miércoles, 18 de noviembre de 2026

INCREMENTO DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. LA NECESIDAD DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS DEL ACUERDO MARCO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO

 


La entrada en el período electoral no permite detener la máquina del Estado en lo que se refiere tanto a compromisos internacionales como a acuerdos internos con los interlocutores sociales. En el BOE de hoy, 18 de noviembre, se puede comprobar este extremo con tres normas de urgencia datadas todas el 17 de noviembre de 2026. De un lado, el muy importante RDL 39/2026, modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, al tener que transponer la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea y la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 sobre transparencia retributiva. De otro, el RDL 38/2026 introduce los cambios necesarios para evitar la tributación del salario mínimo interprofesional de 2027 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y el RDL 37/2026 tiene que proceder a los cambios presupuestarios imprescindibles para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el acuerdo que firmaron CCOO, UGT y CSIF, como sindicatos representativos en la Administración Pública, sobre el llamado Marco Plurianual de Retribuciones en el Empleo Público en noviembre de 2025.

En efecto, el   Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía (2025-2028)  que fue avalado por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre de 2025, pretendía garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo para más de 3 millones de empleados públicos gracias al incremento salarial acumulado del 11% para los cuatro años de este período, distribuidos de la siguiente manera: un 2,5% para el año 2025, abonado con carácter retroactivo con efectos de primeros de ese año,  un 2% para 2026 sobre las bases incrementadas en el 2025, que se abonó en dos momentos,  un 4,5% en 2027 y  un 2% en 2028.

Al estar en situación de prórroga presupuestaria, y haberse convocado elecciones al Congreso y al Senado, era necesario y urgente, para honrar este compromiso, adoptado en la Mesa General a la que se refiere el art. 37 del EBEP, que existiera una norma que previera el oportuno crédito presupuestario para hacer efectivo el incremento salarial pactado del 4,5 % desde el 1 de enero del 2027. Es un incremento que goza la naturaleza de norma básica, por lo que, como señala la exposición de motivos del citado RDL 37/2026, se extienden no solo al personal al servicio del sector público estatal, sino también al del sector público autonómico y local, salvo los puntos concretos que regulan elementos retributivos propios del sector público estatal.

La norma se extiende sobre la justificación que debe darse a la urgencia que le caracteriza. Y de alguna manera se construye sobre una constatación obvia, la de que si se quiere cumplir el acuerdo marco firmado con los sindicatos y que por tanto éste tenga eficacia real, es necesario plasmar este compromiso en los Presupuestos Generales del Estado que, al hallarse en situación de prórroga, requiere una norma de rango legal que lo recoja: “La extraordinaria y urgente necesidad del incremento retributivo para el personal al servicio del sector público en el año 2027 viene justificada por la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo firmado el 27 de noviembre de 2025 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CC. OO., que establece el compromiso de promover los cambios legislativos y normativos para alcanzar un incremento retributivo en las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de su sector público institucional con un horizonte temporal a cuatro años (2025-2028). Dado que para llevar a cabo la ejecución de este compromiso es necesaria una norma de rango legal, y habida cuenta de la situación de disolución de las Cortes Generales, es necesaria la aprobación de un real decreto-ley para posibilitar el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el citado acuerdo y con efectos de 1 de enero de 2027”.

El incremento del 4.5% de las retribuciones de los empleados públicos se calcula sobre los incrementos previstos de la aplicación para los salarios del 2026 por el incremento retributivo derivado de la variación del IPC superior al 1,5% de ese año, que se harán efectivos a 1 de enero de 2027. Ese mismo incremento también puede aplicarse a los gastos de acción social, ayudas o mejoras destinados a cubrir necesidades personales o familiares de los empleados públicos, al margen de su salario ordinario como las derivadas de educación y cuidados o de salud y bienestar. También las aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos pueden crecer en esa misma proporción.

De esta manera, se logra cumplir el acuerdo tal como estaba estipulado, lo que por consiguiente impide considerar la norma, como sin embargo hace el bloque de la ultraderecha y la derecha, como una decisión política electoral para favorecer la posición de los partidos del gobierno de coalición en la contienda electoral del 29 de Noviembre.

Más aun, los sindicatos siguen insistiendo en algunos aspectos del Acuerdo Marco de diciembre de 2025 que todavía no han sido atendidos en la práctica por el gobierno. Entre ellos, la reducción de la temporalidad estructural y el rejuvenecimiento de plantillas, que conecta con un largo contencioso europeo sobre la interinidad y la eventualidad en el empleo público bien conocido por los laboralistas y todavía no bien resuelto, la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias recortadas en 2010, la jubilación parcial del personal funcionario y la mejora de los haberes reguladores de Clases Pasivas como elementos centrales de la reivindicación del sector. Junto a ello otras reivindicaciones quedan por concretar, como la fijación de un suelo salarial mínimo de 1.500 euros para todos los empleados públicos, y la actualización de pluses de residencia, indemnizaciones, servicio exterior, planes de igualdad, prevención de riesgos y formación (incluida la IA), de especial interés esto último para determinados sectores como el personal de la Administración de Justicia.

En cualquier caso, la norma comentada supone una buena noticia para el sector. A partir de ahora, las administraciones y organismos públicos deben preparar las nóminas para hacer efectiva la subida en enero de 2027, junto con el 0,5 % adicional vinculado al IPC que corresponde abonar en el primer trimestre de 2027, tal como señalaba el art. 2.2 del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que es el texto normativo en el que se volcó el contenido retributivo del Acuerdo Marco citado.

Para hacerse una idea del cuadro retributivo, algunos ejemplos extraídos de la IA de Google, consultada la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, que describe asi el cuadro de las remuneraciones básicas de los empelados públicos

Sueldo Base y Trienios por Grupo (2026)

:

Grupo / Subgrupo

Sueldo mensual ordinario

Trienio mensual

Sueldo en cada paga extra

Trienio en paga extra

A1

(Consultar escala completa)

(Consultar escala)

856,05 €

32,96 €

A2

1.199,52 €

43,54 €

874,83 €

31,74 €

B

1.048,55 €

38,20 €

906,26 €

33,03 €

C1

900,63 €

32,96 €

778,42 €

28,45 €

C2

749,58 €

22,44 €

(Consultar escala)

(Consultar escala)

(Nota: El total anual se compone de 12 mensualidades ordinarias más 2 pagas extraordinarias —en junio y diciembre—). Existe además la previsión de un 0,5 % adicional condicionado a la evolución del IPC por abonar el 1 de enero de 2027, como se ha dicho.

.  En cuanto al Grupo A1: se puede calcular como sueldo bruto entre 2.800 € y 4.500 € brutos mensuales (de 35.000 € a más de 65.000 € anuales, llegando a más en cuerpos superiores como jueces, inspectores de hacienda o abogados del Estado).

A ello hay que añadir los Complementos de destino y específico: Dependen directamente del nivel del puesto (del 14 al 30) y del grado de responsabilidad o penosidad del puesto de trabajo. Aquí algunos ejemplos de los más comunes:

 

Complemento de Destino (Ejemplos por Nivel)

Nivel del puesto

Importe mensual

Importe anual (14 percepciones)

Nivel 22

637,73 €

8.928,22 €

Nivel 21

592,11 €

8.289,54 €

Nivel 20

550,01 €

7.700,14 €

Nivel 18

493,86 €

6.914,04 €

 

 

 


lunes, 16 de noviembre de 2026

LA CARTA DE RENUNCIA A LA CANDIDATURA DE YOLANDA DIAZ A LA SECRETARIA GENERAL DE LA OIT

 


Como decíamos en la entrada de este blog del 20 de agosto de este año, cuando saludábamos la decisión de Yolanda Díaz de presentar su candidatura a la secretaría general de la OIT, su figura y su trayectoria como Ministra de Trabajo y Vicepresidenta del Gobierno encajaba perfectamente en la dirección de la organización internacional que es uno de los mecanismos más importantes de nuestro sistema multilateral para hacer efectivo el trabajo decente en todo el planeta, preservando una idea esencial: la paz duradera solo puede fundarse en la justicia social. El mandato de la OIT continúa siendo extraordinariamente vigente y nítido: «el trabajo no es una mercancía», pero se encuentra, sin embargo, amenazado por las presiones del trumpismo y por una gestión de la Organización que la ha conducido a afrontar no solo una crisis financiera de enormes proporciones, sino también una preocupante crisis de orientación y de valores, que la candidatura de Yolanda Díaz podía confrontar mediante un proyecto de recuperación y de relanzamiento del trabajo colectivo y tripartito que activara instrumentos de regulación y de mejora de las condiciones de vida y de empleo del conjunto de las personas trabajadoras del planeta.

 Su candidatura, que fue inmediatamente retada por la fabricación de un tercer candidato claramente pro empresarial, ha encontrado el apoyo de muchos gobiernos, del sindicalismo europeo encarnado en la CES y en una buena parte del americano organizado en la CSA, pero no así en la burocracia sindical que dirige la cúspide de la CSI que se ha puesto de acuerdo con la Organización Internacional de Empleadores (OIE, la misma que negaba que el Convenio 87 sobre la libertad sindical tutelara también el derecho de huelga) para, en tanto que organizaciones mandantes de la OIT, coincidir en la concesión de un segundo mandato al actual Secretario General. Aunque esta decisión ha sido contestada por las organizaciones sindicales citadas, la cúpula de la CSI ha exigido un voto unánime de apoyo, de forma que romper esta votación en bloque habría implicado una fuerte crisis en el interior de la internacional sindical, ya castigada desde hace tiempo a través de los escándalos que rodearon a la controvertida gestión de Sarah Burrow y el episodio de corrupción conocido como Qatargate que involucró a Luca Visentini. En evitación de esta discrepancia pública y ante el cambio de posición de algunos gobiernos importantes que antes habían comprometido su voto, como el del gobierno francés de Macron, Yolanda Díaz ha decidido retirar su candidatura un día antes de que se celebrara la reunión para la elección del puesto de Secretario General.

 Para explicar su decisión, la Vicepresidenta del Gobierno ha redactado una carta a la que la prensa ha hecho cumplida referencia pero que este blog transcribe en su literalidad para el conocimiento de su siempre amable audiencia, para la cual sin duda ella sigue siendo una personalidad plenamente comprometida con un laborismo progresista y reformista que ha marcado sin duda toda una etapa tanto en la construcción de un marco regulador de las relaciones de trabajo en España como en su impulso del pilar europeo de derechos sociales en Europa y, más en general, como una personalidad de referencia en los movimientos sindicales y políticos progresistas en América Latina y en otras partes del globo. Su retirada es una mala noticia para quienes creemos en un papel activo y relevante de la OIT en esta terrible crisis del derecho internacional y del multilateralismo, donde la impunidad ante el genocidio, las guerras ilegales y el enriquecimiento obsceno de los tecno-oligarcas se acompaña de un proyecto neoautoritario de dominio violento del capital sobre el trabajo como el que en estas elecciones españolas del 29N se está perpetrando en nuestro país.

 Este es el texto de la carta de renuncia en la que se puede comprobar una vez más, la clara concepción política y ética que anima el trabajo continuado de Yolanda Diaz por la ampliación del espacio de los derechos individuales y colectivos en el mundo del trabajo.

 

CARTA DE RENUNCIA DE YOLANDA DÍAZ A SU CANDIDATURA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA OIT

 Quiero empezar por lo más importante: dar las gracias.


A los gobiernos que creyeron en este proyecto, que son muchos y de todas las regiones del mundo, apostando por un cambio real, aportando propuestas y convencidos de que la victoria era posible.

A todos los sindicatos y a las sindicalistas que han caminado a nuestro lado.

 Hoy retiro mi candidatura a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta candidatura nació con una convicción sencilla: que la OIT debía volver a ser lo que siempre fue, la casa de la justicia social, la voz de quienes no tienen voz. En estos meses, esa idea sencilla ha ido sumando apoyos, uno a uno, hasta reunir un respaldo amplio y sincero que nos ha permitido mirar a la victoria de frente hasta el último momento.

La dirección que continuará al frente de la OIT la ha llevado a la peor crisis de su historia. Ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras. Ha ofrecido el número dos de la casa del trabajo decente a la administración Trump y ha sumido a la organización en la mayor crisis financiera de su historia.

La candidatura que he representado se hacía cargo de esa urgencia y de esa grave crisis de gestión. Eso explica también los apoyos a la misma desde posiciones y lugares del mundo muy diversos. Quiero extender mi agradecimiento a quienes han compartido también esa alarma y esa urgencia.

Sin embargo, la Secretaría General de la CSI y la portavocía del Grupo de las y los Trabajadores han elegido sostener esa gestión en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que le han impedido la libertad de voto. Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esa situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca en todo el mundo, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante.

 Un paso a un lado para preservar al sindicalismo en el que siempre me he reconocido, el que aprendí en mi casa desde niña. El que no cabe solo en un despacho, el que pisa la calle, las fábricas y donde un trabajador o trabajadora le necesita. Personas que anteponen la defensa de los derechos laborales en el mundo frente a cualquier otra consideración. Decenas de sindicatos y miles de sindicalistas que no se resignan, que no se callan, que no se rinden.

 Quiero agradecer de forma especial a nuestros sindicatos mayoritarios en España, a CCOO y a UGT, implicados hasta el final en esta candidatura, y a todas esas mujeres y hombres honrados que se dejan la piel cada día por quienes trabajan. Ese sindicalismo de clase y con voz propia es hoy más necesario que nunca.

 Hay una cosa que siento por encima de todas las demás. No poder devolver al personal de la OIT el diálogo social que merecen y que les han arrebatado en su hora más difícil. La gente que sostiene la OIT cada día tiene todo mi reconocimiento y mi cariño.

 Quiero agradecer al Gobierno de España por su confianza y al Ministerio de Exteriores por su ayuda. Gracias por último a todos los expertos y expertas que tanto nos han ayudado estos meses a trabajar por una OIT mejor.

A todas las personas que apoyaron nuestra candidatura con entusiasmo y generosidad. Al Gobierno de Lula, que estuvo desde el principio entre quienes vieron en ella una oportunidad para recuperar la vocación transformadora de la OIT; a tantos países africanos que encontraron en nuestra propuesta una alternativa real para situar el trabajo decente en el centro de la agenda del Sur Global; a los países europeos que no estaban dispuestos a poner sus votos al servicio de quien no tuvo reparos en comportarse como si la guerra de Ucrania no existiera; y a todos aquellos gobiernos que nos acompañaron en el propósito de democratizar la Organización y devolverle su verdadera dimensión tripartita.

 Doy este paso sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive. Seguiré defendiendo el multilateralismo, el trabajo decente, el tripartismo, el derecho de huelga y la dignidad de quienes trabajan, en cualquier lugar del mundo.

 Seguiré defendiendo la OIT de Filadelfia: aquella que proclamó que el trabajo no es una mercancía y que la paz duradera solo puede asentarse sobre la justicia social. La organización que en la Segunda Guerra Mundial defendió la democracia frente a la barbarie, la organización que se puso del lado de Mandela mientras estaba en prisión.

 Me retiro también con la alegría de saber que estábamos en el camino justo defendiendo la posición correcta, sin vender nuestros principios ni nuestros valores.

 El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos.


Yolanda Díaz


viernes, 13 de noviembre de 2026

ALGUNAS VALORACIONES SOBRE LA HUELGA GENERAL DEL 11 DE NOVIEMBRE

 


Está fuera de toda duda que la huelga general del 11 de noviembre ha sido un éxito, y las manifestaciones que han culminado la jornada han demostrado la impresionante cantidad de personas que han participado en las mismas, en un arco de edad desde los más veteranos a los más jóvenes. Fueron especialmente numerosas las manifestaciones de Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, pero también en ciudades pequeñas la marcha agrupó a miles de personas.

La huelga en tanto que cesación del trabajo afectó fundamentalmente a grandes empresas y sectores en conflicto, y la participación en los piquetes fue masiva. Los datos que suministraron los dos sindicatos indicaban que el seguimiento de la huelga oscilaba entre el 41% en comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura y más del 80%, en otras como Catalunya o Andalucía, si bien incluso en zonas como Illescas (Toledo) o Guadalajara, el seguimiento del sector de la logística había sido del 75%. Las industrias con mayor seguimiento fueron las electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y el sector de las cárnicas, entre otros sectores estratégicos como logística, recogida de basuras y el transporte. La imposición de servicios mínimos hizo que se mantuviera una buena parte de la actividad en estos sectores, donde además se volvieron a repetir actuaciones de la autoridad gubernativa que extendían abusivamente las prestaciones mínimas por cubrir. Como de costumbre, el punto máximo de esta vulneración fue la Comunidad de Madrid donde el tribunal Superior de justicia de Madrid impuso medidas cautelarísimas para dejar sin efecto los servicios mínimos decretados en educación, justicia y transporte. La argumentación del propio TSJM afirmaba que los servicios mínimos impuestos hacían inviable poder ejercer el derecho a la huelga en estos sectores. En Euskadi y en Galicia la participación de los sindicatos autonómicos también ayudó a extender la huelga en estos territorios.

La respuesta de los medios de comunicación fue la habitual. Los medios “serios”  más contenidos, hablaron de “seguimiento desigual”, los medios devotos de la derecha hablaron de fracaso pleno. Unas calificaciones que se repiten en relación con las dos huelgas generales del 2012 y la precedente del 2010, aunque con calificativos diferentes. Para OK diario – el periódico que paga el abogado a Koldo García – la huelga de noviembre del 2012, que coincidió con la convocatoria de otras huelgas generales en Chipre, Italia, Portugal, España y Bélgica en un intento de construir una huelga europea, era una “huelga borroka”, la de noviembre del 2026, una “huelga electoral”. Todas al parecer de estos medios regados por el dinero público de las comunidades autónomas proclives a la ultraderecha y a la derecha, un descalabro sindical. También los partidos de derecha y el presidente de la CEOE se abonaron a la ya consabida valoración de la huelga como fracaso, sin pronunciarse sin embargo respecto de la movilización formidable y la abrumadora presencia ciudadana en las calles. Sin embargo, para la prensa internacional fue una “huelga histórica”, de manera que es cierto que nadie es profeta en su tierra, al menos para los medios de comunicación.

Como ha señalado Unai Sordo, la huelga estaba planteada como una combinatoria entre el paro en los centros de trabajo y una amplia movilización social que permitiera introducir en el discurso público el debate sobre la vivienda, la necesidad imperiosa de garantizar el derecho a una vivienda digna que garantiza el art. 47 de la Constitución, que impacta necesariamente sobre el conjunto de la clase obra, en conexión con el aumento de salarios y el control del coste de la vida. El resultado ha sido enormemente positivo, porque además se ha producido, como señala Joan Coscubiela un proceso de socialización muy interesante en relación con las personas trabajadoras de origen migrante y a las más jóvenes que han participado por primera vez en una movilización de esta envergadura, lo que se hizo muy patente en las calles (https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/primeros-efectos-huelga-general_129_13658997.html)

La reacción política ha sido a su vez muy indicativa de lo que está en juego a lo largo de este mes. Mientras que para el Frente Amplio, muy implicado en el desarrollo de  la huelga, la movilización era comprendida como un elemento fundamental en el lanzamiento de su propuesta política, para el PSOE la huelga fue vista como un elemento que podía dinamizar una cierta recuperación del voto socialista en el contexto de un intento de “remontada” en el que se ha lanzado con toda su capacidad organizativa y sus conexiones internacionales. Unos y otros, en compañía de las fuerzas de izquierda soberanista en Catalunya, Euskadi y Galicia, con el concurso imprescindible del PNV, han aprobado en la Diputación permanente el acuerdo de convalidación del RDL 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, mientras que la norma que pretendía reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual fue de nuevo derrotada en este trámite. De esta manera, una parte de las reivindicaciones presentes en la huelga ha sido recogida al día siguiente del conflicto y de la movilización extraordinaria que le acompañó.

Pero la reacción más llamativa y peligrosa fue la que protagonizó el Partido Popular a través de sus exponentes más radicales. Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defendió que había que liberarse de la “basura sindical”, para luego hablar, transcurrida la huelga, del “terror” sindical y mencionar expresamente la necesidad de acabar con los liberados sindicales, parásitos sociales que viven del Estado según ella y que cifra en 320.000 personas. Este discurso claramente anticonstitucional ha sido repicado por los cuadros dirigentes del PP, que además han importado el calificativo de VOX de “comegambas” como forma de definir a los dirigentes y delegados sindicales y lo han reiterado en sus cuentas oficiales. La marquesa Cayetana Alvarez de Toledo ha anunciado en esa misma línea que “se acabó la mariscada sindical”, “tentáculos sanchistas” a los que “se les acabó el chollo”. Y Feijoo en persona advirtió a los sindicatos que había cometido “el error más grande” al convocar la huelga general, lo que les inhabilitaba para ser interlocutores en la próxima legislatura. Esta deriva antisindical del PP se coloca en una posición casi más avanzada que la furibunda de VOX, y advierte que el objetivo de acabar con los sindicatos y su poder de representación es prioritario para la derecha y la ultraderecha. La ruptura del consenso social y la eliminación de la capacidad de interlocución no solo política – ante el seguidismo pleno de la CEOE ante las propuestas del PP – determinan la mayor amenaza para los sindicatos de clase que harían bien en tomar en serio y divulgar entra las personas trabajadoras. Que estas propuestas sean directamente contrarias a la Constitución se debe a su vez relacionar con el propósito de derecha y ultraderecha de obtener 3/5 en el Senado para nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y un nuevo poder judicial que puedan avalar medidas claramente dirigidas a borrar de la práctica política española el reconocimiento de los sindicatos que se establece en el art . 7 de la Constitución.

Este es un punto especialmente sensible. La represión en las calles de los piquetes de huelga, la actuación claramente violenta de la policía en la manifestación de Madrid, de la que hay numerosos testimonios personales y gráficos y sobre los que las centrales sindicales convocantes quieren iniciar acciones legales, indica que el derecho de huelga es un derecho fundamental que es conscientemente violado por las propias fuerzas de orden público, que en muchas ocasiones – pero de manera especial en Madrid – funcionan de manera autónoma, sin que sus mandos operativos acepten órdenes de la superioridad. La apertura de “investigaciones” sobre los evidentes abusos policiales, la decisión – luego revocada – de no usar gases lacrimógenos, que al final se ha limitado a no emplear el gas pimienta con el que se ha rociado generosamente a integrantes de los piquetes, a manifestantes e incluso a una persona sin techo, no es suficiente y muestra una clara debilidad del poder político – el ministro Marlaska – respecto a los sindicatos policiales de extrema derecha y sus mandos operativos, lo que augura un recrudecimiento de la actuación represora y agresiva de los cuerpos de seguridad frente a la protesta pacífica si, como esperan estos miembros de la policía, se produce un cambio de gobierno con el que se identifican estos funcionarios. La huelga y la manifestación – además de la cancelación de la libre expresión en los medios de comunicación públicos – serán la nueva frontera del autoritarismo y del control social en un panorama en el que el sindicato se considera un enemigo directo del Estado al que hay que reducir al mínimo para domarlo.

Los sindicatos han advertido a los partidos políticos de ultraderecha y derecha y a la patronal que responderán en la calle ante cualquier intento de recortar pensiones, privatizar servicios públicos o frenar las subidas salariales, pero este anuncio debe irse acompañando de una reflexión global sobre la propia eficacia del conflicto y de la huelga como medidas de presión. Hay que tener en cuenta que, como se ha hecho notar en la huelga del11N, muchas personas no secundaron la huelga por el coste económico que lleva aparejado su ejercicio, además de por las amenazas directas o indirectas de los empresarios. Una parte del personal en tiendas y comercios es inmigrante y, además de carecer de una cultura del conflicto – puesto que para muchos de ellos la participación en la huelga puede suponer la pérdida del puesto de trabajo – su situación más vulnerable hace que perciban su adhesión al conflicto como un acto heroico que puede acabar con su empleo o ser sustituido. También muchas otras personas, en sectores con baja afiliación y sin práctica conflictual, vacilan en asumir la llamada a la huelga, aunque sin embargo pueden acudir a las manifestaciones de ese mismo día. El contacto personal, la presencia de los sindicalistas en los lugares de trabajo y la discusión sobre los temas que plantea la convocatoria de huelga son elementos todavía imprescindibles para extender el conflicto, como lo son los piquetes en el mismo día del conflicto. La utilización de mensajes en las redes sociales y en los correos electrónicos es importante, pero la movilización personal en los centros de trabajo y las asambleas para tratar el objeto del conflicto, resultan muy oportunas para enraizar el conflicto en las personas que trabajan.

Pero a su vez hay que anotar que uno de los puntos más debatidos en torno a la eficacia de las huelgas son los servicios mínimos. La técnica de imposición reposa en la autoridad política – la Comunidad Autónoma y el Estado fundamentalmente – y estos poderes tienden a extender la prestación esencial que se debe garantizar durante la huelga hasta límites completamente excesivos y frecuentemente denunciados. En esta convocatoria, en la Comunidad de Madrid, se han anulado una serie de servicios impuestos por la CAM, como de ha dicho, y en Telemadrid, donde se pactaron servicios mínimos, la dirección incumplió el acuerdo e incrementó de manera abusiva el arco de actividad durante la huelga. Muchos de estos servicios mínimos han sido pactados entre empresa y sindicatos o entre poder público y sindicatos. Pero es importante para un horizonte de mayor eficacia del ejercicio del derecho fundamental una refundación del marco regulador de la huelga en los servicios esenciales desde una perspectiva claramente autónoma, de autotutela del interés colectivo y sindical. Hay sectores en los que una huelga de un día de duración no debería llevar aparejada ningún mantenimiento de actividad, y otros en os que el nivel de mantenimiento tiene necesariamente que reducirse de forma muy radical. No es de recibo servicios mínimos en los medios de comunicación con la extensión con la que se acuerdan o se fijan, ni que el metro de una ciudad garantice en las horas punta el 95% del servicio prestado, en colaboración con otro tanto de cobertura del servicio de transporte urbano por superficie, por poner solo algunos ejemplos. Y hay que preparar la posibilidad de negarse unilateralmente a los servicios impuestos, ofreciendo a cambio la propia propuesta de preservación de servicios que el sindicato entiende oportuna.  Reducir el impacto mediático y real de la huelga es uno de los objetivos que perseguirán las derechas y ultraderechas frente al cual el sindicato tiene que mantener una postura firme y decidida para evitar que el efecto directo de la huelga de perturbar la normalidad productiva se diluya en el mantenimiento de la actividad. En este sentido, una comparación sobre el ámbito de aplicación de los servicios esenciales en otros países europeos puede resultar ilustrativo.

La movilización alcanzada con la huelga general debe mantenerse y prolongarse durante el período electoral. Es importante que se logre una participación extraordinaria de quienes en anteriores convocatorias no se han sentido interpelados ante el resultado electoral. En esta ocasión, desde la perspectiva sindical y ciudadana, son muchas las cuestiones en juego ante un programa de tierra quemada por parte del bloque de las dos derechas. No dejemos que esto suceda y trabajemos decididamente por impedirlo.