viernes, 18 de mayo de 2018

EL “ACTIVISMO JUDICIAL” Y LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA ULTRA ACTIVIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO




Hay historias que se prolongan durante más tiempo que el previsto. Así sucede con la ultra actividad del convenio colectivo. Ante la discutible y mal concebida fórmula de la reforma del 2012, según la cual transcurrido un año desde la denuncia del convenio, éste perdería, salvo pacto en contrario, su vigencia, la integración de esta fórmula con la realidad laboral la tuvieron que hacer los jueces, en concreto el Tribunal Supremo, en una Sentencia emblemática de 22 de diciembre de 2014 de la que fue ponente la magistrada Rosa Virolés. Como es sabido, la tesis “conservacionista” que se impuso a partir de esta decisión implicaba afirmar la continuidad de las condiciones de trabajo, es decir, de los derechos y obligaciones laborales recogidos en el convenio colectivo extinguido por obra de la disposición legal, con posterioridad a esta pérdida de vigencia del convenio, al mantenerse las mismas incorporadas a los contratos individuales de trabajo de los trabajadores afectados.

Si buceáramos en el propio archivo de este blog, veríamos que en la época este era un tema en el que la CEOE-CEPYME tenía puestas una buena parte de sus esperanzas para a partir de él conseguir acordar convenios colectivos en gran medida derogatorios de los estándares logrados en los anteriores pactos, al punto que el empresariado no sólo procedió a denunciar la vigencia de los convenios colectivos en masa, paralizando a continuación los procesos de negociación sin llegar a un acuerdo, aguardando a que pasara el plazo legalmente previsto, sino que también se negó a introducir en los Acuerdos Marco de Negociación Colectiva una solución negociada a este aspecto, aguardando la decisión del Tribunal Supremo, que confiaban avalara lo que para este sector eran las tesis “inevitables” de considerar decaído el convenio extinguido y su regulación de las condiciones de trabajo. Los pormenores de esta historia los puede encontrar el lector curioso en este enlace Sobre la ultra actividad de los convenios .

La sentencia sentó muy mal en el gobierno y no sólo allí, en especial en la Dirección General de Empleo, sino también en la presidencia del Tribunal constitucional de la época. A fin de cuentas, Pérez de los Cobos y Thibault Aranda habían sido los autores intelectuales de la reforma propiciada por el Partido Popular en el 2012 e incluso habían escrito, en el 2010, un artículo en el que proponían las grandes líneas que debería seguir la intervención normativa en la materia. La jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo procedía a interpretar especialmente en materia de despidos colectivos y de negociación colectiva, los preceptos de la reforma del 2012, mientras que esta reforma laboral, casi en el mismo tiempo, había sido impugnada en sus aspectos inconstitucionales que sin embargo fueron convalidados con entusiasmo y sin fisuras por la mayoría del Tribunal Constitucional impulsada por su Presidente. Se creaban así dos espacios de interpretación. El correspondiente al nivel constitucional sanaba todas las medidas legales que se entendían compatibles con el marco constitucional, mientras que en el plano de la interpretación de la legalidad de la reforma, los jueces procedían a reescribir sustancialmente algunas normas de la misma. Pero esta sentencia del Tribunal Supremo no podía ser impugnada ante el Tribunal Constitucional puesto que ni los jueces habían entendido que el precepto vulneraba algún principio o derecho constitucional y por consiguiente no habían considerado el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, ni el tema planteado superaba el plano de la legalidad ordinaria y, al tratarse de la negociación colectiva, tampoco podía iniciarse un recurso de amparo.

Sin embargo, la decisión del Tribunal Supremo, con ocho votos particulares, algunos concurrentes y otros discrepantes, no sólo dio lugar a una amplia e interesante polémica doctrinal, sino fundamentalmente a una ácida crítica a la línea que había impuesto ésta como ejemplo claro del “activismo judicial” que el empresariado y el gobierno denunciaban como “obstáculos” a las reformas legales. La ministra de empleo llegaría a afirmar que temía más la interpretación de los jueces sobre la reforma laboral que a los “hombres de negro”, es decir los inspectores de la Comisión Europea que controlaban el gasto público sobre la base del rescate bancario obtenido por España. Y el empresariado acuñó el término “activismo judicial” como sinónimo de la resistencia de los togados a aplicar el imperio de la ley, y en consecuencia a oponerse a las decisiones adoptadas por los gobiernos democráticamente elegidos, cuya por el momento última efervescencia se encuentra en el criticado informe del Círculo de empresarios al que también se ha hecho referencia en este blog El Circulo de Empresarios contra el "activismo" judicial. En privado, el entonces presidente del Tribunal constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, habría de manifestar a la ponente de la sentencia, Rosa Virolés, que esperaba que ésta fuera impugnada ante el Tribunal constitucional para poder establecer la doctrina a su juicio correcta sobre este tema, es decir las tesis llamadas “rupturistas” conforme a las cuales – y por emplear la expresión de la propia STS de 22 de diciembre del 2014 – “los derechos y obligaciones de las partes pasarán a regirse exclusivamente por las normas estatales legales y reglamentarias, haciendo tabla rasa de las condiciones laborales existentes con anterioridad en el ámbito del convenio colectivo fenecido”.

El tiempo pasó y el Tribunal Supremo siguió adelante con la aplicación de su doctrina sobre la ultra actividad en sus múltiples aspectos y variaciones – la ultra actividad negociada, la que desplaza el núcleo normativo al convenio colectivo de ámbito superior, la que se asienta en la permanencia de las condiciones contractuales – pero ello no cerró la polémica para quienes entendían que la consolidación de los estándares normativos y contractuales obtenidos mediante la negociación colectiva podían ser revertidos si tras un plazo de un año, no se conformaba una mayoría suficiente para acordar un convenio colectivo nuevo. De esta manera, el recurrente presentó un incidente de nulidad de actuaciones en marzo del 2015 que fue resuelto negativamente por la sala cuarta del TS en febrero del 2016, en el que se alegaba que la Sentencia de 22 de diciembre del 2014 había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE en el sentido de obtener “una resolución fundada en derecho”, y en el que, además de alegar que los numerosos votos particulares no habían conformado una voluntad unitaria en la sentencia, establece como motivo principal que se trata de una decisión “no fundada en Derecho por su rebelde resistencia a la aplicación de la ley”. El auto del Tribunal Supremo, como es previsible, desestimó estas pretensiones. Su texto se puede encontrar en este enlace Auto 18 febrero 2016

Con esos mimbres, los reclamantes acudieron al Tribunal Constitucional, quien, en vez de rechazar el recurso por carecer notablemente de interés constitucional, lo aceptó por valorar, al contrario, su “especial trascendencia”. En el recurso de amparo las acusaciones hacia los jueces fueron más directas aún que lo habían sido en el incidente de nulidad de actuaciones previo a la presentación del mismo. A juicio de los recurrentes, la sentencia impugnada  “carece de motivación jurídica; dejando de aplicar el art. 86.3 ET a través de una interpretación judicial meramente voluntarista y contraria al contenido y espíritu de la ley, y que además resulta completamente disruptiva del sistema de fuentes jurídico-laboral”, por lo que resulta “manifiestamente irrazonable y arbitraria, por cuanto viene presidida por el sólo voluntarismo de alcanzar un determinado resultado que resulta patentemente contrario a la ley”. Como se puede comprobar, el núcleo central de la discordancia con el Tribunal supremo se centra en   la consideración de la interpretación del Tribunal Supremo como “contraria a la ley”, lo que supone la definición misma de lo que se viene a conocer como “activismo militante” de los jueces opuesto a aceptar la determinación de los contenidos normativos de la ley, expresión de la voluntad general. Un argumento que el Tribunal constitucional consideró de “especial trascendencia constitucional” para aceptar su tramitación como recurso de amparo, es decir,  para tener la oportunidad de dictar un fallo “atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”, como ha interpretado el propio Tribunal constitucional el requisito introducido en el art. 50 LOTC. 

El tiempo ha pasado, y el Tribunal constitucional, en una sentencia de 23 de abril de 2018, aun no publicada en la web del Tribunal, pero ya comentada con la prontitud y eficacia que le caracteriza por el blog de Eduardo Rojo en este enlace Ultra actividad del convenio colectivo , ha decidido, correctamente esta vez, desestimar el amparo  entendiendo, de manera excepcional, que el recurso debió ser inadmitido en el momento inicial de su interposición.

La Sentencia valora también en su fallo denegatorio el informe del Ministerio Fiscal que así lo solicitaba y en última instancia subraya, como es natural, que la sentencia del Tribunal Supremo es una resolución fundada y motivada que no vulnera el acceso a la justicia del art. 24 CE. Sobre las diferentes tesis en el asunto debatido, opta por una de ellas de manera razonada y razonable, por lo que el Tribunal constitucional no puede convertirse en una tercera instancia en la que reproduzca el control de legalidad y la interpretación y aplicación de las normas, sin que en esa actividad jurisdiccional se haya producido quiebra alguna del derecho fundamental invocado.

El “activismo judicial” denunciado por el demandante en amparo es por tanto un espejismo o sencillamente encubre que el razonamiento jurídico que ha seguido la empresa recurrente no tiene entidad suficiente ni responde a la regulación concreta de las relaciones colectivas de trabajo. Que un tribunal no acepte los argumentos de una parte litigante no quiere decir que éste haya producido una decisión arbitraria y contraria a la ley frente a la cual se declara en “abierta resistencia”. Hay que ser más calmado y no asumir en el marco de un proceso las palabras de orden y los lemas publicitarios que se usan en un determinado contexto político como propaganda. El campo jurídico como campo de intereses enfrentados no se resuelve con frases simples o alusiones al espíritu de los gobernantes. Es una mediación más complicada, técnica y políticamente hablando. La que no ha sabido llevar a cabo el recurso de amparo presentado.

Pero no se debe olvidar la trascendencia simbólica que tiene este fallo del Tribunal Constitucional. No tanto por lo que dice, que resulta algo evidente a partir de su propia doctrina sobre el art. 24 CE, sino por lo que implica de cierre implícito de un ciclo de cuestionamiento de las reformas estructurales emprendidas en el marco de las políticas de austeridad. Alejada la posibilidad de revertir estas indicaciones normativas en el lapso de tiempo que se abrió entre diciembre de 2015 y junio del 2016, el TC ha entendido que es preferible no agitar las aguas de la regulación de la negociación colectiva en donde se metabolizan con dificultad las nuevas reglas de la reforma del 2012 especialmente en lo que se refiere a la prioridad aplicativa de los convenios de empresa y en donde el objetivo sindical actual es el de recuperar derechos y renta salarial en los procesos de negociación en curso.

La larga historia de la interpretación del párrafo final del art 86.3 ET ha terminado así con esta sentencia del Tribunal constitucional, seis años después de su inicio. Ahora solo falta derogar el precepto que tanta perturbación innecesaria ha producido en el marco de las relaciones laborales colectivas y del sistema de negociación en nuestro país. Pero eso habrá – al parecer – que esperar un poco.



jueves, 17 de mayo de 2018

EN EL INICIO DEL PACTO CONSTITUYENTE SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. A PROPÓSITO DE UN LIBRO SOBRE EL ART. 27 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA




Se ha presentado el miércoles 16 de mayo, en la Fundación Giner de los Ríos de Madrid, el libro colectivo, coordinado por Manuel de Puelles y Manuel Menor, en un acto en el que han intervenido los editores de la obra en diálogo con Carmen Perona, Manuel de Puelles y Alejandro Tiana como autores de la misma. El libro, publicado por ediciones Morata, se titula “El artículo 27 de la Constitución. Cuaderno de quejas”, y por tanto agrupa una serie de reflexiones que convergen en un muy peculiar cahier de doléances sobre las insuficiencias, las amnesias y los retrocesos que el pacto constituyente sobre el derecho a la educación ha tenido. Para ello, como señala Manuel Menor en la introducción a la obra, el “peso de la historia” – de una historia terrible que confronta la confesionalidad religiosa y el laicismo de la escuela como un leit motiv de los vaivenes políticos de los siglos XIX y XX en España – es formidable y explica que los “cuadernos de quejas” sobre el incumplimiento de lo que podía significar el artículo 27 de la Constitución cuestionen las resistencias a los cambios inclusivos en el sistema educativo que continúan cada vez más presentes, como puede atestiguar la reciente sentencia de abril de este año del Tribunal Constitucional sobre la educación segregada por sexos como “opción pedagógica” no discriminatoria.

El libro consta de dos partes bien diferenciadas, en la primera se procede a un análisis historiográfico sobre estas visiones enfrentadas en torno a la educación y la enseñanza en España (con textos de Viñao, Castillejo, Baylos, Tiana y Bedera), para en una segunda parte desgranar las quejas específicas y las decepciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, estudiantes, familias y profesorado (con textos de Delgado, Pazos, Perez-Ugena y Perona). Los dos coordinadores se encargan, uno de la introducción y otro del epílogo, un texto de De Puelles que busca precisamente como “superar el peso de la historia” en ese debate entre posiciones enfrentadas.

La construcción histórica del pacto constituyente sobre el derecho a la educación es importante a la hora de calibrar justamente su desarrollo y sus involuciones. A ese fin sirve la explicación que sigue a continuación, que pertenece a algunas partes del capítulo 3 del libro.  Se trata de resaltar algo que frecuentemente queda en un cono de sombra, y es el cruce de líneas de acción: los derechos de los trabajadores de la enseñanza y el derecho a la educación.

Durante la transición y, de forma más evidente, en el debate sobre el texto constitucional, la determinación del contenido del derecho a la educación tenía necesariamente que volver a incidir en los grandes ejes que secularmente habían construido el debate sobre el mismo, aunque con las cautelas que en ese período histórico se tenían respecto a reivindicar el pensamiento republicano como un elemento decisivo en las argumentaciones que se reclamaban del laicismo. Tradicionalmente por tanto se explica este momento histórico como una confrontación real entre dos formas de entender el derecho a la educación herederas de un debate antiguo que se resuelve en un texto aceptable desde ambos discursos. La cuestión entonces es la de analizar si esta fórmula transaccional incorpora en sí elementos más proclives a una u a otra postura, o si el desarrollo infralegislativo del texto constitucional será el que a la postre realmente definirá las condiciones institucionales que determinan en lo concreto el alcance real de ese derecho, más allá del modelo posible que se desprendía de la Constitución, en lo que normalmente se viene a contraponer como “modelo” -constitucional o legal- del derecho fundamental reconocido.

Es decir, que la forma de abordar esta fase histórica se centra, correctamente, en la dimensión político-ideológica que la recorre, juzgando por tal las diferentes formas de entender la relación entre lo público y lo privado en la escuela como “libertad de enseñanza” más que como “derecho a la educación”, y las consecuencias que de esta contraposición se pueden obtener, de manera tal que el campo abierto a la incidencia de estos discursos enfrentados se puede resumir en dos grandes líneas, la que podría representar en aquel momento la Unión de Centro Democrático (UCD) en el Gobierno y la que defendía el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sin que en definitiva los otros sujetos políticos aportaran iniciativas especialmente relevantes sobre las que aquellos defendían. “El debate de aquellos años es fundamentalmente un debate entre socialistas y democristianos” diría GARCIA SANTESMASES en el 2003, y en este debate estaba en juego el rol del Estado y el fomento de la escuela pública como eje del derecho a la educación de todos los españoles, frente a la apertura de un sistema de libertad de enseñanza que diera protagonismo a la escuela privada financiada por el Estado y controlada ideológicamente por sus propietarios. Un debate que plantea por consiguiente una confrontación de modelos ideológicos planteados fundamentalmente, como se ha señalado, en el campo de los sujetos políticos, es decir en el campo determinado por el resultado electoral que se produjo en las elecciones de 1977 y que habría luego de prolongarse en las de 1979. Es decir, la concentración del voto político en el centro derecha y en el centro izquierda (UCD y PSOE), y la presencia subsidiaria de la derecha franquista (AP) y de la izquierda comunista (PCE).

Los términos con arreglo a los cuales se reconoce hoy este enfrentamiento ignoran otro vector poco resaltado que posiblemente debería ser considerado como un elemento adicional de importancia, porque a esta dimensión político-electoral del debate se debería añadir la actuación de los sujetos sociales en el sector de la enseñanza. Se trata de la incidencia de los planteamientos sobre la democratización de la escuela como institución ideológica sometida durante demasiado tiempo a un principio autoritario; enfoques que eran propios del movimiento de profesores que se había ido gestando durante los años 70 con la masificación de la enseñanza, y que habían formado un sujeto colectivo excepcionalmente activo tanto en la enseñanza universitaria como en la escolar. Para estos, la cuestión fundamental en la enseñanza no era sólo considerar la escuela, el instituto o la facultad como un servicio público que debía ser gratuito en la enseñanza obligatoria y de tasas muy reducidas en la Universidad, sino entender que estos espacios estaban gobernados de manera autoritaria sin la participación de quienes realmente hacían posible la transmisión del saber y la cultura, dejando además de lado a los estudiantes como un componente plenamente pasivo y sometido. La participación democrática era, por tanto, el eje en torno al cual se articulaba una determinada idea de la enseñanza, donde los trabajadores de la misma, tanto docentes como administrativos, junto con las familias y los estudiantes, tenían que intervenir fuertemente en el control de este servicio público.

Esta aproximación a la educación desde la demanda social de gobierno efectivo de las instituciones, que se traducía en la participación democrática en la gestión de la escuela, del instituto o la universidad, se gestaba en un momento histórico en el que todavía el Estado español no reconocía los derechos políticos y sociales básicos de un sistema democrático e impedía y reprimía su ejercicio. De esta manera, la exigencia de democratizar la enseñanza, que se enraizaba con el discurso generalizado de la contestación estudiantil y social de 1968 en toda Europa -con especial trascendencia para nuestro país respecto de los sucesos más cercanos de Francia y de Italia-, y la propia efervescencia del movimiento estudiantil especialmente bajo la universidad franquista, era el elemento aglutinador de las reivindicaciones de los “estamentos” más activos de la enseñanza, profesores y estudiantes. Se trataba de una reivindicación directamente política y por consiguiente requería un cambio de régimen según los esquemas de la ruptura democrática que en la época eran determinantes, y que conectaba este elemento con la necesidad del reconocimiento de los derechos fundamentales, no sólo ciudadanos sino muy especialmente laborales, que garantizasen un estatus de estabilidad y de dignidad profesional al profesorado.

Por un lado, por tanto, la exigencia de gobierno democrático de las instituciones educativas se relacionaba con la reivindicación de derechos colectivos e individuales en el trabajo, y la propia consideración del “servicio” como relación de trabajo que debería ser estable y dotada de derechos eficaces, con independencia de si se calificara como relación laboral o como relación de servicio. Los profesores universitarios hicieron del contrato laboral una exigencia colectiva fundamental en torno a la cual nuclearon su estrategia de intervención como una opción política de un modelo alternativo al vigente en la educación superior , pero en las enseñanzas medias la reivindicación pasaba por la estabilidad y el reconocimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva, cuestión que por cierto se exigía tanto para la enseñanza privada -donde había una fuerte implantación del movimiento en aquel momento- como para la pública, tanto para las categorías de eventuales e interinos como para los funcionarios. Por tanto, a través de esta conexión inmediata, la exigencia de participación democrática implicaba el reconocimiento de derechos sindicales y colectivos.

El otro punto que se relacionaba con esta pulsión democratizadora se refería más directamente al profesorado como sujeto fundamental en la mediación cultural e ideológica que se produce en la transmisión de conocimientos a través de la enseñanza. Se trataba de la demanda de autonomía de los docentes tanto en el plano metodológico y didáctico como en el de la innovación de las estructuras existentes. Esta reivindicación de una libertad cultural fuerte no se contemplaba desde la perspectiva individual -lo que posteriormente se identificaría con la “libertad de cátedra” o la “libertad creativa”- sino desde una dimensión colectiva, que situaba al profesorado en el centro del cambio tanto en las formas de enseñar como en los contenidos de la misma, cuestionando por tanto el modo dominante de un aprendizaje memorístico, repetitivo y despolitizado, que negaba la autonomía docente e investigadora del profesorado en la construcción de las relaciones educativas con el colectivo estudiantil, más allá de la concreta y jerarquizada malla institucional que las contenía.

De todas estas líneas convergentes en el impulso democratizador, posiblemente la que tiene mayor desarrollo es la relativa a los derechos laborales individuales y colectivos como condición de ejercicio del derecho a la educación, limitando en consecuencia desde ese punto de vista interno la libertad de enseñanza. Eso hace que la problemática sindical cobre una importancia decisiva en la determinación del concepto del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza en el tardofranquismo y en la transición, teniendo en cuenta lo que en ese momento histórico era el pensamiento social dominante en el antifranquismo.

Esta forma de aproximarse al tema permite distinguir el tratamiento de un derecho a la educación diferente del que se debería dar a la libertad de enseñanza. Para los sujetos colectivos, el movimiento estudiantil y el profesorado como movimiento socio-político -luego organizados en torno a diferentes siglas sindicales-, lo prioritario era marcar las condiciones del derecho a la educación poniendo el acento en su carácter público y obligatorio, en la autonomía didáctica y en la libertad cultural del docente, resaltando de manera especial que el derecho a la educación tenía que estar imbricado en la estructura democrática de un país y, por tanto, debía romper con las formas jerárquicas y autoritarias de gobierno de la escuela dando participación real a todos los estamentos que la componen. De esta forma, permanecía en segundo plano la libertad de enseñanza, entendiendo por tal la de creación de centros privados en una red que siempre sería supletoria de los centros públicos y que expresaría más las opciones de mercado que las respectivas características ideológicas privativas. La libertad de enseñanza se asemejaba, por tanto, a la libertad de empresa y en consecuencia se relacionaba con las oportunidades del mercado y de la iniciativa privada, en una especie de nivel complementario de lo público en aquello que este no cubriera o en aspectos en los que se sobrepusiera como opción familiar o personal. Sin embargo, la posibilidad de crear al amparo del poder público una red de instituciones privadas para que cumplieran las funciones de las escuelas públicas era una perspectiva que no se concebía -en vísperas de 1978- como elemento del proyecto de regulación democrática de la enseñanza. Este sería, sin embargo, uno de los objetivos centrales del consenso político UCD-PSOE en el art. 27 de la Constitución.

Recordar estos elementos seminales en el pacto constituyente de hace cuarenta años es importante, y lo es más en la medida en que de esa aproximación se puedan obtener algunas indicaciones que se recuperen hoy en la acción colectiva de los sujetos sindicales en la enseñanza pública. Lo que sería de desear, ciertamente.

lunes, 14 de mayo de 2018

LA HUELGA POLÍTICA NO ES ILEGAL




No sólo los catalanes “hacen cosas” como recordaba nuestro presidente Rajoy (dando lugar a un jocoso clip musical de El intermedio) sino que en Catalunya “pasan cosas” además de los debates que focalizan la atención de nuestros medios de comunicación sobre la investidura de presidente de la Generalitat con la “entrada en bucle” del discurso político-institucional del candidato, como ha denunciado correctamente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En esta entrada del blog se va a traer a colación una muy reciente sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la que se desestima la pretensión de la patronal catalana de declarar ilegal la huelga convocada para el 8 de noviembre de 2017 por tratarse de una acción colectiva que tenía motivos políticos y por tanto debería entenderse ilegal a tenor del art. 11 a) del DLRT.

El tema fue tratado en este blog presentando esta pretensión patronal como una iniciativa para forzar un pronunciamiento de “política del derecho” que iba más allá de la pura declaración de ilegalidad de la acción colectiva propugnada el día 8 de noviembre por un sindicato claramente minoritario pero de encendida autoproclamación republicana y secesionista (La patronal catalana quiere ilegalizar la huelga política) . La sentencia que resuelve esta cuestión tiene fecha de 2 de mayo y el ponente ha sido el magistrado Carlos Hugo Preciado Domenech, quien a su vez es bien conocido en el ámbito iuslaboralista por la confección del boletín o newsletter laboral que elabora para la Comisión Social de Jueces y Juezas para la Democracia. Es una decisión cuidada y bien razonada que aporta elementos de análisis sobre la regulación del derecho de huelga muy relevantes.

El análisis exhaustivo de esta sentencia de la sala de lo social del TSJ de Catalunya lo ha llevado a cabo, con la meticulosidad y brillantez que le caracteriza, Eduardo Rojo en su formidable blog de título siempre sugerente – “El nuevo y cambiante mundo del trabajo” – en esta entrada del 10 de mayo que merece la pena consultar y estudiar Sobre la legalidad de la huelga políticay que fue precedida de la noticia del siempre actualizado y oportunísimo blog de Ignasi Beltrán de Heredia – “Una mirada crítica a las relaciones laborales” – en el que el propio lunes 7 de mayo en que se conocía su texto, resumía y hacía un primer comentario de urgencia a la sentencia y que puede leerse en el siguiente enlace La huelga general en el marco del "procès"

Una sentencia por tanto que ha dado mucho que hablar especialmente a los juristas del trabajo, mientras que en el sindicalismo confederal se ha recibido con alivio seguramente, pero sin que se haya producido una cierta “participación activa” en el cuestionamiento público de la iniciativa patronal, posiblemente por la viscosidad del tema de fondo y las turbulencias que en los medios de comunicación oficiales, amplificadas por toda una serie de pulsiones descalificadoras en las redes sociales, produce la postura muy matizada del sindicalismo confederal en Catalunya, que denuncia la erosión de las libertades y la pérdida de la autonomía política en ese territorio a la vez que rechaza el proceso unilateralista de declaración de independencia como un elemento disruptivo de la convivencia social en el país. Una declaración sindical de la CONC o de UGT de Catalunya cuestionando la iniciativa de Foment del Treball solicitando de los tribunales la declaración de ilegalidad de la huelga, habría sido inmediatamente interpretada por la prensa oficial, los partidos políticos partidarios de un Estado Unitario – especialmente Ciudadanos – y en general todos los grupos de interés inclinados a erosionar a cualquier precio a las organizaciones sindicales de clase, como un apoyo directo a la huelga convocada el 8 de noviembre del 2017 por la central sindical independentista y minoritaria en el marco de las movilizaciones por la frustración del proyecto de secesión unilateral emprendido en octubre por la mayoría del Parlament. Y esa imputación prevalecería sin duda alguna sobre el hecho evidente de que ni la CONC ni UGT de Catalunya convocaron ellos mismos esa acción colectiva, criticando por el contrario tanto su oportunidad como su contenido en aquellos momentos. Es a fin de cuentas una muestra más de la presión mediática sobre la opinión pública para impedir que tengan existencia política real las posiciones que pretenden situarse en medio de los dos sectores en confrontación directa, presión que arrecia en la medida que se es consciente que la negación de ese espacio crítico fortalece y extiende la grieta que se ha consolidado en la comunidad catalana, y de la que no quieren que el sindicalismo confederal pueda zafarse.

Sobre el contenido concreto de la importante sentencia del TSJ de Catalunya de 2 de mayo no es preciso por tanto hablar, porque ya los análisis de Rojo Torrecilla y de Beltrán de Heredia excusan una descripción detallista. Los aspectos concretos de la convocatoria y las circunstancias de la misma son también conocidos por el comentario aparecido en este mismo blog a finales de abril y que se ha citado al comienzo. Si puede tener algún interés, sin embargo, la glosa de algunos aspectos de la misma que, aunque están presentes en los trabajos citados, puede que resulte útil como elemento de contraste.

El primero, y principal, es el objeto central de la decisión judicial. La huelga general del 8 de noviembre en el marco del procès “no es una huelga política”, señala Beltrán de Heredia y precisa Eduardo Rojo que la sentencia reconoce la legalidad de la “huelga profesional-política” o “mixta”, siguiendo la denominación que a este tipo de acciones le asigna la propia sentencia. Para llegar a este resultado, el TSJ parte de una muy correcta definición de lo que supone la huelga política como aquella se caracteriza “por tener al empresario por sujeto pasivo del cese en el trabajo y a los poderes públicos como únicos destinatarios de la misma”, y trae a colación la doctrina ya consolidada del Tribunal Constitucional en su STC 36/1993, de 8 de febrero, según la cual “no es ilícita la huelga que tenga por finalidad protestar contra medidas que el poder legislativo, ejecutivo o judicial hayan adoptado o pretendan adoptar en el ámbito de las relaciones laborales, o con incidencia en las mismas”, una conclusión que enlaza, como muy oportunamente trae a colación Rojo Torrecilla con una consolidada jurisprudencia del extinto TCT de mediados de la década de los 80 respecto de la huelga general de 20 de julio de 1985 contra la reforma de las pensiones. La sentencia además trae a colación la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT que distingue entre huelgas políticas “puras” y huelgas socio-políticas y las últimas sentencias del TEDH sobre el derecho de huelga.

Esta conclusión era evidente y permite recordar que la práctica de las huelgas generales en nuestro país está plenamente tutelada por la Constitución, precisamente a través del reconocimiento de la función del derecho de huelga en la defensa de los intereses de los trabajadores “en cuanto tales” es decir, no en la medida en que estén situados en el marco de una relación contractual o de servicio, sino en razón de su posición social subalterna. Nuestra constitución acoge una noción pluridireccional el derecho de huelga, coincidente con la pluralidad de centros de imputación normativa que regulan las relaciones sociales en las que el trabajo es determinante. Pero en esa elaboración permanece la idea de que las huelgas “cuya motivación sea clara y exclusivamente extraprofesional o cuya motivación profesional resulte por completo marginal”, no resultan incluidas en la fórmula constitucional y por tanto son huelgas ilícitas.

El resultado de la sentencia plantea sin embargo un problema derivado de la forma a través de la cual el Tribunal Constitucional procedió a interpretar la “legalidad” de las huelgas políticas, a través de la determinación objetiva de los intereses defendidos por la acción colectiva. Al establecer la norma de 1977 una equiparación entre las huelgas “que se inicien o sostengan por motivos políticos” con “cualquier otra motivación ajena al interés profesional de los huelguistas”, colocaba el elemento central de valoración de la licitud de la medida de presión en que los motivos de la huelga “pertenecieran” al ámbito de lo profesional, es decir al interés colectivo de los trabajadores. Es una doctrina que no puede separarse de la que el mismo Tribunal Constitucional estableció para las huelgas de solidaridad – que es el dato en el que insistía la vieja jurisprudencia del TCT de la que fue impulsor Martínez Emperador – y es que lo profesional se relaciona directamente con lo sindical, y es este elemento organizativo el que cualifica el interés de los trabajadores como interés legítimo y protegido por tanto constitucionalmente.

Quiere esto decir que el carácter extraprofesional – realmente extralaboral – de una acción colectiva no se define “desde fuera” de la misma, sino que se debe hacer depender de la autonomía sindical, de lo que en cada momento concreto entiende el sindicato convocante que interesa al conjunto de las y los trabajadores, sin que esta apreciación colectiva y sindical tenga que ser “validada” por instancias externas o determinada en su alcance por las pretensiones de la contraparte empresarial. Porque es ésta quien, en el marco institucional en el que la huelga despliega sus efectos, interviene para sancionar la conducta de los huelguistas como falta disciplinaria o, como es el caso juzgado por el TSJ de Catalunya, interpone una acción declarativa que sin embargo debe responder “a un interés real y actual del actor” y no a un “mero interés preventivo o cautelar”, como ha afirmado una larga serie de decisiones de la sala de lo social del Tribunal Supremo (lo que en el caso de autos es más que dudoso ante la notoria inexistencia de daño ni de afectación a la organización empresarial). La calificación judicial de la huelga, así solicitada, no puede sino constatar en esos casos que la acción convocada por el sindicato está conectada con el interés de los trabajadores, lo que por otra parte está asegurado, tautológicamente, por el mero hecho de que un sindicato haya juzgado conveniente defender esa reivindicación.

Los intereses de los trabajadores se definen por tanto por los trabajadores mismos a través de la mediación colectiva que efectúan los sindicatos principalmente al hablar de una huelga “política”. Y por consiguiente la calificación de “extralaboral” como sinónimo de “político” tiene muchas dificultades de concreción, porque no cabe considerarlos términos contrapuestos. En efecto, lo “político” puede integrar materialmente el concepto de “laboral”, de manera indistinta. Sucede en muchos casos en los que los motivos de la huelga son decididamente “políticos” pero no pueden considerarse ajenos al interés de los trabajadores. Una huelga contra un golpe de estado, o contra un atentado terrorista son, por definición, huelgas políticas, pero no pueden entenderse de ninguna manera como “ajenas” a lo que constituye la esfera de implicación de los trabajadores en cuanto ciudadanos y en cuanto miembros pertenecientes a una situación jurídica cualificada por su posición social. Lo mismo se puede afirmar de otros supuestos que se han dado en la realidad laboral española, como las huelgas de advertencia o de respuesta ante la implicación del Reino de España en la guerra de Irak, en donde la reivindicación alegada se corresponde con una precisa valoración del pacifismo y la neutralidad como un elemento político que caracteriza el ideario sindical. En estos casos, las limitaciones al ejercicio del derecho de huelga pueden provenir de la consideración de la duración de la huelga en relación con la desorganización de la producción que ésta genera, pero no de los objetivos que persigue.

De hecho la desaparición en el código penal del viejo delito de sedición en el que los objetivos de la huelga de subversión de la legalidad vigente – perjudicar la “autoridad del Estado” – es coherente con esta concepción pluridireccional del derecho de huelga y su conexión con la esfera intangible de la autonomía sindical como eje de su diseño concreto,  y permite avalar esta perspectiva “objetivista” de la función del derecho de huelga, sin que en el vigente art. 544 del Código Penal (un artículo muy citado en estos días en otros contextos, por cierto) pueda entenderse incluida la huelga como forma de “alzamiento público y tumultuario” para evitar la aplicación de las leyes o el legítimo ejercicio de las funciones de los empleados públicos. Ya no es posible sostener en democracia que hay una “huelga sediciosa”. Sostener reivindicaciones políticas en razón de su vinculación estrecha con las reivindicaciones de los trabajadores “en cuanto tales”, o sea en relación con la subjetividad política de la clase interpretada por sus organizaciones estables de defensa de su posición social y de los proyectos de modificación de la misma en un proceso de superación de ésta, es evidentemente una acción tutelada por la Constitución a tenor del art. 28.2 de la misma.

No por consiguiente seguro marcar el perímetro de lo “político” como equivalente a lo ilícito en materia de huelga a tenor del sistema jurídico que hemos ido construyendo. Pero además de lo anterior, la sentencia comentada proporciona también otros elementos de reflexión sobre dos aspectos muy específicos del derecho de conflictos español: la convocatoria escalonada de huelgas que es sin embargo modificada por los convocantes, lo que plantea interrogantes sobre que repercusiones tiene esta práctica a efectos de calibrar los efectos de la obligación del preaviso, y, en segundo término, el concepto de implantación del sindicato como requisito de procedibilidad de la acción colectiva en la convocatoria de la huelga. Pero ya este comentario ha discurrido durante demasiado espacio y estos temas serán objeto de un análisis posterior en otras intervenciones del presente blog. À suivre o continuará, según las preferencias de los lectores.