sábado, 24 de julio de 2021

JORNALERAS EN LUCHA. UNA CRÓNICA DE CAROLINA MARTINEZ MORENO

 


(Carolina Martínez Moreno. Fotografía: Cristina Pérez Ruiz (quepo.org).)

A finales de mayo de este año, un grupo interdisciplinar de mujeres viajó a Huelva para poder documentar las condiciones de trabajo y de existencia de las jornaleras de la fresa. El resultado se ha plasmado en un informe jurídico que se presentó a la Ministra de Trabajo y Economía social el 29 de junio y que detalla casos de explotación laboral y de abusos en este sector. Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo y de la seguridad Social de la Universidad de Oviedo, formó parte del grupo y trae hoy a este blog, en rigurosa exclusiva, la crónica de esta expedición.

 

EL SABOR AMARGO DE LOS FRUTOS ROJOS

Carolina Martínez Moreno

 

Bajo el expresivo lema ¡Abramos las cancelas!, el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha (hoy ya constituido formalmente como asociación), La Laboratoria, Espacio de investigación Feminista, Museo en Red (Museo Reina Sofía) y Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza lograron coordinar a un grupo de mujeres activistas, periodistas, realizadoras y juristas –entre las que tuve el privilegio de encontrarme— para viajar los días 22 a 24 de mayo a la provincia onubense con el fin de poder entrevistarnos y dialogar con algunas de esas mujeres y poder documentar y relatar cuál es la situación de las jornaleras autóctonas y, en particular, de las migrantes estacionales que viven y trabajan en los cultivos de frutos rojos de dicha provincia. No resulta fácil resumir esta increíble e impactante experiencia, pero lo voy a intentar.

Lo primero que salta a la vista es la discriminación sistémica e intersectorial que resulta del modo en que se articula la contratación en origen de las trabajadoras marroquíes. En general, mujeres jóvenes o de mediana edad, casadas y con cargas familiares –a veces, previo pago de un precio, les atribuyen más hijos de los que en verdad tienen para tener preferencia en la contratación—, y procedentes del mundo rural. Características todas ellas que, frente a las anteriores inmigrantes de países del Este de Europa, parecen presentar la ventaja de garantizar una mayor docilidad y asegurar el retorno a sus países de origen el término de la campaña. Las propias jornaleras presienten que con ese mismo objetivo algunas empresas puedan dejar de llamar a las más veteranas para sustituirlas por trabajadoras más jóvenes e inexpertas. Nos cuentan también que en algún caso, si a la llegada la mujer se encontraba en estado de gestación, lo más probable es que no se le encargase trabajo y se viera obligada a permanecer en el alojamiento, sin ingresos y sin atención, y teniendo que vivir de la caridad de las compañeras. En ocasiones, son además víctimas de violencia machista por sus propios maridos. Todo ello, sumado al problema del idioma y a que ni se les informa ni se les entrega documentación sobre las condiciones en que se va a desenvolver su vida y su labor, ofrece en panorama de precariedad y desvalimiento.

En los asentamientos de personas que permanecen en España en situación irregular los abusos, la desprotección y la extrema vulnerabilidad son aún más patentes. La primera tarde nos dividimos por grupos, y la mujer en cuya chabola fuimos amable y acogedoramente recibidas las integrantes del mío nos contaba que eran los propios empresarios hortofrutícolas quienes les venden los palés, el cartón y los plásticos con los que confeccionan sus precarias pero aseadas viviendas, a razón de 1 euro por palé. Disponen de luz eléctrica porque sus compañeros se ocupan de instalar paneles solares. Por su parte, las trabajadoras que se alojan en viviendas ubicadas en el interior de las fincas con las que pudimos dialogar al día siguiente nos decían que se ven obligadas a abonar el alquiler, los suministros, el ajuar y los objetos domésticos, que nunca se renuevan. Dos de ellas nos cuentan que una vez se averió la lavadora, y al volver el año siguiente la encontraron en el mismo estado en que la habían dejado. Y que los bienes de primera necesidad como alimentos o productos de higiene los tienen que adquirir en una tienda patronal a precios más elevados que en el exterior. Un auténtico truck system en pleno siglo XXI.

Una práctica extraña que no supimos discernir consiste en que les cargan en la cartilla el importe de un seguro concertado por la empresa con una conocida entidad financiera que no saben para qué es, ni qué cubre, ni mucho menos acceden a documentación alguna con las condiciones del contrato. Más recientemente, en lugar de libreta han pasado a proporcionarles una tarjeta, de modo que no pueden tener información de los movimientos de sus cuentas ni de los descuentos que les practican.

Los gastos de viaje los sufragan ellas; y, con motivo de la pandemia, las pruebas PCR que tuvieron que realizar antes de viajar a España las pagaron también ellas (40 euros). Como protestaron, les reintegraron ese dinero, pero para su retorno tenían que someterse a otra prueba sin la garantía de que en destino les fueran a compensar por el coste de la misma. Las mascarillas también se las costean ellas, aunque el gel hidroalcohólico nos dicen que sí lo ha proporcionado la empresa. No es raro que tras soportar todos esos gastos a algunas no les quede dinero ni para llevar a sus hogares ni para volver a su lugar de origen.

En el desarrollo del trabajo la situación que viven no es mucho mejor. Sin que se suscriba un pacto de exclusividad ni nada que se le asemeje, las empresas las sujetan a su poder de control, impidiéndoles hacer horas por las tardes en otras fincas. Y son frecuentes los abusos por parte de las “manijeras”, que son las que organizan las cuadrillas y administran los castigos, normalmente consistentes en el confinamiento en los alojamientos por unos días, sin trabajo ni ingresos. Nos relatan asimismo que las “listeras” a veces les apuntan menos cajas de frutos de las que realmente han recogido, con idéntica penalización por no haber alcanzado el rendimiento exigido. No tienen permiso para ir al baño, y hacen sus necesidades en el tajo o en el campo un poco apartadas del lugar de trabajo; les prohíben hablar entre ellas, llevar auriculares para escuchar música (incluso uno sólo) o ponerse ropa de tirantes para poder soportar las altas temperaturas que imperan debajo de los plásticos.

Les preguntamos entonces por la prevención de riesgos y la protección de su salud y nos dicen que, efectivamente, al comienzo de la actividad les advierten en general de los riesgos, pero que si tienen un accidente o enfermedad la empresa se desentiende, las dejan en la casa sin cobrar, viviendo de la solidaridad, por lo que con frecuencia se sienten forzadas a reintegrarse a las labores antes de estar recuperadas por completo. Con motivo del fallecimiento de una compañera tuvieron que hacer un bote entre todas para poder repatriar el cadáver. En algunos casos si se enferman simplemente las despiden. Nos dicen también que la fumigación de los cultivos tiene lugar mientras ellas recolectan los frutos, sin procurarles equipo de protección alguno ni adoptar otro tipo de cautela.

Concluida la faena diaria les encargan limpiar los alojamientos o los campos. Una de ellas nos cuenta que por una botella de refresco le limpian el coche al encargado; y que a la encargada marroquí –que designa la empresa, y es la que les castiga o reprende si protestan— la apaciguan trayéndole regalos de su país y “manteniéndola” una vez aquí (le compran cosas…). Le tienen pavor, hasta el punto de que una mujer murió recién llegada por temor a molestarla con las quejas sobre su dolencia. Si alguna vez se anuncia la visita de una ONG les ordenan organizarlo todo y que estén calladas. Sólo habla el ama de llaves y la encargada.

Un relato aún más estremecedor si cabe lo escuchamos en Lepe, para garantizar la privacidad y la reserva, parapetadas detrás del autobús en un parking de un centro comercial que se encontraba cerrado por ser domingo [https://www.eldiario.es/desalambre/basima-jornalera-marroqui-sangre-durante-dias-dolor-pedi-jefe-medico-lugar-despidio_1_7993632.html]. Esa trabajadora, madre de tres hijos, entre contenidos sollozos nos contó que vino para intentar mejorar la vida de su familia, con su documentación en regla y un reconocimiento médico hecho en Marruecos. Pero al poco tiempo de llegar se enfermó. Tenía pérdidas de sangre y un fuerte dolor abdominal y estaba muy asustada. Aun así, acudía igualmente al trabajo. Cuando intentó comunicarlo a los encargados, simplemente la ignoraron. Finalmente, decidió ella misma buscar ayuda, y se aventuró a salir de la finca y encaminarse a algún lugar donde pudieran prestarle la debida atención. Localizada e introducida en un coche por la encargada, ya en los alojamientos fue objeto de la iracunda reacción de otro responsable, que trató incluso de agredirla. Por fin, le dicen que recoja sus cosas y firme un documento que resulta ser un cese voluntario durante el período de prueba. La encargada le dice que dé gracias porque podría haber sido peor. Y la abandonan en una carretera. Allí la recoge una pareja que la conduce a un locutorio. Y tras diversas vicisitudes logra que la lleven a un hospital donde le diagnostican un cólico nefrítico y le pautan medicación. Entre tanto, su familia consigue a través de las redes sociales contactar con Jornaleras en Lucha que le procura acogida en una vivienda por medio de una ONG. Tiene previsto que en tres meses le hagan un nuevo reconocimiento médico, pero antes de ese plazo caduca su visado. Se encuentra sin trabajo y sin dinero.

Como se apuntaba hace un momento, los testimonios en que hemos basado nuestro informe jurídico enumerando los incumplimientos que consideramos que se están dando –lo que no significa que no hayamos recibido noticia de empresas que sí cumplen y tratan con humanidad a estas mujeres— [https://jornalerasenlucha.org/la-situacion-de-las-jornaleras-de-huelva-en-la-industria-del-fruto-rojo-informe-juridico/] se tuvieron que recoger en reuniones y entrevistas que llevamos a cabo en lugares apartados y alejados de carreteras o fincas por temor de las jornaleras a ser vistas hablando con nosotras y sufrir represalias por ese motivo. Por supuesto, no tenemos ni una foto de ellas ni con ellas.

El silencio y el miedo son una constante. Y el miedo, como decía Frank Herbert en Dune, “mata la mente”, genera conflictividad interpersonal y disuelve el vínculo de solidaridad que es el sustrato necesario para organizar cualquier acción o mecanismo de defensa colectivos. Sobre todo en los asentamientos donde sobreviven las personas que se encuentran en situación irregular el ambiente que se respira genera desconfianza y recelo. Esto es lo que nos cuenta Salma (nombre ficticio) al relatar el trágico episodio del incendio de una chabola donde fallecieron un hombre y una mujer, e insinuar que se conoce al autor y que el origen es una rencilla o conflicto personal. Y cuando nos dice que hay quien tiene contactos que pueden –aun sin permiso— conseguirles empleos de cuidado de personas o servicio doméstico, y que se venden contratos y empadronamientos. En resumidas cuentas, que operan mafias y redes de influencia, favores y chantajes. Mientras que en el caso de las fincas con jornaleras del contingente, las hostilidades provienen, como ya se ha descrito, de los abusos de los y las encargadas. Y lo peor, da la sensación de que no hay una respuesta por parte de las autoridades y de los poderes públicos respectivamente competentes.

Por su parte, las organizaciones sindicales mayoritarias del sector y el territorio con las que nos entrevistamos la mañana del último día –es justo y doloroso decirlo— mostraron verdadero desinterés por la dura realidad de estas mujeres, que al parecer no constituyen masa crítica porque no se afilian. Si acaso, ocurre lo contrario, recelan de sus iniciativas asociativas particulares. Me cuesta mucho trabajo asimilar que organizaciones que tienen constitucionalmente reconocido un papel institucional que va mucho más allá del vínculo de afiliación no manifiesten el más mínimo sentimiento de piedad y responsabilidad en relación con una situación de este cariz, ni se hayan planteado en momento alguno estrategias de acción sindical en defensa de los derechos humanos y laborales de las jornaleras de la fresa.

Tal vez no sea casual que esa misma tarde, volviendo a Madrid, tuviéramos noticia por la prensa digital de la primera asamblea provincial de mujeres temporeras organizada por CCOO en Ayamonte [https://huelva24.com/art/149566/ccoo-organiza-en-ayamonte-la-primeraasamblea-provincial-de-mujeres-temporeras#ath].

Pese a todo, y gracias a la acción infatigable de Jornaleras de Huelva en Lucha –ya constituida como asociación— y al tesón y la fortaleza de jóvenes mujeres como Maisaa (nombre ficticio), esa solidaridad está presente y es vigorosa. Admirable, ejemplar y emocionante.

Se puede consultar otras noticias sobre esta visita a los campos de la fresa y la problemática de la explotación en este sector:

https://t.co/WRtlko8SQl?amp=1

https://www.eldiario.es/desalambre/jornaleras-huelva-necesita-inspeccion-empieza-temporada-termina_1_8045911.html

https://www.eldiario.es/desalambre/mujeres-trabajadoras-campo-historias-abusos-explotacion_130_7977838.html

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S

https://ctxt.es/es/20210701/Politica/36671/jornaleras-Huelva-abusos-informe-ministerios-Igualdad-trabajo.htm

https://jornalerasenlucha.org/la-situacion-de-las-jornaleras-de-huelva-en-la-industria-del-fruto-rojo-informe-juridico/ 

 

 

 

 

 

jueves, 22 de julio de 2021

VA COM VA (DIVAGACIONES EN LA CANÍCULA CON OVIDI MONTLLOR EN EL RECUERDO)


 

Entre los calores propios de la época, he escuchado a lo lejos desde un piso cercano – las ventanas abiertas por la noche – una canción de Ovidi Montllor que me ha conectado con el pasado remoto: Va com va. En vez de preguntarme quién podría en Madrid, un 21 de julio por la noche de este año 21 del siglo del mismo número, estar escuchando esta canción de 1974, y por tanto proceder a una exploración del vecindario en clave generacional - ¿un baby boomer nostálgico? – y autonómica - ¿un catalanoparlante habitando en Madrid, quizá un parlamentario talludito? -  lo que me ha provocado esta audición lejana es un momento de evocación del pasado, traer la memoria de aquellos días en los que la escuché por primera vez. Como mantener un blog permite distraer a la audiencia a veces con divagaciones no previsibles, me permito compartir en esta entrada esa rememoranza.

En 1975, al ingresar la mayoría de la organización universitaria de Madrid de OCE-BR en el PCE, Enrique Lillo era el Delegado de la Facultad de Derecho, miembro del Comité de Facultad – y creo que también del CU, el Comité Universitario – y me ofrecieron la posibilidad de aceptar el puesto de dirección que en la época era obligado en la organización del Partido, el de responsable de cristianos en la Facultad, o así le llamábamos en aquel tiempo, en el que en ella éramos miembros del PCE lo que nos parecía un número muy importante, 95 estudiantes. Mi misión era organizar y desarrollar un debate entre los estudiantes que se definían como cristianos en su militancia en el PCE, teniendo en cuenta que en la época el diálogo sobre cristianismo y revolución era un elemento de formación ideológica muy relevante. Organicé entonces una reunión en la que deberíamos discutir dos textos que habían aparecido en Nuestra Bandera, uno de Manuel Sacristán, otro de Alfonso Carlos Comín. Mi poder de convocatoria se demostró desastroso, porque solo acudió a la reunión un estudiante de primer curso, hoy magistrado de lo contencioso en el TSJ de Andalucía oriental, domiciliado en Sevilla, que sigue siendo una persona espléndida, trabajadora infatigable y un jurista riguroso y garantista. No recuerdo donde nos reunimos, debía ser su casa, porque tras un pequeño resumen por mi parte sobre el objeto de la reunión, extrajo de un cajón un LP (vinilo) envuelto en cartón, en cuya portada solo se leía el nombre del cantante, Ovidi Montllor, y en la esquina superior izquierda el título: A Alcoi. Estuvimos escuchándolo y comentándolo las dos horas y media que duró la reunión - ¿a quién le interesaba ya discutir lo de cristianos en el partido y comunistas en la iglesia? -, fijando la traducción al castellano de algunas expresiones, disfrutando la voz grave y la capacidad interpretativa de ese cantautor que para mi era desconocido. Debatimos sin embargo sobre algunos aspectos del texto sostenido por la música. En concreto sobre la traducción de Va com va. Mi joven camarada mantenía que la traducción literal debería significar “Depende”, yo insistía en que realmente lo que quería decir es “así están las cosas”. Por eso el desenlace de la canción:

Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient

El va com va

Pensa que sols diré fins que més no podré

Va com vull, com volem

Este es mi recuerdo de ese primer conocimiento del cantautor de Alcoi hace la friolera de 46 años nada menos. Mientras recuerdo muy bien este primer encuentro (aunque quizá no se ajuste a la realidad de las cosas, ese es el defecto de la memoria, pero aqui es irrelevante este extremo), mi desempeño como responsable de cristianos no fue desde luego muy exitoso. Solo una reunión, quizá otra más, con idéntico fracaso. En octubre de 1975 comencé mi servicio militar en la IMEC del Aire, en Los Alcázares, y abandoné la organización de Universidad del PCE para pasar a la del Ejército, como era la norma. Pero desde luego creo que haber descubierto a Ovidi Montllor valió la pena y compensó todo el descalabro de la tarea política que me habían encargado. Además de su presencia en las pantallas – desde Furtivos hasta Con el culo al aire – sus canciones me acompañaron a partir de ese momento. Su álbum desde el Olympia de Paris con Toti Soler aún lo escucho, una vez desplazado el vinilo por el CD creo que ya al comienzo de la década de los 90.

A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida

Va com va

A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida

Va com va, va com va

O sea, que las cosas van así. Y no van muy bien, como dice la canción. No me refiero al ayer, sino  al ahora. Estamos en un momento en el que la presión sobre las instituciones y los sujetos que pueden impulsar un cambio democrático en nuestro país, es verdaderamente inaceptable. No se trata solo de esa capacidad de asedio y de erosión de las personas, las agresiones y las descalificaciones – que en el caso de Iglesias y Montero han conducido a una verdadera cacería mediática y popular, deshumanizando al personaje y construyendo paulatinamente un círculo de hostilidad generalizada contra estos dirigentes políticos – sino la absoluta impunidad con la que se practica el insulto y la descalificación personal y la categórica uniformidad con la que se transmiten a la opinión pública desde los medios públicos y privados más influyentes, sin limitaciones. La fórmula es conocida y se repetirá cuantas veces sea preciso hasta la aniquilación simbólica – pero no sólo – de los protagonistas destacados del discurso reformista y emancipatorio. A ello se une la utilización cada vez más evidente de las instituciones de garantía de los derechos en una dirección alienada con la erosión directa de la acción de gobierno, como ha sucedido con la última y criticadísima sentencia del Tribunal Constitucional, y antes con la cuestión de los indultos por la Sala de lo penal del Tribunal Supremo.

Esta ofensiva política, ideológica y mediática, que se acentúa ante cualquier iniciativa de reforma que pueda poner en cuestión la mitografía del dictador y la legitimidad del golpe de estado que fundaría el régimen franquista que sobrevivió a sus mentores totalitarios y criminales merced a la guerra fría y el apoyo irrestricto de los Estados Unidos, sólo puede ser compensada – nunca detenida – por las acciones reales de reforma que demuestren la capacidad de la política democrática para definir el nuevo mapa social atendiendo a la capacidad de decisión democrática expresada por la mayoría parlamentaria que sostiene el Gobierno de coalición. Es por tanto imprescindible que se demuestre que este gobierno es capaz de cambiar las cosas como queremos, como se han comprometido a hacer y la ciudadanía espera.

La subida del salario mínimo siempre postergada con argumentos tecnocráticos que reiteran las tesis neoliberales que chocan decididamente con una nueva orientación política en la fase post-pandemia de la presidencia Biden, la urgencia de una reforma laboral de nuevo aplazada y contestada sobre la base de prejuicios ideológicos y de planteamientos de gestión empresarial basados en la devaluación de las condiciones de trabajo y empleo como elementos característicos de la precariedad laboral que se defiende como la única forma de obtener beneficios, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la remodelación de las formas de organización de empresa, todo ello son elementos básicos y estructurales de un cambio que tiene que llevarse a efecto. De lo contrario, bajo la presión institucional, mediática e ideológica del discurso deslegitimador y muy agresivo de la derecha política, la inacción del gobierno se leerá como impotencia de la democracia, que solo puede suscitar desafección ciudadana o desplazamiento de la acción política fuera del espacio institucional, confrontando directamente con él.

Dicen los que saben conducir que cuando el automóvil se desliza en una curva mal peraltada en un firme deslizante, es conveniente acelerar para salir adelante, no frenar, que conduce a la pérdida de control del vehículo y al desastre. Esa es la receta para la situación actual. Que se hagan las reformas que queremos y a las que se ha comprometido el Gobierno en su programa. Que cesen los obstáculos internos en el seno de la coalición de gobierno. Que sepan todas las gentes que es posible mejorar su situación social, garantizar realmente sus derechos, proteger lo común y promocionar lo colectivo, avanzar en la seguridad de su existencia, encontrar un trabajo decente y estable que permita vivir dignamente.

El futuro inmediato puede y debe ser diferente y mejor. Como pensaban esos dos lejanos personajes que escuchaban a Ovidi Montllor compartiendo un proyecto de sociedad más justa, más solidaria, radicalmente democrática, en la que pudieran sentirse felices y satisfechos de haber acompañado el esfuerzo colectivo por hacerla realidad. Como entonces, ahora. Quizá por eso en la noche del 21 de julio se pudo escuchar en Madrid esa antigua canción de resistencia y de esperanza.

 

 

jueves, 15 de julio de 2021

ALARMA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 


(En la foto, izado solemne de la bandera de España en el 41º aniversario del Tribunal Constitucional)

No es prudente comentar las decisiones judiciales sin tener el texto completo delante. En este caso, conocemos solo la parte dispositiva de la Sentencia de ayer, 14 de julio, en la que se declara, por seis votos contra cinco, inconstitucional “los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7” del RD 463/2020, de 14 de marzo, sobre limitación de la libertad de circulación de las personas, y el apartado 6 del art. 10 en la redacción del RD 465/2020, de 17 de marzo, en cuanto considera no conforme con la constitución la habilitación al Ministro de Sanidad para “modificar o ampliar” las medidas, lugares, establecimientos y actividades en el ámbito comercial, espectáculos, hostelería y afines, por razones justificadas de salud pública.

Parece que el razonamiento de la mayoría del Tribunal ha seguido la estela de los motivos que en las páginas de El País hizo público Manuel Aragón – el alma de la Sentencia del 2010 contra el Estatut de Autonomía catalán, por cierto -, para quien era más garantista acudir a la declaración del Estado de excepción, sin complejos, ya que “las garantías del estado de excepción son incluso superiores al de alarma, por lo que debe huirse de cualquier consideración anclada en el franquismo”. Parece por tanto que la figura de excepción que corresponde a la lucha contra epidemias o pandemias – que están mencionadas explícitamente entre los motivos que habilitan al gobierno a declarar el estado de alarma en el at. 4 de la LO 4/1981 – es la del estado de excepción, que se prevé para graves alteraciones del “libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público”. La autorización del congreso debe ser previa a la adopción del mismo por el gobierno y la duración de este período de grave suspensión de derechos fundamentales no puede exceder de treinta días prorrogable por otros treinta.  Es evidente que de haber procedido el Gobierno como pretende ahora la mayoría del Tribunal constitucional no habría podido actuar eficazmente mediante el confinamiento contra la pandemia, y por consiguiente los efectos letales de esta sobre la población habrían sido mucho mayores. Pero eso no parece que sea un dato que tenga interés para los magistrados de la mayoría, al contrario, posiblemente les reconforte en su decisión.

El fondo de la cuestión, la incorrección evidente de la decisión mayoritaria de los magistrados del TC lo pueden consultar los y las amables lectoras de este blog en el razonado y razonadísimo texto que ha publicado el 12 de julio Javier García Roca también en el periódico El País, pero que se ha reproducido en este enlace de acceso gratuito:  https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1213300 . En él García Roca desgrana con total sencillez y claridad las razones por las que la declaración del estado de alarma es plenamente constitucional, por qué el Gobierno no se equivocó al declarar el estado de alarma y el Congreso tampoco al ratificarlo. He aquí un resumen de las mismas: El Tribunal constitucional debe reconocer la constitucionalidad de la ley cuando cabe al menos una, de entre las interpretaciones posibles, que salva la constitucionalidad de la misma. El artículo 4 b  de la LO 4/1981 permite al Gobierno declarar la alarma cuando se produzca “una crisis sanitaria, tales como epidemias”. Justo el supuesto que nos ocupa. El claro tenor de la ley no reclama mayores interpretaciones. La opción del Gobierno es una decisión política, muy libre en tiempos de emergencia, y los controles jurisdiccionales de la misma no pueden ser intensos. Finalmente, el RD 463/2020 no procedió a “suspender” derechos fundamentales. No puede confundirse “suspender” derechos, es decir, hacer desaparecer su eficacia al modo de una derogación transitoria de la norma, con “limitar” o “restringir” esos derechos, respetando su contenido esencial, para proteger otros derechos -no menos constitucionales- de millones de personas como son la salud y la vida. Limitar la libertad de circulación y otros derechos para impedir el contagio es un fin muy legítimo, tiene control de proporcionalidad por los Tribunales, y no supone suspender los derechos fundamentales. Estimar inconstitucional la declaración del estado de alarma al confundir “restringir” con “suspender” derechos es poner el carro delante de los bueyes, e incumplir la ley orgánica que regula los estados de emergencia siguiendo una habilitación constitucional.

El TC – sigue manteniendo García Roca -  no puede sustituir al legislador orgánico, traspasando la reserva constitucional, para identificar los supuestos de hecho habilitantes de la alarma o la excepción, aunque declarase inconstitucionales sus normas, que no se han impugnado, porque esa es una decisión política de oportunidad que corresponde al poder constituyente y subsidiariamente al legislador democrático. Por último, el equilibrio constitucional se mantiene al preservarse el control parlamentario y los controles jurisdiccionales para impedir los excesos, respetar la proporcionalidad y determinar futuras responsabilidades por daños, lo que se ha hecho. Y concluye: “Si los controles constitucionales han existido, el Congreso ha hecho suya la alarma, y dista de ser evidente su inconstitucionalidad, ¿qué ganaríamos con una sentencia que impusiera el estado de excepción? Pues una grave inseguridad jurídica e inconstitucionalidades en cascada. Incrementar la fragmentación, la tensión y la confusión en una sociedad tan dividida no beneficia a nadie”.

Los efectos políticos de la comunicación de esta sentencia del TC no se han hecho esperar. Para Vox, el partido impugnante, “la mayor vulneración de derechos de la historia fue inconstitucional”, para a continuación mentir como suele ser su práctica, afirmando que “Solo VOX votó en contra”, lo que no sucedió puesto que apoyó la medida. Para el secretario general del Partido Popular, “el estado de alarma fue inconstitucional y las Comunidades Autónomas no saben qué aplicar ahora para luchar contra el virus. La respuesta jurídica a la pandemia ha sido un completo fracaso del Gobierno”, cuestión en la que insiste Pablo Casado señalando que “tal y como le advertí a Sánchez en el Congreso, su estado de alarma era un estado de excepción encubierto que desbordaba nuestro marco constitucional”, para terminar con la idea la utilización de la pandemia como fórmula autoritaria: “Aprovechó el Covid para amarrar su poder”. Ciudadanos parece que no ha encontrado tiempo para comentar este asunto.

Este es el objetivo directo de la sentencia. Deslegitimar la acción de gobierno ante la terrible amenaza que supuso la pandemia y sus efectos letales. Apoyar por tanto los esfuerzos continuos de la oposición en socavar la fundamentación democrática de las medidas que el gobierno adopta, y en este caso, en un tema que ha sido clave en el año y medio que hemos ido sufriendo las consecuencias del confinamiento y los cambios sustanciales en nuestra manera de relacionarnos y de trabajar. Dificulta claramente las medidas que las CCAA puedan adoptar en el inmediato futuro para combatir la quinta ola del COVID-19. Y se alinea claramente con una posición política minoritaria que no está respaldada por las mayorías parlamentarias que han sostenido la respuesta de los poderes públicos ante la gravísima crisis sanitaria y económica desarrollada por el virus.

El Tribunal constitucional se ha desprestigiado plenamente con esta sentencia, que nunca debió ser adoptada por esta mayoría exigua de seis contra cinco. Se ha resuelto en un Tribunal que debería ya haber sido renovado, es decir, un Tribunal cuya composición no refleja, como quiere la Ley Orgánica que lo regula, la conexión con las mayorías políticas que conforman los órganos legislativos de la Nación. No es necesario recordar que es el Partido Popular el gran adalid de la insumisión constitucional explícita, que niega cualquier cambio democrático y rechaza su obligación constitucional tanto en este caso como en la más conocida oposición a que se renueve el CGPJ después de dos años y casi nueve meses de que este órgano haya caducado. Además el Tribunal constitucional debería tener doce miembros, no está completo ante la dimisión de Fernando Valdés, y en consecuencia el resultado podría haber sido de empate a seis que debería exigir el desempate por el voto de calidad del presidente, que ha manifestado que hará un voto disidente a la Sentencia mayoritaria. El Tribunal constitucional sitúa a nuestro ordenamiento en un espacio atípico y confrontado al resto de los países europeos, que en su práctica totalidad, han utilizado mecanismos de excepcionalidad social semejantes al estado de alarma de nuestra nación.

Cada vez con mayor nitidez se aprecia la toma de posición política contra la mayoría obtenida en las elecciones políticas de importantes estratos que anidan en las estructuras de garantía del sistema democrático de derechos y que conspiran para debilitar y suprimir el impulso democrático. El hecho es muy grave y conviene que la ciudadanía cobre conciencia de esta realidad, aprovechada por una derecha política cada vez más escorada hacia la deslegitimación total de la acción de gobierno, con el auxilio imprescindible de los medios de comunicación que la sostienen. También convendría que el gobierno y las fuerzas que lo apoyan, sepan que lo que está en juego no es la alternancia de poder bipartidista, que ya ha sido sustituido por una lógica multipartidos, sino algo mucho más profundo que pone en peligro la estructura de garantías democráticas, profundamente alterada y desviada de su función sustancial y del compromiso constitucional por una gradual reducción de la desigualdad económica y social.

La ventaja que tiene esta sentencia injusta, incorrecta e inconveniente es que hace saltar las alarmas democráticas. Urge renovar el Tribunal constitucional, hay que abordar sin falta la del órgano de gobierno de los jueces y proceder a una reformulación clara del respeto a la democracia que algunas fuerzas políticas pretenden eliminar. El objetivo central de este impulso negativo es el de evitar las reformas sociales e institucionales que están en el proyecto de cambio que las mayorías parlamentarias actuales posibilitan. El gobierno debe por tanto actuar en la dirección contraria a estas posiciones que buscan impedirlas. La mejor manera es seguir avanzando y cumpliendo las expectativas por las que ha sido elegido mayoritariamente. Un hecho que repugna al estado profundo y a las fuerzas políticas que solo conciben el sistema democrático como un espacio de dominio y de control sin cambios sustanciales en sus posiciones de privilegio.

 


lunes, 12 de julio de 2021

CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL PANORAMA POLÍTICO Y SOCIAL ESPAÑOL

 


El fin de semana pasado se cerró con el anuncio de una amplia remodelación gubernamental que ha sido masivamente comentada por los medios de comunicación. Han sido relevados de su puesto personas muy potentes en el entorno del mismo, desde su jefe de gabinete y celebrado spin doctor, hasta la vicepresidenta primera y el todavía secretario de organización del PSOE, y han accedido al gobierno personas más jóvenes y más enraizadas en la estructura del partido, con una mayor presencia de mujeres. Especialmente significativo parece ser el cambio en el Ministerio de Justicia, donde esperemos que pueda ponerse fin a la insumisión constitucional protagonizada por el PP y alentada por una buena parte de la judicatura que defiende la plena corporativización del órgano de gobierno de magistrados y magistradas. Ojalá.

Los cambios no nos deben distraer de las continuidades que se aprecian. Desde el punto de vista de la coalición que funda el acuerdo de gobierno, la remodelación ministerial no ha alterado el equilibrio general establecido en el acuerdo de coalición progresista de finales de diciembre de 2019 (17 a 5 ministerios y 1 vicepresidencia) ni tampoco ha supuesto cambio en las competencias y materias asignadas. En lo que respecta a UP, la mayor alteración se sufrió con el abandono de Pablo Iglesias de la vicepresidencia del gobierno para acudir como candidato a las elecciones autonómicas de Madrid en mayo de este año. Ahora Yolanda Díaz asume la Vicepresidencia Segunda tras la remodelación y el resto de ministerios y titulares siguen en sus puestos. No era desde luego el momento para mover el equipo – mucho menos con la polémica que había rodeado las declaraciones de Alberto Garzón sobre la restricción del consumo de carne roja – ni para alterar el equilibrio entre Podemos, IU, ECP y las llamadas confluencias.

El área de interior y defensa sigue en manos de dos exponentes del ala más conservadora del gobierno, como si fuera una condición implícita para poder relacionarse y comandar el aparato militar y las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando muchos de sus miembros están dando, especialmente en la policía, peligrosas señales de involución autoritaria. El área de economía también se mantiene estable y se refuerza con la promoción de Nadia Calviño a Vicepresidenta Primera, reafirmando la precedencia sobre el área de Trabajo y de derechos sociales que con tanto ahínco ésta defiende, como se pudo comprobar con el desplazamiento a Vicepresidenta tercera de Yolanda Díaz en la sustitución de Pablo Iglesias. La continuidad de la Ministra de Economía y ahora Vicepresidenta primera no debe ocultar los cambios importantes que se han producido en su equipo de trabajo del área económica en mayo de este año, comenzando con el relevo en la secretaría de estado de Ana de la Cueva, y prosiguiendo con su jefa de gabinete, Carmen Balsa, y otros tres altos cargos (https://www.elindependiente.com/economia/2021/05/11/cinco-altos-cargos-del-area-economica-abandonan-el-gobierno-en-menos-de-dos-meses/) Pero esa mudanza no parece alterar los ejes centrales de su pensamiento ni el sentido de sus alianzas con sectores sociales y económicos del país, demasiado anclado en la defensa de un enfoque económico deudor del modelo de gobernanza europea de la crisis que sin embargo va siendo progresivamente sustituido en las instituciones financieras europeas y globales, como el BCE y el FMI, así como en la nomenclatura decisiva de la alta burocracia europea, alguno de cuyos miembros ocupan ahora posiciones de gobierno de estados miembros, como Mario Draghi, y plantean políticas expansivas muy contrarias al paradigma neoliberal defendido de manera impetuosa frente a las propuestas de regulación que defiende el área de Trabajo.

El cambio de gobierno ha sido recibido por la oposición muy negativamente. La oposición de derechas insiste en afirmar que el problema es el presidente del gobierno, olvidando que éste lo es por haber obtenido la mayoría parlamentaria necesaria para su investidura tras las elecciones de noviembre del 2019. Los adjetivos que se utilizan para articular la crítica son cada vez más hirientes. Vox habla de secuaces y de cómplices, un gobierno “de la mentira, de la ruina, de la muerte y de la división de España”, pero el PP no se queda atrás afirmando que lo que queda es “caos, despilfarro y radicalidad” en la labor del gobierno “con los comunistas de su insomnio (del Presidente Sánchez) y los secesionistas mandando”, una idea que remacha su líder lanzando variados improperios adicionales sobre el presidente del gobierno. Ciudadanos es menos tajante aunque habla de “cambiazo” al país con un mero cambio de caras, e insiste en excluir del “constitucionalismo” a la mayoría que sostiene el gobierno constitucional. Sin embargo, la casi segura irrelevancia electoral de este partido permite al PP considerarse la fuerza en ascenso de la oposición que mantiene importantes espacios de poder autonómico y local y que controla una buena parte de la opinión a través de los medios de comunicación a partir de los cuales afianza una hegemonía cultural evidente, cuya importancia estratégica se puede verificar con la inmediata intervención del gobierno de Ayuso sobre Telemadrid. El PP además encuentra apoyo seguro en una buena parte del estado profundo y su calculada insumisión constitucional respecto de la renovación del CGPJ o del Tribunal constitucional sabe que no le va a producir ningún coste político superior al beneficio evidente que le genera.

Esta potencia ideológica, económica y cultural del PP, que sin embargo se traduce en impotencia para obtener el gobierno de la nación cuando se han de repartir tantos millones de euros en el contexto del llamado plan de recuperación y resiliencia que previsiblemente redunde en un repunte del crecimiento y una mejora del nivel de vida general en los próximos dos años, le provoca esta desazón que se expresa en la tosquedad de su discurso y que está forzando una estrategia de deslegitimación de actores políticos connaturales a una democracia madura- la izquierda del PSOE,  en especial UP, ya identificada exclusivamente como “los comunistas”, y los partidos nacionalistas e independentistas – pero también sociales, y en donde la amenaza a sectores económicos tradicionalmente afines – las finanzas, el empresariado y la Iglesia Católica - está cobrando cada vez más peso. Aunque el que ha expresado mejor esta idea es el ex presidente Aznar con respecto al apoyo a los indultos – “Son días para apuntar, para tener en la cabeza y no olvidar” – es evidente que las amenazas directas del PP a la CEOE y a su presidente Antonio Garamendi  – que felizmente pudo recibir el merecido apoyo unánime de su organización – han influido decisivamente en el cambio de actitud hacia el diálogo social que en los últimos días ha mantenido la patronal.

Hay que tener en cuenta que a finales de junio, por vez primera, el líder del PP cuestionó seriamente la validez de los acuerdos del diálogo social que sin duda constituyen uno de los activos más importantes de la labor del Gobierno de coalición. Con desparpajo y rabia, Casado no acepta el acuerdo entre los interlocutores sociales como un método de gobierno, ni siquiera la idea del acuerdo. “Oiga, que esto lo he hablado con los sindicatos y con la patronal” – mantiene que le indica el Gobierno -  “¿Y a mí qué me importa? ¿Qué español ha votado a los sindicatos y a patronal? Como si me viene del círculo de tenis. Oiga, este es un Parlamento de una nación cinco veces centenaria (…) Quienes tiene que decidir, “son los españoles a través de sus diputados y senadores”, porque de lo contrario se produce un “vaciamiento del parlamentarismo”. Y, siempre en la opinión desenfadada del líder del PP, “¡Pero bueno, oiga, esto qué es! Es que voy a acabar negociando una ley con el padre Ángel. O con un deportista. O con un chef. Esto es una democracia. Aquí se vota y aquí se tiene una representación en el Parlamento”.

La tosquedad del mensaje, que lleva consigo la ignorancia plena de la trascendencia institucional de sindicatos y asociaciones empresariales que se reconocen en el art. 7 de la Constitución para la defensa de los intereses económicos y sociales que le son propios, al lado de la democracia pluralista de partidos en el art. 6 de la misma, significa ante todo una advertencia: la primacía de la decisión política que tiene que adoptar el partido respecto de la orientación de las reformas que se puedan estar llevando a cabo sobre cualquier pretensión autónoma de las organizaciones económicas tradicionalmente alineadas con la derecha. Es por tanto una llamada al orden, una advertencia seria a la CEOE-CEPYME para que haga suya la postura de enfrentamiento total al gobierno de coalición y abandone ese pragmatismo inteligente que le ha permitido participar y de alguna manera administrar no solo las consecuencias de la crisis, sino el proceso de construcción de nuevos derechos que se ha ido decantando en este año y medio tan complicado.

Esto explica el cambio de paso que la CEOE ha introducido a la dinámica del diálogo social tras analizar el documento del gobierno sobre la reforma que aparece en la ya famosa Componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia que le compromete a culminar las medidas allí esbozadas antes de que termine el año 2021. Solo una semana después de la severa advertencia del PP, la asociación empresarial denuncia una “aproximación marxista al mercado de trabajo” (sic) del documento del gobierno, entiende que se trata de un texto “intervencionista y regresivo” y que, a su juicio, puede provocar una “destrucción de empleo inesperada”. Y una semana después, CEOE-CEPYME da un paso más y exige públicamente al Gobierno que retire su propuesta sobre los contratos temporales y presente una nueva. Es evidente que la cultura de la temporalidad está muy arraigada entre empresarios y gestores, con especial inserción en algunos sectores fundamentales del crecimiento económico asistido, como el de la construcción y obras públicas, lo que explica las fuertes reticencias a frenar la precariedad laboral, pero además la CEOE entiende que de esta manera fortalece su posición defensiva no ya como hasta ahora negociando a la baja las propuestas de reforma con la ayuda fundamental del área económica del gobierno, sino imponiendo una desautorización en regla al documento del Ministerio de Trabajo, lo que le permite una mayor sintonía formal con las orientaciones del PP y utilizar esa “firmeza” como la manera de alterar la dinámica del proceso de diálogo social.

Es sin embargo un cambio de estrategia que ha sido lógicamente criticado por los sindicatos, que en un comunicado conjunto de CCOO y UGT han denunciado este intento de bloqueo de la negociación afirmando que “discutir a estas alturas que tenemos una temporalidad desmedida, y que esa temporalidad no solo provoca precariedad, sino que es ineficaz desde un punto de vista de mejora de la productividad de las empresas y la cualificación del trabajo, es estar en contra no de los sindicatos o del Gobierno, sino de la Comisión Europea y de las recomendaciones para España del semestre europeo”. Es ineludible revertir la reforma del 2012, impuesta unilateralmente, que generó enormes desigualdades y un desequilibrio profundo de las relaciones de poder, lo que lleva a CCOOO y a UGT a afirmar que “si CEOE y CEPYME van a continuar por la vía del bloqueo en la negociación, el Gobierno va a tener que avanzar en el terreno legislativo para ser coherente con su programa, con las necesidades de nuestro país y con los contenidos del componente europeo que hemos comprometido y que se concreta en reformas e inversiones”.

Es de suponer que la patronal conoce los costes de esa nueva posición de fuerza que le lleva a desautorizar la negociación emprendida por el Ministerio de Trabajo, y a exigir un nuevo contenido de la propuesta de diálogo, posiblemente segura que en ese pulso con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos la victoria final les pertenece, con la ayuda siempre fiable del área de Economía del gobierno con la que se siente en sintonía. Hasta el momento sin embargo, su posición de pragmatismo inteligente, colaborando y participando en el resultado final de lo negociado, había dado muy buenos frutos. Pero no se sabe cuál puede ser el resultado de esta nueva posición de la CEOE-CEPYME, teniendo en cuenta la respuesta que las otras partes de la negociación pueden dar a este cambio de tercio. Será posiblemente después del verano cuando comprobemos qué hay de cambio y qué de discontinuidad en el proceso de diálogo social para la ineludible reforma legislativa de los asuntos pendientes: contratación temporal, subcontratación, negociación colectiva entre los temas más relevantes. Pero lo que parece definitivo es que el compromiso adquirido en la Componente 23 con la Unión Europea se tiene que cumplir en los plazos establecidos. Con o sin acuerdo entre los interlocutores sociales, porque como diría Casado, la soberanía al final reside en las mayorías parlamentarias que sostienen al gobierno progresista.

 

 


lunes, 5 de julio de 2021

CANSANCIO

 


Los docentes universitarios llegamos a julio muy cansados. Este año especialmente, porque el curso ha sido muy complicado y tenso, siempre con la previsión de evitar los contagios, establecer reglas precisas, reinventar la enseñanza entre tantos problemas. Llega julio y nos espera corregir los exámenes, poner al día las guías de estudio, cerrar los trabajos fin de grado (TFGs) que se presentan, siempre con prisas, a la segunda convocatoria, a partir del 20 de julio. Acabar los escritos que hemos comprometido para “antes del verano”, creyendo que el lapso de tiempo que mediaba hasta entonces era suficiente para conjurar la obligación asumida. Comprobar que hay sólo hasta final de julio para “aplicar” – frecuente anglicismo extendido por doquier – a las ayudas convocadas justo a comienzos de mes, confiar en que los vicerrectores de profesorado de nuestras universidades consigan rebañar algún recurso adicional y darnos satisfacción a las plazas solicitadas, que salen a concurso precisamente ahora, todos conscientes de que no se podrá comenzar el curso que viene con los contratos firmados tras el proceso de puntuación y valoración del concurso.

Hace muchos años, tantos que nadie los recuerda, que el período de vacaciones  no coincide, como entonces, con la estación del verano. Julio es un mes plenamente laborable y comprometido para el personal docente e investigador, que ha de reemprender su trabajo a primeros de septiembre, todavía con la indeterminación de cual sea el nivel de seguridad en el trabajo que vamos a poner en práctica. Es natural que el final de curso suponga la última cuesta arriba del corredor de fondo en el que se ha convertido, ya desde hace tanto tiempo, el profesorado universitario. Es normal el cansancio.

Pero en estos primeros días de julio, el cansancio ya no es solo físico o mental. No se trata tampoco de la fatiga informática que dentro de poco tiempo constituirá una de las enfermedades y molestias profesionales más extendida. Es un cansancio moral, posiblemente muy personal, que se deriva de hechos externos que irrumpen en nuestra cotidianeidad a través de las noticias y de las redes sociales.

Han asesinado a un chaval en Coruña al grito de “maricón”. Le han pateado hasta la muerte. Y cada vez se conocen más incidentes en los que se insulta y se agrede a otras personas en razón de su diversidad sexual.

Han condenado a una dirigente política de izquierda que  hace años, cuando no era aún conocida dirigente de Podemos, formó parte de un grupo de personas que se concentraron para evitar el desahucio de una persona discapacitada, y ha sido condenada sobre la base de que se produjo una agresión a la fuerza pública durante la misma. Pero no se ha probado que la imputada participara en esa agresión. Los agentes de la Policía Municipal de Madrid que situaron a la diputada regional como una "de las cabecillas" de los disturbios, no han logrado probarlo. Dice la prensa que durante el juicio, “la Sala exhibió un centenar de vídeos de los hechos, en los que la imputada solo aparecía en tres ocasiones. Dos de ellos de pie, mirando al resto de los congregados y en otro, andando en dirección contraria a los altercados. Ninguno de los vídeos mostraba a la joven insultar o agredir a los agentes de la autoridad”. Para el Tribunal Supremo, la condena no se basa en que la recurrente empujase a algún agente o lanzase objetos contundentes contra los policías municipales. La condena se construye sobre una imputación recíproca. Al estar en un grupo en el que se acomete colectivamente contra los agentes, este hecho no permite discriminar entre unos y otros para examinar de manera artificiosamente atomizada lo que cada uno hace: todos son responsables de un atentado por esta acción intimidatoria adobada de componentes agresivos. Isa Serra ha sido condenada así a 19 meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio activo porque habría sido un artificio probar su participación directa en el atentado a los agentes de la autoridad.

El cartel que VOX presentó como gran atracción electoral en mayo de este año, en el que mentía descaradamente sobre los Menores No Acompañados (MENAS) niños y niñas separados de sus padres, insistiendo en la estigmatización racista de estas personas, ha sido enjuiciado por un tribunal que ha entendido no sólo que es plenamente lícito presentar una propaganda falsa y racista, sino que ha añadido que, con independencia de su veracidad, las ideas que lo sostienen están justificadas porque “los menores extranjeros no acompañados constituyen un evidente problema social y político”, y además porque “no es posible prohibir estas ideas, mientras han de admitirse otras, de signo contrario, pero tan criticables o más que aquellas”. No es posible prohibir el racismo y la mentira estigmatizante de esos cuerpos de unas personas menores de edad, separados de sus familias porque las ideas “de signo contrario”, es decir el antirracismo y la protección de los niños, son “tan criticables o más” que las que presenta el cartel electoral de ese partido. El respeto a la vida, la dignidad de la persona y el cuidado de la infancia son tan criticables “o más” que la vejación de los cuerpos racializados y la mentira consciente que pretende arrebatar la condición de persona a los mismos.

Hoy se cumplen 974 días – dos años y ocho meses – con un Consejo General del Poder Judicial caducado. El Partido Popular se niega, en un acto de insumisión constitucional clara, a renovarlo, como también otros órganos fundamentales, como el Tribunal Constitucional. Quiere forzar de ese modo el cambio legislativo para excluir al órgano de gobierno de los jueces de cualquier control democrático parlamentario. Nadie parece sentirse a disgusto en esta situación. El Ministro de justicia tuerce el gesto pero hace de Don Tancredo. La tolerancia plena frente a la vulneración flagrante y consciente de las reglas constitucionales. Toda una señal para los sectores más ideologizados y activos de la judicatura, cada vez más conscientes de su rol directamente político en la deslegitimación de instituciones y valores democráticos.

Comienzo de julio. Un enorme cansancio que proviene de la rabia contenida, de la impotencia. Que la amable audiencia excuse este desahogo estival. Mañana bajarán las temperaturas.

 

 


jueves, 1 de julio de 2021

EL TRIBUNAL SUPREMO CAMBIA DE CRITERIO EN LOS SUPUESTOS DE INTERINIDAD POR VACANTE

 


Se ha divulgado en las redes sociales especializadas la importante Sentencia del Tribunal Supremo 649/2021, de 28 de junio, en el que el pleno de la Sala Cuarta de este Tribunal procede a cambiar su criterio respecto del tratamiento jurídico de los interinos por vacante tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2021 en el asunto IMIDRA (C726/19). Se trata de un episodio más en la relación conflictiva (que eufemísticamente llamaremos diálogo) entre los Tribunales europeos y españoles sobre el tratamiento de la temporalidad extendida no solo en el sector privado, sino de manera muy relevante en el área pública.

La STJUE de 3 de junio de 2021 en el asunto IMIDRA (C726/19) ha sido comentada por el magistrado del TSJ de Catalunya, Miquel Falguera, en el próximo e inminente nº 94 de la Revista de Derecho Social insertando este fallo en una larga secuencia de decisiones del TJUE que evidencian que nuestro modelo legal – y su desenvuelta aplicación jurisprudencial - choca con el estándar europeo fijado en el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada).

Es en efecto una relación un tanto tormentosa, en la que el Tribunal Supremo intenta siempre reducir los efectos garantistas que se derivan de las indicaciones del Tribunal de Justicia respecto de una práctica consolidad de la precariedad, como emblemáticamente sucedió con la Sentencia De Diego Porras en el 2016 que no solo generó la constitución de un grupo de expertos en el seno del Ministerio de Trabajo  sobre la contratación y extinción del contrato de los trabajadores interinos, sino que forzó una ofensiva diplomática que llevó a que el propio presidente del Tribunal de Justicia reconociera que se habían equivocado y a rectificar su doctrina dos años después en De Diego Porras 2. Pero el “contexto” normativo español – que parece que fue el elemento definitivo para que Koen Lenaerts, presidente del TJUE entendiera que la sentencia no lo había ponderado suficientemente – ha seguido produciendo los suficientes supuestos de vulneración de la Directiva como para que una diligente labor de algunos magistrados y magistradas de los Tribunales Superiores de Justicia insistieran en interponer cuestiones prejudiciales ante el TJ en la que cuestionaban tanto la instalación de la eventualidad como elemento estructural de la formación de las plantillas en el sector público, cuestión agravada ante la congelación de plantillas y paralización de las ofertas de empleo público derivadas de las políticas de austeridad llevadas a cabo por el Partido Popular a partir del 2011, como la insuficiente garantía judicial para remediarla por obra de una jurisprudencia muy restrictiva del Tribunal Supremo.

Este es el caso de la cuestión prejudicial elevada por el TSJ de Madrid – que ha sido especialmente combativo en esta cuestión - en un caso de interinidad por vacante que ha dado lugar a la Sentencia del asunto IMIDRA en el que el punto fundamental planteado era dirimir si  el establecimiento de un contrato temporal como el de interinidad por vacante, que deja al arbitrio del empleador su duración, al decidir si cubre o no la vacante, cuándo lo hace y cuánto dura el proceso, amparado por las restricciones derivadas de la crisis, eran conformes con la cláusula 5ª de la Directiva 1999/70 sobre utilización abusiva de la contratación temporal. De esta manera, el TJUE ha entendido que el derecho europeo  “se opone a una normativa nacional, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia nacional, que, por un lado, permite, a la espera de la finalización de los procesos selectivos iniciados para cubrir definitivamente las plazas vacantes de trabajadores en el sector público, la renovación de contratos de duración determinada, sin indicar un plazo preciso de finalización de dichos procesos, y, por otro lado, prohíbe tanto la asimilación de esos trabajadores a «trabajadores indefinidos no fijos» como la concesión de una indemnización a esos mismos trabajadores. En efecto, esta normativa nacional, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no parece incluir ninguna medida destinada a prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada” Y además, “consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada”.

El Tribunal Supremo, al abordar un recurso de casación en unificación de doctrina un supuesto análogo, planteado por la asesoría jurídica de CCOO de Granada, decide cambiar su doctrina, no sin antes manifestar su descontento por entender que “no se reconoce” en el resumen de su doctrina sobre los interinos, sea por “ la errónea comprensión de nuestra jurisprudencia”- con lo que alude al Tribunal de Justicia - o bien “por una deficiente traslación de la misma al TJUE” – con lo que critica a la sala del TSJ que planteó la cuestión prejudicial por desenfocar su doctrina– pero una vez desahogado su malhumor ante la necesidad de corregir su interpretación, como “en la interpretación del derecho interno, los órganos judiciales nacionales estamos obligados a garantizar el resultado perseguido por el Derecho de la Unión y evitar el abuso en la contratación temporal constituye objetivo básico del mismo, la interpretación del contrato de interinidad debe tener en cuenta, además de los aspectos técnico jurídicos, la situación del trabajador interino, sus expectativas y la actividad desplegada por la Administración como entidad contratante”, por lo que “una duración excesivamente larga del contrato de interinidad debida, exclusivamente, a la falta de actividad administrativa dirigida a la cobertura definitiva de la plaza debe ser tenida en cuenta como elemento decisivo en orden a la configuración de la decisión judicial sobre la duración del contrato”. En este sentido, “las diferentes normas presupuestarias que, a raíz de la crisis del 2008, paralizaron la convocatoria de ofertas públicas de empleo”, cuya racionalidad y funcionalidad el Tribunal Supremo entiende plenamente justificadas, ya no pueden ser, tras el asunto IMIDRA, “el dato decisivo para entender justificada la dilación en el tiempo de los procesos de convocatoria y cobertura de vacantes, que legitimaban la concertación y el mantenimiento de los contratos de interinidad.”

El resultado es conocido. Una vez superado el plazo de tres años que marca el art. 70 EBEP la interinidad por vacante se considera un contrato indefinido no fijo, de forma que cabe la acción de reconocimiento de derecho (reclamando el carácter indefinido no fijo del vínculo contractual), o bien, una vez extinguido el contrato por cobertura de la vacante,  el derecho a ser indemnizado con 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades, como está establecido para esta categoría (Cfr., en este mismo blog https://baylos.blogspot.com/2021/06/indefinidos-no-fijos-un-analisis.html) . La Sentencia del Tribunal Supremo, como en general su doctrina, tiene en esta figura su límite máximo, aunque eso en definitiva supone la contradicción de hacer girar en torno a una figura temporal el horizonte de protección frente al abuso en la contratación temporal que señala el marco europeo, como críticamente señala Miquel Falguera en el comentario a la STJUE de 3 de junio de 2021 en el asunto IMIDRA (C726/19) al que se ha aludido.

A partir de ahora, por lo tanto, todos los interinos por vacante que superen el plazo de tres años del art. 70 EBEP, pueden ver reconocida su condición de indefinidos no fijos mediante la declaración judicial de la misma, ya que la Administración no puede reconocer de oficio a este personal interino en función de la prohibición que establecen al respecto las LPGE. Piénsese que la STC 122/2018 de 31 de octubre, que resolvió un recurso planteado por Unidas Podemos sobre la nulidad de la inclusión en la ley de presupuestos de los preceptos relativos a las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público no afectó a esta normativa, puesto que se declaró la inconstitucionalidad exclusivamente del inciso el inciso «ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva”, manteniendo por tanto que “los órganos de personal de las Administraciones Públicas no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal”.

Finalmente, cabe plantearse que sucede con los centenares – o miles – de demandas planteadas ante los tribunales de este personal interino que han sido desestimadas por sentencia firme sobre la base de la doctrina del Tribunal Supremo hoy rectificada. ¿Se consideran cosa juzgada que no puede revisarse ante un Tribunal o puede plantearse que se abre una nueva posibilidad para estas mismas personas de acudir a los tribunales para el reconocimiento de su condición pasados los tres años que señala el art.90 EBEP? En todo caso, parece que es inminente el abordaje por parte del Gobierno de una propuesta de estabilización del personal interino y eventual en las Administraciones Públicas, y en la mesa de diálogo social, se han ya elaborado algunos muy interesantes proyectos que reformulan de manera radical la tipología y la causalidad de la contratación temporal, intentando así romper la cultura empresarial creada en torno a estas figuras como formas de ajuste de empleo y de disciplinamiento social. Seguiremos atentamente la evolución de estos temas.


martes, 29 de junio de 2021

PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE EL PACTO DE LAS PENSIONES.

 


Aunque hoy abren los noticiarios con una redada policial de un conocido caricato y empresario acusado de estafa, fraude fiscal y blanqueo de dinero del crimen organizado, la noticia más atractiva para los laboralistas es el  Pacto alcanzado entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con los sindicatos CCOO y UGT y las asociaciones empresariales CEOE-CEPYME. Todavía no conocemos el texto concreto de este acuerdo, pero las informaciones periodísticas y de los propios interlocutores sociales permiten aventurar unas primeras impresiones al respecto.

En primer lugar, aunque puede resultar demasiado obvio, se trata de un acuerdo social que se coloca al lado del acuerdo parlamentario entre partidos políticos que supone el llamado Pacto de Toledo, como una forma concreta de desarrollo del mismo. En efecto, las Recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 fueron aprobadas en noviembre de 2020 por la amplia mayoría del Congreso de los Diputados de 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones y su puesta en práctica se difería a los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social. Es un hecho relevante, puesto que se inserta en un conjunto de medidas de reforma necesarias para afrontar la fase post-Covid de la crisis sanitaria y económica, en el marco de un proceso de recuperación pilotado también por la Unión Europea. Este acuerdo, que se supone cobrará forma en un texto normativo que aprobará el Consejo de Ministros del 6 de julio próximo, supone la recuperación para el espacio de la participación democrática de los sindicatos y asociaciones empresariales más representativos del campo de la Seguridad Social. Una participación de los sujetos sociales a los que el art. 7 CE asigna una relevancia constitucional específica al incluirlos en el Título Preliminar de la Constitución, en paralelo a la participación política de los partidos (art. 6 CE), para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios, entre los cuales desde luego se encuentra todo el ámbito de la definición de la protección social a la ciudadanía.

La recuperación del campo de regulación del sistema público de Seguridad Social a que se refiere el art, 41 CE para la interlocución política de sindicatos y asociaciones empresariales es un dato muy importante porque pone punto final a un largo período de diez años en el que se ha evitado conscientemente abrir un espacio de interlocución política con las mismas en materia de Seguridad Social. Los rasgos acentuados de cesarismo que han mantenido los gobiernos del Partido Popular le condujeron a impulsar una reforma unilateral del Acuerdo Social sobre pensiones alcanzado en enero del 2011 apenas dos años después de puesta en práctica ésta, con lo que no sólo se desligaba de buscar un compromiso con los agentes económicos y sociales, sino que también evitaba la búsqueda de cualquier acuerdo en el Parlamento respecto de la regulación de las pensiones fuera del Pacto de Toledo. Para el anterior liderazgo del PP, era el gobierno legislador quien podía, sostenido por una mayoría absoluta, prescindir de cualquier acuerdo transversal en lo político o en lo social, básicamente orientado a la reducción de la cobertura de las prestaciones de seguridad social como el necesario recorte del gasto social en el que se hallaban comprometidos. No habían llegado todavía los tiempos en los que el líder de ese mismo partido justificara ese rechazo al diálogo social por entender que era contrario “a la soberanía popular” entablar un proceso de consultas con vistas a llegar a un acuerdo en materia laboral o de protección social con la representación institucional de los sindicatos y del empresariado y que este proceso se podía parangonar a una negociación con el club de tenis al que pertenece, o a un contrato con Master Chef o una entrevista con un cura párroco (https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/06/23/casado_aumenta_distancia_con_patronal_cuestiona_dialogo_social_compara_representatividad_con_del_circulo_tenis_que_importa_121986_1012.html) Así es el nivel de la discusión política desde la derecha hoy en día.

Es cierto que actualmente la Unión Europea ha suspendido las reglas de la gobernanza económica, de manera que la obsesión por recortar derechos e impulsar la privatización de la sanidad y la Seguridad Social que acompañaba a las políticas de austeridad, han remitido. Pero es asimismo evidente que en materia de pensiones, ha existido una presión social muy intensa a través de las movilizaciones de pensionistas que han posibilitado la inclusión de la reforma del sistema entre el programa del gobierno de coalición, sostenido por los sindicatos y las diversas corrientes del Movimiento de Pensionistas, que impulsaban una reforma más incisiva. La necesidad de llegar a un acuerdo para poder impulsar en tiempo las reformas comprometidas con Europa y la firmeza de los sindicatos en conseguir un texto que recogiera las reivindicaciones básicas al respecto, ha sido determinante de este pacto.

El Acuerdo así logrado tiene como referente de fondo al que se realizó en enero del 2011 y que se tradujo, ya en la fase de salida del gobierno del PSOE de Rodriguez Zapatero, en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Funciona como límite y como punto de partida del Pacto actual, en el sentido de que el conjunto de reformas que se incorporaron al ordenamiento como consecuencia de las exigencias de la gobernanza económica de la UE, de manera que la horquilla de la jubilación entre 61 y 67 años, con especial incidencia en el derecho incondicionado a la jubilación de 63 y la regla general de jubilación a los 65 y el correlativo aumento de los periodos de cotización necesarios para obtener el 100 % de la pensión de los 35 años que se preveían en el 2011 a los 38,5 o 37 para los que se jubilen a los 67, el fomento de la jubilación parcial y los incentivos al retraso en la edad de jubilación, la modificación del período de cómputo para la base reguladora  de la pensión de jubilación de 15 a 25 años y su despliegue temporal hasta el 2023, son los puntos más significativos de una reforma cuya reversibilidad no se ha planteado, posiblemente por entender que se trata de un punto de equilibrio que no sería posible hoy alterar, como tampoco lo consideró el programa de gobierno de coalición.

El objetivo actual  que se ha conseguido era el de eliminar las modificaciones que en el 2013 impuso unilateralmente el Gobierno del PP, rompiendo el equilibrio alcanzado en el Acuerdo del 2011, teniendo en cuenta que desde el punto de vista sindical éste obedecía a una estrategia defensiva, de resistencia ante el impulso al desmantelamiento de derechos que las políticas de austeridad implicaban. Pero la reforma sucesiva y unilateral del PP impuso dos elementos extraordinariamente negativos que se han removido ahora: la prohibición de revalorizar las pensiones y el llamado factor de sostenibilidad, que minoraba la pensión inicial en función de la esperanza de vida del colectivo de pensionistas. La garantía de suficiencia de las prestaciones en razón del incremento del IPC era además la reivindicación más fuertemente esgrimida por el movimiento de pensionistas. A ello se une otro tipo de prescripciones interesantes. El acuerdo incluye el compromiso del Estado como garante público del sistema de pensiones mediante la transferencia anual a través de los Presupuestos Generales del Estado al sistema de Seguridad social alrededor de un 2% del PIB y la obligación de realizar en el futuro las transferencias que necesite el sistema de Seguridad Social para garantizar su equilibrio financiero, atendiendo  al incremento de financiación adicional que se prevé necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050, al jubilarse la generación del baby boom. También se amplía con carácter indefinido la garantía jurídica prevista en el Acuerdo de Pensiones de 2011, para que las personas despedidas antes de 2013 que no han vuelto a encontrar trabajo tengan el “derecho de opción”, para que se les aplique la legislación de jubilación que les sea más beneficiosa, la llamada “cláusula de salvaguarda”.

Uno de los temas centrales del Acuerdo es el relativo a las jubilaciones anticipadas, cuyo modelo se revisa sustancialmente. Se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores, se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada involuntaria (ampliándose las causas de despido para acceder a esta modalidad a todas las causas objetivas como traslados forzosos, impago del empresario, modificación sustancial de condiciones de trabajo, etc.; anticipándose la edad de jubilación hasta 4 años), y voluntaria, con reglas específicas para que “nadie pierda” en esta modificación y se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades, cono trabajos penosos, jubilación demorada o jubilación activa. La nueva regulación de la jubilación forzosa, que tradicionalmente se confronta con el derecho al trabajo y la discriminación por edad, se limita a las personas con 68 años de edad y que tengan derecho a pensión completa, con la excepción de aquellos sectores en los que las mujeres estén subrepresentadas (sean menos del 20% del total de personas ocupadas) y siempre que se contrate, al menos, a una mujer. Se iguala en este marco los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar, se establece el compromiso de la pensión de viudedad para parejas de hecho y se extiende la obligación de cotización de todas las becas aunque no tengan carácter remunerado.

Por último, el Acuerdo es un texto abierto. Hay una serie de cuestiones muy importantes que se dejan para una siguiente fase de negociación y concreción. Entre ellas, la del llamado "índice de equidad intergeneracional", que debe sustituir al factor de sostenibilidad, pero también la cotización de los trabajadores autónomos por salarios reales, y otro tipo de propuestas como las que enarbolan los sindicatos: mejorar las pensiones mínimas y las no contributivas, elevar el tope máximo de cotización, revertir los recortes en desempleo y equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar y los eventuales agrarios, garantizar una dotación de personal de Seguridad social en consonancia con las exigencias derivadas de la organización y gestión de las prestaciones. Esta segunda fase debería culminarse en torno a noviembre de este año para que se pudiera cumplir el compromiso con la Unión Europea respecto de las reformas prometidas.

En resumen, el Acuerdo sobre pensiones se muestra como un paso adelante en la garantía de suficiencia, equidad y revisión periódica de las pensiones y por tanto como una reforma que camina en un sentido ampliatorio de los derechos del colectivo de pensionistas como condición de salida de la crisis en esta fase post-Covid. En este sentido es por tanto un dato positivo que muestra la importancia del diálogo social en la reconstrucción del tejido normativo que se está produciendo a lo largo de este tiempo de reformas y de cambios de progreso. Aunque le pese a la derecha política – y a una derecha económica fuertemente anclada también en sectores del gobierno – que querrían mantener el sistema en una dinámica de restricciones y recortes de prestaciones sobre la base de una pretendida estabilidad financiera dada y construida a priori con esa finalidad de mermar los derechos de ciudadanía y entregar una buena parte del sector de la protección social a la iniciativa privada.

 

 

 


sábado, 26 de junio de 2021

HUIDA AL TRABAJO AUTÓNOMO, RETORNO AL DERECHO DEL TRABAJO

 



Se publica aqui, en rigurosa exclusiva, el inicio del texto del editorial del nº 94 de la Revista de Derecho Social,  de inminente publicación a primeros de julio, que lleva por título "Falsos Autónomos y Derecho del Trabajo".

Hay una cierta pulsión en el sistema económico a la desregulación, entendiendo que el trabajo, como cualquier otra mercancía, debe ser intercambiada por su valor en un mercado específico, entre sujetos libres que planifican conscientemente su conveniencia en un marco institucional sin coerciones, sólo guiado por la satisfacción recíproca de intereses y de necesidades. El trabajador se presenta como una figura sin edad ni sexo, sin que se considere a sí mismo como un sujeto esencialmente subordinado en lo social, económico y cultural a un poder privado. Es una persona sin anclajes ni vínculos que se desenvuelve en un mercado de bienes y de servicios como un homo oeconomicus cuya identidad cultural se hace coincidir con la de un emprendedor individual que sabe extraer de su trabajo no solo la renta para sostener su existencia sino todo un proyecto de futuro y de progreso personal labrado individualmente. La larga hegemonía cultural del neoliberalismo durante ya más de cuarenta años ha ido fortaleciendo una cierta construcción de la subjetividad que ampara estas ficciones y que justifica las versiones políticas que impulsan la subordinación inmediata de la normativa laboral a las exigencias del mercado o a las inmediatas y atomizadas necesidades de la empresa, de manera que “la pasión dulce que Montesquieu veía encarnada en el comercio o en la búsqueda del beneficio” a la que alude Antón Fernández en su obra El sueño de Gargantúa. Distancia y utopía liberal, (Akal, 2021), tiene que ser el centro del sistema y alimentar estrategias de desintermediación y de desregulación en las relaciones laborales.

Desde hace mucho tiempo se han ido ensayando movimientos muy intensos de desregulación laboral, lo que en un artículo de la Revista Relaciones Laborales en 1992, Miguel Rodriguez Piñero y Bravo Ferrer denominaría “la huida del Derecho del Trabajo” , mediante la cual se producía el desplazamiento de las prestaciones de actividad al ámbito de los contratos civiles o mercantiles, es decir, la reconducción del trabajo al mercado y a las relaciones comerciales privadas entre individuos relacionados entre sí a través del juego de la autonomía de la voluntad, que era quien designaba el nomen iuris al cual se debían someter los contratantes.

En gran medida la presión hacia el abandono de la calificación de las relaciones de servicios como laborales y por tanto sometidas al Derecho del Trabajo, se explicaba en razón del coste económico que implicaba la laboralidad de las prestaciones de actividad y que se estimaba exorbitante por un lado porque se superponía la relación jurídico-pública de seguridad social sobre la relación jurídico-laboral, concretada en las contribuciones sociales, y por otro porque tanto la fijación de un suelo mínimo salarial por el Estado como, muy especialmente, la delimitación por la autonomía colectiva de salarios y condiciones de trabajo por sectores de actividad que superaban esos mínimos interprofesionales y determinaban a su vez límites a la capacidad de disposición de la fuerza de trabajo, impedían un ajuste salarial y un uso extensivo de la actividad laboral que sin embargo no se producía cuando ésta se colocaba más allá de los confines que marcaban el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo. Según estos pareceres, el coste del trabajo “formal” disuadía de crear empleo, el equilibrio tendencialmente automático de los factores del mercado laboral hacía que se retrajera la demanda de empleo o que se derivara hacia la informalidad, como sucedía emblemáticamente con la inmigración irregular o bien que se decantaran formas de trabajar fuera del Derecho del Trabajo, promovidas incluso por la norma legal a partir de la declaración de exclusiones expresas del ámbito laboral de algunos supuestos, como los transportistas con vehículo propio del art. 1.3 ET introducido en la reforma del Estatuto en 1994.

En ocasiones, estas estrategias de elusión de la aplicación del Derecho del Trabajo se justificaban por motivos menos prosaicos, al relacionarse en positivo con los valores de la libertad y la flexibilidad ligados a la autonomía que caracterizaba el ámbito de las relaciones civiles o mercantiles, el espacio del mercado, en donde se desplegaba la posibilidad de contratos libres sin sumisión a la rigidez del vínculo laboral, alejados por tanto de la subordinación y la rutina que llevaba consigo la inclusión en un círculo de hetero-organización que obstaculizaba la libre expresión de la capacidad de trabajo y su uso flexible en función de los intereses personales del sujeto que presta una actividad, produce un bien o efectúa un servicio para otro. Una argumentación que ennoblece, mediante la exaltación de la autonomía,  a nuevas profesiones y trabajos inmateriales, en general  a las prestaciones de servicios en el marco de las tecnologías de información y comunicación (TIC), con una reivindicación de independencia confrontada a la subordinación laboral.

El surgimiento de un nuevo paradigma, el del emprendedor y la reconfiguración política de esta figura como modelo de referencia social, construido en torno a una narrativa de tonos épicos que, como señalan Serrano Pascual y Fernández Rodríguez en un artículo publicado en Cuadernos de Relaciones Laborales  nº 36 (2018), populariza “la exaltación mesiánica de la capacidad transformadora, creadora y purificadora del emprendimiento”, convirtiendo al emprendedor en “redentor de una sociedad en crisis” , camina en la misma dirección del ennoblecimiento de la individualidad no sometida a la vinculación negativa del trabajo subordinado. El emprendedor no es tanto el empresario cuanto el trabajador autónomo e independiente creador de riqueza y enfrentado con éxito a enormes desafíos, fruto de su tesón y de la posibilidad de expresar libre y voluntariamente sus capacidades personales y su aptitud para el triunfo.

Finalmente, otro tipo de argumentaciones reposan en motivaciones más técnicas, ligadas a una cierta crítica a la constatable tendencia expansiva del Derecho del Trabajo que impide matizar en la misma los grados de protección que se correspondería con una diferente apreciación de las diversas escalas de dependencia existentes entre una plena autonomía económica y jurídica y la plena subordinación a la hetero dirección del trabajo por el empleador. En este sentido, los esfuerzos del legislador español del 2007 por dar a luz una categoría intermedia, jurídicamente independiente pero económicamente subordinada, se podía interpretar de manera ambivalente como el fruto de una estrategia de recuperación de derechos para sectores excluidos del ámbito de aplicación del derecho laboral o bien como la puesta en marcha de un mecanismo de elusión parcial de los derechos laborales para una serie de categorías o zonas grises que sin embargo podrían ingresar, en función de la interpretación de los indicios de laboralidad acuñados por la jurisprudencia, dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la normativa laboral. Una tendencia a la creación de categorías intermedias que se puede apreciar en otros ordenamientos comparados, como Italia, Alemania, Reino Unido, Francia o Canadá.

La irrupción de la economía digital y el cambio tecnológico, la inevitabilidad de las transformaciones profundas que produce, han reavivado el debate sobre la autonomía de las relaciones de trabajo a través de las plataformas digitales, un debate global que comenzó con la llamada uberización de las relaciones laborales y que posteriormente se habría de centrar en el caso de los repartidores o riders al servicio de las plataformas digitales de entrega de comida fundamentalmente, que se ha prolongado en sucesivos episodios atravesados de decisiones judiciales y propuestas legislativas. El caso español es bien conocido y ha sido seguido intermitentemente en este mismo blog, arranca de una litigiosidad en donde el papel de la Inspección de Trabajo ha sido determinante, que ha dado lugar a multitud de sentencias que denuncian el empleo fraudulento de la figura de trabajador autónomo para este colectivo, y converge en la definitiva apreciación por la  STS 805/2020, de 25 de septiembre, de la condición laboral plena de estos trabajadores al servicio de las plataformas digitales, rechazando tanto la tesis de la independencia de ellos mismos como la de su consideración intermedia de la figura del TRADE digital por la que había optado la Asociación empresarial que agrupa este tipo de empresas.

La sentencia del Tribunal Supremo supone una desautorización implícita del modelo de gobernanza de las empresas de plataformas digitales, donde lo colectivo se diluye en una consideración del trabajo que prestan las personas a través de la plataforma digital como individuos que trabajan por cuenta propia o, tácticamente, como trabajadores autónomos económicamente dependientes, siempre por tanto alejados de la posibilidad de institucionalizar una dimensión colectiva para estos trabajadores que construya un interés de grupo articulado a través de la representación legal  o de la condición voluntaria de agregación de intereses, que se pretenden siempre alejados y diferenciados de los que organizan a los trabajadores en general. Además de ingresar en un ámbito subjetivo de aplicación de los derechos individuales garantizados por la normativa laboral, la condición laboral supone abrir el paso a un sujeto colectivo de representación de los intereses y derechos de trabajadoras y trabajadores que ya no se ve sometido al cuestionamiento de la utilidad y vigencia de su función económico-social y político-democrática, y que por tanto abre la posibilidad de situar el contexto en el que se van a desarrollar estos derechos dentro de la dinámica de los derechos sindicales, de la negociación colectiva y del conflicto.

Este es el valor añadido que reviste la regulación legislativa que ha efectuado el RDL 9/2021 de 11 de mayo que introduce una nueva Disposición Adicional en el ET para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, a cuyo examen se dedica un estudio monográfico a cargo de Francisco Trillo, profesor de la UCLM y bien conocido por los lectores de este blog, en el número 94 de la Revista de Derecho Social, de inminente publicación. Aunque procede de un laborioso acuerdo social que precedió en tres meses a la publicación de la norma de urgente necesidad, que se tramitará a su vez como proyecto de ley, en ella se incorporan tanto la declaración inclusiva de laboralidad de las personas que trabajan en este sector, como  un derecho de información de los representantes de los trabajadores sobre el mecanismo algorítmico de la gestión del personal y la organización del trabajo en las empresas de plataformas digitales, significando la importancia de la dimensión colectiva en la determinación del marco regulatorio laboral del sector, no limitado por tanto a la sin duda fundamental inserción plena de este colectivo en el ámbito de las relaciones laborales y de seguridad social.

De esta manera, parece que se está produciendo un “discreto retorno” al Derecho del Trabajo de una serie de figuras del trabajo conceptualizadas como ajenas a su inclusión en el ámbito de regulación del mismo. El regreso a un Derecho del Trabajo que articula la acción colectiva como medio fundamental de regulación de las condiciones de trabajo y empleo en un marco institucional que tiene que abandonar los viejos clisés del individualismo propietario y mercantil para conformar un tejido de garantías sobre el trabajo concebido como elemento básico de cohesión social y de determinación de la dignidad y seguridad de la existencia de las personas.