SOBRE EL NUEVO DERECHO DEL TRABAJO EN UNA ÉPOCA DE CAMBIOS. HABLA TARSO GENRO.

 

Tarso Genro, es una persona bien conocida de la audiencia de este blog. Abogado, alcalde de Porto Alegre, ministro del Gobierno de Lula y gobernador de Rio Grande del Sur, reflexiona sobre el futuro del derecho del trabajo y los cambios que se producen en la base material que éste regula.  Dedica este nuevo trabajo a los jóvenes juristas, abogados y académicos de la teoría del Estado social, para que reflexionemos sobre el Derecho Laboral en un mundo desequilibrado por las nuevas guerras imperiales-coloniales. Es un placer que el blog pueda acoger esta intervención de nuestro amigo e interlocutor desde hace tanto tiempo que prolonga algunas antiguas conversaciones mantenidas con el grupo de encuentros y de trabajo que se condensa en el Instituto Nuevos Paradigmas que él preside.

El nuevo derecho laboral y las competencias en una época de cambios

Tarso Genro

 

Es conocida la tesis de Hegel «del Estado como realización histórica de la libertad», que dio lugar a una segunda conclusión, ya concebida anteriormente por Aristóteles: «es libre quien lo es por sí mismo y no por otro; quien depende de otros no es libre». En sus Lecciones sobre la filosofía de la historia, Hegel busca el sentido de la libertad en la sociedad civil alemana en transformación, también de forma geográficamente determinada: «Oriente sabía y sabe que solo uno es libre; el mundo griego y romano, que algunos son libres; el mundo germánico sabe que todos son libres»[1].   Esta concepción hegeliana del sentido de la libertad en relación con las relaciones contractuales que se establecen en la sociedad civil es plenamente compatible con las nuevas formas contractuales que surgen en el nuevo mundo del trabajo.

La comprensión del significado del contrato en la sociedad civil moderna, en tránsito hacia su plena madurez, sería —según Hegel— una expresión superior de la libertad, manifestada por el individuo libre en la «sociedad civil, destinada a entablar relaciones mercantiles, que inciden progresivamente en la formación de las instituciones del Estado de Derecho moderno, tanto para su simplificación como para realizar las mediaciones necesarias para acoger nuevas complejidades».  

La Enmienda Constitucional n.º 45 de 2004, entre otras modificaciones constitucionales, abordó el sistema de competencias de la Justicia Laboral, basándose en cuatro disposiciones del artículo 114 de la Constitución Federal. También se refirió a la idea del contrato de trabajo tradicional de la Consolidación de Leyes del Trabajo (CLT en adelante), como una figura ya contemplada en dicha normativa. Pero hoy, en el nuevo marco contractual del trabajo por cuenta ajena, la subordinación del prestador se da en una relación en la que este es seleccionado mediante programación algorítmica.

Dicha enmienda otorgó, por lo tanto, una existencia formal a nuevas relaciones materiales de trabajo y a nuevos derechos de acción judicial, declarándolos constitucionalmente vinculados por «afirmación» a un concepto «macro» de «relaciones de trabajo» subordinadas por cuenta ajena que, aunque diferenciadas del contrato de trabajo tradicional, están asociadas a este por el tipo de prestación subordinada, por parte de un prestador humano accionado por un comando programado no humano.

Por lo tanto, esos nuevos dispositivos de la norma constitucional respondieron a un proceso de mutación del orden sistémico, de la compra y venta de la fuerza y la inteligencia laboral, originado en los sistemas jurídicos concretos de la nueva economía global. Sacudidos por las desregulaciones del sistema económico del capital global, estos sistemas ya se inclinaban hacia una concepción según la cual el contrato de trabajo típico de la Segunda Revolución Industrial es solo una de las relaciones laborales específicas, que no excluyen a otras, rozando el derecho civil, donde las contrataciones se realizan entre presuntamente iguales.

Las mutaciones heredadas, cuando no se resuelven como rupturas —de un momento a otro—, generan consecuencias imprevistas en el orden jurídico. Y también tensiones, sobre todo en el ámbito de la defensa de los derechos fundamentales mínimos, así como a la hora de adaptar el sistema de protección al contratante más débil: «la sustitución del trabajo y de los servicios prestados directamente por los seres humanos, frente a la cadena de controles y procesos de inteligencia artificial, al tiempo que ha disminuido la intervención del trabajo vivo («sujetos de derechos») en la producción y la gestión, tampoco ha reducido sin embargo la jornada laboral. Al contrario, por regla general, la ha aumentado»[2].

Las mutaciones pueden tener evoluciones a largo plazo, lentas e indeterminadas, pero también pueden producirse en plazos cortos, sin que siempre se perciban de inmediato. Por ejemplo: siete años continuos e ininterrumpidos y 24 000 viajes —por la prestación de servicios captados por una plataforma— merecen, de repente, una atención especial: hay algo que está cambiando en las relaciones contractuales ya establecidas cuando se dan los supuestos de continuidad y tendencia a la estabilidad, que caracterizan las nuevas relaciones laborales controladas y programadas, también para realizar evaluaciones periódicas «intuitu personae».

La evolución es lenta, indeterminada y también sorprendente, pues aunque la revolución sea repentina y propensa a las rupturas, también en ella «las mutaciones pueden no ser visibles de inmediato, aunque su acumulación pueda revolucionar el futuro y así establecer nuevas fronteras para el pasado». Las transformaciones tecnológicas aceleradas en cada ciclo histórico, de hecho, pueden incluso indicar que el propio pasado ya no es el mismo, ya que la propia protección de la CLT —por ejemplo— no podrá abarcar en adelante los trabajos y los servicios que exigen un nuevo sistema protector tan eficiente como lo fue la propia CLT en el capitalismo industrial fordista»[3].

Una observación del profesor Nelson Mannrich nos remite a este ciclo: «No es posible responder de forma directa cuál es la posición del Tribunal Supremo Federal (STF) respecto a la naturaleza jurídica del vínculo entre el conductor y la plataforma digital, como Uber. (...) Basta con examinar la amplia jurisprudencia que incluye sentencias vinculantes, ya sea sobre subcontratación, sobre trabajo autónomo o incluso sobre recursos de inconstitucionalidad, en las que el STF ha reformado reiteradamente las decisiones de la Justicia Laboral, que insiste en clasificar a todos los que trabajan como empleados, como si el único modelo de protección fuera la CLT y el único vínculo posible fuera el contrato de trabajo»[4]. 

Las nuevas competencias contribuyen a colmar, durante un tiempo, estas lagunas, ya que la cuestión de la función constitucional —en su aspecto material— está vinculada de manera predominante a la unidad del sistema[5], y todo el sistema, en los procesos de transformación, debe desenvolverse en un entorno de gran complejidad, lo que ejerce un efecto centrífugo sobre el propio destino del sistema.

Y lo hace porque ejerce presión sobre todo su entramado, con las posibles variaciones internas, para hacer frente a nuevas demandas de derechos subjetivos individuales (plurales o colectivos) sometidos a la apreciación de la jurisdicción, obstruyendo en ocasiones gravemente el funcionamiento del sistema jurídico. “Distinguishing”(la identificación de diferencias[6]) y “Overruling”(la superación del precedente[7]) son ejemplos de nuevas estructuras formales que intentan ajustar las relaciones de la vida social con el derecho vigente, que siempre va por detrás de los hechos, que tanto generan como sofocan nuevos derechos.

Las transformaciones tecnológicas cada vez más rápidas que inciden en la vida cotidiana generan fragmentaciones en la inteligencia de los seres humanos, que apuntan hacia dos caminos opuestos: uno de ellos es la supresión de la finitud, como expectativa de vida eterna, que tiende a extinguir el sentido de la existencia como proyecto social; el otro, opuesto, es la retirada del ser humano  del espacio de vida, conquistado por el trabajo útil y por sus consiguientes relaciones con la comunidad.

Aquí entra en juego la comprensión de la necesidad de un nuevo derecho laboral, que tendrá una función superior —para la configuración de un nuevo orden jurídico— a la que tuvo el Código Civil en la era napoleónica. En este nuevo ciclo, las normas de protección del trabajo nuevamente humanizado marcarán también una nueva concepción de un derecho civil comunitario, idealmente antropológico, para orientar las energías humanas transformadas en trabajo social.

Para frenar la barbarie programada y el control alienante de las nuevas formas que adquiere el trabajo, los seres humanos pueden controlar conscientemente las máquinas y no entregarse a su dominio programado. Deben, pues, colectivamente, dar un nuevo sentido a la agregación comunitaria que la fábrica moderna cumplió en los albores de la segunda revolución industrial, cuando creó las condiciones mínimas para el surgimiento del moderno estado social. El trabajo no ha perdido su centralidad en la configuración de la sociedad moderna, pero está cambiando las formas en que se presenta en esa centralidad.

Hoy en día, el ocio, la cultura, la superexplotación universal de  las mujeres y los niños, el cuidado de la salud física y psíquica de los niños y los ancianos, la atención a los menos capacitados y el aprovechamiento de los más capacitados, que quedan fuera de los programas de la inteligencia artificial (así como la recuperación consciente de la degradación ambiental) y la recreación planificada por nuevas normas estatales, de nuevos empleos y nuevas formas de actividad en la producción y los servicios, deben estar recogidos en un nuevo sistema normativo de carácter laboral.

Este nuevo contrato social del Estado de Derecho, basado prioritariamente en un nuevo Derecho Laboral, deberá integrar y proteger a estos nuevos trabajadores «por cuenta ajena» que quedan fuera del ámbito de la CLT, ya sea por una expulsión facilitada por las transformaciones tecnológicas (orientadas conscientemente por el capital) o por la voluntad unilateral del propio prestador.

Marx, Jacques Maritain, Gramsci y Norberto Bobbio, en diferentes contextos de sus obras, influenciadas por las revoluciones ilustradas, demostraron también que, si las revoluciones no son una fatalidad histórico-natural, las tiranías también pueden ser derrotadas desde dentro de las mutaciones de la modernidad en crisis, incluso atacando las formas mediante las cuales llevan a cabo su decadencia.

---

[1] BRANDÃO, Gildo Marçal. Hegel: O Estado como Realização Histórica da Liberdade. In: WEFFORT, Francisco C. (org.) Os Clássicos da Política. São Paulo, Editora Ática,1989, pg.102.

[2] GENRO, Tarso. Mutações tecnológicas e crise do trabalho. A terra é Redonda,2022. Disponível em:  https://aterraeredonda.com.br/mutacoes-tecnologicas-e-crise-do-trabalho/?doing_wp_cron=1642788952.6472220420837402343750 . Acesso em: 29 de abr. de 2026.

[3] idem

[4] MANNRICH, Nelson Alexandre. Congresso Internacional de Direito do Trabalho. Trabalhos e Novas tecnologias: Impactos socioeconômicos e jurídicos: Anais da Academia Brasileira de Direito do Trabalho XIV Congresso Internacional ABDT 2024.In:Coordenadores BELMONT,Alexandre de Souza Agra e CARREIRO, Luciano Dorea Martinez. Porto Alegre: Lex, 2025, p. 181.

[5] CHRISTODOULIDIS. Emilios. Constitucionalismo político e a ameaça do “Mercado Total”. Coord.: Chris Thornhill. Trad.: Pedro Canário. São Paulo, São Paulo: Contracorrente, 2023.

[6] Técnica derivada del Common Law, utilizada por jueces para no aplicar un precedente judicial anterior, argumentando que los hechos del caso actual son distintos o singulares, requiriendo una solución diferente. No anula el precedente, sino que crea una excepción al mismo

[7]  Técnica que anula un precedente existente, cambiándolo por uno nuevo debido a su invalidez actual.

FORTALECER LA DEMOCRACIA, SIN DUDA, PERO TAMBÍEN EN EL TRABAJO: LA NECESIDAD DE UN DEBATE

 

El tiempo pasa rápido. Ya comienza el mes de mayo y hemos dejado atrás el rechazo del decreto-ley sobre la prórroga de los alquileres gracias a los votos de las tres derechas en un parlamento en el que la ausencia de ministros socialistas hizo que todas las personas comprendiéramos que la iniciativa que permitiría a más de tres millones de españoles estar tranquilos por dos años sinu que grandes tenedores o fondos buitres aprovecharan para aumentar sus alquileres era una reivindicación de SUMAR, muy bien recibida por los votantes de todos los partidos y que sin embargo ha sido torpemente rechazada. El discurso de Bustinduy, medido en el contenido y en la forma, permanecerá como expresión de una estrategia política que acabará triunfando gracias a la extensa movilización promovida y lograda, que se prolongará en este mes de mayo en nuevos actos. El 1º de mayo ha sido también un momento importante en el apoyo de esta reivindicación por los sindicatos confederales, que además lo han incorporado a su Propuesta Sindical Unitaria como un elemento central de la misma, a la vez que ha servido para reafirmar el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de este país por la paz y contra la guerra.

El problema de fondo es que paulatinamente se va vaciando de contenido la democracia. La paz y el rechazo de la guerra como instrumento de conquista o de dominio de una nación sobre otra había sido una conquista central de nuestra civilización, y la capacidad de las Naciones Unidas de mediar en todo tipo de conflictos, pese a su limitada intervención, había resultado importante como expresión de las reglas que regían en un orden mundial multilateral que se acomodaba a la globalización económica y financiera como el espacio en el que se manifestaban la dependencia y la subordinación entre naciones y se expresaba la enorme desigualdad entre sus gentes. Ese marco de referencia ha variado sustancialmente ante la irrupción de una política agresiva e imperialista de Estados Unidos tanto en el comercio mundial al como en la intervención dominante y violenta tanto en América Latina y el Caribe como en el deterioro de su relación con algunos países de la Unión Europea, y especialmente mediante el apoyo sin restricciones al genocidio y a los crímenes de guerra de Israel, que le ha llevado a la guerra ilegal contra Irán y la invasión de Líbano, por el momento. En el ámbito interno, Trump está dinamitando todos los controles institucionales posibles a su actuación, y quiere reformular las reglas electorales para evitar una derrota en las elecciones a medio término de noviembre de 2026. Mientras tanto, su actuación está generando una seria crisis energética en Occidente, a la vez que asfixia económicamente Cuba y amenaza con invadirla. La impunidad de la que hace gala hoy el imperialismo norteamericano y su aliado incondicional, el Estado de Israel, suponen una amenaza directa contra el derecho internacional y las reglas de convivencia entre las naciones que están siendo continuamente vulneradas sin respuesta.

Pero no sin consecuencias. Esa violencia exaltada y convertida en la regla de acción de una superpotencia mundial se está trasladando también a las pautas de comportamiento que deben seguir las fuerzas políticas, en especial las que fundan su programa en una visión plenamente autoritaria y excluyente de otros sujetos que son considerados enemigos a los que hay que aislar y anular en el campo político y social. Hay las suficientes señales de la configuración de un programa de acoso y exclusión de organizaciones sociales y políticas – comenzando por los sindicatos - que revertirá en cambios trascendentales en la reducción de derechos ciudadanos, recortes en el gasto social y las prestaciones sociales, hostilidad antisindical y represión del conflicto, además de un excepcional incremento de la privatización de los servicios de interés general y de los bienes comunes.

Todo ello hace saltar las alarmas sobre el peligro en el que se encuentra el sistema democrático, dado que los mecanismos de la representación política aparecen contaminados por la capacidad de orientación y de indicación que se efectúa con el concurso de medios de comunicación y redes sociales y la pérdida de una cultura ciudadana democrática que oscila cada vez más hacia la emoción y la imagen estereotipada como elementos determinantes del sufragio. La redirección de los debates públicos hacia estos elementos hace que no se tengan en cuenta una buena parte de los elementos estructurales que han ido mejorando la existencia colectiva de la gente, y en especial de la gente trabajadora, en un arco temporal ya lo suficientemente amplio como para efectuar un juicio global sobre este período que ha permitido un crecimiento en derechos y en mejores condiciones de trabajo y de vida muy notable, que sin embargo no es valorado – ni siquiera recordado – en el espacio del debate político, centrado en asuntos mucho mas personalizados y contingentes, que marcan redes sociales y creadores de opinión posteriormente replicados en el Congreso y en als declaraciones públicas que a su vez retroalimentan las informaciones de los medios de comunicación.

Hay excepciones, ciertamente, como sucedió con el debate sobre la reducción de jornada o actualmente con el de la vivienda y en concreto con la solución de urgencia de la prórroga de los alquileres, pero en general el destino de la política aparece desligado de las grandes cuestiones que afectan al conjunto de la ciudadanía. La obsesión por el liderazgo, la personificación en el líder de circunstancias carismáticas y la condensación en su persona de todas las energías negativas o positivas, funciona también como un mecanismo de despotenciación democrática, entendida como incapacidad de ser reconocida la política como una acción colectiva y general de grupos sociales que pretenden realizar una cierta idea de sociedad y atender a los problemas reales de la población. Es siempre complicado colocar en primer plano de la política la problemática de la explotación laboral y la necesidad de dotar a la gente trabajadora de instrumentos de defensa y de reivindicación para ampliar sus derechos y mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Ese ámbito de la vida social, que es fundamental, se escinde de la acción política tal como se presenta en la contienda electoral, y no ocupa el espacio primordial que sin embargo cualquier fuerza de izquierdas debería asignarle como elemento básico del proyecto de reformas que se quiere llevar a cabo a través de la representación política electoral.

Este proceso debe funcionar también a la inversa. Es decir, el trabajo y el mecanismo de subordinación que plantea el sistema de libre empresa debe ser objeto prioritario de atención de la política si se quiere cambiar la sociedad a partir de la acción parlamentaria y de gobierno. Pero también es imperativo que en el espacio-empresa se plantee la necesidad de reforzar y modificar los mecanismos democráticos que posibiliten la intervención de las personas que trabajan en las decisiones de las empresas en materia de empleo y de condiciones de trabajo.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social entendió que este era un terreno importante de intervención política y encargó un Informe sobre Democracia en el trabajo a una comisión internacional que presidió la profesora Isabelle Ferreras. Un resumen de su contenido y propósitos se ha publicado en este blog y puede encontrarse aquí: https://baylos.blogspot.com/2026/02/el-informe-de-la-comision-internacional.html. El encargo formalmente se insertaba en la necesidad de desarrollar el art. 129.2 CE tras casi cincuenta años de no haberlo activado. Pero si esto es así, y en efecto el Informe lo que procede es a ofrecer un análisis teórico de los retos que la participación de las personas trabajadoras plantea a la organización de la empresa en el marco de la economía de mercado y a suministrar algunas soluciones de carácter técnico-jurídico, lo que hay detrás es un planteamiento político fundamental: la empresa no puede quedar, como institución central del tejido económico y social de nuestro país, sin incorporar elementos democráticos en su estructura y acción social.

Es una reivindicación democrática muy sentida ya desde el comienzo del debate constitucional. Marcelino Camacho insistía en una frase célebre que la democracia no puede quedarse a las puertas de la verja de las fábricas, y los trabajadores y las trabajadoras no se despojaban en los vestuarios de la empresa junto con su ropa de calle, también de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Es más, cuando insistió y logró mediante una enmienda del PCE que se incluyera en el art. 35 CE la necesidad de un Estatuto de los Trabajadores, su idea era la de crear un texto legal que garantizase, en la empresa y en los lugares de trabajo, los derechos fundamentales  de ciudadanía que gozaban las personas trabajadoras también mientras efectuaban su prestación de trabajo, siguiendo el ejemplo del Statuto dei Lavoratori italiano.

La empresa es una entidad fundamental en torno a la que se diseñan las relaciones económicas del llamado libre mercado, y su existencia está garantizada institucionalmente por el Estado y los poderes públicos. Pero es además un sujeto político que construye relaciones sociales y que sin embargo se concibe como un espacio inmune a las formas democráticas que necesariamente tienen que acompañar a las entidades que se despliegan en el espacio público y privado de nuestra sociedad. Como diría el profesor Umberto Romagnoli, el enigma de la empresa consiste en que es un elemento central en la configuración del sistema democrático, que no se considera tal si no reconoce la libre empresa, pero la empresa en su gobierno y estructura repelen cualquier instancia democrática. “La empresa puede ser monárquica o republicana, pero nunca democrática”.

La empresa es un espacio en el que se ejerce un poder privado sobre las personas que trabajan para ella cuya única legitimación es el dinero y la capacidad de éste de producir beneficios. Es un poder que no se discute ni se comparte y que determina en lo concreto una parte relevante de la vida de las personas. Durante la permanencia en el trabajo, la existencia de estas personas es siempre ordenada, dirigida, alejada de la capacidad de incidir en las decisiones que les afectan directamente en su empleo y en su existencia social.

Pero esta suerte de inmunidad frente a las reglas democráticas en su gobierno tiene que ser necesariamente abolida. Y la forma de hacerlo es doble, de un lado, a través de la ampliación de los derechos de información y consulta de las representaciones colectivas y sindicales sobre las decisiones fundamentales de la empresa no solo sobre las relaciones de trabajo sino sobre la propia organización de la empresa, su construcción compleja y descentralizada. De otro, interviniendo en el propio gobierno de las sociedades mediante su participación en sus órganos de gobierno, en la línea de las mejores experiencias europeas al respecto.

Estas dos formas de democratización – la vía de la “voz” y la vía de la propiedad – implica dar cumplimiento al precepto constitucional del 129.2 CE y la urgencia de conocer la empresa como un sujeto que debe acomodar su estructura y su gobierno a reglas democráticas en las que las personas trabajadoras participen en – condicionen la- toma de decisiones.

Al margen de la difusión que se está efectuando sobre el contenido del Informe en el espacio del conocimiento experto, y a nivel internacional, es imprescindible que este tema se integre en el debate y la discusión política actual.

Se trata además de un problema de perspectiva. El tema de la democracia en el trabajo implica necesariamente reivindicar un enfoque clasista, que establece la crítica social y política al trabajo y la explotación como eje central del cambio social y por tanto como seña de identidad de la acción política de la izquierda. Una forma de abordar el conflicto y el proceso de reformas que reivindica la labor de la intervención pública y colectiva sobre el trabajo, al lado ciertamente de la reivindicación de los derechos de ciudadanía y de la prestación de servicios públicos o la invención de nuevos derechos  - derecho al cuidado – pero sin que este aspecto importante, volcado sobre la reforma del Estado, opaque o sustituya la necesidad de reformar la empresa y las relaciones de explotación que se producen en este espacio de dominio.

Una implicación por consiguiente de los sujetos políticos y de los sindicatos de clase, que debe incorporarse al discurso general y formar parte del campo en disputa de las posibilidades concretas de modificar el marco institucional actual.

START-UP EN LA UNION EUROPEA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

 

El 18 de marzo de 2026, la Comisión Europea presentó un proyecto de reglamento destinado a instaurar una «EU Inc.» como posible forma jurídica para las empresas emergentes y las empresas en expansión internacional. En Social Europe de 14 de abril de 2026, Niall O'Shaughnessy y Marc Steiert, del Instituto Universitario Europeo y del Max-Plack-Institute han publicado un artículo muy crítico con esa iniciativa en relación con las repercusiones que puede tener sobre el derecho a la participación de las personas trabajadoras. Esta ha sido también la preocupación, lógicamente, de EWC Academy, que en su boletín nº 1 de 2026, de 10 de abril, plantea también este problema y da cuenta de una resolución del Parlamento Europeo sobre el particular. Con ambas informaciones se ha elaborado esta entrada del blog, traduciendo y manipulando estos textos. El tema es lo suficientemente importante como para darle seguimiento en el inmediato futuro.

De manera crítica, se ha podido decir que como parte de las diversas medidas anunciadas en respuesta al informe Draghi —el denominado «28.º régimen»—, la propuesta pretende emular un panorama financiero y jurídico que pueda rivalizar con Silicon Valley. Esta nueva forma jurídica de sociedad privada, que podrá constituirse en cualquier lugar de la UE, promete facilitar su creación, su expansión y, en caso necesario, su disolución.

Este proyecto ya se había anunciado en enero de 2025. Al igual que la sociedad europea (SE), esta nueva forma jurídica tiene por objeto armonizar las condiciones marco dentro del mercado único y fomentar las actividades transfronterizas. El objetivo no es sustituir los sistemas de los 27 países de la UE, sino crear una opción adicional, denominada el «28.º régimen». La propuesta prevé los siguientes puntos:

    Constitución digital en 48 horas, a bajo coste y sin capital mínimo.

    Los datos de la empresa solo deben presentarse una vez. Todos los números de identificación y registros fiscales se asignan automáticamente sobre esta base.

    Normas uniformes, desde la constitución hasta la disolución, por ejemplo, mediante procedimientos de insolvencia digitales simplificados y modelos estandarizados para las acciones reservadas a los empleados.

    Seguirán aplicándose las normativas nacionales en materia de derecho laboral, derecho social y derecho fiscal. El derecho del país en el que la EU Inc. tenga su sede social seguirá siendo determinante.

Para las empresas que desarrollan actividades transfronterizas, esta forma jurídica podría suponer una simplificación notable. Ya no tendrían que establecer estructuras nacionales distintas en cada país. No obstante, esta propuesta aún debe ser objeto de un acuerdo con el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, lo que está previsto para finales de 2026.

A diferencia de una directiva europea, un reglamento se aplica inmediatamente en todos los países de la UE sin necesidad de transposición al derecho nacional. Sin embargo, no es seguro que la EU Inc. llegue realmente a ver la luz, ni cuál será su forma definitiva. Los sindicatos ya han expresado sus reservas, considerando, en particular, que EU Inc. no debería servir para eludir la cogestión, como ya ocurre habitualmente con la sociedad europea.

Una amenaza para la participación de los trabajadores

Cabe preguntarse qué ofrece EU Inc. a los trabajadores, el colectivo que probablemente se verá más afectado por la propuesta. El panorama es bastante sombrío: desde una economía defectuosa y la amenaza a la participación de los trabajadores hasta la reconversión del trabajo en un mero factor de producción, la propuesta tiene poco que ofrecer y corre el riesgo de dar lugar a una nueva era de competencia regulatoria que abandone la democracia en el trabajo.

La propuesta contiene innumerables referencias a «startups innovadoras», pero no aclara qué son. Se mencionan con mayor frecuencia en el capítulo sobre insolvencia, dando por sentado que los «fundadores» o accionistas necesitan una liquidación tan sencilla como el registro. Sin embargo, esto plantea graves riesgos para los trabajadores, dada la mayor proporción de fracasos entre las startups. Esto no solo entraña un riesgo de insostenibilidad económica, al tiempo que fomenta la especulación financiera, sino que, dado que EU Inc. incluye planes de participación de los trabajadores en el capital (EU-ESO) —que se detallan más adelante—, los trabajadores corren el riesgo de soportar el peso de una economía al estilo de Silicon Valley. El segundo defecto es que EU Inc. representa una aversión más amplia a la inversión pública, un problema estructural de la economía europea que el propio Draghi calificó de amenaza «existencial». Una vez más, EU Inc. ignora el problema de la inversión pública crónicamente baja, incluida la infraestructura transfronteriza que el capital privado no puede, o no quiere, abordar.

El verdadero peligro, sin embargo, radica en los riesgos que la propuesta supone para los derechos de los trabajadores. En una «EU Inc.», se aplican las normas de participación de los trabajadores del país de registro, por lo que, inevitablemente, un «fundador» tiene incentivos para registrarse en el Estado miembro donde la participación de los trabajadores sea débil o inexistente. Cuando finalmente se creó la forma societaria de la SE en 2001, se estableció el denominado principio de «antes y después» para evitar, por ejemplo, que una empresa alemana eludiera sus requisitos de participación de los trabajadores al constituirse de nuevo como SE en otro Estado miembro; este principio se incluyó posteriormente en la Directiva sobre la movilidad de las empresas. En la Directiva sobre la SE, cualquier régimen de participación que estuviera en vigor antes de la conversión en una SE seguiría vigente después. Sin embargo, en la práctica, esto significaba que si una empresa quería congelar su régimen de participación antes de alcanzar el umbral de 500 empleados exigido por la legislación alemana, podía trasladar su sede a otro Estado miembro donde ya hubiera constituido una «SE en suspenso». Este problema no solo se reproduce en una EU Inc., sino que se ve agravado por el hecho de que el registro de la empresa será «sencillo» y «barato». Dado que la explotación de regímenes fiscales divergentes ya amenaza las desigualdades en Europa, EU Inc. incentivará la constitución de sociedades en regímenes menos protectores en materia de participación de los trabajadores, fiscalidad y seguridad social.

Hay que tener en cuenta que tras la etapa (fracasada) de los proyectos de directivas Vredeling sobre la participación de los trabajadores en los países de la CEE, en la era posterior a Maastricht, cuando las Directivas sobre el Comité de Empresa Europeo y el Marco de Información y Consulta (ICED) volvieron a abordar la cuestión, la participación ya no era un medio para contrarrestar el desequilibrio de poder entre la dirección y los trabajadores. En cambio, en el marco del ICED, los acuerdos de información y consulta servían para «aumentar […] la empleabilidad» y mejorar la «competitividad» de la empresa. Este mismo desinterés por una intervención efectiva de los trabajadores se encuentra en el legado del Reglamento sobre la Sociedad Anónima Europea (SE), que, lejos de ser un instrumento para proteger a los trabajadores frente a las consecuencias del mercado único tal y como se había previsto en un principio, ha servido para eludir los derechos de participación, información y consulta.

Fuerza de trabajo o “talento”

Del mismo modo que la participación de los trabajadores se concibe ahora como una herramienta para facilitar el mercado, la propuesta redefine la mano de obra como un mero factor de producción, simplemente «talento» a la espera de ser explotado. Aunque el lenguaje del talento no es nuevo, su aplicación al derecho societario supone un cambio significativo. En los últimos años, se ha recurrido a él habitualmente en el ámbito de la migración laboral, las políticas regionales y de financiación pública, o para designar grupos de talentos individuales. Este cambio hacia la mercantilización se hace evidente en dos aspectos clave: las promesas ambiguas y los planes de participación accionarial de los empleados

El mecanismo más concreto de la propuesta para atraer «talento» es el EU-ESO, que permite la emisión de warrants intransferibles convertibles en acciones de la empresa tras un período mínimo de carencia de 24 meses. Establecida por la junta general sin participación obligatoria de los trabajadores, esta disposición otorga a los trabajadores «una participación en el crecimiento de la empresa», algo muy alejado de la visión de la democracia industrial que en su día dominó los debates sobre el derecho mercantil y laboral. A nivel individual, la propuesta no garantiza la igualdad de derechos de voto o de participación en los beneficios para las acciones de los trabajadores. Tampoco queda claro si los warrants se consideran parte de la remuneración, lo que afecta a los ingresos disponibles, la negociación colectiva, las cotizaciones a la seguridad social y la fiscalidad. Si se tratan como remuneración, las acciones pueden suponer una compensación diferida e incierta. La experiencia de la remuneración es, sin embargo, fundamental para el trabajo y la inclusión social.

A nivel sistémico, un cambio de los salarios a las acciones podría reducir la base impositiva y contributiva de las políticas sociales europeas y, por lo tanto, socavar su controvertida capacidad redistributiva y mutualizadora, ya que la propuesta solo pretende armonizar el momento en que se devenga el impuesto. Algunas jurisdicciones gravan las plusvalías a tipos más bajos que los ingresos, mientras que otras las eximen de las cotizaciones a la seguridad social. Alemania, por ejemplo, grava las ganancias de capital con un impuesto fijo del 25 % (renta: hasta el 42 %) y suele eximirlas de las cotizaciones a la seguridad social, mientras que Francia aplica un impuesto fijo del 30 % (12,8 % de impuestos, renta hasta el 45 %; 17,2 % de seguridad social). Por lo tanto, este cambio afecta a los ingresos fiscales públicos y a la financiación de la seguridad social. También revisa los niveles de tributación de los trabajadores, los derechos de seguridad social y las desigualdades transfronterizas en materia de salarios y coste de la vida dentro de una empresa.

La EU Inc. debe estar sujeta a la Directiva sobre comités de empresa europeos

 Una EU Inc. puede crearse desde cero, surgir de la transformación de empresas ya existentes o incluso de la creación de filiales con esta forma jurídica. Es necesario velar por que no se eludan los derechos de los trabajadores, en particular en lo que respecta a la participación en el consejo de supervisión. Siempre se aplican las normas de cogestión del país en el que la EU Inc. tiene su sede. Así, si una EU Inc. está registrada en Irlanda, no está obligada a incluir representantes del personal en el consejo de supervisión, aunque emplee a un gran número de trabajadores en Alemania. Dado que muchas transformaciones en SE en Alemania se llevan a cabo exclusivamente por este motivo (en particular en el caso de las start-ups y las empresas familiares de tamaño medio), es probable que la forma jurídica de la SE pierda atractivo. Al constituir una EU Inc. en 48 horas, tampoco es posible constituir un grupo especial de negociación antes de la inscripción en el registro mercantil. La propuesta de la Comisión Europea prevé, en cambio, que las EU Inc. estén sujetas a la Directiva sobre los comités de empresa europeos. Los sindicatos ya han definido criterios para un régimen equitativo, entre los que se incluyen:

    Normas estrictas contra los abusos, dirigidas a las sociedades ficticias, las deslocalizaciones artificiales y el «turismo fiscal». La sede social debe estar vinculada al lugar donde se desarrolla efectivamente la actividad económica.

    Una garantía dinámica de los derechos de consulta y participación, proporcional al aumento de la plantilla.

Una preocupación que fue recogida por el Parlamento Europeo, cuendo, el 20 de enero de 2026, aprobó la introducción de esta nueva forma jurídica por 492 votos a favor, 144 en contra y 28 abstenciones. La resolución subraya que este 28.º régimen no debe servir para comprometer, reducir, debilitar o eludir el nivel de protección existente. Por lo tanto, deben preverse garantías en materia de participación de los trabajadores y debe impedirse eficazmente cualquier uso abusivo (por ejemplo, las sociedades inactivas o las sociedades de buzón). Si una EU Inc. contara con una plantilla importante en otro país de la UE, debería, según el Parlamento Europeo, respetar las normas de participación de los trabajadores vigentes en dicho país. Por ejemplo, si una EU Inc. con sede en Irlanda empleara a más de 500 personas en Alemania, debería establecer un sistema de participación similar al vigente en ese país. En ese caso, habría que crear un grupo especial de negociación, al igual que en la sociedad europea (SE), para negociar los mandatos de los representantes del personal en el consejo de supervisión de la EU Inc. irlandesa. En caso de que estas negociaciones fracasaran, se aplicarían las disposiciones de referencia. Aún no es seguro que se apruebe este requisito.

El 28ª régimen de las “EU.inc” es por consiguiente un nuevo espacio de debate para la introducción de las precarias formas de democracia en la empresa. Seguiremos atentos a la evolución de este tema.