PREGUNTAS ELECTORALES (I). ¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL PARTIDO POPULAR Y VOX VOTEN EN EL PARLAMENTO EUROPEO CONTRA EL REGLAMENTO QUE PROHIBE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FABRICADOS CON TRABAJO FORZOSO?

 

Como bien sabe la amble audiencia de este blog, tras los resultados obtenidos en las elecciones locales y autonómicas del pasado 28 de mayo, el presidente del gobierno ha disuelto las cámaras y ha convocado elecciones para el 23 de julio. Esta convocatoria electoral ha sugerido la conveniencia de ir desgranando en esta sede una serie de preguntas que pueden tener una respuesta expresada en términos de ejercicio del derecho ciudadano reconocido en el art. 23 de nuestra Constitución, es decir el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Se trata de preguntas de muy diverso signo, pero que pretenden arrojar alguna luz sobre los idearios y las conductas de las formaciones políticas que concurren a este proceso electoral, fuera del “marco del discurso” que los medios de comunicación y los creadores de opinión pública consideran prioritarios y que rebotan con fuerza, a favor y en contra, en las redes sociales y se configuran como el horizonte de sentido del debate político.

El primer tema que se trae a esta serie de preguntas electorales es el relativo a la prohibición del trabajo forzoso, vulgarmente conocida como esclavitud, que se encabalga en muchas ocasiones con el trabajo infantil también realizado en condiciones de obligatoriedad. Ha supuesto durante mucho tiempo una realidad consentida en la era de los imperios, como una forma normalizada en las colonias. El propio convenio 29 de la OIT que lo abolía, en 1930, contenía una larga serie de excepciones para los protectorados y las colonias de los países industrializados, y hubo de esperar a 1957 para que el convenio 105 de esta organización aboliera las “prácticas análogas a la esclavitud”, como la servidumbre por deudas y la servidumbre de la gleba en todos los países. La Declaración de la OIT de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo elevó la prohibición del trabajo forzoso a un derecho universal, que debía ser aplicado por cualquiera de las naciones que conforman la OIT aunque no hubieran ratificado los dos Convenios fundamentales que lo regulan, y en el 2014 se añadió un protocolo sobre el trabajo forzoso y las nuevas formas de esclavitud que relanzó la perspectiva abolicionista no sólo a nivel internacional, sino mediante su recepción en leyes nacionales de gran alcance e importancia como la Modern Slavery Act del Reino Unido del 2015, que incluía la esclavitud o trabajo forzoso, el tráfico de personas y la explotación como conductas diferenciadas o, cinco años antes, la muy comentada California Transparency in Supply Chains que se centraba en la condena de la esclavitud moderna y la trata de personas en las cadenas de suministro.

En la Unión Europea, la actitud ante el trabajo forzoso ha sido la que se resume como “tolerancia cero” y supone, como no podría ser de otra manera, la asunción de los postulados universales de la OIT de abolición del trabajo forzoso. El trabajo forzoso es una forma de explotación laboral sancionable en virtud de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y la Directiva establece la responsabilidad de las personas jurídicas, junto con sanciones administrativas y penales, por las formas de explotación a las que se refiere dicha Directiva, cuando hayan sido cometidas en su beneficio por cualquier persona que ocupe un cargo de responsabilidad en el seno de la persona jurídica o cuando la infracción haya sido posible debido a la falta de supervisión o control.

Esta disposición se acompaña de otras medidas legislativas. Fundamentalmente con la propuesta de Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad, introduciendo el debate de la responsabilidad de las empresas matriz sobre la violación de derechos humanos a lo largo de la cadena de valor. Pero también se ha insistido en la importancia de crear un cortocircuito entre la producción de mercancías, bienes o servicios, generados a partir del trabajo forzoso o trabajo infantil forzoso y su realización en el mercado, sobre la base de la libertad de circulación de mercancías.

En el discurso de la Unión de 2021, la presidenta Von der Leyen afirmaba que “hacer negocios en el mundo es bueno y necesario, pero no puede hacerse a costa de la dignidad y la libertad individuales. Unos 25 millones de personas en el mundo viven bajo la amenaza del trabajo forzoso. Propondremos la prohibición de la venta de estos productos. Los derechos humanos no están en venta, a ningún precio” y sobre esta base se elaboró la Propuesta de Reglamento por el que se prohíben en el mercado de la Unión los productos realizados con trabajo forzoso (COM(2022) 453). El Reglamento parte de varios hechos notorios: Se calcula que alrededor de 27,6 millones de personas se encontraban en situación de trabajo forzoso en 2021. Los grupos vulnerables y marginados de una sociedad son especialmente susceptibles de ser presionados para que realicen trabajos forzosos.  Todos los Estados miembros de la UE han ratificado los convenios fundamentales de la OIT sobre el trabajo forzoso y el trabajo infantil, y la política comercial de la Unión apoya la lucha contra el trabajo forzoso en las relaciones comerciales tanto unilaterales como bilaterales, en los tratados de libre comercio.

Ahora bien, para completar el marco legislativo y de actuación de la Unión en materia de trabajo forzoso, debe prohibirse la introducción y la comercialización en el mercado de la Unión de productos realizados con trabajo forzoso o la exportación de productos fabricados en el mercado nacional o importados que hayan sido realizados con trabajo forzoso, y debe garantizarse que dichos productos se retiren del mercado de la Unión. En la actualidad no existe legislación de la Unión que faculte a las autoridades de los Estados miembros para retener, incautar u ordenar la retirada de un producto directamente basándose en la constatación de que se ha realizado, en su totalidad o en parte, con trabajo forzoso. Pero para que la prohibición sea eficaz, debe aplicarse a los productos para los que se haya utilizado trabajo forzoso en cualquier fase de su producción, fabricación, cosecha o extracción, lo que incluye las operaciones de elaboración o de transformación relacionadas con los productos. Además, debe aplicarse a todos los productos, de cualquier tipo, incluidos sus componentes, y debe aplicarse a los productos independientemente del sector, del origen, de que sean nacionales o importados, o de que se introduzcan o se comercialicen en el mercado de la Unión o se exporten. Este es el objetivo de la norma europea.

El Reglamento prescribe en esa línea una amplia serie de instrucciones que tienden a recabar una información sobre los “operadores económicos” sobre los que quepa la sospecha de que están comercializando estos productos sobre los que se ha introducido trabajo obligatorio o esclavo, y que se basan por tanto en la actuación diligente e las autoridades públicas sobre esta cuestión. Además se  prevé la creación de una base de datos de zonas y productos que presenten riesgo de trabajo forzoso (incluido el trabajo forzoso infantil), a fin de facilitar la labor de las empresas en la detección y el abordaje del impacto que tienen en el trabajo forzoso y los esfuerzos de las autoridades competentes por garantizar el cumplimiento del Reglamento, y un control de las importaciones y exportaciones de estos bienes y servicios.

Este es el texto contra el que han votado en el parlamento europeo el Partido Popular y Vox. ¿Cuáles han sido los motivos de estas formaciones políticas? ¿Son contrarias q una legislación europea que retenga, incaute o prohíba la exportación e importación de mercancías obtenidas mediante trabajo esclavo? ¿Puede deducirse , como afirma Juan Torres que lo han hecho porque entienden que “poner coto a la explotación laboral y al trabajo infantil constituye una traba para el desarrollo y la competitividad empresariales”? ¿Puede suceder que estimen contraproducente para los “operadores económicos” y el libre comercio las atribuciones que el Reglamento asigna a las autoridades públicas, impidiendo el libre juego de exportaciones e importaciones? Todo son conjeturas que deberían aclarar los portavoces de dichas formaciones, en sus comparecencias públicas ante los medios. Pero lo realmente relevante es que no lo sabremos nunca, es decir que la opinión pública no será jamás informada de la causa de esa decisión de ambos grupos políticos.

En efecto, este tema no se considera digno de análisis en este torbellino de noticias acelerado por la convocatoria electoral. Ningún medio de comunicación organizará un debate sobre este tema de la comercialización de mercancías fabricadas con trabajo forzoso e infantil al que poder invitar a representantes del Partido Popular y de Vox a explicar las razones de su voto en contra. La opinión pública que debería tener elementos de juicio para valorar esta oposición a una medida que quiere cooperar a la erradicación de la moderna esclavitud, no recibirá esa información. Porque debatir sobre la ilicitud de obtener un beneficio del trabajo esclavo no es un tema que interesa a la ciudadanía a juicio de los grandes formadores de opinión.

Por eso la pregunta que abre esta entrada del blog quedará sin respuesta. Y no integrará el discurso político sobre el que se edifica, individual y colectivamente, la decisión electoral.

 

RESULTADOS ELECTORALES (PÉSIMOS) Y TAREAS POR HACER (INELUDIBLES)

 

Los resultados de las elecciones locales y autonómicas han generado frustración y bastante decepción entre la audiencia de este blog (y en tantas otras personas que habían ejercido su derecho de voto en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas). Casi sin dar tiempo al duelo correspondiente ante el resultado, el presidente del gobierno ha decidido disolver las cámaras y convocar elecciones para el 23 de julio de este año, adelantando así el ciclo electoral que correspondía en diciembre. Serán muchos los comentarios que esta convocatoria electoral genere, pero era previsible que también en este blog se intentara emitir alguna opinión aunque apresurada y no contrastada con otros pareceres amigos.

La primera aproximación ya la están haciendo las fuerzas políticas. Y es la necesidad de reorganizar las diferentes formaciones dispersas de la izquierda transformadora en el conjunto de SUMAR, donde el liderazgo de Yolanda Díaz es indiscutible, y generar un programa mínimo de acción que insista en las conquistas sociales efectuadas a la vez que articule un proyecto de reformas en sectores clave, como la vivienda o el territorio, además del fortalecimiento potente de los servicios públicos de sanidad y educación, y el despliegue de los derechos laborales en torno a la democratización efectiva de las relaciones laborales. Un movimiento que necesariamente tiene que abarcar a la totalidad de las figuras organizativas existentes, sin que quepa frente a ello resistencias ni reproches. La coalición de progreso que ha sostenido el gobierno ya puede darse por descontada ante la deslegitimación de estas elecciones, y es previsible que dentro del PSOE se esté manejando la posibilidad de una recomposición del bipartidismo, dado el ejemplo que suministra el propio PP con la anexión de Ciudadanos. Lo cierto es que el espacio a la izquierda del PSOE se encuentra en una posición complicada si no reacciona rápidamente en la línea señalada.

El problema de fondo es que el triunfo de las candidaturas del Partido Popular, la capacidad que ha tenido de absorber la totalidad del voto de Ciudadanos y de subsumir en sus filas a los intelectuales que militaban en ese partido, como recientemente ha sucedido con Luis Garicano, se acompaña de la apropiación del circuito democrático-representativo por una ideología neoliberal en lo económico y claramente iliberal en materia de derechos de ciudadanía, gracias a la normalización de la fuerza política de la ultraderecha, VOX, que entra de manera natural en la gobernanza del país en alianza con el PP. Es importante destacar este hecho, porque el mecanismo electoral ha permitido que el negacionismo de derechos fundamentales derivados de la igualdad de género, la exaltación de la xenofobia y de la agresión racial, el antisindicalismo  como programa, la banalización del cambio climático y la reivindicación del golpe militar y de la dictadura como reacción frente a las mayorías sociales, constituyan hoy un elemento legitimado por importantes partes de la población e integrado sin ninguna problematicidad por el partido de la derecha política española. Frente a esta conjunción del PP y Vox no se ha alzado ningún cuestionamiento profundo en torno a la evidente inconstitucionalidad de las propuestas de la extrema derecha que, por el contrario, están permeando y sustituyendo las propias del Partido Popular, como sucede con la de ilegalización de partidos políticos plenamente constitucionales.

Esta contaminación autoritaria que sugiere el resultado de las elecciones supone desde luego que el instrumento de verificación de la voluntad popular, organizado en torno a un sistema electoral que castiga las minorías, no es capaz de reflejar fielmente ésta, en un contexto de desinformación y de creación de opinión pública en manos de poderes económicos muy relevantes, pero a su vez llama la atención sobre la deriva del discurso de las fuerzas políticas de izquierda hacia cuestiones que posiblemente no afectan directamente a las condiciones de existencia de una parte importante de la población que normalmente debería reaccionar positivamente ante los proyectos de reforma de estas fuerzas de progreso.

El futuro que se describe a partir de una posible repetición de estos resultados en julio de este año interpela directamente a las personas que trabajan y a los sujetos colectivos que las representan. Es un momento crucial para mantener los derechos laborales que en estos cuatro años se han ido afirmando a través de un fatigoso proceso de diálogo social que ha conseguido además un cuadro económico extremadamente favorable y positivo. Un marco institucional que debería tener una segunda fase de despliegue de derechos que precisamente se quiere impedir, procediendo también a la cancelación de posiciones colectivas e individuales de respeto del derecho al trabajo, así como a la eliminación de prestaciones y ayudas sociales. El PP no habla de su programa laboral (que será económico) ahora porque en este proceso electoral el marco de su discurso tenía que evitar hablar de la situación económica general y de cómo evoluciona el mercado laboral, pero ya hay algunas señales muy directas. Su recién incorporado intelectual cimero ha indicado en un tuit que se trata de acabar con el “peronismo electoral”, consistente en “el reparto generalizado de ayudas y la criminalización de las empresas”, lo que a su juicio “es ampliamente rechazado por los ciudadanos”. Este ex diputado no parece atender a las recomendaciones del Parlamento del que formaba parte hasta que decidió su salto a la derecha política extrema, pero es bien indicativo del discurso antisindical y antisocial que nos espera.

 En efecto, el  Parlamento Europeo, que afronta a su vez su renovación dentro de un año pero que no se caracteriza por una contundente mayoría progresista, acaba de aprobar una resolución, el 11 de mayo de este año, sobre una “hoja de ruta sobre una Europa social, dos años después de Oporto”, (P9_TA(2023)0203) en la que coincide con la importancia de reducir las desigualdades de ingresos y luchar contra la pobreza, y esta misma resolución critica que el Pilar de Derechos Sociales no ha sido todavía suficientemente desarrollado y que por tanto son necesarias acciones legislativas en especial en el tema de protección social y de vivienda, además otras medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo y las condiciones de vida de los ciudadanos, recalcando a su vez que “el diálogo social, la democracia en el lugar de trabajo y el derecho a la negociación colectiva son fundamentales para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y la consecución de una convergencia al alza de las condiciones de vida y de trabajo en toda Europa”. En concreto, la Resolución “pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales de la Unión, por tanto, que trabajen para alcanzar una mayor cobertura de la negociación colectiva, de al menos el 80 %, de aquí a 2030, con vistas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en la Unión, lo que contribuirá al bienestar en el trabajo, a una convergencia social al alza y a reducir la pobreza de los ocupados, la exclusión social y la desigualdad salarial; señala que la pobreza de los ocupados debe abordarse garantizando salarios dignos; destaca la necesidad de impulsar la adopción de programas de mejora de las capacidades y reciclaje profesional para empoderar a los trabajadores y reforzar la competitividad”, recuerda que se han salvado miles de puestos de trabajo gracias al instrumento SURE que “debe seguir en uso durante toda la situación excepcional actual y seguir basándose en préstamos y activarse rápidamente en caso de nuevas conmociones financieras o económicas externas”, y señala  “la importancia de reducir las desigualdades de ingresos y luchar contra la pobreza, ya que el 21,7 % de la población de la Unión en 2021 (95,4 millones de personas) estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, y pide un compromiso para alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza de la Unión a este respecto”.

Lo cierto es que el programa social y laboral que se ha ido puesto en marcha por el gobierno de coalición progresista a partir de noviembre de 2019 está en peligro tanto en cuanto que una buena parte de sus contenidos han sido objetados tanto por el Partido Popular como de la extrema derecha de VOX. Pero además la posible victoria de estas figuras políticas en julio de este año implicaría asimismo la imposibilidad de desarrollar y debatir un programa de reformas en materia laboral imprescindible. En este sentido, hay tres grandes campos de debate que se deben explorar y sobre los cuales tanto la Fundacion 1 de mayo como el grupo de profesores NET21 iban a trabajar tras el verano: en primer lugar, la recomposición y propuesta del sistema de despido, aprovechando el más que previsible fallo del CEDS sobre la incompatibilidad del sistema indemnizatorio basado exclusivamente en la antigüedad del trabajador con el art 24 de la Carta Social Europea resolviendo las dos reclamaciones colectivas de UGT y CCOO al respecto. El segundo tema para el debate, el relativo al uso del tiempo de trabajo y su relación con el tiempo de vida y de cuidados y en ese contexto el análisis de los mecanismos de flexibilidad contratada de gestión del tiempo y la reducción de jornada, y el tercero el muy decisivo debate sobre la democratización de la empresa, los procedimientos de negociación y consulta, la estructuración orgánica de la participación de los trabajadores y otras iniciativas. Son por consiguiente elementos centrales en un programa de reformas que evidentemente no podrían tener viabilidad en el contexto político que se diseña.

Un contexto político terrible que no se detiene en la frustración de estas expectativas, sino que, en razón de la mayor o menor aceptación del ideario político de Vox, supondrá el fin del diálogo social y la confirmación del cesarismo político que ya conocimos en el ciclo de la crisis 2012-2014 en nuestro país dirigido por el Partido Popular.  Junto con la restricción de la libertad sindical, de la participación institucional y del derecho de huelga, que forma parte del acquis político de la extrema derecha española que a partir de ahora se legitima electoralmente como fuerza de gobierno.

El sindicalismo confederal sabe que se encuentra ante una encrucijada. Debe volcarse en explicar a sus afiliados y en general a la población lo que está en juego, la pérdida de tantos derechos imprescindibles y la posibilidad de avanzar en el desarrollo de derechos básicos para las personas que trabajan. No debe confundir la autonomía de su proyecto político con la indiferencia ante el devenir político de figuras asociativas sustancialmente comprometidas con la defensa de la desigualdad y el desarrollo ilimitado de los poderes salvajes que acentúan la asimetría del dominio en la producción y la desprotección dispar en el área de la reproducción social. También para estos sujetos colectivos el tiempo electoral en lo político es un tiempo de compromiso en la defensa de lo social, manteniendo siempre la autonomía en su campo de acción, pero interviniendo en el debate desde sus propios planteamientos y en sus espacios privativos, los lugares de trabajo, los medios de información propios, los emplazamientos donde se realiza el trabajo de reflexión y de análisis.

Julio está aquí al lado. Esperemos que se sepa tejer una trama que no solo resista la irrupción del dominio autoritario, sino que ayude a construir un tejido fuerte y permanente que preserve los derechos individuales y colectivos ya obtenidos y ayude al desarrollo de un proyecto de reforma social fuerte y decidido. A ello hay que dedicarse a partir de mañana mismo.

DE LA REVOLUCIÓN AL AUTOEMPRENDIMIENTO: UN MURO EN BERLÍN. HABLA TARSO GENRO

 

Hoy es un día de elecciones en España. Se vota en las ciudades y en algunas comunidades autónomas. El resultado se interpretará en clave nacional, más allá de la dirección que se imponga en los equipos de gobierno de los ayuntamientos. Este blog ha elegido como lectura de este día electoral una reflexión de Tarso Genro sobre la crisis de los partidos, la situación en Brasil y la conformación de un sujeto político que impulse un cambio social profundo, con toda su complejidad. Una lectura a contracorriente de las que normalmente se deberían proponer hoy, pero que pretende mirar al futuro en una jornada en la que este tiempo por venir está comprometido en nuestro país. Buena lectura!!

La debilidad histórica de las fuerzas políticas democráticas y de los partidos de izquierda, en general, para defender el país, los derechos de los trabajadores -prácticamente ausentes en los momentos de resistencia para preservar sus derechos devastados por el bolsonarismo-, la débil resistencia de la academia -intimidada por el avance del fascismo- y el silencio casi sepulcral de la gran mayoría de la burocracia estatal en todos los niveles, en resistencia a la dilapidación del Estado Nacional, contribuyeron en gran medida a la creación del espíritu aventurero que intentó dar un golpe de Estado en nuestro país. La base social movilizada en este período fue siempre mayoritariamente bolsonarista y de corte popular y decía, explícitamente, que quería transformar su política necrófila en un nuevo orden estatal dirigido por un iluso.

En resumen, el golpe no se produjo porque Lula ganó limpiamente las elecciones y obtuvo el apoyo de una parte significativa del centro y de la llamada derecha civilizada, porque la mayoría de las Fuerzas Armadas no se sumó y el Tribunal Supremo, a través de la mayoría de sus jueces, decidió hacer cumplir la Constitución. No hubo una presión popular significativa para desgastar el golpe y oponer un movimiento de masas, politizado y democrático a sus objetivos destructivos. No se trata de "traición", sino de la ausencia de un grupo dirigente orgánico en la izquierda, capaz de tener una voz pública autorizada para salvar al país de la marginalidad fascista que merodeaba por los cuarteles, amenazaba las instituciones y prometía una dictadura que, cercana al Régimen del 64, dejaría a éste como una mera experiencia de la derecha civilizada.

Un proceso civilizatorio en crisis significa, más allá de cambios en las formas de producción, un cambio en el comportamiento de los sujetos políticos y cambios de rasero en el comportamiento de las bases sociales que hoy dan sentido al orden democrático. La empresa industrial fue el lastre sobre el que se construyeron las concepciones apologéticas, conservadoras, reformistas o revolucionarias del orden. Para las fuerzas conservadoras, el problema es claro: cómo mantener el orden dentro de un flujo de ideas, movimientos, desorden, regulaciones productivas, donde las nuevas ambiciones de acumulación privada pueden al mismo tiempo entrar en conflicto, competir y estabilizar -mínimamente- sin impugnar las formas predominantes de combinación de la paz social, que son a la vez conflictivas y estabilizadoras. Para las fuerzas del cambio, la cuestión es otra: ¿cómo reciclarse, como organización política, para mantener la democracia como un "devenir" incesante, por un mundo más humano e ilustrado?

La pregunta no es desesperada, pero la respuesta no es fácil. Si es cierto que el fascismo bloqueó las luces, allí donde las sociedades concretas se iluminaban con las revoluciones, los costes del cambio por la igualdad dejaron huellas brutales, que ofrecieron capacidad reparadora a la oscuridad o reedificaron, a partir de sus escombros, las posibilidades deslegitiman la construcción de un nuevo orden social que reconcilie a la humanidad con la naturaleza, a los sujetos sociales con la democracia sin fin y la reconstrucción de la idea de comunidad planetaria, basada en la premisa de que hombres y mujeres "nacen iguales en derechos", idea suprimida por la concreción "de la creciente primacía de la economía monetaria (.... ) una de las manifestaciones más notables de la virtualización en curso (...) donde el mayor mercado del mundo es el de la propia moneda. " Extensión de la empresa real es la antítesis virtual (que existe como otra realidad) de la comunidad industrial moderna.

"La organización clásica (de esa empresa) reúne a sus empleados en un mismo edificio o en un conjunto de departamentos"(...), pero en las nuevas empresas, cuyo punto de plena madurez aún no se ha encontrado, "el centro de gravedad de la organización, ya no es un conjunto de departamentos, puesto de trabajo y libros de horarios, sino un proceso de coordinación que redistribuye siempre de forma diferente las coordenadas espacio-temporales de la colectividad de trabajo y de cada uno de sus miembros, en función de diversas exigencias."  La realidad virtual no es menos realidad que la realidad presente, sino uno de los principales vectores para la creación de (nuevas) realidades". La comunidad política nacional de trabajadores, organizada políticamente en los partidos donde predominaban las empresas del capitalismo industrial clásico, nos habla del futuro ya desterritorializado por la realidad virtual, que es otro tipo concreto y otro tipo formalmente organizado.

La empresa virtual -por ejemplo- ya no puede "situarse" de manera "precisa", (puesto que) sus elementos son nómadas, dispersos, y la pertinencia -por ejemplo- "de su posición geográfica ha disminuido mucho". De estas coordenadas de Pierre Levy, si son correctas, se puede deducir que -cuando la producción de esta nueva realidad virtual esté totalmente madura- tendremos sin duda un nuevo tipo de sociedad capitalista o, si es posible, una sociedad socialista aún no imaginada. Las formas de organización política de las comunidades, clases, estamentos, movimientos que sufrirán esta agitación serán muy diferentes.

Las formas de organización política de las comunidades, de las clases, de los estamentos, de los movimientos, que sufrirán este torbellino, que todavía tendrá lugar dentro del orden industrial actual durante cierto tiempo, ya no serán las mismas, y la política se reorganizará totalmente: tanto en su producción subjetiva como en sus resultados.

La forma-partido moderna de la sociedad industrial en el régimen liberal-democrático -por tanto, de todos los partidos- se constituyó en un mundo más estable, jurídicamente, y con formas de producción mínimamente estables en la industria, que moldearon a los partidos políticos para que fueran "aptos" para responder ante sus públicos a las cuestiones planteadas en esa floreciente situación histórica de la democracia liberal: una relación partido-clase siempre explícita en los programas de cada organización partidaria, más idealizados o más pragmáticos, más utópicos (en el sentido tanto de Lenin como de Bloch) de utopías "más concretas" o "menos concretas". La propiedad privada, el mercado y las formas de Estado eran los puntos más claros que dividían a los partidos, tanto a los que veían en el capitalismo el modo eterno de reproducción social como a los que diseñaban nuevas formas de vida, otras formas de Estado y de solidaridad social.

Sostengo que es más fácil para los partidos que defienden la eternidad del orden capitalista -sin utopías- adaptarse a estos nuevos tiempos, porque pueden organizarse en bandas que se disputan el poder por la violencia, por el control de la opinión en las redes sociales o -simplemente- a través de organizaciones neofascistas. Frente a los partidos y grupos políticos que defienden una futura sociedad socialista, basada en el reparto de oportunidades y la efectividad de los derechos fundamentales, que lo tendrán más difícil, porque ya no es la "conciencia de clase" orgánica la que aboga por el cambio, sino la suma de las individualidades conscientes de una comunidad de deseos y necesidades materiales y espirituales complejas, la que chocará contra el muro de los privilegios de clase, que controlan orgánicamente el movimiento del dinero.

La identidad formada por las clases que guiaba la política moderna permanece hoy más por su contrario alienado que por su afirmación de una vida común, que está disponible tanto para ser secuestrada por el fascismo como para ser potenciada por las ideas de una comunidad democrática. Bauman ("Identidad") mostraba la bancarrota de las identidades en rápida descomposición de la era industrial ya en 2004, cuando vio carteles en los muros de Berlín que ridiculizaban las "lealtades" de la sociedad industrial ya trastornada por lo real-virtual: "Tu Cristo es judío. Tu coche es japonés. Tu pizza es italiana. Tu democracia es griega. Tu café es brasileño. Tus vacaciones, turcas. Tus números, árabes. Tus letras, latinas. Sólo su vecino es extranjero". Mientras esta universalidad concreta aún no se había convertido en dominante, el carácter de clase "pura" de la lucha política seguía manteniendo su estatuto de validez, que ahora ha caducado cuando cobran fuerza las identidades marcadas por la diferencia, que en la primera elección de Lula aún no se habían hecho tan evidentes en la vida ordinaria.

A partir de entonces, las clases siguen estando en el centro de la comprensión de la historia presente, pero ya no para desvelar ninguna posibilidad de futuro.  El individualismo de la modernidad se proyectaba sobre el escenario del liberalismo político, a condición de que la suma de los individuos -engendrada por la sociedad capitalista de clases estables- estableciera sus relaciones de interés colectivo a partir de la suma de los deseos y pulsiones de los individuos libres en la esfera política, a partir de una vida común a la vez conservadora y revolucionaria. La fábrica moderna, pues, era la base operativa de la disolución de la individualidad proletaria, observaba el viejo Marx, tanto para asaltar el cielo colectivamente como para hoy, fuera de la previsión marxiana -en el fracaso de la revolución proletaria- ver en el emprendimiento de uno mismo una salida más posible que la revolución, para pavimentar mejor su vida aburrida e hiposuficiente. Es un error, pero es un error lleno de atractivos inmediatos con una cierta perspectiva histórica.

Nuestro problema -el problema de los partidos de la izquierda democrática y verdaderamente libertaria- no es, pues, simplemente "volver a las bases", porque allí ya no existe la subjetividad colectiva que nos formó y que podía tender tanto a la revolución como a las luchas reformistas democráticas de fondo. La conciencia de clase ya no tendrá las síntesis grandiosas de los grandes relatos de la socialdemocracia y del socialismo revolucionario, porque ella - rehecha - tendrá que componer en el horizonte una constelación de posibilidades de las diversas conciencias de individualidades libres, de diversos grupos, de clases y subclases sumadas, para la salvación de la miseria y de la opresión, así como de la propia Humanidad, hoy dispersa por el miedo a la guerra final y a la destrucción planetaria.

La lucha de clases no se ha extinguido, pero ha cambiado de sujetos, formas y direcciones. Las políticas contra el hambre y la deserción social propias del neofascismo nacional, la política exterior como motor de la economía interna y el posible marco fiscal, pueden dar lugar a una nueva reflexión para la izquierda, en un tiempo poco épico en el que nos espera más la muerte que la vida, más la guerra que la paz y, sobre todo, un enorme vacío de definiciones sobre el futuro.

(*) Tarso Genro fue gobernador del Estado de Rio Grande do Sul, alcalde de Porto Alegre, Ministro de Justicia, Ministro de Educación y Ministro de Relaciones Institucionales de Brasil.