sábado, 4 de abril de 2026

ELECCIONES EN PERÚ, UN PAÍS “DULCE Y CRUEL”. HABLA MARTÍN CARRILLO

 


La selección de noticias que llegan a los medios españoles impide tener una visión cercana de todo el espacio político y social de América Latina. Sin hablar de la continua zarabanda sobre Venezuela que nos ha perseguido durante años, con una deriva en el espacio político interno, las noticias se dividen entre países con gobiernos progresistas y países con gobiernos conservadores o, en los últimos tiempos, claramente autoritarios e iliberales. De todos los países grandes del Sur, sin embargo, apenas existen noticias del Perú, quizá por la dificultad de encontrarle un lugar en la bipolaridad con la que se analiza al resto de las naciones de la América que no habla inglés. Por ejemplo, no se comenta que el próximo 12 de abril se celebran elecciones en Perú a la presidencia de la nación y a las dos cámaras que ahora retoman desde su desaparición en 1993. Martin Carrillo, profesor de Derecho laboral en la PUCP, gran y viejo amigo y frecuentador de este blog, ha mandado para su publicación en el mismo este escrito en el mejor estilo de Bryce Echenique que ilumina y explica el microcosmos político de aquella nación hermana. La audiencia de este blog sabrá apreciar lo exquisito de su prosa y lo desolador del panorama que presenta.

 

 

Elecciones en el país “dulce y cruel” (Perú, 2026)

Martín Carrillo Calle

“Porque la promesa de la vida peruana sentida con tanta sinceridad, con tanta fe y con tanta abnegación por próceres y tribunos, ha sido a menudo estafada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella: los Podridos, los Congelados y los Incendiados. Los Podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos e instituciones al servicio exclusivo de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y sus apasionamientos. Los Congelados se han encerrado dentro de ellos mismos, no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nadie más existe. Los Incendiados se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los Podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca; los Congelados lo ven como un páramo; y los Incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata. Toda la clave del futuro está allí: que el Perú se escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos” (Jorge Basadre: “La Promesa de la Vida Peruana”. En: Revista Historia Nº 3. Lima, 1945)

Los dos presidentes elegidos en la década precedente (Kuczynski en el 2016 y Castillo en el 2021), por distintas razones y circunstancias, no concluyeron el período quinquenal de su respectivo mandato. En ambos casos fueron reemplazados por uno de sus vicepresidentes(as) que luego fue vacado(a) por el Congreso, el que pasó a designar -entre sus miembros- al “encargado” de la presidencia, al que también el mismo Congreso reemplazó. De esta forma, la llamada Casa de Pizarro, ubicada en la Plaza Mayor de Lima, sede del despacho presidencial, ha tenido ocho inquilinos -algunos más precarios y fugaces que otros- en los últimos diez años.

Es evidente que la figura presidencial ha venido perdiendo peso y relevancia, de ahí la sucesión recurrente, al margen del cumplimiento del mandato de 5 años que recibe un candidato al ganar las elecciones. Cuando se agota la sucesión presidencial en el ámbito del Poder Legislativo (en el Perú elegimos una “plancha” presidencial, conformada por un presidente y dos vicepresidentes), quien preside el Congreso pasa a encargarse de la presidencia de la República. Para completar el período presidencial de Kuczynski (2016-2021), luego de la vacancia del vicepresidente Vizcarra, el encargado de la presidencia, inicialmente, fue el congresista Merino para luego ser reemplazado por el congresista Sagasti. Mientras que para completar el período presidencial de Castillo (2021-2026), luego de la vacancia de la vicepresidenta Boluarte, el encargado de la presidencia, inicialmente, fue el congresista Jeri para luego ser reemplazado por el congresista Balcázar, el actual “encargado”.

La decisión sobre el devenir político del país, ha pasado del voto ciudadano a la componenda congresal. En los hechos, ha ocurrido una mutación del modelo de gobierno, al pasar de un presidencialismo bajo controles a un Congreso omnipotente, que condiciona y sustituye al presidente de la República, avasallando la división de poderes. Y en el caso extremo, pero no infrecuente, que el Presidente y sus vicepresidentes queden al margen del gobierno, el Congreso impone su tutela sobre el congresista al que le encarga la presidencia, por lo que el real titular del poder decisorio es el Poder Legislativo, pero en estricto, esa titularidad recae en la mayoría aritmética que se alcanza, bajo el signo del beneficio compartido y del apetito satisfecho. No estamos haciendo referencia a coaliciones conformadas para formar gobierno, propias de una democracia pluralista. Lo que tenemos es un pacto mafioso entre franquicias electorales (léase partidos), gestionadas por unas cuantas familias. Y es de lamentar, que hoy por hoy, en nuestro Poder Legislativo todo se compra y se vende. El fujimorismo (Fuerza Popular), el cerronismo (Perú Libre) y otras fuerzas hiper pragmáticas, están dispuestas a negociar todo, siempre que obtengan de ello un beneficio particular de algún orden. Y si el propósito anhelado fuera tipificado como delito, los congresistas no se inhibirán para acordar la modificación del Código Penal. Y tampoco los detienen los mandamientos de la ley de Dios, especialmente el séptimo (no robarás). El peruanismo “mochar” se usa para referirse al indebido recorte de algún beneficio de naturaleza económica. De ahí se compone el término “mocha sueldo” con el que se conoce a aquellos congresistas -de diversas tendencias políticas- que se apropian de parte de la remuneración que le corresponde a sus asesores y/o personal de apoyo administrativo, por la vía de donaciones forzadas. Todas las expresiones de las fuentes de las obligaciones, que nos vienen desde Roma ([1]), han sido pervertidas por los congresistas para provecho personalísimo, a través de favores cruzados. Y es que si Dante Alighieri, hicieran un nuevo casting para completar vacantes en el octavo y noveno circulo de su infierno (dedicados al fraude y la traición, respectivamente), varios de nuestros actuales congresistas serían rechazados por estar sobrecalificados.

Es urgente que en el Perú evitemos la consolidación de una “kakistocracia”, como se le llama al sistema de gobierno gestionado por las personas menos cualificadas, y en más de un caso, desvergonzadamente inescrupulosas. Una similar aproximación ha sido hecha por el politólogo Rodrigo Barrenechea ([2]), cuando usa el neologismo “mequetecracia”, para referirse a estar gobernados por “mequetrefes” ([3]), aquellas personas de poco provecho, con más ambiciones que talentos. Si las principales decisiones de gobierno son adoptadas por “mequetrefes”, lo que cabe esperar -y se viene confirmando en la práctica- es una gestión pública “mamarrachenta” ([4]), es decir, fallida y de escasa calidad en cuanto a sus resultados. Lo que ahora podemos calificar como una “kakistocracia” o una “mequetecracia”, es lo que Jorge Basadre, en su Historia de la República del Perú, ya llamaba Estado empírico, que es aquel “en él (que) no abundan como debieran las gentes capaces y bien preparadas para la función que les corresponde ejercer en la administración y que no hay garantías para formar esos cuadros o para permitirles actuar”.

Recordemos que el partido Perú Libre ganó la presidencia en el año 2021, con su candidato Pedro Castillo. Además, obtuvo 37 curules de un congreso unicameral de 130 miembros, siendo la primera minoría. En el próximo mes de julio, acabará la legislatura con una bancada de 11 miembros.  En un mandato legislativo de 5 años, se ha hecho común que un congresista transite entre 2 o 3 grupos parlamentarios, según su cálculo personal, orientado a conseguir el nombramiento para presidir alguna de las comisiones ordinarias, cargo desde el que puede nombrar más asesores, se convierte en obligada aduana de pase para los proyectos de ley, lo que le permite negociar su dictamen favorable a cambio de que le den apoyo en alguna de sus iniciativas legislativas, obtener contratos de trabajo en el Estado o participar como proveedor de bienes y servicios, a través de familiares, amigos y testaferros.

En los últimos tres años el partido Perú Libre llegó a un acuerdo con el fujimorismo y otro partido de la derecha local, para ser parte de la mesa directiva del Congreso, lo que le permite ser factor de decisión sobre lo que se debate en el pleno, además de disponer de una docena de puestos administrativos de libre designación. En dicho lapso, el designado para ocupar esa vicepresidencia fue el mismo congresista, hermano del líder indiscutible del mencionado partido. Los extremos ideológicos se unen cuando se trata de disponer del presupuesto público y gozar de las mieles del poder.

Unas breves notas sobre la trayectoria profesional y el quehacer político reciente del congresista Balcázar, quien en la actualidad está encargado de la Presidencia, ayudará a calibrar el perfil promedio de los actuales miembros del Poder Legislativo.

El congresista Balcázar fue elegido congresista para el período 2021-2026, luego de haber desarrollado una carrera en el Poder Judicial, del cual salió por no haber alcanzado su ratificación (cada siete años se evalúa la continuidad de los jueces y magistrados de acuerdo a su desempeño en la administración de justicia). Luego fue decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (región ubicada en la costa norte, tierra del señor de Sipán), entidad que lo ha denunciado penalmente por apropiación ilícita de su patrimonio institucional.  El congresista Balcázar formó parte de la bancada de Perú Libre. Transcurrido un año renunció a dicho partido y a su bancada parlamentaria, pasando a otra bancada, con la que logró ser nombrado presidente de la comisión de educación. En el 2025 se inscribió en un partido de centro izquierda, que está participando en el actual proceso electoral. No es difícil imaginar con lo hizo la inocultable pretensión de ser nuevamente candidato al Congreso. Al revisar sus antecedentes, ese partido decidió su expulsión, por lo que el congresista Balcázar, hace pocos meses -cual hijo pródigo- retornó a la bancada de Perú Libre, pero sin recuperar su inscripción como militante de dicho partido.

En la sección política de la prensa nacional, es posible encontrar algunas noticas sobre el congresista Balcázar. Por ejemplo, una que dice que dio su voto en favor de la Fiscal de la Nación para que ella -en gesto de gratitud- disponga la contratación de su nuera en la fiscalía. Y otra noticia nos recuerda que el partido Perú Libre canjeó el nombramiento de uno de los suyos como Defensor del Pueblo, a cambio de votar a favor de la recomposición del Tribunal Constitucional por magistrados propuestos por la derecha más conservadora. Fue el congresista Balcázar quién presidió la comisión para seleccionar a los nuevos magistrados constitucionales.

El congresista Balcázar es un respetable octogenario, que toda su vida ha hecho lo necesario para acceder a cargos públicos y (sobre)vivir del presupuesto estatal, y eso no es siempre en el Perú, sinónimo de legal, moral o correcto. El congresista Balcázar se empeña en aparentar una innecesaria erudición, cuyos recurrentes gazapos ([5]) lo exponen a ser considerado un personaje anecdótico, cuando no un humorista involuntario. Todo ello lo hace muy representativo del universo de los actuales congresistas, algunos de los cuales tienen prontuario antes que curriculum, lo que los califica para desempeñar papeles secundarios en alguna novela de gansters, de autoría de Mario Puzo.

El congresista Balcázar, como encargado de la presidencia, nombró a su primer gabinete ministerial, al que hizo renunciar a las tres semanas, al calcular que no obtendría los votos necesarios para alcanzar la investidura de parte del Congreso. El segundo gabinete ministerial del Presidente encargado, se presentará ante el Congreso luego de las elecciones y hoy es de muy difícil pronóstico la votación que obtendrá. Lo que sí es seguro es que el cumplimiento de este trámite exigido por la Constitución, será motivo de otras negociaciones (léase, canje de favores), como lo será que el congresista Balcázar siga ejerciendo la encargatura recibida.

El próximo 12 de abril los peruanos iremos a votar por presidente, entre 35 candidaturas. Elegiremos también a 130 diputados y a 60 senadores, ya que retornaremos al bicameralismo que abandonamos en el año 1993. Está más claro por quien no votar que por quien hacerlo. A muy pocos días de los comicios, es muy alto el porcentaje de los ciudadanos que aún no ha decido a quien le dará su voto.

Fue el historiador Jorge Basadre, quién en su discurso de aceptación de la condecoración de la Orden del Sol, en enero de 1979, recordó que el Perú, “en más de una ocasión, resultó sumido en un agonizar cruento para tener, luego, extraordinaria aptitud para reaccionar. País de demasiadas oportunidades perdidas; de riquezas muchas veces mal gastadas atolondradamente, de grandes esperanzas súbitas y de largos silencios, de obras inconclusas, de aclamaciones y dicterios, de exaltaciones desaforadas y rápido olvidos. País dulce y cruel de cumbres y abismos”.

Los ciudadanos de este país “dulce y cruel” estamos llamados a reaccionar en las elecciones generales del 12 de abril, votando por un presidente con sentido común que cuente con una bancada con capacidad de maniobra, votando por la reconfiguración del Congreso, para que haya más raciocinio que latrocinio, liberando así al Perú “del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata”.

Lima, 03.04.2026

 



[1] Del “do ut des” (doy para que des) al “do ut facias” (doy para que hagas) y del “facio ut des” (hago para que des) al “facio ut facias” (hago para que hagas).

 


lunes, 23 de marzo de 2026

NOTAS SOBRE EL REFERENDUM “CONFIRMATIVO” DE 22 Y 23 DE MARZO DE 2026 EN ITALIA

 


Esta tarde del 23 de marzo se ha conocido que el referéndum convocado en Italia que debía confirmar una “ley constitucional” que revisaba siete artículos del Título IV de la Parte II de la Constitución italiana dedicada a la Magistratura y frente al cual el gobierno Meloni había defendido que se votara SI, ha sido ampliamente derrotado por el NO, que ha obtenido una victoria amplia tanto territorialmente como respecto a las franjas de edades de las personas que votaban. Este hecho es muy alentador no solo para la izquierda italiana sino también para España, porque es una señal clara de que lo ineludible de la vistoria en el 2027 de la derecha y ultraderecha, los partido de Trump y Netanyahu en nuestro país, no está ni mucho menos segura.

El objeto de esta Ley que la ciudadanía italiana debía “confirmar” tenía los siguientes rasgos distintivos en la reforma de los órganos de gobiernos de jueces y juezas asi como de la carrera judicial.

Separación de carreras: Distinción clara entre la carrera de los jueces y la de los fiscales, poniendo fin a la posibilidad de pasar de una a otra.

La propuesta de introducir la separación de las «carreras» como principio constitucional, y por tanto inderogable, no resulta coherente con el principio recogido en el artículo 107, apartado 3, C., según el cual los magistrados se distinguen entre sí únicamente por la diversidad de «funciones»; ni con el principio tradicional del sistema italiano—vigente desde la reforma Zanardelli de 1890— que considera que tanto los jueces como los fiscales pertenecen a un único orden de la magistratura.

Reforma del Consejo Superior de la Magistratura (CSM): El CSM – organismo equivalente a nuestro CGPJ - se dividiría en dos consejos distintos, uno para los jueces y otro para los fiscales. Además se constituiría un Tribunal Superior Disciplinario para juzgar la responsabilidad disciplinaria de los magistrados, en sustitución de la actual sección disciplinaria del CSM (Consejo Superior de la Magistratura).

La división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos (junto con la retirada de la competencia disciplinaria, que se ha confiado a un tercer órgano, el Tribunal Superior Disciplinario), no solo contribuye por sí misma a debilitar el orden judicial frente al poder político, ya que acaba configurando la actividad de fiscalización de los jueces como un poder autónomo potencialmente en conflicto con el poder judicial, sino, sobre todo, porque se opta por la elección del criterio del sorteo para la composición del componente judicial de los dos Consejos Superiores (y también de los miembros judiciales del Tribunal Superior Disciplinario) lo que debilita potencialmente la función de garantía que dichos órganos deben desempeñar en el ámbito de funciones de relevancia constitucional y busca la eliminación de la influencia en este punto de las “corrientes” ideológicas que se organizan entre los jueces y magistrados italianos. Este ha sido un argumento repetido hasta la saciedad por el gobierno Meloni, para quien el criterio del sorteo sería la única solución viable para evitar los riesgos de que las decisiones del CSM se vean condicionadas por las lógicas de reparto de las corrientes asociativas, que han lastrado la labor del CSM.

Realmente esta reforma se inscribe en un proyecto más a largo plazo del gobierno Meloni de ir cambiando por partes la Constitución italiana, sustituyéndola por un sistema más cercano al presidencialista eliminando contrapesos y garantías institucionales presentes en la Constitución que surge de la derrota del fascismo. Entre estas, la más llamativa es el llamado “Premierato”, es decir una propuesta para la elección directa del presidente del Consejo de Ministros con el fin de reforzar la estabilidad del Gobierno y acabar con la designación actual por el Parlamento a propuesta del Presidente de la república, y la reforma del sistema electoral, que implica la concesión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, de un «premio de gobernabilidad», es decir, un premio de mayoría para el partido o la coalición que obtenga al menos el 40 % de los votos en las elecciones. Si ninguna lista o coalición obtiene al menos el 40 % de los votos para conseguir la bonificación de gobernabilidad, la propuesta de reforma prevé la posibilidad de una segunda vuelta entre las dos listas o coaliciones más votadas, para determinar a quién se le asigna este “premio”.

Aunque el resultado era dudoso y el gobierno creía que iba a poder vencer, aunque por estrecho margen, la afluencia a las urnas ha sido impresionante, ha alcanzado casi el 60% superando el 50 por ciento de electores censados, lo que es en si una muy buena noticia porque además desmiente la tendencia última de los electores que se refugiaban en la abstención. El NO ha ganado con casi un 55% - 14,2 millones  frente a 12,2 millones partidarios del SI - y ha resultado ganador en la mayoría de las regiones italianas, con porcentajes muy altos tanto de participación como de votos negativos en regiones como Emilia Romagna y Toscana, entre otras (Se puede consultar los resultados en la web oficial https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/modena/referendum-22-e-23-marzo-2026-affluenza-e-risultati-eligendo ). Ha sido por otra parte muy comentado que entre los grupos de edad, el de los jóvenes ha sido el que más decididamente ha votado por el NO.

Federico Martelloni, catedrático de Derecho del trabajo de la Universidad de Bolonia y gran amigo y frecuentador de este blog, ha expresado de modo muy claro el significado democrático de este resultado. “Millones de ciudadanos han decidido volver a las urnas tras un largo periodo de desinterés; sería un error creer que han optado por utilizar el lápiz únicamente como escudo en defensa del orden constitucional: es mucho más probable que también lo hayan utilizado como espada para hacer realidad un proyecto constitucional aún muy incompleto. Como en una sinécdoque, han defendido UNA PARTE de la Constitución para relanzar el TODO que esta representa, desde el rechazo de la guerra (art. 11) hasta el acceso a la sanidad (art. 32) y a la educación (art. 33) para todos; desde el derecho a una remuneración equitativa para trabajadores y trabajadoras (art. 36) hasta la progresividad de la fiscalidad (art. 53) como pieza esencial en la lucha contra las desigualdades. La Carta Fundamental de 1948, maltratada, vilipendiada y amenazada primero en la época del neoliberalismo y, hoy, en la era de la internacional negra de Trump, Netanyahu, Le Pen, Meloni… sigue representando un programa político para el futuro. En la Constitución reside la posibilidad de invertir el péndulo de la historia, siempre que se encuentre el valor para abrir de par en par puertas y ventanas”

Y añade: “La politización del voto no ha beneficiado al Gobierno de Meloni: lo ha castigado severamente. Si por fin esta derecha tan desagradable cojea, es hora de dar alas a una #alternativa. Como Alianza Verde de Izquierdas (AVS) no se cansa de repetir, un proyecto alternativo creíble se nutre de dos ingredientes fundamentales: unidad y radicalidad. El camino hacia las elecciones generales de 2027 sigue siendo tortuoso —porque esta derecha sigue siendo muy fuerte y al menos igual de peligrosa en todas partes—, pero ya no es todo cuesta arriba”

Una inyección de optimismo y de recuperación de las políticas democráticas que defienden la paz, el Estado social y la interlocución continua con las organizaciones que representan a las personas trabajadoras como la forma adecuada de responder al avance de las derechas y ultraderechas, lo que para nuestro país es también una buena señal. Se puede derrotar a las fuerzas reaccionarias y autoritarias que además son cómplices y secuaces del imperialismo norteamericano y del colonialismo israelita que están sembrando la destrucción y el sufrimiento entre la población civil en un largo proceso de crímenes de guerra, violación de los derechos humanos y prácticas genocidas. El no a la guerra lleva también consigo una defensa de la democracia frente a estos nuevos bárbaros que quieren un mundo sin otra regla que la imposición por la fuerza y el poder sobre el derecho y la obligación de mantener un nivel de ciudadanía social y política exigente y desarrollado.

El resultado del referéndum en Italia es por tanto una excelente noticia no solo para las izquierdas políticas y el sindicalismo italiano, sino también para la renovación del espacio que logró  SUMAR en las elecciones de 2023, arrebatadas al PP y VOX contra lo que encuestas y forjadores de opinión defendían como una realidad inobjetable, y la formulación del espacio de las izquierdas que se ha ido construyendo en torno a IU, Mas Madrid, Comuns, Compromis y Movimiento Sumar en estas últimas semanas.

Maurizio Landini, secretario general de la CGIL, que formaba parte del Comité Ciudadano para la defensa del NO, cuando ha saludado el resultado del referéndum, ha señalado que éste es una señal de cambio que promete una «nueva primavera para el país», y ha  invitado a celebrarlo en la calle, lo que se está efectuando en prácticamente todas las grandes ciudades de Italia.

Como decía también Martelloni, “con este referéndum querían detener el paso de las estaciones. ¡Pero hoy es primavera!”. Y una magnífica noticia también para España y Europa, la Europa democrática que debemos recuperar.

 


miércoles, 18 de marzo de 2026

NO HAY TUTELA JUDICIAL PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS

 


Los Tribunales de Justicia tienen como función garantizar la eficacia de los derechos de la ciudadanía reconocidos en la Constitución, las leyes que la desarrollan y el orden jurídico. En el desarrollo de esa función, los juristas solemos destacar el momento interpretativo de la norma que es el espacio vital de la actividad de la persona que es titular del juzgado o de aquellas que forman la sala de un Tribunal. Sobre este punto es frecuente encontrar reflexiones y análisis que entienden correctamente el momento interpretativo como un campo en disputa atravesado por perspectivas ideológicas, explícitamente marcadas por intereses de clase en el caso de la jurisdicción social, que exige un enfoque apropiado sobre la base de movilizar los elementos técnicos y políticos que están presentes en la regulación del trabajo, a partir del marco constitucional y del respeto de los derechos laborales internacionalmente reconocidos. Sin embargo, aunque constituya una forma adecuada de abordar el alcance y contenido de la función jurisdiccional, no es este el punto de vista que preocupa a la opinión pública tal como se puede comprobar de las encuestas efectuadas.

En efecto, las gentes del común de nuestro país, según el último barómetro del CIS de julio de 2025, están preocupados por la desigualdad ante la ley, porque no se trata igual a los políticos que a los ciudadanos comunes (eso opina el 90%) y la justicia no trata igual a ricos que a pobres (78,5% de los encuestados). Pero esta desconfianza (escepticismo lo denomina el resumen que hace en Google la IA de estos datos) se proyecta sobre el concepto de independencia de jueces y tribunales. Según datos que provienen de Europa. España se sitúa en niveles bajos de independencia judicial en el concierto de los 27 miembros de la UE. Polonia es el país cuyo sistema engendra menos confianza, seguido de Bulgaria, Croacia, Portugal, Eslovaquia y Hungría. A continuación, se sitúa España.

Cualquiera que recuerde los casos que transmiten las noticias en donde una Sala del TSJ puede obligar al órgano jurisdiccional que por dos veces ha archivado el caso de Mónica Oltra a abrirle juicio oral, la misma sala que entiende que no hay negligencia criminal del presidente Mazón ante la terrible imprevisión de la DANA y las centenares de muertos que esta causó, la reciente decisión de la nueva jueza de archivar un largo proceso instructorio por prevaricación contra la número 3 de Ayuso, la imputación del músico hermano de Pedro Sanchez en Badajoz o las andanzas del juez Peinado en su afán persecutorio de la mujer del presidente del gobierno, la rápida actuación ante Ábalos y la imputación de Santos Cerdán, ante la libertad plena del delincuente Aldama, la extraordinaria lentitud de la instrucción del ex ministro Montoro, y la muy reciente imputación del humorista Quequé ante una denuncia de Abogados Cristianos con petición fiscal de dos años de prisión,  por poner solo algunos ejemplos conocidos, tendrá una opinión formada sobre el trato diferente que se da a los políticos por parte de los Tribunales de Justicia en el orden penal. Y pensará que las concentraciones de togados y togadas contra la ley de amnistía votada en el Parlamento no dejan muchas dudas sobre la independencia judicial tan esgrimida por la mayoría del estamento judicial y que debe ser leída como clara afirmación del mismo frente a las decisiones que adopta el Congreso y que objetan políticamente. Claro que todo ello no es nada comparado con el protagonismo antigubernamental y la decidida toma de postura política de la mayoría de la sala de lo penal del Tribunal Supremo desde el caso de los ERE andaluces y la imputación del presidente del gobierno de esa Comunidad Autónoma, la articulada impugnación de la Ley de Amnistía hasta la condena sin pruebas del Fiscal General del Estado por defender la actuación de esta institución ante las falsedades interesadas de un defraudador confeso que era el compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo caso penal se resolverá, naturalmente, después de las elecciones autonómicas, a finales del 2027. Sin embargo, el estamento judicial – y una parte de la opinión pública- entiende que la independencia judicial está amenazada por la injerencia del gobierno en su función jurisdiccional. Este mecanismo de proyección, donde la persona atribuye a otros sus propios pensamientos, deseos, impulsos o defectos inaceptables, protegiendo así su autoestima y reduciendo la culpa, funciona bien con el apoyo inestimable de los medios de comunicación amigos y con la retorsión de la realidad que impone hoy el espacio de la interacción social y de la comunicación entre las personas.

Pero dejando por el momento la judicialización de la política que cuestiona la independencia de las personas que ejercen la posición superior en el servicio público de administración de justicia, y alejándonos también de los mecanismos de selección y su sesgo de clase y de la capacidad de efectuar una interpretación garantista de los derechos ciudadanos y de establecer un orden de valores en esta actividad central, es evidente que la estructura de la Administración de Justicia tiene una fuerte incidencia en la satisfacción de derecho a la tutela judicial efectiva. La sobrecarga del sistema judicial puede obstaculizarla o impedirla.

Esto es lo que está sucediendo con la jurisdicción social. Hay una situación crítica derivada del incremento de la litigiosidad en este ámbito y correlativamente, de la carencia de personal y de jueces y juezas. El caso es que los señalamientos se demoran y los tiempos de respuesta del aparato judicial se alargan de forma interminable. Como ejemplo de esta demora, recientemente Enrique Lillo me ha hecho llegar un caso de una demanda de nulidad de despido presentada por un trabajador contra una cooperativa de las cárnicas, en el juzgado de lo social nº 6 de Murcia, que da lugar al decreto del Letrado de la Administración de Justicia de 3 de marzo de 2026, en el cual se afirma lo siguiente:

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

- Citar a las partes para que comparezcan el 08/02/20230 a las 10:50 conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 08/02/2030 a las 11:00 horas, en AV.RONDA SUR (CD.JUSTICIA) - Sala 005 al acto de juicio.

 

Es decir, se cita para un despido - un procedimiento urgente y de tramitación preferente según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), que Implica plazos reducidos para la celebración del juicio y celeridad en la resolución judicial – cuatro años después de presentar la demanda en la que se solicita la nulidad del acto del empresario de rescisión unilateral del contrato al que se imputa discriminación o vulneración de derechos fundamentales.

Se trata, lisa y llanamente, de una evidente denegación de justicia y por tanto el órgano judicial está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE, en lo que supone el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Frente a ello, la STC 134/2024 – que contemplaba un caso en el que la revisión de la denegación de la prestación de ingreso mínimo vital se demoró tres años -solo prevé la reclamación vía responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia ante el Ministerio de Justicia. En casos extremos, si se prueba la negligencia del titular del órgano jurisdiccional, entraría en juego la responsabilidad disciplinaria ante al Consejo general del Poder Judicial.

Si, como parece en este caso, la carga de trabajo del juzgado nº 6 de Murcia es cumplida por su titular al 100 por 100, la única solución para el trabajador demandante es recurrir a la indemnización que pueda solicitar al Ministerio de Justicia, es decir, iniciar otro pleito que volverá a demorar la satisfacción de su derecho fundamental. Los jueces se liberan de cualquier responsabilidad al respecto. Para ellos basta con remitirse a los problemas estructurales como competencia de las administraciones públicas competentes – de lo que por tanto no son responsables -  o recomendar al demandante que inicie otro proceso contra la Administración, haciendo descansar sobre el demandante la carga de obtener un resarcimiento por la denegación de justicia que el órgano jurisdiccional está llevando a cabo.

Es una situación insostenible e indefendible. Los retrasos en la jurisdicción social son ya endémicos, lo que supone una violación masiva y permanente de los derechos de las personas trabajadoras. La eficacia de los derechos fundamentales reposa en nuestro sistema, en buena medida, en la garantía judicial. Una cuestión decisiva en el orden jurisdiccional social, donde el proceso pretende compensar la desigualdad pre-existente de las partes, activando los mecanismos que garantizan la eficacia de estos derechos, reconociendo su vulneración, impidiendo que la conducta empresarial se mantenga en el tiempo, removiendo su existencia, reparando y resarciendo el daño causado. Ese ha sido el objetivo ya desde el tardofranquismo, de los abogados laboralistas, la justicia democrática y el movimiento obrero. No es aceptable que se destruya la base fundamental de la garantía de los derechos de los trabajadores sin que los jueces y las juezas no sean capaces de exigir una respuesta adecuada a su función jurisdiccional

Es más, ese problema parece que no preocupa al estamento judicial. En la potente huelga que la mayoría de las asociaciones de jueces y magistrados y fiscales hicieron en julio de 2025, estos protestaban contra “reformas elaboradas por el Gobierno que atribuían más poder al Fiscal  General del Estado, elegido por el Ejecutivo, sin reforzar su independencia y creaban un centro de formación de opositores “dependiente” del propio Gobierno. Es decir, una reivindicación de la independencia judicial frene a lo que se definía como una injerencia de los poderes públicos. Y, en lo que respecta a las condiciones de organización del servicio público, la huelga se hacía porque  “las reformas suponen una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal, rompiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y permiten la introducción de 1.004 sustitutos que se convertirán en jueces y fiscales con unas simples pruebas ad hoc, lo que vulnera los derechos de las 4.000 personas que hoy están estudiando la oposición con gran esfuerzo familiar y personal”. Ni una sola palabra sobre los ciudadanos que sufren la desidia de un aparato de justicia que les niega su derecho a ver garantizados eficazmente sus derechos.

Ese ciego corporativismo judicial, lastrado además por su posicionamiento político frente a las mayorías parlamentarias, está ignorando el problema democrático fundamental de que las personas trabajadoras no tienen acceso real a la justicia. Y es también un tema del que no se habla ni se plantea como un problema fundamental que afecta a la estructura democrática de nuestra sociedad. Es urgente convocar una acción política fuerte, más allá de las fronteras del cuerpo de magistrados, con sindicatos, representantes de los agentes y operadores jurídicos en el área social, el Ministerio de Justicia y el CGPJ para lograr una solución a estos problemas estructurales en el orden social, como presupuesto de una acción que evite que se perpetúe la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía que se está llevando a cabo ante la indiferencia de quienes deberían actuar para preservarla.