lunes, 17 de junio de 2019

INDIVIDUALIZACIÓN Y TRATAMIENTO COLECTIVO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO



Siguiendo con los análisis sobre las relaciones laborales que se plantean en relación con la economía digital, otro punto cuestionable es el que resulta de la tendencia a la individualización de las relaciones laborales que surgen en esas nuevos empleos y nuevos modelos de negocio. La llamada “sofisticación tecnológica” que conllevan éstos tienden a refugiarse en la reivindicación por parte de las empresas que se sirven de estas actividades, como relaciones de trabajo caracterizadas por un amplio margen de autonomía personal en la ejecución del trabajo que conduce a su calificación como trabajo autónomo o independiente.

En estos supuestos, la reconducción a la categoría de trabajo autónomo se relaciona directamente con las estrategias de deslaboralización que van asociadas frecuentemente a la necesidad empresarial de reducir costes laborales. La consideración del cognitariado (trabajo intelectual altamente cualificado) como trabajo no subordinado ni dependiente económicamente, pero necesariamente coordinado en estructuras de cooperación con la ”firma” en la que prestan sus servicios, alimenta esta visión en la que se elimina la posibilidad de una relación bilateral colectiva, porque la especificidad del trabajo individual impone unas condiciones particulares de ejecución y de desarrollo que vienen  fijadas autónomamente por cada uno de los sujetos.

Esta percepción del trabajo cada vez más abstracto unida a la capacidad individual de aplicarlo de manera diversificada, no es desde luego el caso de los trabajadores de plataformas. Respecto de ellos, pese a la materialidad del trabajo que efectúan, se ha insistido en la necesidad de que este trabajo tenga sólo derechos de prestación social frente al Estado, como efecto indudable de su condición de personas que prestan un servicio con frecuencia en condiciones muy difíciles y arriesgadas en lo relativo a la salud y a otros riesgos profesionales. Se trata en definitiva de mantener su consideración de prestador de servicios por cuenta propia y desplazar los derechos de este personal al espacio de la protección social garantizado por el Estado impidiendo que los empresarios tengan las obligaciones contributivas a la Seguridad social y laborales a que les obliga el Derecho del Trabajo. Es una posición muy combatida sindical y doctrinalmente, como en este blog ha recordado Enrique Lillo (Falsos autónomos y trabajo en plataformas).

En este punto, se está desarrollando en nuestro país una extensa litigiosidad ante los tribunales laborales, no sólo debida a las demandas de los trabajadores de plataformas, sino a la acción de la Inspección de Trabajo, mediante las demandas de oficio para la declaración de la relación laboral, de las que se ha dado abundante noticia en esta bitácora merced a una crónica de Livina Fernández Nieto (El macro juicio sobre los trabajadores de Deliveroo), que pretenden justamente integrar estas formas de empleo en el concepto de trabajador sometido al Derecho del trabajo. Una pretensión que está en línea con la propuesta de directiva UE sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles, que toma partido por una noción amplia de trabajador, ya muy reconocida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia UE y a los que es imprescindible el reconocimiento de los derechos de libre sindicación y de negociación colectiva. El Informe para un futuro más prometedor que la Comisión Mundial ha elaborado para el centenario de la OIT – y que debería servir como instrumento de apoyo a la declaración que salga de la Conferencia de la OIT en junio de 2019 – también explicita que estos “nuevos trabajadores”, sea cual fuera finalmente su calificación jurídica como trabajadores subordinados o independientes, deben gozar los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva (Por un futuro del trabajo más prometedor)

Este crecimiento de la individualización como base de la regulación en la prestación de servicios se manifiesta asimismo en algunos aspectos centrales de la regulación de las condiciones de trabajo. En efecto, la retribución uniforme que está en la base de los tratamientos colectivos homogéneos por ramas de producción y grupos profesionales en convenios colectivos se confronta cada vez más con la existencia de retribuciones variables calculadas para cada trabajador de forma opaca y con la propia pactación en convenio colectivo de la exclusión de una serie de categorías de la regulación convencional. La variabilidad del salario es un elemento que construye la discrecionalidad empresarial y alimenta esa pérdida de referencia colectiva del proyecto contractual básico.

Aún más pronunciado es el supuesto del tiempo de trabajo. Hay una gran variedad de tiempos de trabajo que no se incorporan ni se corresponden con la jornada ordinaria a tiempo completo y distribución irregular. En efecto, la diversificación de tiempos de trabajo a partir de la irregularidad de la jornada es normalmente reconocida en la negociación colectiva que en gran medida reposa sobre la unilateralidad empresarial. Además nuestro sistema jurídico permite que el empleador utilice modalidades de contratación atípicas que permite su empleo como fórmula de reacomodación de los tiempos de trabajo en la empresa. Y ello desde los contratos temporales de corta duración – el 23% de la contratación temporal se concierta por menos de siete días – el trabajo en fin de semana, los trabajos marginales o mini Jobs, el just-in-time, el trabajo a llamada o el de cero horas, el trabajo a tiempo parcial, son todos ellos ejemplos de cómo a través de la autonomía individual del contrato se concierta el uso del tiempo en manos de la unilateralidad empresarial. Un tema muy punzante hoy en día puesto que esas formas atípicas de empleo que suponen la flexibilización plena del uso del tiempo de trabajo es el terreno en el que se pone en crisis el derecho a la salud en el trabajo y se afecta de manera muy evidente al principio de igualdad. Y este es asimismo el terreno en el que despunta la pobreza laboral como un elemento realmente novedoso en el panorama de las relaciones laborales europeas que parece tender a prolongarse y consolidarse en el futuro.

A ello se une que durante estos últimos años, tras las reformas laborales sobre la base de las políticas de austeridad, el uso incorrecto y sin control de las horas trabajadas por parte de los empresarios ha sido una realidad evidente, de manera que tanto el exceso sobre lo pactado en el tiempo parcial como el simple y llano incumplimiento de la jornada laboral máxima, ha incidido en la devaluación salarial lograda a través de la reducción generalizada del salario real en especial para los niveles y grupos profesionales más bajos. La exigencia de un registro de jornada, que podría haber sido el instrumento para que la Inspección de Trabajo verificara la corrección en el uso del tiempo de trabajo por los empleadores, fue desactivado por el Tribunal Supremo. En efecto, la STS de la Sala IV de 23 de marzo del 2017, entendió que las empresas no estaban obligadas a llevar un registro de jornada porque la ley no lo imponía expresamente y además ello podría producir un riesgo de injerencia en la vida privada del trabajador. Sin embargo, la obligación de establecer ese sistema se deriva no sólo de la legislación nacional, sino también de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Directiva 2003/88 sobre tiempo de trabajo, de manera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de su Gran Sala de 14 de mayo de 2019, en el asunto C- 55/18, resolvió una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional en la que entendía en efecto que el registro de jornada era un elemento de control al que obligaba la mencionada directiva. La limitación de jornada es un derecho fundamental de la ciudadanía europea que implica la necesidad de un registro para su control.

Este es un tema recurrente, que se prolonga hasta el presente. La modificación legal que ha operado el RDL 8/2019 de 8 de marzo, según el cual  “la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo”, implica sin embargo que la organización concreta del registro y su documentación la tiene que realizar mediante la negociación colectiva, el acuerdo de empresa o, si no se llega a un acuerdo o éste no se produce, la decisión unilateral del empresario. Las críticas empresariales a este precepto, pese a su ligereza en la imposición de este deber legal, han sido muy numerosas, la gran mayoría de ellas basadas en lo obsoleto de ese tipo de regulación que se equipara con el método de control de la presencia en la fábrica de la organización fordista y por tanto se halla plenamente superado. De nuevo comparten discurso la alegación del cambio tecnológico y la preservación de la discrecionalidad empresarial. Las nuevas instrucciones de la Inspección de Trabajo al respecto son un avance en este momento aunque el examen del blog de Eduardo Rojo revela que sigue habiendo algunas lagunas en su aplicación no resueltas por los criterios técnicos de la ITSS, que se puede consultar en el siempre recomendable blog del autor Un criterio técnico...con pocos criterios. Pero en cualquier caso, ante la ofensiva patronal contra la norma de control, su lectura atenta habrá de ser provechosa.


viernes, 14 de junio de 2019

EL TRABAJO AUTÓNOMO EN LA ERA DIGITAL. HABLA FRANCISCO TRILLO


La digitalización, los nuevos empleos y las nuevas formas de negocio siguen atrayendo la atención del público y propiciando la reflexión de los juristas del trabajo sobre estos novedosos aspectos. En esta ocasión, el tema es analizado por Francisco Trillo, un reputado experto en la materia, que publica esta intervención en el blog en rigurosa primicia.


EL TRABAJO AUTÓNOMO EN LA ERA DIGITAL

Francisco Trillo (UCLM) 

El post anterior presentaba sugerentemente una mirada alternativa, la de Livina Fernández Nieto, desde la que analizar la pugna judicial existente en relación con la calificación jurídica del trabajo que tiene lugar en el seno de cierta plataformas digitales. Su condición de experta laboralista, junto al seguimiento en directo del Macro Juicio sobre los trabajadores al servicio de Deliveroo, hace que su Crónica resulte especialmente interesante y estimulante. Precisamente, pocos días antes, 6 y 7 de junio, se habían celebrado en Albacete las 56ª Jornadas de Estudio del Gabinete de Estudios Jurídicos, en las que se abordó, de forma transversal (Unai Sordo y Eduardo Rojo) y específica (Susana Rodríguez Escanciano), esta trascendental materia. La presencia de Enrique Lillo, entre otros destacados abogados laboralistas, dio lugar a un debate especialmente rico sobre las principales controversias jurídicas que acompañan a la economía de plataformas desde el primer instante de la irrupción de los modelos de negocio que la conforman. Destacamos, ahora, tan solo una de las ideas-fuerza que aparecieron en el debate: La sofisticación tecnológica no debe impedir reconocer las situaciones de explotación laboral. Idea formulada con mayor lucidez y sentido del humor de cómo se recoge aquí.

Los estimulantes análisis y reflexiones vertidos en ambos foros -virtual y físico-, junto a la amable invitación de Carlos Ochando, Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia, a colaborar en la Revista Noticias Económicas, editada por el propio Departamento, con un texto titulado Trabajo autónomo y Precariedad sociolaboral, explican la imprudencia de abundar torpemente en la materia.

El análisis de la producción doctrinal española dedicada, desde el año 2015, a desbrozar los conflictos sobre la determinación de la naturaleza jurídica del trabajo que se desarrolla en ciertas -la mayoría- plataformas digitales, parece aconsejar un tratamiento contextualizado de la materia. Resulta de utilidad, a nuestro modo de ver, situar el conflicto jurídico que ahora nos ocupa en el marco más amplio de la experiencia española del trabajo autónomo. Con ello, tartar de desentrañar las relaciones, si es que existen, entre la configuración y normatividad del trabajo autónomo y la precariedad sociolaboral que campa dramáticamente en la sociedad española de hoy.

Para ello, en primer lugar, se ha de recordar que la función y sentido del trabajo autónomo está estrechamente ligada a la evolución de las estrategias empresariales que se fraguan a partir de la década de los años 90 del siglo pasado en torno al dilema económico de producir o contratar en el mercado las distintas fases de la producción de un determinado bien o servicio -descentralización productiva-. Espoleada, si no creada, por la intensa y larga onda de externalizaciones de la gestión de servicios públicos que tienen lugar en ese periodo.

Así se explica que la evolución del trabajo autónomo en la experiencia española, si bien de forma desigual según el periodo normativo-laboral, haya constituido -y constituya- una pieza clave del modelo hegemónico económico-empresarial que se impone a partir de la violenta irrupción del neoliberalismo en la década ya señalada. Su modelo económico-empresarial, lejos de acoger el trabajo autónomo como un ariete de mejora de la productividad a través de la especialización flexible de la producción, encuentra en aquél una manifestación del modo de conformación de la plusvalía que nos acompaña hasta el momento presente: la intensificación de las condiciones de trabajo -reducción de costes laborales-.

Este relato introductorio se completa llamando la atención sobre la paradoja que se da entre la función que mayoritariamente se le asigna al trabajo autónomo y el valor económico, social y político que éste adquiere con el tiempo. Este paradójico proceso cultural se ha impuesto hegemónicamente, caracterizando positivamente al trabajo autónomo como (el) medio para alcanzar la modernidad, la libertad y la independencia. Mientras, el trabajo por cuenta ajena se describe como una reminiscencia histórica obsoleta que conviene superar. De este modo, la rama del ordenamiento jurídico que ordena las relaciones laborales, Derecho del Trabajo, se sitúa artificiosamente en un lugar del que conviene «huir», por obsoleto y contrario al progreso económico y social.

No obstante lo dicho hasta ahora, la cultura jurídico-laboral desarrollada en torno al trabajo, por cuenta ajena y autónomo, muestra momentos normativos de resistencia que reivindican la necesidad de asignar otra función económica, social y política al trabajo autónomo. Durante el período previo a la aplicación de las políticas de austeridad se detectan importantes expresiones normativas que pueden servir para reconducir la deriva del trabajo autónomo como instrumento de precarización sociolaboral. En este sentido, se ha de poner en valor la utilidad de revisar la orientación que al respecto contiene la vigente Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. Una ley, cuya Exposición de Motivos contiene retazos como el que se reproduce a continuación:

“Son numerosos los estudios y análisis desarrollados para evaluar las causas de tales índices de siniestralidad […]. Uno de esos factores puede estar relacionado con la utilización de una forma de organización productiva, que tiene una importante tradición en el sector, pero que ha adquirido en las últimas décadas un especial desarrollo en el mismo, también como reflejo de la externalización productiva que se da en otros sectores, aunque en éste con especial intensidad. Esta forma de organización no es otra que la denominada «subcontratación».
Hay que tener en cuenta que la contratación y subcontratación de obras o servicios es una expresión de la libertad de empresa que reconoce la Constitución Española en su artículo 38 y que, en el marco de una economía de mercado, cualquier forma de organización empresarial es lícita, siempre que no contraríe el ordenamiento jurídico. La subcontratación permite en muchos casos un mayor grado de especialización, de cualificación de los trabajadores y una más frecuente utilización de los medios técnicos que se emplean, lo que influye positivamente en la inversión en nueva tecnología.
Sin embargo, el exceso en las cadenas de subcontratación, especialmente en este sector, además de no aportar ninguno de los elementos positivos desde el punto de vista de la eficiencia empresarial que se deriva de la mayor especialización y cualificación de los trabajadores, ocasiona, en no pocos casos, la participación de empresas sin una mínima estructura organizativa que permita garantizar que se hallan en condiciones de hacer frente a sus obligaciones de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, de tal forma que su participación en el encadenamiento sucesivo e injustificado de subcontrataciones opera en menoscabo de los márgenes empresariales y de la calidad de los servicios proporcionados de forma progresiva hasta el punto de que, en los últimos eslabones de la cadena, tales márgenes son prácticamente inexistentes, favoreciendo el trabajo sumergido, justo en el elemento final que ha de responder de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que realizan las obras”.  
     
La violenta irrupción de las políticas de austeridad ha truncado, al menos por el momento, el sentido que aquella norma otorga a la configuración y normatividad del trabajo autónomo, revalorizando un uso de éste desviado y torticero que, por lo demás, arroja dramáticas situaciones de precariedad sociolaboral.

El relanzamiento de la economía colaborativa en el ámbito de la Unión Europea, presentado como modelo económico-empresarial alternativo al de la austeridad, lejos de corregir la situación descrita hasta ahora, la ha agravado. La implantación y extensión de la economía de plataformas está mostrando una realidad sociolaboral donde el trabajo autónomo mantiene un continuismo respecto al valor económico y político a él asignado por las políticas de austeridad. O lo que es lo mismo, el trabajo autónomo se (re)propone como el estatuto jurídico ideal para el desarrollo del trabajo en plataformas digitales, por ser un trabajo desposeído de derechos y de representación colectiva. Estrictamente funcional al nuevo modelo económico-empresarial, donde el trabajo (asalariado) con derechos y representación colectiva, aquél que se niega y rechaza, resulta incompatible con el avance tecnológico.

La pugna jurídica que se está librando en la actualidad acerca de la calificación jurídica del trabajo prestado en el entorno de las plataformas jurídicas no solo decidirá el futuro de estos concretos trabajadores, sino que, con mucha probabilidad, despejará la incógnita de la significación del valor social, político y económico del trabajo -por cuenta ajena y autónomo- en la era digital. Por ello, conviene estar atentos al desarrollo de los acontecimientos, participando activamente en este debate jurídico. Con esta intención, se proponen las siguientes reflexiones finales, que guardan relación con las principales dificultades y controversias surgidas en la calificación jurídica del trabajo que tiene lugar en las plataformas digitales: i) la revalorización de la voluntad de las partes; ii) la relevancia del uso de nuevas tecnologías digitales en la determinación de la dependencia jurídica; y iii) la ausencia del requisito del trabajo personal. Muy brevemente:

A)     Revalorizar la voluntad de las partes de la relación de trabajo en el momento presente, en especial la del trabajador, implica un desconocimiento de la realidad laboral que, con mayor énfasis, tiene lugar a partir de la reforma laboral de 2012. El análisis del principio de realidad se debería dar cuenta, además del contenido concreto de las prestaciones concertadas, del contexto sociolaboral y normativo imperante donde la voluntad del empresario ha adquirido un status jerárquico capaz de imponerse a fuentes normativas como el convenio colectivo.

B)     Las modificaciones y mutaciones de los trabajos a propósito de la introducción de (nuevas) nuevas tecnologías en el proceso de producción es una característica constante del sistema de producción capitalista que, como sucede en nuestro caso, puede dificultar la determinación de su existencia. Además, la apuesta decidida de las políticas públicas de empleo, a partir del año 2010, por gestionar el desempleo a través del fomento del trabajo autónomo involuntario ha arrojado como efecto la reformulación, al menos en apariencia, de las relaciones económicas entre los sujetos que participan en la producción de un determinado bien o servicio. Si bien es cierto que pequeñas modificaciones/actualizaciones de los indicios de laboralidad resultarían suficientes para disipar cualquier género de duda sobre la verdadera naturaleza de la relación de trabajo, habría que valorar la importancia que a estos efectos ha cobrado el criterio de la relación que el prestador del servicio mantiene en la actividad económica en la que interactúa (ajenidad en el mercado). Es decir, si por sí solo alberga la capacidad de intervenir económicamente en aquel mercado.

C)     La posibilidad de que el trabajador pueda encargar a un tercero la ejecución de la prestación a la que se obligó personalmente no debería ser un obstáculo para reconocer la laboralidad de estas relaciones de trabajo, porque existe cierta permisividad jurisprudencial con esta circunstancia. Además, cabría pensar la posibilidad de explorar hasta qué punto este tipo de circunstancias, en las que concurren varios sujetos que llevan a cabo la prestación de trabajo, no constituye un contrato de grupo en el que el “jefe de grupo ostentará la representación de los que lo integren, respondiendo a las obligaciones inherentes a dicha representación” (art. 10.2 Estatuto de los Trabajadores).

domingo, 9 de junio de 2019

EL MACRO JUICIO SOBRE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE DELIVEROO. UNA CRÓNICA DE LIVINA FERNÁNDEZ NIETO



Los nuevos modelos de negocio que aprovechan la conectividad digital quieren a toda costa situarse fuera del ámbito de regulación del Derecho del Trabajo, pretextando que se trata de nuevas formas de prestación de servicios en un mercado libre en el que las empresas lo único que efectúan es una labor de intermediación entre consumidores y proveedores que se ponen en contacto con personas que realizan el transporte y la entrega de las cosas. Si el primer gran conflicto que ha hecho correr ríos de tinta doctrinal en toda Europa y en América ha sido el de Uber y otras plataformas de servicios de transporte, el segundo y más importante es el de los riders que transportan mercancías y alimentos con una bicicleta. Algunas de estos casos han tenido pronunciamientos judiciales contradictorios, aunque como en el caso de Glovo, los juzgados de Madrid se han decantado por la laboralidad de sus trabajadores ciclistas. El último día de mayo se celebró un importante juicio en el que se pretendía declarar que los jinetes / riders de la empresa Deliveroo eran trabajadores cubiertos por el ET. El juicio fue largo y el próximo martes 11 de junio se efectuarán las conclusiones por todas las partes del juicio.

El juicio fue extremadamente instructivo y atrajo la atención de periodistas y expertos. Livina Fernández Nieto, activa iuslaboralista y seguidora constante del blog (que recomienda asiduamente en los tribunales de lo social de Parapanda), asistió al mismo y ha hecho, a petición de Joaquín Pérez Rey y del titular de este blog, una crónica del mismo que se ofrece ahora como primicia y anticipo de la sesión del martes próximo.

RIDERS VS. EMPRESAS DE PLATAFORMAS DIGITALES (CASO DELIVEROO)
Livina Fernández Nieto

            El pasado 31 de mayo, viernes, los laboralistas, los periodistas y buena parte de la ciudadanía, estábamos expectantes ante la celebración del que la prensa ha denominado «el macrojuicio de Deliveroo», un juicio que se había suspendido en el mes de diciembre, y en el que intervienen la Tesorería General de la Seguridad Social y 531 repartidores, en calidad de demandantes, y como demandados, la empresa Deliveroo y la Asociación Española de Riders Mensajeros (Aso Riders), que tienen firmado un acuerdo de interés profesional.

            La sala de vistas, abarrotada, y en el estrado, además del letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, que es quien interpone la demanda de oficio, algunos de los pesos pesados en la lucha tanto por los derechos de la clase trabajadora (Bernardo García Rodríguez, José Félix Pinilla Porlán, de UGT, y Enrique Lillo Pérez, por CC.OO.), como en la defensa de los intereses empresariales, entre los que no se puede pasar por alto la presencia de quien hasta 2015 fue nada menos que Director General de la Inspección de Trabajo en Madrid, Jorge Travesedo Dasí, en la actualidad socio de Sagardoy Abogados, que defiende a la empresa de la plataforma digital, Deliveroo.

            Los hechos se circunscriben a un período de tiempo muy concreto: desde octubre de 2015 hasta junio de 2017, y seguramente habrá quien se pregunte cuál es la trascendencia de delimitar las fechas del conflicto y por qué se indica tal circunstancia. La referencia no es baladí, como ya se verá.

            El desarrollo de la vista mantuvo a los asistentes atentos durante las casi nueve horas que duró el juicio y no solo por el interés jurídico y la lección magistral de ejercicio profesional sino también por la habilidad y las filigranas de los letrados para evitar mencionar el término «trabajador».

            El vocablo «trabajador» se convirtió en la palabra tabú. Así se hablaba de «riders», de repartidores, de colaboradores, de proveedores, etc., tratando de esquivar la denominación de quien es seleccionado por la empresa de la plataforma digital para entregar, a domicilio, el pedido que un cliente ha efectuado a un restaurante, a través de la aplicación informática o página web de Deliveroo.

            La vinculación entre Deliveroo, que es la empresa de la plataforma digital, los restaurantes, los repartidores y los consumidores es una relación a tres bandas en la que los intervinientes interactúan a través de una aplicación informática que pertenece a la empresa, pero ello no significa, a juicio de la Tesorería y a pesar de lo que defiende la representación de Deliveroo, que sea una relación equidistante ni que su actividad sea la de un mero intermediario.

            La empresa trató de proyectar un aura de modernidad a todo aquello que tiene alguna conexión con las nuevas tecnologías y con los nuevos tiempos, pero lo cierto es que, para quienes somos legos en la materia, en este conflicto el uso de las mismas obstaculiza el exacto conocimiento del modo en que los repartidores llevan a cabo la prestación y difumina los criterios que la empresa tiene en cuenta a la hora de seleccionar a uno de los «riders» para ejecutarla, descartando a los demás, y que componen una fórmula matemática o algoritmo integrado en la aplicación informática de Deliveroo en la que los parámetros, como indicó la Inspectora de Trabajo en su declaración, son introducidos por la empresa y toman en consideración, según pudo comprobar, el rechazo de los pedidos o el control de calidad en la prestación del servicio, aunque la representación de Deliveroo se resista a reconocerlo.

            La novedad no reside tanto en el objeto de la prestación como en el uso de las tecnologías de la comunicación para desempeñarla, como apuntó el letrado Enrique Lillo, porque la controversia respecto a la laboralidad y el trabajo por cuenta ajena ya se planteó en los años ochenta del pasado siglo en un litigio que enfrentaba a un grupo de mensajeros con su empleador y que fue resuelta por el Tribunal Supremo.

            Por aquel entonces, los mensajeros contactaban con la empresa por teléfono, a una hora determinada, y en la actualidad, el canal de comunicación entre Deliveroo y los repartidores es un teléfono móvil en el que hay instalada una aplicación informática que pertenece a la empresa de la plataforma. Han cambiado las herramientas, sí, pero el núcleo del conflicto es el mismo: dilucidar si, como afirma Deliveroo, los repartidores son autónomos o TRADE o, por el contrario, son trabajadores por cuenta ajena como sostienen no solo los «riders» sino también la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social porque, aunque desde 2015, que es cuando Deliveroo comienza su actividad en España, se han ido modificando los modelos de contrato, las condiciones de la prestación del servicio son iguales para todos los repartidores dentro de cada una de las modalidades contractuales que se han ido sucediendo.

            Los repartidores a los que afecta la actuación inspectora comenzaron su prestación de servicios en el período comprendido entre octubre de 2015 y junio de 2017 y así lo recoge el Acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo contenido fue cuestionado en la vista por el letrado de la empresa, Román Gil, quien, si bien es cierto que admitió la presunción de certeza de los hechos consignados en la misma, afirmó que no hay una «presunción de corrección jurídica», porque estamos ante un caso donde «la presión política del Presidente del Gobierno a la Ministra de Trabajo ha sido enorme y que, sin conocer los detalles fácticos de la prestación de servicios, han dicho que esto es laboral», y teniendo en cuenta que «la Inspección de Trabajo es un órgano administrativo sujeto a jerarquía..., lanza de forma evidente una sombra de sospecha sobre la posible parcialidad, que no es habitual en la Inspección...».

            El letrado de CC.OO., Enrique Lillo, al hilo de estas afirmaciones, le preguntó a la inspectora que levantó el Acta de Liquidación, María de Mingo Corral, si en algún momento de las actuaciones había recibido presiones, recomendaciones o insinuaciones por parte de doña Fátima Báñez o alguien del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ya que hay que tener en cuenta que en el momento al que se circunscriben los hechos, desde octubre de 2015 a junio de 2017, la titular del ministerio era doña Fátima Báñez y no doña Magdalena Valerio que fue nombrada Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en junio de 2018, a lo que la inspectora respondió, de manera elocuente, que a ella no le habían hecho ninguna insinuación ni ninguna presión o, al menos, no lo había sentido así.

            Del resultado de las alegaciones de las partes y de las pruebas practicadas cabe preguntarse si es realmente necesario redefinir las notas de laboralidad del Estatuto de los Trabajadores, si la utilización de las nuevas tecnologías en el desempeño de la prestación implica una peculiaridad tan acusada que haga ineludible la regulación de una nueva relación laboral de carácter especial, si en verdad el mercado laboral es tan sofisticado y los servicios son tan complejos que se deben buscar fórmulas diferentes a las actuales que tengan en cuenta la protección de los trabajadores, la extinción de la relación contractual, las cotizaciones, etc., o si por el contrario, lo que ha cambiado en la actualidad es la herramienta necesaria e imprescindible para llevar a cabo la prestación de servicios, una aplicación informática, pero que no ha logrado desvirtuar la naturaleza laboral del vínculo entre empleador y trabajador, ya que las tareas y actividades no son distintas, o no difieren sustancialmente, de las que se realizaban en tiempos pasados.

            Las conclusiones finales, el próximo martes, y la sentencia, que sin ninguna duda será recurrida, se espera antes de las vacaciones.