Desde
hace mucho tiempo ya pareciera que la Universidad como servicio público se
hubiera desdibujado en los programas y en las reivindicaciones de las fuerzas
políticas especialmente en el ideario progresista. Se da como un hecho
consumado el carácter público de la universidad y su financiación adecuada para
cumplir sus fines institucionales, y el hecho universitario solo en algunos
casos gana un cierto relieve mediático en función del puesto que ocupan los
centros españoles en la clasificación de excelencia de las universidades
mundiales o se destacan en la llamada “atracción del talento”, reforzada ahora
ante la oportunidad que nos da el sectarismo autoritario que se está
desarrollando en Estados Unidos. En el resto de los supuestos, la universidad
pública no se presenta ni como un problema ni como un espacio de transformación
en el marco de un proyecto reformista, una vez concluido el proceso legislativo
que culminó en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema
Universitario (LOSU) que ahora requiere un desarrollo acorde en las distintas
Comunidades Autónomas.
Sin embargo, desde la crisis del
euro y las políticas de austeridad, la financiación de todas las universidades españolas
ha sufrido descensos muy significativos en la mayoría de los supuestos todavía
no compensados tras la nueva crisis económica derivada de la pandemia. Un caso
especial, por su gravedad y su continuidad, es el de las universidades madrileñas,
centrado en la crisis de infrafinanciación de las universidades públicas. La
falta de financiación suficiente impide que se puedan desarrollar adecuadamente
las funciones que la ley impone a estos entes : docencia, investigación y
transferencia del conocimiento.
Infrafinanciación crónica sin
respuesta de las autoridades académicas
Desde el año 2008, el Gobierno
del PP ha ido reduciendo las aportaciones a la Universidad. En la Universidad
Complutense (UCM) , siendo rector Carlos
Berzosa, se reaccionó frente a estos recortes y se obtuvieron sentencias
favorables que obligaron a la Comunidad de Madrid a cumplir con la financiación
que habían prometido y sucesivamente incumplido en la época de Esperanza
Aguirre como presidenta de la Comunidad, pero este ejemplo no se siguió con
posterioridad y los rectorados actuales no han hecho uso de los recursos
jurídicos posibles para el cobro de los daños que está produciendo el continuado
recorte presupuestario que se ha ido produciendo bajo la presidencia de Diaz
Ayuso. El temor a las represalias que pudiera adoptar el gobierno regional
ha paralizado seguramente a los responsables académicos de las universidades
públicas madrileñas. El resultado final de esta historia ha sido, como todo lo
que sucede en la Comunidad de Madrid, grotesco. Un préstamo de la Comunidad a
la UCM para el pago de as nóminas de los próximos meses: no hay financiación
suficiente para cubrir los salarios de los funcionarios y trabajadores de la
Universidad porque la Comunidad lo decide así y la propia Comunidad que
incumple sus obligaciones realiza un préstamo a la Universidad que,
difícilmente, podrá pagar, cobrándole además unos intereses que se cifra en
cuatro millones sobre los treinta y seis concedidos.
Universidades privadas como
negocio
En paralelo, la Comunidad de Madrid
no ha hecho sino aumentar el número de Universidades privadas, algunas de ellas
desoyendo el informe negativo sobre su idoneidad. Por el momento hay trece
universidades privadas, que utilizan todas las armas competitivas del sector
privado para dejar fuera de juego a las universidades públicas. El primer paso
ha sido apropiarse del espacio de los másteres oficiales, pero luego vendrán
otros campos, y cuentan con la financiación extraordinaria de fondos de
inversión globales, que a su vez consideran esta inversión como un elemento
importante de la obtención de fuertes ganancias, como se ha comprobado con la
reciente venta de la UAX y el hecho de que en los últimos dieciocho18 meses,
tres centros privados han cambiado de titularidad en Madrid en operaciones que
acumulan varios miles de millones de euros.
El borrador de la LESUC de la
Comunidad de Madrid
Por otra parte, estas intenciones
quedan claramente reflejadas en el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores,
Universidad y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid, del que se ha
subrayado las líneas fundamentales:
Equiparación de lo público y lo
privado: en el documento se insiste mucho en la coordinación entre las
distintas universidades y, en particular, en la colaboración de las
universidades públicas con el resto de los actores de la enseñanza superior,
sin distinguir si son públicos o privados. Se incluye un distrito único de
prácticas y una representación igualitaria pública-privada en el Consejo de
Enseñanzas Superiores.
Apertura a universidades
privadas: Todo lo que aparece en el texto sobre la creación de nuevas
universidades, centros adscritos o presencia de universidades de otros
territorios en Madrid está pensado para la iniciativa privada. El panorama
queda abierto a que sean las relaciones político-empresariales las que originen
sin más la implantación de estas instituciones privadas sin ningún filtro
académico pues, aunque para dar cumplimiento al proceso se necesitan informes
preceptivos, éstos no son vinculantes.
Se facilita la creación y
adscripción de centros privados, así como la llegada de universidades de otros
territorios, con un control de calidad que depende exclusivamente del Consejero
competente.
Reducción de la autonomía
universitaria: Se otorga mayor poder a los consejos sociales, controlados por
la Asamblea de Madrid, en decisiones clave como presupuestos, retribuciones y
estrategias universitarias.
Infrafinanciación consolidada: Se
establece un modelo de financiación con restricciones presupuestarias,
fomentando la búsqueda de financiación privada y condicionando los fondos
públicos a criterios impuestos por la Comunidad de Madrid.
Además de ello, se reconocen
capacidades fuertemente intimidantes ante cualquier expresión del disenso de
los estudiantes frente a las decisiones de las autoridades académicas o de las
autoridades políticas de la región.
Convocatoria de huelga
Esta es la causa de la huelga
convocada para los días 26 y 27 de septiembre por la Coordinadora de las
Plataformas en Defensa de las 6 Universidades Públicas Madrileñas.
La coordinadora de las
plataformas de las universidades públicas, que integran trabajadores y
estudiantes frente a la “asfixia” económica de los centros universitarios y
para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una “financiación adecuada”
que permita ofrecer un servicio público “de calidad”.
La Comunidad de Madrid
destina menos del 0,5% del PIB a la universidad pública (la ley exige el 1%).
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Nos quieren asfixiar para privatizarlas.
El borrador de la LESUC
recorta financiación, autonomía y libertad de expresión en los campus.
Defendemos una universidad
pública, gratuita, crítica y al servicio de la sociedad.
No permitiremos que la
conviertan en negocio.
Las concentraciones cuentan con
el respaldo de los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT, que han emitido el
siguiente comunicado de huelga:
“Las organizaciones sindicales
CCOO, CGT, CNT y UGT informamos que respaldamos y damos cobertura legal a la
convocatoria de HUELGA GENERAL UNIVERSITARIA de los días 26 y 27 de noviembre,
impulsada por la Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las 6
Universidades Públicas Madrileñas.
Esta huelga nace del esfuerzo
conjunto de trabajadoras y estudiantes por defender una universidad pública,
gratuita, crítica y al servicio de la sociedad, frente al desmantelamiento que
impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el borrador de la LESUC y la
asfixia presupuestaria que pone en riesgo el futuro de nuestras universidades y
nuestras condiciones laborales.
Los cuatro sindicatos ponemos a
disposición de toda la plantilla -PDI y PTGAS- de las seis universidades
públicas madrileñas los recursos y el apoyo necesarios para garantizar que
todas las trabajadoras y trabajadores puedan ejercer su derecho a huelga con
total seguridad.
Adjuntamos un Manual de Huelga,
donde se detallan los aspectos legales y prácticos más relevantes, así como los
contactos sindicales de referencia para resolver cualquier duda o incidencia
durante los próximos días. La defensa de
la universidad pública es tarea de todas y todos.
#PorLaUniversidadPública #NoALaLESUC”
La “UNI en la Calle”
Además de la huelga y de la manifestación de cierre de la
misma el propio día 27, se han previsto, como firma de mostrar el apoyo a las
concentraciones y a la huelga y reivindicar el papel de los docentes, una serie
de clases en lugares públicos, bajo el título de “la UNI en la calle”. Se han realizado
ya el jueves y sábado pasados, y ahora se convocan para los dos días de huelga.
El miércoles 26, primer día de huelga universitaria, en la Plaza de Pedro
Zerolo se desarrollarán, de las 12 a las14 horas, clases de Semiótica Social,
Trabajo Social y Discapacidad y un conjunto de micro clases colectivas de
Educación crítica e Innovación eco social y crítica en la Pedagogía a cargo de
profesorado de CC de la Educación y otras Facultades. El jueves 27, segundo día
de manifestación, en la Plaza del Reina Sofía, también desde las 12 hasta las
14 horas, habrá clases de Físicas, Filosofía del derecho, Comunicación
Audiovisual y Ciencias de la Educación de la Autónoma, Complutense, Rey Juan
Carlos y Politécnica.
Suspensión de la obligación de acudir a clase y
aplazamiento de las actividades
Se permitirá la suspensión de la
obligación del estudiantado que secunde el paro académico de seguir las
actividades académicas establecidas. Convocada la huelga también por la Delegación
Central de Estudiantes, se permitirá la suspensión de la obligación del
estudiantado que secunde el paro académico de seguir las actividades académicas
establecidas.
La Universidad Complutense de
Madrid ha comunicado, coherentemente con este preaviso de huelga, que se aplazan las actividades de los días 26
y 27 de noviembre con motivo de la huelga convocada en el ámbito de las
universidades públicas de la Comunidad de Madrid “al no poder garantizar la
accesibilidad, la seguridad y el normal desarrollo de los eventos”
Participación y solidaridad activa
La huelga general de las
universidades públicas madrileñas es una acción importante de resistencia y de
protesta frente a una política neoliberal que quiere reducir a la universidad
pública a un papel secundario, entregando los segmentos formativos de calidad
al mercado y a la codicia de los fondos privados propietarios de las
universidades privadas que se autorizan sin freno en la Comunidad de Madrid.
La reivindicación de un servicio
público universitario potente y bien financiado en sus tres misiones es una
reivindicación fundamental en cualquier estrategia reformista. Es importante
por consiguiente que las fuerzas políticas que sostienen este proyecto asuman
como propia esta lucha y participen activamente en la misma, mostrando una
solidaridad activa con estos procesos. El respaldo expreso que han dado los
sindicatos al conflicto es una muestra muy positiva de la importancia de lo que
está en juego en esta confrontación con el gobierno de Diaz Ayuso, y
proporciona un ejemplo de la inteligencia de estas formaciones en asumir como
propia una reivindicación esencial, la defensa de un servicio público que se
quiere gratuito, crítico y que sirva al conjunto de las gentes trabajadoras de
esta región.
Un objetivo que nos provoca y compromete
a todas las personas que apostamos por un cambio social que permita disminuir
los niveles de desigualdad y ampliar el espacio del conocimiento y de la
formación para quienes deben ser sus principales beneficiarios, las clases
populares y trabajadoras de nuestro país.
