jueves, 19 de noviembre de 2026

EL SALARIO MINIMO PARA 2027 SE INCREMENTA EN UN 5,3% HASTA LOS 1.286 € MENSUALES

 


El art. 35 de nuestra Consttución garantiza a todos los ciudadanos el derecho “a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, lo que se conecta directamente con la creación de un salario mínimo interprofesional para todas las categorías de las personas trabajadoras que se regula en el art. 27 del Estatuto de los Trabajadores (ET)  que reconoce al gobierno la potestad de fijar anualmente “previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”, el salario mínimo interprofesional (SMI). Naturalmente esta cantidad funciona como un piso o suelo para la determinación de los salarios por la negociación colectiva, pero responde a esa necesidad de garantizar la suficiencia de una renta salarial para todas las personas que trabajan en el país.

Para la determinación de este salario mínimo el citado art. 27 ET maneja cuatro elementos, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. La Directiva 2022/2041del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, todavía no traspuesta en nuestro país, precisa aún más estos criterios al afirmar que la fijación y actualización del salario mínimo legal se guiará por criterios establecidos para contribuir a su adecuación, “con el objetivo de lograr un nivel de vida digno, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social al alza, y reducir la brecha salarial de género. Los Estados miembros determinarán dichos criterios de conformidad con los usos nacionales en el Derecho nacional pertinente, las decisiones de sus organismos competentes o acuerdos tripartitos”, pero la Directiva exige que deben incluir al menos los elementos siguientes:  “a) el poder adquisitivo de los salarios mínimos legales, teniendo en cuenta el coste de la vida; b) la cuantía general de los salarios y su distribución;  c) la tasa de crecimiento de los salarios;  d) los niveles y la evolución de la productividad nacional a largo plazo”.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se dotó, desde su comienzo, de un órgano de asesoramiento técnico, la Comisión Asesora para el Análisis del SMI, que ofrece una serie de recomendaciones al gobernó sobre la base de las indicaciones de éste. Dentro de la referencia a estos elementos económicos y sociales generales, el criterio más directo que se maneja es el de la adecuación a las orientaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales que interpreta el art. 4 de la Carta Social Europea revisada (CSEr) en la dirección de que el salario mínimo legal debe consistir al menos en el 60% del salario medio del país, un criterio que comenzó a emplearse en España a partir de la formación del gobierno de coalición. Un “valor de referencia indicativo” que también utiliza la mencionada Directiva 2022/2041 entendiendo que se trata de valores “comúnmente utilizados a escala internacional”, como el 60 % de la mediana salarial bruta y el 50 % del salario medio bruto. Este tipo de criterios por consiguiente deben integrarse en el procedimiento de fijación del SMI cada año.

Esto es lo que ha sucedido con el SMI del año 2027. El Ministerio de Trabajo convocó a los agentes sociales a la discusión del mismo el 4 de noviembre de este año, la Comisión de Expertos había propuesto una subida del 4,9% hasta los 1.281 euros/mes, los sindicatos plantearon un incremento del 7% y la patronal se negó a cualquier diálogo sobre la base de que la negociación del SMI no ra sino una estrategia “de campaña electoral”. Este argumento es el que ha sido repetido no solo por la CEOE sino también por el bloque del PP-VOX, insistiendo en el “electoralismo” de una medida que sin embargo, como es evidente, debe ser adoptada con carácter anual por imperativo legal.

El resultado de este proceso ha sido el RD 1013/2026, de 18 de noviembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2027, publicado en el BOE de hoy, 19 de noviembre. En él se fijan las cuantías que tendrá el SMI a partir del 1 de enero de 2027 que serán las siguientes:

·       SMI mensual: 1.286 euros

·        SMI anual: 18.004 euros

·       SMI diario: 42,87 euros

·       SMI para personas con contrato de duración determinada: 60,88 euros por jornada legal en la actividad.

·       SMI empleadas de hogar: 10,06 euros por hora efectivamente trabajada

El incremento finalmente adoptado ha sido del 5,3%, 65 euros mensuales más respecto de la cantidad fijada para el 2026.

La institución del SMI cumple una doble función ya desde sus orígenes. De un lado actúa como suelo de contratación, impidiendo la imposición de una remuneración cualquiera basada en el acuerdo individual o colectivo entre las partes del contrato o en un convenio. Este carácter imperativo de derecho necesario absoluto tiene también como consecuencia que es el piso salarial a partir del cual se despliega la dinámica salarial de la negociación colectiva. Y hay que tener en cuenta que en la estrategia sindical española el SMI no se problematiza como contrario a los objetivos salariales que se persiguen en la negociación colectiva, sino que se entiende como una herramienta complementaria que refuerza la estrategia sindical general de reforzar los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Pero a la vez, y de manera complementaria, persigue garantizar la función social de los salarios: el SMI ha sido siempre concebido como un mecanismo de garantía de recursos suficientes para las personas que trabajan, que debe satisfacer las necesidades propias y las de su familia, como indica el artículo 35 CE y la CSEr. A caballo entre una institución de mercado y una renta pública, el SMI intenta combatir también la presencia de los llamados trabajadores pobres, acentuada tras la permanente devaluación salarial del ciclo de la crisis marcado por las políticas de austeridad, y en este sentido forma parte asimismo de los instrumentos de lucha contra la pobreza. En este sentido, la subida del SMI tiene nombre de mujer y de trabajador y trabajadora joven.

Ambas cuestiones son aludidas en la Exposición de motivos del RD 1013/2026. Con el añadido, al que nos hemos referido en este mismo blog en la entrada publicada ayer, que el RDL 38/2026 ha garantizado evitar la tributación del salario mínimo interprofesional de 2027 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la estela de la preservación de esta cantidad como recurso suficiente para las personas trabajadoras.

Finalmente, no se puede poner fin a una nota sobre el incremento del SMI sin recordar como en los años de gobierno de coalición, se ha ido subiendo significativamente cada año esta cantidad, de manera que desde 2018 a 2027, el aumento del SMI ha sido de un 75%. En el gráfico siguiente se puede comprobar con facilidad este proceso de incremento continuo

 


Ante las elecciones generales del 29 de noviembre este es un tema central para las personas trabajadoras. Los empresarios se han negado a cerrar un acuerdo de negociación colectiva como el que hicieron en el 2023 y tienen bloqueados una gran cantidad de convenios colectivos. De hecho, la huelga del 11 de noviembre impuso como una reivindicación central la subida de salarios. Los programas de los partidos de la coalición PP/VOX no recogen el compromiso de subir el SMI, y sus dirigentes, como los de la cEOE, entienden que la subida del SMI es contraproducente para la economía y desincentiva la creación de empleo. Un discurso del neoliberal de manual que siguen manteniendo aunque la realidad económica del país demuestre lo contrario, puesto que lo que persiguen es la disminución del salario para obtener un mayor incremento de sus beneficios. La coalición PP/VOX, que se ha negado siempre en el Parlamento a las mejoras laborales y sociales de cualquier tipo – últimamente en compañía de Junts, como exponente de la derecha nacionalista catalana – son la voz del capital y del dominio de clase que pretenden profundizar mediante una campaña antisindical sin precedentes en nuestra historia democrática. El salario será, una vez más, un campo de disputa central. Y un elemento básico en la valoración que cada persona trabajadora debe realizar a la hora de emitir su voto el 29 de noviembre.


miércoles, 18 de noviembre de 2026

INCREMENTO DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. LA NECESIDAD DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS DEL ACUERDO MARCO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO

 


La entrada en el período electoral no permite detener la máquina del Estado en lo que se refiere tanto a compromisos internacionales como a acuerdos internos con los interlocutores sociales. En el BOE de hoy, 18 de noviembre, se puede comprobar este extremo con tres normas de urgencia datadas todas el 17 de noviembre de 2026. De un lado, el muy importante RDL 39/2026, modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, al tener que transponer la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea y la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 sobre transparencia retributiva. De otro, el RDL 38/2026 introduce los cambios necesarios para evitar la tributación del salario mínimo interprofesional de 2027 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y el RDL 37/2026 tiene que proceder a los cambios presupuestarios imprescindibles para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el acuerdo que firmaron CCOO, UGT y CSIF, como sindicatos representativos en la Administración Pública, sobre el llamado Marco Plurianual de Retribuciones en el Empleo Público en noviembre de 2025.

En efecto, el   Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía (2025-2028)  que fue avalado por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre de 2025, pretendía garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo para más de 3 millones de empleados públicos gracias al incremento salarial acumulado del 11% para los cuatro años de este período, distribuidos de la siguiente manera: un 2,5% para el año 2025, abonado con carácter retroactivo con efectos de primeros de ese año,  un 2% para 2026 sobre las bases incrementadas en el 2025, que se abonó en dos momentos,  un 4,5% en 2027 y  un 2% en 2028.

Al estar en situación de prórroga presupuestaria, y haberse convocado elecciones al Congreso y al Senado, era necesario y urgente, para honrar este compromiso, adoptado en la Mesa General a la que se refiere el art. 37 del EBEP, que existiera una norma que previera el oportuno crédito presupuestario para hacer efectivo el incremento salarial pactado del 4,5 % desde el 1 de enero del 2027. Es un incremento que goza la naturaleza de norma básica, por lo que, como señala la exposición de motivos del citado RDL 37/2026, se extienden no solo al personal al servicio del sector público estatal, sino también al del sector público autonómico y local, salvo los puntos concretos que regulan elementos retributivos propios del sector público estatal.

La norma se extiende sobre la justificación que debe darse a la urgencia que le caracteriza. Y de alguna manera se construye sobre una constatación obvia, la de que si se quiere cumplir el acuerdo marco firmado con los sindicatos y que por tanto éste tenga eficacia real, es necesario plasmar este compromiso en los Presupuestos Generales del Estado que, al hallarse en situación de prórroga, requiere una norma de rango legal que lo recoja: “La extraordinaria y urgente necesidad del incremento retributivo para el personal al servicio del sector público en el año 2027 viene justificada por la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo firmado el 27 de noviembre de 2025 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CC. OO., que establece el compromiso de promover los cambios legislativos y normativos para alcanzar un incremento retributivo en las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de su sector público institucional con un horizonte temporal a cuatro años (2025-2028). Dado que para llevar a cabo la ejecución de este compromiso es necesaria una norma de rango legal, y habida cuenta de la situación de disolución de las Cortes Generales, es necesaria la aprobación de un real decreto-ley para posibilitar el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el citado acuerdo y con efectos de 1 de enero de 2027”.

El incremento del 4.5% de las retribuciones de los empleados públicos se calcula sobre los incrementos previstos de la aplicación para los salarios del 2026 por el incremento retributivo derivado de la variación del IPC superior al 1,5% de ese año, que se harán efectivos a 1 de enero de 2027. Ese mismo incremento también puede aplicarse a los gastos de acción social, ayudas o mejoras destinados a cubrir necesidades personales o familiares de los empleados públicos, al margen de su salario ordinario como las derivadas de educación y cuidados o de salud y bienestar. También las aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos pueden crecer en esa misma proporción.

De esta manera, se logra cumplir el acuerdo tal como estaba estipulado, lo que por consiguiente impide considerar la norma, como sin embargo hace el bloque de la ultraderecha y la derecha, como una decisión política electoral para favorecer la posición de los partidos del gobierno de coalición en la contienda electoral del 29 de Noviembre.

Más aun, los sindicatos siguen insistiendo en algunos aspectos del Acuerdo Marco de diciembre de 2025 que todavía no han sido atendidos en la práctica por el gobierno. Entre ellos, la reducción de la temporalidad estructural y el rejuvenecimiento de plantillas, que conecta con un largo contencioso europeo sobre la interinidad y la eventualidad en el empleo público bien conocido por los laboralistas y todavía no bien resuelto, la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias recortadas en 2010, la jubilación parcial del personal funcionario y la mejora de los haberes reguladores de Clases Pasivas como elementos centrales de la reivindicación del sector. Junto a ello otras reivindicaciones quedan por concretar, como la fijación de un suelo salarial mínimo de 1.500 euros para todos los empleados públicos, y la actualización de pluses de residencia, indemnizaciones, servicio exterior, planes de igualdad, prevención de riesgos y formación (incluida la IA), de especial interés esto último para determinados sectores como el personal de la Administración de Justicia.

En cualquier caso, la norma comentada supone una buena noticia para el sector. A partir de ahora, las administraciones y organismos públicos deben preparar las nóminas para hacer efectiva la subida en enero de 2027, junto con el 0,5 % adicional vinculado al IPC que corresponde abonar en el primer trimestre de 2027, tal como señalaba el art. 2.2 del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que es el texto normativo en el que se volcó el contenido retributivo del Acuerdo Marco citado.

Para hacerse una idea del cuadro retributivo, algunos ejemplos extraídos de la IA de Google, consultada la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, que describe asi el cuadro de las remuneraciones básicas de los empelados públicos

Sueldo Base y Trienios por Grupo (2026)

:

Grupo / Subgrupo

Sueldo mensual ordinario

Trienio mensual

Sueldo en cada paga extra

Trienio en paga extra

A1

(Consultar escala completa)

(Consultar escala)

856,05 €

32,96 €

A2

1.199,52 €

43,54 €

874,83 €

31,74 €

B

1.048,55 €

38,20 €

906,26 €

33,03 €

C1

900,63 €

32,96 €

778,42 €

28,45 €

C2

749,58 €

22,44 €

(Consultar escala)

(Consultar escala)

(Nota: El total anual se compone de 12 mensualidades ordinarias más 2 pagas extraordinarias —en junio y diciembre—). Existe además la previsión de un 0,5 % adicional condicionado a la evolución del IPC por abonar el 1 de enero de 2027, como se ha dicho.

.  En cuanto al Grupo A1: se puede calcular como sueldo bruto entre 2.800 € y 4.500 € brutos mensuales (de 35.000 € a más de 65.000 € anuales, llegando a más en cuerpos superiores como jueces, inspectores de hacienda o abogados del Estado).

A ello hay que añadir los Complementos de destino y específico: Dependen directamente del nivel del puesto (del 14 al 30) y del grado de responsabilidad o penosidad del puesto de trabajo. Aquí algunos ejemplos de los más comunes:

 

Complemento de Destino (Ejemplos por Nivel)

Nivel del puesto

Importe mensual

Importe anual (14 percepciones)

Nivel 22

637,73 €

8.928,22 €

Nivel 21

592,11 €

8.289,54 €

Nivel 20

550,01 €

7.700,14 €

Nivel 18

493,86 €

6.914,04 €

 

 

 


lunes, 16 de noviembre de 2026

LA CARTA DE RENUNCIA A LA CANDIDATURA DE YOLANDA DIAZ A LA SECRETARIA GENERAL DE LA OIT

 


Como decíamos en la entrada de este blog del 20 de agosto de este año, cuando saludábamos la decisión de Yolanda Díaz de presentar su candidatura a la secretaría general de la OIT, su figura y su trayectoria como Ministra de Trabajo y Vicepresidenta del Gobierno encajaba perfectamente en la dirección de la organización internacional que es uno de los mecanismos más importantes de nuestro sistema multilateral para hacer efectivo el trabajo decente en todo el planeta, preservando una idea esencial: la paz duradera solo puede fundarse en la justicia social. El mandato de la OIT continúa siendo extraordinariamente vigente y nítido: «el trabajo no es una mercancía», pero se encuentra, sin embargo, amenazado por las presiones del trumpismo y por una gestión de la Organización que la ha conducido a afrontar no solo una crisis financiera de enormes proporciones, sino también una preocupante crisis de orientación y de valores, que la candidatura de Yolanda Díaz podía confrontar mediante un proyecto de recuperación y de relanzamiento del trabajo colectivo y tripartito que activara instrumentos de regulación y de mejora de las condiciones de vida y de empleo del conjunto de las personas trabajadoras del planeta.

 Su candidatura, que fue inmediatamente retada por la fabricación de un tercer candidato claramente pro empresarial, ha encontrado el apoyo de muchos gobiernos, del sindicalismo europeo encarnado en la CES y en una buena parte del americano organizado en la CSA, pero no así en la burocracia sindical que dirige la cúspide de la CSI que se ha puesto de acuerdo con la Organización Internacional de Empleadores (OIE, la misma que negaba que el Convenio 87 sobre la libertad sindical tutelara también el derecho de huelga) para, en tanto que organizaciones mandantes de la OIT, coincidir en la concesión de un segundo mandato al actual Secretario General. Aunque esta decisión ha sido contestada por las organizaciones sindicales citadas, la cúpula de la CSI ha exigido un voto unánime de apoyo, de forma que romper esta votación en bloque habría implicado una fuerte crisis en el interior de la internacional sindical, ya castigada desde hace tiempo a través de los escándalos que rodearon a la controvertida gestión de Sarah Burrow y el episodio de corrupción conocido como Qatargate que involucró a Luca Visentini. En evitación de esta discrepancia pública y ante el cambio de posición de algunos gobiernos importantes que antes habían comprometido su voto, como el del gobierno francés de Macron, Yolanda Díaz ha decidido retirar su candidatura un día antes de que se celebrara la reunión para la elección del puesto de Secretario General.

 Para explicar su decisión, la Vicepresidenta del Gobierno ha redactado una carta a la que la prensa ha hecho cumplida referencia pero que este blog transcribe en su literalidad para el conocimiento de su siempre amable audiencia, para la cual sin duda ella sigue siendo una personalidad plenamente comprometida con un laborismo progresista y reformista que ha marcado sin duda toda una etapa tanto en la construcción de un marco regulador de las relaciones de trabajo en España como en su impulso del pilar europeo de derechos sociales en Europa y, más en general, como una personalidad de referencia en los movimientos sindicales y políticos progresistas en América Latina y en otras partes del globo. Su retirada es una mala noticia para quienes creemos en un papel activo y relevante de la OIT en esta terrible crisis del derecho internacional y del multilateralismo, donde la impunidad ante el genocidio, las guerras ilegales y el enriquecimiento obsceno de los tecno-oligarcas se acompaña de un proyecto neoautoritario de dominio violento del capital sobre el trabajo como el que en estas elecciones españolas del 29N se está perpetrando en nuestro país.

 Este es el texto de la carta de renuncia en la que se puede comprobar una vez más, la clara concepción política y ética que anima el trabajo continuado de Yolanda Diaz por la ampliación del espacio de los derechos individuales y colectivos en el mundo del trabajo.

 

CARTA DE RENUNCIA DE YOLANDA DÍAZ A SU CANDIDATURA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA OIT

 Quiero empezar por lo más importante: dar las gracias.


A los gobiernos que creyeron en este proyecto, que son muchos y de todas las regiones del mundo, apostando por un cambio real, aportando propuestas y convencidos de que la victoria era posible.

A todos los sindicatos y a las sindicalistas que han caminado a nuestro lado.

 Hoy retiro mi candidatura a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta candidatura nació con una convicción sencilla: que la OIT debía volver a ser lo que siempre fue, la casa de la justicia social, la voz de quienes no tienen voz. En estos meses, esa idea sencilla ha ido sumando apoyos, uno a uno, hasta reunir un respaldo amplio y sincero que nos ha permitido mirar a la victoria de frente hasta el último momento.

La dirección que continuará al frente de la OIT la ha llevado a la peor crisis de su historia. Ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras. Ha ofrecido el número dos de la casa del trabajo decente a la administración Trump y ha sumido a la organización en la mayor crisis financiera de su historia.

La candidatura que he representado se hacía cargo de esa urgencia y de esa grave crisis de gestión. Eso explica también los apoyos a la misma desde posiciones y lugares del mundo muy diversos. Quiero extender mi agradecimiento a quienes han compartido también esa alarma y esa urgencia.

Sin embargo, la Secretaría General de la CSI y la portavocía del Grupo de las y los Trabajadores han elegido sostener esa gestión en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que le han impedido la libertad de voto. Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esa situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca en todo el mundo, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante.

 Un paso a un lado para preservar al sindicalismo en el que siempre me he reconocido, el que aprendí en mi casa desde niña. El que no cabe solo en un despacho, el que pisa la calle, las fábricas y donde un trabajador o trabajadora le necesita. Personas que anteponen la defensa de los derechos laborales en el mundo frente a cualquier otra consideración. Decenas de sindicatos y miles de sindicalistas que no se resignan, que no se callan, que no se rinden.

 Quiero agradecer de forma especial a nuestros sindicatos mayoritarios en España, a CCOO y a UGT, implicados hasta el final en esta candidatura, y a todas esas mujeres y hombres honrados que se dejan la piel cada día por quienes trabajan. Ese sindicalismo de clase y con voz propia es hoy más necesario que nunca.

 Hay una cosa que siento por encima de todas las demás. No poder devolver al personal de la OIT el diálogo social que merecen y que les han arrebatado en su hora más difícil. La gente que sostiene la OIT cada día tiene todo mi reconocimiento y mi cariño.

 Quiero agradecer al Gobierno de España por su confianza y al Ministerio de Exteriores por su ayuda. Gracias por último a todos los expertos y expertas que tanto nos han ayudado estos meses a trabajar por una OIT mejor.

A todas las personas que apoyaron nuestra candidatura con entusiasmo y generosidad. Al Gobierno de Lula, que estuvo desde el principio entre quienes vieron en ella una oportunidad para recuperar la vocación transformadora de la OIT; a tantos países africanos que encontraron en nuestra propuesta una alternativa real para situar el trabajo decente en el centro de la agenda del Sur Global; a los países europeos que no estaban dispuestos a poner sus votos al servicio de quien no tuvo reparos en comportarse como si la guerra de Ucrania no existiera; y a todos aquellos gobiernos que nos acompañaron en el propósito de democratizar la Organización y devolverle su verdadera dimensión tripartita.

 Doy este paso sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive. Seguiré defendiendo el multilateralismo, el trabajo decente, el tripartismo, el derecho de huelga y la dignidad de quienes trabajan, en cualquier lugar del mundo.

 Seguiré defendiendo la OIT de Filadelfia: aquella que proclamó que el trabajo no es una mercancía y que la paz duradera solo puede asentarse sobre la justicia social. La organización que en la Segunda Guerra Mundial defendió la democracia frente a la barbarie, la organización que se puso del lado de Mandela mientras estaba en prisión.

 Me retiro también con la alegría de saber que estábamos en el camino justo defendiendo la posición correcta, sin vender nuestros principios ni nuestros valores.

 El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos.


Yolanda Díaz