lunes, 27 de enero de 2020

ELECCIONES REGIONALES DECISIVAS EN ITALIA: SALVINI ES DERROTADO EN EMILIA-ROMAGNA



Las elecciones regionales de ayer domingo 26 de enero en Emilia Romagna resultaban decisivas porque de haber vencido en ellas el candidato de la Liga, Borgonzoni, no sólo este partido y la coalición de derechas se habría apoderado de una región que desde la Liberación ha sido estado siempre gobernada por los comunistas y sus aliados, sino que habría hecho caer al gobierno nacional y se habrían tenido que convocar elecciones con un alto riesgo de que Matteo Salvini se convirtiera en el nuevo presidente del Consejo de Ministros italiano.

La confrontación electoral ha sido muy dura, y la derecha partió con gran fuerza en el Palasport de Bolonia acuñando un slogan muy explícito: “Liberemos la Emilia Romagna del Partido Democrático”, y la actividad de su candidata desarrollada fundamentalmente en las áreas rurales y en las pequeñas ciudades de la región parecía ir agregando consensos suficientes para el vuelco electoral que la Liga  y el bloque de la derecha italiana consideraba estratégico. Por su parte, la política llevada a cabo por la administración regional del PD no entusiasmaba a nadie, y en las últimas elecciones regionales la abstención había sido altísima, superior al 60 % de la población censada, lo que indicaba un evidente desapego mayoritario a la gestión del PD, por otra parte envuelto en sus crisis y muy tocado negativamente entre la izquierda social por su etapa renziana en el gobierno nacional. Todo ello por tanto conspiraba para que entre la abstención ciudadana de izquierda y la ilusión de poder vencer al PD en el territorio en el que siempre había demostrado su arraigo, el 26 de enero supusiera un giro importante en la política italiana que consolidara el giro de la mayoría de los votantes hacia una orientación neosoberanista, hostil a la inmigración etnicista, y profundamente neoliberal en el diseño económico, que podía representar además un apoyo fuerte a las posiciones de ultraderecha vencedoras en los países del este y en abierta competencia con el centro derecha en Francia.

Sin embargo, el panorama cambió a partir de a movilización, esencialmente popular, que partió de una serie de jóvenes que se organizó desde una página de Facebook primero en Bolonia, luego en Modena y que se extendió rápidamente no solo por la región Emiliana, sino por toda Italia: el movimiento de las sardinas contra Salvini. Sardinas en lata, diríamos en castellano, es decir cuerpos apretados y juntos en las plazas, en las manifestaciones contra Salvini y su retórica xenófoba, beatona, machista y antiprogresista. Un movimiento que pedía a los manifestantes que no llevaran ninguna bandera, que no mostraran las enseñas de ningún partido y que no insultaran. Solo una sardina, un pez que, como en la canción de Lucio Dalla, Come è profundo il mare que tomaron como himno, pese a ser mudos, “comenzaron a pensar”, un pensamiento que no cabía detener “porque lo protege el mar”, y en esa condición abarrotaron las plazas en un grito colectivo cada vez más impresionante contra Salvini. Una movilización de base sobre la que el centro izquierda en torno a su candidato Bonaccini impulsó a su vez un acto de masas una semana antes del cierre de campaña.

La campaña electoral se resolvió realmente en este duelo entre Salvini y el movimiento de las sardinas, que acuñaron a su vez el slogan “Emilia Romagna no se Liga”. El dirigente de la Liga reduplicó su presencia en esta región, incluso llevando a cabo actos muy sensacionalistas como el de llamar al portero electrónico de algunos emigrantes para denunciar que eran “camellos” en la venta de droga en el barrio, actitud claramente racista y xenófoba que fue respondida por una amplia manifestación en el barrio boloñés de repudio a estas performances electorales. La demagogia de la ultraderecha y su capacidad de mentir sin ambages no le sirvió en esta ocasión.

Las elecciones de ayer domingo se caracterizaron por un incremento fortísimo de la participación electoral, justo el doble de la contabilizada en las elecciones regionales anteriores. Esa movilización de base generó la recompactación del “pueblo de la izquierda” y concentró el voto en el presidente de la región del PD, de forma que una parte importante de los votantes del M5S se decantaron por su candidatura para detener la victoria de la Liga. 51,4% para el centro izquierda frente a 43,6% para la candidata de la derecha es el resultado final del recuento electoral que ha impedido por tanto no solo la “conquista” de la región por el conglomerado de la derecha, sino que ha fortalecido la posición política del gobierno nacional compuesto por una coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático. También para el flanco sur de Europa, en especial para España y Portugal, cuyos gobiernos presentan una formación de centro izquierda, el mantenimiento del gobierno italiano resulta especialmente interesante ante la posibilidad de incentivar un bloque reformista de progreso presionando a la Comisión tanto en lo que respecta a la revisión de la gobernanza económica europea como al desarrollo del Pilar Social y en general en una línea de progreso que debe necesariamente encontrar mayor peso en el campo de juego de las distintas alianzas entre los bloques nacionales que presionen a Francia y a Alemania en la determinación general de las decisiones de la Unión. Una perspectiva de acción coordinada en la UE que debería ser llevada a cabo en el inmediato futuro. 

En Italia de manera menos virulenta que en España, la política se mueve en estos momentos en el campo de batalla de las emociones que simplifican y anulan las razones, en una explosión de furor calculado en el que cuenta menos lo que se hace que lo que se comunica, o mejor aun, lo que se llega a imponer como discurso que prevalece sobre cualquier otro tema que no favorezca la posición política defendida. En España se ha visto esta tendencia con respecto a los debates que se han visibilizado como prioritarios a la vez de  / en lugar de la consecución de un acuerdo entre el empresariado, los sindicatos y el gobierno sobre el aumento del salario mínimo. Una operación de encubrimiento que ha ido desde el grotesco encumbramiento de un personaje siniestro como Guaidó a la reutilización del siempre eficaz asunto del acuerdo de diálogo político en Cataluña y el nuevo movimiento del Tribunal Supremo respaldando la decisión de la Junta Electoral central sobre el escaño del presidente Torra.

Lo que enseña a nuestra particular vicisitud nacional las elecciones italianas es que la movilización de base es más potente que la fuerte manipulación y el dominio del discurso mediático que poseen la derecha y la ultraderecha, y que por tanto el gobierno progresista debe priorizar su vinculación con los movimientos sociales, los sindicatos y las experiencias de coalición de intereses que se despliegan en diversos ámbitos de la vida social, como garantía de su propia supervivencia. Una vinculación que desmorona la machacona insistencia de las tres formaciones políticas en la oposición en la deslegitimación de una acción de gobierno que necesariamente tiene que llevar adelante un programa de cambio social requerido por una mayoría social que se ha expresado de manera plural en las urnas. Es ella la que debe sentirse por consiguiente implicada en la consecución de estos objetivos, y ser consciente que sólo mediante su presión y su presencia el gobierno progresista puede hacer realidad las medidas anunciadas. En ello estamos y nos mantendremos alertas.


jueves, 23 de enero de 2020

SALARIO MINIMO Y DIALOGO SOCIAL



El panorama mediático español sigue sumergido en una barahúnda ensordecedora que protagoniza la derecha política en sus tres expresiones y que monopoliza la atención de la ciudadanía al copar la cabecera de todos los informativos y las portadas de los periódicos. Disparates como el veto parental, el “adoctrinamiento comunista” a través de la programación docente en los centros públicos, o presunciones de colusión y de connivencia criminal ante el anuncio de una revisión del Código Penal, son los peregrinos acontecimientos que quieren atraer la atención de oyentes y lectores y que se repiten machaconamente también en las redes sociales entre argumentos y contra argumentos de sus usuarios. Pero más allá de estas elucubraciones, en la realidad de las cosas que importan, se están produciendo algunos hechos significativos.

Es decir, mientras tanto, pasan cosas. En el Boletín Oficial del Estado, por ejemplo, un medio de comunicación extremadamente relevante que determina situaciones jurídicas y materiales de las personas, aunque sea un tema que no parezca preocupar mucho a los creadores de opinión. En él, se han publicado dos decretos-leyes relevantes. En uno se produce la revalorización de las pensiones en un 0,9 %, corrigiendo ya de forma definitiva las previsiones presupuestarias heredadas del gobierno del PP. En otro se da efectividad al Acuerdo firmado en 2018 entre el gobierno y los sindicatos representativos en la Administración Pública (CCOO, UGT y CSIF), que establecía un aumento salarial que sin embargo no había podido llevarse a cabo ante la prórroga de los presupuestos de 2018 al no aprobarse los del año siguiente y posteriormente no lograrse la investidura de un nuevo gobierno. En síntesis el acuerdo suponía una subida fija del 2%, y de un 0,3% de fondos adicionales que se reparten para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad, además de un incremento variable calculado en función del  crecimiento del PIB, igual o superior al 2,5%, que implicaría un 1% adicional, teniendo en cuenta que si el crecimiento del PIB es inferior al 2,5 %, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción del crecimiento que se haya producido sobre dicho 2,5%.

Son dos elementos que afectan a las pensiones y a las retribuciones del sector público que enlazan (y dan efectividad) a una parte de las reivindicaciones sociales y sindicales de los pensionistas, y que intentan comenzar a compensar la devaluación salarial que los recortes derivados de las políticas de austeridad infligieron a los empleados públicos a partir de los infaustos decretos leyes de 2010 y 2011. Pero es evidente que una buena parte de la regulación de este sector se debe deferir a la elaboración y en su caso aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En ese texto – y en la capacidad política del gobierno de conseguir agregar los consensos políticos mayoritarios para su aprobación – se encontrarán medidas de más calado que deberían dar cumplimiento a compromisos importantes, especialmente en relación con el sistema de pensiones.

Ayer por la tarde se produjo un hecho extraordinariamente relevante para el sistema de relaciones laborales en general. Como es bien conocido, se logró un acuerdo en el seno del diálogo social, entre el sindicalismo confederal, el asociacionismo empresarial representativo de la grande y pequeña empresa y el Ministerio de Trabajo sobre el salario mínimo para el año 2020, fijándolo en 950 € mensuales en 14 pagas, lo que representa un 5,5% de incremento anual, lo que hay que poner en relación con que la inflación acumulada en 2019 ha sido del 0,8%, que es el porcentaje de subida del IPC en nuestro país. Los sindicatos y la Ministra han insistido en que se trata de un primer paso en un trayecto hacia la consecución del objetivo pactado para que a finales de la legislatura el Salario Mínimo alcance los 1.200 €, que es el 60% de los salarios medios en España, tal como establece la Carta social Europea y el Comité Europeo de Derechos Sociales. “Un paso firme en un horizonte estratégico”, como ha resumido la ministra Yolanda Díaz.

La importancia del acuerdo no hay que medirla sólo en sus propios términos, en la medida en que efectivamente garantiza una retribución más equitativa en aquellos trabajos que no están regulados por convenio colectivo, principalmente actividades precarias que lindan con la informalidad o sectores débiles como el del hogar familiar o sector agrario, que se calcula en dos millones de personas. Es un compromiso relevante fundamentalmente por ello mismo, por haber podido mostrar que en materia de regulación laboral es posible el acuerdo entre el empresariado, los sindicatos y el gobierno sobre elementos centrales de las mismas. Se trata por tanto de una señal que se lanza tanto al mundo de los agentes económicos, a los mercados internacionales y desde luego al espacio de la política respecto de la importancia que el diálogo social tiene como método de gobierno para este nuevo Ministerio de Trabajo, no solo como forma de legitimación de sus políticas, sino como forma concreta de gobernarlas, es decir, como tipo de gobernanza social.

Constituye además un dato de contraste respecto de lo que está sucediendo en la esfera concreta de las relaciones políticas entre partidos. La ultraderecha y la derecha extrema están apostando muy fuerte por la confrontación y la deslegitimación del gobierno progresista, una estrategia que sin embargo no secunda el empresariado, que ha apostado claramente por mantener una relación de colaboración (que naturalmente no estará exenta de conflicto y de oposición a temas concretas) tanto con los agentes sociales como con el poder público. Esta “particularidad” de la estrategia empresarial es, de hecho, una divergencia con la estrategia política de la derecha extrema, que si los medios de comunicación no estuvieran atrapados en el barullo y en el ruido que construye la ultraderecha con la preciosa ayuda de la derecha política, debería resaltarse y ser objeto de análisis por los activos tertulianos y comentaristas.

El acuerdo sobre el salario mínimo supone asimismo un desmentido a las posiciones mantenidas por algunas instituciones financieras y económicas hostiles a cualquier incremento del mismo, sobre la base del inveterado argumento de que destruiría empleo. El gabinete de estudios del BBVA denuncia el efecto negativo sobre el empleo no en la pérdida efectiva del mismo, que no se ha producido, sino en los empleos que no se han creado, que calcula en 45.000, un 0,1% menos del crecimiento previsto. Y el Banco de España, fiel a su obstinada posición antisocial, ha insistido en lo negativo de esta medida. Asimismo, en los últimos debates, el sector agrario ha insistido en que cualquier incremento del salario mínimo “ahogaría al campo”. El acuerdo de la CEOE-CEPYME manifiesta por consiguiente el aval empresarial a una medida que por otra parte es coherente con el compromiso adoptado en el IV AENC con los sindicatos que cifraba el salario mínimo de convenio en 14.000 € anuales en 14 pagas. La participación empresarial en el acuerdo se alinea por tanto con la opinión de la Comisión Europea según la cual los aumentos – “moderados” – del salario mínimo son funcionales al crecimiento económico e incluso, como ha sucedido inmediatamente después de la crisis en países del esta europeo, plenamente coherentes con la libre circulación y el desplazamiento de trabajadores por la Unión.

El nuevo salario mínimo también se inserta en la estrategia de la negociación colectiva, como se ha indicado. Funciona presionando al alza la negociación colectiva de sector y por consiguiente impulsa el proceso de recuperación salarial a través de la negociación colectiva que progresivamente vaya nivelando la intensa devaluación salarial que ha sufrido la clase trabajadora en nuestro país a partir de la ciega aplicación de las políticas de austeridad entre 2010 y 2015. No hay pues contraposición entre negociación colectiva y establecimiento de salario mínimo. La propuesta de la Comisión europea de un salario mínimo europeo no lesiona la negociación colectiva – como paradójicamente mantienen incluso planteamientos sindicales del norte de Europa, como recientemente han sostenido los sindicatos suecos – sino que por el contrario la favorece y la incentiva. En el caso español, este incremento del salario mínimo empuja a los convenios sectoriales a incluir el compromiso del IV AENC sobre el salario mínimo de convenio de 1000 € mensuales.

Un acontecimiento por tanto que debe ser resaltado tanto por su contenido como por su significado político. Es el primer acto de relevancia pública del Ministerio de Trabajo en el marco de un gobierno de progreso. Y para ese primer acto se ha elegido el acuerdo en el marco del diálogo social. La necesidad de afrontar el cambio social en medio del diálogo, sin renunciar al conflicto ni a los elementos centrales del programa de gobierno, pero sin incurrir en el cesarismo político que tradicionalmente conducía la forma de regular el sistema laboral por parte de la derecha política de este país. Expresa por consiguiente la forma democrática de gobierno que comparte y debate el proyecto político que encarna éste con las visiones que los actores sociales y económicos sostienen sobre los temas abordados, procediendo así a incluirlos – en diferente medida ante cada cuestión concreta – en un esquema de gobernanza muy interesante y atractiva. Una manera de profundizar la democracia que, frente al estruendo inútil de las imprecaciones de la ultraderecha, es importante reivindicar como seña de identidad de la acción política del gobierno. 


domingo, 19 de enero de 2020

EL FRENTE DE LA ARISTOCRACIA JUDICIAL CONTRA EL GOBIERNO PROGRESISTA: EL VOTO CONCURRENTE DE LA CONSEJERA SÁEZ RODRIGUEZ EN EL ACUERDO DEL CGPJ SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO



Ya se ha comentado en las páginas de este blog que, en la situación política actual, las fuerzas políticas de la derecha y de la ultraderecha compensan su incapacidad política parlamentaria por una actividad política extremadamente efectiva en el plano judicial, aprovechando el fuerte anclaje de la judicatura en la estrategia de la derecha política (https://baylos.blogspot.com/2020/01/jueces-aristocracia-jurisdiccional-y.html) Un nuevo episodio de esta confrontación directa – que se presenta por los medios de comunicación que sostienen la estrategia de la deslegitimación democrática como una reivindicación de la independencia de la aristocracia judicial – ha tenido lugar aprovechando el informe preceptivo que el CGPJ debía elaborar ante la propuesta de nombramiento de Mª Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Como se sabe, el nombramiento fue aprobado sin precisar la idoneidad de la candidata para el puesto propuesto, con el voto en contra de siete consejeros que pusieron en duda no la idoneidad profesional sino la “imparcialidad” de la candidata. Una votación contraria que ha sido inmediatamente recogida por el Partido Popular “emplazando a dimitir” a Dolores Delgado por “dignidad” al haber sido extraordinariamente cuestionada por “la carrera judicial y fiscal”. Vox, por su parte, ha interpuesto una querella ante la sala 2ª del Tribunal Supremo contra el presidente del gobierno y la propia candidata a Fiscal General del Estado por  ”tráfico de influencias” que liga con el informe de la abogacía del Estado sobre la inmunidad del dirigente de ERC, Oriol Junqueras. Ciudadanos por su parte, ha presentado una proposición de ley para “evitar disparates” como el nombramiento de Delgado, de forma que sean necesarios al menos 10 años sin ocupar cargo público alguno para poder optar a la nominación como Fiscal General.

Coherentemente con esta estrategia de suplencia política a través del poder judicial, el Partido Popular ha vuelto ha insistir en su negativa a participar en conversaciones para la renovación del CGPJ hasta tanto no se cambie la forma de elección de éste y se traslade directamente al ámbito corporativo de la judicatura. Una actitud claramente obstruccionista del mandato constitucional que está basada en la estrategia de desgaste y deslegitimación de la acción del gobierno impidiendo que el órgano de gobierno de la magistratura se conforme sobre la base de las nuevas mayorías políticas que han decidido las últimas elecciones.

La opacidad de las prácticas del Consejo y su consciente ocultamiento por los medios de comunicación militantes en favor de la ultraderecha y de la derecha extrema, hace que sea difícil conocer los movimientos que se desarrollan en su seno. Felizmente, con ocasión del debate sobre el nombramiento de la Fiscal General, Concepción Saéz, consejera de este órgano, ha elaborado un voto particular en el que pone de relieve las motivaciones de los votos contrarios a la propuesta de nombramiento del gobierno, la dependencia política de los mismos y el diseño estratégico de la operación planeada por el presidente del Consejo, Carlos Lesmes. De la lectura de ese escrito se desprende claramente un modus operandi que desmiente la narrativa sostenid por la derecha y reiterada en sus medios de comunicación sobre la confrontación entre la “independencia” judicial y la “politización” de la justica.

El blog agradece profundamente a la vocal del CGPJ Concepción Sáez que haya permitido la reproducción literal de su voto particular en este blog, posibilitando así un conocimiento cabal del asunto del que tanto se ha hablado (y manipulado). Los lectores y lectoras del blog sabrán apreciar en efecto un texto tan claro de comprensión como desolador en sus consecuencias para la democracia.

VOTO PARTICULAR CONCURRENTE AL ACUERDO ADOPTADO POR MAYORÍA EN EL PLENO EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CELEBRADO EL DÍA 16 DE ENERO DE 2020, RESPECTO DEL PUNTO I-4º DEL ORDEN DEL DÍA, EN CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124.4 DE LA CONSTITUCIÓN Y ARTÍCULOS 560.1.4ª Y 599.1.2ª DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL INTERESADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE JUSTICIA, SOBRE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DOÑA DOLORES DELGADO GARCÍA COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO, QUE FORMULA LA VOCAL MARÍA CONCEPCIÓN SÁEZ RODRIGUEZ.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial que suscribe, al amparo de lo dispuesto en el artículo 631.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), formula voto particular concurrente al acuerdo adoptado por mayoría en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la sesión del día 16 de enero de 2020, por el que se dio cumplimiento del trámite de audiencia previa al CGPJ sobre la propuesta de nombramiento de doña Dolores Delgado García como Fiscal General del Estado (FGE) por parte del Gobierno de España, y relaciona a continuación los motivos en que se funda.

1. Un CGPJ en funciones. Como vengo haciendo desde el día 5 de diciembre de 2018, creo indispensable comenzar cualquier reflexión sobre las actividades decisorias del CGPJ –también, como en este caso, las de informe- recordando con carácter previo que este CGPJ ha superado en más de un año su mandato ordinario, que está en funciones, ejerciendo por tanto unas competencias ya caducas, en precario, lo que implica –como mínimo- que debería cuidar de hacer un uso discreto de sus facultades, y que en tal situación no parece que se halle en condiciones de  predicar mesura y tiento a los demás poderes del estado ni a quienes están llamados a ostentar su representación cuando no han tenido siquiera ocasión de comenzar su andadura.

2. La propuesta elevada al Pleno. La propuesta, insólitamente tardía,  presentada por el Presidente del CGPJ a los vocales la misma mañana de celebración del plenario, comenzaba invocando el art. 124 de la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), no aprobado –como por error se consigna en la propuesta- sino reformado por Ley 24/2007, de 9 de octubre (arts. 29 y 31) y su Disposición Transitoria Novena. Asimismo consignaba la competencia del Pleno del CGPJ para la emisión del informe previo requerido por el Gobierno, conforme al art. 599.1.2ª LOPJ. Unos antecedentes que asimismo habían conformado las propuestas que para la misma finalidad se habían presentado al Pleno del CGPJ en las sesiones de 22 de diciembre de 2014, 17 de noviembre de 2016, 30 de noviembre de 2017 y 18 de junio de 2018 celebradas para la emisión de informe previo al nombramiento como Fiscal General del Estado de doña Consuelo Madrigal, don José Manuel Maza, don Julián Sánchez y doña Mª. José Segarra, que en todos estos casos finalizaban con la misma fórmula:

“La verificación del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su curriculum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesto”.

Sin embargo, en la propuesta presentada en esta ocasión por el Presidente del CGPJ, su último párrafo se distinguía de los anteriores por una llamativa omisión, la de suprimir el inciso en negrita y  subrayado en la reseña anterior, es decir, la referencia a la idoneidad de la persona propuesta por el Gobierno para su nombramiento como FGE.

3. Precedentes en este mismo CGPJ. Ya desde el primero de los debates para la emisión del informe relativo al nombramiento como FGE de doña Consuelo Madrigal, se mencionó someramente la naturaleza y alcance del trámite de audiencia.

Sin embargo, no fue sino hasta el informe tocante al nombramiento del Sr. Maza cuando la cuestión se abordó más hondamente a partir del cuestionamiento por esta vocal de que el informe se hubiera de limitar –como suele- a concluir la idoneidad de la persona candidata con solo constatar el acomodo de su perfil profesional a los concisos requisitos exigidos por el art. 29 del EOMF (jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo) cuando, en mi opinión, ha de constituir –como literalmente expresé en aquella ocasión- “una elaboración ordenada y suficientemente motivada de las cualidades, características y contexto en que se basa su conclusión, es decir, la idoneidad del candidato propuesto por el Consejo de Ministros para el cargo de Fiscal General del Estado”.

Ya entones las opiniones se posicionaron en torno a dos posturas, la de quienes sostenían que para alcanzar la conclusión relativa a la idoneidad de la persona propuesta bastaba constatar el cumplimiento de los requisitos del art. 29 EOMF y la de quienes considerábamos que, además, se hacía preciso un pronunciamiento razonado sobre la idoneidad de la persona que el Gobierno nos proponía para ocupar tan alto cargo. Hubo quien, defendiendo la primera opinión, con cita previa de una sentencia del Tribunal Supremo, afirmó en aquel plenario –así consta en acta- que estábamos ante un “acto político” y como tal, “no es controlable por los tribunales ni siquiera a través de los elementos periféricos. Por tanto, intentar ahora controlar este acto nos coloca en un ámbito que no es el nuestro, ya que el control político corresponde al Parlamento y no al Consejo”. Se trata del mismo vocal, José Mª. Macías, que suscribe ahora el voto particular disidente en el que, también con cita previa de otra sentencia del Tribunal Supremo (cabe suponer que no será la misma), hoy afirma que “este informe no es un mero acto rituario limitado a constatar que la persona propuesta reúne los datos objetivos”.

4. El debate y votación. Llegados al momento de debatir el informe que en esta ocasión habíamos de emitir en torno a una persona propuesta por un gobierno de un signo político marcadamente distinto de los anteriores (incluido el gobierno socialista salido de la moción de censura que apartó al Sr. Rajoy de la presidencia del gobierno), la toma de postura de los mismos vocales que en anteriores nombramientos del FGE habían sostenido su carácter de “acto político”  y la naturaleza meramente ritual y formalista del informe del CGPJ, ha dado paso a un posicionamiento no solo distinto sino opuesto, mostrado ya en un debate desarticulado y confuso cuyo resultado, la votación, ha venido a sembrar aún más un desconcierto que el contenido del voto particular disidente por los siete vocales que han votado en contra de la propuesta presidencial, ha incrementado.  

Tras la explicación dada por el Presidente del CGPJ a una propuesta exclusivamente ceñida a la concurrencia de los requisitos formales y marcada por la omisión de mención a la idoneidad de la Sra. Delgado, basada en el propósito de alcanzar un acuerdo en el plenario que propiciara una única decisión –siquiera de mínimos- admisible por todas “las sensibilidades” que conforman el Pleno del CGPJ, todo parecía abocado a su aceptación general. Sin embargo, la votación –insisto- ceñida exclusivamente a la conclusión de que “se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada” ha arrojado el resultado de 12 votos a favor (uno de ellos, el mío) y 7 votos en contra.

5. El voto particular disidente. Los siete vocales que han disentido de la propuesta del Presidente, los mismos que –durante más de 6 años- han contribuido activamente a conformar la mayoría conservadora que ha permitido a aquél llevar adelante sus líneas estratégicas y desarrollar sus planes de actuación, han presentado su voto particular (con extraordinaria rapidez, apenas 45 minutos después de finalizado el Pleno). Un texto trufado de citas jurisprudenciales procedentes de juzgados y tribunales nacionales y comunitarios, de referencias a informes de la Unión Europea y del Consejo de Europa acerca de la independencia del Ministerio Fiscal para concluir, un tanto deslavazadamente, analizando las condiciones objetivas de la Sra. Delgado. Y aquí aparece lo más sorprendente: se admite que es ciudadana española y jurista con más de 15 años de ejercicio profesional y cuando todo parece  indicar que la tacha en torno a los requisitos exigidos por la legislación invocada, el art. 29 EOMF, esto es, lo que justifica  el voto negativo a la propuesta del Presidente, se contrae a que a la Sra. Delgado no se le concede que goce del “reconocido prestigio” legalmente exigido, ocurre que no es así. Que lo que se observa en ella es que no cumple “el requisito (sic) de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad  implica”, es decir, un requisito no contemplado en el repetido art. 29 EOMF, elaborado por los vocales disidentes, y que  infieren afecta a la Sra. Delgado a partir de su anterior condición de Ministra de Justicia y por tanto “expuesta al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones”. En mi opinión, la incongruencia de los argumentos del voto particular respecto de la negativa a aceptar la propuesta del Presidente, salta a la vista.

6. Mi voto concurrente. Mi postura en la quinta ocasión en que como vocal de este Consejo he tenido que pronunciarme acerca del informe preceptivo sobre el nombramiento de FGE, se ha mantenido invariable. Sigo opinando que en sus facultades de informe corresponde en estos casos al CGPJ no solo el examen de la concurrencia de los requisitos del art. 29 EOMF sino también el pronunciamiento razonado acerca de la idoneidad de la persona propuesta. De ahí mi voto positivo a la propuesta del Presidente y, precisamente por el alcance incompleto y parcial de la misma,  la defensa, a través de este voto particular, del –en mi opinión- imprescindible examen de los méritos de la candidata y su juicio valorativo.

En este sentido, tal como expresé en el plenario, las características curriculares de la Sra. Delgado avalan lo oportuno de su nombramiento, singularmente en un momento y en un contexto como el que nos encontramos. Sintéticamente cabe destacar las siguientes:

          - Es miembro de la carrera fiscal en activo desde hace 30 años.
          - Es experta en derecho internacional de los derechos humanos, haciendo de estos conocimientos el eje de su trabajo en la Fiscalía, primero, y al frente del Ministerio de Justicia, después.
          - Es una firme y consecuente luchadora en favor de todas las víctimas, incluidas aquellas largamente olvidadas y todavía hoy ninguneadas, las víctimas del franquismo. 
          - Es una mujer –y recalco ahora su género de manera expresa- con unas enormes dotes resolutivas y de liderazgo, según acreditó en su carrera como fiscal y corroboró durante los meses en que ejerció de ministra.

No hay, por tanto, nada en su currículo ni en su trayectoria que perturbe o comprometa el informe de idoneidad que debió otorgarle este Consejo. Y sí existe un elenco de cualidades en su favor que permiten sostener que desempeñará su cargo con la autonomía de gestión que exige la Ley. Su condición de exdiputada y de exministra no puede dar lugar a sospechas o presunciones en su contra, como se ha evidenciado en nuestra reciente historia democrática con los nombramientos por los gobiernos de UCD de los diputados Juan Manuel Fanjul y José María Gil-Albert, y por parte del PSOE del ministro Javier Moscoso y del diputado Leopoldo Torres.

Como expuse en el Pleno, considero que la propuesta sometida a votación es incompleta. Solo atendiendo a las razones expuestas por el Presidente y en un ejercicio de responsabilidad institucional dirigido a obtener una resolución que suscitara la adhesión de todos los miembros del Consejo (que se ha revelado completamente estéril), cabe interpretarse mi voto a favor. Porque sigo sosteniendo que la Propuesta debió haberse formulado y sometido al Pleno como se ha venido haciendo en este Consejo, al menos, en las cuatro ocasiones anteriores.

En suma, en mi opinión, la propuesta debió haber expresado la concurrencia en la candidata de los requisitos establecidos en el art. 29 EOCF, incluyendo asimismo entre sus conclusiones la idoneidad de doña Dolores Delgado García para el cargo de Fiscal General del Estado, y sosteniendo tal juicio en la constatación y análisis de las indiscutibles cualidades que la hacen acreedora de ello. Solo de tal modo mi voto habría expresado íntegramente mi opinión. Y porque no fue del todo así debiendo haberlo sido, es por lo que emito este voto particular.
          Madrid, 17 de enero de 2020.