martes, 14 de septiembre de 2021

AHORA TAMBIÉN EN HOLANDA: LOS CONDUCTORES DE UBER SON TRABAJADORES ASALARIADOS

 


Luca Nogler, frecuentador del blog y buen amigo, además de catedrático en la Universidad de Trento y General Editor, con Fausta Guarriello, de la revista Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni industriali, ha enviado, para su publicación aquí, una nueva noticia sobre la pugna que desde hace tiempo se viene verificando entre las poderosas empresas de plataformas digitales y las demandas sindicales sobre la definición legal de la relación de trabajo que une al personal a su servicio con dichas empresas. El caso de UBER es especialmente significativo puesto que es posiblemente la empresa pionera en el modelo de negocio luego extendido desde el transporte a otros sectores, en especial el de la entrega de comida o mercancías, que ha generado en nuestro país la respuesta legislativa articulada a través del RDL 9/2021 y la reforma correlativa del Estatuto de los Trabajadores que es conocida como Ley Riders y a la que ya se ha aludido en numerosas ocasiones en esta página.

La propuesta de salida de estas empresas ha sido la de considerar a las personas que trabajan para ellas como independientes o autónomos, y en consecuencia situados fuera del ámbito de regulación del derecho del trabajo. Si la relación de servicios no era laboral, tampoco se hacía nacer la relación jurídico pública de seguridad social que superpone a la misma, y en consecuencia las empresas de lo que en su momento se venía a llamar “economía colaborativa” no cotizaban a la Seguridad social por el personal a su servicio.

El cuestionamiento frontal de esta situación por parte de los sindicatos y de los propios trabajadores generó no sólo los primeros conatos de auto organización de estos colectivos, sino también el acceso a la justicia como forma de dirimir los conflictos que se estaban planteando. El recurso a la acción jurídica, que en el caso español contó con el afortunado protagonismo de la Inspección de Trabajo a través del proceso de oficio, supuso para estas empresas multinacionales un obstáculo para su estrategia de balance de costes y beneficios, y aunque al comienzo la respuesta en el plano jurídico se centró en defender el carácter no subordinado de la prestación de estos trabajadores, pronto viró hacia la posibilidad de encontrar categorías intermedias que permitieran reconocer algunos derechos básicos a estos colectivos, pero sin que adquirieran la condición plena de trabajador por cuenta ajena. En España, esta tendencia se quiso amparar en la figura del TRADE creada por la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo en el 2007, acogiendo una figura específica que se denominaba el “TRADE digital”, pero en otros países se intentó también por categorías intermedias que se situaran fuera de la dicotomía subordinación / autonomía, evitando una nueva polarización entre estas dos categorías esta vez encuadrada en el contexto de los nuevos modelos de negocio que ha propiciado la digitalización. Esta propuesta estratégica sin embargo ha chocado con un continuo goteo de resoluciones judiciales que la desmienten y contradicen en múltiples países, incluso en aquellos en los que se prevé este tipo de figuras intermedias, como el Reino Unido o Italia.

El último de los pronunciamientos judiciales ha venido de Holanda, del Tribunal de la Región de Amsterdam que ha estimado la pretensión de los sindicatos holandeses (FSV) frente a la empresa UBER N., que habían argumentado que los aproximadamente 4.000 conductores de Uber en esa ciudad eran trabajadores de una empresa de taxis y debían por tanto recibir los  beneficios en línea con el sector del taxi que fija el convenio colectivo aplicable a este sector. Según las noticias de prensa (https://www.reuters.com/world/europe/dutch-court-rules-uber-drivers-are-employees-not-contractors-newspaper-2021-09-13/) para el Tribunal, es evidente que "la relación jurídica entre Uber y estos conductores reúne todas las características de un contrato de trabajo", por lo que los conductores que transportan pasajeros a través de la aplicación Uber están cubiertos por el convenio colectivo de trabajo para el transporte en taxi vigente en la ciudad. Con ello, los empleados de UBER son, tras esta decisión judicial, considerados trabajadores al servicio de esta empresa y no trabajadores autónomos que contratan libremente sus servicios con la corporación. Los jueces también condenaron a UBER a pagar una multa de 50.000 euros por no aplicar los términos del acuerdo laboral para los taxistas.

La sentencia no ha gustado a la dirección de UBER, que la recurrirá al Tribunal Supremo. Maurits Schönfeld, director general de Uber para el norte de Europa, ha manifestado al respecto dos cosas. De un lado, que no piensa contratar como trabajadores a los empleados que trabajan para la empresa. De otro que esta oposición a la inserción en el espacio de aplicación del Derecho del trabajo de los conductores de la empresa contraría su voluntad individual. "Estamos decepcionados con esta decisión porque sabemos que la inmensa mayoría de los conductores desean seguir siendo independientes", dijo. "Los conductores no quieren renunciar a su libertad de elegir si quieren trabajar, cuándo y dónde".

Sin embargo, la sentencia posibilita que estos conductores tengan acceso a condiciones salariales superiores, puedan ejercitar derechos colectivos e individuales en el seno de la relación laboral, y gocen de las prestaciones públicas que se conectan directamente con la calificación de su relación de servicios como laboral, además de reforzar sus garantías en caso de despido o de enfermedad, como señaló Zakaria Boufangacha, vicepresidente de la FNV.

La sentencia es un nuevo dato que contradice la estrategia de estas empresas, pese a que han redoblado su presión ya no sobre los espacios de regulación nacionales, sino sobre la Unión europea, donde piensan que pueden recuperar lo que están perdiendo en los tribunales nacionales de los Estados miembros. En febrero del 2021, UBER publicó un libro blanco en el que pedía a los reguladores de la UE que reconocieran el valor de los contratos de trabajadores autónomos o independientes como una forma positiva de creación de puestos de trabajo, al tiempo que estudiaban nuevas normas para proteger a este personal de la economía digital sobre la base de desarrollar un estatus intermedio similar al que rige en algunos países que les asegure ciertos derechos. Es lo que la dirección de UBER considera “un nuevo enfoque”, en el que el acceso a la protección social y a las ventajas económicas “no se produzca a costa de la flexibilidad en la gestión de la mano de obra y la consiguiente creación de empleo”.

Esta estrategia es la que se está siguiendo asimismo para USA y Canadá, donde se enfrenta a decenas de demandas por la situación de sus conductores, y el que hasta el momento había sido considerado un incuestionable triunfo de las empresas como UBER y LYFT, líderes estadounidenses en servicio de autos con conductor, el referéndum de California que decidió por votación popular que los conductores de estas empresas debían ser calificados como trabajadores autónomos, está siendo también discutido seriamente por los tribunales, a partir de una decisión de un juez de la Corte Superior del Condado de Alameda que sentenció que la ley  aprobada por referéndum – la proposición 22 - viola la Constitución de California, por lo que es “inaplicable”.  

Como se puede comprobar, la definición de la prestación de trabajo en los modelos de negocio que ha traído la digitalización con la mediación de las plataformas y aplicaciones digitales, lleva un largo camino jalonado de pretensiones sindicales y decisiones judiciales, con pocas incursiones normativas, con la excepción muy señalada de la experiencia española. Es un terreno importante de confrontación de intereses, pero también un banco de pruebas para la teorización doctrinal sobre los cambios producidos en la forma de dirigir y organizar el trabajo subordinado en el siglo XXI y las posibilidades de adaptación a los mismos que experimenta el Derecho del trabajo.

 


domingo, 12 de septiembre de 2021

11 DE SEPTIEMBRE: 48 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN CHILE. LOS ABOGADOS LABORALISTAS LO RECUERDAN

 


Como en el cortometraje de Ken Loach  en el film 11’09”01, la fecha del 11-S no sólo se refiere a los ataques terroristas al Centro Mundial de Comercio de Nueva York, como nos recuerdan convenientemente todos los medios de comunicación en nuestro país. La fecha evoca asimismo el golpe militar que terminó con el gobierno y la vida del presidente Salvador Allende en Chile, abortando una experiencia de cambio democrático y social e imponiendo una sangrienta dictadura militar con la complicidad activa de los Estados Unidos. Son ya 48 años de aquel momento terrible para el pueblo chileno y para todas las personas que, en América y en Europa, concebíamos la posibilidad de cambiar profundamente el cuadro social y económico de un país mediante el acceso democrático al poder, simplemente obteniendo una mayoría electoral, algo que actualmente concebimos como un proceso mucho más complejo. Hoy Chile vive un momento histórico mucho más prometedor y esperanzado, pero los abogados laboralistas de aquel país, organizados en la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas (AGAL) que constituyó un lugar activo de resistencia frente a la dictadura pinochetista, han querido hacer público una reflexión sobre esta fecha. Este es el comunicado que con gusto publicamos en este blog, haciéndonos eco de las palabras de nuestras compañeras y compañeros de Chile.

AGAL reflexiona en 48 aniversario del golpe de Estado de 1973

 

El 11 de septiembre es una fecha triste para Chile, para los derechos humanos y para las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por ello hoy, en un día como el que hace 48 años enlutó a nuestra nación con el golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende y produjo su muerte y que, además, demarcó el inicio de una dictadura cívico – militar cruenta y abusiva que ejecutó, desapareció y exilió a miles de personas por el simple hecho de pensar distinto, invitamos a reflexionar.

Como Asociación Gremial de Abogadas y Abogados Laboralistas de Chile, AGAL, recordamos a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras y sus dirigentes sindicales que, fruto de una política de exterminio, ya no están con nosotros. Asimismo, manifestamos nuestro anhelo y compromiso de desplegar nuestros mayores esfuerzos para que nunca más en Chile sea posible llegar a una instancia tan dramática como la de 1973 y la dictadura que duró interminables 17 años.

Desde nuestra creación, en 1982, y hasta hoy y siempre, los profesionales de AGAL hemos acompañado y defendido a la fuerza laboral chilena y sus organizaciones, muchas veces corriendo riesgos vitales y permanentemente constatando absortos la cultura de abusos, injusticias y maltratos puesta en práctica por el sistema neoliberal instaurado a la fuerza.

Hasta el día de hoy, ciertamente con algunas pocas evoluciones, continuamos inmersos en ese sistema abusivo que la dictadura supo “legalizar” a través de la Constitución Política de 1980 con sus posteriores disposiciones, enclaves autoritarios y leyes de amarre, entre las que se inscriben el Plan Laboral de 1979, que derrotó el estatuto social de la empresa y privó a los trabajadores de los pocos beneficios que habían logrado conquistar; la Reforma Previsional que privatizó los fondos de pensiones y precarizó la seguridad social y las jubilaciones; la Reestructuración de la Salud que la llevó de ser un derecho humano a un pingüe negocio para empresarios insaciables, y la Municipalización de la Educación, que replicó en la enseñanza las desigualdades existentes entre las comunas ricas y pobres.

Hoy, que con el trabajo de la Convención Constitucional -democráticamente elegida, paritaria en género y con representación de los pueblos originarios- se perfila un horizonte de mayor justicia y vida digna para todos y todas, más que nunca es importante recordar, jamás olvidar, esta fecha infausta que fue punto de inicio y gatilladora de los abusos, injusticias y maltratos mencionados, y de muchos más.

 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS LABORALISTAS DE CHILE, AGAL.

11 de septiembre de 2021.


viernes, 10 de septiembre de 2021

¿DESPEGUE DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA FASE POST-COVID? SOBRE LA CUMBRE IBÉRICA DE ECONOMÍA SOCIAL

 



Dice Wikipedia que la economía social o economía social y solidaria es una noción que se refiere principalmente a las relaciones de producción y distribución que están organizadas por el principio de solidaridad y no persiguen el lucro, un​ sector de la economía que estaría a medio camino​ entre el sector privado y el sector público. Por ello se le denomina tercer sector, e “incluye a cooperativas, empresas de trabajo asociado, sociedades laborales, organizaciones no lucrativas, asociaciones caritativas, empresas de inserción, mutuas o mutualidad y micro emprendimientos asociativos”. En muchas acepciones clásicas, este tipo de organizaciones productivas se caracterizaban por alinearse en torno a una determinada “ética social” común a las mismas que cuenta con ilustres precedentes teóricos antiliberales, de Proudhon a Owen.

Sin embargo, esta impronta antiliberal se ha ido desvaneciendo con la abrumadora hegemonía ideológica y política neoliberal,  para la que el “tercer sector” se asimila a formas empresariales cuya función en el mercado debe ser idéntica a la que caracteriza al resto de agentes económicos, sin que el ideario declarado o la base asociativa de su organización deba imponer un sesgo diferente a su actuación económica. En España hubo un intento que llevó a cabo la Ley 5/2011 de 30 de marzo, de articular una norma que regulara el conjunto de figuras que formaban parte de este sector, pero vino a ser arrastrado por el torbellino de la crisis financiera y de la deuda que acabó con el gobierno del PSOE para ser sustituido por la mayoría absoluta del PP. Éste, coherentemente con su concepción del mundo económico, optaría de manera muy decidida por la noción de “emprendimiento” como eje ideológico y político de la figura de la recuperación económica a partir del 2015, desatendiendo las posibilidades que podría ofrecer la economía social en ese proceso.

Frente a ello, resulta sin embargo evidente que en la perspectiva de la recuperación económica tras la pandemia, la llamada economía social se ha presentado con fuerza como un agente relevante de la recuperación económica que además pretende ocupar un papel de importancia en los Planes de Recuperación y Resiliencia para la salida de la crisis, de manera que se adopte un Plan de Acción Europeo para la Economía Social. El Gobierno español se ha implicado en este proceso a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la Dirección general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas cuya titular es Maravillas Espín, profesora de Derecho del Trabajo en la UAM. Está impulsando una serie de acciones tanto en el plano interno, entre las que destaca la declaración de Teruel como capital de la economía social y solidaria para el año 2021, como primera ciudad de las que constituirán la futura red de capitales comprometidas con la Economía social y una cierta recuperación del contenido de la citada Ley 5/2011, especialmente en lo referido a la “tarea de interés general” consistente en el apoyo y difusión de la economía social y en la creación de un órgano de participación institucional consistente en el Consejo para el Fomento de la Economía Social, reactivado a partir de esa declaración.

En esa línea, se están llevando a cabo también acciones internacionales bilaterales y multilaterales en la línea de promoción de los que se entienden principios básicos de la Economía Social: “la primacía de las personas y del fin social sobre el capital; la gestión autónoma, transparente, democrática y participativa o la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local”. Este ha sido el objetivo de la I Cumbre Ibérica de Economía Social entre Portugal y España, que además de escenificar la magnífica relación existente entre los dos departamentos ministeriales de Trabajo en Portugal y España en la persona de sus titulares, Ana Mendes Godinho y Yolanda Díaz, ha culminado en la firma de un “Memorándum de entendimiento” entre ambos países en materia de economía social, lo que para Portugal fundamentalmente se concentra en una amplia experiencia cooperativista, que tiene un fuerte apoyo político en el art. 61 de la Constitución Portuguesa de 1976, que positiviza a su través los principios del cooperativismo, establece la libertad de federación y confederación de las cooperativas, la participación pública y el derecho a la autogestión. El sector cooperativo de Portugal en la actualidad sigue estando dominado por las cooperativas agrícolas, las cuales constituyen alrededor de un tercio del total. Otros sectores importantes incluyen la banca, el comercio mayorista, el comercio minorista y la educación. En España, también en el sector agroalimentario se asienta el fenómeno cooperativo, así como en otros sectores, pero sin duda la especialidad española más relevante la constituye el importante arraigo de la economía social en el País Vasco, en torno al fenómeno tan estudiado de Mondragón, y donde el cooperativismo se ha instalado también en el sector industrial.

El Memorándum hispano-portugués se compromete a potenciar el rol de los Consejos Nacionales de Economía Social como órganos activos de consulta, que se encargarán de impulsar un programa que posibilite el intercambio de experiencias sobre legislación y sobre las medidas en el marco de los Planes de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Acción Europeo para la Economía Social, lo que en nuestro país lo llevará a efecto el Consejo de Fomento de la Economía Social. La coordinación bilateral se extiende a la información relativa a la formulación de cuentas estadísticas y a la metodología empleada en los informes, lo que, en última instancia, facilitará la confección de estudios comparativos y a la la definición de posiciones comunes en el proceso de elaboración del Plan de Acción Europeo para la Economía Social, con una apertura final a la actuación conjunta de ambos países  en el desarrollo de propuestas para impulsar la presencia de la economía social en el marco de las Cumbres Iberoamericanas.

En España, las empresas de economía social se encuentran representadas por CEPES, Confederación Empresarial Española de la Economía Social, separada por tanto de las organizaciones empresariales que representan al mundo empresarial, y esa subjetividad colectiva propia se reconoce mediante su participación en el Grupo Tercero del Consejo Económico y Social español, en el que tienen 4 representantes. Suele establecerse una correlación inversa entre el crecimiento del cooperativismo y el crecimiento económico, de manera que cuando se produce una crisis, aumenta la creación de cooperativas, mientras que disminuyen éstas en cuanto se verifica una recuperación de la economía. Los datos que ofrece CEPES en cuanto al número de trabajadores ocupados no se corresponde con ese pronóstico, puesto que según éstos, la destrucción de empleo de la crisis 2010-2014 afecta también a este sector, que pasa de casi 300.000 trabajadores en el 2010 a 280.000 en el 2014, y la recuperación económica acompaña su crecimiento hasta los 322.000 del año 2018, aunque en 2019,que son los últimos datos recogidos, el número de personas trabajadoras disminuye a 314.000, y el número de sociedades cooperativas no ha cesado de disminuir desde el 2009. Por regiones, es Andalucía la que tiene un mayor número de cooperativas, que emplean a casi 61.000 personas, pero a continuación por el número de trabajadores - 60.4000 – viene el País Vasco, aunque es inferior el número de empresas cooperativas en dicha comunidad autónoma.

Como puede evidenciarse de estos datos, es todavía muy residual la presencia de la llamada economía social en nuestro modelo económico, claramente orientado a la llamada economía libre de mercado. Sin embargo, en la propuesta política del Ministerio de Trabajo y Economía Social puede suponer, como señaló Maravillas Espín en la presentación del Memorándum en la Cumbre Hispano-Lusa, “una oportunidad inédita para transformar nuestro modelo  económico y productivo, orientándolo hacia un sistema más humano, sostenible e inclusivo, al tiempo que posibilita la ansiada recuperación económica”. La potenciación de este tipo de agentes económicos que privilegian el aspecto social en su actividad económica durante el período de la recuperación económica post-covid es sin duda una buena iniciativa. El problema se traslada ahora a la realización efectiva de ese ideal social que debería caracterizar a este denominado “tercer sector” en las relaciones económicas desplegadas en el mercado o, por el contrario y como en demasiadas ocasiones se puede comprobar, la anulación del mismo y la plena equiparación en objetivos y métodos con las empresas mercantiles clásicas en la apropiación del beneficio y la privación de derechos a los miembros que componen la sociedad.