el oportunismo, cuando se cruzan dinámicas e intereses geopolíticos en los que intervienen agentes externos, este riesgo se multiplica. A diferencia de otras cuestiones, más fácilmente reconducibles, las rupturas y brechas sociales en un tema como este, tienen difícil recomposición. Y un país que necesariamente va a tener que convivir con importantes flujos migratorios, no puede envenenarse civilmente por la cuestión migratoria. El riesgo de quiebra de la convivencia trascenderá de ciclos políticos.

 


martes, 21 de julio de 2026

TRES VOCES DE AMÉRICA LATINA: LA RELEVANCIA POLÍTICA DEL MUNDIAL, LA CRIMINALIZACIÓN DEL ANTIFASCISMO COMO NUEVO MACARTISMO, LA CONTRARREFORMA LABORAL EN EL CHILE DE KAST

 



En este verano intenso en Europa, hay que mirar más que nunca a lo que sucede fuera de nuestras fronteras. En una misma entrada hemos decidido juntar tres voces significativas sobre aspectos relevantes para la civilización democrática. Abrimos con una  breve reflexión de Tarso Genro sobre el significado político de la victoria de la selección española – La Roja – en el mundial de fútbol, para seguir con el comunicado del Grupo de Puebla en el que denuncian la peligrosa deriva autoritaria que se está generando en Estados Unidos con la criminalización del antifascismo como “terrorismo político” y su inmediata exportación a América Latina. Y finalmente, se incorpora un artículo de Lucho Villazón, abogado laboralista chileno y viejo amigo de este blog,  junto a Antonia Morales, socióloga, en donde denuncian la contrarreforma del gobierno Kast en Chile, toda una muestra de lo que las extremas derechas hacen en cuanto llegan al poder, desmontar los avances en materia social, sean éstos pequeños o grandes. Con ello además compensamos la ausencia de entradas durante este mes de julio, en donde deberíamos haber escrito en el blog, como hacían algunos comercios alimentarios en España, el género dentro, por el calor. Vamos a ello.

I

LA COPA DEL MUNDO COMO EVENTO POLÍTICO

Tarso Genro

La copa del mundo se volvió, a partir de los años 70, cada vez más un evento político. Hoy, además, es un evento básicamente mercantil, permeado por la corrupción y manipulaciones arbitrales, para prestigiar a los chicos-mercancía (como Neymar) con sus contratos millonarios. Apoyé a Brasil en todas las Copas en las que participó la selección, incluso durante el régimen militar, sin ningún problema de conciencia, porque la mayoría de nuestros atletas estaba allí con la sangre y el sudor de nuestro pueblo, representando a nuestro país y haciendo que explosiones de alegría recuperaran nuestra autoestima. El domingo 19 de julio apoyé, bufé, insulté, grité, porque allí —en la Copa más politizada y manipulada de la Historia— estaban disputando, de un lado, el psicópata perverso Trump, el idiota y cruel Milei y el genocida Netanyahu y —del otro lado— Pedro Sánchez, García Lorca, Don Quijote de La Mancha y las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil. El fútbol violento, desleal y peligroso de Argentina perdió, no fue su pueblo. El pueblo de Argentina ya había perdido cuando eligió a Milei, el bufón almibarado que ofende todos los días la dignidad democrática de América Latina, bajo el permanente acoso imperial-colonial de un agente naranja senil cada vez más enloquecido.

II

EL GRUPO DE PUEBLA RECHAZA EN NUEVO MACARTISMO. CRIMINALIZAR A LA IZQUIERDA NO ES COMBATIR EL TERRORISMO

julio 21, 2026

Las recientes declaraciones formuladas por altas autoridades del Gobierno de los Estados Unidos representan un preocupante retroceso político e intelectual. Al presentar a “la izquierda”, “la extrema izquierda” o “el izquierdismo” como una amenaza global asociada al terrorismo, se instala deliberadamente una lógica de sospecha ideológica que creíamos superada desde los peores años de la Guerra Fría.

No es casualidad que, junto a organizaciones armadas, se evoquen una y otra vez referencias históricas destinadas a construir un relato en el que toda tradición política de izquierda aparezca bajo un mismo manto de violencia. Esa simplificación no busca comprender la historia: busca reescribirla para deslegitimar a millones de ciudadanos, partidos, gobiernos, sindicatos, movimientos sociales e intelectuales que, desde la democracia, han luchado y luchan por la justicia social, la igualdad y los derechos humanos.

La izquierda democrática latinoamericana no necesita recibir certificados de compromiso con la democracia. Ha sido protagonista de la recuperación democrática, de la ampliación de derechos, de la reducción de la pobreza y de la defensa irrestricta de los derechos humanos, incluso frente a dictaduras, persecuciones y golpes de Estado.

Combatir el terrorismo es una obligación de todos los Estados. Pero utilizar esa causa para estigmatizar una identidad política constituye un grave error que solo alimenta la polarización, debilita el pluralismo democrático y reabre una peligrosa lógica de enemigos internos.

América Latina conoce demasiado bien las consecuencias del macartismo, de la doctrina de la seguridad nacional y de las campañas que identificaban cualquier demanda de justicia social con una amenaza terrorista. Esa visión dejó miles de muertos, desaparecidos, presos políticos y exiliados. No aceptaremos que esa narrativa vuelva a instalarse bajo nuevos nombres.

El Grupo de Puebla rechaza categóricamente cualquier intento de criminalizar a la izquierda democrática o de convertir las diferencias ideológicas en categorías de seguridad nacional. Defender la democracia exige combatir toda forma de terrorismo, pero también defender el pluralismo político, el Estado de derecho y el derecho de los pueblos a elegir libremente sus proyectos políticos sin ser estigmatizados.

Frente a quienes pretenden dividir al mundo entre amigos y enemigos ideológicos, reafirmamos nuestra convicción de que la democracia se fortalece con más diálogo, más derechos y más justicia social, nunca con listas negras ni con la criminalización del pensamiento político.

La historia juzga con dureza a quienes confunden la discrepancia con el delito. América Latina no debe volver a recorrer ese camino.

iii

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, LA GRAN AUSENTE DEL DEBATE LABORAL

Luis Villazon León. Abogado. Antonia Morales Vera. Socióloga. Santiago. 19/7/2026. 

El martes 30 de junio se publicó el Informe de la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de la que participaron ocho economistas y una abogada, todos con perfiles que explican las conclusiones de la mesa: varias exautoridades y funcionarios de confianza de los gobiernos de Sebastián Piñera y personas vinculadas a centros de pensamiento de derecha, como Libertad y Desarrollo fundado por Hernán Büchi. La participación de las organizaciones de trabajadores y actores del mundo del trabajo fue restringida al envío de propuestas mediante un formulario.

El resultado de la mesa es un insumo técnico político que viene a complementar una agenda de debilitamiento del Estado y retroceso de derechos laborales individuales y colectivos, conformada por la “megarreforma”, una serie de iniciativas legislativas impulsadas por parlamentarios de partidos de derecha, proyectos que amenazan el derecho a huelga como el llamado “registro de vándalos”, y retrocesos consumados por vía administrativa como los dictámenes recientes de la Dirección del Trabajo.

En materia de derechos laborales, el Eje IV del informe de la mesa aborda cinco materias que resultan sensibles para los trabajadores: distribución del tiempo de trabajo, protección del empleo ante shocks, costos de despido e indemnización por años de servicio, polifuncionalidad laboral, y certeza jurídica en la causal de necesidades de la empresa. El hilo conductor de la propuesta es reducir costos laborales y las supuestas rigideces normativas para los empleadores. Las medidas se fundan en lo que el actual gobierno ha llamado “la emergencia laboral”, estableciendo erróneamente y sin evidencia que la principal causa del desempleo son los supuestos costos asociados a derechos laborales.

El componente laboral, “legitimado” mediante esta mesa “técnica”, es el aspecto regresivo que le faltaba al plan general del gobierno. Se trata de una reforma laboral encubierta que propone profundizar la desregulación de las relaciones laborales, debilitando los derechos colectivos, generando retrocesos en derechos conquistados por décadas y en aquellos sumados recientemente. Además, se omite deliberadamente cualquier debate sobre la negociación colectiva y su urgente reforma al actual sistema, como forma democrática de mejora de economía y condiciones de vida.

Ejemplo de ello es cómo se retrocede en la reducción de la jornada laboral a través de una propuesta “técnica” que permite calcular la jornada en promedios anuales que aumentan la jornada por sobre 45 horas semanales llegando incluso hasta 52 horas. El informe plantea que esto es posible en países como Alemania o Países Bajos. Esta afirmación desconoce que en esos países hay negociación colectiva ramal, mecanismo que permite negociar la jornada con los sindicatos y aplicarla según las particularidades de cada sector productivo, evitando la precarización y el abuso laboral.

Cabe recordar que fue el propio gobierno quien, como primera acción al día siguiente de asumir, retiró del Congreso el proyecto de ley sobre negociación ramal, negando el debate democrático sobre este mecanismo establecido en países de la OCDE que se suelen citar de ejemplo.

Un gobierno que en su discurso pone en el centro el orden, la familia y la seguridad como sus grandes paradigmas, no hace más que asestar un golpe profundo a la seguridad de miles de familias, que no solo buscan seguridad contra la delincuencia, sino que también contra el abuso empresarial y la falta de protección laboral tan propia de nuestro ordenamiento jurídico laboral.

Los cambios propuestos en materia laboral significan un profundo retroceso y van en contradicción directa incluso con la reciente encíclica papal “Magnifica Humanitas”, cuyos ejes colisionan con la agenda dogmática del gobierno. La encíclica señala en forma clara que el trabajo debe diseñarse centrado en la persona y no en el rendimiento (productividad). También pone énfasis en el rol de las organizaciones sindicales y sus instrumentos, constituyendo un respaldo explícito al rol de las organizaciones de trabajadores como actores relevantes de representación y, por cierto, a la negociación colectiva como instrumento de disminución de las desigualdades.

En efecto, el papa León XIV se refiere, ante escenarios de mayor pobreza y desigualdad provocados por la sustitución de trabajadores por sistemas automatizados, a la necesaria renovación de las organizaciones sindicales para asumir estos desafíos. Es uno de los respaldos más explícitos del texto a los cuerpos intermedios de representación de los trabajadores frente al cambio tecnológico.

Chile no va a crecer más excluyendo y precarizando a quienes sostienen el país con su trabajo: son los trabajadores quienes conocen de mejor forma los retos y necesidades de los sectores económicos en los que se desenvuelven. La propia evidencia muestra que para enfrentar los cambios en el mundo del trabajo son necesarios actores robustos, sindicatos que jueguen el rol que la propia autoridad eclesiástica resalta. Fortalecer la negociación colectiva es fortalecer la democracia en un amplio sentido: distribuye mejor la riqueza, incorpora a los trabajadores en los debates y decisiones productivas, y nos acerca a que el trabajo sea fuente de dignidad humana.