Está
fuera de toda duda que la huelga general del 11 de noviembre ha sido un éxito,
y las manifestaciones que han culminado la jornada han demostrado la
impresionante cantidad de personas que han participado en las mismas, en un
arco de edad desde los más veteranos a los más jóvenes. Fueron especialmente
numerosas las manifestaciones de Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, pero también
en ciudades pequeñas la marcha agrupó a miles de personas.
La huelga en tanto que cesación
del trabajo afectó fundamentalmente a grandes empresas y sectores en conflicto,
y la participación en los piquetes fue masiva. Los datos que suministraron los
dos sindicatos indicaban que el seguimiento de la huelga oscilaba entre el 41%
en comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura y más del 80%, en otras
como Catalunya o Andalucía, si bien incluso en zonas como Illescas (Toledo) o
Guadalajara, el seguimiento del sector de la logística había sido del 75%. Las
industrias con mayor seguimiento fueron las electrointensivas, industriales,
automoción, petroquímicas y el sector de las cárnicas, entre otros sectores
estratégicos como logística, recogida de basuras y el transporte. La imposición
de servicios mínimos hizo que se mantuviera una buena parte de la actividad en
estos sectores, donde además se volvieron a repetir actuaciones de la autoridad
gubernativa que extendían abusivamente las prestaciones mínimas por cubrir.
Como de costumbre, el punto máximo de esta vulneración fue la Comunidad de
Madrid donde el tribunal Superior de justicia de Madrid impuso medidas
cautelarísimas para dejar sin efecto los servicios mínimos decretados en
educación, justicia y transporte. La argumentación del propio TSJM afirmaba que
los servicios mínimos impuestos hacían inviable poder ejercer el derecho a la
huelga en estos sectores. En Euskadi y en Galicia la participación de los
sindicatos autonómicos también ayudó a extender la huelga en estos territorios.
La respuesta de los medios de comunicación
fue la habitual. Los medios “serios” más
contenidos, hablaron de “seguimiento desigual”, los medios devotos de la
derecha hablaron de fracaso pleno. Unas calificaciones que se repiten en
relación con las dos huelgas generales del 2012 y la precedente del 2010, aunque
con calificativos diferentes. Para OK diario – el periódico que paga el abogado
a Koldo García – la huelga de noviembre del 2012, que coincidió con la convocatoria
de otras huelgas generales en Chipre, Italia, Portugal, España y Bélgica en un
intento de construir una huelga europea, era una “huelga borroka”, la de
noviembre del 2026, una “huelga electoral”. Todas al parecer de estos medios
regados por el dinero público de las comunidades autónomas proclives a la
ultraderecha y a la derecha, un descalabro sindical. También los partidos de
derecha y el presidente de la CEOE se abonaron a la ya consabida valoración de
la huelga como fracaso, sin pronunciarse sin embargo respecto de la
movilización formidable y la abrumadora presencia ciudadana en las calles. Sin
embargo, para la prensa internacional fue una “huelga histórica”, de manera que
es cierto que nadie es profeta en su tierra, al menos para los medios de
comunicación.
Como ha señalado Unai Sordo, la
huelga estaba planteada como una combinatoria entre el paro en los centros de
trabajo y una amplia movilización social que permitiera introducir en el discurso
público el debate sobre la vivienda, la necesidad imperiosa de garantizar el
derecho a una vivienda digna que garantiza el art. 47 de la Constitución, que
impacta necesariamente sobre el conjunto de la clase obra, en conexión con el
aumento de salarios y el control del coste de la vida. El resultado ha sido
enormemente positivo, porque además se ha producido, como señala Joan
Coscubiela un proceso de socialización muy interesante en relación con las
personas trabajadoras de origen migrante y a las más jóvenes que han
participado por primera vez en una movilización de esta envergadura, lo que se
hizo muy patente en las calles (https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/primeros-efectos-huelga-general_129_13658997.html)
La reacción política ha sido a su
vez muy indicativa de lo que está en juego a lo largo de este mes. Mientras que
para el Frente Amplio, muy implicado en el desarrollo de la huelga, la movilización era comprendida
como un elemento fundamental en el lanzamiento de su propuesta política, para el
PSOE la huelga fue vista como un elemento que podía dinamizar una cierta
recuperación del voto socialista en el contexto de un intento de “remontada” en
el que se ha lanzado con toda su capacidad organizativa y sus conexiones
internacionales. Unos y otros, en compañía de las fuerzas de izquierda
soberanista en Catalunya, Euskadi y Galicia, con el concurso imprescindible del
PNV, han aprobado en la Diputación permanente el acuerdo de convalidación del
RDL 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la
protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de
vivienda asequible, mientras que la norma que pretendía reforzar la estabilidad
de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual fue de nuevo derrotada en
este trámite. De esta manera, una parte de las reivindicaciones presentes en la
huelga ha sido recogida al día siguiente del conflicto y de la movilización
extraordinaria que le acompañó.
Pero la reacción más llamativa y
peligrosa fue la que protagonizó el Partido Popular a través de sus exponentes
más radicales. Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defendió
que había que liberarse de la “basura sindical”, para luego hablar,
transcurrida la huelga, del “terror” sindical y mencionar expresamente la
necesidad de acabar con los liberados sindicales, parásitos sociales que viven
del Estado según ella y que cifra en 320.000 personas. Este discurso claramente
anticonstitucional ha sido repicado por los cuadros dirigentes del PP, que
además han importado el calificativo de VOX de “comegambas” como forma de definir
a los dirigentes y delegados sindicales y lo han reiterado en sus cuentas
oficiales. La marquesa Cayetana Alvarez de Toledo ha anunciado en esa
misma línea que “se acabó la mariscada sindical”, “tentáculos sanchistas” a los
que “se les acabó el chollo”. Y Feijoo en persona advirtió a los
sindicatos que había cometido “el error más grande” al convocar la huelga
general, lo que les inhabilitaba para ser interlocutores en la próxima
legislatura. Esta deriva antisindical del PP se coloca en una posición casi más
avanzada que la furibunda de VOX, y advierte que el objetivo de acabar con los
sindicatos y su poder de representación es prioritario para la derecha y la
ultraderecha. La ruptura del consenso social y la eliminación de la capacidad
de interlocución no solo política – ante el seguidismo pleno de la CEOE ante las
propuestas del PP – determinan la mayor amenaza para los sindicatos de clase
que harían bien en tomar en serio y divulgar entra las personas trabajadoras. Que
estas propuestas sean directamente contrarias a la Constitución se debe a su
vez relacionar con el propósito de derecha y ultraderecha de obtener 3/5 en el
Senado para nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y un nuevo
poder judicial que puedan avalar medidas claramente dirigidas a borrar de la práctica
política española el reconocimiento de los sindicatos que se establece en el
art . 7 de la Constitución.
Este es un punto especialmente
sensible. La represión en las calles de los piquetes de huelga, la actuación
claramente violenta de la policía en la manifestación de Madrid, de la que hay
numerosos testimonios personales y gráficos y sobre los que las centrales sindicales
convocantes quieren iniciar acciones legales, indica que el derecho de huelga es
un derecho fundamental que es conscientemente violado por las propias fuerzas
de orden público, que en muchas ocasiones – pero de manera especial en Madrid –
funcionan de manera autónoma, sin que sus mandos operativos acepten órdenes de
la superioridad. La apertura de “investigaciones” sobre los evidentes abusos
policiales, la decisión – luego revocada – de no usar gases lacrimógenos, que
al final se ha limitado a no emplear el gas pimienta con el que se ha rociado
generosamente a integrantes de los piquetes, a manifestantes e incluso a una persona
sin techo, no es suficiente y muestra una clara debilidad del poder político –
el ministro Marlaska – respecto a los sindicatos policiales de extrema
derecha y sus mandos operativos, lo que augura un recrudecimiento de la
actuación represora y agresiva de los cuerpos de seguridad frente a la protesta
pacífica si, como esperan estos miembros de la policía, se produce un cambio de
gobierno con el que se identifican estos funcionarios. La huelga y la
manifestación – además de la cancelación de la libre expresión en los medios de
comunicación públicos – serán la nueva frontera del autoritarismo y del control
social en un panorama en el que el sindicato se considera un enemigo directo
del Estado al que hay que reducir al mínimo para domarlo.
Los sindicatos han advertido a
los partidos políticos de ultraderecha y derecha y a la patronal que
responderán en la calle ante cualquier intento de recortar pensiones,
privatizar servicios públicos o frenar las subidas salariales, pero este
anuncio debe irse acompañando de una reflexión global sobre la propia eficacia
del conflicto y de la huelga como medidas de presión. Hay que tener en cuenta
que, como se ha hecho notar en la huelga del11N, muchas personas no secundaron
la huelga por el coste económico que lleva aparejado su ejercicio, además de
por las amenazas directas o indirectas de los empresarios. Una parte del
personal en tiendas y comercios es inmigrante y, además de carecer de una
cultura del conflicto – puesto que para muchos de ellos la participación en la
huelga puede suponer la pérdida del puesto de trabajo – su situación más
vulnerable hace que perciban su adhesión al conflicto como un acto heroico que
puede acabar con su empleo o ser sustituido. También muchas otras personas, en
sectores con baja afiliación y sin práctica conflictual, vacilan en asumir la llamada
a la huelga, aunque sin embargo pueden acudir a las manifestaciones de ese
mismo día. El contacto personal, la presencia de los sindicalistas en los
lugares de trabajo y la discusión sobre los temas que plantea la convocatoria
de huelga son elementos todavía imprescindibles para extender el conflicto,
como lo son los piquetes en el mismo día del conflicto. La utilización de mensajes
en las redes sociales y en los correos electrónicos es importante, pero la
movilización personal en los centros de trabajo y las asambleas para tratar el
objeto del conflicto, resultan muy oportunas para enraizar el conflicto en las
personas que trabajan.
Pero a su vez hay que anotar que
uno de los puntos más debatidos en torno a la eficacia de las huelgas son los
servicios mínimos. La técnica de imposición reposa en la autoridad política –
la Comunidad Autónoma y el Estado fundamentalmente – y estos poderes tienden a extender
la prestación esencial que se debe garantizar durante la huelga hasta límites completamente
excesivos y frecuentemente denunciados. En esta convocatoria, en la Comunidad
de Madrid, se han anulado una serie de servicios impuestos por la CAM, como de
ha dicho, y en Telemadrid, donde se pactaron servicios mínimos, la dirección incumplió
el acuerdo e incrementó de manera abusiva el arco de actividad durante la
huelga. Muchos de estos servicios mínimos han sido pactados entre empresa y
sindicatos o entre poder público y sindicatos. Pero es importante para un
horizonte de mayor eficacia del ejercicio del derecho fundamental una refundación
del marco regulador de la huelga en los servicios esenciales desde una perspectiva
claramente autónoma, de autotutela del interés colectivo y sindical. Hay
sectores en los que una huelga de un día de duración no debería llevar
aparejada ningún mantenimiento de actividad, y otros en os que el nivel de
mantenimiento tiene necesariamente que reducirse de forma muy radical. No es de
recibo servicios mínimos en los medios de comunicación con la extensión con la
que se acuerdan o se fijan, ni que el metro de una ciudad garantice en las
horas punta el 95% del servicio prestado, en colaboración con otro tanto de
cobertura del servicio de transporte urbano por superficie, por poner solo
algunos ejemplos. Y hay que preparar la posibilidad de negarse unilateralmente
a los servicios impuestos, ofreciendo a cambio la propia propuesta de
preservación de servicios que el sindicato entiende oportuna. Reducir el impacto mediático y real de la
huelga es uno de los objetivos que perseguirán las derechas y ultraderechas
frente al cual el sindicato tiene que mantener una postura firme y decidida
para evitar que el efecto directo de la huelga de perturbar la normalidad
productiva se diluya en el mantenimiento de la actividad. En este sentido, una
comparación sobre el ámbito de aplicación de los servicios esenciales en otros países
europeos puede resultar ilustrativo.
La movilización alcanzada con la
huelga general debe mantenerse y prolongarse durante el período electoral. Es
importante que se logre una participación extraordinaria de quienes en
anteriores convocatorias no se han sentido interpelados ante el resultado
electoral. En esta ocasión, desde la perspectiva sindical y ciudadana, son
muchas las cuestiones en juego ante un programa de tierra quemada por parte del
bloque de las dos derechas. No dejemos que esto suceda y trabajemos decididamente
por impedirlo.
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