lunes, 21 de junio de 2021

DE NUEVO SOBRE EL ERE DE ALCOA Y LA SAN DE 15 DE JUNIO DE 2021. HABLA EMMA RODRÍGUEZ

 


A finales de año, los sindicatos y los trabajadores de ALCOA, tras una intensa movilización, veían que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconocía la nulidad de los despidos colectivos efectuados en la comarca de A Mariña en Lugo. El conflicto era interregional sin embargo, afectaba a A Mariña y a Avilés, y el acuerdo al que llegaron como salida de este ERE se ha incumplido por parte de la empresa, siempre renuente a cualquier cosa que no fuera cerrar con las menores indemnizaciones posibles. Este incumplimiento del grupo empresarial ha sido impugnado ante los tribunales y la Audiencia Nacional ha dictado una importante sentencia que resume y comenta en exclusiva para este blog la profesora de la Universidad de Vigo y gran compañera y amiga Emma Rodríguez.

ALCOA- “As cubas non se paran” (II)

SAN, Sala de lo Social, de 15 de junio de 2021

 

El mes de junio en Galicia está repleto de fiestas propiciadas por el solsticio de verano. Como toda cultura celtíbera, el sol marca nuestras vidas, y ese halo de luz es lo que parece haber inundado a buena parte de Coruña y Avilés con la Sentencia nº. 138/2021 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, conocida hace menos de una semana. Ya comenté que con el pronunciamiento del Tribunal de Xustiza de Galicia[1], los festejos navideños se habían adelantado en la comarca gallega, aunque ahora la algarabía no ha sido tanta porque lo que se celebra, en realidad, no significa que “as cubas non se paran”, sino que el engaño empresarial sobre el mantenimiento del empleo, va a costarle mucho y va a tener que asumir todo esos costes. Como explica el breve resumen del propio Tribunal, ante el incumpliendo del Grupo Alcoa Inespal S.L.U sobre la “medida complementaria acordada, consistente en la reindustrialización de las plantas y mantenimiento del empleo mediante su compraventa a un empresario serio, solvente y rigoroso”, “resulta de aplicación la medida alternativa pactada, reconociendo el derecho de los trabajadores afectados a que el plan de recolocación externa y las extinciones contractuales que se produzcan, se lleven a cabo en las condiciones previstas en dichos acuerdos”.

Si bien esta celebración es agridulce para las personas que viven -y quieren seguir haciéndolo- en la Mariña y Avilés porque el cierre de plantas industriales como éstas lo complicarán mucho, el Fallo de la Audiencia es “histórico”, como lo han calificado los representantes de las centrales sindicales presentes en el Comité de empresa, quienes vienen manteniendo una aguerrida resistencia desde enero de 2019. Son conocidas las huelgas y los paros protagonizados por las personas trabajadoras de las plantas de Coruña y Asturias – 688, en total en 2018; 375, en la primera y 313, en la segunda- acompañados por sus familiares, vecinos y autoridades locales. Esas marchas que surfearon las olas de la COVID, que recorrieron las calles más cercanas a las propias “cubas”, pero que también se desplazaron a otras alejadas para reclamar su legítimo derecho al trabajo, parece que serán recompensadas, al menos, económicamente. Esto es lo que en la práctica significa la Sentencia de la Audiencia Nacional, que no es poco. Pero vayamos por partes.

El día 10 de noviembre de 2020 las respectivas Federaciones de industria de los sindicatos CCOO, UGT, USO, CIG y la Confederación de cuadros y profesionales presentaron demanda sobre conflicto colectivo frente al Grupo Alcoa INESPAL (ALCOA INESPAL SLU, ALUMINIO ESPAÑOL SL, ALUMINA ESPAÑOLA SA, IBERIAN GREEN ALUMINUN COMPANY, SL ALU IBERICA LC SL, ALU IBERICA AVL SL, ALU HOLDING AC SPAIN, S.L., ALU HOLDING AVL 2019 SPAIN, PARTER CAPITAL GROUP AG, BLUE MOTION TECHNOLOGIES HOLDING AG. El 20 de mayo tuvo lugar el juicio, tras el perceptivo intento de conciliación, en el que los demandantes se mantienen en sus pretensiones frente Grupo Alcoa INESPAL y ALU IBERICA LC SL, ALU IBERICA AVL SL.

Tal y como se recoge a lo largo de los treinta y siete hechos probados de los que consta la Sentencia, queda acreditado que el “acuerdo de despido colectivo”, de 15 de enero de 2019 y el posterior de 4 de julio de 2019, recogen las obligaciones que asumen las partes a la finalización del periodo de consultas. Dicho acuerdo planteaba dos escenarios alternativos. En primer lugar, potenciar venta de las plantas de Avilés y Coruña y oportunidades de reindustrialización para lo que se establecía un plazo hasta el 30-6-2019. Y, si ese proceso fracasa, se procedería a ejecutar el despido colectivo en los términos y condiciones en dicho Acuerdo establecidos.  Como afirma el Fallo, la pretensión principal de este litigio se apoya en esa importante base fáctica, al demandarse en sede judicial la interpretación del referido acuerdo y sus anexos. En concreto, como se desprende de los suplico 3º y 4º de la demanda, se reclama que no se ha completado la primera parte del acuerdo sobre “la venta de las plantas y oportunidades de reindustrialización”, “por lo que estiman que debe entrar en juego la alternativa extintiva de contratos, en los términos en dicho acuerdo establecida” (F.J. 2º).

Una vez fijada la controversia principal del litigio, la Sala procede a responder a las excepciones procesales aducidas por la parte demandada. Dedica a este cometido los Fundamentos del 3º al 8º, sin que estime ninguna de ellas, bien por su relación directa con el fondo del asunto o porque carecen de fundamento en sí mismas. Resulta casi llamativa –por obvia su intencionalidad de “huida” de las garantías del proceso laboral- la referida a la incompetencia de la jurisdicción social, tratándose justamente de una pretensión planteada al hilo de un proceso de despido colectivo de los centros de trabajo de Asturias y Galicia. Con la misma base se responde a la alegación de “falta de acción”, a la “falta de legitimación pasiva de ALCOA”, a la “falta de competencia de la Audiencia Nacional”, a la alegación sobre la “prescripción de la acción” y a la pretensión de calificación del conflicto como de “intereses”, intentando obviar que la obligación sobre la que se reclama la tutela judicial “ya está creada en los acuerdos alcanzados en el periodo de consultas” (F.J. 7º). En fin, los argumentos empresariales son descartables –algunos de plano- porque evidencian “la intención de desvincular formalmente al Grupo ALCOA de la titularidad y gestión de ambas plantas y por tanto de las responsabilidades propias del ámbito laboral, particularmente en lo relativo al despido colectivo”, como denuncia la representación de los trabajadores (F.J. 3º).

A partir del FJ 9º la Sala entra en el fondo del asunto. De hecho, hay que valorar muy positivamente que el Ponente del Fallo –el magistrado Pablo Aramendi - no se pone de perfil en ningún tema, antes, al contrario. Recuerda que la Reforma del año 2012 fue la que eliminó la autorización administrativa previa como requisito preceptivo para que un despido colectivo prosperase, de manera que, a partir de entonces, toda la responsabilidad recae el empresario y su reforzado poder de dirección. Es más, como se estipula el art. 51.2 ET, el empresario es el que adopta la decisión definitiva y se vincula con la otra parte al cumplimiento de las obligaciones adquiridas y “a todas sus consecuencias”, según el art. 1258 CC.  Por lo tanto, las consecuencias de la selección del empresario comprador –según los términos del propio acuerdo de despido colectivo- sólo recaen sobre el Grupo Alcoa y, en ningún caso, sobre ninguna Administración –ni gobiernos autonómicos, ni nacionales-.

Para contrarrestar esta potestad empresarial de alguna manera, la norma española –art. 51.2ET y RD 1483/2012-, en aplicación de la correspondiente Directiva 98/59/CE[2], sobre despidos colectivos, se refiere a una suerte de “medidas sociales de acompañamiento” (MSA) encaminadas a paliar o disminuir los efectos sociales sobre los trabajadores afectados por la decisión empresarial. En este caso, como explica el Fallo, estas MSA entrarán en juego si fracasa el proceso de venta de las plantas a un tercero que “adquiera la totalidad de las relaciones laborales del personal, con el objetivo de mantener el empleo”. Es decir, “nos encontramos ante dos obligaciones, que nacidas del mismo contrato, son distintas, pero estrechamente vinculadas de modo tal que el fracaso del proceso de venta activaría la extinción de los contratos” (F.J. 10º).

Pues bien, el primer y principal compromiso que adquiere Alcoa ante las causas que le llevan a acudir a un proceso tan dramático como el despido colectivo es “vender las empresas a un comprador serio, solvente y riguroso[3] que se haga cargo de las plantas y con ello del empleo, propósito que sólo puede resultar exitoso si, como se acaba de indicar, se acomete la necesaria adaptación y reindustrialización de las instalaciones, para alejarlas de su actual obsolescencia, lo que necesariamente exige cuantiosas inversiones”. Como destaca la Sala, Alcoa es una relevante multinacional del sector y parece apropiado –así se acepta en el acuerdo- que sea ella la que seleccione al comprador que presente el perfil exigido. Sin embargo, “siendo esta la obligación asumida por ALCOA frente a sus trabajadores de Coruña y Avilés, a ella como deudora de tal compromiso, le corresponde la prueba demostrativa de su cumplimiento, art. 1214 CC en relación con art. 217 LEC, lo que aun siendo un presupuesto obvio debe recordarse por cuanto que ALCOA reitera en conclusiones precisamente lo contrario”. (F.J. 12º).

Con lo expresado hasta ahora, queda claro que el Tribunal –al igual que la Inspección de Trabajo, tanto de Avilés, como de Coruña, en sendos informes recogidos en los hechos probados (34º y 35º, respectivamente)- desconfía de la verdadera voluntad de Alcoa a la hora de seleccionar al comprador Parter Capital Goup, siendo que compra finalmente, Blue Motion Technologies Holding AG, mercantil designada por Parter para la compraventa de las participaciones sociales de ambas plantas. De hecho, a partir del F.J. 3º el Tribunal se pregunta –literalmente- “¿Quién es Parter? ¿Quién es Blue Motion?” y cómo se diseña el plan de negocio y su inversión en RRHH. Las conclusiones se adivinan ya en la descripción de los hechos probados, tanto por la limitadísima inversión, como la escasísima carga de trabajo que busca la empleadora y la inexistencia de una formación real hacia los trabajadores. Todas estas carencias e incumplimientos resultan más reprobables aun si se tiene en cuenta el cambio de modelo productivo de las plantas hacia el aluminio secundario, en lugar del electrolisis habitual. Y, por si la ausencia de responsabilidad demostrada por Alcoa a la hora de elegir comprador, el Tribunal confirma que “la prueba practicada lo que evidencia es que Alcoa nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores tras la compraventa de las plantas”. (F.J. 23º).

Por lo tanto, el Fallo viene a reconocer el derecho de los trabajadores a la extinción de sus contratos en las condiciones pactadas, así como a poner en marcha el plan de recolocación, sin que Alu Ibérica LC ni Alu Ibérica AVL tengan responsabilidad alguna, pues resulta imposible el plan de reindustrialización planteado y descarta la posibilidad de “desviación” de responsabilidades. Merece la pena la reproducción literal del Fallo –en negrita-, por valentía y practicidad respecto de las personas trabajadoras afectadas. La lección es clara: el que incumple paga, sin importar –o precisamente por eso- el tamaño de la empleadora. Es importante poner fin al aprovechamiento pernicioso de los vericuetos legales que dejan a los trabajadores en situaciones, a veces imposibles de soportar. Un claro y elocuente ejemplo fue el asunto “Coca-Cola” (STS de 20 de abril de 2015; rec. 354/2014; sobre la complicada ejecución, STS de 18 de enero de 2017; rec. 37/2017).

El Fallo declara:

“-Que, la venta de las plantas del GRUPO ALCOA INESPAL de Avilés y La Coruña a que se refería el acuerdo de 4 de julio de 2019 no se ha producido en los términos pactados el 15 de enero de 2019 entre ALCOA y la representación legal de los trabajadores, por lo que el acuerdo de despido colectivo alcanzado no se ha completado.

-Que, el acuerdo alcanzado el 15 de enero de 2019 entre ALCOA y la representación legal de los trabajadores está plenamente vigente, despliega todos sus efectos jurídicos, y es exigible su cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a su apartado 7 “Extinciones contractuales por causas objetivas” y 8 “Plan de recolocación externa”.

- Reconocemos el derecho de los trabajadores de las plantas de ALCOA en Avilés y La Coruña, cuyas extinciones estaban previstas en el acuerdo de 15 de enero de 2019, a que se dé pleno cumplimiento a las condiciones sobre extinción de contratos y plan de recolocación externa incluidos en sus apartados 7 y 8.

-Y condenamos a todo ello a la demandada GRUPO ALCOA INESPAL, ALCOA INESPAL SLU, ALUMINIO ESPAÑOL SL, ALUMINA ESPAÑOLA SA. Se absuelve a las codemandadas ALU IBÉRICA LC SL y ALU IBÉRICA AVL SL”.

Así que las cubas sí que se paran, pero al menos, con derechos y garantías. Ya veremos ahora como se ejecuta la responsabilidad empresarial, así como la derivada institucional que debería atender a estas zonas y a sus gentes de manera prioritaria. Es imprescindible que “ser valiente merezca la pena”, como decía Sabina. La Sala de la AN lo ha sido, ahora nos toca a todos estar a la altura y no dejarles caer. Ánimo y adelante.

 

 



[1] STSJ de Galicia, sala de lo Social, de 17 de diciembre de 2020. “El caso Alcoa: la declaración de nulidad de despido por la mala fe negocial. "As cubas non se paran". Sentencia nº. 48/2020, de 17 de diciembre, Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Galicia”, Revista de derecho social, ISSN 1138-8692, Nº 92, 2020, págs. 235-250; https://baylos.blogspot.com/2020/12/el-caso-alcoa-y-la-nulidad-de-los.html

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0059&from=ES 

[3] La cursiva y la negrita son de la Sentencia.


sábado, 19 de junio de 2021

INDEFINIDOS NO FIJOS. UN ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FIGURA

 


Todos los laboralistas de este país frecuentan el blog de Ignasi Beltrán de Heredia, Una mirada crítica a las relaciones laborales, que constituye un observatorio privilegiado para conocer los derroteros de la jurisprudencia social y el tratamiento de los problemas que plantean los casos suscitados ante los Tribunales. Planteado como una iniciativa de este profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con plena continuidad a partir de noviembre de 2014, es un blog que recibe y acumula miles de visitas mensuales y cuenta con más de tres mil suscriptores, un fenómeno de comunicación social espectacular y muy original en la transferencia del conocimiento y en un proceso de creación de una cultura jurídico-laboral  que se proyecta sobre la opinión pública. El seguimiento minucioso y exhaustivo que efectúa de la producción jurídica generada por las decisiones judiciales le lleva a sistematizar y anotar críticamente un sinfín de materias contempladas desde el tejido que paulatinamente elaboran las decisiones de los tribunales, en especial el Tribunal Supremo, pero también la más variopinta jurisprudencia de suplicación de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia. Una labor incesante muy bien recibida que le ha cosechado ese enorme impacto. En el índice de materias de su blog, el profesor Beltrán de Heredia exhibe una pluralidad de ítems sobre los que se ordena una serie de entradas que, bien en comentario a algunas sentencias o bien explicando toda una corriente interpretativa, se agrupan temáticamente, ofreciendo una guía muy útil para acceder a la síntesis evolutiva del proceder de la jurisprudencia social. 

Uno de estos temas que asoman reiteradamente a las decisiones judiciales es el relativo a la figura de indefinidos no fijos, una suerte de oxímoron de creación jurisprudencial por el Tribunal Supremo en 1996 – en cuya adopción fue determinante la propuesta de Aurelio Desdentado, magistrado de la Sala IV de este Tribunal y jurista del trabajo extraordinariamente activo – que inserta en el ámbito de las relaciones laborales en la Administración Pública un elemento devaluador de la figura de la nulidad por fraude de ley ante la contratación temporal irregular en dicho sector sobre la base de aplicar los principios fundamentales de mérito y capacidad en el acceso a la Administración. De esta manera, la neutralización de la sanción que el ordenamiento laboral preveía para la contratación temporal irregular se produce por la creación jurisprudencial de esta figura que se convertirá, tras algunos avatares, en una nueva imagen de la vinculación temporal de interinidad en el puesto de trabajo, vulnerando lo previsto en las cláusulas 4ª y 5ª de la Directiva 1999/70 , de 28 de junio de 1999, que traspone el Acuerdo Marco firmado por los interlocutores sociales europeos para regular el trabajo de duración determinada. Ello conducirá a la emanación de una larga serie jurisprudencial del TJUE muy crítica con la doctrina judicial de los Tribunales españoles de las que puede seguirse la traza en otra obra reciente ofrecida en homenaje a la profesora Mª Emilia Casas Baamonde, que recopila las cuestiones prejudiciales elevadas por órganos jurisdiccionales españoles al Tribunal de Justicia sobre la contratación de duración determinada – 24 cuestiones prejudiciales hasta junio de 2019 en esta obra[1] – y que ante un asunto específico, la doctrina De Diego Porras sobre la indemnización por despido de los interinos, provocó una verdadera conmoción en el panorama jurídico español, la composición de una comisión de expertos para proponer una reforma legislativa al respecto, presiones muy importantes ante el TJUE y la rectificación de la primera doctrina en el asunto Grupo Norte Facility.

Sobre esta problemática gravita el estudio monográfico de Ignasi Beltrán de Heredia, que arranca precisamente del origen jurisprudencial de la noción de Indefinido no fijo, en paralelo a la (escasa) normativa nacional que establece medidas para contener la contratación temporal irregular en las Administraciones Públicas, en contraste con el régimen legal que se deduce de la aplicación de las citadas cláusulas 4ª y 5ª del Acuerdo Marco Europeo sobre trabajo de duración determinada. A partir de allí, el autor analiza la compleja naturaleza jurídica de esta figura y procede a elaborar una “tipología” detallada de las distintas situaciones que dan lugar a la calificación de indefinidos no fijos, en donde se entremezclan las indicaciones extraídas de la jurisprudencia nacional y las que resuelven cuestiones prejudiciales planteadas sobre estos temas ante el Tribunal de Justicia. A esta abigarrada tipología, que en definitiva viene a describir toda una patología de la contratación temporal irregular en las Administraciones Públicas, le sigue el análisis del régimen jurídico sobre condiciones de trabajo y el muy importante punto de la extinción del contrato de los indefinidos no fijos, con la problemática de las indemnizaciones y de la amortización de la plaza.

Este desarreglo regulativo no se ha limitado, como se sabe, a los contratados laborales en las Administraciones Públicas, sino que a través de la intervención de la jurisprudencia del TJUE, extraordinariamente determinante al respecto, también se ha extendido al tratamiento del personal estatutario eventual y funcionario interino considerados incluidos dentro de la cláusula 5ª del Acuerdo Marco Europeo tras la muy comentada Sentencia Martínez Andrés / Castrejana López (2016), lo que ha permitido la intervención en este tema de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, abriendo otro frente de confrontación doctrinal e interpretativa.

El libro termina planteando en sus dos últimos capítulos una reflexión articulada sobre la “encrucijada” en la que se encuentra este concepto, atendiendo a una conflictiva relación entre la jurisprudencia del TJUE y la del TS español, materializada en la doctrina derivada de varios asuntos resueltos por el TJUE que cuestionan las conclusiones de los tribunales de nuestro país cuyo examen crítico lleva acabo el autor de forma detallada, un proceso inacabado como lo demuestra la reciente STJUE de 3 de junio de este año, asunto IMIDRA, que el magistrado Miquel Falguera comenta en el número 94 de la Revista de Derecho Social , de inminente publicación.

La situación de la contratación temporal en el sector público denota un uso extensivo de la contratación irregular frente a la cual no se han arbitrado medidas legales eficaces. Por el contrario, la creación jurisprudencial de esta figura y su tratamiento ha ayudado a considerar esta situación como normal y a asumir sus efectos colaterales como inevitables, en una tensión progresiva con las orientaciones del TJUE que se trasladan, como es previsible, a los colectivos de personas afectadas deslegitimando cada vez de manera más extensa las respuestas judiciales españolas. De hecho, cabe decir que ante la insatisfacción generalizada que produce la gestión por los tribunales españoles de la figura del indefinido no fijo – en la que ocupa un lugar importante “el nivel de incertidumbre existente” que resalta Beltrán de Heredia – el problema actualmente se ha desplazado a la negociación política de una solución que persiga la estabilización en el empleo de estos trabajadores y funcionarios interinos, lo que se está intentando actualmente. En el libro comentado se adelantan algunas propuestas al respecto, pero sin duda se trata de un problema que deberá ser resuelto esta vez en el campo de la política legislativa, reformando decisivamente los contornos y el alcance de esta figura de creación jurisprudencial.

INDEFINIDOS NO FIJOS. UNA FIGURA EN LA ENCRUCIJADA

Ignacio Beltrán de Heredia Ruiz. Editorial Bomarzo, Albacete 2021, 193 pags.

Pueden comprar el libro en este enlace.


[1] J. Gárate y Y. Maneiro (Dirs.), J.Mª Miranda Boto y L. Gil Otero (Eds.), Las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sobre política social  planteadas por órganos jurisdiccionales españoles. (Estudios ofrecidos a Mª Emilia Casas Baamonde con motivo de su investidura como doctora honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela), Universidad de Santiago de Compostela, 2020.


jueves, 17 de junio de 2021

¿QUÉ LES PREOCUPA A LOS JURISTAS DEL TRABAJO ESPAÑOLES EN EL INICIO DE LA FASE POST-COVID?

 


Lenta pero inexorablemente nos vamos situando en un nuevo momento histórico que, gracias a las vacunaciones masivas, va dejando atrás la crisis sanitaria provocada por la pandemia, y se vislumbra, a partir de los datos de empleo de mayo de 2021, el inicio de una cierta recuperación económica. El paro registrado tiene la mayor reducción mensual de su serie histórica, y el número de afiliados a la Seguridad Social superó los 19 millones de personas. Prorrogados los ERTEs por el RDL 11/2021 (comentado en este blog, https://baylos.blogspot.com/2021/05/el-nuevo-acuerdo-social-de-prorroga-de.html) este mecanismo de amortiguación social permite aventurar una recuperación de los sectores más castigados por la crisis durante el verano. ¿Todo vuelve pues a la normalidad? Para los juristas del trabajo, ¿entrar en esta nueva fase significa el retorno al marco regulador previo a la legislación excepcional de urgencia que se ha ido generando durante el estado de alarma?

El derecho, las reglas jurídicas y las prácticas sociales son dinámicas y por tanto es difícil concebir que el período de excepción tan largo que hemos venido soportando desde marzo de 2020 no haya alterado de forma sustancial aspectos importantes del marco normativo previo a las crisis desatadas por la pandemia del Covid-19. Pero además hay que tener en cuenta que, en el plano político, el gobierno progresista de coalición surgido de las elecciones de noviembre de 2019 prometió un amplio plan de reformas de la legislación laboral, que provienen como es sabido  de las políticas de austeridad que se desarrollaron en el ciclo 2010-2013 y que nacieron en abierta confrontación con el movimiento sindical. De esta manera, se puede observar actualmente un panorama normativo complejo, en el que de un lado en la base de la legislación laboral se encuentra la que responde a los valores y principios de las reformas estructurales puestas en práctica de manera intensa por la reforma laboral del 2012, oportunamente justificada por el Tribunal Constitucional en sus SsTC 119/2014 y 8/2015, sobre la que se yuxtapone la legislación de urgente necesidad originada como respuesta a la pandemia del Covid-19 y que se presenta como orden legal de excepción al bloque normativo precedente, y, finalmente, se van consolidando las nuevas reglas que, inmediatamente antes de su declaración y a lo largo de los sucesivos estados de alarma, han ido produciéndose como consecuencia del cambio del marco institucional prometido.

Los juristas del trabajo hemos seguido prioritariamente el desarrollo legislativo, exuberante y aluvional, que se ha ido produciendo por el Gobierno, con ritmo frenético, como forma de atender la grave crisis económica y social que la pandemia estaba produciendo. La atención a las decisiones judiciales, que progresivamente había ido constituyendo la labor fundamental a la que se dedicaba la denominada doctrina científica, con la consiguiente relevancia de la judicialización como forma que se conceptuaba la manera exclusiva o decisiva de creación del derecho del trabajo, ha cedido el paso al análisis de las normas estatales, que en una buena parte además son fruto de un laborioso proceso de diálogo social. Un cambio del centro de gravedad del análisis jurídico que no impide que se haya seguido con atención los procesos interpretativos llevados a cabo por los tribunales, sino que éstos han perdido relevancia frente al comentario y exégesis de la normativa de excepción, y sólo han vuelto al primer plano en la medida que se conectaba con algún terreno de reforma en proceso – como sucedió con el largo debate sobre la naturaleza laboral de los riders, o el examen detallado de las decisiones de los tribunales europeos en relación con los interinos en la Administración Públicao que resolvía algún punto de debate doctrinal sobre la normativa de excepción – como ha sucedido con la consideración de los despidos  efectuados con violación de la prohibición del art. 2 del RDL 9/2020, y la disputa sobre la declaración de nulidad o invalidez de este acto o bien de improcedencia y encarecimiento del módulo indemnizatorio del despido a 33 días en función de la antigüedad de la persona trabajadora-  porque. en definitiva, el centro de atención del análisis jurídico se ha concentrado en la capacidad reguladora del Estado en materia laboral – y social – frente a la crisis.

Es interesante destacar que, por regla general, la mediación consensuada que ha propiciado la adopción de nuevas normas laborales, el diálogo social siempre valorado por la OIT como fórmula eficiente de regulación permanente de las relaciones de trabajo, no ha sido un elemento que haya condicionado la opinión crítica de la doctrina sobre el conjunto normativo que se ha visto emerger en el contexto de la respuesta a la crisis sanitaria y a la crisis económica provocada por la pandemia con vocación de permanencia tras estas crisis. Es decir, la crítica doctrinal y académica ha sido más fuerte e incisiva respecto de la forma de abordar nuevos contenidos o nuevos derechos dentro del marco institucional laboral, que en lo relativo a la regulación de las transiciones temporales de empleo para evitar los despidos – aunque se insiste en que la ley no puede exigir la invalidez de éstos sino tas sólo su encarecimiento – o respecto de la ampliación de la protección social en una multitud de supuestos. La doctrina laboralista por regla general ha desplegado una labor de vigilancia crítica de las formas de adopción de estas nuevas reglas y del alcance de sus contenidos.

Es cierto que en ocasiones se ha producido un cierto conflicto de ponderación de valores y de bienes constitucionales que deberían tenerse en cuenta, puesto que la orientación constitucional de la política reformista actual se orienta decididamente hacia dar efectividad al derecho al trabajo protegido constitucionalmente, lo que choca directamente con un sistema regulatorio basado en un principio contradictorio, la exaltación irrestricta de la libertad de empresa frente a cualquier otro interés colectivo o individual de la ciudadanía, como toscamente defendió la STC 118/2019. El ejercicio de interpretación tiene que tener en cuenta esta contradicción entre el sistema de valores que sostiene los respectivos conjuntos normativos en presencia,  porque de lo contrario es posible que se ponga en práctica una operación de coordinación de mandatos jurídicos que someta la nueva indicación pretendida por el Gobierno convertida en norma legal a orientaciones  y líneas directivas derivadas del ordenamiento laboral generado en el ciclo 2010-2013 en condiciones y bajo principios de actuación plenamente apartados de aquellos que se quieren poner en marcha actualmente.

Se puede decir en definitiva que la controversia reformista está en el centro de las actuales preocupaciones no sólo de las fuerzas políticas y de los actores sociales, sino también del conjunto de las personas que nos dedicamos al estudio y análisis de las relaciones laborales, del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Con una cuestión adicional que resulta muy relevante porque afecta a la forma en la que se expresa públicamente ese interés del grupo de académicos y profesionales. Los y las juristas del trabajo están actualmente muy interesados en comunicar sus opiniones a un público más amplio que el que normalmente accede a sus espacios de comunicación y de información especializada – las revistas académicas, las publicaciones científicas – ampliar el ámbito del debate y desplazar una buena parte de este a un campo de propuestas y de criterios que excede con mucho al que tradicionalmente se reserva al conocimiento académico y profesional.

Ello no significa que estos espacios tradicionales se abandonen. Al contrario, en gran medida los análisis jurídicos que se estiman de interés, se siguen presentando en los formatos clásicos del artículo científico en las revistas de impacto o eventualmente en monografías publicadas por las editoriales especializadas. Pero el acceso a las redes sociales y la utilización de los sitios en la red ha permitido no sólo la proliferación de los blogs que analizan con una periodicidad diversa la actualidad laboral en todos los órdenes – los llamados blogs laboralistas que fueron tan activos ya en el debate de la reforma del 2012 (http://www.adapt.it/boletinespanol/fadocs/es_listado_blogs.pdf) – sino que en los últimos tiempos ha desembocado en la creación de páginas de participación colectiva de iuslaboralistas que intervienen, coordinada y permanentemente, comentando de forma breve y enjundiosa materias importantes relativas al desarrollo legislativo, líneas interpretativas jurisprudenciales prácticas y realizaciones de la negociación colectiva y descripciones de la trascendencia de los conflictos sociales y laborales planteados.

Esta nueva praxis comunicativa constituye sin duda una nueva peculiaridad de los juristas del trabajo españoles que no es común en otras culturas jurídicas, y que expresa asimismo una voluntad de intervenir en el debate ciudadano desde el reconocimiento del saber y de la técnica jurídica delineando recorridos de políticas de derecho que tienen como referencia insoslayable la posición que se adopta ante el cambio social y normativo que se desprende de la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno de coalición. Es por tanto un espacio de discusión muy vivo, en donde destacan páginas web como el Foro de Labos (https://forodelabos.blogspot.com/) o la muy activa NET21 en la que cada semana se va desgranando intervenciones de casi cincuenta profesores y abogados articulados en torno a tres espacios de reflexión, análisis y debate (https://www.net21.org/) . Frente a lo que hasta el momento aparecía como una praxis empleada fundamentalmente por los economistas, custodios de la realidad y grandes evaluadores de los aciertos y errores de la legislación laboral, con indudable influencia política transversal y evidente repercusión mediática, esta nueva posición de los juristas del trabajo supone una novedad que merece destacarse y, por supuesto, seguirse. Desde las páginas de este blog desde luego acompañaremos esta trayectoria comunicativa, la expresión de una voz colectiva que interviene en el campo de las reformas y diseña las líneas fundamentales de un Derecho del Trabajo en la fase post-Covid que sustituya progresivamente el marco institucional previo a la situación de excepcionalidad social que provocó la pandemia.

 

 


 (En la imagen, un jurista del trabajo preocupado y atento a la realidad social)