EL DEBATE SOBRE LA REFORMA DEL NIVEL ASISTENCIAL DEL DESEMPLEO. HABLA JOAQUIN APARICIO

 

Ya se ha hablado en este blog de las tensiones sobre la reforma del nivel asistencial de desempleo que se han producido a raíz de las declaraciones y propuestas del Secretario de Estado de Economía que se han prolongado en una amplia defensa de sus planteamientos por parte de una larga serie de personas que han ocupado las tribunas de opinión de los periódicos y digitales. Lo que se presenta como una “batalla ideológica” entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz como si fuera una lucha por mantener parcelas de poder dentro de sus respectivas competencias ministeriales, es en realidad una contraposición de programas y proyectos reformistas que no sólo tienen su repercusión en este asunto concreto, sino que lo trascienden y se despliegan respecto de la visión que se tiene de futuro sobre la Europa social y las reglas nuevas de gobernanza económica y sobre el lugar que tiene que ocupar el trabajo y su protección en todos sus aspectos en un proyecto de reforma que entiende que solo ampliando derechos laborales y sociales se sostiene la democracia frente a la embestida autoritaria de las derechas.

 Sobre este tema en concreto, Joaquin Aparicio, profesor emérito honorario de la UCLM y uno de los más activos sostenedores de este blog, ha escrito una reflexión de lectura obligada para todas las personas que quieran estar informadas sobre este particular más allá de lo que se recoge en los medios de comunicación al uso. Este es el texto de su intervención en exclusiva para este blog.

 

LA RESPONSABILIDAD DEL DESEMPLEO NO ES DE LA PERSONA TRABAJADORA

Joaquín Aparicio Tovar

                                           

Los poderes públicos están obligados a realizar una política orientada al pleno empleo tal y como se establece en el artículo 40 de la Constitución. El pleno empleo en una sociedad libre es el título del segundo de los informes de Beveridge y desde el fin de la segunda guerra mundial en los países de Europa occidental que no estaban bajo dictaduras fascistas, lo que era una aspiración para huir de la dramática situación del periodo de entreguerras, llegó a ser una realidad como consecuencia de las políticas que se pusieron en práctica que tenían el sello de una fuerte intervención del Estado en la economía, por una parte como regulador y, por otra, haciendo fuertes desembolsos e inversiones que reactivaron esenciales sectores productivos. Es algo muy conocido, como lo es también que desde finales de los 70’s la “revolución conservadora” dio al traste con ello y desde entonces se ha ido arrastrando el problema del desempleo.  

 La lucha contra el desempleo es un mandato constitucional, un instrumento de defensa de la democracia que peligra cuando se desboca, y un imperativo ético si se quiere defender la ciudadanía social y la dignidad humana. Si del trabajo se ha dicho que es el pasaporte para la ciudadanía y el modo ordinario de obtención de rentas para cubrir algunas de las necesidades a que están sometidos los seres humanos, es obligación de los poderes públicos que haya una oferta de empleos igual o mayor a la de demandantes de trabajo, en eso consiste esencialmente la política de pleno empleo, ya que no hay que olvidar que la persona trabajadora y el empresario no están en situación de igualdad. Para la primera no tener trabajo o perderlo es un drama, pero para el segundo es solo un inconveniente.

 Pero por muy exitosa que sea la política de empleo habrá situaciones en las que las personas trabajadoras se verán por distintas razones expulsadas del trabajo, aunque sea de manera temporal, y es entonces cuando no se las puede dejar abandonadas. Ante esas situaciones, la Constitución (art. 41) vuelve a hablar para imponer a los poderes públicos otra obligación, la de, a través del Sistema de la Seguridad Social, garantizar prestaciones sociales suficientes ante los estados de necesidad, “especialmente en casos de desempleo”. Tenemos pues dos mandatos constitucionales: la de orientar la política, en especial la política económica, al pleno empleo, y la de poner al abrigo de la necesidad a las personas desempleadas con prestaciones “suficientes”.

 En estos días ha salido a la luz una polémica suscitada por las pretensiones del departamento de Economía de recortar el subsidio por desempleo frente a las que ha alzado su voz la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que es la competente en el asunto. Las propuestas de Economía que hemos sabido, no solo son de una gran inoportunidad política en un tiempo de acoso al gobierno progresista de coalición por las derechas, ya todas extremas, atizando el fuego sobre los problemas de la ordenación territorial del Estado, sino que son socialmente regresivas y viejunas, a pesar de que se presentan como modernizadoras. La mayoría de las reformas que han recortado derechos de las personas trabajadoras en España se han justificado en nombre de la modernidad. También está ocurriendo ahora, pero en este caso es particularmente evidente que tales afirmaciones están muy alejadas de la realidad. 

Las propuestas de recortes de las prestaciones de desempleo, ahora del desempleo asistencial, hunden sus raíces en ideas antiquísimas y arcaicas. Durante el siglo XIX y bien entrado el XX las élites poderosas impusieron la idea muy propia del liberalismo de que el individuo ha de ser capaz, en una lucha competitiva con los demás, obtener todo lo necesario para cubrir sus necesidades y si no lo conseguía era por su incuria por lo que el Estado no tenía que ocuparse de su suerte. Sin embargo, la realidad era tozuda y no se podía cerrar los ojos ante las muchedumbres desvalidas, en especial en tiempos de crisis. Las nuevas leyes de pobres británicas del siglo XIX, ya en plena industrialización, intentaban dar algún escuálido alivio a masas de depauperados, pero en condiciones de dureza tales que les estigmatizaba (en esto no se separaban mucho de las de beneficencia del continente europeo). Se suponía que esa dureza evitaba que los vagos acudiesen a pedir ayudas públicas y se viesen obligados a trabajar, pero ese esquema se daba de bruces, por un lado, con situaciones, de modo agobiante en tiempos de crisis, en las que había una incapacidad de ofrecer trabajo a quienes lo demandaban y, por otra, una creciente rebelión de las masas trabajadoras con cada vez más conciencia de clase. El seguro social fue una salida a ese estado de cosas porque en su base está que determinados riesgos que generan estados de necesidad no son de origen individual, sino producto de la organización de la sociedad, son “sociales” y por ello ha de buscarse una solución desde lo público. Si alguien queriendo y pudiendo trabajar no encuentra una oportunidad para hacerlo no es responsable de su estado de desempleado y entonces debe actuar lo previsto en el art. 41 de la Constitución.

 El Secretario de Estado de Economía ha dicho que no hay que “subsidiar” a los parados sino ir a la creación de empleos. Hay en esa afirmación algo de Perogrullo porque si se crean empleos (350.000 ha cuantificado), al ocuparse por desempleados obviamente ya no se tienen que dar “subsidios”. En esencia el plan consiste en recortar la prestación asistencial por desempleo y exigir a la persona perceptora un más riguroso “compromiso de actividad” bien vigilado por el SEPE. Esto recuerda mucho lo que se intentó en 2002 por el Gobierno de Aznar. Pero el compromiso de actividad no puede ser abierto, tiene que ser referido a una ocupación adecuada a la situación personal de la persona trabajadora (cualificación profesional, situación familiar, integración en un territorio).  La idea del subsidio que parece rondar por las cabezas de quienes propugnan los recortes es la que son un residuo de la vieja asistencia social heredera de la beneficencia y no así. Para acceder a las prestaciones por desempleo asistencial la persona titular del derecho tiene que haber pasado antes por las prestaciones del desempleo contributivo que exigen un periodo de cotización y por tanto haber trabajado y perdido el empleo, por lo que en puridad no es exactamente una prestación asistencial.  Se supone, en ese plan de Economía, que al recortar la prestación la persona perceptora se espabilará y encontrará trabajo. ¿Cómo se crearán esos puestos de trabajo? Aquí entra la fe, lo que no deja de ser curioso en unos economistas que presumen de cientificidad en sus propuestas. Dicen que la comparación con las experiencias de otros países de la OCDE y “evidencias empíricas” (¿Quiénes son esas mozas? Que diría Sánchez Ferlosio) así lo muestran. Grandes comparatistas han advertido de los errores del comparatismo si no se tienen en cuenta un gran número de instituciones y, en este caso, no solo habría que comparar la legislación y práctica del subsidio de desempleo, sino el conjunto de las instituciones sociales y económicas de distintos países en las que operan. En definitiva, al final la fe. Lo que tampoco sorprende mucho porque muchas de las reformas regresivas que se han hecho en materia social, por ejemplo, con la introducción en el ordenamiento los contratos de trabajo temporales sin causa, se decía que al final servirían para crear empleo, y ya se ha visto lo que ha pasado, que hemos tenido que esperar a 2022, con la reforma laboral, que ha vuelto a la preferencia por el contrato indefinido y exige causa para los temporales para que se haya reducido la temporalidad que se había hecho crónica. Se comprende que la gran mayoría de la clase trabajadora sea descreída, porque es claro que lo que primero le cae encima es el recorte de la prestación y ya veremos cuando aparecen las colocaciones adecuadas.

 ¿De verdad alguien piensa que si no hay pleno empleo en España es por culpa de quienes perciben como desempleo asistencial 480 €? ¿Son 480 € una prestación suficiente de acuerdo con al art. 41 CE? Es muy difícil sostener que la inmensa mayoría de quienes perciben el desempleo asistencial no aceptaría un trabajo con condiciones dignas, entre ellas el salario. Se dice que hay puestos de trabajo que no se ocupan, pero no se dice cuáles son las condiciones de esos puestos de trabajo y por eso sorprende que desde mismo Ministerio de Economía se haya hecho y se haga oposición a una subida del salario mínimo que es esencial para tener esos trabajos dignos e incentiva ocupar esos puestos de trabajo cuando los haya.

  No puede justificarse la reforma propuesta por el Ministerio de Economía por las exigencias de la Comisión Europea contenidas en la componente 23, porque ya fueron negociadas por las personas responsables del Ministerio de Trabajo y a ellas corresponde hacer las modificaciones que sean menester en el actual esquema. Más valía que las autoridades del Ministerio de Economía de centrasen en negociar con la Comisión las necesarias inversiones públicas para modernizar la estructura económica de nuestro país, ahora que hay peligro de una vuelta a la austeridad.