lunes, 17 de junio de 2019

INDIVIDUALIZACIÓN Y TRATAMIENTO COLECTIVO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO



Siguiendo con los análisis sobre las relaciones laborales que se plantean en relación con la economía digital, otro punto cuestionable es el que resulta de la tendencia a la individualización de las relaciones laborales que surgen en esas nuevos empleos y nuevos modelos de negocio. La llamada “sofisticación tecnológica” que conllevan éstos tienden a refugiarse en la reivindicación por parte de las empresas que se sirven de estas actividades, como relaciones de trabajo caracterizadas por un amplio margen de autonomía personal en la ejecución del trabajo que conduce a su calificación como trabajo autónomo o independiente.

En estos supuestos, la reconducción a la categoría de trabajo autónomo se relaciona directamente con las estrategias de deslaboralización que van asociadas frecuentemente a la necesidad empresarial de reducir costes laborales. La consideración del cognitariado (trabajo intelectual altamente cualificado) como trabajo no subordinado ni dependiente económicamente, pero necesariamente coordinado en estructuras de cooperación con la ”firma” en la que prestan sus servicios, alimenta esta visión en la que se elimina la posibilidad de una relación bilateral colectiva, porque la especificidad del trabajo individual impone unas condiciones particulares de ejecución y de desarrollo que vienen  fijadas autónomamente por cada uno de los sujetos.

Esta percepción del trabajo cada vez más abstracto unida a la capacidad individual de aplicarlo de manera diversificada, no es desde luego el caso de los trabajadores de plataformas. Respecto de ellos, pese a la materialidad del trabajo que efectúan, se ha insistido en la necesidad de que este trabajo tenga sólo derechos de prestación social frente al Estado, como efecto indudable de su condición de personas que prestan un servicio con frecuencia en condiciones muy difíciles y arriesgadas en lo relativo a la salud y a otros riesgos profesionales. Se trata en definitiva de mantener su consideración de prestador de servicios por cuenta propia y desplazar los derechos de este personal al espacio de la protección social garantizado por el Estado impidiendo que los empresarios tengan las obligaciones contributivas a la Seguridad social y laborales a que les obliga el Derecho del Trabajo. Es una posición muy combatida sindical y doctrinalmente, como en este blog ha recordado Enrique Lillo (Falsos autónomos y trabajo en plataformas).

En este punto, se está desarrollando en nuestro país una extensa litigiosidad ante los tribunales laborales, no sólo debida a las demandas de los trabajadores de plataformas, sino a la acción de la Inspección de Trabajo, mediante las demandas de oficio para la declaración de la relación laboral, de las que se ha dado abundante noticia en esta bitácora merced a una crónica de Livina Fernández Nieto (El macro juicio sobre los trabajadores de Deliveroo), que pretenden justamente integrar estas formas de empleo en el concepto de trabajador sometido al Derecho del trabajo. Una pretensión que está en línea con la propuesta de directiva UE sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles, que toma partido por una noción amplia de trabajador, ya muy reconocida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia UE y a los que es imprescindible el reconocimiento de los derechos de libre sindicación y de negociación colectiva. El Informe para un futuro más prometedor que la Comisión Mundial ha elaborado para el centenario de la OIT – y que debería servir como instrumento de apoyo a la declaración que salga de la Conferencia de la OIT en junio de 2019 – también explicita que estos “nuevos trabajadores”, sea cual fuera finalmente su calificación jurídica como trabajadores subordinados o independientes, deben gozar los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva (Por un futuro del trabajo más prometedor)

Este crecimiento de la individualización como base de la regulación en la prestación de servicios se manifiesta asimismo en algunos aspectos centrales de la regulación de las condiciones de trabajo. En efecto, la retribución uniforme que está en la base de los tratamientos colectivos homogéneos por ramas de producción y grupos profesionales en convenios colectivos se confronta cada vez más con la existencia de retribuciones variables calculadas para cada trabajador de forma opaca y con la propia pactación en convenio colectivo de la exclusión de una serie de categorías de la regulación convencional. La variabilidad del salario es un elemento que construye la discrecionalidad empresarial y alimenta esa pérdida de referencia colectiva del proyecto contractual básico.

Aún más pronunciado es el supuesto del tiempo de trabajo. Hay una gran variedad de tiempos de trabajo que no se incorporan ni se corresponden con la jornada ordinaria a tiempo completo y distribución irregular. En efecto, la diversificación de tiempos de trabajo a partir de la irregularidad de la jornada es normalmente reconocida en la negociación colectiva que en gran medida reposa sobre la unilateralidad empresarial. Además nuestro sistema jurídico permite que el empleador utilice modalidades de contratación atípicas que permite su empleo como fórmula de reacomodación de los tiempos de trabajo en la empresa. Y ello desde los contratos temporales de corta duración – el 23% de la contratación temporal se concierta por menos de siete días – el trabajo en fin de semana, los trabajos marginales o mini Jobs, el just-in-time, el trabajo a llamada o el de cero horas, el trabajo a tiempo parcial, son todos ellos ejemplos de cómo a través de la autonomía individual del contrato se concierta el uso del tiempo en manos de la unilateralidad empresarial. Un tema muy punzante hoy en día puesto que esas formas atípicas de empleo que suponen la flexibilización plena del uso del tiempo de trabajo es el terreno en el que se pone en crisis el derecho a la salud en el trabajo y se afecta de manera muy evidente al principio de igualdad. Y este es asimismo el terreno en el que despunta la pobreza laboral como un elemento realmente novedoso en el panorama de las relaciones laborales europeas que parece tender a prolongarse y consolidarse en el futuro.

A ello se une que durante estos últimos años, tras las reformas laborales sobre la base de las políticas de austeridad, el uso incorrecto y sin control de las horas trabajadas por parte de los empresarios ha sido una realidad evidente, de manera que tanto el exceso sobre lo pactado en el tiempo parcial como el simple y llano incumplimiento de la jornada laboral máxima, ha incidido en la devaluación salarial lograda a través de la reducción generalizada del salario real en especial para los niveles y grupos profesionales más bajos. La exigencia de un registro de jornada, que podría haber sido el instrumento para que la Inspección de Trabajo verificara la corrección en el uso del tiempo de trabajo por los empleadores, fue desactivado por el Tribunal Supremo. En efecto, la STS de la Sala IV de 23 de marzo del 2017, entendió que las empresas no estaban obligadas a llevar un registro de jornada porque la ley no lo imponía expresamente y además ello podría producir un riesgo de injerencia en la vida privada del trabajador. Sin embargo, la obligación de establecer ese sistema se deriva no sólo de la legislación nacional, sino también de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Directiva 2003/88 sobre tiempo de trabajo, de manera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de su Gran Sala de 14 de mayo de 2019, en el asunto C- 55/18, resolvió una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional en la que entendía en efecto que el registro de jornada era un elemento de control al que obligaba la mencionada directiva. La limitación de jornada es un derecho fundamental de la ciudadanía europea que implica la necesidad de un registro para su control.

Este es un tema recurrente, que se prolonga hasta el presente. La modificación legal que ha operado el RDL 8/2019 de 8 de marzo, según el cual  “la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo”, implica sin embargo que la organización concreta del registro y su documentación la tiene que realizar mediante la negociación colectiva, el acuerdo de empresa o, si no se llega a un acuerdo o éste no se produce, la decisión unilateral del empresario. Las críticas empresariales a este precepto, pese a su ligereza en la imposición de este deber legal, han sido muy numerosas, la gran mayoría de ellas basadas en lo obsoleto de ese tipo de regulación que se equipara con el método de control de la presencia en la fábrica de la organización fordista y por tanto se halla plenamente superado. De nuevo comparten discurso la alegación del cambio tecnológico y la preservación de la discrecionalidad empresarial. Las nuevas instrucciones de la Inspección de Trabajo al respecto son un avance en este momento aunque el examen del blog de Eduardo Rojo revela que sigue habiendo algunas lagunas en su aplicación no resueltas por los criterios técnicos de la ITSS, que se puede consultar en el siempre recomendable blog del autor Un criterio técnico...con pocos criterios. Pero en cualquier caso, ante la ofensiva patronal contra la norma de control, su lectura atenta habrá de ser provechosa.


viernes, 14 de junio de 2019

EL TRABAJO AUTÓNOMO EN LA ERA DIGITAL. HABLA FRANCISCO TRILLO


La digitalización, los nuevos empleos y las nuevas formas de negocio siguen atrayendo la atención del público y propiciando la reflexión de los juristas del trabajo sobre estos novedosos aspectos. En esta ocasión, el tema es analizado por Francisco Trillo, un reputado experto en la materia, que publica esta intervención en el blog en rigurosa primicia.


EL TRABAJO AUTÓNOMO EN LA ERA DIGITAL

Francisco Trillo (UCLM) 

El post anterior presentaba sugerentemente una mirada alternativa, la de Livina Fernández Nieto, desde la que analizar la pugna judicial existente en relación con la calificación jurídica del trabajo que tiene lugar en el seno de cierta plataformas digitales. Su condición de experta laboralista, junto al seguimiento en directo del Macro Juicio sobre los trabajadores al servicio de Deliveroo, hace que su Crónica resulte especialmente interesante y estimulante. Precisamente, pocos días antes, 6 y 7 de junio, se habían celebrado en Albacete las 56ª Jornadas de Estudio del Gabinete de Estudios Jurídicos, en las que se abordó, de forma transversal (Unai Sordo y Eduardo Rojo) y específica (Susana Rodríguez Escanciano), esta trascendental materia. La presencia de Enrique Lillo, entre otros destacados abogados laboralistas, dio lugar a un debate especialmente rico sobre las principales controversias jurídicas que acompañan a la economía de plataformas desde el primer instante de la irrupción de los modelos de negocio que la conforman. Destacamos, ahora, tan solo una de las ideas-fuerza que aparecieron en el debate: La sofisticación tecnológica no debe impedir reconocer las situaciones de explotación laboral. Idea formulada con mayor lucidez y sentido del humor de cómo se recoge aquí.

Los estimulantes análisis y reflexiones vertidos en ambos foros -virtual y físico-, junto a la amable invitación de Carlos Ochando, Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia, a colaborar en la Revista Noticias Económicas, editada por el propio Departamento, con un texto titulado Trabajo autónomo y Precariedad sociolaboral, explican la imprudencia de abundar torpemente en la materia.

El análisis de la producción doctrinal española dedicada, desde el año 2015, a desbrozar los conflictos sobre la determinación de la naturaleza jurídica del trabajo que se desarrolla en ciertas -la mayoría- plataformas digitales, parece aconsejar un tratamiento contextualizado de la materia. Resulta de utilidad, a nuestro modo de ver, situar el conflicto jurídico que ahora nos ocupa en el marco más amplio de la experiencia española del trabajo autónomo. Con ello, tartar de desentrañar las relaciones, si es que existen, entre la configuración y normatividad del trabajo autónomo y la precariedad sociolaboral que campa dramáticamente en la sociedad española de hoy.

Para ello, en primer lugar, se ha de recordar que la función y sentido del trabajo autónomo está estrechamente ligada a la evolución de las estrategias empresariales que se fraguan a partir de la década de los años 90 del siglo pasado en torno al dilema económico de producir o contratar en el mercado las distintas fases de la producción de un determinado bien o servicio -descentralización productiva-. Espoleada, si no creada, por la intensa y larga onda de externalizaciones de la gestión de servicios públicos que tienen lugar en ese periodo.

Así se explica que la evolución del trabajo autónomo en la experiencia española, si bien de forma desigual según el periodo normativo-laboral, haya constituido -y constituya- una pieza clave del modelo hegemónico económico-empresarial que se impone a partir de la violenta irrupción del neoliberalismo en la década ya señalada. Su modelo económico-empresarial, lejos de acoger el trabajo autónomo como un ariete de mejora de la productividad a través de la especialización flexible de la producción, encuentra en aquél una manifestación del modo de conformación de la plusvalía que nos acompaña hasta el momento presente: la intensificación de las condiciones de trabajo -reducción de costes laborales-.

Este relato introductorio se completa llamando la atención sobre la paradoja que se da entre la función que mayoritariamente se le asigna al trabajo autónomo y el valor económico, social y político que éste adquiere con el tiempo. Este paradójico proceso cultural se ha impuesto hegemónicamente, caracterizando positivamente al trabajo autónomo como (el) medio para alcanzar la modernidad, la libertad y la independencia. Mientras, el trabajo por cuenta ajena se describe como una reminiscencia histórica obsoleta que conviene superar. De este modo, la rama del ordenamiento jurídico que ordena las relaciones laborales, Derecho del Trabajo, se sitúa artificiosamente en un lugar del que conviene «huir», por obsoleto y contrario al progreso económico y social.

No obstante lo dicho hasta ahora, la cultura jurídico-laboral desarrollada en torno al trabajo, por cuenta ajena y autónomo, muestra momentos normativos de resistencia que reivindican la necesidad de asignar otra función económica, social y política al trabajo autónomo. Durante el período previo a la aplicación de las políticas de austeridad se detectan importantes expresiones normativas que pueden servir para reconducir la deriva del trabajo autónomo como instrumento de precarización sociolaboral. En este sentido, se ha de poner en valor la utilidad de revisar la orientación que al respecto contiene la vigente Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. Una ley, cuya Exposición de Motivos contiene retazos como el que se reproduce a continuación:

“Son numerosos los estudios y análisis desarrollados para evaluar las causas de tales índices de siniestralidad […]. Uno de esos factores puede estar relacionado con la utilización de una forma de organización productiva, que tiene una importante tradición en el sector, pero que ha adquirido en las últimas décadas un especial desarrollo en el mismo, también como reflejo de la externalización productiva que se da en otros sectores, aunque en éste con especial intensidad. Esta forma de organización no es otra que la denominada «subcontratación».
Hay que tener en cuenta que la contratación y subcontratación de obras o servicios es una expresión de la libertad de empresa que reconoce la Constitución Española en su artículo 38 y que, en el marco de una economía de mercado, cualquier forma de organización empresarial es lícita, siempre que no contraríe el ordenamiento jurídico. La subcontratación permite en muchos casos un mayor grado de especialización, de cualificación de los trabajadores y una más frecuente utilización de los medios técnicos que se emplean, lo que influye positivamente en la inversión en nueva tecnología.
Sin embargo, el exceso en las cadenas de subcontratación, especialmente en este sector, además de no aportar ninguno de los elementos positivos desde el punto de vista de la eficiencia empresarial que se deriva de la mayor especialización y cualificación de los trabajadores, ocasiona, en no pocos casos, la participación de empresas sin una mínima estructura organizativa que permita garantizar que se hallan en condiciones de hacer frente a sus obligaciones de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, de tal forma que su participación en el encadenamiento sucesivo e injustificado de subcontrataciones opera en menoscabo de los márgenes empresariales y de la calidad de los servicios proporcionados de forma progresiva hasta el punto de que, en los últimos eslabones de la cadena, tales márgenes son prácticamente inexistentes, favoreciendo el trabajo sumergido, justo en el elemento final que ha de responder de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que realizan las obras”.  
     
La violenta irrupción de las políticas de austeridad ha truncado, al menos por el momento, el sentido que aquella norma otorga a la configuración y normatividad del trabajo autónomo, revalorizando un uso de éste desviado y torticero que, por lo demás, arroja dramáticas situaciones de precariedad sociolaboral.

El relanzamiento de la economía colaborativa en el ámbito de la Unión Europea, presentado como modelo económico-empresarial alternativo al de la austeridad, lejos de corregir la situación descrita hasta ahora, la ha agravado. La implantación y extensión de la economía de plataformas está mostrando una realidad sociolaboral donde el trabajo autónomo mantiene un continuismo respecto al valor económico y político a él asignado por las políticas de austeridad. O lo que es lo mismo, el trabajo autónomo se (re)propone como el estatuto jurídico ideal para el desarrollo del trabajo en plataformas digitales, por ser un trabajo desposeído de derechos y de representación colectiva. Estrictamente funcional al nuevo modelo económico-empresarial, donde el trabajo (asalariado) con derechos y representación colectiva, aquél que se niega y rechaza, resulta incompatible con el avance tecnológico.

La pugna jurídica que se está librando en la actualidad acerca de la calificación jurídica del trabajo prestado en el entorno de las plataformas jurídicas no solo decidirá el futuro de estos concretos trabajadores, sino que, con mucha probabilidad, despejará la incógnita de la significación del valor social, político y económico del trabajo -por cuenta ajena y autónomo- en la era digital. Por ello, conviene estar atentos al desarrollo de los acontecimientos, participando activamente en este debate jurídico. Con esta intención, se proponen las siguientes reflexiones finales, que guardan relación con las principales dificultades y controversias surgidas en la calificación jurídica del trabajo que tiene lugar en las plataformas digitales: i) la revalorización de la voluntad de las partes; ii) la relevancia del uso de nuevas tecnologías digitales en la determinación de la dependencia jurídica; y iii) la ausencia del requisito del trabajo personal. Muy brevemente:

A)     Revalorizar la voluntad de las partes de la relación de trabajo en el momento presente, en especial la del trabajador, implica un desconocimiento de la realidad laboral que, con mayor énfasis, tiene lugar a partir de la reforma laboral de 2012. El análisis del principio de realidad se debería dar cuenta, además del contenido concreto de las prestaciones concertadas, del contexto sociolaboral y normativo imperante donde la voluntad del empresario ha adquirido un status jerárquico capaz de imponerse a fuentes normativas como el convenio colectivo.

B)     Las modificaciones y mutaciones de los trabajos a propósito de la introducción de (nuevas) nuevas tecnologías en el proceso de producción es una característica constante del sistema de producción capitalista que, como sucede en nuestro caso, puede dificultar la determinación de su existencia. Además, la apuesta decidida de las políticas públicas de empleo, a partir del año 2010, por gestionar el desempleo a través del fomento del trabajo autónomo involuntario ha arrojado como efecto la reformulación, al menos en apariencia, de las relaciones económicas entre los sujetos que participan en la producción de un determinado bien o servicio. Si bien es cierto que pequeñas modificaciones/actualizaciones de los indicios de laboralidad resultarían suficientes para disipar cualquier género de duda sobre la verdadera naturaleza de la relación de trabajo, habría que valorar la importancia que a estos efectos ha cobrado el criterio de la relación que el prestador del servicio mantiene en la actividad económica en la que interactúa (ajenidad en el mercado). Es decir, si por sí solo alberga la capacidad de intervenir económicamente en aquel mercado.

C)     La posibilidad de que el trabajador pueda encargar a un tercero la ejecución de la prestación a la que se obligó personalmente no debería ser un obstáculo para reconocer la laboralidad de estas relaciones de trabajo, porque existe cierta permisividad jurisprudencial con esta circunstancia. Además, cabría pensar la posibilidad de explorar hasta qué punto este tipo de circunstancias, en las que concurren varios sujetos que llevan a cabo la prestación de trabajo, no constituye un contrato de grupo en el que el “jefe de grupo ostentará la representación de los que lo integren, respondiendo a las obligaciones inherentes a dicha representación” (art. 10.2 Estatuto de los Trabajadores).

domingo, 9 de junio de 2019

EL MACRO JUICIO SOBRE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE DELIVEROO. UNA CRÓNICA DE LIVINA FERNÁNDEZ NIETO



Los nuevos modelos de negocio que aprovechan la conectividad digital quieren a toda costa situarse fuera del ámbito de regulación del Derecho del Trabajo, pretextando que se trata de nuevas formas de prestación de servicios en un mercado libre en el que las empresas lo único que efectúan es una labor de intermediación entre consumidores y proveedores que se ponen en contacto con personas que realizan el transporte y la entrega de las cosas. Si el primer gran conflicto que ha hecho correr ríos de tinta doctrinal en toda Europa y en América ha sido el de Uber y otras plataformas de servicios de transporte, el segundo y más importante es el de los riders que transportan mercancías y alimentos con una bicicleta. Algunas de estos casos han tenido pronunciamientos judiciales contradictorios, aunque como en el caso de Glovo, los juzgados de Madrid se han decantado por la laboralidad de sus trabajadores ciclistas. El último día de mayo se celebró un importante juicio en el que se pretendía declarar que los jinetes / riders de la empresa Deliveroo eran trabajadores cubiertos por el ET. El juicio fue largo y el próximo martes 11 de junio se efectuarán las conclusiones por todas las partes del juicio.

El juicio fue extremadamente instructivo y atrajo la atención de periodistas y expertos. Livina Fernández Nieto, activa iuslaboralista y seguidora constante del blog (que recomienda asiduamente en los tribunales de lo social de Parapanda), asistió al mismo y ha hecho, a petición de Joaquín Pérez Rey y del titular de este blog, una crónica del mismo que se ofrece ahora como primicia y anticipo de la sesión del martes próximo.

RIDERS VS. EMPRESAS DE PLATAFORMAS DIGITALES (CASO DELIVEROO)
Livina Fernández Nieto

            El pasado 31 de mayo, viernes, los laboralistas, los periodistas y buena parte de la ciudadanía, estábamos expectantes ante la celebración del que la prensa ha denominado «el macrojuicio de Deliveroo», un juicio que se había suspendido en el mes de diciembre, y en el que intervienen la Tesorería General de la Seguridad Social y 531 repartidores, en calidad de demandantes, y como demandados, la empresa Deliveroo y la Asociación Española de Riders Mensajeros (Aso Riders), que tienen firmado un acuerdo de interés profesional.

            La sala de vistas, abarrotada, y en el estrado, además del letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, que es quien interpone la demanda de oficio, algunos de los pesos pesados en la lucha tanto por los derechos de la clase trabajadora (Bernardo García Rodríguez, José Félix Pinilla Porlán, de UGT, y Enrique Lillo Pérez, por CC.OO.), como en la defensa de los intereses empresariales, entre los que no se puede pasar por alto la presencia de quien hasta 2015 fue nada menos que Director General de la Inspección de Trabajo en Madrid, Jorge Travesedo Dasí, en la actualidad socio de Sagardoy Abogados, que defiende a la empresa de la plataforma digital, Deliveroo.

            Los hechos se circunscriben a un período de tiempo muy concreto: desde octubre de 2015 hasta junio de 2017, y seguramente habrá quien se pregunte cuál es la trascendencia de delimitar las fechas del conflicto y por qué se indica tal circunstancia. La referencia no es baladí, como ya se verá.

            El desarrollo de la vista mantuvo a los asistentes atentos durante las casi nueve horas que duró el juicio y no solo por el interés jurídico y la lección magistral de ejercicio profesional sino también por la habilidad y las filigranas de los letrados para evitar mencionar el término «trabajador».

            El vocablo «trabajador» se convirtió en la palabra tabú. Así se hablaba de «riders», de repartidores, de colaboradores, de proveedores, etc., tratando de esquivar la denominación de quien es seleccionado por la empresa de la plataforma digital para entregar, a domicilio, el pedido que un cliente ha efectuado a un restaurante, a través de la aplicación informática o página web de Deliveroo.

            La vinculación entre Deliveroo, que es la empresa de la plataforma digital, los restaurantes, los repartidores y los consumidores es una relación a tres bandas en la que los intervinientes interactúan a través de una aplicación informática que pertenece a la empresa, pero ello no significa, a juicio de la Tesorería y a pesar de lo que defiende la representación de Deliveroo, que sea una relación equidistante ni que su actividad sea la de un mero intermediario.

            La empresa trató de proyectar un aura de modernidad a todo aquello que tiene alguna conexión con las nuevas tecnologías y con los nuevos tiempos, pero lo cierto es que, para quienes somos legos en la materia, en este conflicto el uso de las mismas obstaculiza el exacto conocimiento del modo en que los repartidores llevan a cabo la prestación y difumina los criterios que la empresa tiene en cuenta a la hora de seleccionar a uno de los «riders» para ejecutarla, descartando a los demás, y que componen una fórmula matemática o algoritmo integrado en la aplicación informática de Deliveroo en la que los parámetros, como indicó la Inspectora de Trabajo en su declaración, son introducidos por la empresa y toman en consideración, según pudo comprobar, el rechazo de los pedidos o el control de calidad en la prestación del servicio, aunque la representación de Deliveroo se resista a reconocerlo.

            La novedad no reside tanto en el objeto de la prestación como en el uso de las tecnologías de la comunicación para desempeñarla, como apuntó el letrado Enrique Lillo, porque la controversia respecto a la laboralidad y el trabajo por cuenta ajena ya se planteó en los años ochenta del pasado siglo en un litigio que enfrentaba a un grupo de mensajeros con su empleador y que fue resuelta por el Tribunal Supremo.

            Por aquel entonces, los mensajeros contactaban con la empresa por teléfono, a una hora determinada, y en la actualidad, el canal de comunicación entre Deliveroo y los repartidores es un teléfono móvil en el que hay instalada una aplicación informática que pertenece a la empresa de la plataforma. Han cambiado las herramientas, sí, pero el núcleo del conflicto es el mismo: dilucidar si, como afirma Deliveroo, los repartidores son autónomos o TRADE o, por el contrario, son trabajadores por cuenta ajena como sostienen no solo los «riders» sino también la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social porque, aunque desde 2015, que es cuando Deliveroo comienza su actividad en España, se han ido modificando los modelos de contrato, las condiciones de la prestación del servicio son iguales para todos los repartidores dentro de cada una de las modalidades contractuales que se han ido sucediendo.

            Los repartidores a los que afecta la actuación inspectora comenzaron su prestación de servicios en el período comprendido entre octubre de 2015 y junio de 2017 y así lo recoge el Acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo contenido fue cuestionado en la vista por el letrado de la empresa, Román Gil, quien, si bien es cierto que admitió la presunción de certeza de los hechos consignados en la misma, afirmó que no hay una «presunción de corrección jurídica», porque estamos ante un caso donde «la presión política del Presidente del Gobierno a la Ministra de Trabajo ha sido enorme y que, sin conocer los detalles fácticos de la prestación de servicios, han dicho que esto es laboral», y teniendo en cuenta que «la Inspección de Trabajo es un órgano administrativo sujeto a jerarquía..., lanza de forma evidente una sombra de sospecha sobre la posible parcialidad, que no es habitual en la Inspección...».

            El letrado de CC.OO., Enrique Lillo, al hilo de estas afirmaciones, le preguntó a la inspectora que levantó el Acta de Liquidación, María de Mingo Corral, si en algún momento de las actuaciones había recibido presiones, recomendaciones o insinuaciones por parte de doña Fátima Báñez o alguien del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ya que hay que tener en cuenta que en el momento al que se circunscriben los hechos, desde octubre de 2015 a junio de 2017, la titular del ministerio era doña Fátima Báñez y no doña Magdalena Valerio que fue nombrada Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en junio de 2018, a lo que la inspectora respondió, de manera elocuente, que a ella no le habían hecho ninguna insinuación ni ninguna presión o, al menos, no lo había sentido así.

            Del resultado de las alegaciones de las partes y de las pruebas practicadas cabe preguntarse si es realmente necesario redefinir las notas de laboralidad del Estatuto de los Trabajadores, si la utilización de las nuevas tecnologías en el desempeño de la prestación implica una peculiaridad tan acusada que haga ineludible la regulación de una nueva relación laboral de carácter especial, si en verdad el mercado laboral es tan sofisticado y los servicios son tan complejos que se deben buscar fórmulas diferentes a las actuales que tengan en cuenta la protección de los trabajadores, la extinción de la relación contractual, las cotizaciones, etc., o si por el contrario, lo que ha cambiado en la actualidad es la herramienta necesaria e imprescindible para llevar a cabo la prestación de servicios, una aplicación informática, pero que no ha logrado desvirtuar la naturaleza laboral del vínculo entre empleador y trabajador, ya que las tareas y actividades no son distintas, o no difieren sustancialmente, de las que se realizaban en tiempos pasados.

            Las conclusiones finales, el próximo martes, y la sentencia, que sin ninguna duda será recurrida, se espera antes de las vacaciones.  

viernes, 7 de junio de 2019

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y GLOBALIZACIÓN. UNA EXPERIENCIA (NO SOLO) DOCENTE. HABLA MILENA BOGONI



El estudio de la regulación jurídica de las relaciones de trabajo requiere más que nunca hoy en día insertarse en un contexto internacional y global. Los estudiantes del grado de Relaciones Laborales y RR.HH. frecuentan una asignatura optativa que remacha este aspecto como parte importante de su formación teórica. En la UCLM, Milena Bogoni, profesora ayudante doctora en el área de Derecho del trabajo y secretaria académica del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, ha puesto en marcha un seminario sobre esta materia del que da cuenta a continuación

El pasado lunes 13 de mayo de 2019 se celebró en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete (UCLM) el cuarto y último seminario de un interesante ciclo de conferencias sobre “Internacionalización de las relaciones laborales y globalización”. Este ciclo de seminarios ha sido organizado, esencialmente, para los alumnos de 4º curso del Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos de la Facultad, pero también ha sido pensado, en su contenido y formato, para toda la comunidad científica y los actores (especialmente colectivos) políticos y sociales que trabajan y desarrollan estos temas en sus actividades cotidianas en la ciudad de Albacete. Se ha tratado, por tanto, de montar un espacio abierto en el que, alumnos, profesionales, académicos y ciudadanos puedan conocer y debatir temas centrales relacionados con el fenómeno (complejo) de la globalización, sus efectos sobre los derechos laborales legalmente articulados, así como para plantear, conjuntamente con los expertos invitados, posibles respuestas jurídicas, políticas y sociales para solventar los numerosos problemas aún sin resolver. El ciclo de seminarios, que ha contado con el apoyo de la Facultad de RR.LL. y RR.HH. de Albacete y de la 14ª edición del Master Universitario en “Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales en Europa”, se inserta, además, en el marco de un interesante Proyecto de Investigación financiado por el MINECO y liderado por el Prof. Antonio Baylos Grau dedicado a “INNOVACIONES Y CONTINUIDADES EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS CORPORACIONES ESPAÑOLAS EN LA CRISIS. DIAGNOSTICO COMPARADO Y ANALISIS TRANSNACIONAL” (DER2016 – 75815-R).

La estructura del ciclo de seminarios ha sido muy sencilla: en cada una de las cuatro tardes a disposición se ha contado con la presencia de profesores investigadores de la UCLM cuyos trabajos doctrinales y profesionales están relacionados con, respectivamente, los cuatro temas fundamentales elegidos. Se ha tratado de “flujos migratorios”, “movilidad transnacional de trabajadores”, “justicia social universal” y finalmente de “globalización en una perspectiva de genero”. Aprovechando el espacio del aula 12 de la Facultad, los invitados e invitadas han podido desarrollar el tema asignado con total libertad, intentado presentar los más recientes avances de sus investigaciones y debatirlos con los asistentes.

La primera sesión, del 18 de marzo de 2019, ha corrido a cargo de la Prof. Dra Nunzia Castelli que, después de “fotografiar” la situación actual de la inmigración interna (entre países de la UE) y exterior (desde países terceros) a través de un contrastado y profundo análisis estadístico orientado a desmitificar tópicos en la materia, se ha centrado en compartir con el auditorio un planteamiento muy sugerente y muy bien articulado sobre las “nuevas y viejas” políticas europeas en la materia. La ponente ha podido, en este sentido, profundizar en los aspectos jurídicos de la misma y sus problemáticas más controvertidas. Hablar de flujos migratorios y de globalización constituye, sin lugar a duda, un desafío. Por un lado porque hay que huir de (y destruir adecuadamente) los mitos y la manipulación mediática y política de la cuestión y, por el otro lado, porque el entramado jurídico sobre el cual se sustentan la mayoría de las disposiciones y normas europeas y nacionales se construye entendiendo, en su mayoría, el fenómeno migratorio como algo esencialmente monetario/económico. Las tutelas, los derechos y las obligaciones, así como los procedimientos y mecanismos de acceso a los mismos, se elaboran sobre la base del valor económico que los seres humanos que se desplazan tienen (y pueden aportar) al sistema económico del que salen y al que entran. La “economía de la inmigración” acaba dominando el discurso político, social y, inevitablemente, condiciona el tratamiento y enfoque jurídico. El mercado internacional globalizado engulle con voracidad seres humanos en las diferentes categorías de trabajadores y consumidores, convirtiendo los primeros en una “mano de obra fluctuante” en el espacio complejo de las fronteras-no fronteras y los segundos en los nuevos “ciudadanos del consumo”. En este esquema la tutela de los derechos humanos acaba reconfigurándose y es muy importante que no termine siendo un fenómeno marginal de paternalismo post-colonial o, peor, una estrategia de marketing político de bajo nivel. En este sentido, el espacio de reflexión y debate ofrecido por Nunzia Castelli ha constituido una ocasión excelente para que se pueda pensar y hablar de inmigración, en términos jurídicos-laborales (y no sólo), sin tapujos y con fundamentos. Esto ha favorecido el acercamiento, especialmente de los estudiantes, a las problemáticas más actuales de la materia, dibujando las herramientas más novedosas para la juridificación de la compleja relación entre globalización y flujos migratorios.

La segunda sesión, del 1 de abril de 2019, ha sido llevada a cabo por el Prof. Oscar Contreras, el cual, en un importante esfuerzo de aclarar y construir, colectivamente con los asistentes, los conceptos jurídicos que sirven de fundamento para comprender la regulación jurídica de la movilidad transnacional de los trabajadores, ha acabado explicando las complejas dinámicas del desplazamiento de trabajadores en un contexto de libre prestación de servicios, desde la perspectiva especifica del derecho social europeo. Sin descuidar en ningún momento el estudio empírico de la problemática y ahondando en las cuestiones de derecho interno (nacional) y transnacional (europeo y comparado) afectadas por el fenómeno del desplazamiento, Oscar Contreras ha sabido llevar, con soltura y sabiduría, los asistentes por el complejo análisis de las más importantes problemáticas en la materia aportando al debate significativos elementos de originalidad investigadora. Desde la relación entre los Tratados de Libre Comercio como el TTIP, el TISA o el CETA y la regulación europea de la libre prestación de servicios hasta las complejidades e incógnitas del Brexit respecto a la configuración de espacio estratégicos de movilidad de capitales (y empresas) transnacionales, hablar de movilidad internacional de trabajadores en el mercado global acaba siendo, cada vez más, un estudio de la “eterna” relación entre capital y trabajo, con la dificultad añadida que, esta vez, llega a faltar la histórica red de seguridad de los ordenamientos jurídicos nacionales. El “patrimonio constitucional común”, tejido a medida de los Estados sociales y democráticos de derecho, encoje y se desgasta en la dimensión internacional y globalizada de la elaboración jurídico-política y deja el espacio global parcialmente desregulado y posible presa del “capitalismo salvaje de tipo normativo”.

El ciclo de seminario siguió el día 6 de mayo de 2019 con la ponencia del catedrático emérito de la UCLM Joaquín Aparicio. En esta ocasión el prof. Aparicio presentó a los asistentes el difícil e interesante tema del papel de la OIT en la afirmación y defensa de la paz y justicia social en sus, recientemente cumplidos, cien años de historia. Después de diferenciar las organizaciones supranacionales en función de si su origen se debe, como en el caso de la UE, a fenómenos de integración determinantes de cierto grado de cesión de soberanía y de competencia, o en cambio, como es el caso de la OIT, en relaciones intergubernamentales que condicionan, en función del nivel de compromiso de los Estados integrantes, el nivel de capacidad de acción y de incisividad de la misma organización internacional, Joaquín Aparicio procedió a delinear un interesante excursus por la historia de Europa, cruzando el análisis de la configuración y consolidación de la OIT con los principales acontecimientos de la historia moderna del continente europeo. De este brillante recorrido queda claro que eventos como la Revolución de Octubre o el estallido de la Segunda Guerra Mundial tienen un reflejo directo en importantes instrumentos jurídicos fundamentales en la historia de la OIT y la ONU, como por ejemplo es el caso del Preámbulo de la Constitución de la OIT de 1919, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948 o en la Declaración de Filadelfia de 1944. La relación directa entre la búsqueda incesante de una paz mundial y el esfuerzo político y jurídico de lograr la justicia social, atraviesa toda la historia de la Europa moderna y contemporánea y se fundamenta en principios e ideas claves como son: “el trabajo no es una mercancía” y “la pobreza en el más recóndito lugar del mundo constituye un peligro y una amenaza para la estabilidad y el bienestar de todos los demás países del globo”. La idea de globalización que trasciende de esta reflexión, por tanto, se construye sobre la base de un objetivo claro de igualdad social, en el que el control (y regulación) del mercado, nacional y global, lejos de constituir un elemento más en las estrategias geopolíticas de control del mundo en el constante debate entre nacionalismos e internacionalismos y entre dignidad del trabajo y mercantilización de los seres humanos, es el camino para la lucha a la inestabilidad social que lleva, en cuanto conditio sine qua non, a la paz y prosperidad globales. Esta idea, potente y “tradicionalmente revolucionaria”, de globalización contribuye a poner en el centro del debate el papel del derecho de trabajo como una dimensión jurídica ineludible en el sistema normativo transnacional y obliga a pensar en la internacionalización de las relaciones laborales (con tutelas efectivas) como el espacio de redefinición de los derechos laborales tradicionalmente establecidos en el marco de los ordenamientos jurídicos internos. Esta redefinición, además, no puede que ser de escala y dimensión global ya que la interconexión de los sistemas económicos y jurídicos hace que las debilidades sociales de determinados lugares del mundo debilitan, a su vez, la estabilidad social del conjunto del resto de los Estados (incluidos de aquellos que, aparentemente, se consideran “a salvo” de los peligros del dumping social en la rebaja de estándares jurídicos en la regulación de las condiciones de trabajo).

La ultima sesión del ciclo organizado se ha celebrado el 13 de mayo y ha tenido como ponente invitada a la Profa. Dra. Patricia Espejo. En este caso el tema a debatir ha sido “Globalización económica y explotación femenina: un mundo de pobreza y desigualdad”, y la ponente ha escogido un abordaje del tema a partir de las estrategias jurídicas dirigidas a la lucha contra la trata de seres humanos en su relación directa con la regulación (o falta de regulación) de la prostitución. Tomando como punto de salida el impacto que la globalización, como fenómeno económico complejo, ha tenido respecto a la creación y mantenimiento de un mercado global difícilmente regulable en el que todo (o casi todo) se vuelve mercancía, la utilización del trafico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye un tema de constante y dramática actualidad.

El análisis de las problemáticas de la trata de seres humanos, esclavitud sexual y globalización, tiene que empezar por el estudio de los factores más importantes que conectan las transformaciones del sistema mundial de producción, en función del paradigma de la globalización económica, con el progresivo empobrecimiento de buena parte de la población mundial y con el aumento drástico de los niveles de desigualdad social. En un contexto en el que la competitividad de las empresas en un mercado global es el objetivo principal de toda trasformación del modelo productivo, las disparidades regionales, las desigualdades entre sectores socioeconómicos y grupos de personas así como el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de, especialmente, las personas más vulnerables, representan un “efecto colateral” totalmente asumido y tolerado por parte del sistema capitalista. Además, esta “vulnerabilidad generalizada” en la que se encuentra una amplia parte de la población mundial, se acentúa especialmente si se habla de mujeres y niñas y si se relaciona de manera directa con el negocio transnacional de la trata de seres humanos y de la explotación de la prostitución. De hecho, en el Informe de la OIT “Una alianza global contra el trabajo forzoso. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo” presentado en ocasión de la 93ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2005, ya se subrayaba que, si bien la explotación económica forzosa de personas en el mundo que se suele dar en los sectores productivos a los que acude una gran masa de población con menores calificaciones y alta vulnerabilidad (como por ejemplo en el caso de la agricultura, la construcción, los talleres manufactureros informales, la fabricación de ladrillos) afecta en proporciones similares a mujeres y hombres, la explotación forzosa sexual con propósitos comerciales tiene claramente un sesgo de género, siendo las mujeres y niñas las mayores victimas a nivel mundial. Según datos reciente del Informe sobre Desarrollo Humano publicado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “las mujeres realizan más de la mitad del trabajo en el mundo y, sin embargo, sólo un tercio del mismo es remunerado”. Lo cual nos indica que la vulnerabilidad de las mujeres se amplifica, por la aplicación de esquemas patriarcales en el reparto de tareas domésticas y en el mayor o menos grado de poder adquisitivo y de decisión. Este substrato de pobreza, precariedad vital y laboral o desempleo, acompañado del hecho que las cargas familiares en muchos casos recaen sobre las mujeres, hace sin duda más fácil la labor de captación, traslado y explotación sexual por parte de las mafias que aprovechan las falsas promesas de bienestar y futuro deseable para esclavizar estas mujeres y niñas.

Esta reflexión se cruza, inevitablemente, con la consideración que la globalización ha operado como factor determinante en el fomento y expansión del “comercio del sexo”, llevándolo al estatus de mercado transnacional bajo supuestos de libre mercado, defensa de la propiedad del capital y de las mercancías, propiciándose de esta manera la existencia de condiciones más rentables para la explotación con altos márgenes de ganancias (puesto en que en muchos casos no existe “retribución” alguna) de las esclavas sexuales. Las redes de crimen organizado, con alcance nacional e internacional, aprovechan, por tanto, el espacio global con extrema facilidad y óptimos resultados, desarrollando sistemas de explotación basados en una estructuración eficiente de la organización delictiva, la corrupción de agentes del Estado en todos los niveles, cierto beneplácito de la estructura social y la para-legalización de las actividades económicas que sirven de cobertura al ejercicio del delito. Esta acción económico-delictiva  se traduce, en su fase inicial, en una vulneración sistemática y absoluta de la identidad y de la comunicación de las mujeres traficadas, al ser incomunicadas e indocumentadas en países donde son extranjeras, y se prolonga en el tiempo bajo las formulas más variadas de trabajo esclavo. Estas reflexiones conllevan, necesariamente, a la parte final de la intervención de Patricia Espejo centrada en relatar, brevemente, las estrategias jurídicas de carácter internacional (en el marco de organismos internacionales y regionales como ONU y UE) en la lucha a la trata de seres humanos así como a la explotación sexual de los mismos a través de un trabajo esclavo. Estas conclusiones se presentaron conjuntamente por parte de la ponente con el análisis de las principales cuestiones relacionadas con el actual debate sobre legalización o prohibición de la prostitución, a escala nacional y global.

Con el seminario de mediado de mayo se puso, por tanto, punto y final a esta fructífera e interesante experiencia que, principalmente, ha involucrado los alumnos de 4º curso de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete. Además de permitir un debate profundo del temario propuesto en la asignatura de “Internacionalización de los derechos laborales y globalización” a través del estudio de cuestiones concretas, ha sido una ocasión para transformar las aulas en un espacio de confrontación y aprendizaje en el cual, la realidad no ha servido de simple objeto de estudio, sino que se ha convertido en un espejo colectivo en el que reflejar, proponer y dibujar el presente y el futuro del derecho del trabajo en clave internacional.

miércoles, 5 de junio de 2019

EXALTACIÓN DEL CAUDILLO DE ESPAÑA, FRANCISCO FRANCO, A LA JEFATURA DEL ESTADO




Tras tanto tiempo en el que la crónica de los tribunales ha versado casi monográficamente sobre las acusaciones de rebelión que gravitan sobre los y las encausadas en el procès, injustamente privados de libertad desde hace más de un año, esta mañana se ha conocido la decisión de la sección cuarta de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en la que la rebelión militar facciosa contra el gobierno legítimo de la República ha resultado ser asumida en el razonamiento del Auto.

En efecto, para nuestro Tribunal Supremo la fecha a partir de la cual el general Franco se convierte en jefe de Estado es el 1 de octubre de 1936, es decir en el momento en el que se resuelve el liderazgo de la rebelión militar que se afianzará definitivamente una vez eliminado Mola en 1937 y apartados otros aspirantes no africanistas. En esa fecha, sólo la Alemania de Hitler y la Italia mussoliniana reconocen al bando rebelde. En la mitología franquista, la República no era un estado legítimo y por tanto a partir del 18 de julio de 1936 todas sus instituciones y sus normas deberían entenderse inválidas y por consiguiente deberían ser removidas del ordenamiento. Las famosas directrices secretas sobre la feroz represión de los militantes de los partidos y sindicatos democráticos que elaboró el general Mola y aseguró en su minuciosa ejecución el general Franco, fueron la hoja de ruta de la reconstrucción violenta y sanguinaria de la sociedad civil que se creaba en la retaguardia de los frentes de guerra contra el régimen republicano democrático. Para la dictadura, era importante establecer que la legitimidad de su rebelión se había establecido desde el inicio de la misma, sin esperar a la derrota de la República entre febrero y marzo de 1939, con la caida de Madrid. Por eso, una vez ya victoriosa la dictadura militar facciosa, se instituyó como fiesta nacional el día 1 de octubre, en homenaje a la exaltación del Caudillo de España, Francisco Franco, a la Jefatura del Estado, vulgarmente conocido como “Día del Caudillo”.

Esa es la fecha que el Tribunal Supremo ha asumido en el texto de su Auto en el que suspende la exhumación de los restos del dictador del faraónico mausoleo de Cuelgamuros. Para los magistrados de este Tribunal por tanto la exaltación del Caudillo se constituye en la fecha del cambio de régimen sin ni siquiera mencionar la ilegitimidad constitutiva de éste como fruto de una rebelión militar contra un sistema democrático, ni desde luego tener en cuenta que el gobierno de la República era quien detentaba la representación internacional del Estado español. Una parte de la prensa ha aludido a este tema definiéndolo como un “tropezón” de los magistrados, pero su significación política e ideológica es mucho más relevante.

El Auto de la Sala Tercera – recordemos, la que cambió recientemente la doctrina de la misma sobre el tema de las hipotecas incorporando las directrices de las instituciones financieras – es plenamente criticable. Por razones democráticas, pero también jurídicas. A continuación se incorpora el comunicado que sobre el mismo ha efectuado la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, en donde se expresan muy adecuadamente los reproches a dicha decisión judicial. Pero conviene recordar que esta es la Sala que, conformada en los últimos siete años, sobre la base de las instrucciones y orientaciones planeadas por Carlos Lesmes, deberá enjuiciar los actos y reglamentos del gobierno. Ya podremos sospechar cuáles serán las resoluciones que puedan elaborar unos jueces que incorporan a su argumentario jurídico la exaltación del caudillo a la Jefatura del Estado.

Este es el Comunicado :

COMUNICADO SOBRE EL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE SUSPENDE LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DEL DICTADOR

1. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4ª, compuesta por cuatro magistrados y una magistrada, ha suspendido por Auto de 4 junio de 2019, con carácter cautelar, el Acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación de los restos del dictador Franco. No podemos sino lamentar esta decisión que confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron.

2. La decisión es insólita por la argumentación que desarrolla porque afirma, sin ofrecer explicación alguna, que si se estimase la demanda y se anulase el acuerdo del Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, aunque no fuese materialmente irreversible, sería perjudicial para la familia y para el interés público, incluso señala que habría coincidencia entre estos intereses. Algo incomprensible. Los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público. El Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes. Donde sólo figuran su nombre y el de un jefe fascista. Los restos de miles de víctimas de la represión son anónimos y fueron allí llevados sin contar con la voluntad de sus familiares.  

3. La exhumación de los restos mortales del dictador es una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo perpetrador y de sus víctimas en un lugar religioso, creencia que muchas de las víctimas no profesaban. Además, es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, como han puesto de manifiesto diversos organismos y actores del sistema de Naciones Unidas, que han solicitado a España la exhumación. 

4. Es una resolución insólita también por el tratamiento que otorga al dictador, a quien considera jefe de Estado sin otra connotación. De un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época. Tanto tiempo después de la Constitución y de la promulgación de la Ley de memoria histórica, y dos años después de la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados sin votos en contra instando al Gobierno a exhumar los restos del dictador para sacarlos del Valle de los Caídos, parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad. 

5. Por fin, parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación.

5 de junio de 2019

EL SECRETARIADO


martes, 4 de junio de 2019

ANTE LA REUNIÓN DEL CENTENARIO DE LA OIT: EL CUADERNO DE INFORMACIÓN SINDICAL SOBRE EL CENTENARIO Y EL SEMINARIO SOBRE TRABAJO DOMÉSTICO Y EL CONVENIO 189 OIT.



Del 10 al 21 de junio de este año se celebra la 108ª reunión de la Conferencia Internacional de la OIT, de especial relevancia al tratarse de la reunión del Centenario de esta organización, que ha sido preparado con antelación mediante la discusión de los grandes temas – las conversaciones – que intentaban encuadrar el futuro del trabajo que poderes públicos, sindicatos y empresarios, quieren que se haga realidad.  El seguimiento de estos debates en lo que respecta a nuestro país se ha ido realizando minuciosamente por este blog, a cuyas numerosas entradas en este sentido remitimos.

La participación en estos debates del sindicato de CC.OO. ha sido constante y muy activa, y como organización mandante de la OIT ha mantenido una fuerte presencia tanto en la disposición de los eventos como en la exposición pública de sus planteamientos, sin descuidar las aportaciones al comité científico que seleccionaba y valoraba los textos que desde el ámbito académico se presentaban a los sucesivos seminarios.

Anticipándose ahora a la reunión de la CIT del centenario, CCOO ha organizado para mañana, 5 de junio, dos actos que quieren resaltar la importancia de la dimensión internacional de los derechos laborales y sindicales, derechos que deben ser considerados de carácter universal frente a los cuales no puede alegarse ni la situación de excepcionalidad política (o geopolítica) ni la incidencia de la crisis económica.

El primero de estos actos consiste en la presentación de un Cuaderno de Información Sindical preparado por la secretaría confederal de internacional, que se dedica al centenario de la OIT. El texto hace un recorrido que va desde la aproximación histórica de la presencia de CCOO en esta agencia hasta las experiencias más recientes en las diversas comisiones y espacios de la OIT, pasando por la revisión crítica de las normas internacionales del trabajo y la aportación de CCOO a las cuatro Conversaciones de la Iniciativa del Futuro del Trabajo.

Unai Sordo, secretario general de CCOO prologa el documento. Al prólogo le siguen las notas de la secretaria de Internacional y Cooperación, Cristina Faciaben. El Cuaderno incorpora además diferentes intervenciones del director de la Oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto y del director general de la OIT, Guy Ryder.

El Cuaderno contiene una numerosa nómina de autores que abordan desde diferentes puntos de vista la influencia de la OIT, y la importancia en definitiva de la intervención sindical en este nivel de producción normativa que tiene una poderosa influencia en países como América Latina y que en el sur de Europa castigado por la crisis financiera y de la deuda soberana ha vuelto a recobrar su virtualidad como defensa de un nivel mínimo infranqueable de derechos. Entre los autores y autoras se encuentran: Fernando Rocha (Escuela del Trabajo - Director del área de Estudios y Proyectos de la Fundación 1º de Mayo); Bruno Estrada (Economista. Adjunto a la Secretaria General de CCOO); Antonio Baylos (Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla La Mancha; Juan Moreno y Javier Doz, antiguos secretarios confederales de relaciones internacionales de CCOO; Alejandra Ortega (consejera técnica OIT para CCOO en las CIT) e Isabel Araqui (coordinadora secretaría Internacional y Cooperación); Raquel Gómez, consejera técnica de CCOO para la comisión normativa sobre violencia y acoso en el trabajo esta comisión (Secretaría confederal de Mujer e Igualdad); Carles Bertrán, responsable de migraciones de CCOO de Catalunya y director del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE); Isidor Boix y Víctor Garrido, secretaría de Acción Sindical Internacional de Industria CCOO – Coordinador Acuerdo Marco de Inditex.

El Cuaderno está dedicado a la memoria de Miguel González Zamora, fallecido el pasado 30 de noviembre de 2018 y al que se le tributó un homenaje del que también este blog se ha hecho eco y que puede consultarse aqui: En recuerdo de Miguel González Zamora, un hombre bueno . Miguel coordinó durante varios años la delegación de CCOO durante las Conferencias Internacionales de Trabajo de la OIT en Ginebra.

Estos textos se presentarán mañana en el Consejo Económico y Social, a las once de la mañana, con la intervención del Secretario general de CCOO, Unai Sordo, Cristina Faciaben, secretaria de Internacional y Cooperación de CCOO, Elena Blasco, secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO y el director general de la Oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto.

En esa dirección, ya por la tarde de ese mismo día 5 de junio, a las 16,00 en la sede de CCOO, en Fernandez de la Hoz 12, se celebrará un seminario, dirigido por Alejandra Ortega, para examinar la incidencia y la importancia del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico en el marco del trabajo decente. Uno de los objetivos del seminario es el de insistir en el cumplimiento por el nuevo gobierno de la ratificación por España de dicho convenio de la OIT, un compromiso al que se llegó en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y el Gobierno de Pedro Sánchez, que sin embargo no fue cumplido por éste durante los meses sucesivos hasta la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

El seminario, que se anuncia como “Acto Público” relaciona correctamente la igualdad de género, el trabajo en el hogar y el Convenio 189 OIT. Tras un encuadre jurídico de la materia que llevará a cabo Concepción Sanz, profesora asociada de Castilla La Mancha y experta en este asunto, intervendrán asimismo Pilar Expósito, secretaria de la mujer de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, y Esther Caballés, Directora de la Fundación Pau i Solidaritat de la CONC.

Dos actos por tanto que se conectan con la lucha internacional por los derechos laborales y la participación sindical en la OIT. Dos buenos momentos para la reflexión y el debate sobre cuestiones decisivas en la ordenación de las relaciones laborales. Y un consejo de amigo. Asistir a estos actos puede ser además muy beneficioso para alejarse de tanto ruido y tanta furia como se despliega en el ámbito de los pactos post-electorales y sus protagonistas.



sábado, 1 de junio de 2019

IRRUPCIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO Y DISCURSO SOBRE LA CRISIS




(En la imagen, el "macro juicio" sobre Deliveroo celebrado en los Juzgados de lo social de Madrid el 31 de mayo de este año) 

Hay una cierta visión distópica del futuro marcado por la irrupción del cambio tecnológico que anuncia destrucción de empleos y liberación de excedentes, sustitución del trabajo humano por la inteligencia artificial, imposición del lenguaje matemático como forma de expresión no sólo de modelos de negocios, sino también de modelos sociales, heterodirección de los procesos económicos y desplazamiento del trabajo productivo al cognitariado en un esquema fuertemente concentrado y diferenciado de retribución del mismo en función de su valor estratégico en la era de la digitalización.

Es una visión del cambio social que produce la irrupción tecnológica digital y de la automatización que se presenta como un destino que prescindirá del trabajo humano tal como lo conocemos. No es que The Winter is coming, no son los caminantes blancos de GOT quienes nos amenazan con atravesar el muro de hielo del tiempo. Es una suerte de regreso a un tiempo sin derechos que se estiman incompatibles con un futuro tecnológicamente avanzado. Se plantea la obsolescencia de los derechos y del sujeto que los produce, el sujeto colectivo que representa el trabajo asalariado, que está construido sobre los valores de la igualdad y la solidaridad.  Unos valores que se estiman incompatibles con un mundo nuevo diseñado en torno a un mercado global accesible desde cualquier parte del orbe, basado en la libertad de cada cual y en el individualismo propietario.

Se parte así de un trabajo fragmentado y fisurado, sin referencias políticas a un modelo de sociedad que sitúa en el centro de su compromiso comunitario el trabajo como elemento de cohesión social, por el contrario medido por su valor económico como artículo de intercambio. El trabajo depende de la libertad de la persona que sólo encuentra en el mercado las posibilidades de su realización como deseo y como potencia en el consumo de los bienes y servicios que necesita.

El relato que acompaña este discurso describe ese futuro sombrío como un hecho natural, un fenómeno irresistible que precipita a toda la humanidad, y en especial a los países desarrollados, en él. Comparte con otros discursos – como el del cambio climático – una denuncia de la catástrofe en la que un hecho social, cultural o político va a colisionar con la humanidad, pero mientras que en este último caso se pronostica una reacción popular, una actuación en su contra para poder evitarlo, la irrupción tecnológica es imparable, parece gravitar sobre un mundo ordenado que el futuro digital y robotizado está cuestionando.

Sin embargo, este contexto evocado no se corresponde con la realidad. Estamos ante un mundo profundamente desigual e injusto, un mundo dividido y escindido en razón de la riqueza tanto a nivel global como en el interior de cada uno de los estados nacionales. Un mundo con amplias zonas en guerra,  con recursos naturales saqueados y violentados, con hambre y sufrimiento y grandes crisis humanitarias y en el que se conoce impresionantes movimientos migratorios como respuesta a la imposibilidad de vivir en el lugar que uno habría elegido. En el año 2018 han sido 260 millones la población que se ha desplazado por motivos económicos, ideológicos y políticos. Un mundo que amplía el contingente global de trabajadores, con cada vez más personas calificados como trabajadores formales – respecto de la cantidad, que se reduce, de trabajo informal propio de la economía irregular – pero en el que la libertad sindical no es preservada en numerosas regiones del globo como enseña el Informe Anual de la CSI sobre violación de derechos, que puede consultarse en este enlace Indice Global de Derechos  en las que ser sindicalista implica arriesgar la vida, la seguridad personal y el empleo, desde Egipto a Colombia.

La percepción tan expandida de la irrupción del cambio tecnológico de la era digital y de la robotización como una especie de vendaval social, económico y político que recorrerá el mundo desarrollado, se ha extendido a continuación de los discursos sobre la crisis y la necesidad de adecuar las estructuras económicas y las instituciones laborales a ésta que nos ha ocupado en los últimos años. Pues bien, la hipótesis que se mantiene en esta entrada del blog es que el discurso de la crisis y el de la irrupción tecnológica se solapan y se alternan en la idea de desarmar en el plano colectivo de las relaciones laborales y reducir el nivel de derechos de los trabajadores.

El recorrido de la crisis y su influencia sobre la regulación de las relaciones laborales y la protección social es largo, ya dura un decenio, a partir de la sucesión de crisis vividas con especial intensidad en los países del sur de Europa, como España. Crisis financiera generalizada a la que sigue la crisis de la deuda soberana en aquellos Estados en los que el endeudamiento público era decisivo para sostener la quiebra del sistema financiero y finalmente crisis democrática con remodelación de los parámetros constitucionales, cambio en el sistema de partidos y fuerte deslegitimación social de las instituciones democráticas nacionales y europeas. En definitiva la crisis se resolvía en la subsunción de la soberanía estatal – nacional en el plan de gobierno de las instituciones financieras, que sometía cualquier proyecto político al pago de la deuda, imponiendo las reformas constitucionales que ello requiriera, como sucedió con la reforma del art. 135 de nuestra Constitución, y condicionaba directamente las políticas sociales y la propia institucionalidad laboral a este hecho, a partir de las reformas de la legislación sobre la materia.

Es decir, la crisis se presentaba como el detonante de una situación de excepción, un momento constitucional destituyente de la consideración del Estado democrático como un Estado social, y que lo sustituía por un modelo de liberalismo autoritario en las relaciones laborales. La utilización de la crisis como dispositivo disciplinario de las relaciones laborales se manifestó en España a través de las reformas laborales que extendieron y profundizaron la flexibilización de las relaciones de trabajo y la disminución de las garantías del despido, el incremento de la unilateralidad empresarial y la reducción del poder sindical en la negociación colectiva. Una intervención de choque que se acompañaba ideológicamente de la entronización del emprendimiento y del sujeto emprendedor como trasunto del trabajador autónomo, la descolectivización del trabajo y la debilitación del sujeto sindical, la revalorización de la capacidad regulativa directa de la autonomía individual como eje de la activación económica. Un formidable esfuerzo por una nueva regulación neoautoritaria de las relaciones laborales que fue avalado por el Tribunal Constitucional a través del juicio de ponderación sobre el que basaba sus decisiones según el cual la condición de la recuperación del empleo pasaba por la restricción de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo.

Este discurso sobre la crisis, muy combatido social y políticamente, se prolonga y se alía con el de la irrupción tecnológica, en un intento de volver a ganar credibilidad y legitimidad. El cambio tecnológico requiere flexibilidad en las modificaciones en el tejido empresarial y en la liberación de excedentes de mano de obra, impone nuevos modelos de negocio y genera nuevos empleos que no se pueden reconducir a la regulación del contrato de trabajo que está anclada en esquemas fordistas, favorece directamente la autonomía en la prestación del trabajo y la consideración prioritaria del individuo como sujeto creativo y autocontrolado en la producción.

De esta manera, el discurso sobre el cambio tecnológico se acopla al relato justificativo de la reforma laboral y lo justifica desde posiciones más “estructurales” ligadas al cambio del sistema productivo. Da un paso más, porque desaconseja la reversibilidad de la reforma laboral ya realizada y aconseja la “profundización” de la misma.

En efecto, se considera que la velocidad de los cambios productivos hace inviable un principio de estabilidad en el empleo, y obligan a resituar la negociación colectiva en la empresa, fundamentalmente a través de acuerdos informales sobre materias concretas, sin que sea recomendable mantener un sistema de negociación colectiva articulada sectorialmente bajo la dirección sindical. La novedad tecnológica revaloriza el trabajo autónomo que debe, eso sí, dotarse de nuevos derechos que se desplazan al espacio de la protección social, liberando al empresario del coste de la cotización al sistema de Seguridad Social y de la carga de los derechos individuales y colectivos que constriñe su libertad y su capacidad unilateral de decisión. Ello conduce a pronosticar la descolectivización de las nuevas instancias de regulación porque la homogeneidad en el tratamiento de las condiciones de trabajo no resulta compatible con la nueva era tecnológica. Se niega la identidad colectiva común derivada del hecho material del trabajo por cuenta ajena, de forma tal que las nuevas condiciones de la normalidad social han de estar desprovistas de una identidad colectiva tal como la conocemos.

No son elucubraciones generales sobre el tiempo por venir. Ambos discursos, el de los cambios urgidos por la crisis y la inminencia de los cambios producidos por la era digital y la robotización, se están continuamente utilizando en estos momentos. Sostienen las opiniones de la Ministra Calviño cuando exige no mirar al pasado y preservar la reforma laboral, pero también las monótonas consignas antisociales del Banco de España, sea cual sea el color político de su Director general, que siempre exigen “profundizar” en la flexibilización laboral,  como asimismo alimentan los argumentos de la representación legal de las empresas tecnológicas como Glovo o Deliveroo frente a la actuación de la inspección de trabajo o las demandas de sus trabajadores, como puede comprobarse del relato del llamado “macro juicio” que se ha celebrado en Madrid el 31 de mayo. Contrarrestar ambos discursos es una tarea ideológica y cultural, pero va a requerir ante todo una acción político-social fuerte, en la que está involucrada la vicisitud que acompaña la formación del nuevo gobierno, pero también la actuación a corto y a medio plazo del sindicalismo. Seguiremos dando cuenta de estos procesos en próximas entradas del blog, si los lectores y lectoras del mismo nos siguen prestando su amable confianza.