lunes, 16 de noviembre de 2026

LA CARTA DE RENUNCIA A LA CANDIDATURA DE YOLANDA DIAZ A LA SECRETARIA GENERAL DE LA OIT

 


Como decíamos en la entrada de este blog del 20 de agosto de este año, cuando saludábamos la decisión de Yolanda Díaz de presentar su candidatura a la secretaría general de la OIT, su figura y su trayectoria como Ministra de Trabajo y Vicepresidenta del Gobierno encajaba perfectamente en la dirección de la organización internacional que es uno de los mecanismos más importantes de nuestro sistema multilateral para hacer efectivo el trabajo decente en todo el planeta, preservando una idea esencial: la paz duradera solo puede fundarse en la justicia social. El mandato de la OIT continúa siendo extraordinariamente vigente y nítido: «el trabajo no es una mercancía», pero se encuentra, sin embargo, amenazado por las presiones del trumpismo y por una gestión de la Organización que la ha conducido a afrontar no solo una crisis financiera de enormes proporciones, sino también una preocupante crisis de orientación y de valores, que la candidatura de Yolanda Díaz podía confrontar mediante un proyecto de recuperación y de relanzamiento del trabajo colectivo y tripartito que activara instrumentos de regulación y de mejora de las condiciones de vida y de empleo del conjunto de las personas trabajadoras del planeta.

 Su candidatura, que fue inmediatamente retada por la fabricación de un tercer candidato claramente pro empresarial, ha encontrado el apoyo de muchos gobiernos, del sindicalismo europeo encarnado en la CES y en una buena parte del americano organizado en la CSA, pero no así en la burocracia sindical que dirige la cúspide de la CSI que se ha puesto de acuerdo con la Organización Internacional de Empleadores (OIE, la misma que negaba que el Convenio 87 sobre la libertad sindical tutelara también el derecho de huelga) para, en tanto que organizaciones mandantes de la OIT, coincidir en la concesión de un segundo mandato al actual Secretario General. Aunque esta decisión ha sido contestada por las organizaciones sindicales citadas, la cúpula de la CSI ha exigido un voto unánime de apoyo, de forma que romper esta votación en bloque habría implicado una fuerte crisis en el interior de la internacional sindical, ya castigada desde hace tiempo a través de los escándalos que rodearon a la controvertida gestión de Sarah Burrow y el episodio de corrupción conocido como Qatargate que involucró a Luca Visentini. En evitación de esta discrepancia pública y ante el cambio de posición de algunos gobiernos importantes que antes habían comprometido su voto, como el del gobierno francés de Macron, Yolanda Díaz ha decidido retirar su candidatura un día antes de que se celebrara la reunión para la elección del puesto de Secretario General.

 Para explicar su decisión, la Vicepresidenta del Gobierno ha redactado una carta a la que la prensa ha hecho cumplida referencia pero que este blog transcribe en su literalidad para el conocimiento de su siempre amable audiencia, para la cual sin duda ella sigue siendo una personalidad plenamente comprometida con un laborismo progresista y reformista que ha marcado sin duda toda una etapa tanto en la construcción de un marco regulador de las relaciones de trabajo en España como en su impulso del pilar europeo de derechos sociales en Europa y, más en general, como una personalidad de referencia en los movimientos sindicales y políticos progresistas en América Latina y en otras partes del globo. Su retirada es una mala noticia para quienes creemos en un papel activo y relevante de la OIT en esta terrible crisis del derecho internacional y del multilateralismo, donde la impunidad ante el genocidio, las guerras ilegales y el enriquecimiento obsceno de los tecno-oligarcas se acompaña de un proyecto neoautoritario de dominio violento del capital sobre el trabajo como el que en estas elecciones españolas del 29N se está perpetrando en nuestro país.

 Este es el texto de la carta de renuncia en la que se puede comprobar una vez más, la clara concepción política y ética que anima el trabajo continuado de Yolanda Diaz por la ampliación del espacio de los derechos individuales y colectivos en el mundo del trabajo.

 

CARTA DE RENUNCIA DE YOLANDA DÍAZ A SU CANDIDATURA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA OIT

 Quiero empezar por lo más importante: dar las gracias.


A los gobiernos que creyeron en este proyecto, que son muchos y de todas las regiones del mundo, apostando por un cambio real, aportando propuestas y convencidos de que la victoria era posible.

A todos los sindicatos y a las sindicalistas que han caminado a nuestro lado.

 Hoy retiro mi candidatura a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta candidatura nació con una convicción sencilla: que la OIT debía volver a ser lo que siempre fue, la casa de la justicia social, la voz de quienes no tienen voz. En estos meses, esa idea sencilla ha ido sumando apoyos, uno a uno, hasta reunir un respaldo amplio y sincero que nos ha permitido mirar a la victoria de frente hasta el último momento.

La dirección que continuará al frente de la OIT la ha llevado a la peor crisis de su historia. Ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras. Ha ofrecido el número dos de la casa del trabajo decente a la administración Trump y ha sumido a la organización en la mayor crisis financiera de su historia.

La candidatura que he representado se hacía cargo de esa urgencia y de esa grave crisis de gestión. Eso explica también los apoyos a la misma desde posiciones y lugares del mundo muy diversos. Quiero extender mi agradecimiento a quienes han compartido también esa alarma y esa urgencia.

Sin embargo, la Secretaría General de la CSI y la portavocía del Grupo de las y los Trabajadores han elegido sostener esa gestión en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que le han impedido la libertad de voto. Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esa situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca en todo el mundo, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante.

 Un paso a un lado para preservar al sindicalismo en el que siempre me he reconocido, el que aprendí en mi casa desde niña. El que no cabe solo en un despacho, el que pisa la calle, las fábricas y donde un trabajador o trabajadora le necesita. Personas que anteponen la defensa de los derechos laborales en el mundo frente a cualquier otra consideración. Decenas de sindicatos y miles de sindicalistas que no se resignan, que no se callan, que no se rinden.

 Quiero agradecer de forma especial a nuestros sindicatos mayoritarios en España, a CCOO y a UGT, implicados hasta el final en esta candidatura, y a todas esas mujeres y hombres honrados que se dejan la piel cada día por quienes trabajan. Ese sindicalismo de clase y con voz propia es hoy más necesario que nunca.

 Hay una cosa que siento por encima de todas las demás. No poder devolver al personal de la OIT el diálogo social que merecen y que les han arrebatado en su hora más difícil. La gente que sostiene la OIT cada día tiene todo mi reconocimiento y mi cariño.

 Quiero agradecer al Gobierno de España por su confianza y al Ministerio de Exteriores por su ayuda. Gracias por último a todos los expertos y expertas que tanto nos han ayudado estos meses a trabajar por una OIT mejor.

A todas las personas que apoyaron nuestra candidatura con entusiasmo y generosidad. Al Gobierno de Lula, que estuvo desde el principio entre quienes vieron en ella una oportunidad para recuperar la vocación transformadora de la OIT; a tantos países africanos que encontraron en nuestra propuesta una alternativa real para situar el trabajo decente en el centro de la agenda del Sur Global; a los países europeos que no estaban dispuestos a poner sus votos al servicio de quien no tuvo reparos en comportarse como si la guerra de Ucrania no existiera; y a todos aquellos gobiernos que nos acompañaron en el propósito de democratizar la Organización y devolverle su verdadera dimensión tripartita.

 Doy este paso sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive. Seguiré defendiendo el multilateralismo, el trabajo decente, el tripartismo, el derecho de huelga y la dignidad de quienes trabajan, en cualquier lugar del mundo.

 Seguiré defendiendo la OIT de Filadelfia: aquella que proclamó que el trabajo no es una mercancía y que la paz duradera solo puede asentarse sobre la justicia social. La organización que en la Segunda Guerra Mundial defendió la democracia frente a la barbarie, la organización que se puso del lado de Mandela mientras estaba en prisión.

 Me retiro también con la alegría de saber que estábamos en el camino justo defendiendo la posición correcta, sin vender nuestros principios ni nuestros valores.

 El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos.


Yolanda Díaz


viernes, 13 de noviembre de 2026

ALGUNAS VALORACIONES SOBRE LA HUELGA GENERAL DEL 11 DE NOVIEMBRE

 


Está fuera de toda duda que la huelga general del 11 de noviembre ha sido un éxito, y las manifestaciones que han culminado la jornada han demostrado la impresionante cantidad de personas que han participado en las mismas, en un arco de edad desde los más veteranos a los más jóvenes. Fueron especialmente numerosas las manifestaciones de Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, pero también en ciudades pequeñas la marcha agrupó a miles de personas.

La huelga en tanto que cesación del trabajo afectó fundamentalmente a grandes empresas y sectores en conflicto, y la participación en los piquetes fue masiva. Los datos que suministraron los dos sindicatos indicaban que el seguimiento de la huelga oscilaba entre el 41% en comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura y más del 80%, en otras como Catalunya o Andalucía, si bien incluso en zonas como Illescas (Toledo) o Guadalajara, el seguimiento del sector de la logística había sido del 75%. Las industrias con mayor seguimiento fueron las electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y el sector de las cárnicas, entre otros sectores estratégicos como logística, recogida de basuras y el transporte. La imposición de servicios mínimos hizo que se mantuviera una buena parte de la actividad en estos sectores, donde además se volvieron a repetir actuaciones de la autoridad gubernativa que extendían abusivamente las prestaciones mínimas por cubrir. Como de costumbre, el punto máximo de esta vulneración fue la Comunidad de Madrid donde el tribunal Superior de justicia de Madrid impuso medidas cautelarísimas para dejar sin efecto los servicios mínimos decretados en educación, justicia y transporte. La argumentación del propio TSJM afirmaba que los servicios mínimos impuestos hacían inviable poder ejercer el derecho a la huelga en estos sectores. En Euskadi y en Galicia la participación de los sindicatos autonómicos también ayudó a extender la huelga en estos territorios.

La respuesta de los medios de comunicación fue la habitual. Los medios “serios”  más contenidos, hablaron de “seguimiento desigual”, los medios devotos de la derecha hablaron de fracaso pleno. Unas calificaciones que se repiten en relación con las dos huelgas generales del 2012 y la precedente del 2010, aunque con calificativos diferentes. Para OK diario – el periódico que paga el abogado a Koldo García – la huelga de noviembre del 2012, que coincidió con la convocatoria de otras huelgas generales en Chipre, Italia, Portugal, España y Bélgica en un intento de construir una huelga europea, era una “huelga borroka”, la de noviembre del 2026, una “huelga electoral”. Todas al parecer de estos medios regados por el dinero público de las comunidades autónomas proclives a la ultraderecha y a la derecha, un descalabro sindical. También los partidos de derecha y el presidente de la CEOE se abonaron a la ya consabida valoración de la huelga como fracaso, sin pronunciarse sin embargo respecto de la movilización formidable y la abrumadora presencia ciudadana en las calles. Sin embargo, para la prensa internacional fue una “huelga histórica”, de manera que es cierto que nadie es profeta en su tierra, al menos para los medios de comunicación.

Como ha señalado Unai Sordo, la huelga estaba planteada como una combinatoria entre el paro en los centros de trabajo y una amplia movilización social que permitiera introducir en el discurso público el debate sobre la vivienda, la necesidad imperiosa de garantizar el derecho a una vivienda digna que garantiza el art. 47 de la Constitución, que impacta necesariamente sobre el conjunto de la clase obra, en conexión con el aumento de salarios y el control del coste de la vida. El resultado ha sido enormemente positivo, porque además se ha producido, como señala Joan Coscubiela un proceso de socialización muy interesante en relación con las personas trabajadoras de origen migrante y a las más jóvenes que han participado por primera vez en una movilización de esta envergadura, lo que se hizo muy patente en las calles (https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/primeros-efectos-huelga-general_129_13658997.html)

La reacción política ha sido a su vez muy indicativa de lo que está en juego a lo largo de este mes. Mientras que para el Frente Amplio, muy implicado en el desarrollo de  la huelga, la movilización era comprendida como un elemento fundamental en el lanzamiento de su propuesta política, para el PSOE la huelga fue vista como un elemento que podía dinamizar una cierta recuperación del voto socialista en el contexto de un intento de “remontada” en el que se ha lanzado con toda su capacidad organizativa y sus conexiones internacionales. Unos y otros, en compañía de las fuerzas de izquierda soberanista en Catalunya, Euskadi y Galicia, con el concurso imprescindible del PNV, han aprobado en la Diputación permanente el acuerdo de convalidación del RDL 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, mientras que la norma que pretendía reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual fue de nuevo derrotada en este trámite. De esta manera, una parte de las reivindicaciones presentes en la huelga ha sido recogida al día siguiente del conflicto y de la movilización extraordinaria que le acompañó.

Pero la reacción más llamativa y peligrosa fue la que protagonizó el Partido Popular a través de sus exponentes más radicales. Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defendió que había que liberarse de la “basura sindical”, para luego hablar, transcurrida la huelga, del “terror” sindical y mencionar expresamente la necesidad de acabar con los liberados sindicales, parásitos sociales que viven del Estado según ella y que cifra en 320.000 personas. Este discurso claramente anticonstitucional ha sido repicado por los cuadros dirigentes del PP, que además han importado el calificativo de VOX de “comegambas” como forma de definir a los dirigentes y delegados sindicales y lo han reiterado en sus cuentas oficiales. La marquesa Cayetana Alvarez de Toledo ha anunciado en esa misma línea que “se acabó la mariscada sindical”, “tentáculos sanchistas” a los que “se les acabó el chollo”. Y Feijoo en persona advirtió a los sindicatos que había cometido “el error más grande” al convocar la huelga general, lo que les inhabilitaba para ser interlocutores en la próxima legislatura. Esta deriva antisindical del PP se coloca en una posición casi más avanzada que la furibunda de VOX, y advierte que el objetivo de acabar con los sindicatos y su poder de representación es prioritario para la derecha y la ultraderecha. La ruptura del consenso social y la eliminación de la capacidad de interlocución no solo política – ante el seguidismo pleno de la CEOE ante las propuestas del PP – determinan la mayor amenaza para los sindicatos de clase que harían bien en tomar en serio y divulgar entra las personas trabajadoras. Que estas propuestas sean directamente contrarias a la Constitución se debe a su vez relacionar con el propósito de derecha y ultraderecha de obtener 3/5 en el Senado para nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y un nuevo poder judicial que puedan avalar medidas claramente dirigidas a borrar de la práctica política española el reconocimiento de los sindicatos que se establece en el art . 7 de la Constitución.

Este es un punto especialmente sensible. La represión en las calles de los piquetes de huelga, la actuación claramente violenta de la policía en la manifestación de Madrid, de la que hay numerosos testimonios personales y gráficos y sobre los que las centrales sindicales convocantes quieren iniciar acciones legales, indica que el derecho de huelga es un derecho fundamental que es conscientemente violado por las propias fuerzas de orden público, que en muchas ocasiones – pero de manera especial en Madrid – funcionan de manera autónoma, sin que sus mandos operativos acepten órdenes de la superioridad. La apertura de “investigaciones” sobre los evidentes abusos policiales, la decisión – luego revocada – de no usar gases lacrimógenos, que al final se ha limitado a no emplear el gas pimienta con el que se ha rociado generosamente a integrantes de los piquetes, a manifestantes e incluso a una persona sin techo, no es suficiente y muestra una clara debilidad del poder político – el ministro Marlaska – respecto a los sindicatos policiales de extrema derecha y sus mandos operativos, lo que augura un recrudecimiento de la actuación represora y agresiva de los cuerpos de seguridad frente a la protesta pacífica si, como esperan estos miembros de la policía, se produce un cambio de gobierno con el que se identifican estos funcionarios. La huelga y la manifestación – además de la cancelación de la libre expresión en los medios de comunicación públicos – serán la nueva frontera del autoritarismo y del control social en un panorama en el que el sindicato se considera un enemigo directo del Estado al que hay que reducir al mínimo para domarlo.

Los sindicatos han advertido a los partidos políticos de ultraderecha y derecha y a la patronal que responderán en la calle ante cualquier intento de recortar pensiones, privatizar servicios públicos o frenar las subidas salariales, pero este anuncio debe irse acompañando de una reflexión global sobre la propia eficacia del conflicto y de la huelga como medidas de presión. Hay que tener en cuenta que, como se ha hecho notar en la huelga del11N, muchas personas no secundaron la huelga por el coste económico que lleva aparejado su ejercicio, además de por las amenazas directas o indirectas de los empresarios. Una parte del personal en tiendas y comercios es inmigrante y, además de carecer de una cultura del conflicto – puesto que para muchos de ellos la participación en la huelga puede suponer la pérdida del puesto de trabajo – su situación más vulnerable hace que perciban su adhesión al conflicto como un acto heroico que puede acabar con su empleo o ser sustituido. También muchas otras personas, en sectores con baja afiliación y sin práctica conflictual, vacilan en asumir la llamada a la huelga, aunque sin embargo pueden acudir a las manifestaciones de ese mismo día. El contacto personal, la presencia de los sindicalistas en los lugares de trabajo y la discusión sobre los temas que plantea la convocatoria de huelga son elementos todavía imprescindibles para extender el conflicto, como lo son los piquetes en el mismo día del conflicto. La utilización de mensajes en las redes sociales y en los correos electrónicos es importante, pero la movilización personal en los centros de trabajo y las asambleas para tratar el objeto del conflicto, resultan muy oportunas para enraizar el conflicto en las personas que trabajan.

Pero a su vez hay que anotar que uno de los puntos más debatidos en torno a la eficacia de las huelgas son los servicios mínimos. La técnica de imposición reposa en la autoridad política – la Comunidad Autónoma y el Estado fundamentalmente – y estos poderes tienden a extender la prestación esencial que se debe garantizar durante la huelga hasta límites completamente excesivos y frecuentemente denunciados. En esta convocatoria, en la Comunidad de Madrid, se han anulado una serie de servicios impuestos por la CAM, como de ha dicho, y en Telemadrid, donde se pactaron servicios mínimos, la dirección incumplió el acuerdo e incrementó de manera abusiva el arco de actividad durante la huelga. Muchos de estos servicios mínimos han sido pactados entre empresa y sindicatos o entre poder público y sindicatos. Pero es importante para un horizonte de mayor eficacia del ejercicio del derecho fundamental una refundación del marco regulador de la huelga en los servicios esenciales desde una perspectiva claramente autónoma, de autotutela del interés colectivo y sindical. Hay sectores en los que una huelga de un día de duración no debería llevar aparejada ningún mantenimiento de actividad, y otros en os que el nivel de mantenimiento tiene necesariamente que reducirse de forma muy radical. No es de recibo servicios mínimos en los medios de comunicación con la extensión con la que se acuerdan o se fijan, ni que el metro de una ciudad garantice en las horas punta el 95% del servicio prestado, en colaboración con otro tanto de cobertura del servicio de transporte urbano por superficie, por poner solo algunos ejemplos. Y hay que preparar la posibilidad de negarse unilateralmente a los servicios impuestos, ofreciendo a cambio la propia propuesta de preservación de servicios que el sindicato entiende oportuna.  Reducir el impacto mediático y real de la huelga es uno de los objetivos que perseguirán las derechas y ultraderechas frente al cual el sindicato tiene que mantener una postura firme y decidida para evitar que el efecto directo de la huelga de perturbar la normalidad productiva se diluya en el mantenimiento de la actividad. En este sentido, una comparación sobre el ámbito de aplicación de los servicios esenciales en otros países europeos puede resultar ilustrativo.

La movilización alcanzada con la huelga general debe mantenerse y prolongarse durante el período electoral. Es importante que se logre una participación extraordinaria de quienes en anteriores convocatorias no se han sentido interpelados ante el resultado electoral. En esta ocasión, desde la perspectiva sindical y ciudadana, son muchas las cuestiones en juego ante un programa de tierra quemada por parte del bloque de las dos derechas. No dejemos que esto suceda y trabajemos decididamente por impedirlo.

 


martes, 10 de noviembre de 2026

ALGUNAS SUGERENCIAS JURIDICAS PARA LA HUELGA GENERAL DEL 11 DE NOVIEMBRE


 

La huelga general del 11 de noviembre va a abrir un amplio debate entre la clase trabajadora organizada y los movimientos sociales sobre la vivienda, los salarios, los beneficios empresariales exorbitantes, la subida de los precios y el encarecimiento del coste de la vida, pero también de los recursos que las familias tienen que destinar para educación, sanidad o dependencia que no están cubiertos por los servicios públicos, en muchas Comunidades Autónomas infrafinanciados y decididamente destinados a su deterioro. Se inscribe además en un movimiento generalizado de protestas y manifestaciones que ya han comenzado en Francia y en Italia pero que se van a seguir proyectando en un otoño caliente en Bélgica, Portugal y de nuevo Italia. El bloqueo de la negociación colectiva que en España ha promovido la CEOE, alineada plenamente con la propuesta política y el marco del discurso de la derecha representada por el PP, ya se ha manifestado en un incremento muy amplio de la conflictividad laboral desde el otoño del 2025 a la actualidad que muy pocos medios de comunicación han destacado (salvo, como de costumbre, Sin Permiso, muy atento a la realidad del conflicto de clases en estos momentos políticos. Cfr. G. Buster, “El 11N en el otoño caliente del 2026”, https://www.sinpermiso.info/textos/el-11n-en-el-contexto-del-otono-caliente-del-26 ). De alguna manera la huelga del 11N pretende romper una tendencia regresiva de las nuevas derechas y tiene su correlato final en las elecciones del 29N, una especie de referéndum sobre la aceptación del paradigma político y social del neofascismo.  En esta entrada sin embargo, se pretende simplemente ofrecer algunas reflexiones jurídico-laborales sobre el desarrollo de la huelga y la previsible respuesta anticolectiva por parte de poderes públicos y empresas privadas.

En efecto, la huelga general ha sido continuamente atacada por el empresariado señalando su carácter ilegal por tratarse de una huelga política, argumentación claramente incorrecta que se ha abandonado al comprobar su falacia. Ello no ha impedido que algunos sindicatos como la CSIF basaran sus motivos de oposición a una huelga en defensa de mayores salarios, derecho a la vivienda y control de los precios, que se trataba de una “huelga política” cuyos objetivos rechazaba. Toda una lección de lo que significa la misión sindical de la defensa de los intereses de las personas trabajadoras para algunas organizaciones sindicales. Posteriormente, tanto la CEOE como sus aliados políticos PP y VOX han utilizado el accidente de tren de Urda (Toledo) como motivo para desconvocar la acción colectiva, utilizando asi sin rubor los muertos y heridos del siniestro como elemento emocional que lograra desmontar una huelga que defiende derechos básicos de los trabajadores. Es decir, la convocatoria de huelga se percibe como un peligro para los intereses empresariales y de las formaciones políticas de derechas por su carácter claramente disruptivo en un marco de discusión en el que el “todo se degrada” y la “dictadura sanchista” son los mensajes más relevantes.

Ahora es el momento en el que empresarios y poderes públicos intentaran utilizar todos los medios a su alcance para impedir, obstaculizar o vaciar de contenido el ejercicio concreto del derecho de huelga. He aquí algunas de las vías que van a utilizar y frente a las que conviene reaccionar de inmediato.

El empleo de medios tecnológicos como medida anti huelga

Una primera aproximación a estos intentos se puede dar a través del recurso a la gestión algorítmica de personal como medida anti huelga. Según la reciente doctrina constitucional – la muy importante STC 24/2026 - el derecho de huelga  “impone al empresario el deber de abstención de acometer actos que reduzcan la eficacia del ejercicio del derecho y, además, actúa como límite de otros derechos o intereses en las controversias interpretativas que pueden derivar de su coexistencia con la libertad de empresa (art. 38 CE) o el derecho al trabajo (art. 35 CE)” Por eso la conducta de la empresa supuso un uso abusivo de su potestad organizativa, porque “además de alterar los equilibrios ponderados como necesarios entre el ejercicio de derecho de huelga y la cobertura mínima del servicio público de transporte interurbano, disminuyó de manera muy relevante las consecuencias que el paro laboral producía en los usuarios del servicio, así como su impacto, su repercusión social y su proyección de seguimiento ante la opinión pública, afectando directamente al contenido esencial del derecho de huelga”.

El poder privado de dirección y organización de los recursos de la empresa, reforzado por la introducción de tecnologías de la información y comunicación y de la gestión algorítmica del personal, no pueden dirigirse a reducir o minimizar la efectividad de la medida de presión mediante el mantenimiento de la actividad productiva o la continuidad del servicio

Esto se concreta en lo siguiente: Está estrictamente prohibido al empresario la utilización de medios no habituales o incorporados de manera expresa por la empresa para reducir la incidencia de la medida de presión, o si se produce una alteración sustancial, incluso con los medios técnicos habituales, del proceso productivo en esa misma dirección, y a partir de este momento, mediante el uso de los medios técnicos habituales, incluso con pequeñas correcciones o ajustes, o a través de la reprogramación de estos con la finalidad de minimizar el impacto de la huelga.

Por otra parte, la presión de la huelga no se limita a la paralización o disminución de la producción de bienes y de servicios, sino también a “lograr un impacto mediático”, una “proyección externa” a la empresa. Reducir el impacto público de la huelga y buscar la desactivación de las consecuencias y la repercusión de la huelga convocada, son asimismo conductas que vulneran el derecho de huelga. “La apariencia de normalidad del servicio, al impedir la exteriorización y repercusión apreciable de los efectos de la huelga, sustrae su virtualidad como medio de presión”.

Si se produjeran estas maniobras, el sindicato y las personas trabajadoras de la empresa o del centro de trabajo deben denunciar estos comportamientos ante la Inspección de Trabajo como constitutivos de infracción muy grave del ordenamiento laboral.

La imposición de servicios mínimos abusivos

El segundo espacio en el que se va a mover la restricción del derecho de huelga va a ser el de los servicios esenciales y la imposición de servicios mínimos. Hay una tendencia muy acentuada a considerar en una convocatoria de huelga general que prácticamente cualquier actividad pública o privada es susceptible de ser considerada servicio esencial, desde luego todas las referidas a servicios de interés general y ello pese a una doctrina constitucional que posibilita una mayor contención en la determinación de esa cláusula abierta de la esencialidad del servicio.

Otra práctica también cuestionada por inconstitucional en una reciente sentencia – la STC 62/2026 – es la que contempla la fijación de servicios mínimos por la autoridad gubernativa de manera genérica, dejando a la empresa la concreción de un “complemento técnico” para la determinación de las perdonas que van a cumplir estos servicios mínimos. Se trata de una delegación muy amplia del poder público en la dirección de la empresa, permitiendo una disponibilidad casi plena e indeterminada de la organización de la plantilla de los trabajadores que han de prestar servicio durante la huelga que  incumple el principio de neutralidad e imparcialidad que requiere el procedimiento de imposición d servicios mínimos del art. 10.2 DLRT por las razones anteriores y en línea con el carácter restrictivo que debe acordarse a la intervención de la empresa, que no puede determinar con sus decisiones el alcance o la intensidad de la huelga. “Los criterios de fijación de servicios mínimos han de sr lo suficientemente concretos como para que pueda decirse que los servicios han sido establecidos por la administración y no por la empresa, en el que no se puede delegar su fijación”, establece la citada STC 62/2026

En principio, el tiempo de impugnar los servicios mínimos ya debe haberse consumido y no ha sido comentado en la prensa las posibles impugnaciones de las decisiones administrativas de las diferentes administraciones, en especial la de las Comunidades Autónomas. Cabría haber efectuado una petición de suspensión cautelar de los mínimos impuestos ante la jurisdicción contenciosa (con la posible sustitución de los mínimos impuestos por otros fijados por el órgano judicial), y, en segundo lugar , una específica sobre la designación de los trabajadores y de las trabajadoras para desempeñar los servicios mínimos, esta vez conforme a la jurisdicción social también en régimen de urgencia. Pero a fin de cuentas, esta técnica posibilita en la práctica la virtual supresión de la eficacia del derecho de huelga al establecer en todo caso una continuidad del servicio que, si no es pactado con los sindicatos convocantes, resulta normalmente exorbitante y abusivo.

Derecho de resistencia y estado de necesidad

Es conocido que algunos sindicatos han denunciado la negativa de las autoridades de gobierno autonómicas a abrir negociaciones con los sindicatos convocantes para la fijación de las prestaciones indispensables en caso de huelga. Las noticias que llegan de las comunicaciones de las empresas a los órganos representativos de los trabajadores son especialmente alarmantes. Es muy común que se prescriba la asistencia al trabajo como personal requisado para la realización del servicio mínimo a un porcentaje de personas mayor que el que en situaciones de normalidad atienden el servicio de que se trate. También que se exija la presencia de personas que están en una situación de jornada reducida por cuidados familiares, o que sean representantes de los trabajadores o que se encuentren de baja por enfermedad. En otras ocasiones, el porcentaje de personal que es llamado al cumplimiento de esta actividad se concreta en una cantidad tal de personas a la que se impone trabajar, privándolas del derecho de huelga, que son excepción quienes pueden sumarse a esta acción colectiva, puesto que son una minoría insignificante (el 10 o el 15% de la plantilla)

La privación o la vulneración del derecho de huelga produce un efecto inmediato en la amputación del derecho al impedir su ejercicio a las personas que han sido designadas para cumplir el servicio mínimo en razón de la restricción en el ejercicio del derecho al que habilita la norma de aplicación del art. 10.2 del Decreto -Ley  de Relaciones de Trabajo (DLRT). En estos casos por consiguiente no cabe hacer uso de la garantía judicial del derecho, cuya satisfacción es difícil por lo actual e inmediato de la vulneración del derecho fundamental.

Es por tanto posible acudir a un momento de autorregulación para preservar de forma directa por el sujeto colectivo el ejercicio del derecho. Aunque la jurisprudencia no se ha pronunciado sobre este asunto, es perfectamente posible – y convniente – que la imposición de servicios mínimos abusivos se conteste por los sindicatos convocantes por el rechazo o la negativa a cumplir el mandato de la autoridad gubernativa, luego puesta en práctica por la empresa, que de manera notoria suponen una vulneración del ejercicio del derecho y que sean ellos los que de manera autónoma, establezcan la prestación de servicios mínimos que entienden ajustada a derecho.

Frente a la respuesta clásica que se da a esta cuestión, aun vacilante, entre el derogado art. 16 DLRT, que por tanto preveía la sanción de despido para todas las personas que hubieran desobedecido el acto de imposición de un mínimo de actividad, y la remisión a la doctrina gradualista que solo podría castigar con el despido a los participantes “activos” en la propuesta de rehusar el cumplimiento de la continuidad de la actividad que se le había asignado, cabe defender una opción bien diferente. La solución actual tiene que centrarse en la doctrina del propio Tribunal Constitucional y en la utilización de instrumentos generales de interpretación, como es el recurso al estado de necesidad. Esta fue la doctrina que se apreció por el TC – y luego por algunas sentencias del TS – en el sentido de entender que el incumplimiento de requisitos formales como el de la notificación del preaviso, podía excepcionarse ante una situación de necesidad, en la que los derechos fundamentales de los trabajadores aparecen directamente afectados y puestos en peligro – o directamente vulnerados- por un comportamiento empresarial - de manera que una reacción mediante la huelga ante esta afectación grave de un derecho fundamental es perfectamente lícita y desarma la pretensión de la empresa de sancionar a los huelguistas por no haber mantenido el total de servicios mínimos. La conclusión es que la negativa a llevar a cabo servicios mínimos abusivos o contrarios a la doctrina constitucional no puede ser considerada una falta sancionable al tratarse de una decisión motivada por el estado de necesidad.

Manifestación y piqueres

La jornada del día 11 de noviembre concluirá con una manifestación que se prevé amplia y nutrida, como resultado de una alta participación de personas en la huelga general convocada. Pero antes, durante los momentos durante los cuales se ejercita el derecho de huelga, es el momento de la actuación de los piquetes de huelga, una manifestación directa del ejercicio del derecho de huelga del art. 28.2 CE  como tiene declarado el TC, y que por tanto deben ser protegidos y no hostigados por las fuerzas de orden publico. Previsiblemente sin embargo, la policía intentará intervenir sobre los piquetes, provocando incidentes de orden público y detenciones que los sindicatos deberán acompañar y reconducir al plano de la defensa jurídica. Hay que estar atentos porque la alta participación de jóvenes que se prevé no conoce las pautas tradicionales de la actuación de los piquetes y es muy posible que sean ellos sobre los que se cebe la represión policial.

En todo caso, la huelga general del 11 de noviembre va a constituir una seria llamada a que el sindicalismo active de forma permanente su capacidad de respuesta y de intimidación y se coloque directamente en una perspectiva de futuro como la advertencia a quienes quieren sustituir al gobierno progresista por un conglomerado revanchista decidido a llevar adelante una política de desregulación laboral, antisindical y de recorte del gasto público y los servicios pública.