sábado, 18 de mayo de 2024

MILEI ENTRE LOS EMPRESARIOS ESPAÑOLES

 


Y al cabo de tres días lo encontraron en el Templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas”. Como en el fragmento del evangelio de Lucas, el presidente Milei de viaje oficial y pagado por el erario público argentino para participar en un mítin organizado por VOX para mostrar el músculo global de la ultraderecha, sin programa oficial y sin visita de cortesía ni al Jefe del Estado ni al Presidente del Gobierno, ha venido a España a hablar y a explicar su ideario. Y ha encontrado un auditorio entusiasta y atento. En ese proceso amplio de expresión de su discurso antidemocrático, el embajador argentino le ha organizado in extremis un encuentro este sábado con los principales empresarios españoles. Son dos cuestiones que llaman la atención respecto del comportamiento de un presidente de una nación como Argentina pero bien reveladores de un nuevo estilo de dominio político. Ideología y dinero sin mediación cultural que lo disimule y exaltación de la violencia que esto genera como una forma natural de gobernar el espacio público.

Dice la prensa que en una reunión organizada por uno de los diarios cuya actuación informativa es más que dudosa, el diario La Razón, el presidente Milei ha desgranado una parte de su ideario en frases cortas e impactantes que al parecer han provocado el alborozo cómplice de sus oyentes, entre los que se hallaban ilustres exponentes políticos del Partido Popular y de Vox. Así, “La justicia social es aberrante”, “el control de capitales es inmoral” o “los impuestos son un robo”. Para el prócer argentino, la redistribución de la riqueza se basa en el “resentimiento” y la “envidia” de quienes menos tienen frente a los que están “ganando plata”, a los que ha considerado verdaderos “héroes” que benefician a la sociedad con su éxito económico, aunque ello implique inevitablemente aumentar la desigualdad. E insiste: La idea de la Justicia social es una idea de resentidos y de envidiosos. Naturalmente el enemigo es el “socialismo”, un cáncer y una máquina de hacer pobres.

Milei viene a España a apoyar a su amigo Abascal porque, según sus palabras, “cuando yo era un ser despreciable que nadie quería, el único que me abrazó fue Santiago Abascal”. Sin perjuicio de no estar muy seguros de si lo que ha cambiado de entonces ahora es su carácter despreciable o que ahora le quiere mucha gente, lo que es evidente es que el viaje a Madrid no solo está dictado por los imperativos de la amistad, sino por la importancia de mostrar la fuerza del pensamiento alt-right y la pujanza de su carácter antidemocrático.

El caso es que el presidente argentino, revestido como intelectual – en La Razón ha presentado su libro “El camino de libertario” en el que por cierto declaraba estudios y títulos de los que carece , lo que ha tenido que sustituir en una nueva edición – se presenta en una sociedad como la española con un discurso decididamente anticonstitucional y antidemocrático, que niega la esencia de nuestro sistema político basado en la existencia de un Estado Social y Democrático, y que este pensamiento claramente totalitario se convierte, por obra del lenguaje y de los creadores de opinión, en un discurso “libertario” o radicalmente liberal. Sin embargo es sencillamente un discurso de violencia contra las personas y de exaltación del dominio de clase incompatible con un estado democrático moderno.

Dice la prensa que ejecutivos de Santander, BBVA, Telefónica, Iberia, Mapfre, Indra o Dia, entre los invitados a escuchar este sábado en Madrid el programa económico del presidente argentino, aunque matizan que “las grandes empresas españolas acuden entre recelos a la convocatoria de Milei”.  Este presidente sin embargo ha asegurado que Argentina será “el país con mayor libertad económica del mundo”, lo que parece un proyecto prometedor para el capital extranjero, entre ellos el español, ya sólidamente asentado por cierto en aquel país. Será interesante conocer quienes, en primera persona, han representado a estas sociedades y el discurso que este proclamado jefe de estado de la república Argentina tiene a bien comunicarles, posiblemente en su versión de gran representante de negocios ajenos. Sería interesante asimismo comprobar si alguno de los exponentes empresariales muestra alguna preocupación por el contexto en el que esas políticas de inversión extranjera se puedan producir, en un país en el que la conflictividad social se incrementa exponencialmente y en el que la desigualdad alcanza cotas insospechadas para el incompleto estado de bienestar argentino con la extensión de la violencia social que estas carencias producen.

Es de suponer que nadie de los asistentes a esa reunión privada en la residencia del embajador de esta mañana de sábado le indicarán que su aplaudido “camino de libertad” se contradice radicalmente con el marco político democrático de los estados europeos, en el que sus ideas se consideran fuera de la ley y claramente opuestas a la convivencia democrática, pero sería deseable que alguna de las que fueron empresas públicas o aquellas instituciones financieras que han sido salvadas de la ruina por la intervención pública pudiera recordar la importancia de los impuestos progresivos y la redistribución de la riqueza como elemento indispensable para construir una democracia.

Milei hablará a los empresarios y les dictará su ideario de violencia y dominación por la fuerza del poder del dinero y de la riqueza. Ojalá no suceda lo que señala el cronista del Libro: “cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y sus respuestas”. Porque indicaría que la hasta ahora conflictiva relación entre capitalismo y democracia se ha saldado con el divorcio de ambos por diferencias irreconciliables. Y eso es extremadamente peligroso.

Nada diferente se pone en juego en las elecciones europeas del 9 de junio. Por eso son claramente decisivas.



Ps.- La foto lo dice todo. Patriarcado y capitalismo felices en torno a un apologeta de la violencia de clase y la desigualdad social. Un ideario que conculca los elementos centrales del Estado Social y de la democracia en España. Todo viene bien a cambio del botín prometido en Argentina.

jueves, 16 de mayo de 2024

SEMINARIO SOBRE LA REFORMA DEL DESPIDO. 24 DE MAYO DE 2024, EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 


Ya se ha hablado en este blog del seminario que organiza la Fundación 1º de mayo sobre la reforma del despido. A él nos hemos referido aquí https://baylos.blogspot.com/2023/08/debatiendo-la-reforma-del-despido-una.html, y aquí https://baylos.blogspot.com/2024/02/informacion-proposito-del-seminario.html . Ahora el debate y la discusión emprendida a lo largo de seis meses llega a su fin y se ha organizado una sesión final del Seminario en el Congreso de los Diputados en el que se desgranarán las principales conclusiones de la discusión y a su vez se contrastarán con la opinión de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y de Sumar. A continuación se inserta un resumen del trabajo realizado y de las propuestas que se efectúan.

La reforma laboral del 2012, en el marco de las reglas de la gobernanza económica europea que impulsaron las políticas denominadas de “austeridad” con recortes severos del gasto social, degradación de derechos y devaluación salarial, supuso una reforma del despido que banalizó la causalidad del mismo, debilitó el control judicial y facilitó y abarató su realización, reforzando de manera exorbitante  el poder unilateral del empresario en la rescisión del contrato sin que tuviera apenas coste añadido por el ejercicio irregular de su facultad de despedir. Además de ello, eliminó la autorización administrativa en los despidos colectivos y limitó al máximo las posibilidades de control colectivo y sindical de las extinciones por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas. Los daños generados por esta reforma sobre la destrucción de empleo y el incremento de la desigualdad y pérdida de poder adquisitivo de los salarios son evidentes, y el movimiento sindical incorporó a sus objetivos la derogación de estas normas.

Además de la muy oportuna derogación del despido por absentismo en el 2020, la reforma laboral del 2021, que incidió de manera muy favorable sobre la segmentación del mercado de trabajo imponiendo un principio de estabilidad en el empleo con resultados espectaculares en la reducción de la tasa de temporalidad y que devolvió a la negociación colectiva importantes instrumentos de regulación que la ley le había negado, no abordó sin embargo el tema del despido, aunque la preferencia por el ajuste temporal de empleo a través del ERTE evitó directamente el recurso al despido colectivo de miles de trabajadores en la crisis producida por la pandemia y los momentos posteriores de excepcionalidad social.

Es el momento ahora, con la recuperación económica en la que nos hallamos, y ante la necesidad de impulsar un escenario de pleno empleo, de revisar el marco institucional que regula el despido en nuestro país. Algunas decisiones de órganos jurisdiccionales europeos, señaladamente el Comité Europeo de Derechos Sociales, han planteado la urgencia de ciertas reformas en este ámbito, en especial en lo relativo a la cuantía y función de la indemnización por despido ilegítimo, como consecuencia de dos reclamaciones colectivas impulsadas por UGT (ya decidida favorablemente) y por CCOO (en curso).

La Fundación 1 de Mayo ha organizado así un seminario sobre la reforma del despido en el que han participado, durante casi seis meses, en torno a 30 personas, docentes universitarios, abogados laboralistas, magistrados y asesores sindicales. Se ha pretendido abrir un debate sobre las distintas formas de despido y sus efectos, sin limitarse a los elementos más llamativos de la regulación. Según los datos de los que se dispone, hay que tener en cuenta que hay más de medio millón de personas despedidas, mientras que son muchos menos los que se impugnan para ser controlados por los órganos judiciales, entre un 20 o 25% de los que aparecen registrados, lo que implica un amplio margen de indeterminación y de libertad en el ejercicio de la facultad de despedir, frente a la idea muy extendida de la “rigidez” sobre su regulación.

El trabajo realizado en este seminario se ha centrado en debatir sobre el sentido y la función de este marco dispositivo, más allá de las muy negativas reformas que se produjeron en el 2012. De esta manera, se han analizado los problemas que plantean tanto el despido individual por causas objetivas, el despido disciplinario y el despido colectivo. Aunque no es posible entrar en el detalle de las propuestas, se han tratado los temas del despido en situación de ILT, por incapacidad permanente y la adaptación de la persona trabajadora a un puesto de trabajo compatible con la capacidad laboral resultante, la restricción del despido libre en el período de prueba, en relación con la Directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y la causalización del mismo, la falta de adaptación a las innovaciones tecnológicas y la precisión del contenido y la duración de la formación requerida.

En cuanto al despido disciplinario, son muy importantes las medidas de reforma propuestas. Sintéticamente, se propone el establecimiento de un derecho de defensa previa de la persona trabajadora frente al despido, en línea con lo preceptuado en el Convenio 158 de la OIT, y la nulidad de las extinciones con falta absoluta de forma, los despidos sin  causa y los que se basan en causas no admitidas por el ordenamiento jurídico. Con ello se fortalece el principio básico que configura el despido como aun acto causal sometido a forma escrita para evitar la indefensión de la persona trabajadora y la tutela judicial efectiva frente a la decisión empresarial ilegítima e intenta evitar las interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales que han dirigido hacia la improcedencia del despido las prescripciones legales sobre la prohibición del despido colectivo durante la pandemia o las que establecen las directivas de transparencia o de denuncia de irregularidades. La tutela de la acción sindical en los despidos individuales mediante la audiencia previa a los delegados sindicales debe ser asimismo reforzada.

La indemnización por el despido improcedente debe encaminarse hacia su adecuación reparativa y disuasoria. De esta manera, se impone la existencia de una base mínima resarcitoria que debe incrementarse con una indemnización adicional en función de circunstancias concretas tanto relativas a la empresa y a las personas despedidas como a las especiales circunstancias del caso. El abuso de la contratación temporal que termina en la improcedencia del despido y el uso de la contratación a tiempo parcial con salarios relativamente bajos serían un ejemplo típico de la importancia disuasoria de la indemnización por despido improcedente. A su vez, se propone la recuperación de los salarios de tramitación en la opción indemnizada.

En el despido colectivo, son necesarios también importantes modificaciones. Ante todo, mediante el fortalecimiento del derecho de información y consulta, con la negociación previa a la formalización de las situaciones de conflicto, la alteración de la denominación del llamado período de consultas por período de negociación, y la extensión del período de debate y negociación, ante los tiempos muy cortos que hoy regula la norma. Se proponen a su vez ciertos desarrollos del RD 608/2023 sobre las consecuencias del incumplimiento de la notificación de cierre de empresas a la autoridad laboral que deben afectar a la calificación de la extinción. No se propone la restauración de la autorización administrativa, sino que se quiere fortalecer una función mediadora de la autoridad laboral, y un protagonismo de la Inspección de Trabajo en el procedimiento de despido colectivo sobre la existencia de causa para despedir. Se propone asimismo la eliminación de las “comisiones ad hoc” en el despido colectivo y su sustitución por el procedimiento de intervención de los sindicatos legitimados para negociar el convenio colectivo en la rama de actividad. Finalmente, se prevén asimismo normas específicas sobre deslocalizaciones en el sentido de establecer un compromiso de permanencia de la empresa transnacional, entender que carece de causa para despedir la localización de la producción en otros países no europeos, y la devolución de las ayudas públicas recibidas.

El cierre del seminario llevará consigo una exposición de estas líneas de trabajo que se confrontarán con los grupos parlamentarios del Partido Popular, Partido Socialista y Sumar y que culminará en un debate entre los asistentes al mismo. A partir de este debate, la Fundación preparará un libro en el que se recojan los análisis y propuestas del seminario que publicará en coedición con la editorial Bomarzo.

Este es el programa del Seminario. Y también se inserta una invitación en la que hay que activar el código QR e identificarse como requisito indispensable para poder entrar en el congreso.

PROGRAMA

  • 10:30   INAUGURACIÓN
    • Aina Vidal. Presidenta Comision Trabajo e Inclusión Social Congreso Diputados.
    • Fernando Lezcano López, Presidente de la Fundación 1º de Mayo
  • 10:45   UN SEMINARIO PARA DEBATIR SOBRE LA REFORMA DEL DESPIDO
    • Antonio Baylos Grau. Coordinador del Seminario
  • 11:15   MESA REDONDA: PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LA REFORMA DEL DESPIDO
    • Jaime Cabeza, Universidad de Vigo
    • Juana Mª Serrano, Universidad Castilla La Mancha
    • Wilfredo Sanguineti, Universidad de Salamanca
    • Modera: Emma Rodriguez, Universidad de Vigo.

·       12.15: Café

  • 12:30   MESA REDONDA. LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS ANTE LA REFORMA DEL DESPIDO
    • PSOE (Elisa Garrido, Diputada PSOE La Rioja y Portavoz Trabajo)
    • SUMAR (Verónica M. Barbero, Portavoz SUMAR Economía y Trabajo)
    • PP (Isabel Prieto, Portavoz PP Economía y Trabajo)
    • Modera: Pedro J. Linares, Director Estudios Fundación 1 de mayo.
  • 13:15   DEBATE
  • 13:45   CLAUSURA
    • Mari Cruz Vicente, Secretaria Confederal Acción Sindical CCOO

 



miércoles, 8 de mayo de 2024

TRABAJO, EXPLOTACIÓN REMUNERACIÓN. EL SEMINARIO ITALO-ESPAÑOL DE DERECHO DEL TRABAJO 2024


 

El seminario italo-español de derecho del trabajo que se celebrará en Castel San Pietro Terme  (BO)los días 9 y 10 de mayo de 2024 consolida una larga tradición de comparación científica iniciada oficialmente en 1987 por Maria Emilia Casas Baamonde y Umberto Romagnoli. Reactivado tras la pandemia de 2022 en La Palma, en las Islas Canarias, en años anteriores el seminario de estudio se ha celebrado en diferentes sedes de Italia y España, con la misma fórmula organizativa. El debate versa sobre temas de actualidad científica, gestionados de una manera informal que fomenta la participación de todos los participantes. Las sesiones propuestas han variado a lo largo del tiempo, pero siempre han contado con colegas llamados a introducir y explorar los temas identificados con el objetivo de activar un debate abierto y libre. La conclusión de la sesión constituye la base de las conclusiones generales del seminario, que se reiterarán el último día del mismo. La idea cultivada a lo largo del tiempo es estrechar aún más el vínculo entre el Derecho laboral italiano y el español y entre los estudiosos participantes.

Durante el seminario, cada uno hablará en su propia lengua (italiano, español), sin traducción simultánea.

El seminario 2024 está dedicado a Trabajo, Explotación, Remuneración. Diálogo sobre los «códigos» del trabajo en transformación. Las cuatro sesiones previstas tienen la ambición de reflexionar conjuntamente sobre dos tiempos clave: la explotación y la remuneración, objeto de dos proyectos de investigación de gran interés nacional (PRIN), que se combinarán con extrema libertad.  Asisten al seminario más de 30 profesores y profesoras de universidades italianas y españolas. Organizan el seminario Antonio Baylos – Jaime Cabeza – Laura Calafà – Andrea Lassandari – Margarita Ramos

A continuación, un texto que quiere procurar el debate sobre la primera de estas cuestiones

LA EXPLOTACION LABORAL Y LAS PARADOJAS DEL DERECHO

Antonio Baylos

I

Hablar de explotación no está de moda entre juristas. Y es arriesgado en un ámbito, el jurídico, que prefiere conceptos menos hirientes. Además, como noción, es polisémica. La explotación es el presupuesto de la relación salarial, sin la cual no se concibe el proceso de valorización del capital. Desde esa perspectiva clásica, funda también el dominio de clase y, en el preciso ámbito de lo jurídico, está en la base de la subordinación que caracteriza la relación laboral regulada por el derecho del trabajo. La explotación es el fundamento a su vez de la dominación de género que encarna el patriarcado, en un doble círculo de explotación para las mujeres y trabajadoras. Por tanto es la condición de procedibilidad del sistema económico y de su ordenación social básica, en la que se fundamenta el sistema de dominio de unas personas sobre otras vigente en nuestro planeta en la actualidad.

II

Pero no es este el sentido de uso del término en esta ocasión. Se trata de recuperar esta noción dentro de la normalidad del derecho y en concreto del Derecho del Trabajo. Es decir, en la descripción de los términos empleados para representar las características del sistema jurídico-laboral, lo que en este Seminario se denomina con propiedad los códigos del Derecho del trabajo en transformación.

En una primera aproximación, la explotación se presenta como un concepto que resume la no aplicación de las normas (protectoras) del Derecho del Trabajo a una situación laboral en la que una persona presta a otra sus servicios de manera subordinada a cambio de una remuneración. La inaplicación de la norma laboral implica a su vez la elusión de la tutela colectiva y sindical y el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de seguridad social que se superpone a la puramente contractual en el nivel individual. Es decir, la actividad no se reconoce como laboral en el sentido en el que se define por el ordenamiento, carece de los mecanismos e instituciones que se regulan en el Derecho del Trabajo y se incumplen a su vez los deberes contributivos que esta relación lleva aparejada con el sistema de Seguridad Social. Esta situación priva al trabajo de sus atributos como derecho a obtener una existencia digna y refuerza el carácter exclusivamente mercantil de la fuerza de trabajo.

Pero puede también significar que, definida la relación de trabajo como plenamente incursa en el ámbito de protección del Derecho del Trabajo, se traspasan de manera amplia todos los límites que la normativa legal y la convencional han dispuesto en una rama de producción o en una empresa determinada, de manera que en estos casos la explotación se hace coincidir con un fenómeno de incumplimiento grave de los estándares mínimos de protección en el trabajo (salario mínimo, jornada máxima de convenio, salud laboral).

La primera de las versiones coincide con lo que se vino en denominar “huida del derecho del trabajo”, en la que se conectaba la actividad prestada al estatuto de autonomía del prestador, con la cobertura de un contrato civil o mercantil. Un esquema que también utilizaba la descentralización productiva y la subcontratación cuyos eslabones finales de la cadena recaían en personas que trabajaban por cuenta propia. En estos supuestos la dependencia económica respecto de las empresas comitentes era plena, pero la autonomía en la prestación de servicios se reputaba esencial a la conservación del propio modo de negocio. Esta “huida” del derecho laboral suponía también la evitación de las garantías que acompañan a un trabajo decente, especialmente las garantías colectivas y sindicales, y asimismo el desplazamiento de la carga contributiva a la persona que prestaba la actividad para le empresa. Al final de la escapada se encontraba el individuo aislado de la solidaridad colectiva de la acción sindical, sin ninguna limitación en el contenido de su actividad que el que derivara de los términos del contrato, y con el peso de la contribución profesional en forma de cotizaciones sociales gravitando sobre él.

Lo que desde esta perspectiva se define como explotación laboral es sin embargo contemplado desde otro punto de vista como un elemento positivo propio de la evolución de los sistemas de organización del trabajo y de la configuración del tejido empresarial. En una de las clásicas paradojas entre las que convive el Derecho del trabajo, estos procesos se inscriben en la lógica de la flexibilización que se apodera del razonamiento jurídico sobre las políticas del derecho a partir de mediados de la década de los 80 en toda Europa y adquiere una connotación positiva, en paralelo a la debilitación del principio de estabilidad del empleo y del prototipo normativo de la relación de trabajo, fragmentada en diversas formas de empleo flexibles. La “huida” hacia el trabajo autónomo, es una de las posibilidades que se ofrecen en este nuevo horizonte de la flexibilización marcado por la modernización de las organizaciones empresariales y la introducción de nuevas tecnologías, posteriormente reforzada, ya en nuestro siglo, con la idea del emprendimiento como figura social típica en la creación de riqueza, que reposaba sobre esta misma combinación de autonomía y responsabilidad individual fuera de los límites que marcaba el Derecho del Trabajo.

De esta manera, la propuesta interpretativa que definía como explotación el trabajo desarrollado fuera de las fronteras protectoras del derecho del trabajo se confrontaba con las que integraban estas situaciones en el marco de un más amplio proceso de flexibilización de las relaciones laborales, en las que el emprendimiento debería ocupar un papel estelar en la identidad del tejido empresarial contemporáneo y de la vitalidad y dinamismo de un mercado de trabajo profundamente escindido y segmentado en torno a la precariedad de las relaciones que se desplegaban en él. Lo que se prolongaba en una visión de la economía sumergida – un espacio abierto a la explotación – como un elemento natural del sistema económico que reaccionaba frente a los excesos regulativos del ordenamiento jurídico sobre el mercado, en especial respecto al incremento de la presión fiscal en una lógica redistributiva, que se reputaba dañina para el andamiento general de una economía competitiva.

III

No tiene esta ambivalencia la segunda versión de la explotación laboral que se produce dentro de las fronteras del derecho del trabajo, aprovechando en buena medida una situación de precariedad en el empleo y de desempleo masivo y de inexistencia de representación sindical en los lugares de trabajo para proceder a forzar incumplimientos graves de los estándares mínimos de protección del trabajo. Frente a ello, se propone una respuesta sancionatoria, represiva, de estas conductas, con cargo a las instancias públicas administrativas, y la posibilidad al menos teórica de resarcimiento individual o colectivo a través de la tutela judicial de los damnificados.

Cuando a este sentido de explotación laboral se añade un elemento subjetivo que hace referencia a identidades colectivas predeterminadas o a situaciones vitales que propician lesiones graves a personas o generan situaciones de riesgo grave, se acentúan los rasgos sancionatorios del sistema jurídico a través de la categoría de la vulnerabilidad o de identidades o sujetos vulnerables. Es lo que sucede emblemáticamente con las personas inmigrantes y las mujeres, normalmente además en una relación de interdependencia e interseccionalidad entre los caracteres de raza y de género. Un proceso de explotación agravada en determinados sectores que se consideran espacios apropiados para ello: el trabajo agrícola, el trabajo doméstico, la asistencia a domicilio, pero que se pueden aumentar a voluntad. Basta con leer las noticias para hacerse una idea.

El desplazamiento hacia la vertiente sancionatoria pública alcanza el máximo nivel en estos supuestos, y se residencia en el derecho penal. Pero la tipificación y sanción penal diversifica su origen y fundamento. Porque aborda de manera diferente las conductas que suponen vulneración de la libertad personal entendida como derecho humano y las que se ciñen a la vulneración grave de los derechos básicos de los trabajadores. En el primer caso se tipifica como delito el trabajo forzoso y las formas modernas de esclavitud o de servidumbre, en donde es inexistente incluso la libertad formal para obligarse por contrato a prestar un trabajo para otro, y este desvalor social es también aplicable a las mercancías para cuya fabricación o distribución se haya empleado trabajo forzoso, como prescribe el reciente Reglamento Europeo que prohíbe la venta, importación y exportación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso. Pero asimismo se castiga la llamada “trata de personas” definida como “el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona”, y en donde resulta imprescindible que con ello se persiga la explotación laboral de la misma (“con fines de explotación”).

En el segundo se concentra la explotación laboral “común” como imposición de condiciones ilegales de trabajo que en el caso español cobra cuerpo en el art. 311 CP mediante la sanción de las conductas que atenten de forma más grave contra los derechos y condiciones laborales de las personas trabajadoras. Entre los penalistas españoles hay un debate en curso respecto de la forma de encajar esta graduación delictiva, la coherencia del bien jurídico protegido, los déficits de la descripción de los supuestos de la acción típica, etc., motivados por la presentación de un proyecto de ley contra la trata de seres humanos y los delitos de explotación, sin que se proceda a modificar de nuevo el título de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Pero lo que conviene resaltar es la diferencia entre derechos humanos y derechos de los trabajadores en la lógica graduatoria de la explotación.

La explotación se sitúa aquí en el espacio público sancionatorio, en la paradoja de que para forzar la aplicación del derecho del trabajo el punto de vista se sitúa ahora en el castigo por no aplicarlo, con la disonancia añadida de que en muchas de estas situaciones no se trata solo de la preservación de las normas laborales sino de las condiciones generales de la dignidad de la existencia humana.

IV

¿Cómo prevenir, sacar a la luz, efectuar labores de intermediación pública y colectiva para diluir los momentos de explotación laboral? ¿Qué rol puede corresponder a las estructuras normativas del Derecho del Trabajo? Posiblemente sea practicable una acción coordinada de estructuras públicas de diferentes niveles territoriales y ámbitos funcionales – desde el empleo hasta el trabajo social – de las que seguramente cabe encontrar valiosas experiencias en nuestros dos ordenamientos que merecerían ser explicadas y difundidas. Tampoco hay que desdeñar la capacidad del sindicato más representativo en este terreno que lleva a cabo en razón de la importancia que en su función representativa de carácter general reviste el aspecto socio-político de las relaciones de trabajo. El sindicato, tanto como agente institucional del mercado de trabajo como, de manera muy intensa, como agente de inserción social que actúa en relación directa con los poderes públicos para suministrar a la población inmigrante en particular elementos básicos de ciudadanía, como la vivienda o la sanidad, o que genera una red de puntos de información que buscan trasladar al inmigrante la información y orientación más útil sobre sus condiciones de vida y trabajo o sobre medidas de asistencia social y otras ayudas posibles de las Administraciones públicas concernidas, cumple una función de intermediación importante.

El caso es que también aquí se produce un desplazamiento del tratamiento de la explotación laboral a como paliar sus efectos a través de los instrumentos que proporciona el Estado social (art. 1.1 CE). O, si se quiere, se traslada el conflicto del espacio del trabajo al de la ciudadanía, en el que se despliega una lógica inclusiva frecuentemente acompañada de prestaciones sociales de carácter público y del reconocimiento de derechos de ciudadanía social a través de sustitutivos de la nacionalidad como la residencia o el empadronamiento. Es posible que esta realidad se aproveche para revalorizar la noción de ciudadanía como “referente axiológico” del derecho del trabajo y por ende para transferir la subjetividad dinámica del derecho del trabajo al concepto de persona, como sucede en la tipificación penal aludida, considerando la identidad “situada” del ciudadano que trabaja insuficiente para explicar la complejidad de un nuevo momento histórico en la transformación del ordenamiento jurídico laboral.

Pero no olvidemos las paradojas y las perplejidades que rodean también a estas nociones, más aún en contraste con la de explotación laboral con las que se conectan. En muchas de las situaciones a las que nos estamos refiriendo, la explotación del trabajo de estas personas está precedida de la deshumanización de las mismas, una circunstancia que les niega en la práctica  la condición de personas (con derechos humanos) como sucede con demasiada frecuencia respecto de la inmigración africana o de medio oriente y ahora aparece descaradamente en otras situaciones no tan alejadas de la misma como demuestra la anatomía del genocidio en Gaza. La noción de ciudadanía europea, profundamente anclada en el espacio nacional-estatal, no solventa el problema de las personas migrantes de terceros países ni ha supuesto ningún contrapeso a la creciente hostilidad hacia la movilidad humana desde fuera del perímetro de protección de la fortaleza Europa. Al contrario, parece que la ciudadanía europea, celosa como está de su situación de bienestar (relativo) entiende que éste puede resultar alterado negativamente por quienes, paradójicamente, solo pueden cubrir sus necesidades vitales mediante el trabajo en términos de explotación laboral y precariedad vital. Las recientes tendencias xenófobas que se propugnan en muchos países europeos introducen el concepto de enemigo como forma de tratar políticamente a estas personas. Aquí tampoco el Derecho del trabajo tiene un rol protagonista, ni se puede hablar de una “ciudadanía laboral” que pudiera prescindir del elemento de la nacionalidad. La vertiente securitaria y de control junto con la progresiva asunción de la noción de “ilegalidad” del inmigrante oscurece la dimensión ciudadana de este trabajo en movimiento.

La reforma del sistema europeo de migración y asilo aprobada en diciembre de 2023 se inscribe lamentablemente en esa misma dirección. Más allá de estas obsesiones de protección y de control de las personas y de las fronteras, las políticas migratorias de la UE está funcionalizadas a los mercados laborales de los diferentes países europeos, lo que se produce mediante la selección de trabajadores “útiles” y la estratificación de la población emigrante, que vuelve a plantear pata muchas personas la opción entre la realización de un trabajo en condiciones de explotación evitando mientras se pueda la persecución y la deportación como horizonte final de su trayectoria inmigrante.