lunes, 19 de febrero de 2024

ELECCIONES EN GALICIA. TIEMPO DE CUARESMA


 

Como es noticia en todos los medios, en las elecciones celebradas ayer domingo 18 de febrero en Galicia, el Partido Popular retuvo la mayoría absoluta con 40 escaños, el Bloque Nacionalista Gallego obtuvo 25, y el Partido Socialista de Galicia-PSOE logró 9. Un partido local, Democracia Ourensana se alzó con otro escaño. En comparación con el resultado de hace cuatro años, el Partido Popular ha perdido dos escaños, que ha ganado en su conjunto el bloque BNG-PSOE, con una distribución sin embargo muy diversa en cuanto al peso específico de cada opción puesto que el PSG pierde cinco diputados y el BNG gana seis. De otros partidos de ámbito nacional, ni Vox ni SUMAR obtuvieron representación. Faltan por escrutar unas 30.000 papeletas del exterior que no alterarán el resultado.

El Partido Popular gana en todas las provincias al resto de los partidos en votos y escaños. Ha obtenido en su conjunto 700.491 votos, frente a 467.074 del BNG y 207.691 del PSG-PSOE, lo que implica superar al bloque de oposición en casi 26.000 votos. SUMAR, que fiaba sus posibilidades en las provincias de Coruña y Pontevedra, ha logrado tan solo 28.171 votos, por encima de Vox en Pontevedra, pero no en Coruña, donde Vox obtuvo más de mil votos que la lista encabezada por Marta Lois.

El resultado, expresado sintéticamente, es el siguiente: El Partido Popular consolida su hegemonía política y cultural en Galicia que data de hace veinte años y que se prolonga hacia sus bodas de plata, a la vez que refuerza la posición de liderazgo de su antiguo presidente Nuñez Feijoo a nivel nacional como dirigente del PP, frente a quienes ya anunciaban su inminente destronamiento y la promoción del príncipe de Gales Moreno Bonilla. En la izquierda, se ha producido una recomposición importante de las figuras políticas y la izquierda nacionalista del BNG se configura como la alternativa de gobierno en un rol dirigente de las fuerzas de oposición al PP. Sobre la personalidad y la trayectoria histórica de Ana Pontón se ha concentrado el voto útil que ha trasvasado tanto sufragios del PSG-PSOE como de la coalición SUMAR. Las fuerzas de izquierda que gobiernan en coalición a nivel nacional, PSOE y SUMAR, han obtenido un resultado pésimo en estas elecciones, pese a que en ella se han comprometido muy activamente el propio presidente del gobierno y la vicepresidenta, junto a destacados ministros. El PSG-PSOE ha perdido cinco diputados y ha retrocedido en todas las provincias, quizá con la excepción relativa de Lugo donde se sitúa en torno al 17%. SUMAR, que ha concentrado sus candidatos en Coruña y Pontevedra, no ha logrado colocar a ninguno de éstos, pese a tratarse de personas muy relevantes no sólo en el ámbito del movimiento. Finalmente, Podemos, que rechazó presentarse en coalición con los partidos que apoyan el movimiento SUMAR, apenas ha superado el número de los inscritos que votaron desvincularse de este proceso unitario (2.513 frente a 3.800 votos obtenidos).

En periódicos, radios y televisiones, la amable audiencia del blog encontrará matices y detalles además de una mucho mayor atención al significado de estas elecciones. En esta entrada, sin embargo, simplemente se intentará reflexionar sobre ciertos elementos que su realización sugiere como comentario al margen.

El primero de ellos es algo ya antiguo y se refiere a la progresiva sensación de que los mecanismos de representación política que deberían garantizar la formación de una opinión informada como presupuesto de la participación electoral, no funcionan correctamente. Tradicionalmente este reproche iba dirigido – y todavía lo debe ser  – al procedimiento electoral, es decir, a la capacidad técnica de inducir una sobrerrepresentación de determinados sectores en demérito de otros, como en efecto sucede en el caso gallego con la sobre representación de Ourense y Lugo en perjuicio de Coruña y Pontevedra, más pobladas y de orientación más a la izquierda. Pero hay muchos más síntomas. No se comprende en efecto que el presidente del gobierno autonómico y candidato a las elecciones por el partido gobernante decline acudir a un debate con las otras fuerzas políticas con representación parlamentaria y que esta ausencia no tenga repercusión alguna en la expresión del voto y en el propio proceso electoral. La inserción en el debate del hecho demoscópico, la presencia ubicua de las expectativas de voto que orientan y predeterminan el campo de juego de las opciones posibles y los jugadores admitidos al campo, es otro de los elementos que caracterizan ahora el marco de desarrollo de los procesos de representación política y que construyen una forma de aproximarse al mismo que excluye el pluralismo político como forma de educar a la opinión pública. Un decisionismo de mercado impregna este espacio de formación del interés general y de indicación de bienes comunes que supone el derecho de participación política. Las estrategias de comunicación que se apoyan fundamentalmente en las redes sociales y en los mensajes cortos y contundentes degradan la capacidad del discurso político de generar debate articulado en torno a posiciones complejas y matizadas. Y la capacidad de enervar el contenido real del proceso de participación electoral mediante la introducción de noticias falsas o simplemente a través de elementos emocionales ligados a acontecimientos pasados o a ideologemas mediáticos, es una constante actual del contexto electoral, patrocinado y favorecido por un conjunto de medios de comunicación que acaparan la atención de la opinión pública.

Esa preocupación va más allá de lo sucedido en las elecciones gallegas, pero se proyecta como inquietud en los restantes procesos electorales pendientes – 2024 además de año bisiesto es año electoral en todo el mundo, como se sabe – y en especial respecto de las previsibles elecciones en el País Vasco que se rumorean para finales de abril y las elecciones europeas de junio. En unas y otras parece seguro que se va a asistir a un nuevo enfrentamiento entre las formaciones políticas a la izquierda del PSOE, que al presentarse por separado Podemos y SUMAR volverán a luchar por una representación exigua o por quedarse sin representación, en un juego que en esta ocasión podría beneficiar al PSOE como izquierda estatal y en consecuencia ayudar a reeditar la entente PNV y PSOE en el gobierno, convirtiendo a Bildu en el polo central de la alternativa de izquierda de Euskadi.

Pero si los resultados de las elecciones al País Vasco son previsibles – incidiendo en la difícil inserción de la izquierda del PSOE que se autodenomina plurinacional en un contexto de sujetos políticos soberanistas e independentistas fuertemente implantados en el territorio – más complicado se presenta el panorama de las elecciones europeas. En ellas está en juego la orientación de la política europea en materia social y económica por los próximos cinco años, y la composición de una Comisión que gestione más allá del 2027 la problemática trascendental de las reglas fiscales de la gobernanza económica. En vez de situar Europa en el centro del debate, es previsible que el bloque de la derecha compuesto por Vox y el PP quiera aprovechar el momento electoral para intentar deducir de el un plebiscito contra el gobierno de coalición y en concreto contra su presidente Pedro Sánchez, de forma que se marque ese territorio como el que tengan que recorrer los dos partidos que conforman el gobierno. Podemos por su parte quiere centrarse en la elección de Irene Montero como el germen de una suerte de renacimiento y por tanto con proyección fundamentalmente nacional, y SUMAR tiene dificultades, por el marco en el que le quieren situar desde tantos lados, para cuestionar la constitución económica europea exigiendo que el trabajo y la política social no se considere una proyección de la libertad de acceso al mercado unificado que se condiciona necesariamente a la realización de las libertades económicas fundamentales de establecimiento y de prestación de servicios. El fracaso de la directiva de los trabajadores de plataformas y el previsible desmoronamiento de la directiva sobre diligencia debida y sostenibilidad dice mucho de la reanimación del proyecto neoliberal que no tiene problemas en aliarse con las versiones nativistas que sostienen sujetos políticos en alza en diferentes países europeos.

Esperemos por tanto estos nuevos momentos en los que se expresará la voluntad de los ciudadanos. Hoy habrá en Galicia una razonable alegría por parte del nacionalismo gallego al configurarse como la primera fuerza de oposición y consolidarse como un gran proyecto nacional y progresista que se ha impuesto frente a las versiones políticas que provienen de las fuerzas que componen el gobierno de concentración, en franco retroceso una e irrelevante parlamentariamente la otra. Pero desde La Mancha profunda desde la que se escribe esta entrada, y simpatizando con esa razonable alegría, conviene recordar que el Partido Popular ha ganado las elecciones por mayoría absoluta y que el objetivo fundamental de las fuerzas de izquierda, impedir que gobierne Alfonso Rueda, no se ha logrado.

Tras el carnaval, el Entroido, llega la cuaresma. No lo olvidemos.

jueves, 15 de febrero de 2024

NET21: UN DIRECTORIO RENOVADO

 


En marzo de 2021, un grupo de especialistas en derecho laboral y de seguridad social, con fuerte arraigo en la universidad, que tenía su origen precisamente en unas reuniones efectuadas en el seno de un grupo de estudios de la Fundación 1 de Mayo con la finalidad de preparar un proyecto de regulación que incluyera una Carta de Derechos Fundamentales de las y los Trabajadores y por extensión, una regulación completa de las relaciones individuales, la representación en la empresa y la negociación colectiva, siguiendo el esquema del Estatuto de los Trabajadores vigente, se presentó ante la opinión pública y las redes sociales mediante la creación de una página, NET21. Este título suponía un acróstico que tenía como referencia el “Nuevo Estatuto de los trabajadores del siglo XXI”, una reivindicación constante en el espacio político-electoral desde 2015 y que posteriormente se reiteraría con lenguaje inclusivo en el programa del primer gobierno de coalición progresista de diciembre de 2019 para volver a aparecer, en esta ocasión como “Estatuto del Trabajo del siglo XXI”, en el programa del segundo gobierno de coalición progresista tras las reñidas elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Como se anunciaba en el documento explicativo de su nacimiento, quienes sostenían el proyecto eran “laboralistas comprometidos y comprometidas con la democracia social”, porque ese objetivo marcaba la forma de aproximarse a la interpretación del sistema jurídico laboral vigente que orientaba las propuestas de cambio efectuadas. En apretada síntesis, se quería ofrecer al público  “un espacio de debate, de contraste y de proyecto”, un lugar donde se pudiera encontrar un análisis serio y una confrontación de posiciones que permitieran fortalecer el poder colectivo sindical y la profundización de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo, “prestando especial atención a la actualidad laboralista presente en las normas laborales, en la negociación colectiva y en la interpretación judicial, pero también en el planteamiento de los conflictos y su solución fuera del ámbito judicial”.

El objetivo debe estimarse cumplido. NET21 se ha venido configurando como un espacio de intervención en materia de relaciones laborales, de análisis y reflexión sobre las reformas del marco institucional y sus posibles reformas, así como un instrumento útil para marcar los elementos más sugerentes para el comentario o la crítica de la realidad normativa, de la interpretación judicial o de la actuación sindical que proporciona la actualidad en nuestro país. Ha dedicado asimismo su atención al texto y al contexto europeo e internacional, con interesantes aportaciones también en este ámbito. A partir de la obtención del número ISSN, la página ha sido muy visitada y citada también académicamente, como una herramienta de trabajo que ha cobrado una cierta audiencia entre las personas que nos dedicamos al estudio del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social. El contador de visitas es por otra parte muy impresionante.

La iniciativa que partió de las mujeres y hombres que, como se explicaba en la introducción primera a esta página, dedicados profesionalmente al estudio del Derecho laboral y de la Seguridad Social tanto desde una perspectiva académica como desde la defensa forense y asesoramiento del colectivo de las y los trabajadores, habían resuelto “participar en el espacio de la comunicación e información haciendo oír nuestras voces”, que querían  “aportar una opinión abierta y plural sobre las normas y las reglas que rigen las relaciones de trabajo en la actualidad, pero también sobre  su cambio posible y necesario y las políticas del derecho que a nuestro juicio deberían ponerse en práctica”, ha cumplido por consiguiente con ese propósito que nació como una propuesta para encauzar el trabajo colectivo realizado durante más de un año y cuya primera aparición tuvo lugar a finales de marzo de 2021, como se ha indicado.

La página NET21 anunciaba un grupo amplio de personas, principalmente pertenecientes al ámbito universitario, pero en el que también se encontraban gentes de la magistratura y de la abogacía laboralista y de la asesoría sindical, en número de 40, coordinados por un “directorio” formado por Jaime Cabeza, Francisca Ferrando, Rafael Gómez Gordillo, Amparo Merino y Francisco Trillo, por riguroso orden alfabético.

Durante este trienio de actividad, se pueden encontrar en NET21 registros muy interesantes de las principales cuestiones que interesan a los expertos en el mundo del trabajo y sindical, a partir de las intervenciones plasmadas en los textos que se publican. También se han intentado en alguna ocasión abordajes más originales, en forma de entrevista grabada en video y luego colgada en la página, una experiencia muy útil que debería repetirse en el futuro porque permite la apertura de una discusión y la presentación de un razonamiento más allá del texto escrito, siempre necesariamente reducido. La oportunidad y efectividad de ese formato se ha visto también corroboradas por cómo ese mismo esquema se ha reproducido por una institución tan importante como significativo, la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS) que ha replicado el formato a través de los briefs que posteriormente ha recogido en una publicación anual. Además de eso, la presencia en Instagram y en la red social X es también objeto de seguimiento de las entradas aparecidas.

La conformación del nuevo gobierno ha incidido en el directorio de NET21. Como previsiblemente es conocido, Amparo Merino, catedrática de Derecho del Trabajo en la UCLM, ha sido nombrada secretaria de estado de Economía Social en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y Rafael Gómez Gordillo, profesor titular de la misma materia en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, ha sido a su vez designado asesor en el mismo Ministerio. Este cambio de situación ha originado un cambio a su vez en la composición del comité directivo de la página NET21, con el ingreso en la misma de Carmen Grau, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Henar Álvarez Cuesta, catedrática de la misma materia en la Universidad de León, manteniéndose los otros tres componentes más veteranos del directorio.

Este directorio renovado ha comenzado con fuerza a situar en el espacio de la discusión pública determinados elementos sobre los que el debate está asegurado. Las últimas entradas versan sobre  la importancia del salario mínimo y su relación con el IPREM, un comentario muy interesante sobre la STJUE de 18 de enero de 2024 (asunto C-631/22) en el que se analiza la conformidad de la regulación española en materia de extinción del contrato por incapacidad permanente total a lo dispuesto en la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y a la Convención de Naciones Unidades sobre los Derechos de las Persona con Discapacidad, de 13 de noviembre de 2006, y una reflexión sobre la semana de 4 días, ese producto fundamentalmente mediático que enlaza con el debate actual sobre la reducción de jornada y la reformulación de la regulación del tiempo de trabajo.

La renovación del grupo impulsor de NET21 ha coincidido con un decidido aliento de nuevas intervenciones y más frecuentes sobre temas de actualidad. Bienvenida sea por tanto esta regeneración de la potencia de la página, más necesaria que nunca en estos momentos en los que está en disputa la continuidad de un modelo de regulación de la relación de trabajo basado en el fortalecimiento y promoción de derechos individuales y colectivos que se ha ido diseñando a partir de la situación de excepción creada por la pandemia a partir del 2020 y que hoy poderosas fuerzas económicas y políticas pugna por ir desmontando, en un retorno a las políticas de austeridad felizmente desterradas y combatidas en los últimos años.


domingo, 11 de febrero de 2024

HABLANDO DE TERRORISMO EN SERIO. LA OPINIÓN DE JUAN TERRADILLOS

 


Es clave conocer realmente cuales son los márgenes entre los que nos movemos cuando hablamos del delito de terrorismo tras la reforma del Código Penal en 2015 y la interpretación que del mismo están haciendo jueces instructores y Juntas de Fiscales, relacionándolo con el caso del Tsunami Democratic.. Como ya advertimos en otra entrada del blog, Juan Terradillos, catedrático emérito de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz y amigo y sostenedor de este blog, ha aceptado nuestra invitación para poder explicar, autorizadamente desde la óptica del Derecho Penal, este crucial asunto, que se expone a continuación no sin agradecer el esfuerzo y la exhaustividad de esta intervención de nuestro amigo.

I

Planteamiento

La primera de las cuestiones a analizar es la de si los hechos juzgados en el caso Tsunami Democràtic, son constitutivos de delitos de terrorismo, y -segunda cuestión- si, en caso de ser calificados así, pueden ser constitutivos de delitos de terrorismo que comportan grave violación de los derechos humanos o no. Se trata de cuestiones jurídicas, pero que predeterminan la respuesta a la cuestión política que interesa, la de si los delitos imputados a los participantes, a todos los niveles -directivos o de mera ejecución- en las movilizaciones protagonizadas por Tsuanmi Democràtic, son subsumibles en la LO de amnistía, actualmente en período de debate.

El texto del art. 573 CP es el siguiente: “1. Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior.

3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos tipificados en este Capítulo.

II

Exclusión del ámbito amnistiable de los delitos de terrorismo constitutivos de violación grave de derechos humanos

La segunda de las cuestiones -diferenciación entre terrorismo amnistiable y el que no lo es- ha de resolverse, por razones de eficiencia, en primer lugar. Cierto que todos los delitos de terrorismo afectan a derechos humanos, y en este sentido ninguno estaría abarcado por una ley de amnistía que excluye el terrorismo. Pero cuando es el propio texto constitucional el que establece jerarquías y criterios de ordenación entre los derechos fundamentales, es obligado seguir la referencia normativa, y estimar, a tenor del art. 53.1 CE, que lo que se pretende es excluir de la ley de amnistía los delitos terroristas que comportan afectación grave a los derechos humanos de los artículos 14 a 29.

Con todo, el ámbito de lo amnistiado o no sigue adoleciendo de una delimitación difusa, por cuanto queda en el aire la razón por la que no se excluyen también los “derechos de los ciudadanos” de los artículos 30 a 38 CE. Lo que obliga a decidir no guiados por la calificación normativa (no hay en la CE un concepto ni un listado de “grave violación de los derechos humanos”).

En este ámbito, y a efectos penales, habría que acudir como criterio de delimitador, la pena correspondiente a cada uno de los delitos examinados. ¿Solo los delitos castigados con pena grave? ¿Incluidos los delitos meramente patrimoniales o las falsedades documentales graves, como quiere el art. 573.1 CP? ¿Incluidos los delitos informáticos no graves, como decide el art. 573.2?.

La cuestión no tiene respuesta con la nitidez necesaria para avalar interpretaciones judiciales opuestas o propicias a los resultados pretendidos por el legislador del que parte la ley de amnistía (Excurso: esa finalidad solo puede lograrse legislando bien, no improvisando parches de coyuntura).

Ahora bien, hay que tener en cuenta que los hechos imputados por los jueces y fiscales que se han manifestado partidarios de entender que son hechos terroristas, afectan a precisamente a esos derechos fundamentales: no se imputan conductas constitutivas de falsedad documental o delitos informáticos, sino otras que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos/derechos humanos de primer nivel, como la vida, la integridad física, la libertad ambulatoria, etc. De ahí que las imputaciones a examen serían -dejando aparte bizantinismos que a nadie interesan- de hechos constitutivos de terrorismo que comporta afectación a derechos humanos. Con lo que las resoluciones judiciales que comulgan con los criterios interpretativos de, p. ej., García Castellón, siempre van a versar sobre hechos no amnistiables por una ley que deje fuera los delitos de terrorismo gravemente violadores de derechos humanos; con lo que difícilmente se van a evitar las dilaciones sobre la aplicación real de la amnistía que, sin duda, las imputaciones de García Castellón, provocarán o están provocando.

Otra cosa es que se pueda (o deba) aceptar que los hechos a examen no son calificables de terrorismo, lo que abortaría la cuestión, y la polémica, sobre cuáles de ellos serían amnistiables o no.

III

Voluntas legislatoris  y literalidad de los preceptos introducidos, en materia de terrorismo, introducidos por el “Pacto de Estado Antiyihadista” de 2015

Es necesario, por tanto, volver a la cuestión primera, cuya respuesta condicionará mecánicamente el sentido de la segunda. ¿Son los hechos imputados constitutivos de terrorismo, de modo que su eventual y ulterior prueba en sentencia firme los excluiría del ámbito de lo amnistiable?.

Para entender el sentido de la reflexión hay que remontarse a la LO 2/2015 y al espíritu del denominado “Pacto de Estado anti-yihadista”, suscrito por los partidos de la derecha no nacionalista y por el PSOE. El pacto y su plasmación legal son un ejemplo de expansionismo punitivista de libro. Pero de libro Guiness. Toda la doctrina y todos los medios ya se han pronunciado sobre la cuestión: aquella, unánimemente; estos, dependiendo de su raigambre ideológica  y “sponsorizadora”.

Y sin embargo, es necesario partir de estos datos para entender, más allá de los bizantinismos de law fare que responden a la ignorancia o/y la indecencia, la situación actual.

La LO 2/2015 pretendió, según advierte en su Preámbulo, adaptar el ordenamiento español tanto a los requerimientos de la Resolución del Consejo de Seguridad de UN 2178, de 24.09.2014, como a las características del nuevo terrorismo internacional “de corte yihadista”. También es cierto que el legislador apuntaba no solo a la criminalidad yihadista que se había manifestado con crueldad en los atentados de Atocha de 2004: aunque Segi se había disuelto en 2012 y ETA había anunciado el año anterior el cese definitivo de la violencia, los mentores del Pacto Anti-yihadista seguían teniendo en el punto de mira cualquier indicio de rebrote de kale borroka que cobijara una reorganización de ETA.

La reforma penal de 2015 respondía a los objetivos y procedimientos habituales en la legislación antiterrorista: ante la magnitud real  y simbólica del terrorismo, el punitivismo decide implementar una respuesta excepcionalmente contundente, cuya legitimación exige la construcción de un concepto de criminalidad terrorista apto para justificar las especialidades (los excesos) penales, procesales y policiales, en un marco definido por la minimización de garantías y la maximización de los espacios de intervención punitiva.

Legitimar la deriva antigarantista, genuino ejemplo de derecho penal del enemigo, exigía dejar de lado la racionalidad (intra-sistema) en que históricamente se venía asentando el rigor penal  -incluso excepcional y/o emergencial- aplicado en la materia. Esta racionalidad integra los tres elementos que, desde la Terreur, habían venido definiendo el delito terrorista: criminalidad grave que aterroriza (elemento objetivo), organización (elemento estructural-organizativo) y finalidad de usurpación del poder institucional (elemento teleológico).

La reforma penal punitivista representada por la LO 2/2015, pivota sobre una definición de terrorismo, tomada de la DM 2008/919/JAI, que, literalmente, desarbola el concepto histórico:

a) la exigencia de gravedad de la conducta queda relativizada por un art. 573 CP que atribuye idoneidad para aterrorizar a tradicionales delitos patrimoniales, a falsedades documentales o a delitos informáticos castigados con penas de multa;

b) la consideración del terrorismo como criminalidad paradigmáticamente organizada -consideración aceptada por el CP en la rúbrica del Cap. VII: “De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo”- cae cuando se tipifican como terroristas las acciones del autor individual que actúa autónomamente, al modo practicado por los primeros “lobos solitarios” nacidos en el seno del supremacismo blanco en los USA. La posibilidad de calificar como terrorista el delito de autor único y autónomo, en la medida que el individuo pueda ser autónomo en el universo comunicativo-coactivo del siglo XXI, desconoce que la ambición en los objetivos y la dañosidad de los medios terroristas, amplificada por la organización que la respalda, la logística en que se sustenta y la impunidad que facilita -todo ello multiplicado cuando se cuenta con redes de apoyo internacionales-, constituyen el caldo de cultivo condicionante desde el que avanzar hacia los objetivos políticos últimos de la criminalidad terrorista.

c) el elemento teleológico queda igualmente preterido cuando los clásicos objetivos de la organización terrorista -usurpación del poder institucional- dejan paso a finalidades más limitadas, lo  que ha permitido a las interpretaciones más reaccionarias, más asistemáticas y menos científicas de estos preceptos, esgrimir pretensiones de considerar acto terrorista las concentraciones, incluso violentas, de animalistas en rechazo del Toro de la Vega en Tordesillas, los enfrentamientos con la policía municipal de ganaderos contra la (eventual) decisión del Ayuntamiento de Lorca de regular y limitar la proliferación de macrogranjas de porcino, o el vertido, por parte de militantes de Futuro Vegetal, de jugo de remolacha lavable al agua sobre los leones que custodian la sede del poder legislativo en Madrid. En menos palabras: la degradación del elemento teleológico apuntaba a la satanización como terrorista del disenso social.

Una lectura unilateral de los artículos 571 a 580 bis CP, puede autorizar la conclusión de que todo es terrorismo; y ese instrumento espurio es el que se está utilizando ahora, por algún minoritario sector de aplicadores del Derecho y por otro sector, no tan minoritario, de medios y redes, como arma de law fare.

A través de la jibarización de su gravedad, peligrosidad y lesividad y del incremento, cualitativo y cuantitativo de las penas que se le reservan, el “nuevo” terrorismo  tipificado en 2015 vino a consolidar una tendencia político-criminal que, iniciada con anterioridad, había sido descrita por el Grupo de Estudios de Política Criminal, como proceso de “… identificación entre autoría y participación o entre delito consumado y fases ejecutivas imperfectas o preparatorias”, dentro de un conjunto de medidas “que se han mantenido como mecanismos útiles tanto para facilitar la condena de cualquier conducta, como para incrementar la gravedad de las consecuencias jurídicas derivadas del delito… con el ánimo de asegurar, a toda costa, la relevancia penal de cualquier conducta que se encuentre, de algún modo, relacionada con el terrorismo”.

IV

Organización terrorista y delito de terrorismo en el Código Penal

El legislador de 2015 fundamentó su reforma del CP en el terror generado por comportamientos enraizados en el integrismo religioso, o, quizá, tal como ha registrado reiteradamente la historia del crimen, en ese mismo terror potenciado por los propios gestores de los temores colectivos.

Pero ese mismo legislador, que actuó a impulsos de su proyecto punitivista y antigarantista, ni derogó ni reformó los principios del sistema penal diseñado por la Constitución y por los tratados y acuerdos internacionales. Tampoco los principios generales del modelo penal al que se ajusta el CP, o del modelo jurídico que impone el Titulo Preliminar del Código Civil, a cuyo tenor “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

La racionalización de los debates sobre los requisitos de la organización terrorista y sobre los elementos integrantes del delito de terrorismo no requiere la erudita acumulación de argumentos vinculados a la literalidad de tratados internacionales -que, sin embargo, no han configurado un concepto de terrorismo de aceptación generalizada- o extraídos de decisiones de tribunales, nacionales o supra-nacionales, limitados en su trabajo a las características, irrepetibles, de un caso concreto, y cuya primera tarea es la selección e interpretación de preceptos saturados de elementos conceptuales valorativos, de origen político, que, si no son reconducidos a fórmulas jurídicas, son inhábiles para concitar consensos.

Esa operación requiere partir de los principios penales impuestos, explícita o implícitamente, por la Constitución, y desarrollados doctrinal y judicialmente sobre la base de consensos constatables.

En la aplicación del Derecho Penal, que es rama del ordenamiento que actúa a través de penas, es decir, de recorte o negación de derechos fundamentales del condenado, el precepto guía, reiteradamente reivindicado por el Tribunal Constitucional, es el de respeto a la fuerza expansiva de los derechos humanos. Lo que veta al aplicador del Derecho interpretaciones que ensanchen el espacio de lo punible -que conlleva siempre restricción de derechos- más allá de lo estrictamente impuesto por la ley, esto es: lo impuesto no por la literalidad de un párrafo concreto integrado en un artículo elegido, cuando no pre-decidido, por el juzgador como referencia normativa autónoma y suficiente, sino por el conjunto del ordenamiento, interpretado de acuerdo con los principios que identifican la lectura científica de la norma y que limitan el abuso del ius puniendi por parte de un Estado que se pretende, y no por una decisión contingente y azarosa del poder político, sino por imperativo del art. 1 CE, social y democrático de Derecho. 

En Derecho penal, es de obligado cumplimiento la aplicación prioritaria -en la cronología y en la argumentación- del principio de legalidad, en cuya virtud la norma tipificadora define la conducta prohibida y punible. La interpretación del juez ha de moverse dentro de los límites fijados, como dice el Código Civil, por el sentido de las palabras. En el caso, es prioritario fijar el punto de partida: ¿qué es en el Código el delito terrorista? La interpretación gramatical lleva a conclusiones obvias, que coinciden con la valoración social del fenómeno descrito, extremo este que no puede pasar desapercibido ni a quien crea leyes penales ni a quien las aplica: el terror es en el DLE -primera acepción- “miedo muy intenso”, y sus sinónimos son “miedo, pánico, pavor, horror, espanto, aterramiento”. Provocar terror social como resultado exige, pues, conductas y medios de gravedad relevante-

Pero el Código Civil brinda otros criterios interpretativos para afinar el sentido de las palabras, que han de ser interpretadas en relación con su contexto, y tratándose de normas, la primera contextualización ha de hacerse en el ámbito normativo: se impone una interpretación sistemática del CP, que obliga a considerar que la organización terrorista es la forma más grave de criminalidad asociada -más grave, a su vez, que la individual- en una escala iniciada por las agravantes genéricas o específicas de actuar con el auxilio de otros, continuada, en orden de menor a mayor gravedad, por la asociación ilícita, el grupo criminal y la organización criminal, y culminada por el grupo u organización terrorista. La importancia cualitativa del elemento “terror” determina, incluso, que desaparezcan las diferencias entre grupo y organización: el CP las deja de lado porque la gravedad del terrorismo las hace nimias a la hora de determinación de la pena.

Contexto normativo, como referencia, pero también contexto social e histórico: no se pueden interpretar los tipos penales con criterios propios de la postguerra (con resultado de criminalización como insurgencia de la obediencia a la legalidad republicana), ni siquiera de la emergencia social conformada por la concurrencia cronológica del terrorismo de ETA, GAL, GRAPO, etc., o por la criminalidad yihadista, que una vez constatada su radicación estructural global, no puede ser afrontada con criterios de emergencia. Ni siquiera ese contexto puede justificar la preterición de las garantías que son santo y seña del sistema penal democrático.

El contexto actual obliga a elevar, aún más de lo sugerido por la interpretación gramatical y por la sistemática, el listón de la gravedad exigible a las conductas más graves, que lo son, precisamente, porque el legislador les ha impuestos las consecuencias punitivas más graves.

Y todavía hay que elevar más el listón valorativo cuando se atiende, como es obligado,  al “espíritu y finalidad” de las leyes. La reforma del CP de 2015, conforme al espíritu del Pacto anti-yihadista,  apuntaba a una criminalidad organizada, implementada, ab origine, para la sustitución violenta -incluso en forma de asesinatos múltiples e indiscriminados, violaciones etnófobicas,  utilización de tecnologías de destrucción masiva, deportaciones, etc.- del modelo político, a través de una guerra fanática con proyección transnacional y apoyo en fuertes estructuras paraestatales, con implantación en amplías zonas geográficas y con funcionalidad asegurada por una parte, no insignificante, de la banca internacional estandarizada. Un terrorismo, en definitiva, aterrorizante. No es el caso del Tsunami catalanista.  Por eso las leyes penales condicionadas en su nacimiento por esa coyuntura histórica  -lo que no deja de ser objetable científica y políticamente-, no pueden ser objeto de una interpretación actual servilmente literal y artificialmente parcelada de disposiciones que la correcta hermenéutica exige sean leídas en su contexto  

No se puede ignorar el principio de legalidad manejando un concepto de terror que no es vivido como tal por el común de la ciudadanía, sino solo por un sector de la opinión publicada que hace mucho tiempo ha hecho dejación de sus deberes de objetividad e imparcialidad, para convertir la información en germen de alarmas que, de hecho, lo son solo para sus intereses y los de sus mecenas. Ni se puede ignorar el principio de lesividad para estimar delito, y menos aún delito terrorista, la implementación de un curso causal que termina imputando objetivamente la muerte del enfermo cardíaco, que pasaba por allí, a la convocatoria de una manifestación que degenera en desórdenes públicos, y todo ello probado indiciariamente no en la instrucción judicial abierta en el momento de los hechos, sino, una vez cerrada y reabierta, varios años más tarde.  Tampoco puede sacrificarse el principio de lesividad a la eficiencia, más aterrorizante que preventiva, de la criminalización de la protesta social - que no es sino ejercicio, irregular dado el caso, del derecho de participación política- transformándola, sin base legal, en subversión terrorista. NI es de recibo ignorar el principio de culpabilidad abriendo las puertas a la responsabilidad objetiva al criminalizar, como delito terrorista, la tenencia de bienes a sabiendas de que pueden ser utilizados por la organización o grupo terrorista. Como tampoco puede prescindir el Derecho penal democrático, pergeñado por el legislador y/o aplicado por el juzgador, del principio de proporcionalidad, en cuya virtud las gravísimas penas previstas para los delitos terroristas puedan recaer sobre actos preparatorios embrionarios, de ordinario impunes en el Código, sobre formas periféricas de colaboración, igualmente impunes por regla general, sobre conductas que, como las falsedades documentales o los delitos informáticos, carecen, autónomamente considerados, de significación terrorista, etc. Ni pueden prescindir las calificaciones de una conducta delictiva asociativa de los criterios de diferenciación que el CP establece para distinguir un delito agravado por la concurrencia de una pluralidad de sujetos activos, de otro constitutivo de asociación ilícita, de grupo criminal o de organización criminal-

No todo vale en nombre de la eficacia (por cierto, no probada) contra la criminalidad terrorista, máxime si se traduce en la negación de derechos civiles y políticos, irrenunciables en los sistemas políticos constitucionales, fundamentada en la imputación de hechos que, en nuestro ordenamiento jurídico, ya suficientemente amigable con el rigor punitivista y olvidadizo de las garantías penales y procesales democráticas, no entran, por mucho que se ensanche, en la horma jurídica -esto es, prioritariamente constitucional- de la criminalidad terrorista.