jueves, 18 de octubre de 2018

UN MARCO MÁS DEMOCRÁTICO DE RELACIONES LABORALES. LA APERTURA DE UN DEBATE




En paralelo al acuerdo político que se ha suscrito en el marco de los Presupuestos de 2019, los procesos de diálogo social, tanto en mesas bipartitas como tripartitas, siguen adelante. El objeto de esta negociación en marcha que busca el cambio legislativo en materia laboral se centra en temas específicos, muy ligados a la funcionalidad de la negociación colectiva, y tiene fijado un plazo por parte del gobierno, el fin de este año. Pero también en dicho Acuerdo de Presupuestos se establece la necesidad de abrir un debate que discuta la conformación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. La Fundación 1 de Mayo ha organizado una jornada de estudio bajo el título “un marco de relaciones laborales más democrático”, articulado en dos momentos, en el primero de los cuales se quería aportar la visión de este proceso desde el derecho del trabajo, mientras que en el segundo se traía a colación la posición política que los partidos defienden al respecto, ambas partes enlazadas con la intervención de Unai Sordo como secretario general que suministraba la visión actual del sindicato sobre esta materia.

Tras la apertura a cargo de Marcos Peña, como presidente del Consejo Económico y Social que hospedaba el evento y de Ramón Górriz como presidente de la Fundación 1 de Mayo, se abrió la primera mesa coordinada por Bruno Estrada y con la participación de Antonio Baylos, Tomas Sala y Maria Emilia Casas. Era un lugar común que la apertura de este debate implicaba “construir desde las ruinas” o al menos desde las grandes devastaciones producidas por las sucesivas reformas laborales que impusieron desde la excepcionalidad social un modelo neoautoritario de relaciones de trabajo en el que la unilateralidad de los empleadores ha quedado plenamente reforzada. Es por tanto este el momento en el que se produce como un precipitado histórico la necesidad de revertir la reforma laboral, una tendencia que no sólo se puede comprobar en varios estados nacionales, sino también en el plano europeo. En efecto, en Francia la nueva propuesta de un Código de Trabajo elaborado por un amplio grupo de profesores de derecho del trabajo y expertos laboralistas en contacto con los sindicatos, en el Reino Unido, el denominado Manifiesto para un nuevo derecho del trabajo, elaborado por el Instituto de Relaciones de trabajo y asumido por el partido laborista como base para el “giro institucional” que bajo la dirección de Corbyn pretende imponerse en las próximas elecciones, en Italia la discusión y presentación de la muy importante y sugerente Carta de los derechos universales del trabajo que crea un nuevo Estatuto de los Trabajadores que refuerce la libertad y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores impulsada por la CGIL, o el propio manifiesto de CCOO aprobado en vísperas de las elecciones del 2015 que es del que tiene prestado el título esta jornada, todos ellos son hechos significativos de la tendencia a la re-regulación de las relaciones laborales. En la misma dirección camina el sindicalismo europeo con la reivindicación de modificación de los tratados mediante la introducción de una cláusula social y el desarrollo efectivo de un pilar social que promueva una recuperación del derecho social europeo.

Los juristas participantes coincidieron en la necesidad ineludible de modificar el Estatuto de los Trabajadores y  desgranaron una larga serie de notas sobre materias cuyo tratamiento legal es muy deficiente. Señaladamente, el reconocimiento de derechos fundamentales de los y las trabajadoras en una suerte de recepción de las tendencias europeas sobre el cartismo social, inspiradas en especial en la propuesta italiana de una Carta de Derechos, junto con una fuerte defensa de la democratización de las relaciones laborales unido a un fortalecimiento de los derechos de información y consulta y a la vigorización de la negociación colectiva, además de  la revisión del esquema de las fuentes de derecho. En el tema del empleo, se insistió en la causalidad del contrato temporal y la recuperación del fraude de ley y la nulidad como consecuencia del uso incorrecto de la misma, así como la revisión de las indemnizaciones por despido improcedente o ilegítimo como elemento disuasorio de la actuación arbitraria del empleador, en la línea de la última decisión de la Corte Constitucional italiana de la que se ha dado cuenta en este blog El contrato unico declarado inconstitucional en Italia.  

Otro punto muy contestado fue la regulación del Título II del ET no en la medida en que regula la audiencia electoral de los sindicatos, sino precisamente porque al basar la unidad electoral en el centro de trabajo y ser considerado este sistema por la jurisprudencia ordinaria como de derecho necesario no modificable por la negociación colectiva, resulta contraproducente para la representatividad sindical porque la fragmentación empresarial y las nuevas formas de gestión del negocio han reducido la tasa de representación, disminuyendo cada año el número de delegados y haciendo que cada vez más unidades productivas carezcan de órganos de representación. Lógicamente la negociación colectiva fue también objeto de análisis en los términos ya conocidos de rechazar la preferencia aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial y el control de los supuestos de inaplicación, con más propuestas matizadas sobre la ultraactividad, considerando de todas maneras la contractualización de las condiciones de trabajo una vez agotado el año previsto en la ley y ante el vacío regulativo que esto producía, como una solución de compromiso adoptada por la jurisprudencia ante la fórmula legal, que debe ser sustituida por un planteamiento que pivote sobre el carácter normativo del convenio colectivo y su mantenimiento hasta la conclusión de un nuevo acuerdo.

Unai Sordo por su parte consideró que el debate sobre una reforma en profundidad del ET resultaba fundamental y encomendó a la Fundación 1 de Mayo la preparación de una línea de trabajo específica sobre un nuevo marco regulatorio de la relación de trabajo. Señaló asimismo la contradicción existente entre las reformas producidas durante la gestión de la crisis, que fundamentalmente buscaban el abaratamiento de los costes de producción y una anulación progresiva del contrapoder colectivo, con las exigencias de modernización económica que requiere la transición de la economía a nuevos modelos productivos y el acomodo a la digitalización, con una alta exigencia en inversión en formación y en capacitación, de forma que la reforma laboral, aunque se alegara en su momento que era ineludible como fórmula de adaptación a las consecuencias de la crisis sobre el mercado de trabajo, realmente se confrontaba con las exigencias inmediatas de la transformación productiva que la crisis ponía ásperamente sobre el tapete. El incremento del poder del empresario, su feudalización y la desvertebración correspondiente de la negociación colectiva eran precisamente objetivos no solo inasumibles desde el punto de vista democrático sino en abierto contraste con el cambio de modelo productivo e industrial que se requería. La situación actual sin embargo permite afirmar que se está en posición de revertir algunos elementos de estas reformas, rearmando los espacios de diálogo bipartito y tripartito, siempre controlando la capacidad de sobreactuación de la CEOE en este proceso, que no conduce a nada productivo, a la vez que es posible generar un campo de influencia sobre las políticas públicas, mediante la prospección de medidas concretas de re-regulación del mundo laboral. En definitiva, una puesta en práctica por parte del sindicato del reforzamiento de la democracia policéntrica, que actúa no solo en el campo directo de las relaciones bilaterales con el empresariado, sino también con las instituciones públicas y la propia actuación de los partidos políticos.

Estos fueron los protagonistas del acto final de la jornada, donde Mari Cruz Vicente, la secretaria confederal de acción sindical de CCOO coordinó una mesa en la que participaron Toni Ferrer por el PSOE, Yolanda Díaz por el grupo de Unidos Podemos, Carles Campuzano por el PDCAT y Eva G. Sempere por Izquierda Unida. Tanto el PSOE como Unidos Podemos desgranaron los contenidos del Acuerdo sobre los Presupuestos del 2019  en lo referente a las reformas específicas de carácter inmediato y en la tramitación de las proposiciones de ley en curso, como eje importante de la nueva regulación que se pretende, sin perder de vista lo que deberá ser una reforma global de la legislación laboral a partir de la elaboración de lo que Yolanda Díaz denominó un nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI como horizonte de futuro una vez conseguida la relativa estabilidad política que se pronostica. El representante del PDCAT fue más cauto en las respuestas, subrayó la necesidad de que una reforma de la legislación laboral gozara del máximo consenso, superior al 51% de la representación parlamentaria y que fuera el fruto del acuerdo con la patronal, y matizó la conveniencia de algunas de las medidas acordadas.

Todas las personas presentes la Jornada – ponentes, intervinientes en el turno de preguntas y asistentes a la misma -  valoraron muy positivamente la apertura de un espacio de debate sobre la nueva configuración del sistema regulador de las relaciones de trabajo, que permitiera no sólo aprovechar las críticas al sistema actual, sino también explorar y ensayar nuevas propuestas adecuadas a los momentos actuales, y que este proceso fuera llevado a cabo por el sujeto sindical. Una discusión que fundamentalmente resalta la perspectiva de las relaciones laborales como relaciones de poder en donde es fundamental insertar momentos democráticos de limitación del poder privado, desterrando la opacidad y la arbitrariedad en su ejercicio. Seguiremos informando sobre el desarrollo de estas discusiones y las propuestas que se vayan realizando.


lunes, 15 de octubre de 2018

ALGO MAS QUE PRESUPUESTOS PARA UN ESTADO SOCIAL



Hacía mucho tiempo que el centro de las noticias no lo ocupaba la problemática social. La firma del acuerdo entre el Gobierno y el grupo confederal Unidos – Podemos / En Marea / En Comú Podem sobre los Presupuestos Generales del Estado del 2019, calificados “para un Estado social”, ha acaparado titulares tanto para explicar su contenido y su alcance como para recoger las valoraciones que partidos políticos, organizaciones sociales e instituciones financieras han hecho del mismo. Esta centralidad de la discusión sobre lo social como eje de la actuación política es una muy buena noticia en sí misma considerada, después de tanta atención prestada a escándalos mediáticos y reivindicaciones identitarias extremas. Por fin se habla en todos los medios de comunicación de la regulación concreta de las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población.

Esa misma acumulación informativa hace que a estas alturas no tenga interés el desarrollo exhaustivo de los contenidos de este acuerdo, en especial en lo relativo a las medidas relativas a las relaciones de trabajo y empleo y a las medidas de seguridad social. Quienes frecuentan la blogosfera laboralista de este país, han tenido ocasión de leer el amplio análisis que se contiene en el blog de Eduardo Rojo confrontando el informe del FMI y el contenido del acuerdo del Gobierno con Unidos Podemos y las confluencias, mostrando lúcidamente dos formas de entender el mundo de trabajo derivadas de puntos de vista completamente diferentes, a la vez que se describía con detenimiento lo que el Acuerdo suponía en materia de trabajo y de Seguridad social:  De la declaración del FMI al Acuerdo de la LGP 2019 Lo que se pretende efectuar en esta entrada es por tanto algo relativamente diferente, suministrar algunos elementos de análisis y de reflexión sobre el significado de un Acuerdo como el efectuado el jueves 11 de octubre.

El Acuerdo va más allá de un pacto para poder sacar adelante los Presupuestos generales del 2019. Se trata de un documento que implica una alianza entre el Gobierno y el grupo parlamentario que le da estabilidad al mismo, y compromete una acción política durante más tiempo que el marcado por la aprobación de la Ley de Presupuestos. La presencia pública del gobierno es importante porque marca el sentido de la alianza, una transacción “a la portuguesa” en el sentido que un gobierno monocolor es sostenido, sobre la base de un compromiso programático, por la izquierda política con representación parlamentaria, y esta sustentación se prolonga implícitamente durante el tiempo de la legislatura, hasta 2020. Desde este punto de vista, supone, como se ha dicho hasta la saciedad y reitera el propio documento, un cambio de inflexión respecto de los siete años de gobierno del Partido Popular, que no sólo incrementaron la desigualdad y la injusticia sino comprometieron seriamente la democracia. Es razonable por tanto el encarnizamiento con que este acuerdo ha sido recibido por los líderes actuales de este Partido, al que se han sumado los dirigentes de Ciudadanos (C’s) que se consideran al parecer coautores de esta deriva autoritaria y antisocial que practicó el gobierno al que apoyaron a partir del 2016.

Se ha señalado insistentemente que el Acuerdo requiere para su concreción obtener las mayorías parlamentarias requeridas, puesto que la suma de diputados no permite alcanzarlas, y que por consiguiente se deberá contar con el apoyo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes. La situación de los presos catalanes complica las cosas, pero la cultura política del diálogo que se está implementando en los tiempos más recientes, puede aventurar que se  llegue a un cierto punto de encuentro. No parece sin embargo que en este tema quepa ningún pacto ni con el PP ni con C’s.  En el caso de los presupuestos un escollo adicional es el Senado, en manos de una bulliciosa mayoría del Partido Popular, y la Mesa del Parlamento, dominada por PP y C’s que complicará necesariamente el camino de su eventual aprobación. Además el propio compromiso presupuestario tiene que sortear la aprobación de la Comisión europea en lo que se refiere al compromiso del déficit, en un contexto en el que las energías de la Comisión están volcadas en encontrar una solución a la oposición italiana expresada de forma contundente porque está segura de la debilidad futura de estas posiciones oficiales sobre la estabilidad monetaria una vez que en el 2019 se verifique un cambio político muy decisivo en el Parlamento europeo con el pronosticado ascenso de posiciones neo soberanistas y renacionalizadoras que además consagre posiciones de rechazo a los flujos migratorios y de los demandantes de asilo. En esta prospectiva, sin embargo, la orientación política de este Acuerdo es mucho más prometedora, puesto que abre espacios para la profundización de la democracia que deberían ser valorados positivamente en una consideración general – “holística” diría el FMI – por parte de las autoridades europeas.

Pero el Acuerdo es fundamentalmente un texto interactivo, que se relaciona con otros procesos de intercambio político y social, muy en especial con los protagonizados por los sujetos que representan a las y los trabajadores, que resultan interpelados directamente por el mismo. En efecto, los sindicatos más representativos están escribiendo también la estructura y el alcance de los derechos sociales a partir del diseño de la negociación colectiva y los compromisos que se desenvuelven en el diálogo social, y en ese sentido, se relacionan desde esa posición con el conjunto de acuerdos alcanzados en el Acuerdo de los Presupuestos para un Estado social. No se trata por tanto de que el pacto político haya desplazado al acuerdo social o que éste sea irrelevante ante la acción colectiva de sindicatos y empresarios. De hecho, algunos de los compromisos adoptados en el Acuerdo de Presupuestos para un estado social, como el tan publicitado del salario mínimo, son funcionales a la obligación pactada en el IV AENC de conseguir un salario mínimo de convenio de 14.000 euros al año, puesto que con esta subida se consolida desde el espacio público la tendencia a la recuperación de salarios tras siete años de devaluación de los mismos.

Por eso no se entiende bien la oposición de la CEOE a esta medida, puesto que se inscribe en los compromisos a los que ha llegado en el IV AENC a los que ya en este blog se hizo cumplida referencia (Alcance y eficacia del IV AENC 2018 - 2020) Es cierto sin embargo que son muchas las asociaciones empresariales territoriales que explícita – la de Asturias o la de Castilla La Mancha) o implícitamente - la castellano leonesa – han afirmado que no cumplirán ese objetivo, pero resulta claro que el Acuerdo social no tiene un carácter programático y requiere hacer cumplir lo acordado (IV AENC : revitalizar la negociación colectiva ). La subida del salario mínimo implica un paso adelante en el reparto de la riqueza y camina en la misma dirección de nivelar las desigualdades más intensas en los tramos más bajos de la jerarquía salarial, donde la precariedad es mayor. El SMI de 900 € mensuales es inferior en términos absolutos y relativos al de los principales países europeos, siendo España la cuarta economía de la Unión europea, y está por debajo de la cuantía que le correspondería en función del nivel de salarios, de riqueza y de productividad. Como se han señalado por los expertos de los gabinetes económicos sindicales, la relación entre la productividad por hora trabajada y el SMI es inferior en España a Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos, Bélgica o Francia, por lo que “además de ser una medida necesaria para subir los salarios más bajos, no es ningún disparate económico”, en palabras del secretario general de CCOO Unai Sordo. Se trata además de una obligación que se desprende de la Carta Social Europea, que ha establecido en sucesivos informes el incumplimiento de sus prescripciones por parte del Estado español.  Lo que esta subida plantea ahora a los agentes sociales es justamente el de ir consiguiendo en la negociación colectiva el salario mínimo de convenio de 14.000 € anuales. Si esto fuera así, el 92% de las personas que ganan menos de 1000 euros verían incrementado su salario, no por ley sino por convenio, en una muestra evidente de revitalización de la negociación colectiva que ya se ha acordado con CEOE-CEPYME.

Es esta sin embargo la medida que fundamentalmente ha cosechado mayores críticas por parte de los expertos y creadores de opinión neoliberales, tras de los cuales se parapetan C’s y el Partido Popular. En síntesis, el retruécano neoliberal implica que cuanto más social y favorable a las clases trabajadoras sea una medida, más contraproducente será al final para ellas, puesto que la ventaja se tornará impedimento en el empleo, tanto para encontrarlo como para mantenerlo. La receta correcta es la desigualdad en la distribución de la riqueza, la baja retribución del trabajo y la remercantilización de los espacios de satisfacción pública de las necesidades sociales, porque es la llave de un empleo fluido y flexible. Nada que ver con la realidad de las cosas ni con las obligaciones internacionales a las que el Estado español se debe. El Acuerdo se sitúa en el terreno de la política que combate los estereotipos que inciden en la segmentación del trabajo y el confinamiento en el área de la pobreza laboral.

En el texto hay otras prescripciones muy interesantes. Se recupera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años y se anuncia una remodelación del nivel asistencial de protección por desempleo. En materia sociolaboral, el objetivo pretendido es el de “recuperar un sistema de relaciones laborales más equilibrado y garantista”, lo que implica, por un lado, proceder a derogar con carácter inmediato algunos aspectos “lesivos” de la reforma laboral, y por otra parte a acelerar los proyectos legislativos de normas ya en tramitación sobre subcontratación, registro de jornada e igualdad salarial. En este tema especialmente la interactividad con el diálogo social es evidente, puesto que los aspectos mencionados en el texto del acuerdo son en gran medida insuficientes desde la perspectiva sindical, que en la negociación con la patronal está impulsando una propuesta más ambiciosa. En efecto, en el texto del acuerdo se habla de modificar las causas y la regulación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo y del llamado descuelgue salarial y “ampliar el régimen de caducidad del convenio” hasta la finalización de su vigencia, pero no incluye mención alguna a una reivindicación central en el debate sindical sobre la desaparición de la prevalencia del convenio de empresa sobre el del sector, derogatorio de las condiciones salariales y laborales más favorables de éste, y la redacción de la limitación de la ultraactividad del convenio no es lo completa que los sindicatos quisieran. En este sentido, la negociación bilateral como consecuencia del IV AENC se desarrolla en paralelo  , como se recuerda en este post del blog y pretende avanzar en las próximas fechas  consolidando un cambio importante en materia laboral al menos en ultraactividad, prevalencia convenios, subcontratación y  en la concreción de las causas y procedimientos de inaplicación del convenio del art. 82 ET. De esta manera se ponen de manifiesto las dos vertientes, pública y colectiva, en el proceso de re-regulación de las relaciones laborales que corrige aspectos importantes de las llamadas “reformas estructurales”.

El Acuerdo además promete la apertura de un proceso de debate y de discusión sobre un “nuevo Estatuto de los Trabajadores” del siglo XXI, lo que sin duda merecerá un comentario específico, en la medida en que esta iniciativa se entrecruza de nuevo con los proyectos regulativos de los actores sociales, especialmente sindicales, y promete la ratificación de instrumentos internacionales muy significativos, desde la Carta Social revisada de 1996 – aunque no menciona los Protocolos que permitirían la interposición por parte de los sindicatos de recursos directos ante el CESE – hasta el muy importante Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras domésticas. En otros puntos incluye elementos importantes como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, con un calendario que fragmenta su equiparación plena hasta el año 2021, y en materia de regeneración democrática, se menciona expresamente la derogación del art. 315.3 sobre la incriminación penal de los piquetes de huelga considerados delito de coacciones laborales. 

En cuanto a medidas de Seguridad Social, el Acuerdo concede una relevancia especial al tema de las pensiones, que abre el documento, y que recoge la primera reivindicación de la plataforma de pensionistas y de los sindicatos, la revalorización de las pensiones en función del IPC, con el compromiso de una paga extraordinaria si el IPC del 2018 supera el 1,6%, e incrementando un 3% las pensiones mínimas y no contributivas. No se hace sin embargo ninguna alusión a la supresión del factor de sostenibilidad, y tampoco resultan muy explícitas las medidas relativas al incremento de los ingresos por cotizaciones, pero este tipo de omisiones se entienden en el contexto de la remisión explícita a los compromisos alcanzados en el Pacto de Toledo y en el diálogo social. En lo relativo a la atención a la situación de dependencia, se acuerda un incremento importante de la financiación “a través de la recuperación de los acuerdos CCAA-Estado que se derogaron en el 2012” y el establecimiento de nuevo de la cotización a la Seguridad social por los familiares que cuidan a las personas dependientes. Una reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos se promete para el 2019, para garantizar a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja, así como el desarrollo del ingreso mínimo vital como prestación por hijo a cargo de las personas vulnerables, con ayudas de comedor y el compromiso de extender la universalidad de la escuela infantil de 0 a 3 años. El panorama de atención a la ciudadanía social se completa con prescripciones en materia de sanidad, educación y especialmente, vivienda. En estos aspectos la interlocución del programa aprobado no sólo se dirige a las Comunidades Autónomas, sino a las entidades locales, a las que por otra parte dedica un apartado especial. Otras medidas sobre la promoción de i+d+i o sobre la transición energética se diseñan con una cierta genericidad pero en una línea claramente expansiva.

Las valoraciones positivas del Acuerdo coinciden con el espectro político y social crítico con las orientaciones de la gobernanza económica europea y con la vertiente autoritaria y degradatoria de los derechos sociales y políticos que esta aceleró. Con mayor o menor convencimiento, las formaciones políticas del espectro del centro izquierda y de la izquierda, los sindicatos de trabajadores y los movimientos sociales, han entendido que se trata de un documento que viabiliza la posibilidad de un espacio común de encuentro entre las fuerzas del cambio democrático sobre la base de un redireccionamiento de las políticas públicas que convergen con los procesos de movilización social en una nueva regulación de las relaciones laborales y de las condiciones de ejercicio de la ciudadanía social para corregir las líneas de acción que se habían consolidado en los últimos siete años con los gobiernos del Partido Popular apoyadas a partir del 2016 por C’s. Y eso, sin duda, constituye una buena noticia, con independencia de (o precisamente por) las dificultades que encierra llevarlas a cabo ante tan obcecados como poderosos adversarios.


jueves, 11 de octubre de 2018

EL “CONTRATO ÚNICO” ITALIANO DECLARADO INCONSTITUCIONAL



El debate sobre el llamado “contrato único” ya pertenece al pasado, aunque de vez en cuando emerja, como en la proposición de ley promovida por el grupo parlamentario de Ciudadanos que fue rechazada por el pleno del Congreso. Sin embargo, la idea cobró forma en la reforma laboral que el gobierno del Partido Democrático presidido por Matteo Renzi impulsó en el 2015 a través de la ley que acabó definitivamente con la readmisión forzosa ante los despidos improcedentes, que era la regla prevista en el art. 18 del Statuto dei Lavoratori para las empresas de más de 15 empleados, y la sustituyó por una indemnización denominada ”de tutela creciente” en los supuestos de despido ilegítimo.

La resistencia sindical a esta Ley llevó a plantear una serie de referéndums derogatorios, uno de los cuales, justamente sobre la recuperación de la institución de la readmisión forzosa, fue considerado improcedente por la forma en que se construía / reconstruía la institución, yendo más allá de la pura exigencia derogatoria de la norma en que consiste la esencia del referéndum “negativo” que prevé la Constitución italiana. Sobre este tema, recogiendo la crítica a esa decisión de excluir el referéndum sobre el art. 18 SL, se puede consultar la entrada de este blog  http://baylos.blogspot.com/2017/01/referendum-y-reforma-laboral-en-italia.html Por ello,  el régimen de despido fue el que señalaba la ley para los nuevos contratos de trabajo celebrados a partir de la promulgación de la Job Act, el contrato “de tutelas crecientes”.

El enfrentamiento del gobierno Renzi con los sindicatos y la derrota del mismo en el referéndum sobre la reforma constitucional – sobre la que también este blog hizo un comentario explicativo http://baylos.blogspot.com/2016/11/el-si-y-el-no-de-matteo-renzi.html -  cooperó al resultado electoral adverso del Partido Democrático – el más bajo score electoral en 40 años – y el ascenso del Movimiento 5 Estrellas (M5S) que recogió los votos del descontento y de la necesidad del cambio. El paralelo derrumbe del partido tradicional de la derecha, Forza Italia, y el ascenso de la Lega como formación hegemónica no sólo en la derecha sino en el gobierno de coalición entre ambas fuerzas ajenas a la dinámica tradicional de gobierno en Italia, marca también el panorama político actual.

En este contexto, el nuevo gobierno italiano ha promulgado el llamado Decreto Dignidad que corrige de manera importante la ley del gobierno Renzi, y se inscribe así en una tendencia a la revisión de las reformas estructurales aplicadas en los países del Sur de Europa como indicación directa de la crisis financiera generada a partir del 2010. En ese sentido se ha traído a colación en este blog en dos entradas, una propia (http://baylos.blogspot.com/2018/08/que-sucede-con-las-reformas-laborales.html )  y otra de Francisco Trillo (http://baylos.blogspot.com/2018/09/debatiendo-sobre-la-reforma-laboral.html ),  aunque es sabido que el tema ha dado lugar a un intenso debate político a partir de una iniciativa de Anguita, Illueca y Monereo que ha generado un buen número de intervenciones y opiniones encontradas que se inscriben en un discurso más amplio sobre neosoberanismo y Unión Europea, al que se han añadido consideraciones sobre neofascismo, convergencia de “populismos” de diferente signo, y otros elementos valorativos y de opinión que por razones obvias no pueden ser objeto de comentario en este blog por exceder su propósito.

El Decreto Dignidad del gobierno verde-amarillo italiano (como es denominado) ha supuesto en efecto una corrección de los parámetros restrictivos que había fijado la norma laboral del Partido Democrático. Había impuesto límites más estrictos a la contratación temporal, sanciones para la deslocalización de empresas, ha corregido la “acausalidad” en el suministro de mano de obra – lo que llamamos nosotros empresas de trabajo temporal – imponiendo el límite temporal de 24 meses máximo y exigiendo que el contrato entre la agencia de trabajo temporal y el trabajador tiene que someterse a las causas de temporalidad fijadas con carácter general, aunque mantiene las prestaciones de trabajo ocasional organizadas en torno al pago a través del voucher, y se han eliminado en el procedimiento parlamentario de conversión en ley ciertos límites al “precariado” en la enseñanza, docente y de administración de servicios. Pero lo más llamativo del Decreto Dignidad es la ampliación de la indemnización correspondiente en el caso de despido improcedente de 24 a 36 meses, lo que constituía una mejora evidente de la norma del gobierno Renzi pero no se correspondía con las exigencias del sindicato CGIL de volver a poner en vigor para todos los trabajadores la readmisión forzosa como consecuencia del despido ilegítimo.

Pues bien, es justamente el elemento indemnizatorio el que ha sido cuestionado como inconstitucional por el Tribunal constitucional italiano. El incremento de la indemnización que ha efectuado el Decreto Dignidad no es suficiente porque la dignidad del trabajador requiere al menos que el juez pueda cuantificar el daño provocado por la injusta pérdida del puesto de trabajo. Sin embargo, tanto en el sistema de la Job Act como en el del Decreto Dignidad, el mecanismo de cálculo de la indemnización está rígidamente determinado en la ley sobre la base únicamente de la antigüedad del trabajador, y por lo mismo está expuesto, en especial durante los primeros años del empleo, al constante riesgo de un despido arbitrario con un coste indemnizatorio bajo. Es evidente para el Tribunal constitucional italiano que consentir al empleador calcular con exactitud cuánto cuesta despedir a un trabajador elimina cualquier efecto disuasorio de un despido improcedente o sin causa justa, cuestión que ha sido asimismo afirmado por las decisiones del CESE de la Carta Social Europea.

La sentencia del Tribunal constitucional italiano establece que el juez podrá determinar la indemnización por despido improcedente teniendo en cuenta no sólo la antigüedad en la empresa, sino también otros factores, como por ejemplo la gravedad del comportamiento empresarial, las posibilidades de volver a encontrar otro empleo para el trabajador despedido, las condiciones de mercado, las cargas familiares o la situación y las características de la empresa. En definitiva algo que resultaría evidente desde los parámetros del derecho civil pero que la Job Act había ignorado en perjuicio de los trabajadores y el Decreto dignidad no había remediado. El eje de esta decisión, como subraya Giovanni Orlandini en un artículo publicado en Il Manifesto del 30.09.2018 y luego reproducido en el muy recomendable boletín Diritto&Lavoro Flash (http://www.dirittielavoro.it/diritti-lavoro-flash/) es el cuestionamiento por el Tribunal Constitucional del argumento central de los defensores de las reformas estructurales en materia laboral, la necesaria calculabilidad del coste de despido para los empleadores. Por el contrario, a las empresas no se les puede garantizar la seguridad en el montante de la suma indemnizatoria en un despido improcedente, porque, como recuerda la sentencia, no es constitucionalmente lícito garantizarla a ningún individuo que lesione injustamente los derechos de otro.

Más allá por tanto de la tutela real que el ordenamiento pueda otorgar al derecho al trabajo mediante la consideración de los despidos improcedentes como actos unilaterales del empresario que deben ser removidos y donde por consiguiente la readmisión debe ser una opción siempre practicable por el trabajador, que era el debate italiano sobre el mecanismo previsto en el art. 18 SL, lo que el Tribunal Constitucional italiano aborda en su sentencia es una cuestión diferente, puesto que da por supuesto que cabe una tutela “obligacional” del derecho al trabajo consistente en la reparación económica del acto ilícito del empleador de rescisión unilateral del contrato de trabajo. Lo que sucede es que el quantum de esa indemnización no puede estar establecido de antemano en razón exclusivamente de la antigüedad en la empresa, que es un parámetro que pone en riesgo a los trabajadores de menor antigüedad en la misma ante decisiones del empleador potencialmente arbitrarias y sin embargo de bajo coste, de forma tal que en la determinación de la indemnización el órgano judicial tiene necesariamente que tener en cuenta otras variables en relación directa con la gravedad de la lesión al derecho fundamental al trabajo y a la posición personal del trabajador despedido.

Una desautorización completa por tanto del “contrato de tutela creciente”, una subespecie del entre nosotros tan publicitado “contrato único” que como es natural, no ha sido recogida ni comentada en los medios de comunicación ni por los creadores de opinión. Las razones son obvias, porque supone el cuestionamiento directo de uno de los ejes de las reformas estructurales llevadas a cabo por los gobiernos del sur de Europa urgidos por las políticas de austeridad, y porque su posible recepción en las propuestas de reversión de las reformas laborales en España como un argumento derivado de la autoridad del Tribunal Constitucional italiano – que ya había cuestionado parcialmente otras medidas de las reformas estructurales sobre negociación colectiva en el sector público y sobre recorte de pensiones – en el diseño del régimen futuro de despido. Por eso mismo, es muy importante conocerlo y difundirlo.