miércoles, 13 de noviembre de 2019

EL PREACUERDO ENTRE EL PSOE Y UNIDAS PODEMOS



Se ha dado un gran paso adelante. Este preacuerdo posibilita un gobierno que gestione el pluralismo político democrático que se ha manifestado en estas elecciones en una dirección de progreso y cambio social. La desigualdad que se ha incrementado en nuestra sociedad desde el inicio de la crisis, el marco institucional degradatorio de los derechos laborales y sociales, y la necesidad de sostener el sistema público de pensiones son los elementos centrales sobre los que se debe volcar la gobernabilidad del país. Queda mucho por delante, y la obtención de una mayoría de progreso que cuente con la mayoría parlamentaria suficiente será el tema recurrente de los próximos días. Pero hoy muchos de los que hemos planteado una alternativa de cambio social como la impulsada por los sindicatos y los movimientos sociales, asistimos con optimismo a esta nueva fase del impulso político hacia un marco legal más democrático. Por eso, y aun a sabiendas que el texto está disponible en la mayoría de los medios de comunicación, este blog lo recoge y publica como un símbolo dela unidad de las fuerzas progresistas.
El PSOE y Unidas Podemos hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos han decidido en las urnas.
Ambas formaciones comparten la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea.
Los detalles del acuerdo se harán públicos en los próximos días. Actualmente, estamos avanzando conjuntamente en una negociación encaminada a completar la estructura y funcionamiento del nuevo gobierno que se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones.
Los ejes prioritarios de actuación del gobierno progresista de coalición se centrarán en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto:
1.- Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad.
2.- Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación – incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años-, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas.
3.- Lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.
4.- Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as. Impulsar la reindustrialización y el sector primario. Facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital.
5.- Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad.
6.- Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.
7.- Políticas feministas: garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral.
8.- Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada.
9.- Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles.
10.- Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero.




lunes, 11 de noviembre de 2019

LECCIONES Y OPCIONES TRAS LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE



Los resultados de las elecciones de ayer 10 de noviembre han sido ya publicitados, comentados y resumidos por los principales diarios, los grandes medios de comunicación, las redes sociales. No arrojan buenas noticias para la ciudadanía, y han constituido un ejemplo de cómo el tacticismo del gobierno puede conducir a salidas políticas extremadamente complicadas que ponen en riesgo el propio desarrollo de nuestro estado democrático. Dejando de lado el número de escaños obtenidos por cada fuerza política, que como de costumbre supone una desviación sobre el peso de los votos y que ha castigado especialmente a las fuerzas de ámbito nacional a la izquierda del PSOE, es decir a Unidas Podemos y a Mas País, interesa en esta entrada poner de relieve la evolución de los sufragios en esta nueva convocatoria electoral que nunca debió haberse producido.

El bloque que suma más diputados (158) es el que convencionalmente se denomina la izquierda, El partido que ha obtenido mayor número de votos es el PSOE, que ha logrado 6.750.000 papeletas, un 28% del total, pero que en el camino desde las elecciones de abril se ha dejado casi tres cuartos de millón de sufragios y tres diputados. La opción de convocar las elecciones – una convocatoria que ahora se denomina “automática” para resaltar puerilmente que no tuvo origen en la decisión gubernamental – ha resultado un fracaso de las expectativas planteadas. El PSOE pensaba de esta forma asestar un buen golpe a izquierda y derecha (UP y Ciudadanos) y fortalecer su presencia electoral para acordar libremente sus políticas desde un gobierno monocolor, prescindiendo de los condicionantes de la izquierda y de una parte de los independentistas. Su situación ahora es más endeble y se le complica más el panorama de la formación del nuevo gobierno, ante el giro a la derecha que en su discurso de campaña ha desplegado como forma de “ganar el centro”, en el que aparecía no solo una actitud de rechazo a cualquier intento de negociación política sobre el tema catalán, sino la indicación neoliberal de su política económica simbolizada en la designación ante tempus como vicepresidenta económica de Nadia Calviño, defensora de la irreversibilidad de la reforma laboral del 2012 y promotora de nuevas medidas lesivas de los intereses de los trabajadores como la ya famosa “mochila austriaca”.

Unidas Podemos (UP) ha resistido las presiones de un relato aceptado por la gran mayoría de los medios que hacían recaer en esta formación el fracaso de la investidura de gobierno, y que hacían prever que su presencia electoral iba a ser muy limitada en esta nueva convocatoria. Además la comparecencia de un concurrente directo, Mas País, que se presentaba en 18 provincias, hacía presagiar una derrota épica de esta coalición. Sin embargo UP ha resistido, y sigue siendo la referencia más potente de la izquierda del PSOE. Ha obtenido un poco más de 3 millones de votos (un 12,8 %) pero en el camino se ha dejado 640.000 papeletas y siete diputados, descendiendo de los 42 que había obtenido en abril a los 35 que posee actualmente. Por su parte Más País (MP), que aparecía como una opción vencedora tras su decisión de acudir a las elecciones nacionales, y como tal fue saludada por la gran mayoría de los medios de comunicación, ha obtenido un sonoro fracaso en cuanto a los resultados electorales, pese a los intentos de ultima hora por asociar a una figura emblemática como Manuela Carmena a su campaña. Ha sumado más de 600.000 votos, pero tan solo ha ganado dos diputados por Madrid y uno por Valencia, en coalición con Compromís.

La izquierda por tanto ha sufrido un desgaste respecto de los resultados de abril. Continua mostrando que es mayoría frente a las fuerzas de la derecha - más en votos que en escaños, como es costumbre ante el sistema electoral deficiente que tenemos -, pero no ha podido impedir el ascenso increíble del franquismo ni cambiar, como era la intención del PSOE, la correlación de fuerzas en su conjunto. Una comparación entre este resultado y las primeras impresiones que este blog dedicó a las elecciones de abril, es muy significativa. (https://baylos.blogspot.com/2019/04/primeras-impresiones-tras-las.html)

El mayor cambio se ha dado en las filas de la derecha. El Partido Popular ha subido más de tres puntos porcentuales respecto de su pésimo resultado en abril, y se afianza como la formación política que lidera la derecha. Ha obtenido un poco más de cinco millones de votos, es decir ha ganado 660.000 votos, pero su victoria se ha construido sobre un programa muy autoritario en lo político, negándose a cualquier apertura política en Catalunya, y extremadamente liberal en lo económico, con bajadas de impuestos y cotizaciones y defensa a ultranza de la reforma laboral. Ha asistido con evidente satisfacción al práctico aniquilamiento de Ciudadanos, que pretendía competir en el liderazgo de las posiciones más reaccionarias y que había sido el socio preferente para obtener, junto con la ultraderecha, el gobierno de regiones tan importantes como Andalucía o Madrid, o el ayuntamiento de Madrid, como la “joya de la corona”. Pero se encuentra acosado  a su derecha por el precipitado político del franquismo con el que desde su comparecencia en el mercado electoral no ha tenido ningún escrúpulo en pactar, el franquismo agresivo de Vox, lo que posiblemente extreme la pulsión autoritaria y neoliberal del PP de Casado como forma de competir con la ultraderecha.

Ciudadanos se ha derrumbado. Ha perdido 47 diputados de una tacada y ha pasado de tener casi el 16% de los votos a un 6,8% de los mismos, perdiendo en seis meses más de dos millones y medio de votos. La radicalización reaccionaria de su mensaje sobre la identidad española ha encontrado en los electores respaldo a través de su migración a partidos abiertamente anticonstitucionales y a la derecha clásica, mientras que su negativa obstinada a pactar con Sánchez permitiendo un gobierno del PSOE , que era el diseño que los grandes poderes económicos habían amparado y repetidamente indicado como la solución frente a la posibilidad de un programa de cambio social, ha sido castigado por otra buena parte de su nicho de mercado. Su posición ahora en los gobiernos regionales y municipales en los que participa junto con el PP y el partido franquista, es más delicada, y no se debería descartar nuevas turbulencias en el interior de este partido que fue creado como oferta electoral conservadora de la ”nueva política”.

Lo más preocupante es el ascenso del franquismo y la extrema derecha que ha pasado de un 10 por ciento de los sufragios y 28 diputados a constituirse en un referente europeo para los grupos xenófobos y autoritarios, con un 15,1 % y más de tres millones y medio de votos, con casi un millón de adhesiones sumadas a los resultados de las elecciones de abril. Es evidente que este partido, que ha sido incorporado sin ningún problema a la gobernanza regional y municipal por parte de las otras dos formaciones de la derecha, se sitúa en un claro plano anticonstitucional y reivindica con orgullo – y apoyo masivo entre una parte significativa de la ciudadanía, lo que es más grave – un Estado unitario y autoritario, que tiene al franquismo como referente histórico plenamente compatible con el sistema democrático, una contradicción que busca destituir el esquema fundamental de la democracia consensuada en 1978: la forma territorial compleja del Estado de las autonomías y el estado Social con el que se compromete el art. 1.1 de la Constitución. En su discurso la mentira y la ignorancia forman parte central de su argumentación, especialmente activa contra los inmigrantes, segregando un odio racial, y contra el feminismo, justificando la violencia de género. Su peso específico después de las elecciones en los gobiernos en los que participa, influirá directamente en la adopción de políticas y decisiones cada vez más orientadas a valores antidemocráticos. Que la convocatoria de estas nuevas elecciones haya permitido el fortalecimiento de la derecha franquista aprovechando el tratamiento emocional e identitario de la cuestión catalana, es seguramente el elemento más negativo de este proceso del que hay que sacar conclusiones relevantes de futuro.

No se trata de un partido democrático, ni mucho menos constitucionalista, calificativo que se empeñan en autoatribuirse sus dirigentes, con la complicidad de las otras derechas. Sus intervenciones racistas y violentas deben ser contrastadas con lo que (al menos hasta el momento) ha dicho el Tribunal constitucional, y que recientemente recordaba en su blog Joaquin Aparicio. “Así pues, de la conjunción de ambos valores constitucionales, dignidad e igualdad de todas las personas, se hace obligado afirmar que ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros o inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como el español, social, democrático y de Derecho, los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad.” Algo que no está en el proyecto de Vox ni en sus sostenedores que anoche gritaban un “a por ellos” anticipatorio de enfrentamientos ciudadanos muy graves.

En la cartografía electoral, los partidos nacionalistas – que Vox pretende ilegalizar en su conjunto, como Ciudadanos pretendía anular políticamente impidiendo su acceso al Parlamento español  con un suelo mínimo de votos del 3% a nivel estatal – se han fortalecido. El nacionalismo vasco ha alcanzado un resultado histórico con siete diputados, y en Catalunya el independentismo republicano que tiene a su presidente en prisión ha perdido dos diputados, pero la CUP y su reivindicación de ingobernabilidad del país ha obtenido esos dos que faltan a ERC, y el independentismo más afincado al presidente exilado vicariamente representado por el actual President de la Generalitat ha mejorado también sus resultados con 8 diputados. La necesidad de iniciar un espacio de negociación entre estos partidos y el resto de los partidos democráticos españoles para solventar la cuestión catalana es, desde el punto de vista de la gobernabilidad del Estado español, un necesidad ineludible.

La situación a la que nos ha llevado la convocatoria de estas nuevas elecciones es extremadamente negativa. Pero hay que sacar de estos resultados una lección y es la de que se requiere un acuerdo o frente amplio democrático entre los partidos que se sitúan en la necesidad de un cambio social. Un amplio acuerdo sobre elementos centrales hoy en la regulación de las condiciones de existencia de la mayoría de la población que impliquen un impulso decidido hacia la profundización de la democracia social. Sin este acuerdo, del que habrá que explorar todas sus posibilidades y modalidades, desde el gobierno de coalición hasta la pactación de los presupuestos, elaboración de un programa común con instrumentos e instituciones de garantía y apertura de una mesa de partidos en el caso catalán, no cabe concebir un marco institucional que pueda resolver los enormes problemas que se ciernen sobre la población de este país. La responsabilidad mayor en conseguir un acuerdo de este tipo recae sobre el PSOE como partido que goza de una mayor representación parlamentaria. Es conveniente que se aleje de tentaciones cesaristas y se abra a un amplio acuerdo de gobernabilidad sobre bases de progreso. Ese es el objetivo en el que convergen también sindicatos y movimientos sociales. No se les puede defraudar otra vez.




sábado, 9 de noviembre de 2019

VOLVIENDO DE ITALIA. YO TAMBIÉN VOTARÉ MAÑANA 10 DE NOVIEMBRE



En Italia, Liliana Segre, senadora vitalicia de origen judío, víctima de las leyes raciales del Estado Fascista y superviviente de un campo de concentración nazi, de 89 años de edad, ha sido amenazada en la red y con carteles firmados por el grupo fascista Forza Nuova delante de su casa, por su defensa de la democracia y su actitud decidida contra el odio racista que se viene apreciando con ocasión de los inmigrantes, considerados delincuentes y violadores en un discurso compartido por una buena parte de la Lega y los partidos de la derecha en aquel país. El detonante de las amenazas ha sido la constitución en el Senado de una Comisión contra el odio, el racismo y el antisemitismo, frente a la cual los partidos de la derecha se han abstenido. Liliana Segre ha recibido innumerables muestras de solidaridad pero por precaución se le ha puesto una escolta, pese a que Salvini ha minimizado la gravedad de estos ataques afirmando en un tuit que el también es amenazado y que no le han puesto una escolta. El odio de la extrema derecha puede no detenerse frente a una persona víctima del nazismo que reivindica el antifascismo como un elemento consustancial a la democracia italiana.

En España sin embargo, las dos formaciones políticas de la derecha y centro derecha española, que se califican como tal, es decir el Partido Popular y Ciudadanos, han considerado plenamente democrático y por tanto susceptible de una consideración políticamente neutra respecto del sistema democrático a una formación claramente franquista como Vox que efectúa propuestas decididamente contrarias a la vigencia de los derechos humanos que el Estado español está comprometido a respetar, a la estructura territorial del Estado de las autonomías y al pluralismo político. De manera más llamativa, estos dos partidos, Popular y Ciudadanos, hacen entrar a Vox en el que ellos mismos denominan “bloque constitucional”, y, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, secundan iniciativas para la ilegalización de los partidos nacionalistas. Esta convergencia culpable entre una fuerza claramente anticonstitucional y los dos partidos de la derecha se corresponde además con la oferta política más reaccionaria en lo social de los últimos cuarenta años, en donde se propone reducir los impuestos y desmoronar el Estado, privatizar la gran mayoría de los servicios públicos y poner en práctica un nuevo recorte de pensiones, a la vez que se “profundiza” en la reforma laboral en un sentido aun más degradatorio de los derechos laborales.

Esta situación anómala según la cual el conjunto de fuerzas conservadoras acepta la ideología del odio y la reivindicación del franquismo como un vector aliado en la conquista del poder, a la vez que presentan una propuesta de gobierno esencialmente autoritaria y neoliberal, hace que las elecciones de mañana sean objeto de preocupación no solo en España sino en otros muchos países de la Unión Europea. Dejando de lado el estupor que produce que el gobierno de Pedro Sánchez haya desaprovechado el mapa político resultante de las elecciones de abril, predominantemente orientado a la izquierda y que por consiguiente la convocatoria de elecciones haya dado una nueva oportunidad al autoritarismo político y social que los acontecimientos de Cataluña han reavivado en parte de la población fanatizada y manipulada por un discurso identitario españolista, parece evidente que es preciso movilizar el voto democrático para evitar estas consecuencias. Personalidades culturales, dirigentes sindicales y una buena parte de comunicadores sociales se han empeñado justamente en este sentido. En especial, un artículo del creador de “Salvados”, Jordi Évole, ha sido  comentado de manera muy favorable en las redes.

Este es por tanto el mensaje al que este blog se une también en su modestia. Yo también votaré mañana. Y no sólo por el acto de votar. Sino para intentar construir con mi voto una alternativa de cambio social y de progreso que impida la puesta en práctica de un programa extraordinariamente agresivo contra las libertades civiles y los derechos laborales y sociales. Y animo a todas y  a todos quienes puedan leer estas líneas que mañana acudan a llenar las urnas con este mismo propósito de afianzar y defender el sistema democrático.


martes, 5 de noviembre de 2019

FIGURAS SOCIALES DEL DEBATE ELECTORAL



Debo confesar que he visto todos los debates electorales que hasta el momento se han realizado en la televisión. Tengo un hijo de 18 años que está muy interesado en esas discusiones y le he acompañado en lo que me parece una buena costumbre democrática. Naturalmente que he sufrido ciertos daños colaterales producto de la irritación que me han producido algunas intervenciones y del disgusto profundo que a una persona de mi generación le produce la resurrección del franquismo más embrutecido y despiadado, en esta ocasión contra los pobres de la tierra, la inmigración irregular, mintiendo y engañando con falsos datos y falsas apreciaciones en un amplio ejercicio de manipulación demagógica.

De todos los encuentros entre dirigentes de los partidos políticos en liza, creo que muchos simpatizamos inmediatamente con el del PNV, un personaje agradable que es capaz de situar a Vox donde se debe, en el espacio del neofascismo, y cuyo discurso, pese a la posición tradicional de este partido, suena mucho más a centro izquierda que algunas otras intervenciones, en especial en materia de libertades cívicas y de servicios públicos. En el extremo opuesto, es realmente excepcional contemplar cómo el franquismo se crece en su reivindicación no solo reaccionaria sino claramente anticonstitucional sin que los partidos autodenominados constitucionalistas – es decir el Partido Popular y Ciudadanos, que son los que se autoproclaman tales – objeten nada a tales planteamientos. Al revés, muchas de sus propuestas se acercan a las que defiende Vox como eje de su ideario autoritario. La supresión del esquema de organización territorial del Estado que se desprende del art. 2 de nuestra Constitución es una previsión directamente contraria al diseño democrático que se plasmó en 1978, como también lo es la pretendida ilegalización de los partidos nacionalistas – o su eliminación electoral introduciendo un suelo mínimo del 3% a nivel nacional – al atentar directamente al pluralismo político del art. 1.1 CE. No digamos nada de las continuas referencias al golpe de estado permanente en Cataluña que hasta el Tribunal Supremo ha rebatido o la detención - ¿y aplicación de la ley de fugas? – del presidente de la Generalitat cuya autonomía quiere de nuevo verse suspendida vía art. 155 (Ciudadanos) o mediante la aplicación del Estado de excepción, reeditando la medida aplicada bajo el franquismo, por parte de Vox.

Además de ello, se ha podido ver en el último debate que la derecha franquista considera que los partidos democráticos – PSOE y PCE entre ellos – que lucharon contra el franquismo y contribuyeron de manera decisiva a la implantación de la democracia, son asesinos y golpìstas, y se permite insultar al secretario general de Podemos llamándole terrorista etarra amparado en la legitimidad que le da haber sido amenazado por ETA, haciendo coincidir el hecho de la amenaza terrorista con sus planteamientos reaccionarios e ignorando los muertos y las víctimas reales que ETA produjo y cuya apropiación por Vox es realmente repugnante, como le recordó Pablo Iglesias al indicarle que en la lista de En Comú Podem se encuentra la hija de Ernest Lluch, asesinado por ETA, y que la condición de víctima del terrorismo no es patrimonio político del fascismo.

Pero al margen de la depresión que produce escuchar la tabla reivindicativa de las tres derechas, cada vez más radicalmente escoradas hacia el autoritarismo político y el neoliberalismo económico, lo que más llamativo me ha resultado de estos debates es la utilización en las mismas de referencias continuas a unas figuras sociales sobre las que giran las propuestas políticas, de izquierdas o de derechas.

La primera de ellas, aludida hasta la saciedad, es la de los “autónomos”. Se trata de un personaje de perfiles no nítidos porque una vez aparece como pequeño empresario creador de riqueza, es decir, en su condición de emprendedor, en la estela de la legislación del PP de los años 2013 y 2014, y otras veces como trabajador por cuenta propia, formando parte otras del grupo de profesionales y técnicos. Solo en el discurso de la izquierda algunos autónomos tienen nombre propio, como los taxistas o los falsos autónomos que deben convertirse en trabajadores por cuenta ajena, pero la centralidad en el discurso político de la figura del autónomo, que por definición es ante todo un individuo que actúa en el mercado confiado solo en su actuación profesional o su actividad económica generadora de riqueza social y sobre el que planea la carga tributaria y contributiva como una amenaza a su libertad (que es ante todo de empresa, pero también de trabajo), demuestra hasta que punto la ideología del mercado ha atravesado la narrativa política sobre la construcción de la sociedad.

La segunda categoría es la del “pensionista”. Aquí el debate se sitúa en el plano de la ciudadanía social, sin referencias explícitas al nivel salarial y profesional del trabajo que sostiene la extensión y cuantía de las pensiones. La derecha hace planear sobre esta figura la quiebra del Estado de Bienestar que según su narrativa se produce en cuanto llega el centro izquierda al poder por su despilfarro en el gasto público con finalidades parasitarias y demagógicas. La izquierda hace hincapié sin embargo en la necesidad de garantizar pensiones suficientes y revalorizables según IPC, con la reivindicación de fondo de derogar la reforma del PP que llevó a cabo en el 2013. Es un planteamiento común, con matices desde luego, entre la izquierda de ámbito estatal y la nacionalista, pero también del PNV. Que es el único de entre ellos que se refirió de manera clara al Pacto de Toledo como el espacio necesario en el que se debería encontrar un acuerdo sobre este tema, personificado en esta figura del pensionista.

La tercera categoría es la de “precario”. De mayor utilización por la izquierda, se dibuja un sujeto que carece de derechos a partir del trabajo y que normalmente se introyecta en la pobreza, los bajos salarios y la inestabilidad también vital. Suele acompañarse de una referencia a las condiciones de existencia del mismo más que sobre las condiciones de trabajo, relacionándolo con la inexistencia de garantías de un derecho a la vivienda, aunque en muchas ocasiones aparece con nombre propio: las kellys, los riders. Tanto Irene Montero como Pablo Iglesias les han dado su voz en los últimos minutos de sus intervenciones en un gesto de trascendencia simbólica evidente, haciéndoles protagonistas desde su sufrimiento y desasosiego del discurso político que les quiere no sólo proteger sino arrancar de este estado de privación de libertades.

No ha comparecido sin embargo de manera directa la figura del “trabajador”, o al menos la construcción política de la ciudadanía a partir del trabajo como elemento central del proyecto de cambio social e institucional perseguido por la izquierda. Las referencias a esta categoría han sido sesgadas desde la perspectiva de género, en torno a la brecha salarial, o a la necesidad de servicios públicos que faciliten la plena corresponsabilidad entre mujeres y hombres, o bien en su consideración como empleados inmersos en un mercado de trabajo, como cifras de quien encuentra o pierde empleo. Para el franquismo de Vox, el trabajador aparece citado expresamente como sujeto tributario, es decir como una persona que está agobiada por la presión confiscatoria del Estado al que hay que rescatar.

Esa ausencia es más notoria si se atiende a la omisión total de cualquier referencia a las organizaciones que representan al trabajo en todas sus facetas, los sindicatos. Diluidos entre las alusiones a los “movimientos sociales”, se mencionan expresamente entre ellos a la PAH y a los pensionistas, pero no al sindicalismo como actor social. Si lo que no se nombra no existe, parecería que la subjetividad colectiva que expresan los sindicatos de clase, las centrales sindicales más representativas, no es incorporada como un activo del pensamiento político. Y eso que muy recientemente tanto CCOO como UGT han reivindicado la necesidad de un gobierno de progreso que permita un acuerdo a las formaciones de la izquierda,  y que ambas centrales han logrado el compromiso de derogar la reforma de pensiones del 2013 e insisten en la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012, que ha sido también un elemento sobre el que se ha discutido en estos debates electorales.

No se si puede con ello concluirse que el discurso político ha abandonado uno de los elementos básicos del andamiaje constitucional, que se manifiesta en la lectura conjunta de los arts. 7, 28, 37 y 35 de la Constitución, que visibiliza el trabajo como el eje de atribución de derechos en el seno de la relación laboral y en el plano de la ciudadanía social, en concordancia con el Estado social y el compromiso de lograr la igualdad sustancial. En la reescritura que se viene haciendo de la constitución sobre la base de la desposesión de derechos sociales sobre la que recientemente alertaba Coscubiela, sería importante que la izquierda política recuperara la centralidad del trabajo como eje político – democrático del cambio social y que restituyera la figura social de las personas que trabajan y la representación organizada de los mismos en la propuesta de reforma que ofrecen a los ciudadanos.



domingo, 3 de noviembre de 2019

ECONOMIA DE PLATAFORMAS Y RELACIONES LABORALES: UN DEBATE ABIERTO



La Declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo aprobada en la 108ª reunión del 2019 coloca en primer lugar los cambios tecnológicos como eje de las mutaciones que puedan producirse en el futuro sobre el trabajo: “el mundo del trabajo se está transformando radicalmente impulsado por las innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, el cambio medioambiental y climático y la globalización, así como en un momento de desigualdades persistentes, que tienen  profundas repercusiones en la naturaleza y el futuro del trabajo y en el lugar y la dignidad de las personas que se encuentran en dicho contexto”.

Esta nueva gran transformación ha generado un discurso muy extendido según el cual el trabajo desaparecería en su concepción actual, en la medida en que las nuevas formas de trabajo que se expresan en nuevas formas de negocio no serían susceptibles de regulación tal como hoy la conocemos, perdiendo cada vez más intensidad y presencia la regulación externa y colectiva del mercado de trabajo, a la vez que se desarrollaría la protección a cargo del Estado del mínimo vital desconectado del hecho de la actividad productiva. No es una opinión excéntrica o poco extendida. Por el contrario, está en la base de una narrativa distópica que se difunde en los medios de comunicación y en otros productos culturales de amplio impacto en la opinión pública.

En un reciente y muy comentado artículo publicado en La Vanguardia y que pude leerse en este enlace El final del trabajo, el filósofo político Daniel Innerarity alertaba sobre el hecho de que el capitalismo de las plataformas agitaba el fantasma de la automatización para disciplinar y desvalorizar la fuerza de trabajo, recordando a sus lectores que la distopía de la sustitución de trabajo humano por trabajo realizado por las máquinas no tendrá lugar. No se trata de sustituir el trabajo sino de alterarlo sustancialmente de manera que “tanto el microtrabajo mal remunerado como el empleo de los datos que los consumidores proporcionan sin remuneración alguna implican una radical transformación del capitalismo que puede ahora prescindir de la figura del salariado y sus inconvenientes”. Condiciones laborales del siglo XIX en un entorno tecnológico del siglo XXI, y una nueva división internacional del trabajo digital en cadenas globales de deslocalización en el que se sustituye trabajo humano retribuido según estándares legales y colectivos por fuerza de trabajo oculta, precaria y mal pagada. Por otra parte, y como destaca Innerarity, las tecnologías digitales necesitan el trabajo de los usuarios, en la medida que, de alguna manera, “toda persona abonada a una red social es un trabajador”. Los consumidores suministran un trabajo – no pagado – que interactúa con los dispositivos y los mejoran: “quienes intervienen en una red social ejercen una gran influencia sobre los algoritmos, los conductores corrigen las rutas que les sugiere el GPS, los usuarios enmiendan las imprecisiones de la transcripción automática…”.

Frente a esta revolución tecnológica disruptiva, en donde la economía digital transforma la organización del trabajo e impacta en las relaciones laborales, se ha propuesto por la OIT la idea de una “transición justa”, que supone “aprovechar todo el potencial del progreso tecnológico y el crecimiento de la productividad, inclusive mediante el diálogo social, para lograr trabajo decente y desarrollo sostenible y asegurar así la dignidad, la realización personal y una distribución equitativa de los beneficios para todos”, un objetivo que en todo caso tiene que pasar por “promover los derechos de los trabajadores como elemento clave para alcanzar un crecimiento inclusivo y sostenible, prestando especial atención a la libertad de asociación y la libertad sindical y al reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva como derechos habilitantes”, lo que exige “asegurar que las modalidades de trabajo y los modelos empresariales y de producción en sus diversas formas, también en las cadenas nacionales y mundiales de suministro, potencien las oportunidades para el progreso social y económico, posibiliten el trabajo decente y propicien el empleo pleno, productivo y libremente elegido”. La opción de la organización internacional no contempla la disolución de las instituciones que regulan la relación laboral, sino su fortalecimiento, preservando en todo caso elementos esenciales de esta regulación. En efecto, para la Declaración del Centenario, el futuro del trabajo debe pasar por “el fortalecimiento de las instituciones del trabajo a fin de ofrecer una protección adecuada a todos los trabajadores y la reafirmación de la continua pertinencia de la relación de trabajo como medio para proporcionar seguridad y protección jurídica a los trabajadores, reconociendo el alcance de la informalidad y la necesidad de emprender acciones efectivas para lograr la transición a la formalidad. Todos los trabajadores deberían disfrutar de una protección adecuada de conformidad con el Programa de Trabajo Decente, teniendo en cuenta i) el respeto de sus derechos fundamentales; ii) un salario mínimo adecuado, establecido por ley o negociado; iii) límites máximos al tiempo de trabajo, y iv) la seguridad y salud en el trabajo”.

La “continua pertinencia” de la condición de trabajo por cuenta ajena y dependiente como condición de ejercicio de derechos laborales, que integra a su vez la figura de la ciudadanía social es por tanto un elemento central en la configuración del tipo de regulación laboral que se debe mantener en el futuro. Otras propuestas más concretas respecto de los trabajadores de plataformas se han ido materializando a lo largo de este debate, en la idea además de construir un sistema de gobernanza internacional que asegure derechos y prestaciones mínimas para estos trabajadores, al estilo del Convenio del trabajo Marítimo del 2006, proponiendo un nuevo convenio internacional para estos trabajadores, como ha recogido en alguna de sus intervenciones Joaquín Nieto, el director de la oficina de la OIT en España, o la propuesta de una Garantía Laboral Universal para todo este personal.

¿Cómo se ha recibido este debate en España? No ha habido una intervención legislativa sobre estos problemas, y ha sido el campo de la doctrina científica el que ha anticipado el debate sobre el tema, posteriormente enriquecido con los sucesivos fallos judiciales al respecto. La percepción de la utilización de la economía digital como vía para la degradación de las condiciones laborales se ha ido materializando en una ya larga discusión doctrinal sesgada a partir de la clasificación jurídica de la relación de trabajo que se desprende del trabajo en plataformas, comenzando con lo que se denominó uberización de las relaciones laborales, un tema al que la Revista de Derecho Social ha dedicado una amplia atención, y que se despliega en un contexto  en el que cobra un empuje formidable la idea-fuerza de la economía colaborativa, a la que se le asigna la capacidad de revertir los desmanes económicos, sociales y políticos del modelo empresarial responsable de la crisis económica basada en la financiarización global de las relaciones económicas. Las Comunicaciones de la Comisión Europea realizadas al Parlamento Europeo, al Consejo al Comité Europeo Económico y Social y al Comité de las Regiones , así como las conclusiones del Foro Mundial Económico de Davos , entronizaban a los modelos de negocio basados en plataformas digitales como the only one way para la recuperación económica, en el que se concentraban la oportunidad de trascender una situación en crisis y la inevitabilidad de recorrer este camino ante la progresiva digitalización y automatización del mundo económico. Este impulso político-institucional buscó su aceptación y legitimación social equiparando aquellos modelos de negocio a experiencias colaborativas de producción y consumo surgidas a partir de la etapa más agresiva de la crisis económica ante la imposibilidad de importantes estratos sociales de población de acceder al consumo acudiendo a los mercados tradicionales. 
    
A partir de la reflexión académica sobre la uberización – no solo europea, sino prácticamente global – otro tipo de empresas han entrado en el foco de atención doctrinal, aunque sigue ejercitando una fuerte vis atractiva el problema de la calificación laboral de estos trabajadores al servicio de plataformas, que en nuestro país se ha centrado en los casos muy conocidos de Deliveroo o de Glovo, a través de la intervención de la Inspección de Trabajo tanto en su actividad sancionatoria como en el impulso del procedimiento de oficio para la declaración de la laboralidad de la relación de los llamados riders. Es un debate en curso, puesto que las diferentes soluciones judiciales que se han ido dando a los casos planteados, permite aventurar que el tema llegará a la unificación de doctrina del Tribunal Supremo, constituyendo por tanto un terreno de lucha de intereses extraordinariamente tensionado, puesto que las presiones contra una solución que considere a estos trabajadores como trabajadores por cuenta ajena son muy potentes y confían en una composición de la sala cuarta en la que las posiciones conservadoras allí dominantes den la razón a la pretensión empresarial.

A través de este prisma, el de la laboralidad de quienes prestan su actividad en el marco de una economía de plataformas, se han ido poniendo de relieve consideraciones muy críticas sobre el modelo de gobernanza de estas empresas, focalizado en el área de la colaboración empresarial y de las relaciones de trabajo autónomo, donde lo colectivo se diluye en una consideración del trabajo que prestan las personas a través de la plataforma digital como individuos que trabajan por cuenta propia o, últimamente, como trabajadores autónomos económicamente dependientes, siempre por tanto alejados de la posibilidad de institucionalizar una dimensión colectiva para estos trabajadores que construya un interés de grupo articulado a través de la representación legal  o de la condición voluntaria de agregación de intereses, que se pretenden siempre alejados y diferenciados de los que organizan a los trabajadores en general. El sujeto colectivo de representación de los intereses y derechos de trabajadoras y trabajadores se ve sometido a un sensible cuestionamiento de la utilidad y vigencia de su función económico-social y político-democrática.

El siguiente terreno de debate viene urgido indirectamente por la reflexión doctrinal en torno a la calificación jurídica de la relación de servicios como laboral, y es la definición y caracterización de las empresas de plataforma como parte de un contrato de trabajo, es decir su condición de empleadora, una discusión que se relaciona necesariamente con la progresiva complejidad de la figura de empresario más allá de la sencillez (relativa) de su ligamen con la personalidad jurídica y capacidad de obrar, y que ha dado lugar a propuestas explicativas muy interesantes. En el centro de esta discusión se encuentra el problema de la responsabilidad de la empresa y también aquí se enlaza con la imposición de obligaciones en materia de cotización a la Seguridad Social y de capacidad tributaria, problemáticas muy interesantes e intercurrentes. Este abordaje más general sugiere planteamientos más complicados que intenten reflexionar sobre los cambios y las repercusiones que esta economía digital tiene en el ámbito de otras formas de organizar la economía y en la propia configuración de derechos y obligaciones que conforma el sistema de seguridad social.

La economía digital por consiguiente es un área de fuertes turbulencias en la que convergen no solo las iniciativas doctrinales y judiciales que reflejan los intereses encontrados de empresas y trabajadores, sino también formas organizativas que van intentando agregar un diseño representativo estable para este tipo de trabajo en las que el sindicalismo está muy interesado en poner en práctica experiencias organizativas que fructifiquen y permitan desarrollar su presencia en las nuevas identidades precarias que pueblan el trabajo en esta economía digital. Posiblemente también sería muy importante favorecer una intervención legislativa en esta materia, como forma de zanjar de manera clara lo que hoy por hoy permanece abierto a las distintas resoluciones del momento interpretativo obra de los jueces. Es por otra parte seguro que en un tiempo relativamente breve, se conozcan algunos proyectos regulativos fruto de la propuesta sindical para la solución de este problema. El debate permanece abierto y seguiremos sus desarrollos. Permanezcan atentos a sucesivas entradas del blog.



viernes, 1 de noviembre de 2019

LA LIBERTAD SINDICAL EN EL MUNDO: NUEVOS ASPECTOS Y PROBLEMAS ANTIGUOS




Ayer se celebró en la sede imponente del Instituto Agustiniano de música clásica, en Roma, la presentación del volumen monográfico de la revista Diritti, Lavori, Mercati, coordinado por Lorenzo Zoppoli y Antonio Baylos, que se hizo en homenaje al estudiante e investigador Giulio Regeni, asesinado en Egipto por los aparatos de estado mientras desarrollaba precisamente su investigación sobre el movimiento sindical en aquel país como consecuencia de la primavera árabe y su represión con la complicidad de las potencias occidentales protectoras del aparato militar y político que controla el Estado.

La libertad sindical es importante como objeto científico y como símbolo político. Como objeto de investigación porque normalmente el interés de los estudios sobre el tema se deriva hacia las facultades de acción sindical, la negociación colectiva principalmente y la huelga, o respecto de los espacios que debe ocupar la acción sindical y muy especialmente su particular configuración en la empresa. La libertad sindical entendida fundamentalmente como capacidad de organizar el trabajo de manera que éste pueda trascender su condición de mercancía, es en sí mismo un tema que posibilita una reflexión amplia no sólo sobre el sentido de esta autonomía en la organización del interés colectivo, sino respecto de la noción clave de representación y su relación con una realidad cambiante en función de las evoluciones de la organización del trabajo en el marco de un sistema empresa mutante, cuyas últimas manifestaciones en la era digital a través de los nuevos modelos de negocio constituyen el ejemplo más vistoso. La libertad sindical hace aparecer además la problemática de la subjetividad colectiva como elemento constitutivo de la regulación de las relaciones laborales que incide sobre la propia materialidad de las relaciones económicas de un país determinado y colorea así un modelo de empresa y de mercado que necesariamente debe tener en cuenta esa nueva presencia que cuestiona si no su autoridad, sí su autoritarismo, imponiendo al Estado el deber de reconocer ye compromiso d proteger ese espacio de la libertad colectiva de organización y de acción de las personas que trabajan.

Por eso la libertad sindical es también un símbolo político, en la medida en que su reconocimiento efectivo en un país determinado condiciona el carácter democrático del régimen político del mismo. La presencia institucional del sindicato, su garantía por los órganos judiciales y la legislación promocional de las facultades de organización constituyen el test definitivo para calificar a una sociedad como democrática. Son muchos sin embargo los territorios en los que la libertad sindical ha sido anulada, perseguida o vaciada de contenido. Hay todavía demasiados lugares en los que ejercer el derecho a organizar el trabajo en torno a un sujeto colectivo que lo representa puede suponer un riesgo elevado y potentísimo no ya para el empleo sino para la propia integridad física y la vida de las personas que lo ejercitan.

Se discute así sobre una doble condición de la libertad sindical, como libertad política y como libertad económica, es decir como un instrumento esencialmente de ajuste y de equilibrio en un mercado en el que la fuerza de trabajo se desvela como una mercancía especial que compromete la propia persona que presta su actividad y que requiere por consiguiente una negociación de su valor en una relación que intente reducir la asimetría de poder que se expresa en la misma. La libertad sindical como libertad esencialmente política parte por el contrario de la desmercantilización del trabajo – es decir en considerar seriamente que “el trabajo no es un artículo de comercio” como señaló la OIT ya en su acta fundacional hace cien años – y genera políticas del derecho encaminadas a incidir en el marco institucional y a conectarse con el propio concepto de democracia social, que intenta acomodar por tanto el plano de la realidad económica material y del mercado con el de la ciudadanía y la igualdad sustancial perseguida como objetivo democrático básico.

Esta doble potencialidad de la libertad sindical puede ser susceptible de desarrollos cuestionables. Se diría que en los países en vías de desarrollo, la libertad sindical es ante todo una libertad política que cuestiona (o define) el sistema político en una dirección democrática, mientras que en los países desarrollados (USA, Japón, Unión Europea) esta libertad sindical se despolitiza y se liga directamente al contrato y al mercado como libertad económica que se sitúa fundamentalmente en el ajuste de salarios y empleo en un mercado de trabajo en el que la asimetría de poder en las relaciones laborales se resuelve exclusivamente a través de la contratación colectiva de las condiciones de trabajo, lugar a que se reconduce el conflicto de intereses que se expresa mediante la huelga. De esta manera se considera desfasado el carácter político democrático de la libertad sindical al desplegarse esta en un marco de democracia parlamentaria, y se confina esa calidad en el patrimonio histórico del sindicalismo, como un recuerdo de momentos épicos ya pasados, sustituido por su integración plena en el espacio del mercado como libertad económica. Estas tendencias han sido espoleadas con la crisis económica y colocan a la libertad sindical en una posición de subordinación a la lógica de la libre empresa que no es compatible con su caracterización radicalmente política y democrática, que perturba y cuestiona las raíces profundas de un autoritarismo social que es a la postre esencialmente antidemocrático.

De todo ello – y mucho más - se habló en el acto de presentación del fascículo monográfico de DLM en Roma. Bajo la batuta excelente de Mario Rusciano, codirector de la revista, Edoardo Ales hizo una presentación completa y problemática del tema, a la que siguieron intervenciones de una serie de participantes que resaltaron cada uno de ellos aspectos peculiares de la materia abordada. Desde Stefano Bellomo, de la Universidad La Sapienza de Roma, a Susana Camusso, responsable de las políticas internacionales y de género de la CGIL, y Fausta Guarriello, de la Universidad de Chieti-Pesacara G. D’Annunzio, hasta Emmanuele Russo, presidente de Amnistía Internacional Italia, concluyendo el acto Tiziano Treu como presidente del Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo (CNEL). La patronal no consideró conveniente enviar a nadie a la presentación del libro, lo que fue resaltado por Mario Rusciano durante el desarrollo del mismo. A la presentación asistieron un buen número de personas entre las que se encontraban varios de los autores del número monográfico como Carmine Russo, Antonio Loffredo, Giovanni Orlandini, Massimiliano Delfino, entre otros, acompañados de muchos más profesores y amigos, entre los cuales Gian Guido Balandi, Marco Esposito, David Lantarón, Irene Zoppoli, Silvio Battistini, así como los coordinadores del libro, Lorenzo Zoppoli y Antonio Baylos. Éste anunció en el debate que se celebró a continuación de las intervenciones que la obra tendría a finales del año que viene una versión española en la que se producirían algunos cambios en sus contenidos.



miércoles, 30 de octubre de 2019

CUESTIONES ACTUALES SOBRE EL DERECHO DE HUELGA. CRÓNICA DE UN SEMINARIO EN CUENCA




El área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCLM organiza al menos dos veces al año unos seminarios de formación entre sus miembros que suelen consistir en un tema libe, no necesariamente conectado con la materia, al que se invita a un profesor o experto externo y sobre cuya intervención se discute entre todos. En esta ocasión, el seminario se efectuó en Cuenca, en la Facultad de Ciencias Sociales de esa ciudad, bajo la amplia hospitalidad de su decana, Amparo Merino. Se aprovechó la ocasión para homenajear a dos de los miembros del área que se jubilaban, Jesús Rentero, magistrado del TSJ de Castilla La Mancha y profesor en Albacete, y Enrique Gasco, profesor en Cuenca.

Ambos profesores son doctores en derecho y ambos escogieron como tema de investigación aspectos relacionados con el derecho de huelga. Esta era la feliz circunstancia que permitió que el seminario se concentrara monotemáticamente sobre el derecho de huelga, invitando como presencia externa a Wilfredo Sanguineti, catedrático de la Universidad de Salamanca, y haciendo que Joaquin Aparicio hiciera de relator crítico de la tesis de Jesús Rentero sobre el comité de huelga, y a Antonio Baylos respecto de la tesis de Enrique Gasco sobre la huelga política.

El seminario fue introducido por la decana de la Facultad y por el Director del Departamento, Joaquin Pérez Rey.  Las notas sobre la presentación de éste enmarcan con gran claridad el contenido del seminario.

En ellas, tras mostrar el agradecimiento a la Facultad anfitriona y a su decana, a la secretaria del Departamento, Milena Bogoni, a los ponentes y homenajeados y en especial a Wilfredo Sanguineti, en misión desde la otra Castilla, resaltó la importancia del seminario tanto por las intervenciones programadas como por el tema elegido.

Sobre la base de la importancia que ha ganado Juego de Tronos como metáfora civil, se podría decir que el derecho de huelga se encuentra confinado al otro lado del muro, sin que forme parte de las peripecias cotidianas de los siete reinos y sin que ni siquiera la visión profética de los cuervos de tres ojos aventuren que pueda abandonar ese estado de aislamiento, de retiro tan evidente en los programas electorales y en el proipio discurso sobre la nueva regulación de las relaciones laborales. Esta anomalía regulativa en la que se encuentra el derecho de huelga en nuestro país desde la Constitución, no evita que los problemas se produzcan propiciando una labor doctrinal muy creativa y una regulación pretoriana que ya no es tanto la de los primeros tiempos, depurativa, sino de nuevo cuño destacando la discusión sobre su ejercicio en las nuevas formas de producir en la etapa de la economía digital, debate que no hace más que recrudecerse: desde el empresario complejo al "colaborativo" como epítomes de los “nuevos modelos de negocio”  que llega a plantearse el problema de la relación temporal entre la huelga y la calificación del contrato, si es un prius que califica de laboral el mismo o un posterius que confirma la laboralidad de esta relación, pero que en todo caso permite incluir estos nuevos supuestos en el ámbito de aplicación del derecho colectivo y sindical del trabajo.

El primer tema por tratar es el de la tutela del derecho de huelga en las estructuras empresariales complejas, y sin duda Wilfredo Sanguineti  es la persona más adecuada para tratar el tema encomendado. Él ya propuso en su día en una interesante monografía que los objetivos de las empresas frente a la huelga habían variado sustancialmente y que del cierre patronal como respuesta se había pasado al mantenimiento de la producción, lo que ha generado que uno de los ejes del debate sobre la huelga se haya movido hacia la prohibición del esquirolaje (mercantil, impropio, tecnológico…) al estudio de la nuevas formas de empresa como estructuras inmunes frente al ejercicio del derecho.

A continuación, Antonio Baylos tenía encomendado hablar sobre “la huelga política 15 años después de la tesis de Enrique Gasco”, un trabajo de investigación que Enrique Gasco defendió en el 2004 y que se titulaba “Política de la huelga y huelga política”. Es un tema que parece pacífico en la doctrina y jurisprudencia constitucional pero que no lo es, porque podríamos hablar de un problema latente. En un escenario de abierta represión del conflicto social y político, reconducido de forma empecinada a un exclusivo  problema de orden público , la huelga política como instrumento que transciende la reclamación económica y se inserta en posiciones de clase que exigen cambios políticos, se carga de enigmas. De vez en cuando surgen ejemplos en los que estos enigmas se plantean de forma clara a efectos de la respuesta que el ordenamiento jurídico debe dar:  huelgas contra la guerra en Irak, huelgas en el marco del procès en Catalunya, pero también merece la pena saber qué función puede llegar a cumplir en el neoconstitucionalismo radical, esto es, el que abre canales emancipatorios,  y produce  un desbordamiento democrático que permite ganar nuevos espacios de libertad.

La última de las intervenciones correspondió a Joaquín Aparicio Tovar, catedrático emérito de la UCLM, sobre “El comité de huelga en el Derecho español del trabajo de Jesús Rentero revisitado”, que por tanto glosaba la tesis de Jesús Rentero que con el mismo título éste publicó en el Consejo Económico y Social en el año 2002. Joaquín Aparicio se ocupó de la pasarela que une el derecho de huelga con la negociación colectiva y que a la vez se inserta como pieza formal en la huelga como proceso, en un contexto que favorece la informalidad de los sujetos colectivos que lo gobiernan. Es un tema que asoma constantemente a la práctica de los tribunales. El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente a propósito de la constitución del comité de huelga en caso de pluralidad de convocantes con resultados nada satisfactorias, tal y como anticipaba la tesis de Jesús Rentero por lo demás.

Finalmente se planteó un debate entre todas y todos los asistentes en torno a una pregunta, la de qué hacer con la huelga en el actual ciclo político. Esta última parte del seminario tradicionalmente se destina a una discusión abierta y participativa sobre lo escuchado que permita asimismo plantear algunos otros temas de debate abiertos, no marcados por las intervenciones efectuadas o marginales a las mismas.  En este caso, intervinieron en primer lugar los dos compañeros homenajeados, Gasco y Rentero, y a continuación se recorrieron algunos puntos de interés, como la confrontación entre la doctrina académica y la interpretación judicial especialmente evidente en esta materia, los discursos circulares sobre la inefectividad de la huelga poniendo el énfasis en varias dimensiones, desde la que sitúa la huelga en un contexto acentuado de precariedad, lastrando su eficacia ante el miedo a la represalia y la pérdida del empleo, hasta la incertidumbre existente sobre el estatus jurídico de las nuevas identidades laborales y su alejamiento de las figuras representativas clásicas, como el sindicalismo confederal, insistiendo por otra parte mucho en la importancia cada vez más emergente del espacio transnacional como marco imprescindible de ejercicio de las medidas de acción colectiva. También en el debate se puso de manifiesto críticamente el desplazamiento de la eficacia de la huelga del plano de la desorganización y paralización productiva al de la demostración de la presencia y adhesión colectiva en el espacio de la ciudadanía, fuera del de la producción que se configura cada vez más como un ámbito opaco e impenetrable ante la libertad y la democracia colectiva que resulta impenetrable a la acción de los sujetos que lo contestan.

Otros muchos temas quedaron sin abordar, pero los tiempos exigían poner término a la discusión y acudir a una comida de hermandad que se celebró en un local desde el que se disfrutaba una espléndida vista de la ciudad de Cuenca. El seminario resultó extremadamente fructífero, no solo por constituir una gran oportunidad científica y académica en el encuentro y la discusión, sino por su propósito más sentimental,  atendiendo la labor de cuidar los afectos como suele decir nuestra compañera Laura Mora. Fue, ante todo, un modesto, pequeño y doméstico reconocimiento a dos compañeros de tantos años con los que hemos convivido y aprendido y con los que, sin duda, lo seguiremos haciendo en el inmediato futuro.







lunes, 28 de octubre de 2019

¿REGRESO A LA HUELGA SEDICIOSA? RELECTURA DE LA SENTENCIA DEL PROCÉS. HABLA JUAN TERRADILLOS.



Se han efectuado numerosos comentarios sobre las consecuencias que la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el procès puede tener sobre las relaciones de conflicto y las movilizaciones sociales. ¿El “alzamiento tumultuario” que describe la sentencia puede ser aplicado a cualquier manifestación o concentración que se oponga a una decisión judicial, como en el caso de los desahucios? ¿Pueden calificarse algunos conflictos como sediciosos? ¿Es compatible con el sistema democrático el delito de sedición? Juan Terradillos, catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, (en la imagen con Joaquin Aparicio en una reunión de trabajo) analiza  con el rigor que le caracteriza estas cuestiones, en unas notas que se exponen a continuación en rigurosa exclusiva. La interpretación de las normas penales ha de ser siempre garantista, y así lo demuestra este escrito. El blog agradece al profesor Terradillos por haber atendido con tanta amabilidad como oportunidad la petición solicitada por este blog.

La sentencia del TS, Sala de lo Penal, 459/2019, con la que concluye el proceso, judicial, al procés, político, suscita numerosas cuestiones que van siendo analizadas en los medios, con más o menos tino, por plumas, más o menos especializadas, centradas en valorar la coherencia o incoherencia con los hechos probados de la no apreciación del delito de rebelión o de la apreciación del delito de sedición.

Sobre la primera cuestión, parece mayoritariamente aceptada -con alguna discrepancia (Gordillo, Mangas)- la tesis del Supremo de que la violencia probada no integra la gravedad normativamente exigida por el tipo de rebelión. Sobre la segunda, sigue vivo el debate, al menos en los ámbitos académicos más reconocidos, sobre la subsumibilidad de los hechos en los tipos de sedición, o en otros más genéricos y menos graves, p. ej., desórdenes públicos.

Más allá de las estimaciones, críticas o turiferarias, sobre el argumentario de la sentencia, interesa ahora analizar el riesgo de que el concepto de sedición, que hace suyo el TS, pueda, en el futuro, ser utilizado para fundamentar la imposición de penas graves a los responsables de conflictos laborales o sociales que revistan formas tumultuarias; es decir que revistan con el DRAE,  la forma de “motín, confusión o alboroto producido por una multitud”.

La sedición, históricamente considerada como una modalidad no violenta de rebelión y, por tanto, como dirigida contra la seguridad interior del Estado -lo que no fue obstáculo para criminalizar la huelga como sedición en el art. 222 CP hasta bien avanzado el período constitucional- es hoy un delito contra el orden público (CP, libro II, Tít. XXII), mientras la rebelión se ubica en un Título distinto, el XXI, de “Delitos contra la Constitución”. 

El recurso para proteger el orden público a un delito tan negativamente connotado -por origen autoritario y contenidos dudosamente constitucionales- como la sedición, sugiere inmediatamente la idea de desproporción, o, más exactamente, de pervivencia en el orden penal de principios y preceptos lastrados en demasía por un autoritarismo  desconocedor de que el marco político franquista, en el que nacieron, no es equivalente al orden constitucional vigente (García Rivas).   
No define el CP lo que entiende por orden público, aunque en alguna ocasión lo equipara a la seguridad o a la paz pública (artículos 89.2 y 557). Tampoco lo hace la LO 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que, no obstante, identifica como contenidos de esta “la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos” (art. 1). Por su parte, la STS 459/2019 no aporta criterios de definición que vayan más allá de la diferenciación jurisprudencial, poco fértil en consecuencias, entre paz pública y orden público.

No parece que conceptos de orden público tan laxos, a más de inaprehensibles, como para ser equiparados a la paz pública o la tranquilidad de los ciudadanos, resulten útiles para fundamentar que los ataques que se les inflijan puedan ser constitutivos de un delito tan grave como la sedición.
En nuestro modelo constitucional, orden público debe equivaler a normalidad en el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. Porque es la capacidad de ejercer derechos y libertades la que define al ciudadano como sujeto político. Así lo recalcó, en abril de 2016, el Grupo de Estudios de Política Criminal en su Manifiesto por una nueva política criminal en materia de espacio y orden público.

La tipificación actual de la sedición, una vez expulsada de entre los delitos contra la Constitución, apunta a la tutela de ese bien jurídico. Ámbito, sin embargo, ya cubierto por otros delitos (desórdenes públicos, desobediencia, resistencia), lo que obliga a considerar sediciosos solo ciertos ataques al orden público, caracterizados por su gravedad, atendiendo a los medios empleados -alzamiento público y tumultuario, con fuerza o fuera de las vías legales- y a los objetivos perseguidos: para impedir… la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o Judiciales” (CP, art. 544).

Respecto a los medios, deberán presentar características que los diferencien de los empleados en los delitos de atentado, resistencia y desobediencia, y deberán superar en gravedad a los desórdenes públicos genéricos. Todos ellos son, como la sedición, delitos contra el orden público, pero castigados con penas inferiores.

Esa obviedad debería llevar a entender sediciosas solo conductas de especial gravedad, y nunca a través de interpretaciones extensivas. En concreto, se ha propuesto que, para integrar el tipo de sedición, la fuerza ha de ser equiparable a la violencia, y la actuación fuera de las vías legales ha de comportar una abierta hostilidad, equiparable a la intimidación grave (Bosch).

Así lo ratifica la sentencia del procés: “No es equivalente para el legislador la sedición y el atentado o el mero desorden. La desobediencia clásica y simple es un delito muy distinto a la sedición. Pero la sedición es un aliud y no meramente un plus o un minus. Implica conductas activas, alzamiento colectivo, vías de hecho, despliegue de resistencia. La concreta gravedad del delito de sedición radica en su especificidad típica respecto de los otros tipos de la rúbrica. La sedición no alcanza a toda turbación de la paz o tranquilidad pública” (FJ B.4.3).

Dicho de otro modo: alzamiento es algo superior y distinto a “alboroto popular”: requiere, con el DRAE, “levantamiento” o “sublevación”. Y tumultuario es algo superior y distinto a “confusión producida por una multitud”: requiere comportamientos colectivos hostiles y objetivamente amenazantes.

Al menos esta es la interpretación que hace, incorporando anterior doctrina jurisprudencial, la STS 459/2019: “La mera reunión de una colectividad de sujetos no es, sin más, delictiva. El delito surge cuando, además de ser tumultuaria y pública, acude como medios comisivos a actos de fuerza o fuera de las vías legales, para dirigirse con potencial funcionalidad a lograr que las leyes no se cumplan o que se obstruya la efectividad de las órdenes o resoluciones jurisdiccionales o administrativas… … la expresión «tumultuario» no puede tener otra significación que la de «abierta hostilidad, y adiciona un contenido de hostilidad y violencia que no tiene por qué ser física ni entrañar el uso de la fuerza, como expresa la alternativa modal entre ésta o “fuera de las vías legales”, pero que ha de vivificarse necesariamente en actitudes intimidatorias, amedrentatorias, injuriosas, etc.». Solo así … … puede deslindarse «…la sedición de la pacífica oposición colectiva a la ejecución de las leyes o al ejercicio de la función pública fuera del sistema legal de recursos o procedimientos de reclamación o de disconformidad… La Sala hace suyo este razonamiento” (FJ B.4.4).

Se requiere, pues, el levantamiento de un colectivo indeterminado y, por ello, incontrolado, con idoneidad lesiva para afectar de manera relevante al bien jurídico a través de los objetivos perseguidos. Que no son, como en la rebelión, acabar con la Constitución o con alguno de sus elementos esenciales, sino enervar, de un modo no constitutivo de rebelión, la actuación de instituciones constitucionales. Cuando el art. 544 CP protege el normal funcionamiento de las instituciones ofrece una delimitación del objeto jurídico de protección más exacto -y estricto- que cuando se refiere a conceptos tan vagos y, sobre todo, tan susceptibles de interpretación en clave autoritario-formal como paz o tranquilidad ciudadanas.

Así, solo podrán ser típicos ataques en los que la fuerza empleada por multitudes levantadas pudiera entorpecer de manera relevante y en materias esenciales el funcionamiento de las instituciones o el ejercicio por parte de las autoridades gubernativas y judiciales de sus funciones, “siempre de acuerdo con los principios democráticos que confieren legitimidad a su actuación” (FJ B.4.3). Sin que sea suficiente la perturbación coyuntural que obstaculiza el rendimiento máximo ideal, que  afecta a áreas contingentes o que es fácilmente reversible.

Una interpretación literal, histórica, sistemática y funcional-teleológica aboca a entender la sedición como delito de extraordinaria gravedad por la fuerza requerida, por la peligrosidad del difuso sujeto activo, por la idoneidad lesiva del comportamiento global -que integra la vulnerabilidad del funcionamiento de las instituciones- y por la alta significación de los objetivos perseguidos. De suerte que parecen indiscutibles los argumentos que abogaron y abogan por la derogación de una figura delictiva que se ha quedado sin campo definido de aplicación: no es el de los supuestos de grave afectación al orden constitucional global -ya cubiertos por la rebelión- sino el de otros de menor alcance y gravedad, que deberían ser considerados desórdenes públicos (García Rivas), con todas las agravantes específicas que el legislador hubiera querido añadir (y hubiera podido motivar con argumentos constitucionales y con respeto al principio político-criminal de intervención mínima).

El TS, en esta ocasión, ha calificado como sediciosos los más graves de los comportamientos enjuiciados. Y ha hecho saltar las alarmas, tanto como ha reforzado malévolos entusiasmos punitivistas, entre quienes se plantean la posibilidad de que los argumentos que avalan la calificación de sedición puedan ser utilizados para asignar la misma etiqueta a acciones colectivas que no son sino ejercicio de derechos fundamentales (reunión, expresión, manifestación). Así, se ha mantenido que la literalidad de la sentencia permite condenas altísimas a quienes protesten pacíficamente -sin violencia ni intimidación- contra resoluciones que acuerden el desahucio de una vivienda, el desalojo de una acampada o la disolución de una manifestación (Bosch). Caben, en mi opinión, otras lecturas de la sentencia.

A la interpretación que del art. 544 CP ha realizado la STS 459/2019 se le han opuesto objeciones diversas, susceptibles también de distinta valoración. Por ejemplo, que la concentración multitudinaria para   obstaculizar el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 podría haber sido considerada ejercicio del derecho de manifestación o, en su caso, delito de desórdenes públicos, con independencia de otros delitos concretos eventualmente cometidos a título individual por participantes en la concentración. O que la participación en un referéndum ilegal y prohibido no puede ser constitutiva de un delito de sedición, cuando su convocatoria ya había quedado despenalizada en 2005. O que no se hayan agotado las posibilidades de aplicar en sus límites mínimos unas penas que resultan, en su marco legal y en su concreción al caso, absolutamente desproporcionadas (Mena). O que se hace una lectura parcial de los hechos probados, que condiciona su correcta calificación jurídica (Bonet). Pero, en cualquier caso, la sentencia no propone una relectura del art. 544 que permita dispararle, como sediciosa, a cualquier pieza de reivindicación colectiva que se ponga a tiro.

Aunque, como ya se advirtió, algunos hayan manifestado su temor prudente y otros su júbilo esperanzado ante la posibilidad de que el concepto de sedición se haya relativizado y pueda aplicarse expansivamente, esta indeseable consecuencia solo podría haberse producido si el TS se hubiera propuesto una reconstrucción dogmática del 544. Y no lo ha hecho.

Cierto que la sentencia subraya, en alguno de sus fundamentos jurídicos, el carácter pacífico de las convocatorias realizadas por los luego condenados por sedición (FJ C. 1.9.1 y 1.9.4), pero no es sobre ese elemento sobre el que gravita el juicio de tipicidad, sino sobre los hechos gravemente violentos que el TS declara haber detectado en el desarrollo de esas convocatorias. En ningún caso el Tribunal sugiere que la gravedad de la sedición pueda degradarse hasta ser suficiente el ejercicio pacífico de derechos.

Las líneas generales del Fundamento Jurídico B).4. apuntan, en sentido contrario, a un complejo fáctico que, en el relato judicial, presenta características de muy grave –“propiciaron un entramado jurídico paralelo al vigente, desplazando el ordenamiento constitucional y estatutario” (Hecho Probado 14)-, que no puede ser castigado como desórdenes públicos: “ante ese levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica, no es posible eludir la tipicidad de la sedición” (FJ B.4.5).

Los gravísimos hechos probados, tal como los ha valorado el TS, han de ser subsumidos en un tipo penal connotado por idéntica gravedad. De ahí que la tipicidad de la sedición, en la sentencia como, según creo, en el CP, no se conforme con el desorden tumultuario por grave que este sea: ha de suponer despliegue de hostilidad y uso de fuerza suficiente, “en un intento de derogación de la legislación válida vigente, además de una contumaz rebeldía a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional” (FJ B.4.6). Solo este entendimiento de la sedición como neutralización efectiva del funcionamiento del Estado democrático de Derecho, permite evitar el incurrir en “perturbadoras interferencias entre el ámbito típico del delito de sedición y otras respuestas del derecho administrativo sancionador, que miran a formas de obstrucción no encajables en el tipo penal descrito en el art. 544 del CP (cfr. art. 36.4 de la LO 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana)” (FJ B.4.3.).

En los términos literales de la STS, que, en este punto, no vienen sino a corroborar lo exigido por una correcta hermenéutica, es en la legislación administrativa o, en su caso, en los tipos de desórdenes públicos, donde habrá que expurgar los criterios de legitimidad de la sanción al ejercicio colectivo, cuando probadamente irregular o delictivo, de los derechos de participación ciudadana. No en los de sedición.