miércoles, 8 de febrero de 2023

SITUACIONES DE EXCEPCIÓN SOCIAL, AVAL DEMOCRÁTICO Y REFORMAS LABORALES


 

La crisis económica ha sido el detonante de los cambios legislativos tanto del primer ciclo de la crisis de este siglo XXI (crisis financiera y de la deuda) como del segundo (derrumbe de la actividad económica a partir de la irrupción de la pandemia del Covid19). Y su reiteración en la crisis energética y de suministros derivada de la invasión de Ucrania incide en la misma relación. La reforma del marco institucional que regula el trabajo y el empleo se presenta como una situación de excepcionalidad social que obliga a intervenir a los poderes públicos urgentemente. No es una característica tan sólo española. Sayonara Grillo y Jose Eymard Loguercio en el Seminario comparado de las reformas laborales brasileña y española celebrado en Ciudad Real el 27 de enero pasado, han calificado asimismo la reforma laboral del 2017 en Brasil como un derecho de excepción generalizado, en donde se produce la institucionalización de la excepción.

La gravedad de la crisis económica sobre la economía nacional crea en efecto una situación de excepción que puede plantearse como una suspensión de las reglas hasta el momento vigentes para restaurar un estado de normalidad tras la excepción anormal generada por la crisis. Este es el proceso que se ha seguido en la Unión Europea ante la crisis generalizada derivada de la irrupción de la Covid-19, suspendiendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las reglas de la gobernanza económica aplicadas durante la crisis financiera y de la deuda soberana a la espera de una nueva situación de normalidad. ¿Significa eso que ha de volverse al anterior estado de cosas, a las mismas reglas de la gobernanza económica? La reforma del Pacto de Estabilidad – y no su suspensión para que recobre luego su vigencia – está ya en el debate político de la Unión, aunque son diferentes los enfoques sobre la necesidad de un cambio más radical de sus líneas-guía sobre la base precisamente de la experiencia normativa que ha amparado el programa Next Generation y el marco financiero plurianual 2021-2027.

Pero sucede que este propósito restaurador de una situación anterior al estado de excepcionalidad que ha originado la crisis no suele realizarse. Por el contrario, la “nueva normalidad” que sigue al momento de excepción es justamente la legislación de excepción instaurada. Es decir, que no hay una “nueva normalidad” a la que se dirige la legislación de excepción, sino que ésta es precisamente la nueva normalidad normativa propuesta.

Esta identidad de la excepcionalidad normativa con la normalidad instaurada aparece claramente en el análisis del primer ciclo de reformas en España que se desarrolla entre los años 2010 y 2013, con especial incidencia en la reforma laboral del 2012 bajo el gobierno del Partido Popular. En él, la reposición de lo “normal” tras la crisis se identifica con la recuperación de un nivel de empleo que se entiende aceptable, el 15% de desempleo registrado. Alcanzar este objetivo a finales de 2018  en una lenta y desigual recuperación es lo que hizo posible que el RDL 28/2018 derogara el contrato de apoyo a los emprendedores y el período de prueba de un año durante el cual se mantenía el despido libre, junto a una serie de bonificaciones y exenciones a la seguridad social. Pero para obtener ese objetivo se tenían que seguir manteniendo los elementos centrales de esa normativa de excepción en el triple dominio de la flexibilidad interna unilateral, el desequilibrio de la negociación colectiva y la degradación de las garantías del despido.

Es importante remarcar que en este primer ciclo reformista, el estado de excepción social no fue formalmente declarado, pese a que realmente se ejercitó como tal a través del uso continuo del Decreto-Ley y el desplazamiento al gobierno de la capacidad legiferante. Lo que sucede es que el mantenimiento de esta excepcionalidad social y económica se apoyaba en las mayorías parlamentarias, que avalaban de manera no problemática las modificaciones normativas. La ruptura con cualquier manifestación de diálogo social revalorizaba este modelo de subalternidad parlamentaria a la decisión del poder ejecutivo en el marco de un bipartidismo muy acusado. La propia reforma de la Constitución para incorporar los compromisos de equilibrio financiero y pago de la deuda es un ejemplo manifiesto del peso de la indiferencia del sistema de partidos en el debate sobre la ordenación concreta que debería tener el sistema de derechos individuales y colectivos derivados del trabajo. Esta es la regla general, la sumisión plena a las decisiones del Gobierno garantizadas por el dominio de la mayoría parlamentaria al menos hasta las elecciones del 2015 y posteriormente, ya en minoría, mediante el bloqueo de iniciativas legislativas a través de la utilización extensiva de la facultad prevista en el art. 134.6 CE si se entendían que suponían “aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”, preservando así la “normalidad normativa” que provenía de la normativa de excepción generada por la crisis. Procedimientos y procesos que estaban legitimados democráticamente por la aprobación parlamentaria de las decisiones excepcionales del gobierno legislador y que a fortiori resultaron indemnes del reproche de inconstitucionalidad por un Tribunal Constitucional fuertemente implicado en la validación de esta nueva legalidad excepcional que llevaba a cabo la reforma laboral.

El segundo ciclo de cambio legislativo que surge  partir de la irrupción de la pandemia en marzo del 2020, también se explica como una situación de excepción, pero a diferencia del caso anterior, ésta se declara formalmente como estado de alarma, y la legislación social se sigue percibiendo como un elemento central en la regulación y ordenación de esta situación de excepcionalidad social y económica originada por la pandemia. Con una orientación muy diferente, desde luego. El objetivo de estas medidas es el de recuperar un estado de normalidad, cifrado en un nivel de empleo, pero mediante la construcción de un derecho al trabajo potente. Es decir, conectando directamente las políticas de empleo del art. 40 CE con un contenido indisociable del art. 35 CE que preserve las garantías reales del derecho al trabajo. A través de un largo período de excepción – tres estados de alarma discontinuos desde marzo de 2020 a mayo de 2022 – se mantuvieron y desarrollaron las primeras normas para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, a la vez que se iba instaurando paulatinamente una “nueva normalidad” normativa más allá del puro dato de recuperación del empleo, centrada en el reforzamiento de las facultades y poderes comprendidos en el derecho al trabajo en una orientación democrática y garantista.

El mantenimiento de este estado de excepción social y su desarrollo normativo se enfrentaba a un reparto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento que no garantizaba al gobierno el apoyo permanente a su programa de reformas en el contexto multipartidista dominante y ante la cada vez más agresiva oposición de las formaciones políticas de la derecha, con un destacado protagonismo de la extrema derecha, que acudía al Tribunal Constitucional como parte de una estrategia de deslegitimación política del gobierno. Frente a ello, la legislación de excepción se sostuvo por el diálogo social y la participación de los dos sindicatos más representativos  con el asociacionismo empresarial, que acompañaron con sus acuerdos tanto los sucesivos desarrollos de la legislación sobre la regulación temporal de empleo – los seis Acuerdos Sociales de Defensa del Empleo – como los hitos más relevantes de regulación del trabajo a distancia o la laboralidad de los riders. La legitimidad social que otorga el acuerdo con los interlocutores sociales era más importante conforme más se avanzaba en la instauración de la “nueva normalidad” , tanto hacia el interior del estado-nación, como una forma de asegurar el consenso colectivo y ciudadano ante las medidas adoptadas, como hacia afuera de nuestras fronteras, como una manera de garantizar el modelo democrático neolaborista que se estaba consolidando a través de la legislación de excepción y que además en algún supuesto, como el de las personas trabajadoras al servicio de las plataformas digitales, estaba incidiendo positivamente en el patrón de regulación que orientaba el proyecto de directiva europea. Finalmente, la negociación durante nueve meses de la reforma laboral que culminó en el acuerdo que se traduciría a continuación en el RDL 32/2021, reiteró la relevancia del diálogo social como forma de producción normativa y como método de gobierno.

La importancia del soporte social de la legislación reformista se habría de confrontar sin embargo con la legitimidad política expresada a través de la decisión de convalidación de las normas de excepción como normas de urgente necesidad. En el proceso de confirmación parlamentaria de la norma eje de la reforma laboral, se desencadenó el debate acerca de la superioridad de la legitimidad política derivada del acuerdo parlamentario sobre la legitimidad social del acuerdo tripartito logrado por sindicatos, asociaciones empresariales y gobierno. Ignorando la existencia de un principio democrático fundamental que reconoce a las figuras representativas de la empresa y del trabajo intervenir directamente en la conformación del interés económico y social de la ciudadanía como una fórmula de participación democrática, la discusión que enmarcó la peripecia de la convalidación del RDL 32/2021 por un solo voto de diferencia quería establecer una relación de jerarquía y subordinación de las decisiones de los partidos presentes en el arco parlamentario sobre las que el gobierno y los agentes sociales habían adoptado en este momento de excepción como soluciones concretas ante la “nueva realidad” normativa y que se correspondía con el respaldo obtenido por las autoridades europeas en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Una cierta recuperación de un debate antiguo sobre la subordinación del espacio sindical y económico-social al político, representado por el partido, que no reconocía autonomía ni legitimidad suficiente en el plano de lo político a la organización de estos intereses colectivos a través del diálogo social.

El aval democrático a las reformas laborales en una situación de excepcionalidad social no tiene por qué identificarse necesariamente con una relación de jerarquización entre las formas de representación partidista y las derivadas del acuerdo entre los agentes sociales y económicos. El aval democrático de las mayorías parlamentarias de la reforma laboral del 2012 y el refrendo de esta normativa por el Tribunal Constitucional no debe encubrir la unilateralidad del gobierno en su conformación y desarrollo, negado a cualquier participación de los sujetos que constitucionalmente representan los intereses económicos y sociales de la ciudadanía y a los que la Constitución encomienda una función decisiva en su determinación colectiva e institucional. El aval democrático del diálogo social de la reforma laboral del 2021 garantizaba de por si suficientemente un método participativo de alcance general con autonomía suficiente como para ser considerado un título de legitimación política que no tenía por qué ser sustituida por el acuerdo entre partidos. Dos experiencias que permiten comprender que la legitimidad democrática de los cambios legislativos en materia laboral se conecta  ante todo con el contenido material de éstos y su propuesta regulativa de los intereses económicos y sociales que se pretenden disciplinar.

 

 

viernes, 3 de febrero de 2023

UNA JORNADA DE ESTUDIO SOBRE NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS Y DOCTRINA JUDICIAL.


 

Resulta ya un clásico en el invierno madrileño la realización de una Jornada de Estudio organizada por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO. y la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces por la Democracia. En esta ocasión la fecha señalada es la del 22 de febrero de 2023 y  la dirección de la Jornada recae en Francisco José Gualda Alcalá, por el Gabinete Estudios Jurídicos CCOO, y Amaya Olivas Díaz y  Belén Tomas Herruzo  por Juezas y Jueces para la  Democracia. La Jornada se dedica al análisis y debate de una serie de temas derivados de la extinción del contrato de trabajo, como el despido tras la ley 15/2022 integral de igualdad de trato, los derechos humanos laborales,  la reforma concursal de la reestructuración empresarial, la deslocalización, los despidos en administraciones públicas y la problemática de los fijos-discontinuos.  

La experiencia de una colaboración conjunta de la magistratura progresista y el órgano de asesoramiento y consulta en materia jurídica de la C.S. de CC.OO. resulta extremadamente interesante porque permite poner en común análisis, valoraciones y propuestas interpretativas sobre problemas de aplicación del derecho laboral que está sufriendo un intenso proceso de modificación y readaptación. El público asistente a esta Jornada es mayoritariamente profesional del derecho del trabajo que actúa este sistema normativo desde el ejercicio de los derechos reconocidos en el mismo y su garantía en el orden jurisdiccional social, por lo que es muy pertinente la conexión entre estos dos aspectos de la agencia judicial en materia de derechos laborales. Eso hace que una buena parte de las personas asistentes sean asesores o abogados sindicales, aunque la excelencia de las intervenciones y el interés de los temas hace que también acudan a este tipo de Jornadas profesionales de los más importantes gabinetes jurídicos asesores de la patronal. Junto a ellas, participan también responsables sindicales de acción sindical de federaciones y territorios especialmente interpelados por los temas a tratar, y al mismo espacio de debate acuden personas provenientes del profesorado universitario y, obviamente, exponentes del orden jurisdiccional social. En estas dos últimas categorías destacan quienes se hacen cargo, en paridad de protagonismo, de las ponencias de la Jornada, cuyo programa se expone al final de esta entrada.

La jornada requiere una inscripción cuyo acceso en línea se logra con este enlace Boletín de inscripción ONLINE:  ACCESO, con una cuota que comprende la asistencia presencial a las sesiones, entrega de material y resumen de las intervenciones y que se fija en 35 € para las personas afiliadas y las organizaciones de CC.OO. y 110 € para el resto. El lugar de celebración de la Jornada es el Auditorio Marcelino Camacho, de la USMR-CCOO, en la calle Lope de Vega 40 de Madrid. El contenido concreto de cuáles son los temas a tratar y las personas que los analizan viene explicado en la convocatoria de la Jornada que a continuación se inserta, junto con el programa de la misma.

El conjunto de temas seleccionados giran alrededor de la figura laboral que constituye, seguramente, el centro de todas las instituciones laborales, como es la regulación del despido y los condicionantes, garantías y procedimiento frente a la extinción del contrato.  Ya en la Jornada que se convocó en Diciembre  del 2022 dimos cuenta de los nuevos enfoques que se plantean en la figura del despido improcedente, a partir de la aplicación en nuestro país de la Carta Social Europea Revisada. En la Reclamación colectiva interpuesta por CCOO (núm. 218/2022) ante el CEDS se insta una revisión completa de las bases en la que opera la readmisión y la reparación ante el despido injusto.

Ahora queremos abordar, en primer lugar, las últimas reformas normativas que han incidido en la calificación y reparación ante la extinción del contrato. La Ley 15/2022 integral para igualdad de trato y no discriminación ofrece un marco reforzado de tutela frente a los comportamientos discriminatorios que, expresamente, incide en la dinámica de relación laboral y el contrato de trabajo. Las definiciones legales de toda una tipología de comportamientos discriminatorios, con la inclusión expresa de la enfermedad y los factores socio-económicos, así como la prohibición legal de actos discriminatorios, incluyendo por tanto la prohibición de despedir, suponen un nuevo marco legal sobre el que hay que determinar las consecuencias prácticas. Además, la norma incorpora medidas de protección, prevención, reparación y responsabilidad, que igualmente tienen capacidad para operar en los conflictos laborales.  Extraer las consecuencias para la defensa de los derechos de las personas trabajadoras será examinado por la ponencia del magistrado Joan Agustí.

Uno de los nuevos retos que supone la incorporación del principio de estabilidad en el empleo a nuestra legislación, derivado del RDL 32/201 ha sido la sustitución en los sectores de actividad estacional, cíclica o de temporada, de los contratos temporales precarios, por el contratos fijo-discontinuo. Se trata de una figura en la que la ley hace una apelación a la negociación colectiva y al acuerdo de empresa para regular el punto más transcendental, como es la ordenación de los llamamientos. Esto genera toda una serie de conflictos que requieren igualmente de una respuesta procesal y sindical.  Se trata de una problemática que será analizada por la profesora Amparo Merino, que aúna su posición de experta en el Consejo Económico y Social, junto con la perspectiva judicial que ofrece el magistrado Antoni Oliver.

Otra novedad legal de enorme importancia para el desarrollo de los conflictos vinculados a la crisis y reestructuración de la empresa viene del nuevo marco legal en el que se desarrolla el concurso, que afecta no sólo a las vías procesales, sino al ejercicio de la acción sindical en las fases preconcursales, en el propio concurso, y en los sistemas de reestructuración y liquidación. El profesor Cristóbal Molina acaba de publicar una obra específica sobre toda esta problemática, y en su ponencia se tratarán de recoger sus conclusiones.

La doctrina jurisprudencial ha generado nuevos condicionantes al régimen de la extinción del contrato de trabajo. Pretendemos dar cuenta de los criterios de actualidad que vienen fijándose en un ámbito que no parece, a primera vista, directamente implicado en materia laboral, pero sin cuya comprensión no se pueden entender, ni la integración de nuestro marco normativo, ni la doctrina del TS y del TC, en relación con la protección de los derechos fundamentales, como es la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La doctrina que viene desarrollando en toda una serie de casos laborales será analizada, como siempre, desde una perspectiva crítica y práctica, por el Magistrado y tratadista de esta materia Carlos H. Preciado.

El desarrollo de la relación laboral siempre ha tenido importantes modulaciones cuando se trata de las Administraciones Públicas, sin que el marco normativo las aborde, salvo contadas excepciones. La ordenación de causas exclusivas de temporalidad que vincula la extinción a la ejecución de programas o subvenciones, la supresión legal de la regulación de las causas de despido objetivo específicas, las consecuencias de la extinción de los contratos indefinidos no fijos, la nueva ordenación de la extinción en la legislación sobre consolidación de empleo público, y las distintas situaciones de las personas que vean extinguidos sus contratos en dichos procesos, ofrecen un panorama de cuestiones que constituyen uno de los ejes de investigación de la profesora Remedios Roqueta, lo que da especial relevancia a su intervención.

La última sesión está destinada al análisis que nos ofrecerá Antonio Baylos, que recogerá los resultados de su última publicación vinculada a la deslocalización empresarial, como verdadero reto a la acción sindical y la intervención legal. Se trata de una obra que analiza las fortalezas y debilidades del sistema normativo, tanto a nivel interno como en la esfera internacional, y  sienta las bases para la reconstrucción de un modelo de relaciones laborales que sea congruente con los valores de la preservación de los derechos laborales, y que ofrezca vías operativas para instrumentar la acción sindical.

Como parte igualmente esencial del encuentro, que además de ofrecer el marco de comprensión de cada punto del programa, ordenar las intervenciones de los ponentes y asistentes, fijar sus propias aportaciones y las conclusiones operativas más relevantes, contaremos con todo un conjunto de especialistas del ámbito judicial como son Amaya Olivas, Belén Tomas, Jesús Rentero, del ámbito sindical, como Raúl Olmos, y de los Gabinetes Confederales de CCOO como Eva Urbano, y el compañero ya jubilado, pero siempre activo, Enrique Lillo.

Igualmente, contaremos con las intervenciones de Paloma López, Secretaria de CCOO Madrid, y de Unai Sordo, para tratar la posición sindical ante los problemas básicos del actual marco de relaciones laborales, y las bases para la reforma normativa compatible con un modelo democrático de relaciones laborales.  En esta ocasión nos acompañará el Secretario de Estado de Empleo Joaquín Pérez, para dar cuenta de la compleja situación en la que se encuentra, en la coyuntura actual, el dialogo social en nuestro país

Se trata de un amplio programa de actividades con las que se pretende tomar conocimiento de las últimas cuestiones novedosas generadas por la práctica judicial, las reformas normativas,  y articular un debate sobre las dificultades que presentan a la hora de intervenir en los conflictos laborales desde la perspectiva jurídica y sindical.

P R O G R A M A:

 

22 Febrero 2023. Miercoles.

Sesión de mañana.

 

9.30 h.   PRESENTACIÓN DE LA JORNADA.

Paloma López Bermejo. Secretaria General CCOO de Madrid.

Javier Pueyo. Adjunto Secretaría Confederal Estudios y Formación Sindical CCOO.

Amaya Olivas Díaz. Juezas y Jueces para la Democracia.

 

9:45 h. UN MARCO DEMOCRÁTICO DE RELACIONES LABORALES.  

Unai Sordo. Secretario  General.  CS de CCOO

 

Joaquin Pérez Rey. Secretario de Estado de Empleo y Economía Social.

 

PONENCIAS:

 

10.30 h.     EL DESPIDO DISCRIMINATORIO TRAS LA LEY 15/2022 INTEGRAL PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: Factores de discriminación. Despido como acto prohibido. La prevención y protección frente a despidos discriminatorios.

Ponente: Joan Agustí Maragall. Magistrado  Social TSJ Baleares.

Modera: Amaya Olivas Díaz. Magistrada Juzgado de lo Social núm. 1 Madrid.

 

11.30 h. DESPIDOS Y REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN EL NUEVO MARCO DE LA LEY CONCURSAL.

Ponente: Cristóbal Molina Navarrete, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén.

Modera:  Enrique Lillo Pérez. Abogado Laboralista Jubilado CCOO.

 

12.30 h.  Descanso.

 

12.45 h.  LA RECIENTE DOCTRINA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA LABORAL: En particular, el derecho a la intimidad, a la propia imagen, a un proceso justo. La protección de las condiciones de trabajo y despido.

Ponente: Carlos Hugo Preciado Domenech. Magistrado Social TSJ Cataluña. 

Modera: Eva Urbano Blanco. Directora Gabinete Jurídico Confederación Sindical CCOO.

 

14.00 h.  Fin sesión de mañana. (Comida)

 

Sesión de tarde.

 

15:30 h.     PROBLEMAS VINCULADOS A LA EXTINCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

Ponente: Remedios Roqueta Buj. Catedrática Derecho del Trabajo y Seguridad Social Universidad de Valencia.

Modera: Raúl Olmos Mata. Adjunto Secretaría Confederal Acción Sindical y Empleo CCOO.

 

 

16:30 h.     CONDICIONANTES LABORALES DEL DESPIDO ANTE LA EXTERNALIZACIÓN Y DESLOCALIZACIÓN EMPRESARIAL: Papel de la Inspección de Trabajo. El control causal. El derecho de información y consulta de los representantes.   

Ponente: Antonio Baylos Grau. Catedrático Derecho del Trabajo de Castilla-La Mancha.

Modera: Belén Tomas Herruzo. Magistrada Juzgado de lo Social núm. 42 Madrid.

 

 

17:30 h.  LA ORDENACIÓN DE LOS LLAMAMIENTOS EN LA CONTRATACIÓN FIJA-DISCONTINUA. ACCIONES DE REINCORPORACIÓN Y DESPIDO.  

Ponentes: Amparo Merino Segovia. Catedrática Derecho del Trabajo Universidad de Castilla-La Mancha. Miembro del Consejo Económico y Social España.

                  Antoni Oliver Reus. Presidente Sala Social TSJ Baleares.

Modera:  Jesús Rentero Jover. Magistrado Jubilado TSJ Social de Castilla-La Mancha.

 

18:30 h.   Fin de la Jornada.

 

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CUOTA DE INSCRIPCIÓN.

-       Afiliación, organizaciones y personal CCOO y JJpD: 35 € IVA incluido.    

-       Otros asistentes: 110 € IVA incluido.

La cuota comprende la asistencia presencial a las sesiones, entrega de material y resumen de las intervenciones.

      Ingreso en cuenta: ES42 2038 1001 35 6001279626

 

Boletín de inscripción ONLINE:  ACCESO

Comprobante de la cuota: Enviar a la siguiente dirección: gejur@gejur.ccoo.es

 

 

 

miércoles, 1 de febrero de 2023

LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO.

 


Si nos preguntáramos cuál había sido la noticia más relevante en términos de repercusión ciudadana del día de ayer, sin duda optaríamos por la que se refiere a la subida del salario mínimo acordada ayer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los sindicatos CC.OO y UGT. Sin embargo, de creer a las portadas de los periódicos y a las entradas de los telediarios e informativos televisivos, la noticia del día era la decisión de modificar el Código Penal – la ley del ”sí es sí” – y las diferentes opiniones que sobre este asunto mantenían el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno. Este fue además el argumento central y más utilizado por el presidente del Partido Popular en el debate con el presidente del gobierno en el Senado, y se reitera insistente en todas las tertulias y en las columnas de los formadores de opinión, tanto en contra de la norma entendiendo que debe ser inmediatamente reformada como a favor de la misma. Es una buena muestra de cómo se construye el imaginario de la comunicación en nuestro país y cómo se invisibilizan o se ocultan acciones fundamentales de mejora de las condiciones de vida para las personas que trabajan para azuzar fantasmas de violadores en libertad o no suficientemente castigados por obra de reformas erróneas del Código Penal, extendiendo una discusión inabarcable sobre la interpretación judicial y su orientación ideológica junto con propuestas de nuevas fórmulas de tipificación y de punibilidad. Posiblemente eso se encuadre en el discurso sobre cómo las fuerzas progresistas pierden el relato y son incapaces de comunicar las realizaciones concretas de cambio social que están llevando a cabo.

El caso es que el salario mínimo se ha fijado para el año 2023 en 1.080 euros mensuales, en 14 pagas. Algunas páginas de diarios económicos recuerdan que hay que expresarlo como 1.260 € al mes, es decir 15.120 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas anuales, que es la división habitual del salario anual en la mayor parte de los países. Por lo tanto, el SMI ha subido 93,3 € mensuales respecto al salario anterior, un 8% de aumento. Este incremento es mayor que el del IPC de 2022 que es del 5,7%, de manera que se ha querido establecer una cifra – la banda alta recomendada por los expertos – que mantuviera el poder adquisitivo de las personas trabajadoras en el último año. Lejos todavía de las cifras de los salarios mínimos cercanos a los dos mil euros, como Alemania, Bélgica, Irlanda, Holanda o Reino Unido, o de los casi mil ochocientos de Francia, pero en la práctica asumiendo el mandato del Comité Europeo de Derechos Sociales al interpretar la Carta Social Europea y fijar el nivel de suficiencia del salario mínimo de cada país en el 60% del salario medio del mismo. Este compromiso enunciado en el programa del gobierno progresista en diciembre de 2019 se ha cumplido con esta subida del SMI.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social recuerda que en los últimos 5 años se ha aumentado el Salario Mínimo en un 47%, lo que supone en ese quinquenio un total de 344€ de subida. Pero lo más interesante de este incremento, su campo de aplicación, ha sido rigurosamente definido por el Gabinete Económico Confederal de CCOO, que ha resumido en las redes sociales su Director, Carlos Martín Urriza. De forma sintética, cabe decir que esta subida del SMI a 1.080 euros en 14 pagas, beneficiará en torno a 2,27 millones de asalariados: 1,93 millones a jornada completa y 348.000 a jornada parcial. A su vez es una medida eficaz en otros sentidos. En efecto, ayudará a cerrar la brecha salarial entre géneros, pues del total de personas beneficiadas por el incremento, el 58% son mujeres.

Asimismo, los más jóvenes están entre los más beneficiados por el aumento: la incidencia del SMI se calcula en el 31,7% de los jóvenes entre 16 y 24 años, y el 19,2% de aquellos entre 25 y 34 años. En cuanto a la variante de contrato, la incidencia es mayor entre temporales (21,6%), aunque por volumen de beneficiados la mayoría son indefinidos.

En línea con los estudios europeos que se están realizando sobre la realidad de la pobreza laboral, y como apuntó el 2º informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI., el incremento también tiene una mayor incidencia en los hogares pobres, mejorando su renta. Y por sectores, la agricultura es donde la subida tendrá mayor impacto (46,9%), aunque por volumen la mayoría está en los servicios. Desde el punto de vista del impacto territorial, por Comunidades Autónomas, el mayor impacto se da en Murcia (22,2%), Extremadura (22,4%), Canarias (20,6%) y Andalucía (18,8%).

El incremento del SMI se inscribe asimismo en las orientaciones de la reciente Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea de la que ya se ocupó este blog en esta entrada https://baylos.blogspot.com/2022/10/la-directiva-sobre-salarios-minimos.html . En ella se recuerda que el salario mínimo posibilita el acceso a una vida digna que aleja de la pobreza a una amplia capa de personas que son especialmente vulnerables. Son descritos asi por el Preámbulo de la Directiva: “Las mujeres, los trabajadores más jóvenes, los trabajadores migrantes, los progenitores de familias monoparentales, los trabajadores poco cualificados, las personas con discapacidad y, en particular, las personas que sufren múltiples formas de discriminación siguen teniendo una mayor probabilidad de ser trabajadores con salarios mínimos o con salarios bajos que otros colectivos”. Por ello, los salarios mínimos pueden contribuir a reducir la pobreza a escala nacional y a sostener la demanda interna y el poder adquisitivo. Y, en líneas generales, “dada la sobrerrepresentación de las mujeres en empleos poco remunerados, la mejora de la adecuación de los salarios mínimos contribuye a la igualdad de género, ya que reduce la brecha salarial y de pensiones de género y también saca a las mujeres y a sus familias de la pobreza, y contribuye asimismo al crecimiento económico sostenible en la Unión”.

Desde el punto de vista de la interlocución social, y siguiendo lo que establece el art, 27  ET, para la determinación del SMI se ha abierto una fase de negociación con los sindicatos más representativos y la CEOE-CEPYME. Sin embargo, la asociación empresarial ha declinado acudir a la reunión a la que estaba invitada sobre la base de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social no había contestado su propuesta de subir el 4% del SMI (es decir exactamente la mitad de lo que se ha decidido), y en consecuencia no ha participado en la misma, al entender que ya estaba decidida la Administración a aceptar la recomendación de la Comisión Asesora de los expertos en su parte alta, lo que en efecto ha sucedido. Ello no impide que esta actitud haya sido criticada con razón por parte de los sindicatos más representativos, al entender que revela una actitud no responsable e insolidaria que pretende deslegitimar la práctica del diálogo social como fórmula prioritaria de regular los intereses sociales y económicos de la ciudadanía. El acuerdo por tanto se ha realizado en exclusiva con los sindicatos UGT y CC.OO.

Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el acuerdo se enmarca “dentro de una política de pactos y acuerdos sociales por parte de las organizaciones sindicales que protege a unas 16 ó 17 millones de personas en nuestro país” ya que además de las personas que se van a beneficiar por la subida del SMI, hay que sumar a los perceptores de las pensiones en España, que se han visto revalorizadas al 8,5, el acuerdo alcanzado para los empleados y empleadas públicas y las personas cuyo convenio colectivo se ha renovado en el año 2022 con subidas por encima del 5%. En cualquier caso, el acuerdo deberá repercutir en la negociación colectiva, todavía entorpecida por la resistencia patronal a encontrar una fórmula centralizada de encuadramiento de los procesos de negociación en torno a una cláusula que garantice que las personas trabajadoras no pierdan poder adquisitivo con la inflación de este año, lo que ha generado un largo conflicto en empresas y sectores por obtener esa garantía salarial. El acuerdo que suscribió la CEOE-CEPYME con CCOO y UGT en 2020 para que no hubiera ningún convenio colectivo en España con salarios inferiores a los 14.000 euros ha sido reivindicado por los sindicatos como modelo de actuación en el futuro. “Si los salarios mínimos de convenio hubieran subido como acordamos con las organizaciones empresariales no sería tan relevante la cuantía del SMI”, ha señalado el secretario general de CCOO. Por su parte  Pepe Álvarez, secretario general de la UGT ha recordado que el aumento de los precios durante el último año ha generado una riqueza en las empresas que no ha sido trasladada a los bolsillos de las personas trabajadoras, y que por consiguiente es ineludible impulsar la subida de salarios en la negociación colectiva como forma también de impulsar la actividad económica y de impulsar el empleo.

Una noticia por tanto de extremo interés para el conjunto de la ciudadanía, y en especial para los dos millones y medio de personas sobre los que va a incidir este acuerdo con los sindicatos. Debemos preguntarnos por qué este tipo de acciones no tienen la repercusión mediática que sería natural, ni por qué no se traslada al conjunto de los debates que atraviesan medios y redes sociales. Un esfuerzo por recuperar la centralidad de los temas que afectan al trabajo y a la seguridad de la existencia de las personas sería especialmente valioso en estos momentos. Que cada uno de nosotros actúe en este sentido valorizando estos asuntos puede que cooperara a que se ganara presencia en el relato de la comunicación.