miércoles, 14 de abril de 2021

REFORMAS PROMETIDAS Y NOVEDADES EN EL SENADO EN LOS 90 AÑOS DE LA II REPÚBLICA


 

Absorbidos como estamos por las vicisitudes de la pandemia, el arranque de la vacunación masiva, y el entretenimiento favorito de los medios de comunicación de situar el centro de sus informaciones en las elecciones de Madrid, presentadas con la pasión de los hooligans británicos abrumadoramente escorados hacia el equipo (presuntamente) ganador, hay muchos elementos importantes de la actualidad que pasan inadvertidos y que tampoco se insertan en el discurso mediático dominante, que es a fin de cuentas el que alimenta la información de la inmensa mayoría de la ciudadanía española. Pero además, hoy es 14 de abril.

Algunos de estos temas han sido subrayados por intervenciones aisladas, como el hecho fundamental del plan de la presidencia de los Estados Unidos de inversión de más de dos billones de dólares, que se suma a las cantidades ya movilizadas hasta el momento, un plan que hace que la Next Generation de la Unión europea sea visto como un esfuerzo raquítico en comparación, a lo que se suma la propuesta de subir el salario mínimo casi al doble de su magnitud actual – de 7,25 a 15 USD la hora – y la propuesta de imponer a nivel global un impuesto de sociedades cuyo mínimo se sitúe en un 20%. Y ello sin dejar de atender al enorme esfuerzo de compra de vacunas y de organización de la vacunación de la población norteamericana que la Administración Biden está llevando a cabo. Sin perjuicio de que este programa de acción norteamericano responda también al incremento del peso que tiene en el interior del Partido Demócrata su ala izquierda, lo que es evidente es que la orientación neoliberal en el tratamiento de la salida de la crisis ha sido sustituida por un fuerte impulso al gasto social, una impresionante inversión en infraestructuras públicas y de empuje de sectores económicos punteros, reformas que potencian el crecimiento salarial y la mejora de las condiciones de trabajo y establecimiento de impuestos a las grandes corporaciones.

Las reformas necesarias para abordar la recuperación post-Covid

Aunque en la UE el esfuerzo ha sido mucho menor, la suspensión del mecanismo de estabilidad y su sustitución por políticas de impulso a los servicios públicos y al gasto social, pone de manifiesto el cambio de perspectiva. Que no sólo puede centrarse en el debate muy importante de la aplicación de los fondos europeos y la colaboración público / privado en su desarrollo, sino que requiere fundamentalmente abordar los escenarios de reforma y modernización en materia de relaciones laborales y de Seguridad Social que conectan con el programa de gobierno y que se han traducido asimismo en compromisos del Estado español frente a la Comisión Europea. En este sentido se manifestaba Unai Sordo, el secretario general de CCOO en una entrada publicada en su blog el 12 de abril, fecha en la que los sindicatos han decidido movilizarse cada mes por la obtención de la subida del salario mínimo, la derogación de las reformas del 2013 de Seguridad Social, y de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012 en materia de negociación colectiva y en la dislocación salarial que se produce en los fenómenos de subcontratación, y la remodelación de la contratación laboral y la temporalidad, junto con la permanencia de un mecanismo de regulación temporal de empleo en la línea del que se ha puesto en práctica con los ERTE.

Una línea reformista que cuenta con obstáculos importantes de quienes no entienden que es el momento de modificar profundamente los parámetros de la acción pública desarrollando servicios públicos de calidad y modificando las estructuras productivas empresariales inadecuadas para la recuperación de la actividad económica en el inmediato después de la pandemia. En esa modernización, la consolidación de la negociación colectiva articulada en torno a la figura del convenio sectorial, la ampliación y reconocimiento de nuevos derechos laborales, la reconstrucción de figuras de amortiguamiento social ante los ajustes de empleo y la reorganización de los mecanismos de externalización productiva en términos de equidad, tiene que repercutir además en poner fin a la larga e intensa depreciación salarial sufrida a partir de la reforma del 2012 y a la terrible segmentación desigual que la precariedad ha generado entre el conjunto de los trabajadores, manteniendo en situación vulnerable a los colectivos de mujeres, jóvenes e inmigrantes fundamentalmente. Quieren impedir o rebajar a toda costa estas reformas prometidas y comprometidas la CEOE, en donde pesa mucho la inercia de un asistencialismo público a una actuación económica acostumbrada a competir con bajos salarios, carga fiscal irrisoria y dependencia financiera exorbitante, con episodios frecuentes de especulación, pero también una buena parte de administradores públicos y de miembros de servicios de estudio financieros, económicos y jurídicos, que han incorporado la lógica insolidaria y mercantilizadora de las relaciones de trabajo que se mostró terriblemente negativa en la gestión de la crisis financiera y de la deuda soberana en el período 2010-2014 en los países del sur de Europa y en especial en España. En algunos de estos exponentes, late una suerte de hipóstasis o unión de dos naturalezas, la que hace referencia a su condición de cargo político en el gobierno de la nación, y la que se considera elemento relevante de la leadership informal de la Unión Europea. Una presunción excesiva que no solo genera malas decisiones sino también equivocaciones notables por su presuntuosidad: no todos pueden considerarse parte del star system europeo, y las consignas neoliberales se han puesto en el refrigerador de momento.

Tramitación de la ratificación del Convenio 189 OIT sobre el trabajo doméstico.

Reformas por emprender y concluir, por consiguiente, y nuevos territorios de conflicto y de encuentro a través del diálogo social. Pero no todo se concentra en este espacio. Ayer mismo, en el Senado, la Vicepresidenta tercera y Ministra de Trabajo y Economía Social anunció que se ha comenzado el proceso de ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, un texto internacional que regula el trabajo al servicio del hogar familiar, es decir, un sector estratégico en la inserción del trabajo de cuidados en la lógica de la tutela laboral, que requerirá modificaciones importantes en nuestro ordenamiento interno, en especial la previsión de la protección por desempleo para este colectivo, fundamentalmente feminizado y racializado. Como en tantos otros temas, el derecho emanado durante el período Covid19 inició un  primer tratamiento en positivo de esta materia, al prever, en el RDL 11/2020, un subsidio extraordinario por falta de actividad para quienes hubieran visto extinguido su contrato de trabajo por despido o desistimiento de su empleador, una cuestión que ya fue objeto de atención por este blog https://baylos.blogspot.com/2020/04/nuevas-medidas-dirigidas-trabajadores.html. El anuncio de la ratificación de esta norma internacional se contenía en el programa de gobierno, pero es una reivindicación sindical y del colectivo de las trabajadoras del hogar, que intenta dotar de mayores derechos a este segmento de trabajo vulnerable y precario.

En la intervención ante el Senado, Yolanda Díaz afirmó que con la incorporación al ordenamiento interno español de esta norma internacional, se pretendía erradicar una injusticia histórica que había mantenido en una situación de subalternidad acentuada a las trabajadoras que prestan sus servicios en el ámbito del domicilio privado de otras personas. Hay que tener en cuenta que este es el único sector en el que nuestro sistema prevé el libre desistimiento, es decir el despido sin causa, una conducta directamente contraria al reconocimiento del derecho al trabajo en el art. 35 CE, y en el que, como ya se ha señalado, la pérdida del empleo no lleva consigo la posibilidad de recibir una prestación de desempleo, como el resto de las trabajadoras. La opacidad de esta relación hace que la informalidad de la relación laboral emprendida y, en el caso de formalizar esta, la subcotización por este colectivo sea endémica. Simplemente con una carta de la Inspección de Trabajo ,se ha conocido que han aflorado seis millones de salarios mensuales impagados a las empleadas de hogar. Una noticia muy significativa.

Derogación del art. 315.3 del Código Penal

No deja el Senado de ofrecer novedades positivas. Porque hoy, 14 de abril, se votará en el Pleno del mismo, el proyecto de ley, presentado por el grupo parlamentario socialista en octubre del año pasado, con el apoyo de la mayoría de investidura, por el que se deroga el art. 315.3 del Código Penal, el delito de coacciones laborales, que permitió, con ocasión de las huelgas generales del 2010 y del 2012 contra la reforma laboral, el encausamiento y la persecución de más de 300 sindicalistas por participar en los piquetes de huelga, con enormes peticiones de cárcel para sus integrantes, representantes sindicales de los trabajadores y de las trabajadoras, seleccionados por la policía y el Ministerio Fiscal como una forma de escarmiento público ante la acción colectiva impulsada por las organizaciones de clase frente a las medidas lesivas de los derechos de los trabajadores. Como se señalaba en este mismo blog (https://baylos.blogspot.com/2020/12/sobre-la-criminalizacion-de-los.html), las personas que resultaron encausadas y sometidas a procesos penales por la defensa de los derechos laborales en el marco de una huelga general, que sufrieron la represión policial y penal por haber luchado por mantener un derecho fundamental, tienen en esta derogación una reparación simbólica por parte de la sociedad. Todas ellas hoy deben estar orgullosas de su sacrificio y su compromiso, que han hecho posible que ese mismo tipo penal que sufrieron no se les vaya a aplicar más a las compañeras y compañeros que a partir de ahora formen parte de los piquetes de extensión e información de la huelga.

14 de abril, 90 años

Y todo ello tiene lugar a la vez que celebramos el 90 aniversario de la proclamación de la II República española. Un momento histórico de libertad que se produjo en un contexto internacional plenamente desfavorable para el establecimiento de un sistema democrático y social que luchara contra el caciquismo, la opresión ideológica de la Iglesia católica, y la reacción económica y política de los sectores industriales. En medio del ascenso y del brillo de los regímenes criminales del nazismo y del fascismo, la II República no pudo, como su modelo político, la República de Weimar, sobrevivir a su proyecto civilizatorio. Lo impidió, aunque el revisionismo histórico lleva negándolo desde el primer momento, un golpe de estado de extrema violencia, fundamentalmente dirigido a la eliminación de las organizaciones de los trabajadores y su capacidad de acción y de influencia y al exterminio y represión de los sectores progresistas de la ciencia y de la cultura instalados en la defensa del laicismo y del progreso social. Una rebelión militar contra el orden democrático que sus protagonistas habían jurado defender, que construyó una dictadura alineada con las potencias nazifascistas derrotadas luego de una guerra mundial masacrante, y que pudo sobrevivir tras una década de cruel represión y sometimiento colectivo mediante su transformación en una sociedad de mercado libre dirigida autoritariamente en lo social y con el rechazo permanente del pluralismo político y la libertad sindical, apadrinada por Estados Unidos en su estrategia de la guerra fría.

Pero la II República implica el reconocimiento del trabajo como un elemento esencial de la comunidad política – España es una república de trabajadores de todas clases – y el compromiso del Estado en desarrollar todo un programa de reformas sociales bajo el impulso del Estado: El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna, comienza el art. 46 de la Constitución. Y en efecto, en la II República se puede propiamente hablar del comienzo del Derecho del Trabajo moderno, una etapa extraordinariamente fértil en la producción de normas y en el debate cultural y político que las sostiene, en un contexto sindical fuertemente dividido entre concepciones opuestas que contemplaban de manera antitética cuestiones centrales como el papel del Estado, las bases de trabajo y la negociación colectiva, la acción directa, el colectivismo obrero y la gestión de la empresa. Un horizonte de debate que terminará abruptamente por obra de la rebelión sediciosa y de la cooperación de los sectores reaccionarios y fascistas que controlaban el poder económico y el inmenso aparato cultural de la Iglesia Católica, pero que sigue ofreciendo enseñanzas y sugerencias a quienes se adentran en su estudio. Hoy, noventa años después de su proclamación, no solo forma parte de la memoria democrática de la que tan necesitado se halla este país, sino de la cultura jurídica que alimenta el concepto de Estado Social y de Derecho sobre el que se funda nuestra constitución.

lunes, 12 de abril de 2021

REVISTAS ESPECIALIZADAS EN DERECHO DEL TRABAJO Y LA IRRUPCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN (II)

 




En la entrada anterior, se había efectuado una primera aproximación a las nuevas formas de expresión de la doctrina científica laboralista en España, que implicaba también una cierta modificación de los contenidos tratados. La remodelación de las publicaciones periódicas, a la que se hizo alusión, debe ser completada con la incidencia de la digitalización en la transformación de las mismas, así como en la aparición de otros nuevos espacios de publicación académica.

La referencia a la irrupción de la digitalización no supone, claro está, que las revistas en papel y bajo suscripción no se incorporen a la web como forma de aumentar su presencia y de dar a conocer el índice de los artículos y comentarios que contiene cada número, así como informaciones relevantes sobre los comités editoriales, la periodicidad de sus salidas, la evaluación ciega de los textos enviados a la revista por pares, las normas de estilo y el código de conducta sobre ética y malas prácticas en la publicación de revistas. Normalmente este tipo de indicaciones se alojan en la página de la editorial que publica la revista. En la Revista de Derecho Social, es la Editorial Bomarzo la que la incluye entre los productos editados, permitiendo no sólo la compra de números sueltos además de la suscripción, sino de artículos por separado que se envían en pdf. La página web de la editorial Laborum incluye una plataforma digital propia para la Revista de Derecho de la Seguridad Social, con idénticas prescripciones sobre suscripción, compra de números aislados y de artículos. Por su parte, la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social publica su propia revista, Documentación Laboral, recuperando un producto que inició como órgano de expresión de la Asociación de Relaciones Laborales de las Cajas de Ahorros, y luego pasó a ser órgano de expresión de UPTA, para finalmente convertirse en la revista que publica seminarios y congresos patrocinados por la AEDTSS y que edita Cinca, casa editora dirigida por Luis Sastrón, que fue el director de publicaciones del Consejo Económico y Social del Estado español.

Otro grupo de revistas compatibiliza la edición en papel con la edición digital del texto. Es una opción que también ha seguido para los libros y monografías Thomson Reuters al absorber a Aranzadi, el llamado formato Duo, en el que publica la Revista Española de Derecho del Trabajo. Esta era también la opción de Wolters Kluwer, al sustituir Relaciones Laborales por la nueva revista Trabajo y Derecho en el 2015, pero a partir de abril de 2020, coincidiendo con el primer período de la pandemia, eliminó la versión en papel y exclusivamente se limitó a la publicación en digital a través de la Smarteca. Comparte asimismo esta doble versión un grupo editorial muy peculiar, articulado a partir de la familia De las Heras, que diseñó el Centro de Estudios Financieros (CEF) y la Universidad privada a distancia de Madrid, UDIMA, editando primero un boletín recopilatorio de legislación, jurisprudencia y negociación colectiva que andando el tiempo ha desembocado en la revista Trabajo y Seguridad Social – CEF, que se ofrece en ambos formatos, en papel y digital, a diferentes precios de suscripción.

Seguramente las revistas ligadas a instituciones públicas han sido sin embargo las que han adoptado de manera más decidida esta dualidad, privilegiando lo digital sobre la versión en papel a través del libre acceso a los fondos de la revista, aunque reservando el número actual sin abrir a la consulta de cualquiera. Este es el sistema que ha puesto en práctica desde el 2001 la Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social en su denominación contemporánea, que ha visto reducida su oferta a tres números anuales y un monográfico, estructurados en torno al Derecho del Trabajo, Economía social y Derecho Social internacional y de la Unión europea. Y es también la opción que ha acompañado a Temas Laborales, la revista del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, cuya antigüedad se remonta a 1984. Es importante destacar que ambas revistas públicas tienen un amplio reconocimiento internacional. La RMTES, es la única de las revistas que está indexada en Scopus, la base de datos que se considera más cercana a la inserción en los JCR codiciados como elementos definitorios en la asignación de la excelencia académica. Y Temas Laborales, junto con la Revista de Derecho Social, son las publicaciones periódicas especializadas españolas que forman parte, una vez desaparecidas Relaciones Laborales y Derecho de las Relaciones Laborales, de la International Association of Labour Law Journals (IALLJ), un prestigioso “club” internacional de revistas de Derecho del Trabajo que agrupa a un conjunto de 32 publicaciones de 19 países de todos los continentes mundiales y la RIT de la OIT.

Pero el hecho más llamativo de estos últimos tiempos es el despegue de la producción científica a través del impulso y la creación de revistas digitales, lo que se podría denominar la germinación electrónica de publicaciones periódicas especializadas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Algunas iniciativas tienen ya una cierta antigüedad. Es el caso de la Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (RGDTSS) , creada por la editorial Iustel en el 2003, bajo la dirección de Luis Enrique de la Villa y J. Ignacio García Ninet, concebida como una revista tradicional, bajo suscripción, con tres salidas anuales, pero en formato exclusivamente digital. Otras no se propusieron como el producto de una editorial privada, sino como una actividad llevada a cabo por un Departamento universitario. Es el caso de IusLabor, creada en su origen por una parte de los componentes del de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra, en el 2005, y que hoy dirigen Anna Ginés desde ESADE, Manuel Luque en la Pompeu Fabra, y Josep Moreno en la Universidad de Lleida. En el comienzo de la crisis financiera y de la deuda, con la convulsión que provocó en el ámbito laboral las reformas estructurales del marco institucional que regulaban las relaciones de trabajo, y la urgencia de un tratamiento internacional y comparado de éste, Lex Social se crea en el 2011, en el marco de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, dirigida hoy por Carmen Salcedo, con este sesgo definitorio, proponiéndose también como un medio de expresión puramente digital. También en la recuperación de la crisis, en 2016, se produce el nacimiento de la segunda etapa de la Revista Galega de Direito Social, patrocinada por el Consello Galego de Relacións Laboráis, bilingüe y en acceso abierto a todos sus usuarios.

Pero a partir del 2019, se hace notar la presencia cada vez más acusada del formato digital elegido desde perspectivas diferentes como el medio idóneo para la producción científica laboral. Por un lado, la Revista de Jurisprudencia Laboral, dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho del Trabajo Antonio V. Sempere, integrada en las publicaciones del Boletín Oficial del Estado, cuyo objetivo es el estudio y análisis crítico de la jurisprudencia, preferentemente nacional, abarcando todos los tribunales en función del interés o novedad del caso, aunque naturalmente con atención prevalente a la que emana del Tribunal Supremo. Por otro, y como prolongación del espacio de debate organizado por un grupo de profesores de las universidades Carlos III  y Autónoma de Madrid y de la Universidad de Valencia que se denominó, jugando con la onomatopeya, Foro de Labos, en abril de ese mismo año, ve la luz la revista digital Labos, dirigida por un triunvirato compuesto por Jose Mª Goerlich, Jesús Mercader y Ana de la Puebla, que está alojada en la página de la biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. A ambas revistas este blog dedicó una entrada resaltando la importancia creciente de estas opciónes de la producción doctrinal laboralista española. https://baylos.blogspot.com/2020/08/revistas-de-derecho-del-trabajo.html

Una tendencia que se ha acentuado en este último año a partir de la creación, como consecuencia de la concesión de proyectos de investigación nacionales, de revistas digitales en un entorno académico, los Departamentos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de algunas universidades. En esta línea, en la Universidad de Sevilla, junto con un blog colectivo de comentario de la actualidad laboral, Iuslablog, se ha lanzado la revista Trabajo, Persona, Derecho, Mercado, subtitulada revista de estudios sobre ciencias del trabajo y protección social, dirigida por Miguel Rodriguez Piñero Royo junto a un comité editorial en el que están Juan Carlos Álvarez Cortés, Javier Calvo y J. Manuel Morales en donde convergen equipos de investigadores de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga. Y, en las mismas fechas, siempre en el año en el que el estado de alarma ha inducido cambios muy significativos en el Derecho del Trabajo y en el derecho de la Seguridad Social, en la Universidad de Málaga, también en el marco de un proyecto de investigación, se ha lanzado una Revista de Estudios Jurídicolaborales y de Seguridad Social, dirigida por el catedrático de aquella Universidad, Francisco Vila, con un número monográfico sobre la incidencia de la pandemia en las regulación de las relaciones laborales.

Aun es pronto para hacer un juicio global sobre el resultado conjunto de este florecimiento de instancias de publicación doctrinal, de su orientación e ideario, y del ámbito de influencia que puede representar. Sin embargo algún dato cuantitativo ya puede subrayarse. En primer lugar, la gran cantidad de publicaciones periódicas que subsisten, pese a la cierta remodelación que se produjo en el comienzo de la salida de la crisis económica y que ha continuado con la clausura imprevista – e injustificada – de Derecho de Relaciones Laborales a finales del 2020, dejando a un grupo editorial muy potente en la oferta de productos de consumo por los operadores jurídicos en materia laboral, la editorial Francis Lefebvre, sin presencia en los periódicos especializados de derecho del trabajo, frente a lo que sin embargo sucede con los otros dos grandes corporaciones multinacionales de la edición, Thomson Reuters y Wolters Kluwer.

En efecto, en el recuento que se ha hecho, son 16 las revistas dedicadas específicamente al análisis del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, un número muy alto en relación con las que otras áreas de conocimiento poseen, y que posiblemente tenga que ver tanto con el dinamismo académico de este sector del ordenamiento jurídico, para cuya promoción académica son fundamentales las publicaciones en revistas especializadas que reúnan los requisitos formales exigidos por la canónica de las acreditaciones en la ANECA, como con la menos evidente necesidad de ir afirmando líneas de interpretación y de aproximación a la regulación jurídica del trabajo que preparen la respuesta ante una futura reordenación del marco institucional en el horizonte post-Covid. En algunos supuestos, esta última posibilidad aparece a través de los temas seleccionados para el debate, como en el último número de Labos  sobre el pacto social y sus contenidos necesarios, o en la enorme producción sobre las nuevas formas de organización del trabajo en plataformas que converge en la creación de la categoría nueva del Derecho digital del Trabajo, o en fin, en la tendencia a reconducir el esfuerzo doctrinal a una sistematización de la jurisprudencia entendiendo que el momento interpretativo del derecho conforma el contenido completo de la regulación jurídica-laboral, sin que se pueda por tanto disociar norma legal y comprensión jurisprudencial de la misma.

Lo que se desprende en su conjunto es la existencia de un momento de transición, de cambio en los modos tradicionales de concebir la relación entre la producción teórica y doctrinal y la cultura jurídica, recurriendo a formas y entornos diferentes de los tradicionales, y en donde una sobreproducción doctrinal impide en muchas ocasiones conocer e interpretar las líneas de avance de la reflexión sobre el Derecho del Trabajo, las propuestas más significativas y el campo del debate trascendente. Este campo de análisis está además abierto a la incidencia en el mismo de los agentes sociales, económicos y políticos que pretenden diseñar el marco regulador de las relaciones laborales, sin que desde luego el esfuerzo de reflexión y de análisis esté aislado del que contemporáneamente se está efectuando en toda Europa, y en especial en los modelos culturales más afines al nuestro. Seguir examinando qué, cómo y dónde investigan los juristas del trabajo en nuestro país sigue siendo una tarea muy útil y clarificadora.

 

 


sábado, 10 de abril de 2021

CAMBIOS RECIENTES EN LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL DERERECHO DEL TRABAJO ESPAÑOL (I)

 


(En la foto, la última página del original de la Ley de Contrato de Trabajo de 1931. Cortesía de Sergio Gálvez Biesca)

La publicación en revistas especializadas de la producción científica de quienes se definen como especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cumple una función tradicional académica pues a su través se produce la valoración de la calidad del texto publicado con repercusión en orden a la estabilidad profesional o su promoción a través de las diferentes categorías en las que se estructura el profesorado contratado o funcionario de Universidad.

En este punto, ya desde hace más de veinte años, se ha producido un cambio sobre el sistema anterior. En lo que a este tema respecta, se trata de la traslación de la evaluación de la calidad del texto a la calidad del medio en el que se publica, medido también en términos de impacto, y la imposición de un proceso de revisión por pares en el que se basa la estimación positiva del artículo publicado como condición inescindible de la calidad implícita del mismo. De esta manera, se ha configurado en nuestros días un sistema de acreditación que reposa en esta consideración del impacto científico de lo publicado, que simboliza el tránsito de la cooptación feudal de las escuelas académicas como forma de promoción docente e investigadora a la mediación tecnocrática de las agencias evaluadoras de expertos que asignan o rechazan a los solicitantes individualmente considerados su condición de excelencia investigadora como clave para su acreditación posterior para poder desempeñar alguna de las categorías de profesorado existentes.

En sí misma considerada, la publicación en revistas especializadas iuslaboralistas cumple otras funciones muy relevantes. Por un lado, la de racionalizar y sistematizar el proceso de producción normativa con especial atención al comentario legislativo y a análisis jurisprudencial. En los últimos tiempos, este aspecto exegético que centra la atención preferente sobre la jurisprudencia de los órganos superiores, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (a lo que se unen las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE y su incidencia en la doctrina judicial de los tribunales nacionales) se ha desbordado, y se proyecta también sobre la jurisprudencia de suplicación de los Tribunales Superiores de Justicia e incluso algunas decisiones de los Juzgados de lo Social. La concentración de escritos sobre el análisis y sistematización de la jurisprudencia, no sólo lleva en ocasiones a disolver las intervenciones de los expertos en una suerte de “anecdotario judicial”, sino que asigna la centralidad doctrinal básica a la doctrina judicial, a la que se supedita la labor teórica y constructiva de la producción científica iuslaboralista en general, que gira en torno a aquella.

La publicación en revistas de textos jurídico-laborales busca desarrollar una línea de incidencia sobre los sujetos sociales y los agentes económicos de explicación de la racionalidad material de la producción normativa sobre la regulación del trabajo, en una labor que se centra fundamentalmente en explicar el carácter ordenador de sus conceptos jurídicos y la determinación subsiguiente de la propia función de las normas laborales en un momento histórico concreto. Por ahí también se abre un espacio de hegemonía cultural que diseña un tipo de análisis crítico sobre el modelo normativo (o en plural, los modelos normativos posibles) que sostiene el conjunto del sistema jurídico y la especificidad del ordenamiento jurídico laboral.

En estos últimos años, muy en relación con los efectos devastadores de la crisis financiera y de la deuda soberana el ciclo iniciado en España en el 2010-2012, se han producido – y se están produciendo – importantes cambios en el dominio de las publicaciones científicas dedicadas al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en nuestro país, cambios que se despliegan en torno a tres tendencias: a) la redefinición y recomposición de los órganos de expresión de la doctrina académica iuslaboralista, con desaparición de algunas publicaciones muy significativas, b) el redireccionamiento de la presencia doctrinal hacia entornos virtuales en el espacio de las redes de comunicación y los sitios web y c) la incidencia acentuada de la digitalización en los órganos de expresión doctrinales, plasmada en la proliferación de nuevas revistas digitales y en la conversión digital de otras. Analizaremos brevemente cada una de ellas.

Recomposición de las publicaciones especializadas de Derecho Laboral

La potente entrada de las grandes corporaciones de la edición en España – Wokters Kluwer, Thomson Reuters, Francis Lefebvre – trastornó en su momento el panorama de las revistas especializadas en nuestro país, de manera que a finales del 2014, desaparecieron, so pretexto de la crisis y por motivos pretendidamente económicos, Actualidad Laboral y Relaciones Laborales, esta última sustituida por una nueva revista, Trabajo y Derecho, así como Justicia Laboral, refundida en la “Nueva” Revista Española de Derecho del Trabajo, una reformulación editorial a la que este blog dedicó en su momento su atención en https://baylos.blogspot.com/2014/12/obituario-de-una-revista-relaciones.html . De esta manera, al margen de las revistas que eran publicadas por entes públicos, como la Revista del Ministerio de Trabajo (en las múltiples denominaciones que ha ido adquiriendo este departamento) o Temas Laborales, publicado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, fuera de las grandes corporaciones multinacionales de la edición solo quedaban la Revista de Derecho Social, creada por Bomarzo desde 1998, y la Revista del Derecho de la Seguridad Social, promovida por Laborum desde finales de 2014, dado que Tirant Lo Blanch, que era el grupo editorial autóctono especializado en ciencia jurídica más importante, no había patrocinado una publicación periódica de Derecho laboral. Sin embargo, también en 2015, entra en este espacio de publicaciones especializadas Francis Lefebvre publicando la revista Derecho de las Relaciones Laborales, recogiendo al equipo de dirección de la extinguida Relaciones Laborales del grupo Wolters Kluwer. Una experiencia realmente brillante y muy productiva que sin embargo ha sido abruptamente interrumpida en diciembre de 2020 por la editorial que la impulsó y que, como se ha analizado también en este blog, ha supuesto una pérdida doctrinal y analítica muy relevante para el panorama de las publicaciones especializadas de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social : https://baylos.blogspot.com/2021/03/una-mala-noticia-la-desaparicion-de-la.html. También coincidiendo con el tiempo de la crisis se convierte lo que hasta el momento er a un boletín recopilatorio de legislación y jurisprudencia editado por el CEF y la UDIMA, universidad privada a distancia de Madrid, en una Revista de Trabajo y de Seguridad Social con calidad académica notable.

Redireccionamiento de intervenciones doctrinales hacia la web y redes sociales

En paralelo, y siempre muy ligado a las vicisitudes de la crisis financiera y de la deuda soberana y la remodelación en clave restrictiva de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo, se produce una paulatina ocupación del espacio virtual que ofrecen los sitios web y su divulgación en redes sociales por parte de algunos exponentes doctrinales, que comienzan por tanto a intervenir desde el ciber espacio en el análisis, seguimiento y comentario de normas, decisiones judiciales y documentos o noticias que puedan ser relevantes desde el punto de vista de la regulación de las relaciones laborales. Aunque algunos blogs como el de Eduardo Rojo o este mismo tengan una mayor antigüedad, pues se remontan al 2007, es a partir del 2012 en adelante cuando despegan en audiencia y en cantidad de intervención pública, y otras páginas que enseguida se afianzarán como lugares de consulta casi obligada para los iuslaboralistas, como el de Ignasi Beltrán de Heredia, que comienza a finales del 2013. En ocasiones de carácter más espaciado en opiniones sobre normas o hechos de gran relevancia, como los de Jesús Cruz y Jaime Cabeza, de carácter casi monográfico sobre extranjería como el de Ferran Camas a partir de 2018, de contenido más académico, como el de Wilfredo Sanguineti, o como mezcla de reflexión personal y de actividad jurídica, como el de Angel Arias, estas presencias de profesores en la red se multiplican, aunque en muchos casos se extinguen, como el blog de Mikel Urrutikoetxea, o la página de Adoración Guamán, o el seguimiento jurisprudencial durante 2018-2019 de Olga Fotinopoulou y Jaime Segalés, o el de Joaquín Aparicio que ha trasladado sus intervenciones al presente blog a partir de la declaración del Estado de alarma en marzo del 2020. En cualquier caso, el acceso a la red como forma de comunicación y de difusión de opiniones jurídicas, es cada vez más frecuente, y a ese espacio de la comunicación laboralista se han unido abogados, sindicalistas y un nutrido grupo de especialistas en Derecho del Trabajo.

La última manifestación de lo que se puede en efecto definir como un redireccionamiento de una parte de la doctrina laboralista hacia este territorio de la intercomunicación en la red y el desplazamiento de la opinión jurídica a las redes sociales es la agrupación en una página web unitaria de una serie de profesores universitarios que cooperan entre sí para ampliar los temas de debate y la propia transferencia web entendida como la cantidad de información que se transfiere al público. La primera experiencia exitosa de esta nueva modalidad nace en abril del 2019 bajo la denominación de Foro de Labos, compuesto en principio por profesores de la Universidad Carlos III de Madrid, de cuya presentación se hizo eco este blog https://baylos.blogspot.com/2019/04/un-nuevo-blog-sobre-el-derecho-del.html. Esta página posteriormente se ha enriquecido con la presencia de la profesora Ana de la Puebla (UAM) y el profesor Jose Mª Goerlich (U. de Valencia), y su devenir posterior se ha plasmado, como más adelante se mencionará, en la creación de una revista jurídica digital. Esta iniciativa ha inspirado a su vez el lanzamiento de otra página web, en marzo de este mismo año, impulsada por 40 profesores de 18 universidades y dos institutos de investigación españoles, que intenta transferir debate y opinión sobre la base de una visión de conjunto de la regulación del marco institucional de las relaciones laborales, y que tiene como denominación NET21, una referencia en acróstico al compromiso político que se remonta a 2015, de redactar un Nuevo Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, y de la que también se ha hecho eco este blog https://baylos.blogspot.com/2021/03/net21org-un-grupo-de-trabajo-de.html

El espacio de la transferencia en la web es un lugar simbólico que representa posiblemente la relevancia que este entorno asume para la comunicación, la opinión y el debate, al que se asigna la capacidad de conectar de manera más directa y accesible con los agentes que funcionan en el lugar de la acción jurídica sobre el trabajo, lo que se viene a conocer como los operadores jurídicos del Derecho del Trabajo, pero también con otros sujetos sensibles a la transferencia de opinión y de información experta que asimilan esta conexión como una forma de enriquecer su propia convicción ciudadana sobre las propuestas políticas que discurren en paralelo a estas intervenciones doctrinales y que en buena medida las sustentan técnicamente. Lo que por tanto revaloriza este lugar – la red, internet - como un espacio de conflicto de ideas en el que se pueden ensayar debates culturales muy significativos sobre proyectos de regulación del trabajo y de la ciudadanía social, especialmente relevantes en el momento histórico actual en el que se abre la posibilidad de un cambio social, económico y político que podría ser muy importante en la era post-Covid que debería comenzar a finales de este mismo años 2021.

(La segunda parte, en una entrada posterior para no extendernos en esta en demasía. Continuará)