El art. 35 de nuestra Consttución garantiza a todos los
ciudadanos el derecho “a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia”, lo que se conecta directamente con la creación
de un salario mínimo interprofesional para todas las categorías de las personas
trabajadoras que se regula en el art. 27 del Estatuto de los Trabajadores (ET) que reconoce al gobierno la potestad de fijar
anualmente “previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales más representativas”, el salario mínimo interprofesional (SMI).
Naturalmente esta cantidad funciona como un piso o suelo para la determinación
de los salarios por la negociación colectiva, pero responde a esa necesidad de
garantizar la suficiencia de una renta salarial para todas las personas que
trabajan en el país.
Para la determinación
de este salario mínimo el citado art. 27 ET maneja cuatro elementos, el índice
de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento
de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica
general. La Directiva 2022/2041del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de
octubre de 2022 sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea,
todavía no traspuesta en nuestro país, precisa aún más estos criterios al
afirmar que la fijación y actualización del salario mínimo legal se guiará por
criterios establecidos para contribuir a su adecuación, “con el objetivo de
lograr un nivel de vida digno, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la
cohesión social y la convergencia social al alza, y reducir la brecha salarial
de género. Los Estados miembros determinarán dichos criterios de conformidad con
los usos nacionales en el Derecho nacional pertinente, las decisiones de sus
organismos competentes o acuerdos tripartitos”, pero la Directiva exige que
deben incluir al menos los elementos siguientes: “a) el poder adquisitivo de los salarios
mínimos legales, teniendo en cuenta el coste de la vida; b) la cuantía general
de los salarios y su distribución; c) la
tasa de crecimiento de los salarios; d)
los niveles y la evolución de la productividad nacional a largo plazo”.
El Ministerio
de Trabajo y Economía Social se dotó, desde su comienzo, de un órgano de asesoramiento
técnico, la Comisión Asesora para el Análisis del SMI, que ofrece una serie de recomendaciones
al gobernó sobre la base de las indicaciones de éste. Dentro de la referencia a
estos elementos económicos y sociales generales, el criterio más directo que se
maneja es el de la adecuación a las orientaciones del Comité Europeo de
Derechos Sociales que interpreta el art. 4 de la Carta Social Europea revisada
(CSEr) en la dirección de que el salario mínimo legal debe consistir al menos
en el 60% del salario medio del país, un criterio que comenzó a emplearse en
España a partir de la formación del gobierno de coalición. Un “valor de
referencia indicativo” que también utiliza la mencionada Directiva 2022/2041
entendiendo que se trata de valores “comúnmente utilizados a escala
internacional”, como el 60 % de la mediana salarial bruta y el 50 % del salario
medio bruto. Este tipo de criterios por consiguiente deben integrarse en el
procedimiento de fijación del SMI cada año.
Esto es lo que
ha sucedido con el SMI del año 2027. El Ministerio de Trabajo convocó a los
agentes sociales a la discusión del mismo el 4 de noviembre de este año, la
Comisión de Expertos había propuesto una subida del 4,9% hasta los 1.281
euros/mes, los sindicatos plantearon un incremento del 7% y la patronal se negó
a cualquier diálogo sobre la base de que la negociación del SMI no ra sino una
estrategia “de campaña electoral”. Este argumento es el que ha sido repetido no
solo por la CEOE sino también por el bloque del PP-VOX, insistiendo en el “electoralismo”
de una medida que sin embargo, como es evidente, debe ser adoptada con carácter
anual por imperativo legal.
El resultado de
este proceso ha sido el RD 1013/2026, de 18 de noviembre, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2027, publicado en el BOE de hoy, 19 de
noviembre. En él se fijan las cuantías que tendrá el SMI a partir del 1 de
enero de 2027 que serán las siguientes:
·
SMI
mensual: 1.286 euros
·
SMI anual: 18.004 euros
·
SMI diario: 42,87 euros
·
SMI para personas con contrato de duración
determinada: 60,88 euros por jornada legal en la actividad.
·
SMI empleadas de hogar: 10,06 euros por hora
efectivamente trabajada
El
incremento finalmente adoptado ha sido del 5,3%, 65 euros mensuales más
respecto de la cantidad fijada para el 2026.
La institución
del SMI cumple una doble función ya desde sus orígenes. De un lado actúa como suelo
de contratación, impidiendo la imposición de una remuneración cualquiera
basada en el acuerdo individual o colectivo entre las partes del contrato o en
un convenio. Este carácter imperativo de derecho necesario absoluto tiene
también como consecuencia que es el piso salarial a partir del cual se
despliega la dinámica salarial de la negociación colectiva. Y hay que tener en
cuenta que en la estrategia sindical española el SMI no se problematiza como
contrario a los objetivos salariales que se persiguen en la negociación
colectiva, sino que se entiende como una herramienta complementaria que
refuerza la estrategia sindical general de reforzar los salarios y el poder
adquisitivo de los trabajadores.
Pero a la vez,
y de manera complementaria, persigue garantizar la función social de los
salarios: el SMI ha sido siempre concebido como un mecanismo de garantía de
recursos suficientes para las personas que trabajan, que debe satisfacer las
necesidades propias y las de su familia, como indica el artículo 35 CE y la
CSEr. A caballo entre una institución de mercado y una renta pública, el SMI
intenta combatir también la presencia de los llamados trabajadores pobres,
acentuada tras la permanente devaluación salarial del ciclo de la crisis
marcado por las políticas de austeridad, y en este sentido forma parte asimismo
de los instrumentos de lucha contra la pobreza. En este sentido, la subida del
SMI tiene nombre de mujer y de trabajador y trabajadora joven.
Ambas
cuestiones son aludidas en la Exposición de motivos del RD 1013/2026. Con el
añadido, al que nos hemos referido en este mismo blog en la entrada publicada
ayer, que el RDL 38/2026 ha garantizado evitar la tributación del salario
mínimo interprofesional de 2027 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en la estela de la preservación de esta cantidad como recurso
suficiente para las personas trabajadoras.
Finalmente, no
se puede poner fin a una nota sobre el incremento del SMI sin recordar como en
los años de gobierno de coalición, se ha ido subiendo significativamente cada
año esta cantidad, de manera que desde 2018 a 2027, el aumento del SMI ha sido
de un 75%. En el gráfico siguiente se puede comprobar con facilidad este proceso
de incremento continuo
Ante las
elecciones generales del 29 de noviembre este es un tema central para las
personas trabajadoras. Los empresarios se han negado a cerrar un acuerdo de
negociación colectiva como el que hicieron en el 2023 y tienen bloqueados una
gran cantidad de convenios colectivos. De hecho, la huelga del 11 de noviembre
impuso como una reivindicación central la subida de salarios. Los programas de
los partidos de la coalición PP/VOX no recogen el compromiso de subir el SMI, y
sus dirigentes, como los de la cEOE, entienden que la subida del SMI es
contraproducente para la economía y desincentiva la creación de empleo. Un discurso
del neoliberal de manual que siguen manteniendo aunque la realidad económica
del país demuestre lo contrario, puesto que lo que persiguen es la disminución del
salario para obtener un mayor incremento de sus beneficios. La coalición
PP/VOX, que se ha negado siempre en el Parlamento a las mejoras laborales y
sociales de cualquier tipo – últimamente en compañía de Junts, como exponente
de la derecha nacionalista catalana – son la voz del capital y del dominio de
clase que pretenden profundizar mediante una campaña antisindical sin
precedentes en nuestra historia democrática. El salario será, una vez más, un
campo de disputa central. Y un elemento básico en la valoración que cada
persona trabajadora debe realizar a la hora de emitir su voto el 29 de noviembre.

