Aunque no
se ponga el énfasis sobre ello, la fuerza hegemónica del pensamiento neoliberal
lleva a ignorar cualquier elemento que afecte a la organización de la empresa y
su dirección unilateral en manos del titular de la misma que no se pueda
traducir en un coste económico de la producción de bienes y servicios para su realización
en el mercado y por tanto como un incremento de costes que pueden lastrar la
obtención del beneficio o lucro de la actividad empresarial. Desde esta
perspectiva, la contemplación de medidas que protegen la salud o que quieren
reducir la pobreza, vengan de la norma legal o convencional, supone un obstáculo
al progreso de las operaciones mercantiles. Este es el eje ideológico sobre el
que se desliza la CEOE, la representación institucional del empresariado
español, que ha rechazado la modernización del instrumento legal que protege la
salud en el trabajo y previene los riesgos laborales, que sin embargo ha
reunido a los sindicatos y al Ministerio de Trabajo en un acuerdo del que se
hablará en estas páginas del blog próximamente. Pero también este enfoque es
compartido por una buena parte de técnicos y operadores públicos, tanto en la
Unión Europea como en el área económico del gobierno de coalición y en alguna
de sus instituciones más relevantes.
Este es el caso de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) , en un reciente informe sobre
la evaluación del gasto público social – ese que en el programa de VOX se
denomina “gasto público no productivo” y del que se exige importantes recortes –
en el que somete a escrutinio tanto el gasto en incapacidad temporal como en el
ingreso mínimo vital. La óptica con la que se ha analizado esta cuestión se
inscribe en el marco ideológico que ignora el elemento político y democrático
que sostiene la acción pública y el sistema de protección social. Nuestros
compañeros de la prestigiosa revista digital NET21 (Net21.org) han publicado un
contundente artículo, firmado por el directorio de la misma, en el que analizan
y critican este informe de AIReF y recuerdan el compromiso de los poderes
públicos en garantizar los derechos fundamentalue construyen la noción de la
ciudadanía social.
El directorio de NET21 nos ha
permitido amablemente la reproducción de este artículo en esta entrada del blog,
lo que agradecemos enormemente, seguros
de que también lo apreciarán la amable audiencia de este blog.
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DERECHOS BAJO SOSPECHA |
H. ALVAREZ, J. CABEZA, F.
FERRANDO, C. GRAU Y F. TRILLO
NET21 NÚMERO 29, FEBRERO 2026
La Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF) publicó la semana pasada tres estudios que forman parte de la
segunda fase del Spending Review 2022-2026, en los que evalúa el gasto público en materia
de incapacidad temporal, la ayuda oficial al desarrollo y el ingreso mínimo
vital.
En la primera fase, la AIReF realizó un estudio sobre los instrumentos financieros de apoyo a
los sectores productivos y el mutualismo. Culminará el ciclo de evaluación del
gasto público con el encargo de la tercera fase, en la que evaluará el marco
financiero plurianual 2014-2020, las políticas de empleo y las dos líneas de
avales-COVID articuladas a través del ICO.
En la segunda fase objeto del interés de esta editorial, la AIReF centra su análisis en las
tres materia antedichas, si bien los medios de comunicación se hacen eco,
principalmente, de dos de las tres señaladas, a saber, la incapacidad temporal y el ingreso mínimo vital, por este orden de
interés. A modo de adelanto, la evaluación de gasto público en sendas materias
se hace yendo más allá del examen técnico propio que le compete y preñando su
informe de consideraciones, soslayadas o directas, de corte ideológico.
Derechos bajo sospecha (I): enfermar
Bajo la apariencia de neutralidad estadística, la
AIReF revisita una narrativa peligrosa según la cual cuando los derechos
sociales se ejercen de forma efectiva, dejan de ser derechos y pasan a
convertirse en un problema que hay que vigilar. En realidad, las cifras sirven
de coartada. Más bajas médicas, más duración media, más gasto.
El diagnóstico se presenta como incontestable y
la conclusión como inevitable. Es preciso endurecer la supervisión de los
procesos de incapacidad temporal. Pero lo que no se dice -o se dice solo de
pasada- es que detrás de esos números hay personas que enferman en un mercado
de trabajo cada vez más exigente, en una sociedad cada vez más envejecida y un
sistema sanitario público sometido a una tensión cronificada por la falta de
recursos.
La AIReF identifica como una de las causas del
aumento de la incapacidad temporal un marco normativo “progresivamente más garantista”, esto es, que protege
a más personas trabajadoras, lo que, in
fine, sale más caro. Que las personas que trabajan en el sector público
vuelvan a cobrar el 100 % durante una baja o que la reforma laboral haya
reducido la temporalidad aparece, en esta lectura, no como un avance social,
sino como un incentivo perverso.
La estabilidad laboral, la seguridad económica y
el acceso real a la sanidad se reinterpretan como factores de riesgo. La
precariedad, en cambio, no preocupa. No enfermar porque no se puede, retrasar
diagnósticos por miedo a perder el empleo o seguir trabajando enfermo no
computa como disfunción del sistema.
Pero si hay un elemento especialmente inquietante
en el informe es el sesgo de género que atraviesa su análisis. Que las mujeres tengan mayor probabilidad de
iniciar un proceso de incapacidad temporal no activa ninguna reflexión
estructural. No se habla de la feminización de sectores más desgastantes, de la
sobrecarga de cuidados, de los riesgos psicosociales, ni de una atención
sanitaria históricamente sesgada. El dato se lanza y se deja caer, alimentando
una sospecha que apunta, una vez más, hacia quien ejerce derechos.
El informe propone más control, más seguimiento,
más intervención temprana del INSS y lo hace asegurando que no se altera el
marco de derechos, pero requiriendo un reforzamiento de la vigilancia como
respuesta. Cuando el problema no es el sistema, sino las personas, conviene
tener presente que, lo que en realidad se postula, es el desplazamiento de la
responsabilidad desde las políticas públicas hacia las personas cuyos cuerpos y
mentes enferman.
Las listas de espera del sistema nacional de
salud aparecen en el informe casi como un elemento accesorio, cuando son en
realidad el núcleo del problema. No es la incapacidad temporal la que se
desborda, sino un sistema sanitario debilitado que alarga innecesariamente las
bajas y cronifica procesos evitables. Esa asistencia sanitaria que, aún debilitada por la falta de inversión para afrontar con solvencia los retos que han de
afrontarse, continua siendo valorada de forma positiva por la ciudadanía consciente
de la situación de necesidad que atraviesa.
Por obvio que parezca, conviene recordar que la
incapacidad temporal no es una anomalía ni una desviación. Es una prestación
esencial del sistema de protección social, diseñada para garantizar la
recuperación de la salud. Su devengo económico creciente en el tiempo responde
precisamente a la lógica –contraria a la seguida en la protección por
desempleo- según la cual cuanto más se prolonga la enfermedad, mayor debe ser
la protección.
En definitiva, cuando el acceso efectivo a
derechos laborales y sociales se convierte en un factor sospechoso, el problema
ya no es presupuestario sino democrático. Evaluar políticas públicas desde la
desconfianza y la lógica del control puede cuadrar cuentas a corto plazo, pero
erosiona la legitimidad del Estado social. La salud forjada como pilar
fundamental del Estado de Bienestar, concebida no solo como ausencia de
enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social,
garantizado como derecho universal, no es un coste a contener, sino una
inversión colectiva cada vez más necesaria en un contexto social de
envejecimiento de la población a la par que de cambio de paradigma en las
relaciones laborales, entre otras circunstancias.
Si el sistema falla, no es porque demasiadas
personas se cojan la baja, sino porque demasiadas personas enferman sin que se
les permita recuperarse a tiempo. Convertir ese fracaso en una narrativa de
sospecha, como hace la AIReF, no solo es injusto, sino profundamente
irresponsable.
Derechos bajo sospecha (II): sobrevivir
Algo mejor parado sale el ingreso mínimo vital (IMV) en el informe de la AIReF. Siendo la más
polémica de las tres informadas la anterior, el IMV ha pasado casi de puntillas
en el debate público, quizá porque sus conclusiones resultan incómodas. No para
quienes viven en la pobreza, sino para quienes siguen defendiendo que el
problema de las políticas sociales en España es su ineficiencia y no su insuficiencia
estructural.
Los datos son claros en el informe de la AIReF. A
pesar de que el IMV nació en 2020 con el objetivo de homogeneizar y
racionalizar el sistema de rentas mínimas y prevenir el riesgo de pobreza y
exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una
unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus
necesidades básicas y reforzar la protección frente a tal riesgo social, la
prestación solo alcanza al 20% de los hogares. Sin embargo, según el propio
diseño normativo, podría llegar a más del 50%. No estamos, por tanto, ante una
política fallida por falta de impacto, sino ante una política infrautilizada,
cuyo potencial se queda irresponsablemente, por incompetencia, a medio camino.
El IMV ha logrado reducir en un 30% la brecha de
pobreza -la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral que
la mide-, pero su impacto es mucho más modesto. Y no porque la prestación sea
irrelevante, sino porque no llega a quienes debería y así lo reconoce AIReF sin
ambages, diciendo que, si el IMV hubiera desplegado todo su potencial, la
cobertura alcanzaría al 58% de los hogares en pobreza y la reducción de la tasa
se situaría en el 16,2%.
Cabe preguntarse entonces por qué ocurre esto. Y
cabe concluir que porque más de la mitad de la población potencialmente
beneficiaria queda fuera. Este fenómeno se mide mediante las tasas de no solicitud o no percepción (non
take-up) que alcanzan el 55% en 2024, un porcentaje significativamente
superior al de otros países de nuestro entorno y que apenas ha variado desde la
implantación de la prestación. No se trata de desconocimiento puntual ni de
desajustes técnicos menores, sino de un efecto expulsión estructural provocado
por unos requisitos de acceso complejos, restrictivos y mal adaptados a la
realidad de la pobreza.
El propio informe identifica con precisión varias
de estas debilidades. Entre las principales, la definición de la renta
computable, la configuración de la unidad de convivencia o la falta de
interoperabilidad real entre administraciones. Todos ellos elementos que, lejos
de ser neutros, funcionan como filtros que excluyen sistemáticamente a quienes
viven en situaciones más inestables, con ingresos irregulares, hogares
cambiantes o trayectorias administrativas fragmentadas.
Las propuestas de la AIReF parecen apuntar en la
dirección correcta, dado que plantean objetivos claros y evaluables, exigen la verificación
automática de requisitos y la reformulación del incentivo al empleo, así como datos
homogéneos sobre rentas autonómicas y el refuerzo del acompañamiento
individualizado. Pero incluso aquí asoma de soslayo una limitación de fondo. Y
es que se sigue tratando el acceso al IMV como un problema de eficiencia
administrativa, cuando en realidad es una cuestión de voluntad política y de
enfoque de derechos.
En nuestra opinión, una prestación económica
rogada como esta, concebida para combatir la pobreza, no puede descansar sobre
la lógica de la solicitud individual, la prueba diabólica del merecimiento y la
navegación, más bien naufragio, en laberintos burocráticos que exigen de cierto
grado de pericia. Cada requisito adicional, cada cruce de datos fallido, cada
silencio administrativo no es un error neutro, sino una barrera insalvable para
aquellas personas a las que excluye por ser, precisamente, quienes menos
capacidad tienen para sortearla.
El IMV no fracasa porque sea demasiado generoso,
sino porque sigue operando bajo una desconfianza estructural hacia las personas
pobres. Se presume el error, el fraude o la dependencia antes que la necesidad.
Por eso, interesa decir alto y claro que mientras el debate público siga
girando en torno a cuánto cuesta la prestación y no a cuánto cuesta no
desplegarla plenamente, seguiremos haciéndonos trampas al solitario. Si el IMV
quiere ser realmente un pilar del Estado social y no un mero instrumento
estadístico, debe asumir que combatir la pobreza requiere simplificar,
automatizar, confiar y, sobre todo, asumir que garantizar ingresos no es una
concesión, sino una obligación pública.
