martes, 23 de julio de 2019

LOS DEBATES DE ESTE MOMENTO



Una parte de la amable audiencia del blog entenderá enseguida que el título de esta entrada es un guiño a la actualidad política actual que se desparrama por digitales, prensa de papel, televisiones públicas y privadas, replicándose en las redes sociales, siendo así que el contenido de la misma no aborda directamente nada de lo que ayer sucedió en el Congreso de los Diputados en el debate de investidura. Y sin embargo hay una cierta relación, porque los debates de este momento tienen que ver con los problemas que acosan a los sujetos que pueblan el mundo del trabajo y que afloran en construcciones políticas y jurídicas como forma de asignación de situaciones de poder en las relaciones objetivadas en el intercambio salarial. A esos debates se refiere el último número de la Revista de Derecho Social que corresponde al fascículo de primavera (abril a junio) de este año 2019 y que corresponde al 86 de toda la serie. 

Primer tema de debate: derechos individuales y colectivos en la era de la digitalización

Hay en la revista una fuerte línea de estudio y análisis que tiene que ver con los problemas que plantea a la regulación del trabajo la actual situación en la que permanecen vigentes normas del período post-crisis que corresponden a la perspectiva de las políticas de austeridad, con el recorte de derechos sociales que éstas llevaban consigo y la imposición de mecanismos de devaluación salarial a través de la reducción de la capacidad de regulación autónoma delas relaciones de trabajo mediante la negociación colectiva y el abaratamiento y facilitación de los despidos. La irreversibilidad de las reformas laborales se justifica además con la presencia evidente de cambios tecnológicos derivados de los nuevos modelos de negocios, la digitalización de la economía y la automatización e inteligencia artificial de muchos procesos industriales y de servicios. De esta manera, la connivencia de estos dos discursos, crisis y cambio tecnológico, busca la debilitación del sujeto colectivo y de sus facultades de acción. Los problemas que están planteados en el sistema español al respecto se analizan críticamente en el primer trabajo de este número de la revista, obra de Antonio Baylos.

Que la economía de plataformas se haya convertido en un espacio de lucha ideológica en el que está en juego fundamentalmente la posibilidad de establecer un sistema de relaciones laborales en el que los derechos de los trabajadores sean ignorados al constituirse en relaciones mercantiles por declaración de los que se aprovechan de las mismas, es un hecho evidente. El reciente documento de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) que lleva por título “Propuesta normativa en materia de trabajo en plataformas digitales”, - que, con la capacidad incesante de suministrar al público materiales relevantes y de analizarlos con extrema lucidez, ha subido a la red Eduardo Rojo – demuestra bien claramente la centralidad para determinados planteamientos empresariales de una reducción de los derechos de los trabajadores como presupuesto de la extracción de beneficio. En esta propuesta, además, están los ecos del debate judicial al que ya este blog ha prestado buena atención, y de la primera consideración mercantil de estos trabajadores de plataforma, la asociación empresarial pasa a proponer su consideración como TRADEs, pero negando de forma categórica su condición de trabajadores por cuenta ajena. Por eso es importante leer el estudio de Juan Gorelli, catedrático en la Universidad de Huelva, que desgrana con total convicción los indicios de laboralidad en el trabajo a través de plataformas (crowdsourcing offline), un trabajo del que sin duda van a aprender mucho los abogados de una y otra parte en la defensa de sus respectivas posiciones, para afirmar el carácter laboral o para desvirtuar estas posiciones cambiando las condiciones contractuales para acentuar lo que el autor denomina los “falsos indicios de autonomía”. El que hoy en día se haya conocido la Sentencia del juzgado de lo social nº 19 de Madrid, dando la razón a la TGSS y declarando trabajadores a los “jinetes” de Deliveroo –una sentencia de la que nos ocuparemos en próximas entradas de este blog – realza el significado de política del derecho de esta discusión.

Pero en ese debate, hay un elemento soterrado que a veces se utiliza como fórmula de justificación de la deslaboralización de estas nuevas ocupaciones de los modelos de negocios renovados, y es la de considerar la necesidad de otorgar una serie de derechos, generados desde la ciudadanía laboral y por tanto desde la noción de trabajo subordinado y por cuenta ajena, a los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Se trata de plantear un debate “al margen del deslinde entre los conceptos de trabajo autónomo y trabajo subordinado”, como lo plantea Jaime Cabeza, catedrático de la Universidad de Vigo, y por consiguiente sin que este tipo de reconocimiento de derechos pueda utilizarse como fórmula de elusión de la laboralidad de las relaciones de trabajo de los que llamaríamos “falsos autónomos”, desde los riders hasta los cooperativistas de las industrias cárnicas. Se trata de proteger el trabajo por cuenta propia sin desproteger el trabajo por cuenta ajena, afirmando una serie de derechos profesionales y en la línea de los trabajos que culmina la OIT, tanto respecto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo como muy especialmente en la Declaración del Centenario recién efectuada en junio del 2019.

Segundo tema de debate: Igualdad y derechos de corresponsabilidad.

Una segunda línea de debate hace referencia a varios interesantes análisis sobre la concreción normativa del principio de igualdad y no discriminación y el desarrollo normativo que se ha ido acelerando en los últimos tiempos, tanto a partir del RDL 6/2019 como a partir de importantes fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esta forma, Carolina Blasco, profesora Titular de la Universidad de Alicante, estudia la problemática de la excedencia por cuidado de hijos, en un ensayo crítico en el que propone ampliar la norma para ampliar su protección,  mientras que la problemática de los planes de igualdad y su ampliación en el RDL 6/2019 es examinado por Gemma Fabregat, profesora titular de la Universidad de Valencia, que desarrolla la necesidad de negociar el diagnóstico previo al Plan de Igualdad como un elemento básico de la nueva regulación, señalando tanto los sujetos que deben negociar éste como las materias de las que se compone, y las sanciones previstas en caso de incumplimiento. Por su parte, la profesora titular de la UNED, Elena Desdentado procede al comentario de la STJUE de 8 de mayo de 2019 sobre la relación entre tiempo parcial y seguridad social bajo el prisma del principio de no discriminación en razón de la penalización que los contratos a tiempo parcial tienen en función de su cotización, con consecuencias sobre el acceso y el contenido de la prestación, para lo cual procede a una reconstrucción exhaustiva de las sucesivas fases de regulación de este tema en el derecho español, que ha sido en una buena medida condicionada por decisiones del TJ como la STJUE de 22 de noviembre del 2012 (Elbal Moreno) y la correspondiente STC 61/2013 que, siguiendo lo marcado por aquella, declaró inconstitucional el criterio de proporcionalidad corregida vigente. La regla prevista en la reforma del 2013 ha quedado finalmente alcanzada de lleno por la STJUE comentada (Villar Láiz) en los términos que la autora describe de manera clara en su comentario. Es interesante señalar el largo proceso de desautorizaciones derivadas del derecho europeo sobre la regulación española del tratamiento del tiempo parcial a efectos de Seguridad Social, obra de una permanente capacidad de revisión llevada a cabo por el planteamiento por los órganos judiciales españoles de las correspondientes cuestiones de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia, lo que por otra parte conduce a la tercera línea de debate presente en ese fascículo de la Revista.

Tercer tema de debate: la necesidad de una Europa social

Esta línea de discusión se plantea en el Editorial, dedicado a la necesidad de afirmar un europeísmo crítico como forma de (re)construir la relación entre la Unión Europea y los ordenamientos nacionales de los Estados que forman parte de ella, y muy especialmente, de aquellos que como el español, han padecido el embate desregulador de las políticas de austeridad a través de las reformas laborales iniciadas en el 2010 y completadas de forma radical en el 2012 con el gobierno del Partido Popular. En la crisis de legitimidad que han puesto de manifiesto las últimas elecciones europeas, sólo el desarrollo de la vertiente social del derecho europeo puede compensar el déficit democrático que se extiende de manera peligrosa y del que el Brexit no es sino uno de sus síntomas más graves. Frente a ello, la insuficiencia de los desarrollo del Pilar social en la etapa Juncker parece que es una opinión extendida y aceptada, aunque sean apreciables las manifestaciones normativas últimas sobre las directivas de desplazamientos y de transparencia y el Reglamento sobre la creación de la Autoridad Laboral europea. Pero sería importante caminar hacia la adopción de medidas que fortalezcan la dimensión social de la UE. Este es el propósito de la propuesta sindical de la CES, sostenida por el Grupo de Izquierda Unida Europea / Izquierda Unida Nórdica, sobre la necesidad de un protocolo europeo para el progreso social, que Antonio García -  Muñoz, profesor asociado en la UCLM, y un indudable experto en derecho europeo y transnacional del trabajo, comenta y desarrolla en la sección de debate de la Revista.

Cuarto tema de debate: el momento interpretativo de los tribunales de justicia superiores: Tribunal supremo y Tribunal Constitucional

Todos conocen que el momento interpretativo de la norma es un elemento central en la conformación final de su validez y eficacia, y que es fundamentalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su sala de lo social y la jurisprudencia constitucional los ejes decisivos de esta interpretación constitutiva del sistema normativo que se ocupa de las relaciones de trabajo y de Seguridad Social. Desde el comienzo del año 2019, la Revista de Derecho Social ha emprendido un trabajo colectivo de análisis de las sentencias de la sala cuarta del Tribunal Supremo para examinar las líneas de tendencia que éstas abordan, señalando los fallos que a juicio de sus comentaristas denotan una interpretación incorrecta o restrictiva del ejercicio de derechos laborales o por el contrario ponderando la oportunidad y orientación de otras sentencias. El significado de la sentencia hecha pública hoy, 23 de julio, sobre el caso Deliveroo querrá ser alterado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo como parte del juego de construcción / deconstrucción de orientaciones de política del derecho en las decisiones judiciales de ese Tribunal superior. En esa tarea de comentar críticamente un trimestre de decisiones del TS coopera un grupo de estudiosos de las universidades de Vigo, Castilla La Mancha, Valencia y Cádiz, personificadas en Joaquín Pérez Rey, Montserrat Agis, Jaime Cabeza, Carmen Ferradans  y Amparo Merino, que en esta ocasión han analizado fallos sobre contratación temporal y contratas, despidos, derechos de representación sindical en la empresa y principio de correspondencia negocial, y Seguridad Social. Su consulta es imprescindible para ir conociendo la evolución que sigue la doctrina de la sala IV en materia de relaciones laborales.

A ello se une un extenso y bien documentado comentario de la STC 56/2019, de 6 de mayo (el caso Jaime Nicolás) un supuesto de acoso moral de libro, que el catedrático de la Universidad de Jaen y conocido especialista en este tema, Cristóbal Molina Navarrete, disecciona con su clásica lucidez crítica, y otro comentario de Josep Moreno Gené, profesor titular en la Universidad de Lleida, sobre la figura de los profesores asociados de universidad, aprovechando una interesante sentencia de la sala cuarta del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2019 que delimita la doctrina judicial sobre los “falsos asociados”, una figura de la rpecariedad del profesorado universitario cuyo tratamiento a partir de esta decisión queda fijado de manera bastante neta.

Debates jurídicos, pero fundamentales en la elaboración de un proyecto de regulación que tenga en cuenta las exigencias de la democracia social y la nivelación progresiva de las desigualdades, también y ante todo las derivadas de la relación de trabajo, a las que obliga el art. 9.2 de nuestra Constitución. Debates de este momento a los que conviene atender, sin perjuicio de seguir atentos a la pantalla del televisor y escuchando a los representantes del pueblo español discutiendo sobre su próximo gobierno.

ESTUDIOS
Las relaciones colectivas de trabajo en el cambio de época. Antonio Baylos Grau.
Indicios de laboralidad en el trabajo a través de plataformas (crowdsourcing offline). Juan Gorelli Hernández.
Los derechos del trabajador autónomo ante la nueva economía. Jaime Cabeza Pereiro.
Tres preguntas (con respuesta) sobre la excedencia por cuidado de hijos: cuando se requiere reformar la norma para ampliar su protección. Carolina Blasco Jover.
ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA
1. Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Contrato de trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social. Análisis y reflexiones críticas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de mayo 2019. Elena Desdentado Daroca.
2. Tribunal Constitucional
La “des-psicologización” del concepto constitucional de acoso moral en el trabajo: ni la intención ni el daño son elementos del tipo jurídico. Cristóbal Molina Navarrete.
Notas a sentencias de TC.
3. Tribunal Supremo
Comentario de jurisprudencia del TS primer trimestre de 2019. Joaquín Pérez Rey, Montserrat Agís Dasilva, Jaime Cabeza Pereiro, Carmen Ferradans Caramés y Amparo Merino Segovia.
Un nuevo paso en la delimitación de la figura de los profesores asociados de Universidad (STS de 28 de enero de 2019). Josep Moreno Gené.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CONFLICTOS
La obligada negociación del diagnóstico en planes de igualdad. Un cambio sustancial. Gemma Fabregat Monfort.
DEBATE
El protocolo europeo para el progreso social. Vicisitudes y actualidad de una propuesta para fortalecer la dimensión social de la Unión Europea. Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra.



jueves, 18 de julio de 2019

LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL CASO BRASILEÑO: EL NEOLIBERALISMO AUTORITARIO EN LAS RELACIONES DE TRABAJO



Es muy posible que en nuestro país la gente inquieta e informada – que como se sabe no son la mayoría – sitúa la situación brasileña fundamentalmente centrada en la condena y encarcelamiento del presidente Lula y conocen la connivencia escandalosa entre los medios de comunicación , el juez Moro hoy flamante ministro de justicia de Bolsonaro en ese objetivo fundamental perseguido por las grandes corporaciones del país y las instituciones finacieras globales de impedir que Lula se presentara a las elecciones. Posiblemente también habrán oído de las recién descubiertas conversaciones que denotan como la farsa judicial contra Lula se fue planeando, de manera claramente ilegal, mediante una conspiración perfectamente articulada entre los fiscales, el juez y los medios de comunicación afines que éstos manejaban. Pero es mucho menos seguro que en España se conozca el resultado más pavoroso de las elecciones que llevaron a la presidencia a Bolsonaro que se había ya preparado durante la nefasta presidencia del corrupto Temer, y que no es sino la deconstrucción del sistema institucional y democrático que daba sentido a las relaciones laborales en aquel país.

La reforma laboral que impulsó el gobierno Temer nada más deponer a la presidenta Dilma Rouseff con acusaciones ridículas y claramente falsas, ha seguido una carrera pronunciada hacia el desmantelamiento de los límites legales que la Consolidación de Leyes de Trabajo imponía al ejercicio del poder privado, con especial ensañamiento contra el sujeto colectivo sindical y mediante la reducción de las prerrogativas de la justicia del trabajo que en Brasil tenía un fuerte componente garantista. En l actualidad, siguen las reformas laborales y se está preparando una reforma del sistema de Seguridad Social extremadamente negativo para el frágil sistema de protección social brasileño y que incrementará exponencialmente la fractura y la desigualdad social.

El modelo que se está poniendo en marcha en Brasil, con la anuencia de las instituciones financieras globales y con el apoyo irrestricto del gobierno de los Estados Unidos de América, es un diseño ferozmente liberal y anticolectivo, que reconstruye con fuerza la figura del empresario como sujeto dominante – posiblemente además juega en esa identidad la figura del patrono esclavista blanco dueño no solo del trabajo sino de los cuerpos de sus trabajadores y trabajadoras – frente al cual ni el estado ni el actor colectivo puede oponer ninguna resistencia. Un modelo por tanto esencialmente autoritario en las relaciones laborales pero con una fuerte componente liberal que abre a la mercantilización plena del trabajo un espacio de intercambio en el que cada vez más la financiarización de la economía condiciona sus opciones productivas.

No es un marco institucional que no tenga enfrente a importantes colectivos, políticos y sociales. Aunque por el momento se encuentran en una fase de resistencia más que de ofensiva social, existe una amplia capa de agentes sociales y civiles que rechazan este modelo de liberalismo autoritario. Entre ellos, los abogados laboralistas, que constituyen un grupo numeroso y potente de generación de cultura política democrática y de garantismo jurídico, tienen un enorme interés en compartir experiencias y reflexiones con los países del sur de Europa que han sufrido las políticas de austeridad y que ahora se instalan en el escenario móvil y viscoso de la post-crisis.  Los abogados laboralistas brasileños están interesados en intercambiar experiencias y en analizar la circulación de modelos y de reflexiones sobre los derroteros que en el espacio de la globalización adopta el trabajo y la organización colectiva a través del sindicato.

Este es el objetivo del Curso que se va a celebrar en Toledo a finales de septiembre con la colaboración de la UCLM – el Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social y el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social –la fundación 1 de mayo de CC.OO. y el Instituto Lavoro de Sao Paulo, a través de cinco días de debates y de discusiones sobre los temas acuciantes para el mundo del trabajo.

Este es el programa del Curso:

I ENCUENTRO HISPANO-BRASILEÑO DE ABOGADOS LABORALISTAS:
Organizan:
Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social
Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social UCLM
Instituto Lavoro Brasil

Colaboran:
Fundación 1º de mayo
Rede LADO advogados
Editorial Bomarzo

Dirección académica: Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey (UCLM)
Secretaria académica: Milena Bogoni (UCLM)
Lugar: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo
Fecha: del 23 al 27 de septiembre de 2019
Derechos de matrícula: 800 €
Preinscripción y más información: dep.derechotrabajosocial@uclm.es

Lunes 23 de septiembre .

10:00-10:30 Inauguración: Fátima Guadamillas (Vicerrectora UCLM) /Antonio Baylos/ Joaquín Pérez Rey/ Eymard Loguercio (LBS abogados)/ Ramón Gorriz (presidente Fundación 1 de mayo)

1ª Sesión (10:30-11:45). Antonio Baylos (Catedrático DTSS): El trabajo y el sindicato frente a la respuesta neoautoritaria /neofascista

2ª Sesión (12:15-14:00): Joaquín Pérez Rey (Profesor DTSS): Diálogo multinivel, pluralismo constitucional e integración regional para combatir la lex mercatoria

DÍA 2 (Martes 24)

1ª Sesión (10:00-11:45): Francisco José Gualda (Abogado. Director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO): La experiencia aplicativa de la norma internacional y europea en el ordenamiento laboral español.

2ª Sesión (12:15-14:00): Laura Mora Cabello de Alba (Profesora DTSS): La ruina del patriarcado capitalista: la masculinidad de vuelta a casa


DIA 3 (Miércoles 25)

1ª Sesión (10:00-11:45): Cristina Faciaben (Responsable internacional CS CCOO): Redes sindicales y sindicato en el espacio global

2º Sesión (12:15-14:00): Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva (profesora Universidad federal Río de Janeiro y magistrada del Tribunal Regional del Trabajo de Rio de Janeiro): Los derechos sindicales en el actual ciclo político brasileño

DÍA 4 (Jueves 26)

1ª Sesión (10:00-12:30): Juan Blanco (Miembro de Industriall) y Flavio Benites (IG Metall Wolfsburg VW-Team, Internationales und Europapolitik). Las experiencias negociales en las federaciones internacionales y europeas.

2ª Sesión Enrique Lillo (12:45-14:00) (Abogado, director de Gabinete Interfederal CCOO): Balance de las estrategias jurídicas emprendidas frente a la reforma laboral en España

DÍA 5 (Viernes 27)

1ª SESIÓN (10:00-11:45) (Secretariado CUT, pendiente de confirmar): Organizar a los trabajadores en el ciclo neofastisca brasileño

2ª Sesión Unai Sordo (12:15-13:30) (Secretario Confederal de CCOO): Tejer sindicalmente la desmembración capitalista de la clase obrera.

13:30-14:00 CONCLUSIONES Y CIERRE

Una iniciativa a buen seguro de extremo interés de la que iremos dando cumplida cuenta en el blog cuando se acerque el día de su realización.

domingo, 14 de julio de 2019

UNA UNIVERSIDAD CARA Y PRECARIZADA



Recientemente se han publicado en un diario digital informaciones muy relevantes sobre la situación de la Universidad española, que cuestionan la función constitucional del servicio público de educación superior. Son informaciones relativas a dos aspectos clave en la actividad de servicio educativo: la gratuidad /onerosidad de la enseñanza y la estabilidad y calidad del profesorado. En ambos casos la gestión de la crisis a partir del 2010 marcada por la hostilidad ante lo público y el recorte consiguiente del gasto en educación e investigación, ha generado un cuadro extremadamente preocupante ante el cual, paradójicamente, los actores sociales presentes en la Universidad – estudiantes, profesores y PAS – no han reaccionado, como tampoco desde luego las autoridades académicas que no cuestionan la degradación del modelo.

La información extraída de Estudiar en la Universidad se ha encarecido 12 veces sobre el aumento de salarios subraya que el coste de estudiar en la universidad pública ha subido 12 veces más que los salarios en el período 2011-2019. Por su parte, otro titular del mismo medio informaba que “las universidades tiran de profesores precarios: los asociados ya son más que los titulares” (La precarización de la Universidad). Es decir la precariedad laboral y salarial se instala en la mayoría del profesorado.

Los datos son muy claros. En 2011, los presupuestos de los campus de los 50 centros públicos que existen en España sumaban 9.900 millones de euros. Solo un año después se habían perdido casi 700 de esos millones de euros (y teniendo en cuenta el incremento de la recaudación por tasas de matrículas) para dejar el gasto universitario en 9.230 millones de euros, una caída del 6,8%. Hoy está en 8.939 millones de euros anuales, una caída del 9,8%. Y llegó a estar peor, con caídas de hasta el 13%. Una buena parte de estos ingresos se obtienen trasladando parte de la financiación de la universidad a las familias. Aunque a partir del curso 2015-2016, algunas regiones bajaron un poco los precios, en cifras absolutas, estudiar un curso completo de una carrera en España pasó de costar, de media, 816 euros en el curso 2011-12 a 1.050 euros este 2018-19, aunque ha habido cursos anteriores más caros.

En 2011, el año anterior a los recortes, había 1.572.617 universitarios en España. Y la cifra venía subiendo de años anteriores. El año siguiente se invirtió la tendencia y pasó a haber 1.548.534 (un 1,5% menos). Pero el principal grupo de personas en edad de ir a la matrícula, los que tienen entre 18 y 24 años, también eran menos (un 2,8%, en este caso). En conjunto, la universidad empezó a perder estudiantes el verano que se aplicaron las subidas de tasas y la tendencia continuó, en paralelo a un menor grupo de posibles 'clientes', hasta el curso 2015-16. En algunas regiones, como en Catalunya, hay una correlación entre altas tasas y desánimo estudiantil. En un estudio de Vera Sacristán publicado el año pasado se recordaba que “justo antes del cambio del sistema de precios, Catalunya era la quinta comunidad autónoma con más estudiantes universitarios como proporción de su población de 18 años de edad y se situaba 1,3 puntos porcentuales por encima de la media del conjunto de España. Tan solo seis años más tarde, ha caído a la novena posición y ahora se encuentra por debajo de la media española” (La subida de las tasas expulsa a los universitarios ).

En el mismo periodo en el que las universidades han subido su coste un 30%, los salarios se incrementaron un 2,5%. Las nóminas se mantuvieron básicamente planas en ese periodo: de 1.841 euros mensuales han pasado a 1.888 euros. Las consecuencias de la caída de la financiación se han dejado notar en las universidades. Sin fondos y con tremendas limitaciones para contratar por la prohibición sucesiva de Zapatero primero y Rajoy después de sustituir las bajas, sus plantillas docentes se han ido precarizando.

La gran solución que han encontrado las Universidades a la tasa de reposición – que en principio impedía sustituir a los profesores fallecidos o jubilados en un porcentaje determinado, hoy ya extendido al 100%, pero sin que por consiguiente se pueda hacer crecer la plantilla con personal estable – ha sido la de contratar profesores asociados, es decir profesores a tiempo parcial que supuestamente deben tener otra ocupación permanente fuera de la universidad, dedicándose por tanto de manera complementaria y a tiempo parcial a las labores universitarias. Casi uno de cada cuatro profesores en las universidades españolas públicas tiene un contrato de asociado (22.871 de un total de 102.297) por el que gana 300 euros al mes si da tres horas de clase semanales o el doble por el doble de horas. Si se suman los 8.679 asociados de Ciencias de la Salud, que aparecen diferenciados en el informe del Ministerio, el total supera los 30.000.

En el curso 2016-2017 había casi 59.000 profesores contratados en las universidades públicas – sumando por tanto todas las categorías de ayudantes, ayudantes doctores y contratados doctores, frente a 43.300 funcionarios, titulares y catedráticos de universidad. La Ley de Universidades establece que esta composición no puede mantenerse, pero es un precepto que, como tantos otros, las autoridades académicas ignoran conscientemente con tal de conseguir cumplir con la tarea docente – cada vez más relevante – mediante un personal barato y del que se puedan desprender fácilmente. De esta manera ha surgido la figura, muy frecuente, del “falso asociado”, es decir un profesor realmente dedicado a tiempo completo a la universidad, pero cuya inserción contractual es a tiempo parcial y de bajo salario. En estos casos los falsos asociados tienen que darse de alta como trabajadores autónomos en el RETA para poder concursar y obtener así esta plaza. En ese fraude de ley colaboran todas las instancias académicas, ante todo los y las interesadas, puesto que es la única forma de encontrar una inserción universitaria, a la espera, en la medida de lo posible, de lograr una plaza de ayudante o de ayudante doctor en función del margen derivado de la capacidad financiera que los gobiernos autonómicos conceden a sus Universidades públicas. Los repertorios de jurisprudencia se están llenando de sentencias que abordan el problema de los falsos asociados y de la indemnización derivada de la extinción de su contrato, pero el problema persiste de manera estructural.

Entre otras cuestiones, las políticas de austeridad que nacieron al calor de la crisis financiera y de sobre endeudamiento del Estado español, ha conducido a una universidad pública más cara y más precaria. Una universidad en la que es difícil investigar, porque ni las empresas del sector privado están interesadas en la financiación de estas actividades, ni el poder público promueve este decisivo sector que constituye otro de los ejes de la actividad universitaria. Las actividades docentes, mediante una planificación no muy razonable para los alumnos y profesores que viven en este país, se prolongan durante todo el mes de julio, al haber programado el mes de septiembre como un período pleno de actividad universitaria. La multiplicación de las tareas burocráticas para el PDI, en un contexto en el que la plantilla de administración y servicios se encuentra también reducida y completada en muchas actividades con becarios y otras figuras manifiestamente irregulares y desprotegidas socialmente – los Rectores recientemente protestaron ante la obligación de cotizar por los becarios que se encargan de una buena parte de las tareas de biblioteca y de servicios – agrava ese cuadro que marca un declive extraordinario de las universidades públicas, progresivamente abandonada del imaginario político de las reformas.

No aparece como urgente la reversión de esta situación, que está conduciendo a la presencia cada vez mayor de las universidades privadas expide-títulos, a la consolidación de universidades ricas y pobres, de primera y de segunda clase, que concentran y acumulan la “excelencia” y el poder en torno a selectos y costosos “masters” oficiales mientras que el resto debe dedicarse a cubrir una oferta de grados en una amplia medida devaluados en su reconocimiento social y económico por un mercado de nuevo escindido en función del prestigio que da el mayor precio de las enseñanzas cursadas. Y sin embargo la Universidad española tiene que romper esa parálisis derivada de la congelación del gasto público. Que debe crecer exponencialmente, so pena de situar nuestros estudios universitarios en la periferia de la enseñanza europea.