RECORDANDO A ROMAGNOLI: JUAN LÓPEZ GANDÍA Y EL FILM DE MORETTI "IL SOL DELL' AVVENIRE"

 

En el Curso de Expertos y Expertas Latinoamericanos/as en Relaciones Laborales que se está celebrando en Toledo, y del que Umberto Romagnoli fue su fundador y animador principal, junto con Pedro Guglielmetti, se ha celebrado el viernes 22 un homenaje a nuestro maestro y amigo en el que han participado, además de Joaquín Aparicio y Antonio Baylos, los dos ex presidentes del tribunal Constitucional, Miguel Rodriguez Piñero y Maria Emilia Casas, el director de la revista Lavoro e Diritto, Guido Balandi, el catedrático de la Universidad de Buenos Aires y ex becario del Curso Guillermo Gianibelli y, cerrando el acto, il Nonno Pedro Guglielmetti. En este acto debería haber estado presente Juan López Gandía, pero circunstancias especiales le impidieron acudir a Toledo, como habría sido su intención. En su muro de Facebook ha publicado una noticia del espléndido film de Nanni Moretti que ha dedicado a nuestro amigo Romagnoli. Nosotros ahora lo publicamos en esta entrada del blog, como homenaje a la memoria de Umberto. 

El SOL DEL FUTURO. LA HISTORIA POR SUPOSICIÓN  

Dedicado a Umberto Romagnoli y al homenaje que lleva a cabo a lo largo de esta semana la Universidad de Castilla La Mancha en Toledo

…………………………..

Moretti acaba de estrenar este año “El sol del futuro” (“Il sole dell´ avvenire”), un film de emociones, melancolía, humor y esperanza para una izquierda italiana huérfana. Y para ello viaja al pasado, fílmicamente, al mostrar el rodaje de una película ambientada en los años cincuenta y recurre no a la “infidelidad” histórica de Bellocchio, ni al ·”imaginemos que fue así” de Tarantino, sino a algo similar, lo que el mismo director llama “historia por suposición”, una representación de la historia expresamente expuesta como tal, en la que el artista se puede tomar libertades. Y lo hace en un film dentro de otro film, que trata sobre la historia del secretario de la sección “Antonio Gramsci” del PCI del barrio de Roma el Quarticciolo que en 1956 se debe plantear cómo reaccionar a la invasión de Hungría por el ejército soviético, un dilema entre su conciencia política y su obediencia al partido.. Y Moretti, ante la opción suicida, no solo personal, del secretario del partido, imagina que el partido comunista italiano de Togliatti se desvincula en 1956 de su dependencia histórica del bloque soviético.

Y celebra esta opción con un final apoteósico y triunfal, también para el propio film que estamos viendo, “Il sole dell´avvenire”, fusionando los dos tiempos, el histórico y el actual, en un inmenso desfile triunfal de música, banderas, fiesta y alegría, una manifestación en la que participan también muchos compañeros, amigos y artistas que no salen en este film, un embrión de lo que podría ser- un deseo implícito-, una nueva organización política de presente aunque no sea posible recuperar “futuros perdidos en el pasado”.

Hay un film que dirige él mismo, otro que produce su mujer en cuyas escenas interviene y otro film que imagina sobre una joven pareja y su vida a lo largo de cincuenta años, un sueño del propio director, acompañado de varias canciones italianas como la de Franco Battiato“Voglio vederti danzare”, en una bella  escena en la que los actores como si se tratara de un musical giran como derviches siguiendo lo que dice la propia canción (“i dervishes turners che girano“), “Lontano, lontano” (1966) de Luigi Tenco, “La canzone dell’amore perduto” de Fabrizio De André (de 1966, música de Telemann). El director mismo y su mujer cantan “Think” de Aretha Franklin que compuso con su marido Ted White en 1968, en la versión cantada con los Blues Brothers.  Y como es coproducción franco-italiana “Et si tu n’existais pas” (de Delanoe-Lemesle-Cutugno-Losito-Pallavicini) en la versión francesa de Joe Dassin.

A partir de ahí, en el rodaje y producción de esos films Moretti interviene continuamente para mostrar la propia representación y sus tres capas,  sobre todo la del film imaginado, como un apuntador de teatro con los actores a lo Tadeusz Kantor, reflexiona sobre muchas cuestiones tanto políticas e históricas como privadas y personales y ofrece una mirada perpleja, humorística, irónica y critica del actual presente, vacío y sin memoria histórica, cartel final incluido: crisis existencial y matrimonial, la tópica reunión familiar a la americana para ver una película sentados en el sofá comiendo palomitas o un helado, en el caso de Moretti siempre la misma, “Lola” (1961) de Jacques Demy, por estar interpretada por Anouk Aimée, la típica historia de la relación de su hija, compositora de bandas sonoras de películas, con un hombre mayor, los problemas de producción de su film, el cine actual producido por plataformas y por los coreanos, reflexiones sobre la violencia en el cine en la escena final del film que está produciendo su mujer. Es casi un ensayo en imágenes. Y muchas citas fílmicas: el circo Budavari de “Palombella rossa”, Moretti dando patadas a un balón de “La messa é finita”, nadando en la piscina, con comentarios irónicos sobre el film de piscinas de Frank Perry y Sydney Pollack de 1968 “El nadador”, sobre el que quiere hacer una nueva versión, pero con saltos no solo de lugar, de una piscina a otra, sino también temporales, referencias inevitables en cuanto a la idea de hacer una película ambientada en la Italia de los años cincuenta en “Caro diario” y “Aprile”, la escena final de “La dolce vita” de Fellini y el film último de Marcello Mastroianni, dirigido por él mismo, unas memorias de su vida como actor, una despedida, “Io mi ricordo, io mi ricordo”...

Es, por tanto, un film “da vedere”, sobre todo para los que sigan a este director y disfruten de sus films y de escuchar las canciones y sobre todo la voz del propio Moretti, en versión original, no la de su infame doblaje...

REFORZANDO LOS DERECHOS LABORALES A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA DE ACCIÓN ANTE LOS TRIBUNALES. TIEMPO DE TRABAJO. HABLA ARMANDO GARCÍA LOPEZ.

 

Casi dentro de un mes, el 20 de octubre, se celebrará en Frankfurt, la Conferencia de la red de Abogados Laboralistas  Europeas (ELW) de la que ya se ha hablado en este blog, que en esta ocasión lleva por título Enforcing workers’ rights in Europe through strategic litigations’. A ella ha sido invitado Armando García López, abogado de la Federación de Servicios de CCOO, que condujo un importante recurso ante el Tribunal de Justicia que generó un cambio normativo de gran relieve en el 2019 en nuestro país sobre el registro de jornada. El tema del tiempo de trabajo y la jornada es el objeto de una buena parte de su intervención que generosamente ha permitido que se publique en rigurosa exclusiva en este blog. No es preciso señalar que justamente la jornada de trabajo – y su duración – es sin duda uno de los elementos centrales en la negociación del programa del gobierno de coalición que se está preparando en estos días, lo que acrecienta sin duda el valor y el interés de estas observaciones.

 

Tradicionalmente, en el ordenamiento jurídico laboral español, la regulación del tiempo de trabajo se ha encaminado sobre todo a la limitación del mismo.

Es decir, las reglas legales básicas establecen una serie de límites a la jornada de trabajo (cuarenta horas semanales, nueve horas diarias, ochenta horas extraordinarias al año etc.).

Esta situación comenzó a cambiar en el año 1994, con las sucesivas reformas laborales que introdujeron la variable de aumentar la flexibilidad en la prestación laboral por parte de los trabajadores.

Por tanto, junto a la limitación del tiempo de trabajo, apareció la necesidad de facilitar al empresario la mayor flexibilidad posible de manera que pueda adaptar el tiempo de trabajo que desarrollan sus trabajadores a las concretas y cambiantes necesidades productivas.

Por otro lado, en el ordenamiento jurídico laboral español, se contempla la posibilidad de distribuir de manera irregular la jornada a lo largo del año, bien mediante Convenio Colectivo o Acuerdo Colectivo entre la empresa y los representantes de los trabajadores o bien, y en caso de que no exista un pacto colectivo,  la empresa, unilateralmente, puede distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo.

A pesar de todo lo anterior, en el ordenamiento jurídico laboral español, tan sólo existía una referencia al control de las horas extraordinarias en el artículo 35.5 del estatuto de los Trabajadores: “A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”; por tanto, sólo si producían horas extraordinarias debían registrarse, pero no existía la obligación de registrar la jornada, existiendo esta obligación únicamente en los supuesto de los trabajadores a tiempo parcial (artículo 12.4 Estatuto de los Trabajadores), en el caso de que en la empresa se realicen horas extraordinarias y en aquellos sectores de la actividad en que su legislación específica expresamente lo requiera (por ejemplo, en la marina mercante).

Esto suponía una total indefensión por parte de los trabajadores, sus representantes e incluso la Inspección de Trabajo a la hora de controlar los excesos de jornada.

Ante esta situación, CCOO y todos los sindicatos presentes en la entidad bancaria Bankia, S. A. planteamos una demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en la que se pedía que se declare la obligación de que la empresa establezca un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza la plantilla.

El 4 de diciembre de 2015 se dictó Sentencia estimando nuestra demanda. Entendió la Audiencia Nacional, que sólo con el registro se pueden controlar los excesos de jornada y la realización de horas extraordinarias.

La Sentencia se recurrió en casación ante el Tribunal Supremo que, reunido en Pleno, dictó Sentencia el 23 de marzo de 2017, estimando el recurso de Bankia. La Sentencia contó con tres votos particulares suscritos por cinco magistrados lo que da idea del conflicto surgido en el seno del Tribunal Supremo.

El Sindicato Comisiones Obreras, en solitario, planteamos un nuevo conflicto colectivo contra Deutsche Bank ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. La petición era la misma que en el caso Bankia, pero solicitando que se elevase cuestión prejudicial ante el Tribunal Justicia de la Unión Europea, al entender que la legislación española, en la interpretación dada por el Tribunal Supremo, no era compatible con los preceptos de derecho comunitario que garantizan el derecho de los trabajadores a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad, ni limitar con garantías la duración máxima de su jornada.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial considerando que la ausencia de un sistema objetivo y efectivo de cómputo de la jornada de trabajo, impide verificar, tanto a los trabajadores como a sus representantes legales, el cumplimiento de las limitaciones que en orden a la ordenación del tiempo de trabajo imponen los preceptos comunitarios.

La Comisión Europea en sus alegaciones entendió que la legislación nacional española, interpretada por el Tribunal Supremo, no prevé los mecanismos adecuados para garantizar efectivamente la plena aplicación de las directivas 2003/88/CE y 89/391/CEE.

Por su parte, el Reino de España, el Banco demandado, la República Checa y el Reino Unido, defendieron que la legislación española no se opone al derecho comunitario.

El procedimiento se inició bajo el gobierno del  Partido Popular que se personó para oponerse en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la vista oral se celebró ya con el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno que igualmente se opuso a nuestras pretensiones.

Sin esperar a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Gobierno de España, promulgó el  Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, por el que se modificó el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, añadiendo un nuevo apartado 9, en el que se dice que las empresas garantizarán el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora y que este registro se organizará a través de la negociación colectiva, o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa.

El 14 de mayo de 2019, se dictó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-55/18.

Aunque la Sentencia es de sobra conocida, me gustaría resaltar algunos aspectos:

Comienza por afirmar la obligación de las empresas de disponer de un sistema de registro de la jornada de trabajo que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.

Entiende que los Estados miembros deben garantizar el respeto de los períodos mínimos de descanso e impedir que se sobrepase la duración máxima del tiempo de trabajo. Y que, sin un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador, no es posible determinar objetivamente y de manera fiable el número de horas de trabajo efectuadas por el trabajador ni su distribución en el tiempo, como tampoco el número de horas extras.

Este sistema es necesario para permitir que los representantes de los trabajadores que tengan una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los mismos, ejerzan su derecho a solicitar del empresario que tome medidas adecuadas y a presentarle propuestas.

Como es de ver en el cuerpo de la sentencia y singularmente en sus apartados 60, 62 y 65, el Tribunal de justicia de la Unión Europea, no se limita únicamente a declarar la obligatoriedad de un mecanismo de registro de la jornada diaria, sino que además impone las condiciones y requisitos mínimos que debe reunir para su validez.

Así, concluye que la correcta aplicación de la Directiva 2003/88, exige que el sistema de registro de jornada cumpla con los requisitos de ser objetivo, fiable y accesible.

Con estas premisas, y, una vez publicado el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, se produjo una avalancha de Acuerdos y Convenios Colectivos para regular el registro de jornada.

Para los Sindicatos, era una buena ocasión para poder negociar una propuesta que llevaban tiempo reivindicando y, por su parte, los Empresarios se dieron cuenta de que establecer un sistema de registro de jornada también podía reportar beneficios a sus empresas.

Aquí tengo que abrir un paréntesis: los empresarios, una vez repuestos de la sorpresa inicial que les suponía tener que registrar la jornada y dar esa información a los trabajadores, a sus representantes y a la Inspección de Trabajo, se dieron cuenta de que podían aprovechar la situación para intentar modificar la jornada, suprimir el tiempo de desayuno en las empresas en las que se permitía sin acuerdo al respecto, controlar y descontar del tiempo de trabajo efectivo las interrupciones para fumar un cigarrillo, e incluso para ir al baño, etc. lo que ha dado lugar a una gran conflictividad en la que no voy a entrar por falta de tiempo; tan sólo les hago partícipes de una noticia aparecida en prensa el 13 de junio pasado: una trabajadora de una empresa de un call center, fallece en su puesto de trabajo y durante algunas horas su cadáver permanece en la sala tapado con una manta y, según fuentes sindicales, muchos compañeros siguieron atendiendo llamadas sin que la empresa desalojase la planta. Cierro paréntesis.

En España, básicamente existen dos modelos de registro de jornada:

Los modelos autodeclarativos, en los que es el propio trabajador el incorpora en su sistema de registro, la hora de inicio, la hora de finalización, y el número de horas trabajadas durante el día, descontando los tiempos de descanso así como cualquier interrupción que no pueda considerarse tiempo de trabajo efectivo.

Estos modelos están muy implantados en el sector financiero, un ejemplo es el Acuerdo del Deutsche Bank.

Y los modelos automáticos, en los que el sistema registra automáticamente el inicio y el fin de la jornada y las horas de trabajo efectivo.

Un ejemplo es el acuerdo en el Grupo Zurich en el que se establece un “factor corrector” de dos horas al día en jornada partida y media hora en jornada continuada que contempla las pausas para desayuno, comida u otras ausencias para que los empleados no tengan que estar continuamente registrando estas pausas o ausencias.

Ese factor corrector se aplicará de manera que, si se produce un día un exceso de horas, una vez descontadas las dos horas si se trata de jornada partida, o la media hora si se trata de jornada continuada,  las horas de exceso se compensan en tiempo o se retribuyen. Es decir, que sólo se produce exceso de jornada a partir de esas dos horas en jornada partida o media hora en jornada continuada.

Los sistemas de registro pactados en los convenios colectivos o acuerdos, son muy variados: tarjeta magnética, tornos a la entrada y salida, utilización de aplicaciones en tablets, teléfonos móviles o PC, sistemas que utilizan datos biométricos como reconocimiento facial o huella dactilar, etc. e incluso en hoja de papel, lo que, en la era digital, me parece manipulable y un verdadero despropósito, pero les digo que hay muchas empresas que lo usan.

Pero todos estos modelos de registro de jornada han dado lugar a numerosas reclamaciones judiciales.

Así, el Tribunal Supremo validó el modelo autodeclarativo que se implantó en el Sector Financiero de Ahorro, mediante Sentencia nº 41/2023 de 18 de enero, considerando que era un sistema objetivo y fiable que se ajustaba a los requisitos establecidos en la legislación nacional y en la Sentencia del TJUE.

Y también validó el sistema automático implantado en el Grupo Zurich en Sentencia del Tribunal Supremo nº 299/2022 de 5 de abril de 2022, entendiendo que puede resultar más neutro y objetivo que el autodeclarativo, porque únicamente requiere su activación diaria al encender y apagar el ordenador al inicio y fin de la jornada de trabajo, para operar luego de manera totalmente automatizada y sin exigir al trabajador ningún tipo de autodeclaración sobre la calificación jurídica como tiempo de descanso o de trabajo efectivo que hayan de merecer las distintas actividades que realiza a lo largo del día, lo que se modula posteriormente con la introducción de aquel elemento de ajuste del que les hablaba antes, para computar los periodos de descanso.

Un problema que ha surgido tanto en uno como en otro modelo se da con las Horas Extraordinarias.

En la mayoría de los acuerdos o convenios colectivos se dice que, para la realización de horas extraordinarias, el trabajador debe contar con la autorización de su superior.

Esto lleva a que, en la práctica, los trabajadores no registren las horas extraordinarias realizadas porque su superior les prohíbe que lo hagan.

En este sentido, hace unos meses, el Sindicato Comisiones Obreras planteamos varias denuncias ante la Inspección de Trabajo denunciando que en el Deutsche Bank no se registraban todas las horas extraordinarias.

La Inspección de Trabajo levantó acta de infracción contra la empresa al comprobar cómo empleados en cuyos registros aparecían registradas las horas correspondientes a su jornada ordinaria, realizaban muchas más horas de prestación de servicio que no aparecían registradas y que no coincidían con la información entregada a los sindicatos.

Y esto es sólo un ejemplo de lo que ocurre en el sector financiero y en otros sectores. Finalmente recordemos que en la Encuesta de Población Activa del 2016 (EPA), encuesta oficial del gobierno Español, se indicaba que el 53% de las horas extraordinarias no se registran y que un 52% de las horas extraordinarias, no se retribuyen. Y en la Encuesta de Población Activa de 2020, se decía que en 2019 se hicieron 5,7 millones de horas extraordinarias, de las que 2,5 millones (un 45%) no fueron retribuidas.

Por tanto, horas extraordinarias que no se registran, en muchos casos no se remuneran a los trabajadores y no cotizan a la Seguridad Social, repercutiendo negativamente en las arcas del Estado Español.

El tema en consecuencia sigue teniendo una importancia decisiva.

RECORDAR LA INFAMIA, MANTENER LA MEMORIA DE ALLENDE

 

El golpe militar que con extrema violencia acabó con el régimen democrático chileno, tras casi tres años de ininterrumpida labor de desestabilización llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos, abarcando una conjura civil y militar que buscaba impedir por la fuerza el plebiscito popular sobre reformas importantes en la propiedad de la tierra y en los derechos de los trabajadores, supuso para la izquierda y los demócratas de todo el mundo una terrible sensación de horror, indignación y asco antes la rebelión militar. Nunca se había bombardeado el palacio presidencial, nunca el ejército chileno había tomado partido contra la institucionalidad constitucional y democrática del país. Y jamás con la extrema violencia represiva que inmediatamente se materializaría en los millares de detenidos concentrados en el estadio nacional.

El golpe militar chileno encabezado por Augusto Pinochet, criminal y corrupto personaje, se desarrolló a través de detenciones, torturas, y la inauguración de la práctica de los desaparecidos como forma de negar la propia existencia del asesinato político emprendido. Anticipó además la estación de los golpes militares en todo el cono sur, y haría tristemente famosa las operaciones de coordinación de los servicios secretos militares que extenderían su labor criminal por Argentina, Uruguay y Brasil. En Chile además el golpe tenía un importante apoyo civil que buscaba la reversión de todas las reformas sociales y la aniquilación de la capacidad organizativa de la clase trabajadora en sindicatos y en partidos. La dictadura impuso un plan laboral – que quería ser llamado en su momento plan sindical – para le incorporación de un esquema económico fuertemente basado en las enseñanzas de la llamada escuela de Chicago, que generó la atomización sindical en torno a los centros de trabajo, la eliminación virtual de la negociación colectiva y la huelga, la desaparición de la seguridad social y su sustitución por el sistema de capitalización en torno a las AFP, la privatización de los principales servicios públicos del país y la negación de cualquier elemento redistributivo en términos fiscales. Todo ello en un contexto de fuerte represión física, despidos masivos por razones ideológicas y el enriquecimiento acelerado de la casta militar en premio a su trabajo de destrucción y de sufrimiento.

En España vivíamos en dictadura, aunque ya en la etapa que se denominaba de tardofranquismo. Pinochet admiraba a Franco, emitió un sentido comunicado de condolencia cuando Carrero Blanco, el 20 de diciembre de ese mismo año, murió en atentado en la llamada operación ogro y asistiría al entierro del dictador español con su capa blanca y su uniforme militar de bruñidas medallas en diciembre de 1975, cuando finalmente el viejo, enfermo y sanguinario tirano – que había firmado las cinco últimas penas de muerte en septiembre del mismo año en que habría de morir -  dejó de ser protegido en su agonía por el brazo incorrupto de Santa Teresa.

El golpe militar en Chile fue saludado con entusiasmo por la prensa del momento. Especialmente activa, la portada del ABC del 12 de septiembre que adorna esta entrada. Decía la portada de este periódico, que “Cae Allende”, sin mencionar cual había sido su final. Y explicaba así su postura: “Contra el caos creciente, contra la vía al socialismo de Allende que ha arruinado al pueblo chileno, contra la amenaza de una dictadura marxista, contra el desastre absoluto social, económico y político del país; en defensa de la paz, del orden, de la ley, de la libertad, de las conquistas sociales de los trabajadores, del diálogo y la convivencia normales se ha alzado el Ejército de Chile, columna vertebral de la nación y única posibilidad de salvación, hoy, para el entrañable país hermano, merecedor de mejor suerte. Ojalá que los militares, una vez cumplida su misión quirúrgica de urgencia, devuelvan a Chile al normal ejercicio de la democracia dentro de las líneas constitucionales de aquel Estado hispanoamericano”.

No es lo más importante recordar la infamia de esa opinión claramente alineada con la violencia terrible y sin ambages de la represión, lo que se definía como “misión quirúrgica de urgencia”, y que replicaba en 1973 el argumento de la rebelión militar contra la II República y la guerra civil española. Como de costumbre, la muerte y la destrucción de la democracia se justificaba sobre la defensa de la paz, del orden, de la libertad, el diálogo y la convivencia normales – es decir justo lo opuesto de lo que se estaba llevando a cabo por los militares chilenos – e incluso, lo que ya es verdaderamente un sarcasmo, “por las conquistas sociales de los trabajadores”. El ejército es así el salvador de la patria y para ello debe hundir el sistema democrático, impedir que las mayorías expresadas electoralmente pudieran establecer el rumbo político del país.

Recordar la infamia es aun más necesario cuando hoy aún, con ocasión del 50 aniversario de ese acto bárbaro de violación del sistema democrático y de conculcación de derechos humanos, el sustrato básico de este discurso se sigue manifestando por algunos de creadores de opinión. Así ha sucedido con el artículo de John Müller, periodista chileno y subdirector de el Mundo, quien resume este aberrante episodio histórico como “el fracaso de la vía al socialismo de Allende” las mismas palabras que se utilizan en la portada del ABC que expresaba su irrestricto apoyo golpista.

Sigue la infamia y es indispensable denunciarla, tanto ahí como en el discurso de la extrema derecha chilena que lo asume como propio, negando a hablar de golpe de estado y justificando claramente el magnicidio y la destrucción de la democracia. Frente a ello, la memoria de Allende sobresale porque supuso la oportunidad histórica de avanzar por la vía democrática en la construcción de una sociedad más igualitaria, en la que la condición subalterna de las clases populares fuera revertida a través de medidas reformistas de fuerte impacto social y económico. Se abría así un experimento político cuya relevancia trascendía la propia experiencia chilena y justo por ello fue abortado con la injerencia inaceptable de Estados Unidos, por lo que ahora el gobierno de este país debería pedir excusas ante la historia. De ese fracaso surgirían otras reflexiones muy diferentes en el seno de la izquierda latinoamericana, desde la insurrección a la lucha armada como única forma de rebatir la dictadura y el plan criminal de los estados militarizados, pero también en Europa la necesidad de un compromiso histórico que permitiera una transición democrática hacia la profundización de la democracia.

Allende es pues el presidente mártir que ofrendó su vida por sus ideales democráticos. Quienes quieren mostrarlo aun como una “amenaza” se definen solos como partidarios de la tiranía y la dictadura frente a la capacidad real de los pueblos de decidir su propio destino. En estos cincuenta años Chile sigue estando en el corazón de los demócratas y la figura de su presidente crece en significado y en relieve cada año, mientras que sus verdugos solo son recordados como personajes nefastos que desaparecen en el sumidero de la historia.

 

CRÓNICA DE CHILE EN EL CINCUENTA ANIVERSARIO DEL GOLPE MILITAR CONTRA LA DEMOCRACIA.

 

Hace prácticamente cuatro años, en octubre de 2019, comenzó el estallido social en Chile que dio origen a un cambio constituyente en el país que, superando la feroz represión de las manifestaciones, condujo a unas elecciones presidenciales que ganaron las fuerzas de izquierda en torno al presidente Boric que derrotó a un candidato de extrema derecha con conexiones directas con la dictadura, Kast. En este blog se dio cuenta de este tránsito a través de la importante movilización popular que lo sostuvo, y, junto a una contribución importante de la profesora de Derecho Laboral de la Universidad de Valparaiso, Daniela Marzi, que criticaba la represión alentada desde el poder político  ( y que se puede releer en este enlace https://baylos.blogspot.com/2019/10/chile-el-fin-de-la-democracia-que.html) , se publicaron dos manifiestos , uno de la central sindical unitaria de trabajadores, la CUT y otro de las universidades públicas de Chile, ambos bajo el título “Chile insurrecta y ocupada militarmente”. Esta última entrada, que se puede consultar aquí https://baylos.blogspot.com/2019/10/chile-insurrecta-y-ocupada-militarmente.html, es la que más visitas ha recabado de los usuarios y usuarias del blog, y ha llegado a las 30.700 consultas.

En esa época, Chile se ganó la atención mediática mundial y por supuesto durante toda la etapa posterior al estallido – antes del Covid -, un seguimiento casi continuo en la prensa española al compás del plebiscito para abrir un período constituyente que suprimiera la Constitución de Pinochet de 1980, lo que se materializó el domingo 25 de octubre de 2020 (de nuevo en este blog con un comentario de Daniela Marzi, https://baylos.blogspot.com/2020/10/chile-desperto-el-plebiscito-como.html)   y se acentuó con ocasión de la contienda electoral referida que encumbró al joven presidente Gabriel Boric en la segunda vuelta efectuada en diciembre de 2021 con el mayor número de votos recibidos por un candidato presidencial en la historia del país, 4,6 millones de personas, y que en este blog se alentó a través de la publicación del manifiesto de la combativa Asociación Gremial de Abogados Laboralistas (AGAL) que pedía el voto para este candidato ( https://baylos.blogspot.com/2021/12/elecciones-presidenciales-en-chile-para.html) .

El tema entonces se desplazaría a la redacción de la Constitución, en cuya preparación hubo una serie de iniciativas y documentos que proponían una verdadera constitución social o laboral como forma de profundizar y preservar la democracia, entre las cuales sobresalía la que provenía del llamado “Consejo Asesor para la elaboración de Propuestas Constitucionales del Mundo Sindical”, iniciativa de la CUT en conjunto con la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), cuya presidencia asumió el ex director general de la OIT, Juan Somavía, y cuyas conclusiones se presentaron en julio de 2021. El proyecto final, que se presentó el 4 de julio de 2022, se presentó a la aprobación por el conjunto del pueblo chileno en plebiscito del 4 de septiembre. De nuevo en este blog el contenido laboral del proyecto de Constitución se dio a conocer de manera favorable en la entrada de 17 de julio de ese año (https://baylos.blogspot.com/2022/07/los-derechos-laborales-en-la.html).

Hasta aquí el momento ascendente de la democracia chilena, pero el éxito arrollador de la opción de “rechazo” del texto constitucional (casi un 62% de los votos) que había promovido el bloque de derecha y extrema derecha (UDI, Republicanos) fue un golpe político muy duro al proyecto de refundación democrática que había surgido del estallido de octubre de 2019. A partir de ese momento, además de incrementarse el asedio mediático sobre el gobierno y el presidente, comenzó una estrategia de desgaste continuo frente a la acción de éste. La necesidad de negociar una nueva constitución fuera del proceso constituyente, a través del pacto pluripartidista, ha desembocado en una situación muy complicada y de salida difícil ante las exigencias y desplantes de los partidos de la derecha y de la extrema derecha. El nuevo “proceso constitucional” inicia con una declaración consensuada sobre los principios a que se debe ajustar el nuevo texto, un dictamen de una comisión de expertos formada a instancias partidarias y su revisión por un Consejo constitucional, el órgano encargado de discutir y aprobar una propuesta de texto de una nueva Constitución, de base electiva, que el 7 de mayo de este año reflejó un cambio muy importante en las orientaciones del electorado, puesto que la formación de ultraderecha consiguió el 35% de los votos en las elecciones a los consejeros constitucionales, mientras que Unidad por Chile, la candidatura oficialista del presidente Gabriel Boric, quedaba en segundo lugar con el 29% de los votos.

El problema que se plantea ahora es si este texto, sensiblemente diferente al que se propuso en septiembre de 2022, va a ser aprobado o rechazado en un nuevo referéndum de diciembre de este año. El rechazo supondría la continuidad de la vigencia de la vieja constitución pinochetista, pero la aprobación defrauda de manera considerable las expectativas de cambio producidas en el ciclo del cambio político a partir del estallido de octubre de 2019. Una situación que admite valoraciones muy diversas en cuanto a la decisión que se debe adoptar y ante la cual la posición que adopten las fuerzas que apoyan la presidencia y el gobierno actual repercutirán en la conformación de la opinión pública sobre la eficacia del impulso reformista que caracteriza a esta presidencia.

Este año además se cumplen cincuenta desde el sanguinario golpe civil y militar que acabó con el experimento democrático protagonizado por Allende y la Unidad Popular y que inauguró una larga estación de terror materializada en detenciones, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de las víctimas. El momento simbólico es muy importante para reivindicar la memoria democrática, y en Chile en esta semana se desarrollan cientos de actos – manifestaciones, presentaciones de libros, charlas – que rememoran esa fractura terrible del devenir del sistema político chileno. Se han reunido todas las personas que han ostentado la presidencia de la república y han firmado un documento en el que repudian el golpe y se comprometen “con la democracia, siempre”, y es importante que entre estos presidentes figura también el inmediatamente anterior y responsable político de la violencia policial frente a las manifestaciones de octubre de 2019, Sebastian Piñera. (https://elpais.com/chile/2023-09-07/boric-y-cuatro-expresidentes-chilenos-firman-una-carta-por-los-50-anos-del-golpe-de-estado-por-la-democracia-siempre.html).

Sin embargo, si se atiende a la prensa y a las declaraciones de los tertulianos en muchos y diversos programas, se puede comprobar que hay una fuerte tendencia al revisionismo histórico sobre la cuestión, y un ascenso fácilmente reconocible de la virulencia verbal – lo que en España se llamaría crispación – contra los “mitos de la izquierda” entendiendo por tales los hechos que dieron lugar a la preparación y ejecución del golpe civil y militar con el apoyo fundamental de Estados Unidos. Mientras que hasta hace unos años la derecha justificaba el golpe en el contexto pero lamentaba las desapariciones, torturas y asesinatos, defendiendo los derechos humanos como un elemento fundamental para la convivencia ciudadana, la extrema derecha chilena actual no habla de golpe, justifica de manera prácticamente explícita la represión civil y militar, y achaca al gobierno y a la izquierda que honrar la memoria de las víctimas supone avivar la discordia entre chilenos.

Frente a este ambiente tóxico, en materia de reformas laborales, y una vez superado el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el centro de la discusión se fija en el cambio normativo que permita la negociación colectiva de ámbito sectorial – negociación ramal en la terminología chilena – o multinivel, como aparece en el programa electoral que el presidente Boric se ha comprometido a cumplir. Hay un gran interés en este punto, y en el último año, han sido muchas las personas que han reflexionado y presentado sus análisis tanto a la Dirección del Trabajo del Ministerio de Trabajo como a otros espacios académicos, como el Congreso internacional Cielo, en Santiago antes del verano. En esta ocasión, también se ha articulado un conversatorio específico entre los funcionarios de la Dirección de Trabajo sobre las posibles vías de avance en torno a unos talleres ramales o espacios de coordinación y consulta entre los interlocutores sociales y el poder público que permitiera posteriormente desarrollar unidades de negociación formales. La oposición patronal a este punto parece que refleja más una postura puramente ideológica que correspondiente a una observación realista de la conformación del sistema de relaciones laborales. Los empresarios chilenos apuestan por la disolución de la libertad sindical a partir de la promoción de la atomización sindical de empresa – hay más de trece mil sindicatos, de los cuales seis mil no están federados ni asociados en ninguna Central Sindical – de forma que su negativa a la negociación de sector es realmente un acto intencionalmente antisindical. La fragmentación va unida a la despolitización del sindicalismo chileno y ello repercute en la debilitación del rol directivo que debería desempeñar la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de la que justo en este año se cumple su 35 aniversario y, mirando hacia atrás, el 70 aniversario de su predecesora, la histórica CUT como central única que fue disuelta al llegar la dictadura de Pinochet.

La izquierda parece haber perdido la iniciativa del cambio social y político en el país. La solución de la cuestión constitucional dista de ser segura, de forma que se habla cada vez más del posible rechazo de la nueva Constitución, lo que volvería a poner en vigor la vieja Constitución pinochetista de 1980 aunque su modificación podría llevarse a cabo mediante una mayoría no cualificada como hasta el momento, una posibilidad que parece que hace que muchas personas se inclinen por el rechazo de un texto nuevo que se aleja de forma evidente del propuesto por la izquierda en la Convención Constitucional.

Hay que seguir los procesos que están en marcha en Chile. Por el momento, el 50ª aniversario del golpe civil y militar que quebró la democracia y generó sufrimiento y muerte en tantas personas y colectivos, permitirá concentrarse sobre la importancia de preservar un sistema de garantía efectiva de derechos humanos y la necesidad de rescatar la memoria de un tiempo y un lugar en el que se rompió de manera profunda el ligamen existente entre las aspiraciones mayoritarias de un pueblo y las políticas del gobierno  ante la oposición feroz y armada de la violencia terrible de las fuerzas del privilegio económico y sus servidores.

 

 

 

LA CONSULTA POPULAR SOBRE LA EXPLOTACIÓN PETROLERA DEL YASUNI EN ECUADOR. HABLA ALEX VALLE FRANCO

 

Hay noticias que no se tienen en cuenta pese a su importancia. Entre nosotros, apenas se ha comentado el resultado de la consulta popular de ámbito nacional que se llevó a cabo en Ecuador el 20 de agosto pasado en la que se debatía la posibilidad de continuar una explotación de las riquezas petrolíferas de una zona de la amazonia ecuatoriana que es una reserva de la biosfera o si se debía renunciar a la misma. No es necesario resaltar la importancia política de este planteamiento y su carácter excepcional respecto de la instalación de industrias petrolíferas en los países en donde se encuentran yacimientos apropiados. Para ilustrar a la amable audiencia de este blog sobre este tema, Adoración Guamán ha conseguido la amistosa colaboración en el blog de Alex Valle Franco, docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor  en jurisprudencia y post-doc por la Universidad de Bremen (Alemania),  estudioso de derecho internacional público de los derechos humanos, migración, sociología jurídica, criminología y derechos de la naturaleza. El es quien se encarga de explicar los antecedentes y el contexto de esta consulta y su significado profundo en esta entrada que agradecemos profundamente, confiados en que no será la última vez que participe en esta bitácora.

Breves Antecedentes y Efectos Relacionados a la Consulta Popular sobre la Explotación del Yasuní en el Ecuador

 Alex Valle Franco

 

El denominado bloque petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) se encuentra ubicado de forma parcial dentro del Parque Nacional Yasuní (Amazonía ecuatoriana), es considerado como una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo, junto al territorio ancestral Huaorani fue declarado por la UNESCO reserva de la biosfera en 1989 (El País, 2023). “El Yasuní es hogar de los Tagaeri y los Taromenane, los últimos pueblos en aislamiento voluntario en Ecuador” (El País, 2023, p.1).

 En el año 2007 el proyecto arrancó como el estandarte ecologista de la administración Correa, la propuesta exigía al mundo tomar una decisión en la cual debería primar la elección de explotar para tener recursos económicos o no explotar los campos petroleros y conservar la biodiversidad. La idea de compensación ecológica por parte de las grandes potencias mundiales para no explotar el Yasuní pretendía recolectar al menos $3,6 mil millones de dólares, sin embargo, no tuvo el resultado esperado. (Oleas, 2013)

 En el 2013 con un buen precio del petróleo, y ante el fracaso de la propuesta, el presidente Correa daba por terminada la idea de la iniciativa Yasuní-ITT y anuncia su explotación (Oleas, 2013). Frente a dichos hechos, se conformó el colectivo ambientalista Yasunidos, el cual, presentó ante la Corte Constitucional una pregunta para que se convoque a una consulta popular y sea el pueblo ecuatoriano el que decidiera sobre este tema. La pregunta en concreto fue: “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?” (El País, 2023, p.2).

Después de una larga y compleja batalla jurídica, el colectivo Yasunidos logró que el CNE valide las firmas de apoyo recolectadas, todo ello en el lapso de 10 años. En medio de la disputa legal, en el 2016 el bloque ITT empezó a ser explotado luego de la declaratoria de interés nacional que el expresidente Correa solicitó a la Asamblea Nacional en 2013 (El País, 2023, p.2).

 El 4 de febrero de 2018 se realizó una Consulta Popular en la que se consultó: 1) si estaban de acuerdo con incrementar la zona intangible del Parque Nacional Yasuní en 50.000 hectáreas y que de esta manera se pueda salvaguardar a los pueblos en aislamiento voluntario que ahí habitan, 2) si estaban de acuerdo en reducir el área de explotación de 1.030 hectáreas a 300. Hectáreas. El “Sí” ganó con un 68%, y a pesar del apoyo de la ciudadanía para que se proteja el Parque, el ex presidente Lenin Moreno 15 meses más tarde emitió el decreto 751, con el cual dejo sin ningún efecto el pronunciamiento de los ciudadanos (Ortiz, J. (2020).

 El 20 de agosto de 2023 nuevamente se realizó la Consulta Popular a nivel nacional para definir si el crudo se queda definitivamente bajo suelo o no. A escala nacional el Sí ganó con el 58,96 % (5′558.733 votos), mientras que el No alcanzó el 41,04 % (3′868.862 votos) (El Universo, 2023). Esta decisión debe acatarse por parte del gobierno ecuatoriano, caso contrario se podría solicitar una acción por incumplimiento. Los principales puntos de controversia sobre los que giran la discusión actual, son el tema ambiental y el económico, y sobre ello, se analiza brevemente sus efectos:

 Respecto del aspecto ambiental, la ganancia del “Sí” en la consulta es un punto positivo para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad del Yasuní, ya que a lo largo de los años se han tenido pésimos antecedentes, que en nombre del progreso han realizado prácticas nocivas para la naturaleza y la vida de sus habitantes amazónicos, tales como el acaecido con el consorcio Texaco Gulf, hoy Chevron (El Universo, 2023). Adicionalmente, aunque la tecnología ha mejorado en la extracción petrolera, los daños por “caso fortuito”, siguen ocurriendo. En el Yasuní hay fuentes de agua, bosques, fauna, flora, ríos y especies en peligro de extinción como el delfín rosado y el jaguar, y el costo de perder estas especies es incalculable (Romero, 2013). Se han identificado 653 especies de aves, 268 tipos de anfibios, y 111 tipos de peces (Henrichmann, 2013)

Sobre los impactos económicos, desde el gobierno se sostiene que pérdida económica en la que incurriría el Estado al dejar de explotar el bloque ITT, es de1200 millones de dólares anuales, lo que en 20 años sumaría 16.470 millones de dólares. A esto hay que sumarle 467 millones por el costo de abandonar el bloque; 1.952 millones por la infraestructura e instalaciones que tendrán que ser retiradas, y 251 millones por compensaciones sociales (El Universo, 2023). De parte de los ecologistas, se considera que el cálculo no es real, porque no se considera el costo de extracción que es de 35 dólares por barril, y el hecho de que se trata de un crudo que contiene demasiada agua (11 barriles de agua por cada barril de petróleo), lo que reduce su calidad y dificulta su extracción. Ante ese panorama, Alberto Acosta sugiere que los ingresos del Estado deben tener como base los impuestos, en especial de los grandes grupos económicos que gozan de exenciones o que evaden el pago de impuestos. Según la CEPAL, la evasión tributaria supera el 5,5% del PIB (Producto Interno Bruto) al año, es decir más de 5 mil millones de dólares anuales.

 De cara a la decisión de la ciudadanía de mantener el petróleo bajo tierra, se puede afirmar, por una parte, que ha sido un triunfo ambiental; y, por otra parte, que resultó en una pérdida económica para el país. A mediano y largo plazo se determinará que el SI fue la mejor decisión para la mitigación del cambio climático, la preservación de la biodiversidad, y la supervivencia de culturas indígenas no contactadas en la Amazonía, siempre y cuando el Estado mantenga políticas públicas que protejan el Yasuní de la minería ilegal, la deforestación, la caza ilegal, y otros peligros, caso contrario no habrá servido de nada el sacrificio.

Bibliografía:

El País (2023). Una consulta popular le dice sí al Yasuní. Ver en: https://elpais.com/america-futura/2023-08-21/una-consulta-popular-le-dice-si-a-proteger-el-yasuni.html

 El Universo (2023).  Gobierno asegura que respetará la consulta popular sobre el Yasuní. Ver en: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/gobierno-asegura-respetara-la-consulta-popular-sobre-el-yasuni-itt-yasunidos-ministro-fernando-santos-nota/

 El Universo (2023). Según reportes recibidos por el Ministerio del Ambiente, una mancha de crudo por derrame de OCP llegó hasta el Yasuní. Ver en: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/segun-reportes-recibidos-por-el-ministerio-del-ambiente-una-mancha-de-crudo-por-derrame-de-ocp-llego-hasta-el-yasuni-nota/

 Henrichmann, J. (2013) Protección del Parque Nacional Yasuní ¿Bendición o maldición?. Semana. Ver en: https://www.semana.com/proteccion-del-parque-nacional-yasuni-bendicion-maldicion/29002/

 Oleas, S. (2013). Yasuní el mito del Dorado. Koyuntura. Instituto de Economía de la USFQ. Ver en: https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/2020-09/koyuntura-2013-036.pdf

 Ortiz, J. (2020). El incumplimiento de la consulta popular de 4 de febrero de 2018 sobre la protección al parque nacional Yasuní a través del Decreto 751 de 21 de mayo de 2019. Tesis. UDLA. Ver en: https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/13073/4/UDLA-EC-TAB-2020-15.pdf

 

(El Dr. Alex Valle Franco)

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS DE BIENESTAR EN LAS AMÉRICAS. HABLA TARSO GENRO

 

(Diego Rivera, "El hombre, controlador del universo". Detalle)

Desde 1996, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha ido celebrando reuniones y debates en los que la idea de poner en pie la noción del Estado de bienestar – como variante del Estado Social – en la región americana era el objetivo fundamental, en un momento en el que la financiarización de la economía y el comercio planetario impulsaba soluciones políticas contrarias. El grupo de discusión en este año surge sobre la base de “reencontrarnos con el paradigma perdido avanzando por un nuevo camino después del neoliberalismo”. No es necesario comentar el interés indudable que revisten estos encuentros. El de este año se ha celebrado en Sao Paulo, y Tarso Genro ha participado en el mismo y ha elaborado en exclusiva para el blog, las reflexiones que a continuación se recogen en esta interesante entrada.

 

Zimmerwald en São Paulo: ¿hacia dónde va la socialdemocracia?

Tarso Genro

Entre los días 11 y 13 de agosto, São Paulo acogió una nueva reunión del Programa Reconstruyendo el Estado de Bienestar en las Américas, lanzado por el PNUD/ONU en 1996 y hoy coordinado por Jorge Castañeda, Gaspard Estrada y Carlos Ominami. En aquel momento, bajo el liderazgo de Roberto Mangabeira Unger, sus primeros miembros se reunieron "impulsados por una intuición común": buscar salidas para la afirmación democrática del Continente Latino. Su continuidad hoy, con la presencia de nuevos líderes democráticos de la joven izquierda recién surgida, ha ido adquiriendo más amplitud y, al mismo tiempo, más precisión de propósitos en las nuevas reuniones. El Programa comenzó convocando al debate a líderes democráticos de izquierda, centroizquierda e incluso centroderecha de América Latina, que tuvieran capacidad de influir en el destino de las políticas de transición de las dictaduras de los años 70 en sus respectivos países, para asentar a sus respectivas naciones en la estructura liberal-democrática que se estaba recomponiendo, luego destruida por los golpes militares que asolaron gran parte de América Central y del Sur.

Como participante del primer encuentro en Chile, seguí varias ediciones del Programa, con Lula, José Dirceu, Marco Aurélio Garcia, Brizola, junto a eminentes economistas como Dante Caputo, cuadros "partidarios" del campo democrático como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Vicente Fox, López Obrador, Fernando de La Rua y tantas otras personalidades que tomaron caminos diferentes en sus opciones y definiciones políticas.

Agotada la cosecha de presidentes elegidos durante la restauración democrática, los debates se orientaron hacia la búsqueda de soluciones consensuadas a una situación económica sombría, internamente en América Latina y externamente en los centros del sistema mundial. Estaba en marcha un reordenamiento estructural que modificaba los patrones de acumulación,  reestructurando profundamente las formas de provisión de trabajo y servicios en todos los sectores de la economía, con el fuerte impacto de las nuevas tecnologías en la vida ordinaria de millones de personas.

La división  que se produjo en el seno del proyecto fue natural, ya que comenzaron a aparecer "seductoras" alternativas neoliberales tras la expiración de los regímenes militares, que no sólo prometían una transición "protegida" por el capital financiero, sino también para los Estados que se portaran bien para saldar sus compromisos con las respectivas deudas públicas que habían adquirido durante las dictaduras. La hegemonía de los pactos de dominación en ascenso, en torno al "único camino a seguir", que parecía reforzarse dogmáticamente en las "clases altas", absorbió a buena parte de la derecha democrática que participaba en los debates, ya que la izquierda tenía inmensas dificultades para aportar nuevas alternativas: el espíritu del Consenso de Washington se impuso en algunos de los primeros debatientes, a través de la ilusión neoliberal.

En algunos países se repitieron tímidos gobiernos reformistas en el campo de la izquierda más "realista", debido a la falta de mayorías estables para gobernar y a la incomprensión de que, a partir de entonces, las reformas serían distintas de las del siglo pasado, para hacer frente al atraso y al subdesarrollo. El reformismo democrático de centro-izquierda que ha gobernado varios países, aunque ha conseguido pocos resultados sociales – significativos, por cierto, comparados con los gobiernos "liberales" anteriores –, ha dejado importantes muestras de aprecio por la democracia y un mínimo respeto por las instituciones de la República. Ahora es el momento de establecer una conexión de principios entre las nuevas izquierdas que se han organizado en los últimos 15 años, principalmente para que podamos fusionar las viejas y decisivas reivindicaciones sociales con las nuevas reivindicaciones culturales, de nuevas formas de vida, de lucha sin cuartel contra el racismo y todas las formas de discriminación, reproducidas sin cesar por el conservadurismo reaccionario de tradición esclavista. Se trata de una necesidad histórica de una nueva y fuerte unidad popular y democrática, que ya está en marcha para este siglo.

Varios de los participantes en aquellas reuniones llegaron a ser presidentes, por distintas vías políticas – en el ámbito de la democracia liberal – o se convirtieron en ministros, presidentes de partidos y funcionarios del Estado, en diversos puestos de responsabilidad estatal. Sin embargo, desde entonces – hoy en día – las cuestiones se han vuelto aún más complejas, ofreciéndonos otras realidades que desentrañar, como el nuevo sistema de alianzas para gobernar, compatible con la formación de mayorías políticas, por un lado, y – por otro – la aparición por sorpresa de una "nueva izquierda", joven, generosa y brillante – aunque fragmentada por sus mal resueltas cuestiones identitarias, que aparece a la vez desconectada de las experiencias revolucionarias o reformista-democráticas en América, y sin una base popular con capacidad de resistencia similar a la de antaño.

El profesor Vicente Navarro, uno de los grandes estudiosos de la trayectoria socialdemócrata y de la evolución de las disputas sobre el Estado del bienestar, ha demostrado a lo largo de su trayectoria intelectual que las alternativas en Estados Unidos durante la era Reagan – por ejemplo –  no eran una disputa entre "keynesianismo social" y "estrategias neoliberales", sino una disputa entre "keynesianismo militar" y "keynesianismo social" (base histórica de la concepción socialdemócrata del siglo pasado), ambas políticas basadas en la intervención del Estado en la economía. Pero las políticas de Reagan "fueron más lejos que el keynesianismo clásico", porque sus políticas de guerra de gendarmería global reforzaron fuertemente la intervención estatal, especialmente en la industria militar, procediendo a una fuerte intervención estatal en la economía, alejándose de un gobierno liberal en el sentido clásico para convertirse en un gobierno "intervencionista", modernizando (por la derecha) el keynesianismo y aumentando las tensiones de las guerras imperiales.

Geoff Eley en su clásico "Forging Democracy" muestra que antes de 1914 la base militante de la socialdemocracia en Europa tenía aproximadamente dos millones de militantes, y sólo en Alemania contaba con un millón de adherentes, predominantemente entre los pobres, los desempleados, los trabajadores, los estudiantes y la intelectualidad. Con el inicio de la desaparición de la Segunda Internacional, que comenzó en la Conferencia de Zimmerwald en septiembre de 1915 – debido a diferencias de principio sobre la actitud de la socialdemocracia ante la guerra mundial interimperialista –, la victoria de la Revolución en Rusia en 1917 y la transformación del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en el Partido Comunista, la socialdemocracia y los movimientos comunistas iniciaron sus caminos separados en la historia.

En los tiempos actuales – marcados por los éxitos y derrotas relativas de ambas experiencias- emerge un nuevo desafío civilizatorio: en un momento en que tanto la democracia como una revolución están bloqueadas, con la pérdida de la fuerza moral y política de la socialdemocracia ante el avance neoliberal y el desastre del experimento burocrático soviético, junto con la emergencia de nuevos polos de poder geopolítico en el mundo y el avance del fascismo.

¿Cómo fusionar el Estado de bienestar con las libertades políticas, la seguridad continental con la soberanía popular, la República con las libertades políticas irrevocables, en un amplio movimiento centrado en el deseo de bienestar, de paz y de regeneración de la política como instrumento de lucha por la igualdad y la dignidad humana? La respuesta son los "deberes" que este Proyecto PNUD- ONU está haciendo en asociación con otros centros de apoyo públicos y privados de todo el mundo, que no disocian la democracia del progreso social y que nunca aceptarán el fascismo y la guerra como solución a los problemas de la humanidad.

Utópico, dirán algunos. Pues bien, podemos responder: "ni más ni menos que la búsqueda de un paraíso comunista o de una socialdemocracia perfecta, que pretendía inaugurar una era de paz y de solidaridad humana, basada principalmente en el "sentido común" negociador de las élites políticas de las clases privilegiadas.

¿CAMBIOS EN LA GEOPOLÍTICA? LA CUMBRE DE JOHANNESBURGO Y LA AMPLIACIÓN DE LOS BRICS

 

En este final de agosto, la exigencia ineludible de dimisión de Rubiales cuyo discurso ante la Federación abochorna por su defensa a ultranza de su actitud machista y abusiva, está monopolizando con razón la atención de la ciudadanía en las redes sociales. Pero también a nivel internacional se están produciendo ciertos hechos que puede que tengan un interés relevante en orden a la reconfiguración del espacio global y la geopolítica actual, y ello en el contexto de una grave crisis y la guerra abierta en las fronteras de Europa ante la invasión rusa de Ucrania. Aunque este blog no pretende ser émulo del admirado periodista Enric Juliana, siempre atento a la geografía y a determinados movimientos en la globalización, entiende que llamar la atención sobre estas pequeñas transformaciones puede resultar interesante para su amable audiencia.

El cambio al que se refiere esta nota es el relativo a la reunión que en Africa del Sur han realizado los países que componen el grupo denominado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en la que han decidido la ampliación del mismo  a partir del 1 de enero del 2024 a otros seis nuevos miembros: Argentina, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía.

Como subraya la crónica que para Il Manifesto han realizado Lorenzo Lamperti y Simone Pieranni, se trata de nua constelación de países variada y no necesariamente coordinada, cuya unidad de propósito real está por demostrar. Esta decisión es el fruto de una selección entre 23 países que habían presentado su candidatura – especialmente en África y en América del Sur, con Venezuela y Bolivia como firmes candidatos – y es el resultado de un compromiso entre China, que lleva tiempo presionando para ampliar el grupo sin demasiadas vacilaciones, y los demás miembro, aunque tras la guerra de Ucrania, Rusia también intensificó la presión para admitir a nuevos países, para demostrar que no estaba aislada. Con ello parece al menos formalmente haberlo logrado, más aún en cuanto que la  próxima cumbre del grupo en el 2024, la primera de las 11 previstas, tendrá lugar en Kazán (Rusia).

El caso es que India, Brasil y Sudáfrica tienen relaciones fluidas con Occidente, incluido Washington, y hasta ahora se habían frenado en esta ampliación para no dejar que los Brics adquirieran una proyección geopolítica o estratégica que nunca habían tenido hasta ahora. El resultado es una lista que, en cualquier caso, hace más fuerte a la organización, sobre todo desde el punto de vista energético, dada la inclusión de los fuertes productores de crudo de oriente próximo como Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Irán. Con estos tres, el grupo pasa a representar el 42% de la producción mundial de petróleo. Más del doble, por tanto, del 20% actual, aproximadamente. Son las tres entradas más importantes desde el punto de vista económico y diplomático, dadas las tensiones no resueltas entre Irán y Estados Unidos.

Además de ello, el ingreso simultáneo de estos tres países del golfo puede leerse como un triunfo de la diplomacia china, que aunque tradicionalmente con muy buenas relaciones con Irán, se había aproximado recientemente a Arabia Saudita, cuyo país visitó Xi Jinping en el pasado diciembre, que ha trabajado intensamente además por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos grandes rivales en la región (Arabia Saudi e Irán).

La asociación de países tiene fundamentalmente un contenido comercial es decir, pretende facilitar los intercambios comerciales entre estos países, sin que por el momento exista la propuesta de crear una divisa común que pudiera competir con el dólar. Sin embargo, existe también un importante vector de promoción y fomento de inversiones empresariales en la red que surge de esta asociación de países, que se concentra en torno al Nuevo Banco de Desarrollo, con sede en Shangai, y que preside la ex presidenta brasileña Dilma Rouseff. El Nuevo Banco de Desarrollo  pretende construir un fondo común que financie inversiones recíprocas y constituya una alternativa a los organismos financieros internacionales tradicionales (que controlan la política y la economía mundial) dominados por Estados Unidos y la Unión Europea, para que se preocupe por el desarrollo y no solamente por el "crecimiento" económico. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos también podrían asegurar una inyección de riqueza nada desdeñable para este NBD, que se nutre de aportaciones estatales y se especializa en inversiones de infraestructuras de los países miembros.

En cuanto al ingreso de Egipto y Etiopía, su aceptación se debe ciertamente a que se trata de dos países que mantienen excelentes relaciones con China y con Rusia, pero también al hecho de que con ello refuerzan el papel diplomático de la República Sudafricana en el continente africano. Algo semejante a lo que implica la adhesión de Argentina, que era una opción por la que se batió el presidente Lula da Silva como un intento de moderar la asfixia de la economía de aquel país ante los préstamos del Fondo Monetario Internacional y para reforzar la dupla de ambas naciones como elementos directivos del cono sur americano.

No se ha incluido sin embargo a Indonesia, uno de los países que más interesan a China, pero al final fue esta misma nación la que pidió un poco más de tiempo para discutirlo con sus socios del Sudeste Asiático en la cumbre de la ASEAN de septiembre de este año.

El caso es que la ampliación se ha presentado como una victoria de la diplomacia china y de su papel dirigente en el sur global frente a la dinámica de Estados Unidos y el seguimiento del proyecto de dominio global de éste por la Unión Europea, cuya diplomacia está fuertemente alineada en esa dimensión atlantista. Inmediatamente después del anuncio del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, de esta ampliación, el presidente chino Xi  la calificó como un paso "histórico".

Aunque su impacto en el porcentaje del PIB y el comercio mundial sea más bien limitado, aunque el objetivo de la desdolarización siga siendo complejo y la creación de una moneda común parezca todavía un espejismo, añadir letras al acrónimo Brics refuerza la pretensión china de liderar el llamado sur global. En este sentido China ha mantenido en los últimos días una larga serie de reuniones bilaterales con los líderes de los países africanos. No hubo, sin embargo, un muy esperado encuentro indo-chino entre ambos presidentes, Xi y Modi. Habría sido una señal muy importante: los dos no se hablan oficialmente desde hace más de tres años y tienen varios expedientes delicados que gestionar. Empezando por el de la disputada frontera.

En varios pasajes del comunicado final de la cumbre aparece una huella china. Empezando por la ostentosa reiteración del concepto de "multilateralismo inclusivo" hasta la condena del terrorismo "en todas sus formas", pasando por el subrayado de la importancia del G20. En este foro, por cierto, la pelota seguirá en manos de los Brics durante tres años consecutivos: después de Indiia, primero Brasil y luego Sudáfrica ostentarán la presidencia de este Grupo. También se hará mucho hincapié en la seguridad alimentaria. Un elemento nada secundario si se tiene en cuenta que el grupo produce el 40% de las necesidades mundiales de cereales.

Sigue siendo complicado que el grupo sea plenamente capaz de actuar de forma conjunta y coordinada en los distintos escenarios internacionales, y su coordinación en el intercambio mercantil no amenaza al parecer la hegemonía de América del Norte y la Unión Europea. Al menos eso es lo que explica el comentario al respecto del Consejero de Seguridad Nacional USA, Jake Sullivan, que ha afirmado "No vemos a los Brics como una especie de rival geopolítico de Estados Unidos ni de nadie”. Pero para algunos países, en especial los suramericanos, una mayor integración financiera en este grupo es fundamental para desarrollar sus economías sin depender de los mercados financieros dominados por los países desarrollados, y no es un secreto que se apuesta fuerte por la “desdolarización” del comercio aun sin la posibilidad de crear una divisa común.

Pero mientras tanto,  avanzar en la organización del “sur global” implica posiblemente algunos cambios  en la geopolítica que se van afirmando paulatinamente. Como señalan los reporteros de Il Manifesto, el "mundo que no vemos" se hace un poco más grande.

 

 

 

 

DEBATIENDO LA REFORMA DEL DESPIDO: UNA PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN 1º MAYO

 

Agosto es un mes de vacaciones, aunque en este año la convocatoria electoral de finales de julio lo haya convertido en un período de tiempo hábil para el quehacer político. Durante el descanso anual es sin embargo muy común ir pensando en los cometidos que aguardan en el momento de la reincorporación al trabajo. Ambos elementos, la reanudación de la actividad política en la perspectiva de lograr la investidura del nuevo gobierno previsiblemente a finales del mes de septiembre, y el arranque de un nuevo curso académico repleto de propuestas de debate y seminarios de discusión, hace preciso que se vayan asentando algunas de las ideas que se habían ido avanzando antes del verano.

Acostumbrados a un ritmo trepidante de cambios legislativos, en materia laboral no parece que este vaya a ser la pauta de actuación en la nueva legislatura, sino que se decantará más bien por el desarrollo normativo y la administración de la efectividad de las reglas adoptadas. El caso emblemático de la resistencia de algunas grandes empresas multinacionales de plataformas a la aplicación de la Ley que considera la inclusión de las personas que efectúan el reparto de mercancías y alimentos a su servicio en el ámbito del derecho laboral es un buen ejemplo de los espacios que debe recorrer en el inmediato futuro la acción de gobierno. Es cierto que a tenor de lo que se ha defendido como programa electoral, es muy posible que el tema de la reducción de jornada sea objeto de concertación en el marco del diálogo social, y que en el tintero normativo se quedó, por la oposición del PSOE, el tan comentado Estatuto del Becario, que posiblemente querrá ser actuado, pero en líneas generales es más seguro apostar por medidas que aseguren el mantenimiento de las grandes líneas de actuación ya marcadas a partir del RDL 32/2021 de reforma laboral y las demás  líneas de actuación ya definidas legislativamente.

Hay no obstante una asignatura pendiente que se arrastra desde la moción de censura a Rajoy del 2018, y que se entronca con la consigna de “derogar la reforma laboral” que se hacía corresponder con la urgente desaparición de los aspectos más negativos de la legislación del 2012. Era la promesa en positivo de elaborar “el nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”, como una propuesta de reconstrucción de todo el Derecho del Trabajo desde un planteamiento garantista de los derechos individuales y colectivos de las personas que trabajan adaptado a los cambios, fundamentalmente tecnológicos, que en aquel momento aparecían como el eje fundamental de las transformaciones sociales. La irrupción de la pandemia primero y la necesidad de acelerar las reformas relativas al plan de recuperación y resiliencia, concentró en los aspectos muy relevantes del RDL 32/2021 los esfuerzos de cambio legislativo de ese ciclo legislativo. El desplazamiento en el tiempo de esta tarea ha llevado consigo además su cambio de contenido, porque ahora se habla de Estatuto del Trabajo del siglo XXI, posiblemente con un enfoque que trasciende el esquema normativo basado exclusivamente en el trabajo asalariado.

Como todas las grandes tareas, su concreción es difícil, ante todo porque llevarla a la práctica requiere un consenso en el campo de la interlocución económico-social que a su vez sea aceptado y replicado horizontalmente en la esfera de las alianzas parlamentarias.  La experiencia de la reforma laboral de diciembre de 2021 hace previsible que en el campo de las mayorías políticas la decisión sea más complicada, y la compaginación entre el acuerdo social y el acuerdo político resulta asimismo intrincada y compleja. En todo caso, el propio diseño del marco normativo requeriría un trabajo previo de asesoramiento y propuesta de expertos académicos sobre el texto y su alcance, como forma de asegurar un texto de partida sobre el que poder ir construyendo el consenso social y político. Las fórmulas que pueden acoger estas exigencias son muy variadas y posiblemente al menos en su primera fase se puedan poner en marcha como una iniciativa política del nuevo gobierno.

Pero, prescindiendo de esa gran iniciativa de sustitución del texto legislativo fundamental que regula las relaciones de trabajo en nuestro país, es evidente que se requiere una intervención específica sobre el área de la extinción del contrato, es decir, la regulación del despido, y ello por varias razones. Por un lado, es patente la discrepancia existente entre la regulación del despido que se efectuó durante el ciclo 2010-2012 y las prescripciones emanadas durante la crisis del Covid y posteriormente con la reforma laboral y la incorporación al ET de los mecanismos de mantenimiento temporal de empleo reflejados en los arts. 47 y 47 bis ET y el RD 608/2023 de 11 de julio. El principio regulador que inspiraba la reforma del 2012 se contradice directamente con el principio de mantenimiento del empleo que ha caracterizado a la legislación del estado de alarma y los mecanismos de ajuste temporal para evitar despidos regulados en este período y posteriormente recibidos en la regulación de empleo temporal vigente. Es por tanto conveniente adaptar la regulación del despido, especialmente colectivo, a estas nuevas indicaciones legislativas.

Además el tema del despido – realmente que no hubiera sido modificado por el RDL 32/2021 al parecer fundamentalmente en materia del quantum indemnizatorio- ha sido asimismo el elemento de discordia enarbolado por los grupos parlamentarios de ERC y Bildu para justificar su voto negativo a dicha norma, aun arriesgando que no se produjera su convalidación y que se produjera por tanto una crisis definitiva que habría terminado con la experiencia del gobierno de coalición. Pero en este último año, tanto UGT primero como CCOO después han utilizado el procedimiento de reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales entendiendo que las indemnizaciones por despido improcedente basadas de manera exclusiva en la antigüedad de las personas despedidas vulneran el art. 24 de la Carta Social Europea en cuanto no satisfacen la “reparación adecuada” que dicho artículo prescribe para aquellos despidos que carecen de “razón válida”, y antes de que el CEDS decida, ya en varias decisiones judiciales se ha abierto en varios fallos judiciales la posibilidad de declarar indemnizaciones adicionales en el supuesto de despido improcedente sobre esta base.

Por lo tanto, se va a hablar de despido necesariamente en este curso académico, al margen de su inserción en un cuadro más general de reforma de la normativa laboral. Esta es la razón por la que en el plan de trabajo de la Fundación 1 de Mayo, para el cuarto trimestre del año 2023 se haya incluido la propuesta de efectuar un seminario permanente sobre la reforma del despido. Se trata de analizar críticamente el sistema de despido en su totalidad, sin centrarse exclusivamente en el problema del coste del despido y de la cuantía indemnizatoria, sino abordando todos los aspectos que en nuestra legislación laboral y procesal plantea este tema. De esta manera, se abordará la clásica tripartición entre despido individual, disciplinario, y objetivo y  el despido colectivo, y se cuestionará la propia adecuación a la realidad de las causas de despido individual en sus dos variantes, junto con la declaración de procedencia, improcedencia y nulidad, que deben ser reconfiguradas de manera importante, tanto en cuanto a su definición legal como en sus consecuencias procesales, con atención a la regulación de los salarios de tramitación, los mecanismos de ejecución provisional y definitiva. En este rediseño de la figura se pueden traer a colación algunas experiencias de derecho comparado europeo. Naturalmente la jurisprudencia del CEDS en materia de reparación adecuada frente al despido sin razón válida se debe tener en cuenta, pero también otras orientaciones internacionales hasta el momento no atendidas ni doctrinal ni jurisprudencialmente, como son las derivadas del Convenio 158 de la OIT o el art. 8 del Convenio de Roma en relación con el respeto a la vida privada o familiar. La vertiente de la tutela constitucional frente al despido arbitrario, discriminatorio o vulnerador de derechos fundamentales tiene asimismo que tener su espacio en este estudio.

En paralelo a lo anterior, se debe trabajar la reformulación del marco regulador del despido colectivo, planteada en sintonía con la nueva disposición de los instrumentos de ajuste temporal de empleo, configurándose como ultima ratio en materia de restructuración empresarial ante motivos económicos, tecnológicos, organizativos o productivos. El reforzamiento de los derechos colectivos de información y consulta en el modelo dual de representación en la empresa junto con el desarrollo de lo que significa la negociación de buena fe en estos procesos y la importancia de tener en cuenta las nuevas realidades transnacionales emergentes, deben ser temas importantes del debate, aunque posiblemente el problema del rol de la autoridad laboral en la dirección y control de estos procesos será también muy relevante y atraerá una buena parte de las opiniones vertidas. Es evidente que la intervención en estos procesos de la autoridad laboral debe ser repensada sobre lo que supone su posición actual, teniendo en cuenta los márgenes que posibilita la jurisprudencia Heraklion y en relación con los otros instrumentos de regulación de los que se dispone. Finalmente, una atención especial se debería dirigir al derecho concursal y la extinción de los contratos durante los procedimientos de insolvencia en curso.

La idea que subyace a esta propuesta es la de completar desde el respeto a la estabilidad en el empleo que aparece confirmado en la reforma operada en la contratación temporal a partir del RDL 32/2021, el otro polo de referencia, el que se coloca en la extinción de la relación laboral, que tiene una relación directa con aquella. Pero se llevará a efecto contemplando el problema en su conjunto, sin abordar tan solo el tema posiblemente más llamativo del coste del despido y la forma de fijar la indemnización por despido improcedente, que es la manera tradicional desde la que se abordó – para reducirlo y minorar sus garantías – en la reforma del 2012 y que hoy resurge en medio del debate sobre la decisión futura del CEDS de las reclamaciones colectivas de UGT y CCOO.

Los trabajos que produzcan este seminario, a través de un grupo de trabajo formado por profesorado universitario, abogados, magistrados y asesores sindicales, deberían culminar en un documento- propuesta que haría público la Fundación 1 de Mayo. Ese documento no solo debería el conjunto de los análisis efectuados sino también unas indicaciones de reforma que pudieran a su vez someterse a la valoración en primer lugar del sindicalismo confederal, y posteriormente a la opinión académica como espacio en el que sus aportaciones pudieran ser también contrastadas y debatidas.

Seguiremos informando a través del blog de estos buenos propósitos para el retorno a la normalidad productiva una vez terminado el período de descanso estival. Mientras tanto, a seguir disfrutando de las vacaciones.