martes, 17 de mayo de 2022

MENSTRUACIÓN Y TRABAJO: EL DERECHO A TRABAJAR SIN DOLOR. HABLA ADORACIÓN GUAMÁN

 


Entre las noticias del fin de semana que han absorbido la cuota de pantalla – Eurovisión, la Pradera de San Isidro, la llamada local de Felipe VI a su padre en Abu Dabi, las animadas conversaciones entre Cospedal y Villarejo – destaca el debate que se ha venido produciendo ante el anuncio del Ministerio de Igualdad de incorporar una norma al ordenamiento jurídico que establezca que las mujeres afectadas por menstruaciones dolorosas o incapacitantes tengan derecho a la baja médica retribuida desde el primer día al 100 por 100. Sobre este importante tema, que entra de lleno en la tutela de la salud de las personas trabajadoras, Adoración Guamán, profesora de la Universidad de Valencia, efectúa una reflexión muy valiosa en exclusiva para este blog, que se honra con su participación.

Menstruación y trabajo: el derecho a trabajar sin dolor

Adoración Guamán

 

Analizar a esta cuestión, que ha centrado buena parte del debate en los últimos días y que en realidad se plantea de manera recurrente en cada uno de los avances normativos en materia de igualdad, requiere tratar un buen número de consideraciones previas. Comencemos por las cuestiones más básicas: durante el ciclo menstrual un considerable número de mujeres y personas que menstrúan experimentan un conjunto de dolores que incluyen calambres abdominales, náuseas, fatiga, sensación de desmayo, dolores de cabeza, dolor de espalda y malestar general o migrañas. Con todo esto una vez al mes y 480 veces a lo largo de nuestra vida, muchas personas trabajamos. Eso sí, medicadas (fundamentalmente automedicadas) con todo tipo de anti-inflamatorios. A muy pocas se les pasa por la cabeza acudir al médico por esta causa y las que lo hacen no buscan el diagnóstico de una incapacidad temporal por contingencia común (cosa totalmente posible y que normalmente supone una pérdida salarial) sino la receta del calmante más efectivo que haya para poder ir a trabajar. De hecho, el concepto clave al analizar la relación entre menstruación y trabajo no es el absentismo sino el “presentismo” o la asistencia al trabajo estando enferma o en condiciones de salud no óptimas para desempeñar las funciones. Éste, con carácter general, no solo entraña una disminución de la productividad, sino que también multiplica los riesgos laborales y dificulta la recuperación, siendo negativo para el conjunto de la salud de la persona que decide acudir al trabajo con dolores intensos.

El análisis de esta situación desde la óptica de los derechos nos lleva a preguntarnos si trabajar con un dolor de regla incapacitante es compatible con la salud menstrual, con la salud en el trabajo o con el trabajo digno. La respuesta es claramente negativa. El derecho a la salud implica establecer condiciones sanas en el trabajo, incluyendo, por supuesto, la salud menstrual. El Estado tiene, por tanto, una obligación de proteger (de hacerlas efectivas) pero el derecho laboral siempre le ha dado la espalda al vínculo entre la regla y la salud en el trabajo. De entre las razones que justifican esta falta de atención jurídica es posible señalar dos. La primera está vinculada a los estigmas y estereotipos vergonzantes que rodean a la menstruación y que han silenciado el debate acerca de sus efectos sobre el trabajo. En este sentido, la Declaración por el día de la mujer de 2019 de Naciones Unidas, exhortaba a la comunidad internacional a romper el tabú en torno a la salud menstrual y a tomar medidas concretas para garantizar que se ponga fin a las prácticas discriminatorias y que se proteja la salud menstrual. En concreto, señalaba que el estigma y la vergüenza generados por los estereotipos en torno a la menstruación tienen graves repercusiones en todos los aspectos de los derechos humanos de las personas que menstrúan, incluyen el derecho a un trabajo seguro y saludable.  La segunda razón que ha situado a la menstruación fuera del debate jurídico ha sido el carácter patriarcal y androcéntrico del conjunto del ordenamiento jurídico y del derecho laboral en particular. Tanto la regulación del trabajo como las normas de seguridad social se construyeron centrados en el trabajador masculino. Un hombre que no sólo no cuidaba, sino que acumulaba sobre su persona el trabajo de cuidado de las mujeres, que era invisibilizado, no regulado y no pagado, ni directa ni indirectamente (ni salario, ni cotización, ni pensiones). Ni que decir tiene que las circunstancias vinculadas genéticamente a las mujeres (desde la maternidad biológica hasta la menstruación o la menopausia) quedaron al margen de las normas de salud laboral, más allá de mínimos básicos en clave protectora de la maternidad.

Es evidente que desde la incorporación de la mujer al mundo laboral se han dado pasos enormes para eliminar el carácter androcéntrico de la regulación del trabajo. En el inicio y durante décadas, la inclusión de la mujer en las normas laborales se hizo sobre la base de atribuir todas las responsabilidades de los cuidados a las mujeres, estructurando mecanismos de conciliación que acabaron provocando las dobles o triples jornadas laborales. En paralelo, las políticas de salud laboral se desarrollaban mediante normas pretendidamente “neutras” (basadas en la experiencia de trabajadores varones e ignorando la diferente realidad de la salud de las mujeres) o bien políticas de salud y seguridad en el trabajo que consideraban a la mujer desde una óptica proteccionista, como colectivo débil y centradas en el embarazo y la maternidad. La menstruación nunca estuvo presente en los debates jurídicos.

Aquellas primeras políticas de conciliación no consiguieron combatir la estructural brecha salarial, la división sexual del trabajo y la discriminación en el empleo. Sin restar importancia a los primeros pasos, es importante reconocer que todavía eran piezas aisladas de un engranaje incompleto de dispositivos normativos orientados a la consecución de la igualdad y que la agenda de prioridades de las reivindicaciones sociales estaba enfocada en resolver cuestiones urgentes como asegurar, por ejemplo, la prestación por riesgo durante el embarazo. Los posibles efectos adversos de aquellas normas sobre la contratación femenina se vincularon a estos dos factores y a un momento de incipiente construcción de la conciencia empresarial respecto de la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho humano.

Aun así, aquellos avances normativos fueron imprescindibles para llegar a plantear políticas capaces de romper con la discriminación en el trabajo. La inclusión de la palabra “corresponsabilidad” en la ley orgánica de igualdad del año 2007 fue un paso enorme y uno de los grandes hitos fue, sin duda, la equiparación en el 2019 de los permisos por nacimiento de ambas personas progenitoras, que ha situado a España a la cabeza de las políticas de igualdad en el marco de las relaciones de trabajo. Aquel triunfo fue fruto de una larga lucha impulsada por organizaciones feministas que evidenció como los derechos humanos son procesos permanentes de construcción social de la realidad impulsados por luchas culturales, sociales, y políticas, que consiguen poner en la vida pública (evidenciar, develar, nombrar) las necesidades que grupos y colectivos vivían de manera silenciosa u opacada por el peso de las estructuras del modelo patriarcal.

La propuesta de regular la incapacidad temporal por menstruación incapacitante se ubica en esta evolución de las políticas de género con capacidad de romper con el carácter patriarcal del ordenamiento laboral y de seguridad social. Lejos de estigmatizar, la nueva regulación ha vuelto a poner el foco en la relación entre mujer y trabajo para revelar que, cuando una norma pretende dar un tratamiento “neutro” a dos realidades distintas (los hombres no menstrúan ergo no existe el problema) en realidad se perpetúa la discriminación.

Aunque pueda parecerlo, regular un permiso menstrual no es una idea novedosa. España será el primer país de la Unión Europea que lo aprueba, pero su construcción teórica lleva muchos años elaborándose. Por un lado, existen experiencias normativas que tienen poco que ver con lo propuesto por el Ministerio de Igualdad y que se están aportando de manera torticera en el debate público para generar un ruido innecesario sobre la propuesta de Montero. En concreto, Japón aprobó una ley relativa a la menstruación en el trabajo en 1947; Corea del Sur concede a las mujeres un día de permiso por la menstruación y Taiwán tres días; en Indonesia dos. Además, en algunas provincias de China se han adoptado políticas similares. El debate en otros países, como Francia, Reino Unido o Australia, se ha abierto al hilo de las experiencias en diversas empresas que han implantado modelos de organización del trabajo compatibles con la protección de la salud menstrual (incluyendo igualmente los periodos de menopausia) y que reportan constantes tasas de éxito tanto desde el punto de vista del aumento de la productividad como de la mejora del bienestar de las personas que se acogen a estos permisos.

Lejos de estas realidades, la iniciativa más cercana al mecanismo lanzado desde el Gobierno de España se puede encontrar en Italia. El parlamento italiano debatió en abril de 2016 una propuesta de ley titulada “Establecimiento de permisos para mujeres que padecen dismenorrea”. La propuesta, que no llegó a aprobarse, contemplaba el derecho de no acudir al trabajo un máximo de tres días al mes a las mujeres que padezcan una dismenorrea que impida el desempeño de las funciones ordinarias del trabajo diario, condición que debía ser constatada en un certificado médico de carácter anual. Este “permiso menstrual” sería cubierto por el Estado con una prestación igual al salario.

En una línea similar, la propuesta del Ministerio de Irene Montero se basa en el reconocimiento del derecho a una incapacidad temporal especial para las mujeres con menstruaciones dolorosas que las incapaciten para trabajar, sin máximo de días según indique el informe médico preceptivo, a cargo de la seguridad social, abonada desde el primer día de baja y sin requisitos de cotización previos. No habrá, por tanto, carga alguna económica para el empresario.

La regulación de esta baja laboral por menstruación ha despertado cuantiosas críticas. Algunas son poco interesantes y no requieren contestación, como el despropósito de la Presidenta de Madrid sobre la “regla de tres” o las intervenciones que inciden en las posibilidades de fraude, como si fuera más fácil engañar al facultativo médico respecto de un dolor menstrual que en relación a una lumbalgia. Otras, con mayor seriedad, se vinculan a la preocupación por su posible carácter “estigmatizante” y han provocado cierta división de la opinión pública. Desde esta postura, se afirma que poner el foco en cómo la menstruación afecta la capacidad de trabajo de un buen número de mujeres durante determinados días del mes significaría reconocer una debilidad y podría implicar una reacción negativa empresarial que podría ahondar en la preferencia de contratación masculina.

Frente a ello, hay que tener en cuenta el grado de evolución general de nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de la tutela antidiscriminatoria y los avances señalados en materia de igualdad dentro de las relaciones de trabajo. La nueva regulación no es un dispositivo aislado sino una pieza más en un engranaje que ya funciona (aunque falte mucho por avanzar). En segundo lugar, la notable mejora del conocimiento de los derechos por las trabajadoras, que complica las posibles actitudes empresariales discriminatorias (como la imposibilidad de que un empresario formule preguntas sobre el dolor de regla en el marco de entrevistas de trabajo o las amenazas de despido por hacer uso del derecho). En tercer lugar, el carácter técnicamente acabado de la propuesta, que sitúa de manera expresa al empresariado al abrigo del coste de la medida, así como la existencia de distintos análisis respecto de los beneficios para la productividad realizados a la luz de experiencias empresariales exitosas en diversos países. En cuarto lugar, la fundamental importancia del movimiento feminista como sostén sociológico de estas medidas y la labor no solo normativa sino pedagógica de Ministerios como el de Trabajo y el de Igualdad que, reforma a reforma, han evidenciado que la reversión del carácter patriarcal y androcéntrico del derecho del trabajo y de la seguridad social es uno de los grandes objetivos del Gobierno de coalición.

En todo caso, y aun sin entrar en vigor, la regulación propuesta ya ha significado un enorme paso adelante al permitirnos visibilizar y verbalizar una realidad y una necesidad históricamente opacada. Una vez aprobada, será necesario impulsar su correcta aplicación para lo cual es imprescindible el diálogo social. Que la salud menstrual entre en las empresas requiere que el empresariado interiorice la necesidad de protegerla y conozca las consecuencias positivas para la igualdad y los derechos humanos, pero también para la productividad, que pueden derivarse de la aplicación de esta medida.

Ante todo, y en este momento inicial, es fundamental entender la nueva regulación como una pieza de importancia fundamental en lo jurídico y en lo simbólico y cultural, que se incardina en un engranaje normativo evolucionado pero inacabado, en permanente movimiento hacia la consecución de una sociedad más justa, donde nadie tenga que ir a trabajar aquejada de dolores incapacitantes y donde la menstruación forme parte de la cotidianeidad, libre de estereotipos, estigmas y discriminaciones.

 


sábado, 14 de mayo de 2022

UNA MIRADA DISTANTE: LO QUE LA INFORMACIÓN ESCONDE

 


Estar fuera de casa tiene sus secuelas. Una de ellas, quizá la menos importante, es el efecto de extrañamiento que produce ante la diferente manera de producir la información allí, a la que pese a la lejanía se está continuamente ligado por las redes sociales y la recepción de noticias. Un distanciamiento que provoca una fuerte sensación de rechazo ante la inmersión de la opinión pública en un mundo ilusorio, alejado de la comprensión de los hechos más cercanos e influyentes sobre la vida real de las personas. Esa es la impresión sobre el panorama informativo de España,

Pasan los primeros días de mayo y parece que llega el buen tiempo. También da la sensación de entrar en un cierto período valle en las noticias, esos momentos previos a que se desencadene la tormenta de declaraciones, gestos y trasiego de personas con ocasión de la nueva convocatoria electoral prevista. En España hay elecciones cada tres meses, y se hacen encuestas de opinión políticas a diario. El propósito de esta agitación es siempre el mismo, erosionar la legitimidad democrática de las mayorías sociales que sostienen al gobierno desde noviembre del 2019, y proclamar urbi et orbi que los españoles ya han elegido un gobierno de la derecha y la ultraderecha como reacción a las reformas y acciones de este gobierno de coalición progresista. Asi que todos los días prensa y televisión nos informan que the times they are changing y que pieza a pieza y región por región las mayorías se asientan sobre el crecimiento imparable de Vox al rebufo del PP.

La memoria de las cosas que pasan dura muy poco, y parece que fuera ayer cuando el Partido Popular despidió con cajas destempladas al único dirigente que había sido elegido por votación popular en unas primarias por sugerir que el enriquecimiento de un hermano de la Presidenta de la CAM durante la primera fase de la pandemia era un hecho repudiable, porque tras ese desgarro interno el Partido se ha recompuesto en torno al nuevo líder ungido por aclamación que goza de la aceptación por el momento de quien mejor demuestra seguir la escuela del ex presidente USA que fue derrotado en su reelección al acabar el año de la pandemia 2020. Ese desgarro crítico duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, y nadie lo recuerda ni es recordada su víctima. Ahora sencillamente los telediarios y las tertulias se visten de flamenco y entre trajes de faralaes recuerdan la gracia de la candidata que se define como la más andaluza de todas las listas electorales por partida doble, pues hasta ha elegido su lugar de residencia andaluz sin ataduras con su inmediato pasado en su localización madrileña. A fin de cuentas, España toda es la residencia única de los españolistas de bien. Solo sabemos a cambio que la unidad de la candidatura Por Andalucía ha sido un poco chuchurría, aunque nada de extrañar porque desde todos los medios de comunicación se viene a resaltar que llevarse mal es algo que se reproduce en el ADN de los colectivos que quieren empeñarse en lograr la transformación social del país y de todas las personas que lo pueblan. Un mundo más equitativo donde los derechos básicos de los desiguales compensen a través de la acción política de lo público y de lo colectivo su condición de subalternidad.

Fuera de esos zumbidos, frecuentemente acompañados de trending topics  que abordan otros temas, pero siempre en la misma clave  - Pegasus y la seguridad nacional, empañada y empeñada por los gestos de aquietamiento a los independentistas es uno de los que más se ha resaltado – la vida material conoce cambios importantes. Ante todo en lo que supone la relación básica que posibilita la cohesión social, el trabajo, que se regula mejor, fortaleciendo los derechos individuales y colectivos que se asocian al mismo. Hay más empleo y se hacen muchos más contratos por tiempo indefinido, una cantidad exorbitante en relación con la práctica de la temporalidad que ha caracterizado, desde hace más de cuatro décadas, el intercambio salarial en España y que demuestra que era posible una intervención normativa que modificara ese culto a la temporalidad como práctica económica empresarial sostenida por un pensamiento neoliberal que ha sido compartido en los tiempos del bipartidismo político.

Se ha aumentado el salario mínimo, se han ratificado tratados internacionales que incrementan los derechos correspondientes a un trabajo decente en algunos sectores, en especial en el de los cuidados en el hogar familiar, se atiende a las situaciones de vulnerabilidad, finalmente parece que se ha intervenido en el precio de la energía,  se garantizan a los pensionistas la revalorización de sus prestaciones económicas. CCOO y UGT están comenzando, tranquilamente pero de forma decidida, una fuerte ofensiva por la recuperación salarial que el incremento del coste de la vida ha dañado. Ya han comenzado, pero se avecinan importantes conflictos por el aumento salarial y la cláusula de revisión en los convenios colectivos. El campo de la regulación jurídica tras las reformas legales vuelve a ser un espacio decidido de disputa ideológica en el que el control del momento interpretativo de la norma es crucial. El último debate sobre la propuesta de que las mujeres afectadas por menstruaciones dolorosas o incapacitantes tengan derecho a la baja médica retribuida desde el primer día al 100 por 100 se desliza como de costumbre hacia terrenos grotescos, pero plantea de manera explícita el sesgo de género en la tutela de la salud, la diferencia entre hombres y mujeres en las reglas que se dan para tutelarla.

Estas son cosas que realmente interesan. Pero apenas se encuentran recogidas por el paquete de noticias en las que la opinión pública debe verse interesada. Cuestiones que han hecho que en tan solo dos años y medio, con una pandemia y una guerra a la que insensatamente nos hemos acostumbrado, la vida real de una amplia mayoría de personas ha sido cambiada a mejor, otorgando más derechos y haciendo realidad una mejor protección social. Naturalmente que quedan todavía muchas otras situaciones de subordinación y de desigualdad que exigen atención y una intervención consecuente. Hay decenas de puntos sobre los que merecería la pena construir un discurso crítico desde los medios de comunicación, como la situación de la tutela judicial efectiva en el orden social, con señalamientos en algunas ciudades que se fijan a dos años vista, o las dificultades en la percepción de alguna de las medidas estrella de la crisis como el ingreso mínimo vital, o la creciente disminución de las indemnizaciones por despido. Debatir sobre estos temas es importante y favorece el ejercicio de un derecho ciudadano a la información que por el contrario está embotado, y no cumple su función democrática principal.

Lo mismo vale para el discurso político, en general insistente en denunciar justamente la corrupción y la deriva racista, machista y antisindical del adversario, caracterizado además por la falta de respeto y el exabrupto violento. Pero centrarse en replicarlo impide poner de relieve lo principal. Se echa en falta la insistencia en explicar lo que se ha ido construyendo y su importancia, de forma que se pueda transmitir una imagen de esperanza en la continuidad de una política que sirve para mejorar la vida antes que la crispación ante un peligro real de retroceso histórico de las conquistas alcanzadas. Son muy escasos los instrumentos de los que se dispone para insistir en esta dirección, y es extremadamente preocupante el peso desproporcionado de los grandes medios de comunicación privados en la conformación de la información que se suministra a la ciudadanía, unido a la práctica neutralización de los medios públicos estatales, pero ese dominio del espacio de la comunicación no tiene por qué ser determinante, ni puede ser ocultado o escondido entre el aluvión de noticias orientadas y sesgadas. Hay que reivindicar el cambio social como eje de un discurso político de emancipación, en lo que se ha hecho y lo que todavía hay que ir logrando. Despegándose de la viscosidad de las informaciones del conglomerado industrial de la comunicación, per tocar caminant como aprendimos escuchando a Maria del Mar Bonet.

 

jueves, 5 de mayo de 2022

MAS Y MEJOR EMPLEO: LOS DATOS DE ABRIL

 


No podría este blog dejar de comentar los resultados estadísticos que se han conocido sobre las nuevas contrataciones y el número de desempleados en este mes de abril. Consecuencia evidente e inmediata del cambio legislativo que llevó a cabo el RDL 32/2021 en la reforma laboral que culminaba el compromiso con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia. De manera resumida, los datos de abril indican que se está creando empleo y que la contratación laboral por tiempo indefinido ha sufrido un inmenso acelerón respecto de lo que resultaba tradicional en un panorama caracterizado por la precariedad en el empleo, con contratos de corta duración y a término. Es decir, que hay más y mejor empleo en este país, pese a la desaceleración que la guerra en Ucrania y la crisis energética ha provocado en las economías de todos los países europeos.

Primero los datos, que aunque sean redundantes, revelan una tendencia muy acentuada. El primero, el descenso del paro registrado: El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de abril, ha descendido en 86.260 parados en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un -2,77%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 3.022.503. Respecto de hace un año, abril de 2021, el paro interanual ha descendido en 888.125 personas. Por vez primera, el 29 de abril se ha superado la cifra de veinte millones de personas afiliadas a la Seguridad Social – 20.098.119 en concreto – lo que indica un crecimiento de afiliación por encima de inmediatamente antes de la pandemia en febrero de 2020.

Con ser estos datos muy reveladores, lo más llamativo es el cambio espectacular que ha sufrido las estadísticas de las contrataciones iniciales, en donde jamás la contratación por tiempo indeterminado superaba el 10% del conjunto de los contratos celebrados. Por el contrario, en abril de 2022 se han registrado 698.646 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 48,18% de todos los contratos. Supone un incremento de 534.566 (325,80%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 1.767.836 contratos por tiempo indefinido hasta abril de 2022, representan un ascenso de 1.139.943 (181,55%) sobre el mismo periodo del año 2021. Es decir, que los contratos indefinidos representan casi la mitad del total de las contrataciones iniciales en este mes, uno de cada dos contratos realizados, lo que constituye un vuelco en la tendencia arraigada de nuestro mercado de trabajo confirmando por el contrario la tensión hacia la reducción de la temporalidad que denota una aceleración creciente mes a mes (En diciembre de 2021, previamente a la Reforma Laboral, los contratos indefinidos supusieron el 10% del total. Subieron hasta el 15% en enero, en febrero hasta el 22%, en marzo al 31 por ciento y en abril superan el 48%)

De estos contratos por tiempo indefinido, el 41% se han celebrado a tiempo completo, mientras que el 59% de los mismos lo ha hecho a tiempo parcial, una opción que no es prácticamente nunca producto de la opción voluntaria de las personas que trabajan. Y entre ellos el 26,5% de estos de contratos indefinidos lo han sido por conversión de contratos temporales de origen de obra o servicio determinado (una modalidad derogada por la reforma laboral) o eventuales por circunstancias de la producción, en una proporción de 40/60 entre ambos. Y la estacionalidad de la economía en los sectores intensivos en mano de obra (como la hostelería de manera emblemática), hace que el peso del contrato fijo discontinuo sea muy importante, casi un 30% de los contratos indefinidos.

En cuanto a los contratos temporales, además de un exiguo número de contratos formativos, el grueso de los mismos reposa sobre el contrato temporal por circunstancias de la producción, que supone el 73% del total de los contratos a término, mientras que el de sustitución alcanza un 14,6% de este conjunto. Es también importante comprobar que se aprecia en los contratos firmados en el inicio de 2022 un descenso del número de contratos de muy corta duración, tras la introducción de un nuevo desincentivo que incrementa la cotización del mismo. Los contratos de menos de 7 días han pasado de ser el 75,8% del total de los firmados en el mes de abril en los ejercicios previos a la pandemia a representar el 28%. Además, se constata la mayor supervivencia de los contratos: mientras que en años anteriores sólo el 8,4% de los contratos firmados desde el inicio del ejercicio seguían vigentes en marzo, ahora ese porcentaje llega al 46,7%. Esta tendencia a la reducción de los contratos de muy corta duración tras el desincentivo introducido en la reforma laboral se está acentuando a medida que avanzan los meses del año 2022.

Los datos de abril son excepcionalmente buenos y evidencian la eficacia inmediata de la modificación legislativa llevada a cabo en el RDL 32/2021. Quizá por eso mismo, han generado comentarios más contrariados que contrarios por parte de algún economista de cabecera del Partido Popular al que la existencia de los fijos discontinuos le parece una forma de ocultar la contratación temporal y la reducción del paro un efecto del dopaje de la economía por la creación de puestos de trabajo en el sector público, o, paradójicamente, del diputado estrella de ERC que recalca  el crecimiento de los contratos indefinidos a tiempo parcial y recuerda que el despido no se ha modificado y que por tanto despedir a los contratados por tiempo indeterminado saldrá barato a los empresarios. Ambos fueron, como se recordará, votos contrarios a la reforma laboral y por tanto hay que entender sus comentarios como una autojustificación de su opción política más que como una apreciación meditada sobre el significado de estos muy buenos resultados sobre el empleo y la contratación laboral.

Los sindicatos y las asociaciones empresariales que avalaron con su firma el acuerdo que produjo la norma reformista valoran, como es natural, de forma muy positiva estos resultados. En especial los sindicatos, porque la tendencia acentuada a la restricción de la temporalidad como fórmula prioritaria de acceso al empleo, es un hecho especialmente relevante. En el conjunto de la afiliación a la Seguridad social, el 77% de las personas afiliadas tienen contratos indefinidos, lo que supone que ha crecido el porcentaje en contratos estables en 6 puntos más del porcentaje que había en 2020, al inicio de la pandemia, donde esta distribución era del 71% de indefinidos. La reducción de la tasa de temporalidad altísima de nuestro país, es un elemento extremadamente positivo.

Naturalmente que siendo un muy buen resultado, la situación del empleo tiene que seguir evolucionando hacia cotas más altas especialmente en lo que se refiere a la calidad del empleo. Tres millones de parados es una cifra alta todavía, aunque bordear el 13% de tasa de paro suponga exactamente la mitad del número de desempleados que se generó en 2013 y 2014 como directa consecuencia del ajuste de empleo que se produjo en virtud de las políticas de austeridad. La litigiosidad actual pasa por la confrontación sobre el salario y la lucha contra la carestía de la vida debida a la inflación provocada por la guerra y la crisis energética y de suministros que esta ha causado a las naciones europeas. Pero junto a ello, la extensión de las garantías de empleo que el RDL 32/2021 ha puesto en marcha, posibilitará una nueva forma de enfocar la administración de la relación de trabajo a partir de la forma-tipo de encuadramiento del contrato indefinido, con las garantías que la estabilidad en el empleo puede generar.

Por eso, en un contexto en el que la gran mayoría de las noticias se deslizan sobre los fenómenos de la corrupción o de violaciones de las libertades ciudadanas, los datos de abril traen a la opinión pública la prueba evidente de que una acción legislativa de progreso puede cambiar la vida de muchas personas y construir un marco institucional que posibilite el ejercicio de derechos individuales y colectivos de las y los asalariados frente al empresario y que reconstruyen su relación con el trabajo a través de una afirmación del principio de estabilidad en el empleo. Una constatación que sería muy importante extenderla y difundirla como ejemplo de la importancia de la acción colectiva y las políticas que la hacen realidad. Las manifestaciones del primero de mayo han puesto de manifiesto que el logro de más empleo de calidad que acompaña a la reforma laboral es un hecho que se valora muy positivamente por el colectivo de las personas trabajadoras. Pero esa percepción y su relación directa con la participación de los sujetos sociales representativos y de la acción política del gobierno, debe ser conocida y valorada por el resto de la ciudadanía como ejemplo de la eficacia real de las propuestas de cambio político y social. Es urgente proceder de esta manera.

 


domingo, 1 de mayo de 2022

MISCELÁNEA SOBRE EL PRIMERO DE MAYO


El primero de mayo es un día importante, de fiesta y de reivindicación (o en los dos sentidos). En este año además, se recupera la calle tras dos años de aislamiento debido a la pandemia. En esta entrada apresurada del blog se ha querido unir mediante una serie de testimonios tomados casi al azar, el pasado y el presente de este primero de mayo que revela como siempre la complejidad de un mundo profundamente desigual en el que la acción colectiva de mujeres y hombres por un horizonte emancipatorio sigue siendo la clave que explica y legitima la democracia.

El 1° de Mayo es, en todo el mundo, un día de unidad del proletariado revolucionario, una fecha que reúne en un inmenso frente único internacional a todos los trabajadores organizados. En esta fecha resuenan, unánimemente obedecidas y acatadas, las palabras de Carlos Marx: "Proletarios de todos los países, uníos". En esta fecha caen espontáneamente todas las barreras que diferencian y separan en varios grupos y varias escuelas a la vanguardia proletaria. El 1° de Mayo no pertenece a una Internacional es la fecha de todas las Internacionales. Socialistas, comunistas y libertarios de todos los matices se confunden y se mezclan hoy en un solo ejército que marcha hacia la lucha final.

J.C. Mariátegui. 1924

Durante más de un siglo, el 1 de Mayo viene siendo una jornada de lucha y reivindicación. Se trata también de una fiesta, la Fiesta del Trabajo o de los trabajadores. Representa, junto a la bandera roja quizás, la tradición más universal y persistente del movimiento obrero, con sólidos rituales en cada celebración local o nacional. El 1 de Mayo obrero simboliza la renovación anual de la fuerza de la clase trabajadora. Representa también la reformulación del ideal de cambio hacia una nueva sociedad.

J. Babiano, 1 de mayo. Historia y significado

Será un 1º de Mayo, como todos los años, de exaltación del orgullo de la clase trabajadora y la militancia sindical. Un día de reconocimiento y apoyo al trabajo de las nuevas generaciones de sindicalistas. Una ocasión para redoblar el llamamiento a las y los jóvenes trabajadores a la afiliación y a la militancia sindical que hoy precisa, más que nunca, de su coraje, de su espíritu de lucha y de su compromiso a favor de la justicia. De ello dependerá, y mucho, su futuro y el del conjunto de la sociedad.

Quim González Muntadas, Nueva Tribuna 2022

En este día confluirán en Colombia, la expresión de descontento e inconformidad ya debidamente registrados en el estallido social y cuya situación se ha recrudecido, pero adicionalmente será una oportunidad para que muchos sectores sociales, incluido el de los trabajadores y el sindicalismo, se vuelquen a las calles, de manera pacífica, a manifestarse a favor de la agenda política que el estallido social determinó  y que quien mejor la representa en esta campaña electoral presidencial es Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial de Francia Márquez.

Fabio Arias Giraldo, Las dos Orillas 2022

El 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, es la fecha reivindicativa y solidaria por excelencia en la que CCOO y UGT, queremos en primer lugar, reivindicar un nuevo orden mundial más justo que sitúe a las personas y su bienestar por delante de los intereses económicos de unos pocos.

Manifiesto CCOO UGT 1 mayo 2022

Después de dos años de restricciones por la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, el tradicional acto del 1º de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores vuelve a ser como en 2019, aunque con algunos cambios significativos, como el lugar. La idea de los dirigentes de la central de trabajadores es convocar a un acto “enorme” y que impacte, y por eso el estrado no estará en la plaza Mártires de Chicago, sino sobre Avenida del Libertador, casi Valparaíso. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que uno de los motivos de esta masividad que se espera es la “carestía galopante que afecta a la gran mayoría de la población”, debido al incremento de los precios y a la pérdida de salario real.

La Diaria, Uruguay, 2022

Sólo la democracia de confrontación basada en los valores de la Constitución puede salvarnos del desastre. Es decir, empezando por los derechos de los trabajadores. En un momento en el que la crisis de representación política también pone en tela de juicio y ataca el papel del sindicato, el único que puede hacer frente a la ahora explosiva cuestión social. Una democracia de control, a partir del proceso de producción aquí y ahora, de sus fines, a partir de los lugares de producción material e inmaterial. Y desde abajo por un nuevo modelo de desarrollo, que identifique inmediatamente las verdaderas alternativas energéticas y de ahorro, y las practique rechazando los pasos atrás (nuclear, carbón), por una verdadera transición ecológica que elija la cadena de la paz y no la de las armas, porque el desarme no es una cháchara de pacifistas "temerarios", sino una posibilidad real de trabajo nuevo y convertido. Y que asuma el principio de igualdad de intercambio y solidaridad entre los pueblos y no el principio actual de robo y despilfarro. La paz es ahora el primer conflicto sindical, el primer contrato que se gana. Feliz Primero de Mayo.

Tommaso di Francesco, Il manifesto, 2022

 

 

    

viernes, 29 de abril de 2022

SOBRE LA SINDICALIZACIÓN EN AMAZON Y EL REPUNTAR DEL SINDICALISMO EN USA. HABLA GUILLERMO GIANIBELLI

 


Ha sido noticia en los medios, una noticia que sin embargo no se ha contextualizado en el panorama político y normativo de los Estados Unidos. En esta entrada que Guillermo Gianibelli, profesor titular de la ´catedra de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y abogado, ha hecho para el periódico La causa laboral de la Asociación Argentina de Laboralistas, se encuadran perfectamente este tipo de iniciativas de organización obrera y su enmarque normativo. Ni que decir tiene que agradecemos el permiso de su autor para su reproducción en el presente blog, en el que ya en otras ocasiones hemos tenido el gusto de acoger una intervención suya.

 

Sindicalización en AMAZON. Algunas señales de tendencia.

Guillermo Gianibelli, 28 abril 2022

                                                                                

La reciente sindicalización de un establecimiento de AMAZON, parecidos intentos en STARBUCKS, y un soporte, al menos discursivo pero también con tibios intentos de regulación por parte del gobierno de Biden, ponen en escena, luego de décadas de retroceso, al movimiento laboral organizado como vector de disputa en las empresas y, a la vez, en la sociedad.

¿Por qué puede resultar de interés observar el proceso en el país del norte? Por varias razones: una, porque en buena medida se debe al impulso de las organizaciones sindicales, engarzadas en un modelo de acumulación que genéricamente denominaremos fordismo, amparadas desde el Estado en la época del New Deal de Roosevelt, entre otras políticas públicas a través de la aprobación de la National Labor Relations Act, todo lo cual disparó la afiliación sindical y, con ello, la participación de los sindicatos en la distribución – redistribución – del excedente en una economía intervenida vía keynesianismo.

Otras evidentes razones son las que derivan del rol que Estados Unidos sigue ocupando no sólo en la economía, a pesar de China, sino en el imaginario cultural y político global, con lo mejor y lo peor que ello determina. Si desde dicho país surgió la fractura ideológica por la que advino el neoliberalismo, que se cargó aquel modelo del Estado de Bienestar, estas nuevas señales exponen una mirada crítica sobre la extrema financiarización y su consiguiente impuesta desigualdad y advierte sobre fórmulas para revertirlas. Así como Roosevelt manifestaba: If I were a factory worker, I would join a union, ahora Biden señala: “los sindicatos construyeron la clase media”, e impulsa un plan de infraestructura con una condición para las empresas que participen: el respeto por la sindicalización.

Por supuesto que ni Biden puede representar a los trabajadores, ni Estados Unidos va al socialismo… pero el cambio de tendencia, y las mejores condiciones contextuales para la sindicalización pueden ser el motor para una reversión del proceso implantado por el neoliberalismo y, con ello, de nuevo al terreno de disputa principal en que los trabajadores y sus sindicatos confrontan con el capital por un reparto de la productividad.

Hay otra, significativa, explicación que surge de las características y el papel simbólico de la empresa en la que éste incipiente proceso de sindicalización se está dando. Amazon es uno de los mayores empleadores de Estados Unidos, con más de un millón de empleados directos, sin contar los tercerizados, en particular los distribuidores. Y es, a la vez, el prototipo de empresa de crecimiento exponencial, gestada por un supermillonario, Jeff Bezos, a partir de la tecnología digital que mejora la logística, pero todavía fundada en la distribución de productos propios de la economía del consumo. Y por si fuera poco, como era previsible, con una práctica de antinsindicalización feroz.

Veamos algunos rasgos de lo acontecido en los primeros días de abril de este años en que se reconoció al “Amazon Labor Union” (ALU), para representar a los trabajadores del centro de distribución en Staten Island. Previamente se había intentado lo mismo en relación a un centro en Alabama, y no se había logrado (según la legislación se requiere previamente un 30% de trabajadores que firmen la carta de aceptación para proponer luego la votación por si o por no al sindicato, con lo que las presiones patronales son muy determinantes para evitarlo).

La historia del ALU es, como se señaló en Jacobin, la de “David contra Goliath”, (https://jacobinmag.com/2022/04/amazon-labor-union-alu-staten-island-organizing) digna de incorporarla al largo libro de la historia del sindicalismo. Como siempre ciertos hombres o mujeres identifican y personifican el momento. En este caso se trata de Christian Smalls, un trabajador de Amazon que había sido despedido en los primeros días de la pandemia luego de organizar una protesta por la ausencia de medidas de seguridad contra el Covid-19. A diferencia del anterior intento de organización en Alabama, llevado adelante por un sindicato establecido, de alcance nacional (de trabajadores de venta minorista), el ALU es una organización gestada en el lugar de trabajo y con los métodos más básicos de presencia en la puerta del establecimiento, comidas al aire libre, reparto de folletos, mensajes a través de aplicaciones como TikTok, etc. La propia campaña antisindical de Amazon, en la que gastó más de cuatro millones de dólares, contratando consultores laborales, creando sitios web antisindicales, convocando reuniones obligatorias durante los turnos de los trabajadores para enfatizar las desventajas de los sindicatos y enviando mensajes de texto frecuentes a los trabajadores con mensajes antisindicales alentando a votar “no”, es significativa de cuánto importó a la empresa este fenómeno.

Ahora ALU tiene por delante el gran desafío de representar a los trabajadores de Amazon de Staten Island en la negociación colectiva. ALU tiene claras las demandas de los trabajadores: un salario mínimo de 30 dólares por hora, aumento del tiempo libre remunerado y de los días de vacaciones, descansos remunerados durante la jornada, representación sindical en cualquier reunión disciplinaria y un fuerte apoyo para el cuidado de los niños.

La sindicalización incipiente en Amazon coincide con otros fenómenos recientes en torno a la organización y acción sindical en otras empresas, con la situación del mercado de trabajo en Estados Unidos, y la política laboral en general. Veamos cada uno de ellos.

En relación a la organización sindical, sucesos semejantes se han venido dando en otra de las empresas icónicas, en este caso Starbucks, en la que en 176 establecimientos se han presentado pedidos de elección para conformar representación del “Starbucks Workers United” (SWU), que inició su derrotero en Buffalo, en 2021, pese a la resistencia de la empresa, las campañas represivas y hasta el regreso de Howard Schultz, su fundador, para derrotar el intento de sindicalización generalizada. La respuesta del sindicato, en la primera mesa de negociación es la institución de una cláusula de "causa justa" para el despido, permitir que los empleados cobren propinas con tarjeta de crédito e incrementos salariales.

Conjuntamente con el impulso de sindicalización se verifica una doble situación, seguramente retroalimentada, entre una creciente ola de protestas y lo que se ha dado en llamar la “gran renuncia”. En los meses de agosto y setiembre de 2021, más de 8 millones de trabajadores abandonaron sus empleos, la cantidad más elevada de renuncias desde que se llevan este tipo de estadísticas, dándose supuestos en que la oferta de puestos de trabajo supera a la demanda, en oficios menos cualificados y con remuneraciones más bajas. Concomitantemente, y en buena medida explicado por lo anterior, se multiplican huelgas como las de los trabajadores de Hollywood, o del fabricante de tractores John Deere, o de hospitales en Nueva York, o profesores ayudantes de la Universidad de Columbia, o 24.000 enfermeros en California, contratados por la corporación Kaiser, etc.

Las consecuencias en las condiciones de trabajo comienzan a verse. En el sector del ocio y la hostelería, particularmente signado por las renuncias masivas, a la par se ha registrado en los últimos meses un incremento de salarios del orden del 18%. Es verdad que en uno de los sectores con peores condiciones y salarios.

Por su parte el gobierno de Biden ha puesto en marcha diversas políticas consistentes con una tendencia “pro-union”. Así por una orden ejecutiva estableció un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre organización y “empoderamiento” de los trabajadores; nombró a Celeste Drake, experto en comercio de la AFL-CIO, a cargo del programa “Made in América”; y acompaña el proyecto de ley impulsado por Robert “Bobby” Scott, el denominado “PRO-Act” (“Protecting the right to organize Act of 2021”), entre otras medidas. Éste último proyecto constituirá, de aprobarse finalmente, la más importante legislación en favor de la organización de los trabajadores, desde los años ´30 del siglo pasado.

El proyecto tuvo media sanción de la Cámara de Representantes en marzo de 2021, por el voto a favor de 220 legisladores del Partido Demócrata y 205 en contra, del Partido Republicano (en realidad aprobado por 225 a 206, ya que cinco republicanos votaron favorablemente y un demócrata en contra), y se encuentra en tratamiento por el Senado. Entre otras normas, especialmente dirigidas a modificar la National Labor Relations Act, establece formas de protección como: considerar discriminatoria cualquier acción del empleador emprendida contra un empleado que participe en una huelga, o en el proceso de negociación colectiva; determinando las obligaciones para los empleadores en la negociación colectiva y en el procedimiento de arbitraje en caso de falta de acuerdo; la definición de las prácticas desleales; facilitación para la representación en la negociación colectiva ante negativa del empleador; protección a favor de los inmigrantes, aún en condición de irregular; protección contra actos discriminatorios por proporcionar información al sindicato o al Departamento de Trabajo, relativos al cumplimiento de esta ley, o testificar o presentar denuncias vinculadas con la misma; establecimiento del voto electrónico para las elecciones de representación, entre otras.

 Estas breves líneas permiten orientar algunas discusiones y tendencias. Por un lado, la importancia que en el imaginario y en la dialéctica de confrontación capital – trabajo adquieren los procesos de organización exitosos. En sentido contrario las derrotas se difunden, incluso inconscientemente, como límites y desaliento. Así como en los ´80 la huelga de los mineros en la Gran Bretaña de Thatcher se sitúa como el punto de partida para las políticas neoliberales, abriendo un período de más de 30 años de retrocesos sociales y sindicales, el triunfo del ALU ya ha disparado otros tantos intentos de sindicalización. Las características de los sujetos, lo azaroso en términos de identificación y construcción de solidaridad, por su parte, cumplen también su papel. El liderazgo sindical se nutre de ello como da cuenta la historia de Christian Smalls, despedido por reclamar medidas de salud y seguridad en la pandemia, afectado en su orgullo y su dignidad, indirectamente convertido por la dirección de Amazon y sus asesores en la contra figura de la empresa, a la vieja usanza y valiéndose de las nuevas redes, rompió con una inercia de imposibilidad y está exigiendo derechos para sus representados. La importancia y “status” de la empresa a su vez eleva un mensaje “si se pudo en Amazon…”.

El tipo de organización también es una fuente de debate: ¿sindicalización a través de estructuras establecidas (sindicatos de actividad y amplio alcance territorial) o desde el lugar de trabajo a través de los propios trabajadores y alcance en principio local?

Impensadamente el shock de la pandemia despertó la conciencia sobre lo que Holloway llama el “poder del trabajo” de dos maneras: una, con esa “gran renuncia” impulsada por diversas razones, muchas subjetivas y otras derivadas del efecto cuarentena, y sus efectos sobre el empleo; otra, con la señalada creciente ola de conflictividad. Ambas, causalmente, determinan mejoras en las condiciones de trabajo.

El contexto político y el acompañamiento de las instituciones laborales sigue siendo también determinante. La institución del Departamento Nacional de Relaciones Laborales, como bien lo intuyó Reagan interviniendo sobre sus integrantes, vuelve a ser decisiva para alentar, cuidar y validar los procesos de organización sindical. Según da cuenta un informe de New Yorker, Amazon ha cuestionado su actuación como influencia inapropiada. Quien fuera presidente de la NLRB en el gobierno de Obama ha señalado que en el de Biden está consolidando su verdadera función de hacer cumplir la ley, impulsando la reincorporación de cientos de trabajadores despedidos.

Habrá que estar atentos, entonces, a estos procesos que pueden marcar una tendencia de recuperación de la organización sindical en USA, con sus consiguientes efectos sobre un estado de discusión más amplio sobre la desigualdad, las ganancias de las empresas, los impuestos que pagan, el reparto de la productividad, la jornada de trabajo, el rumbo y gobierno de la globalización que, necesariamente, debe ampliarse en un marco de internacionalismo de los trabajadores.

 

 

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jueves, 28 de abril de 2022

SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE: TRANSICIONES Y CONTINUIDADES. SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ITALIANA Y LIMITES A LA INICIATIVA ECONÓMICA PRIVADA

 


La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La OIT,como se ha recordado en este blog hace tan solo unos días (https://baylos.blogspot.com/2022/04/el-derecho-la-salud-en-el-trabajo-como.html) va a incorporar al núcleo duro de los derechos y princiios fundamentales en el trabajo el derecho a la salud en los lugares de trabajo, a unas condiciones de trabajo saludables y a un entorno laboral seguro. Pero la persistencia de la pandemia del Covid 19 ha puesto de manifiesto la relación directa entre salud laboral y salud pública, y no sólo por el hecho evidente de que  garantizar las condiciones de salud y seguridad en los centros de trabajo ha sido una de las claves para contener y controlar la transmisión de virus en el conjunto de la sociedad. La dimensión terrible del problema medido en coste de vidas de las personas – más de 100.000 en España desde el inicio de la pandemia – no debe hacer olvidar otras cuestiones como los casos de Covid persistente, la consideración de los casos Covid como enfermedades profesionales y el incremento de los problemas derivados de la salud mental tras la pandemia que no se están abordando.

Los sindicatos, en este 28 de abril, han requerido la apertura de una mesa de negociación tripartita con el Gobierno para atender los nuevos elementos que rodean a la problemática de la prevención de riesgos en los lugares de trabajo. No sólo para incorporar la perspectiva de género en la prevención y abordar los riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo (digitalización, inteligencia artificial, teletrabajo, trabajo en plataformas), especialmente su impacto en los riesgos psicosociales, sino también  para examinar los riesgos derivados de los efectos que el Cambio Climático tiene para la salud de las personas trabajadoras. También se esgrimen reivindicaciones ya antiguas, como el incremento de los recursos materiales y personales de la Inspección de Trabajo o del INSHT, así como una acción fiscalizadora más incisiva que haga un mayor uso del instrumento represivo penal, lo que exige una coordinación permamente entre la fiscalía especializada, la inspección de trabajo y los propios sindicatos con intervenciones estratégicas que puedan servir para que se utilice con mayor frecuencia el delito de peligro antes de la reacción posterior al accidente con resultado muerte o lesiones graves. Y, en materia de enfermedades profesionales, se requiere la actualización del cuadro de las mismas y cambiar los sistemas de calificación y notificación.

Pero también en este crucial punto de debate se tiene que plantear la relación entre el ambiente de trabajo o el entorno laboral y la protección del medio ambiente en general. Se trata de un desplazamiento desde un concepto estricto de salud laboral al “más omnicomprensivo” de medio ambiente de trabajo, en donde la protección de la salud debe trascender el espacio físico de la empresa. Es una “transición” conceptual que implica también un cambio de enfoque político, porque se trata de ir unitariamente la obligación empresarial de mantener un ambiente laboral saludable y la de no generar con su práctica empresarial un deterioro del medio ambiente, incluyendo ambos aspectos en la lógica preventiva que comparten la regulación de la salud laboral y la protección del medo ambiente.

En Italia se han efectuado cambios muy relevantes en esa dirección. Nada menos que la modificación de la Constitución, en concreto del art. 41 de la misma, en el que se delineaban los límites a la iniciativa privada empresarial. Según el texto clásico de este precepto, “la iniciativa económica privada” es libre, pero no se podía llevar a cabo “en oposición al interés social” ni de tal manera que lesionara “la seguridad, la libertad y la dignidad humana”. El 8 de febrero de este año 2022, el Parlamento italiano aprobó definitivamente la modificación de este precepto, que queda como sigue: “La iniciativa económica privada es libre.  No puede llevarse a cabo en conflicto con la utilidad social o de manera que perjudique la salud, el medio ambiente, la seguridad, la libertad, la dignidad humana. La ley determina los programas y controles adecuados para que la actividad económica pública y privada puede ser dirigida y coordinada con fines sociales y medioambientales”.

El cambio constitucional es muy relevante. Ante todo, como recuerda Federico Martelloni en un todavía inédito estudio que publicará la revista Lavoro e Diritto en su volumen segundo del presente año, dedicado a Trabajo y ambiente en el Antropoceno, esta enmienda a la Constitución de 1948 encaja perfectamente en el marco jurídico supranacional, empezando por el sistema jurídico de la UE. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de hecho, combina la protección del trabajo con la protección del medio ambiente, estableciendo que un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad deben integrarse en las políticas de la Unión y garantizarse de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible (art. 37), en consonancia con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que en su art. 191 define la política medioambiental de la UE e identifica los objetivos que deben alcanzarse. Entre ellos, además, también a la luz de las limitaciones establecidas por el Acuerdo de París de 2015 sobre la reducción de las emisiones y la lucha contra el cambio climático, la Comisión Europea ha optado por incluir una Europa de impacto climático cero para 2050, promoviendo primero el Pacto Verde para la Unión Europea y sus ciudadanos (2015) y, más recientemente, el Acuerdo Verde Europeo (2019-2024).

Pero además, el nuevo precepto constitucional afirma como un nuevo límite infranqueable de la actuación de la empresa privada la protección de la salud y del medio ambiente  de manera conjunta, lo que no sólo se conecta con el ya muy extendido debate sobre el desarrollo económico sostenible, sino que recoge la doctrina muy significativa de la jurisprudencia constitucional italiana respecto de la acería ILVA de Taranto. En aquel caso, el juez de lo penal ordenó paralizar la producción de la empresa ante el daño ecológico y el peligro para la salud, impidiendo el uso de la planta industrial y la comercialización de los productos. Sin embargo, una norma del 2012 previó que en los establecimientos con una plantilla al menos de 200 personas de los que se reconociera “el interés estratégico nacional por decreto del Presidente del Consejo de Ministros”, el ejercicio de la actividad empresarial, “cuando sea imprescindible para salvaguardar el empleo y la producción, podría continuar durante un periodo no superior a 36 meses, aunque se haya ordenado el embargo judicial de las plantas, si se cumplian los requisitos impuestos por una autorización ambiental posterior “con el fin de garantizar la más adecuada protección del medio ambiente y la salud según las mejores técnicas disponibles”. La norma, para el Tribunal Constitucional italiano, pretendía lograr “un equilibrio razonable” entre los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, “en particular el derecho a la salud (artículo 32 de la Constitución), del que se deriva el derecho a un medio ambiente sano, y el derecho al trabajo (artículo 4 de la Constitución), del que se deriva el interés constitucionalmente relevante de mantener los niveles de empleo y el deber de las instituciones públicas de realizar todos los esfuerzos posibles a tal fin.

La Sentencia nº 85 de 9 de mayo de 2013 decidió que "la continuación de la actividad productiva de las empresas objeto de embargo se considera lícita, siempre que [...] se observen las normas que limitan, circunscriben y dirigen la continuación de la propia actividad" según un proceso de rehabilitación - delineado en este caso por la nueva autorización ambiental integrada - inspirado en la ponderación de todos los derechos y bienes constitucionalmente protegidos, incluyendo el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al trabajo”. Es decir, no se prohibe al legislador que se continue la actividad productiva en sectores estratégicos para la economía nacional y salvaguardar la ocupación, pero se debe hacer con arreglo a un escrupuloso escrutinio y ponderación de los valores constitucionales en juego. De esta manera, una decisión posterior, la Sentencia del Tribunal Constitucional, 23 de marzo de 2018, nº 58 afirmará´que “es inconstitucional priorizar en exceso el interés por la continuidad de la actividad productiva descuidando las exigencias de derechos como la protección de la salud y la propia vida, a los que debe considerarse indisolublemente unido el derecho al trabajo en un entorno seguro y no peligroso (arts. 4 y 35 Const.),”, lo que se puede leer como un antecedente inmediato del cambio constitucional llevado a efecto el 22 de febrero pasado en aquel país.

De esta manera, la relación entre sostenibilidad ambiental y social impone la necesidad de límites a las instituciones centrales de la economía, es decir, exige señalar condicionamientos al funcionamiento de los mercados y restricciones de la libertad de empresa. Una cuestión que viene a estar amparado de manera más concreta en el espacio nacional-estatal por el marco constitucional, especialmente en el caso emblemático de la reciente reforma italiana del art. 41 de ese texto fundamental a la que se ha aludido. De manera más indirecta la Constitución española en su art. 45, situado entre los llamados principios rectores en materia de política social y económica, se compromete a una “utilización racional” de los recursos naturales y fundamentalmente a “restaurar” el medio ambiente, con una mención a que esta actividad pública se tiene que apoyar en “la indispensable solidaridad colectiva”. Un reconocimiento constitucional que implica que “la significación del medio ambiente como deber y derecho requiere de los mecanismos coercitivos para hacerlo cumplir”, com ha señalado Chelo Chacartegui en un reciente trabajo publicado en Tirant lo Blanch en 2021[1].  Sin embargo, la norma más directamente relacionada con esta declaración constitucional, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, no lleva a cabo una decidida trasposición de la tutela del medio ambiente como cláusula limitativa de la acción de las empresas en un mercado libre en el que el ambiente y la extracción económica de los recursos naturales sigue siendo una condición de la obtención del beneficio. Pero el 28 de abril es un buen momento para armar una reflexión general que enlace el derecho a la salud, el trabajo y el espacio en el que se vive como campos de acción que se comunican y en los que se deben ir desplegando instrumentos efectivos de garantía.



[1] Chacartegui, C. (2021), “Transición justa con justicia social: por una sostenibilidad real y efectiva”, en Chacartegui, C. (Coord) Condiciones de trabajo decente para una transición ecológica justa, Tirant Lo Blanch, Valencia, pags. 17-48


martes, 26 de abril de 2022

EL 25 DE ABRIL EN ITALIA. SOBRE EL ANTIFASCISMO

 


Como es sabido, el 25 de abril tiene marcados tintes antifascistas. En Portugal, más cercano en el tiempo y en el espacio a España, es el día que conmemora la revolución de los claveles, la caída de la dictadura de Caetano, la unión entre el pueblo y el movimiento de las fuerzas armadas, y el peligroso precedente del que tomaron nota Estados Unidos y la propia socialdemocracia alemana de la época para evitar un contagio en partes del ejército de España, para lo cual resultó muy efectiva la desactivación del rol de potencia garante de la descolonización del Sahara occidental gracias a la marcha verde impulsada por Marruecos y rápidamente aceptada por España ante las presiones norteamericanas, y la criminalización inmediata del puñado de militares demócratas de la UMD que habría de permanecer prácticamente hasta nuestros días.

El 25 de abril en Italia es la fiesta de la Liberación, día no laborable nacional, en el que se celebra “la liberación de Italia del nazifascismo, el final de la ocupación nazi y la caída definitiva del régimen fascista”, según afirma el Decreto que la instituyó. Pero es también la jornada de la memoria de la Resistencia, es decir de la lucha llevada a cabo por los partisanos en la guerra civil que enfrentó al país tras la capitulación de Italia en septiembre de 1943, a la que siguió la ocupación alemana del territorio y la fundación de la llamada Republica Social Italiana – la República de Saló – y la extensión de la insurrección armada contra el ejército alemán y las SS de una parte y las escuadras fascistas de otra que efectuaban sobre todo labores de represión interna. Las ANPI (asociaciones de partisanos) son las protagonistas de este día, que se acompaña de manifestaciones públicas y del homenaje del Presidente de la República y de las máximas jerarquías del Estado, a la resistencia antifascista.

En Bolonia, la fiesta de la liberación es especialmente importante porque aquí en noviembre de 1944, las fuerzas partisanas infligieron una fuerte derrota a las tropas alemanas y las milicias fascistas en la ciudad, aunque posteriormente no pudieron liberarla al detener su avance las tropas americanas. La memoria antifascista es muy fuerte, y se celebra una fiesta popular en la via del Pratello con música, coros en los que se cantan canciones populares de la resistencia, y se coloca una corona de laurel en honor de los partisanos. A su vez, como en tantas ciudades, se organiza una manifestación o marcha por la mañana. La tarde se dedica a gozar de la música y de la fiesta.

Este año las celebraciones del 25 de abril se han conectado con la guerra de Ucrania. En una doble dirección. Desde la solidaridad con Ucrania invadida por los rusos, con una neta condena de Putin y la afirmación del derecho moral y jurídico de Ucrania de defenderse, junto con la reivindicación de la búsqueda de la paz, el rechazo de la guerra, “una metástasis que no se sabe hasta donde se extenderá” y el peligro de una ampliación del conflicto a Europa, con el riesgo de las armas nucleares. El día antes, 24 de abril, una potente marcha pacifista de Perugia a Asís como edición extraordinaria de la marcha por la paz, había congregado a 50.000 personas bajo el lema “Fermatevi! La guerra è una follia” (Deteneos, la guerra es una locura) y en la manifestación central en Milán, con 70.000 personas, las demandas de intervención externa a los combatientes para lograr un alto el fuego y las críticas a la militarización y al belicismo se unieron a la memoria combatiente. Pagliarulo como presidente de la ANPI, Landini como secretario general de la CGIL y Letta como líder del Partido Democrático, incidieron, con los matices propios de las diferencias en sus discursos, sobre esta exigencia de paz y el rechazo de la guerra. La entrevista del secretario general de Naciones Unidas, Guterres, con Putin en Moscú se valoraba como un dato importante para generar resultados positivos. La posición del Papa fue también reconocida como un elemento movilizador de los esfuerzos por la paz.

Ha coincidido en el tiempo esta fiesta popular de la memoria antifascista en Italia y la derrota electoral de la ultraderecha en Francia, lo que en España ha dado lugar a no pocas reflexiones sobre la relación Le Pen y Abascal  y sus diferentes puntos de vista y sus coincidencias, sobre el futuro en general de la ultraderecha y su segura adhesión al proyecto de la derecha española por el momento mayoritaria, su capacidad de imponer el marco de pensamiento en el que juega no sólo la derecha sino también las fuerzas democráticas reformistas. Por esta vía se despliega un relato algo contradictorio en el que por un lado se explica la potencia electoral de Vox como la pervivencia del franquismo nunca sepultado en la transición, junto con la estrategia de las fuerzas socioliberales de preferir esta opción como adversaria antes que confrontarse con una fuerza de izquierda alternativa. Estos discursos se acompañan de llamadas al antifascismo de nuevo cuño, el combate frente al trumpismo, la reflexión sobre las causas por las que el relato falsamente anti sistema de extrema derecha capta voluntades y agrega consensos en detrimento de la actuación de la izquierda.

Es evidente que el antifascismo de hoy supone, no sólo en Italia, la clara conciencia del rechazo de las experiencias políticas criminales del régimen nacionalsocialista y del fascista, asi como del franquismo español. Es urgente la recuperación de la memoria democrática en nuestro país. Pero además de ello, posiblemente la mejor definición de antifascismo la debe dar el cumplimiento de los elementos centrales de la constitución democrática española, que lejos de constituir un proyecto regresivo y continuista del franquismo, contiene elementos muy importantes de cambio y de activación de la participación ciudadana y democrática, como han reconocido las fuerzas progresistas que hoy componen nuestro gobierno. Una constitución que permite un campo de lucha y de conflicto social en el que quepa garantizar a las personas que trabajan un reequilibrio de las relaciones de poder en la empresa y fuera de ella mediante la intervención de los poderes públicos, la negociación colectiva y la huelga a través de la acción sindical.

El antifascismo es ante todo proteger la condición subalterna de las personas trabajadoras y reconocer derechos que hagan realidad la mejora de las condiciones de trabajo y de empleo, y que eviten la explotación laboral de franjas importantes de la población que tiene que aceptar condiciones serviles para poder obtener rentas suficientes para mal vivir, en un contexto de precariedad y de pobreza laboral. Proteger el empleo digno y hacer realidad el trabajo decente, extendiendo la estabilidad en el mismo, garantizando la salud y seguridad en los lugares de trabajo. Y dar a conocer los avances que en esa dirección se están realizando, explicar las dificultades que obstaculizan algunas reformas pendientes, rechazar una narrativa normalizadora de un estado de opinión que descuida las indudables mejoras efectuadas en aras de otras que podrían eventualmente haberse efectuado y que a la postre busca la invisibilización de los cambios sociales, presentando supuestos individuales que los desmienten, cuando no elaborando falsas noticias o elevando el diapasón de las protestas de los autodenominados emprendedores a los que el cumplimiento de la normativa laboral conduce al hundimiento y a la desaparición.

Explicar lo que ha supuesto durante la crisis la regulación temporal de empleo, la subida del salario mínimo, la reforma de la contratación temporal, el reequilibrio de la negociación colectiva, es hoy una eficaz forma de combatir a la ultraderecha. Por eso estos elementos están siempre fuera del foco de los medios, y lamentablemente también del eje de los análisis sobre la situación política. El antifascismo se demuestra andando, es decir, cambiando las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población. Y compartiendo en el discurso público y mediático lo que se está transformando y el alcance de esta modificación.

 


domingo, 24 de abril de 2022

LA NEGOCIACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD Y LA SUSTITUCIÓN DE LA CARENCIA DE REPRESENTACIÓN ELECTIVA POR LA SINDICAL

 


El título de esta entrada es un punto de partida y de llegada a la vez. La historia es conocida. Tras el intento de abordar una reforma importante del art. 28 del Estatuto de los Trabajadores para precisar el contenido del trabajo de igual valor y reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres que se da en el conjunto de las relaciones laborales, las prescripciones del RDL 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, quedaron sin desarrollarse reglamentariamente ante las vicisitudes parlamentarias que provocaron una nueva y definitiva convocatoria electoral en noviembre de 2019 de la que saldría el gobierno de coalición progresista con el apoyo del bloque de mayoría que conocemos y la encarnizada oposición y deslegitimación que las tres derechas han ido haciendo de su labor desde su investidura.

Declarado el estado de alarma ante la irrupción terrible de la pandemia y la crisis económica y social correspondiente, la producción normativa en materia laboral reposó en el acuerdo social con los sindicatos más representativos y las asociaciones empresariales, lo que permitió una fuerte legitimación política y democrática de las medidas adoptadas, especialmente las que propiciaban un ajuste temporal de empleo a través de los ERTE – los denominados Acuerdos Sociales de Defensa del Empleo los fueron modulando – pero también en la generación de otras normas que regulaban materias centrales del cambio tecnológico y digital, como el trabajo a distancia o el trabajo al servicio de las plataformas de reparto, que contaron con el acuerdo de sindicatos y empresarios.

Uno de los escasos temas en los que no se alcanzó acuerdo con la CEOE al final del proceso de diálogo emprendido, fue el que se llevó a cabo para desarrollar el RDL 6/2019 citado, que se descompuso en dos normas reglamentarias. En una de ellas se abordaba el procedimiento de negociación, el contenido y los efectos del plan de igualdad, asimilándolo plenamente, como ya había advertido la jurisprudencia, al convenio colectivo de eficacia general del Estatuto de los Trabajadores. El segundo, precisando el concepto de igual valor, estableciendo un principio de transparencia retributiva y un registro salarial que posibilitara el control de la efectividad de este mandato igualitario. Negociados antes del verano del 2020, y presentado el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT por las ministras de trabajo e igualdada finales de julio de ese año (https://baylos.blogspot.com/2020/08/igualdad-retributiva-y-planes-de.html) , la publicación de los Decretos se hicieron esperar hasta octubre: Son los RRDD 901 y 902/2020, de 13 de octubre.

El primero de ellos, el RD 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, fue impugnado por la CEOE al entender que su regulación excedía la reserva legal que sobre la negociación colectiva exige el art. 37.1 CE. El objetivo del recurso – y la motivación de política del derecho que lo sostenía- era anular el precepto del mismo que otorgaba la representación negocial en las empresas que carecían de representación legal o electiva a los sindicatos más representativos o representativos del sector en función de su audiencia electoral, entendiendo que esta comisión sindical estaría válidamente constituida por aquella o aquellas organizaciones que respondan a la convocatoria de la empresa en el plazo de diez días.

De esta manera, el procedimiento de negociación de los planes de igualdad se diferenciaba de la solución que para los acuerdos de descuelgue de convenios colectivos establecía, por remisión al art. 41.4 ET, el art. 82 ET, y eliminaba la institución de la “comisión ad hoc” elegida por los trabajadores como sujeto negocial de los acuerdos de reorganización productiva o de descuelgue. Se trataba para la CEOE de impedir la sustitución de esta representación inorgánica, fácilmente manipulable y en la que era difícil encontrar la realización de un verdadero interés colectivo correspondiente al grupo de los trabajadores por la legitimación sindical por irradiación, que si cumple esa función de interlocución bilateral en la negociación de materias laborales o de empleo. La reivindicación patronal de la “comisión ad hoc” como sustitutivo del mecanismo electoral en los lugares de trabajo no pretendía tanto la manipulación del momento de la elección directa de los trabajadores del centro de trabajo o de la empresa cuanto la preservación de este vacío de representación. Es decir, fundamentalmente buscaba inmunizar a toda costa estos espacios sin representación de la intervención sindical que pudiera reemplazar la carencia de la formación de un interés colectivo en los mismos.

La impugnación del RD 901/2020 ha sido rechazada por la STS 383/2022, de 28 de marzo, de la sala tercera de lo contencioso - administrativo (magistrado ponente Córdoba Castroverde) por entender que la negociación de los planes de igualdad constituye una manifestación específica de la negociación colectiva entre empresas y trabajadores, “sin que exista controversia en este extremo”, que se rige por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores también en relación con la constitución de la comisión negociadora, y por tanto también por lo previsto en el art. 88.2 ET que prescribe que “aquellos sectores en los que no existan órganos de representación de los trabajadores, se entenderá válidamente constituida la comisión negociadora cuando la misma esté integrada por las organizaciones sindicales que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal o de comunidad autónoma”, de manera que se reconoce legitimación negocial a las organizaciones sindicales más representativas, cuando no existen otros órganos de representación de los trabajadores, y esta prescripción no está contrariada por lo previsto en el art. 41.4 de esta misma norma legal. Por otra parte, y a mayor abundamiento, “la posibilidad de que se articule esta representación alternativa a favor de los sindicatos más representativos cuando no existan representantes electos de los trabajadores resulta conforme con lo previsto en el art. 6.3.b) de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, que les otorga capacidad representativa para la negociación colectiva a todos los niveles territoriales y funcionales en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores”. Además, la jurisprudencia de la sala de lo social en la STS 95/2021 de 26 de enero (ponente Bodas Martín) ya había descartado que la negociación de los planes de igualdad pueda encomendarse en estos casos a una comisión ad hoc, argumentando que el «[...] Plan de igualdad ha de contar con el acuerdo de la empresa y los representantes legales de los trabajadores, lo que no permite sustituir el mismo por un acuerdo entre la empresa y una comisión de trabajadores creada ad hoc para su negociación».

Por todo ello, concluye el Tribunal que “lo preceptuado en el art.5.3 del RD 901/2020 no puede considerarse carente de previsión legal ni una creación reglamentaria ex novo y al margen de la ley, sino la especificación para la negociación de los planes de igualdad de lo que ya se establecía en normas con rango de ley, cumpliendo así esta disposición reglamentaria con lo previsto la función de desarrollo y adaptación de la previsión legal que tiene encomendada por la Disposición Final Primera del Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, la Disposición Final Tercera de la LOI y la Disposición Final Segunda del Estatuto de los Trabajadores”. Otras alegaciones del recurso respecto de la incorrección de las llamadas “comisiones híbridas” de composición sindical y electiva – que son objeto de una previsión legal y aceptadas por la jurisprudencia del TS -, la posibilidad de que no acuda ningún sindicato a la llamada para negociar el plan de igualdad – lo que no implica reproche jurídico alguno sino más bien una crítica a la efectividad de esta previsión – o, finalmente, la alegada infracción de la ley de protección de datos sobre la base de la entrega a los sindicatos de la documentación necesaria para que puedan cumplir la función que le ha sido encomendada – el diagnóstico de la situación y la elaboración del plan de igualdad – que no es sino una manifestación de lo dispuesto en el art. 46.2 LOIEMH, son todas ellas rechazadas por la Sentencia, que considera por tanto plenamente conforme a derecho el citado RD 901/2020.

De esta manera, rechazada ya la ilegalidad del precepto, la negociación de los planes de igualdad en las empresas sin representación electiva la deben llevar a cabo los sindicatos más representativos y los representativos del sector. Es evidente que esta prescripción debería haberse extendido a los supuestos previstos en el art. 82.3 ET para la inaplicación en la empresa de las condiciones de trabajo previstas en los convenios sectoriales – las cláusulas de descuelgue – que siguen por el contrario refiriéndose al procedimiento del art. 41.4 ET que permite las llamadas comisiones ad hoc en las empresas sin representación. Pero no cabe ninguna duda de la relevancia de esta prescripción como forma de inducir una práctica organizativa que vaya insertando en la lógica de la representación sindical los espacios vacíos – sin comités de empresa -  de las empresas de más de cincuenta trabajadores.  En la medida en que se vaya configurando un mapa de la intervención sindical en esos territorios inmunes al mecanismo electoral a partir de la negociación de los planes de igualdad, será muy difícil a las empresas impedir la con formación de una organización colectiva de los trabajadores bien a través de la convocatoria de elecciones o bien extendiendo ese mecanismo, sobre la base de la propia opción que prevé el art. 41.4 ET, a los supuestos de inaplicación del convenio o a los de reorganización productiva en la llamada “flexibilidad interna”.

Es cierto que el éxito de esa operación depende de la capacidad de actuación del sindicalismo, tanto representativo en el sector como fundamentalmente el más representativo. La ductilidad del mismo – basta con que uno solo de los sindicatos legitimados comparezca para que la comisión negociadora esté válidamente constituida – y el perímetro de las empresas – de más de 50 trabajadores – permiten entender que se trata de una propuesta regulativa que puede obtener una respuesta razonablemente eficiente desde la implantación sindical de la mayor y simple representatividad en nuestro país.