domingo, 27 de noviembre de 2022

QATAR: EL PARLAMENTO EUROPEO SOLICITA INDEMNIZAR A LOS TRABAJADORES FALLECIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

 


Ha sido una iniciativa de la diputada francesa Manon Aubry, de La France Insoumise la que ha conseguido que el Parlamento europeo adoptara una resolución fechada el 22 de noviembre pasado en la que se solicitaba al estado catarí  que “prevea una indemnización retroactiva para las familias de los miles de víctimas que han fallecido en el puesto de trabajo o debido a las condiciones laborales” en la construcción de las obras efectuadas para la celebración del mundial de fútbol que se está desarrollando en la actualidad. La noticia se minimiza en un contexto mediático en el que la atención está centrada en el desarrollo de los partidos retransmitidos tanto en privado como en abierto, pero tiene un indudable interés porque conecta con las protestas internacionales que han situado a la FIFA en el centro de una contestación global respecto de su posición consciente de situarse al margen de los esfuerzos internacionales por preservar los derechos humanos.

La resolución del Parlamento europeo es muy matizada, recuerda que ya hace ocho años la Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó una denuncia contra Qatar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2014 en relación con el incumplimiento del Convenio sobre el trabajo forzoso, de 1930, y del Convenio sobre la inspección del trabajo, de 1947 respecto de la aplicación a las personas trabajadoras en este país, en su inmensa mayoría inmigrantes de Sri Lanka, Kerala, India, Pakistán, Sudán, Nepal, África y Filipinas, del sistema de  kafala o patrocinio utilizado en Qatar hasta diciembre de 2016, que consistía en el marco jurídico para definir la relación entre los trabajadores migrantes y sus empleadores que limitaba y obstaculizaba gravemente los derechos y la movilidad de los trabajadores y fue condenado como forma de trabajo forzoso por colectivos de defensa de los derechos laborales. Las condiciones de trabajo de estas personas eran lamentables, con frecuentes casos de malos tratos a los trabajadores, incluidas condiciones de trabajo inhumanas e inseguras. Una investigación independiente patrocinada por el periódico británico The Guardian, reveló que aproximadamente 6 500 trabajadores migrantes habían muerto desde 2010, muchos de ellos por causas relacionadas con el trabajo debido a las extremas condiciones laborales y que, independientemente de la causa de la muerte, el porcentaje de trabajadores jóvenes fallecidos era sustancialmente superior a la tasa media de mortalidad de su grupo de edad.

Las presiones internacionales generaron algunas reformas de importancia en el emirato. Abolió formalmente la kafala, acogió una oficina permanente de la OIT, llevó a cabo con algunos países que tenían empresas constructoras en el país una serie de acuerdos para la mejora de las condiciones de trabajo del personal de las mismas, e incluso creó un fondo de compensación para las familias de las víctimas de accidentes en el lugar de trabajo, si bien no tenía efectos retroactivos respecto de los accidentes ocurridos antes del 2018, y establecía un concepto muy restrictivo de lo que se debe entender por accidente laboral. En concreto, los producidos por el calor ante larga exposición al sol y a temperaturas extremas, aunque ante la presión internacional, el país ha legislado para evitar trabajos en obras de construcción desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre entre las 10.00 h y las 15.30 h, con un descenso de casi un 70% de hospitalizaciones respecto de lo qe sucedía antes de esta limitación horaria del trabajo en la construcción. También se abrió a reformas al permitir la presencia de los sindicatos en las empresas, antes prohibida.

Este es el contexto en el que organizaciones no gubernamentales y una buena parte de agentes políticos y sociales europeos y norteamericanos han propuesto que el estado catarí, que es una de las economías globales más boyantes, al disfrutar del producto interior bruto per cápita más elevado del mundo debido a que posee la tercera mayor reserva mundial de gas natural y proporciona a la Unión Europea el 13 % de las importaciones de gas durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2022, establezca un fondo de reserva de 440 millones de dólares para la compensación de los accidentados en los últimos años de la construcción de las obras del Mundial. Una reivindicación que hace suya el Parlamento europeo, aunque sin concretar la cifra, al resolver que “insta a Qatar, el país más rico per cápita del mundo, a que prevea una indemnización retroactiva para las familias de los miles de víctimas que han fallecido en el puesto de trabajo o debido a las condiciones laborales” y a la vez urge a ese país “a que lleve a cabo una revisión exhaustiva de sus normas en materia de recopilación de datos y de investigación con el fin de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los casos de lesiones y muertes relacionadas con el trabajo, en coordinación con organizaciones internacionales como la OIT y la CSI”.

No es previsible que el emirato acoja esta reivindicación, salvo que las presiones diplomáticas fueran muy insistentes. Hay que recordar su posición privilegiada en el suministro de gas a Europa justamente en medio de la crisis energética y la ruptura de relaciones con Rusia tras la invasión de Ucrania y el desarrollo de la guerra en aquel territorio. La resolución del Parlamento europeo sin embargo tiene mucho valor por algunas otras cuestiones que subraya. La primera, la responsabilidad de las empresas que han cooperado con su acción a la vulneración de derechos humanos básicos. El Parlamento “lamenta profundamente que muchas empresas, incluidas empresas europeas, hayan incumplido sus obligaciones en materia de conducta empresarial responsable”, pero anuncia que es posible que las víctimas puedan exigir responsabilidades a las empresas europeas que hayan cooperado al establecimiento de esas condiciones de trabajo inhumanas e inseguras. Textualmente, la Resolución hace hincapié en que “las víctimas de violaciones de los derechos humanos deben disponer de vías legales para solicitar justicia y exigir responsabilidades a las empresas con sede en la Unión en virtud de la legislación vigente en materia de diligencia debida en algunos Estados miembros; acoge con satisfacción el trabajo en curso a escala de la Unión en relación con la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que ampliará aún más estas vías legales; considera que las empresas en cuestión han incumplido las obligaciones que les incumben en virtud de la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, así como las derivadas de convenios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente”. Una llamada de atención muy prometedora sobre la posible exigencia de responsabilidad en el país de la empresa matriz que ha emprendido los trabajos en Qatar por sus actos vulneradores de los derechos humanos en ese país.

El Parlamento europeo dice aún cosas más tremendas. Efectúa una crítica directa a la prohibición de la homosexualidad y a la sumisión de las mujeres en el país, en términos nada diplomáticos. “Ningún derecho de una persona a la libertad de creencias de acuerdo a una cultura puede utilizarse para justificar la discriminación o el maltrato hacia otras personas” – afirma taxativamente la Resolución – de manera que sobre la base de la tendencia mundial hacia la despenalización de las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, pide a Qatar que derogue el artículo 285 de su Código Penal y todas las demás leyes conexas, y condena la detención arbitraria y los malos tratos de personas LGBTIQ, y, en los términos más enérgicos, los casos denunciados de agresión sexual durante la custodia. De manera más suave, pero también con firmeza, “insta a Qatar a abolir la tutela de las mujeres - las mujeres cataríes siguen bajo la tutela del marido o de los parientes masculinos- , pues se trata de un sistema fundamentalmente erróneo que perjudica el desarrollo del país”. El argumento economicista es un tanto estrambótico, posiblemente por entender que una llamada a un principio de no discriminación sería entendida como un comentario demasiado hostil ante la estructura patriarcal catarí.

El Parlamento europeo tiene también palabras muy duras para la FIFA, valorando negativamente su postura ante la celebración del Mundial. Tras advertir en las consideraciones preliminares que “según funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y fiscales suizos que abrieron una investigación penal por denuncias de corrupción, es posible que algunos funcionarios de la FIFA hayan sido sobornados para comprar sus votos y que concedieran derechos de organización de la Copa Mundial a Rusia y a Qatar; que dos de los veinticuatro miembros del comité ejecutivo de la FIFA fueron suspendidos temporalmente por la FIFA en octubre de 2010”, a lo que une en el mismo párrafo la circunstancia de que “Arabia Saudí ha anunciado su candidatura para organizar la Copa Mundial de 2030”, la resolución afirma que “lamenta la falta de transparencia en la adjudicación de la Copa Mundial de la FIFA a Qatar en 2010; condena la ausencia clara de una evaluación de riesgos responsable por parte de la FIFA a la hora de evaluar la idoneidad de Qatar para albergar un gran acontecimiento deportivo internacional” y “recuerda su opinión, mantenida desde hace tiempo, de que la corrupción en el seno de la FIFA es rampante y sistémica y está profundamente arraigada, y sigue creyendo que la organización ha dañado gravemente la imagen y la integridad del fútbol mundial”.

La denuncia de la corrupción – “rampante y sistémica” – de la FIFA por parte del Parlamento europeo es un hecho de extraordinario relieve, que sin duda tiene que generar movimientos posteriores que saquen conclusiones en la organización mundial del futbol sobre este tema. Pero ese hecho, que incide en el desprestigio del torneo mundial, no debe desviarnos de lo que supone el eje central de esta resolución política del Parlamento de la UE: Condenar las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes en Qatar por parte de las autoridades cataríes, así como por las empresas que ejecutaron las obras de la Copa Mundial 2022, acompañado de un llamamiento a que todos los Estados miembros de la UE para que ratifiquen la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (Resolución 45/158 de la Asamblea General de la ONU, de 18 de diciembre de 1990). Una llamada de atención que tendrá lamentablemente mucha menor repercusión que el comentario en los medios de comunicación y en las redes sociales del resultado de los partidos que se celebran en Qatar cada día.


miércoles, 23 de noviembre de 2022

CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL: LUCA VISENTINI, SECRETARIO GENERAL.

 


Aunque la gran mayoría de los medios de comunicación ignoran este tipo de noticias, lo cierto es que se ha celebrado en Melbourne, en Australia, el 5º Congreso de la ITUC / CSI, la confederación sindical mundial, que ha elegido a Luca Visentini secretario general de esta organización. Parecería que un hecho de esta trascendencia, la reunión de la organización que representa a 332 organizaciones sindicales de 163 países, con más de 200 millones de afiliados, supondría una noticia por comentar. No ha sido así. La elección es sin embargo significativa porque se trata de un sindicalista europeo, concretamente italiano, que ha sido el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, lo que hace que el sindicalismo europeo cobre mayor relevancia en el desarrollo del proyecto sindical colectivo que a nivel mundial quiere llevar a cabo la Confederación Sindical Internacional.

Es importante recordar que en el congreso anterior de la CSI se intentó, por una parte importante de sindicatos europeos y americanos, este desplazamiento del rol directivo de la CSI al sindicalismo europeo, impulsando la candidatura de Susanna Camusso, que había sido la secretaria general de la CGIL, y que finalmente resultó derrotada por la australiana y secretaria general Sarah Burrow por un estrecho margen. En esa derrota tuvo decisiva importancia la posición del sindicalismo alemán y centroeuropeo, que desconfiaba posiblemente del tipo de programa que la cultura del sur de Europa, de la que el sindicalismo italiano es una expresión muy acabada, pudiera imprimir a la organización sindical mundial.

En esta ocasión, la elección de Visentini ha sido mediante una votación a su favor muy amplia, con el 72% de los votos, derrotando al candidato turco Kemal Özkan, que era apoyado por la DGB. Sin embargo, el candidato ha podido establecer una alianza global muy sólida en la que han desempeñado un rol importante no sólo los sindicatos del sur europeo – en donde la actuación de Cristina Faciaben, de CCOO, ha sido muy eficiente -  junto con otros significativos apoyos de centro Europa tradicionalmente aliados de los alemanes, como los austríacos, sino fundamentalmente los sindicatos americanos agrupados en la CSA, y el sindicalismo asiático y africano con la excepción de Japón.

Visentini proviene de la UIL, el tercer sindicato italiano de menor implantación que la CGIL y la CISL, pero que cuenta en su favor con la experiencia adquirida al frente de la CES. En esta condición ha defendido la movilización promovida por la CES contra el regreso de la austeridad y la petición de un fondo común para hacer frente a la recesión causada por la crisis energética y la carencia de suministros, similar al de Sure previsto para la cobertura excepcional del desempleo debida a la inactividad causada por la pandemia. Esta movilización para la alteración fundamental de las reglas de la gobernanza económica sin embargo no ha sido compartida por el sindicalismo alemán que se pliega a las posiciones de su gobierno muy reticentes a insistir en este tipo de ayudas cuando se han prestado ya 200.000 millones de euros en ese contexto de la crisis derivada del Covid 19.

El programa con arreglo al cual ha sido elegido el nuevo secretario general pide un cambio de rumbo en la política económica mundial, centrándose en las inversiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para combatir las crecientes desigualdades y ayudar a los países en desarrollo en su transición ecológica, con el objetivo de aumentar la fiscalidad sobre las transiciones financieras y las multinacionales. Es muy significativo que la idea del "Nuevo Contrato Social para la Recuperación y la Resiliencia" propuesto por Luca Visentini tenga como centro los derechos de los trabajadores inmigrantes a la acogida y el asilo en los llamados países más desarrollados, lo que en su país natal actualmente se encuentra en medio de un debate político muy áspero.

El desplazamiento del equilibrio geoestratégico sobre la problemática social con la finalidad de poder declarar el fin de la época de la austeridad como respuesta a la crisis es el gran objetivo declarado en este 5ª Congreso por parte del sindicalismo global. El fracaso de la COP 27 condicionada por las empresas transnacionales extractivas de combustibles fósiles demuestra que no será una iniciativa fácil, pero hay señales de cambio que deberían ser extendidas y propiciadas sobre transacciones financieras y el poder exorbitante de las corporaciones multinacionales: en Europa hay una fuerte corriente de opinión que va ganando espacios cada vez más amplios que entiende que hay que gravar con impuestos a las empresas que han tenido beneficios extra con la pandemia o con el incremento exponencial de los preciso de la energía, un línea de tendencia que, como sabemos bien en nuestro país, encuentra importantes obstáculos incluso en el seno de grupos progresistas.

El diagnóstico que efectúa el sindicalismo global es muy claro y expresivo. Este es el resumen de la propuesta:

“El modelo económico global ha fallado a los trabajadores. El poder y la codicia de las grandes empresas mundiales han capturado a los gobiernos, que actúan en contra de los derechos y la seguridad de sus propios trabajadores. En las cadenas de suministro globales, el 94% de la mano de obra mundial es una mano de obra oculta en la que la oscuridad de los contratos comerciales facilita la explotación y la opresión. El mundo es tres veces más rico que hace veinte años y, sin embargo, el setenta por ciento de las personas carecen de protección social universal, el 84% de las personas dicen que el salario mínimo no es suficiente para vivir y el 81% de los países han permitido que se viole el derecho a la negociación colectiva. Esto es desigualdad por diseño.

Es hora de un Nuevo Contrato Social entre los trabajadores, el gobierno y las empresas que debería incluir un piso de garantía laboral universal para todos los trabajadores. La implementación de un Nuevo Contrato Social aseguraría que se respeten los derechos, que los empleos sean decentes con salarios mínimos vitales y negociación colectiva, que la protección social sea universal, que la debida diligencia y la responsabilidad impulsen las operaciones empresariales, y que el diálogo social garantice medidas de transición justas para el clima y la tecnología”.

Son palabras seguras y convincentes. En cualquier caso, el rol que debe desempeñar el sindicalismo mundial organizado en torno a la ITUC /CSI es estratégico en  el momento histórico en el que nos encontramos para que su voz sea alinee con las posiciones políticas e ideológicas que entienden que nos hallamos en un momento crítico en el que hay que modificar las pautas a las que se ha sometido una globalización “abierta” sin límites, de manera que se han de modificar profundamente las políticas económicas y monetarias que se han ido aplicando a lo largo de estos años hasta la crisis derivada de la pandemia. Es el momento de dejar atrás cuarenta años de hegemonía neoliberal en lo económico y en lo político y optar por un enfoque centrado en la consolidación de amplios derechos de ciudadanía social y de participación democrática en el gobierno de las grandes transiciones digital y ecológica que vaya construyendo la sostenibilidad social y económica que requiere este tiempo.

La elección de Luca Visentini, por tanto, permite alimentar que la CSI /ITUC tendrá un papel más activo en esta dirección, avanzando en la concreción y desarrollo de este Nuevo Contrato Social para la recuperación y la resiliencia que el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras del mundo plantea como un proyecto de acción colectiva.

 

 


jueves, 17 de noviembre de 2022

VIA LAIETANA 16. SEDE DE LA CONC Y LUGAR DE CELEBRACION DE LAS JORNADAS DEL GABINETE DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE ESTA ORGANIZACIÓN.

 



El lugar es excepcional. Aunque es mas conocido por tratarse de la sede del sindicato vertical bajo el franquismo, el palacio de la Via Laietana 16 data de los años veinte del pasado siglo, en el contexto de unas obras importantes en la ciudad que quisieron abrir una arteria principal desde el puerto hasta los barrios burgueses del Ensanche. La calle que se construyó destrozando el barrio y poniendo en la calle, sin domicilio ni realojamiento, a más de dos mil personas, fue financiada por el Banco Hispano Colonial, la institución financiera creada por el Marqués de Comillas que, tras la pérdida de Cuba y Filipinas, destinó sus objetivos a las actividades de financiación de obras públicas y proyectos ferroviarios y privados en España, aunque siempre muy relacionados con las actividades de exportaciones e importaciones a países sudamericanos. El edificio es de 1925 aproximadamente. Obra del arquitecto Josep Domènech i Mansana, hijo de Domènech i Estepà. Este arquitecto modernista tiene otros edificios en Barcelona También son obra suya los desaparecidos, en un incendio, almacenes El Águila en la Plaça Universitat. El edificio fue en su origen de la Caixa Mutua Popular y fue financiado por esta institución.

Los dos últimos pisos fueron ocupados por la CGT, que solamente abandonó su posición diez años después de esta ocupación en el 2012, con la asignación de otros amplios locales en la calle Pedro Laínez. El edificio de Via Laietana hoy está habitado en exclusiva por la Comisión Obrera Nacional de Catalunya (CONC), que está rehabilitando el edificio mediante un acuerdo con el Departamento de arquitectura de la Universidad Politécnica. Las dos ultimas plantas y el templete que adorna la cúspide del edificio, tienen además una protección especial del patrimonio ciudadano que hará que cuando acaben las obras se  pueda apreciar el color original del edificio, durante mucho tiempo ocultado por la pintura gris característica de la decoración empleada por la llamada Organización Sindical Española, el sindicato vertical de la dictadura.

Via Laietana es la sede de CCOO, la catedral del sindicalismo catalán de la democracia, en la expresión de López Bulla, su representante mas activo y conocido. Bajo su techo se realiza una intensa actividad sindical y  todas aquellas personas que acuden a la sede en demanda de alguna consulta o de alguna queja, dispone de un despacho de acogida sindical donde hacen guardia por turno dirigentes sindicales de las federaciones o de las uniones territoriales – o de la ejecutiva del sindicato, incluido su secretario general -  para orientar y atender en su primer acercamiento a cualquier trabajador y trabajadora que requiera del consejo sindical.

La sede aloja asimismo la Fundación Cipriano García, con su importante archivo histórico y una amplia biblioteca y la publicación de varios documentos, entre los que destaca el Boletín de Actualidad Jurídica y Sindical de periodicidad mensual. También en colaboración con el Centro de Estudios Históricos Internacionales de la Universidad de Barcelona la Fundación está editando una interesante revista, Segle XX: revista catalana d’historia,  dirigida a investigadores en historia y en ciencias sociales y de periodicidad anual (https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX)

La sede de la CONC es también la del Gabinete Jurídico, cuyo Director profesional es Jonathan Gallego. Los días 17y 18 de noviembre el Gabinete ha organizado las que son ya las quintas Jornadas Jurídicas de Derecho Laboral y Sindical, en esta ocasión dedicadas a la protección del empleo en las nuevas formas de trabajo. Las Jornadas han sido inauguradas por Enric Vinaixa, secretario de Trabajo del Departamento de Economía y trabajo de la Generalitat y por Javier Pacheco, secretario general de la CONC. La primera mesa versaba sobre “El nuevo Estatuto del siglo XXI: el futuro en la protección del empleo”, estaba presentada por Jonathan Gallego e intervenían como ponentes Antonio Baylos, de la Universidad de Castilla La Mancha, y Cristina Torre, secretaria de acción sindical de CCOO de Catalunya. Tras el animado debate y una pausa para café, moderó la siguiente mesa Llucía Felipe, abogada del gabinete técnico Jurídico de CCOO de Catalunya, abordando el tema de la protección del empleo y del convenio colectivo aplicable a las subcontratas y empresas multiservicios, que desarrolló con enorme efectividad Amparo Esteve, catedrática de la Universidad de Valencia, con la presencia de Isabel Gutierrez, la secretaria general de la Federación del Habitat de la CONC.

Por la tarde, le tocó el turno a Ferrán Camas, catedrático de la Universidad de Girona, que relacionó la prohibición de discriminación con el problema de la ocupación y el empleo, siendo moderado por la abogada del Gabinete Montse Arcos, con la participación de Celeste Attias, como responsable del plan de igualdad y Brechas salariales de la CONC.

Al día siguiente, viernes, se examinará el derecho de información a las personas trabajadoras y a sus representantes como un elemento esencial del derecho al empleo y al trabajo, cuya ponencia correrá a cargo del magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Aramendi, , moderado por la economista del Gabinete Técnico Jurídico de la CONC Marga Novella, con la intervención de Jose Antonio Hernández, secretario general de la federación de industria de la CONC, y cerrará las Jornadas la Directora General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía social, Verónica Martínez Barbero, bajo la moderación de la abogada Tamara Cuenca y la presencia del sindicalista Ramón González, secretario general de la Federación de Servicios de la CONC. Las Jornadas se clausuran por el responsable de la secretaría de asesoramiento de CCOO de Catalunya, Enrique Rodríguez.

Las jornadas han reunido a unas cincuenta personas presenciales y otras sesenta las han seguido en streaming , han permitido una debate atento y muy bien orientado a los grandes problemas de la regulación de las condiciones de trabajo sobre los que se promueve un enfoque alternativo, cercano a la perspectiva neolaborista que está creciendo culturalmente como forma de oponerse exitosamente a la fuertemente arraigada ideología neoliberal.

Este tipo de encuentros son fundamentales para ir definiendo una estrategia jurídica de acción sindical en la búsqueda de un trabajo con derechos y de calidad. El funcionamiento de este Gabinete es en este sentido una espléndida nuestra de como se debe ir armando progresivamente los razonamientos y las líneas de defensa que posibiliten gradualmente un cambio decisivo en este sentido emancipatorio y democrático. A la espera por tanto de las sextas jornadas el año que viene…

 



(Fotografía efectuada por el prof. Dr. D. Albert Pastor en la inauguración de las Jornadas)

domingo, 13 de noviembre de 2022

MADRID SE LEVANTA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

 



Ha sido una manifestación impresionante. Dividida en cuatro columnas, más de seiscientas mil personas (670.000 según los organizadores) han confluido hacia la Cibeles en el centro de Madrid, sin que se pudiera llegar allí por la cantidad de personas que han participado en la marcha. Una muchedumbre que venía en tren, metro y autobús de los barrios de la capital y de las ciudades que la rodean, uniéndose aquí a una impresionante marea humana. Las imágenes son transparentes y demuestran la fortísima contestación social a la política de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria, que ha generado protestas en cadena y una verdadera explosión de descontento en toda la ciudadanía.

El desparpajo y la grosería que adorna el discurso de la presidenta de la CAM no ha sido capaz de ocultar el proyecto de desmontar la asistencia sanitaria de calidad del que debería gozar el conjunto de la ciudadanía de Madrid y su sustitución por un servicio deficitario, mal estructurado y alimentado por la precariedad vital y laboral de todas las personas que lo sostienen mediante su trabajo, desde los celadores, las auxiliares de clínica, las limpiadoras, el personal de enfermería y el personal médico, todo el conjunto en definitiva de esas personas que constituyen el nervio del servicio público de la salud y que han sufrido hace muy poco el estrés físico y psíquico de una terrible pandemia frente a la cual han sacrificado todo su tiempo, su salud y en ocasiones su vida. No hace tanto éramos muchos quienes nos asomábamos a los balcones para aplaudir su generosidad y su esfuerzo. La Comunidad de Madrid por el contrario ha cancelado esa imagen y se ha encarnizado en la destrucción de esa asistencia pública a través del encadenamiento de medidas cada vez más insoportables que se defendían por su presidenta mediante ataques a los sanitarios y a las fuerzas políticas y sindicales que cuestionaban su actuación.

Detrás de estas políticas se encuentra, desde luego, el objetivo de desplazar al mercado la satisfacción de las necesidades del público en materia de preservación de la salud, y en dar prioridad al sector sanitario privado frente al público, en una indisimulada estrategia de deterioro, falta de inversión, oferta de condiciones de trabajo precarias y salarios plenamente reducidos en el servicio público de salud. Además de los escándalos ya lejanos de las residencias que constantemente denuncia con obstinada fe en la justicia el periodista Manuel Rico – un caso en el que “la muerte fue un proyecto político” como denuncia el poeta gallego Daniel Asorey – y las intrincadas compras de material preventivo y mascarillas protectoras por familiares y amigos, cuya denuncia por parte del entonces presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le costó literalmente el puesto en una humillante operación política en la que el Partido decidió desembarazarse de su figura, la presidenta de la CAM ha imprimido una aceleración importante a su proyecto de mercantilización de las necesidades básicas de los ciudadanos madrileños. Pero este vertiginoso impulso político ha propiciado el colapso de servicios fundamentales de asistencia sanitaria – la asistencia primaria y las urgencias ambulatorias, pero también recortes en la financiación y disminución de profesionales, muy especialmente en estos sectores, que han provocado un aumento constante de listas de espera en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, despidos y precariedad laboral de los profesionales sanitarios. Este panorama desastroso ha provocado una respuesta contundente por parte de la ciudadanía madrileña más expuesta a esta acción de deterioro del servicio público.

El movimiento social que ha cristalizado en esta gran manifestación se ha ido construyendo poco a poco, a partir de las protestas en los barrios de la ciudad y en el cinturón de las ciudades del sur de Madrid, y ha sido posteriormente sostenido por las reivindicaciones sindicales y profesionales del sector, en una reedición de la “marea blanca” de los años de la austeridad, además de integrar el discurso político de la izquierda – Mas Madrid, Unidas Podemos y Partido Socialista – de impugnación de estas decisiones del gobierno de la CAM. Ese pluralismo en la formación de un potente cuestionamiento social y político se ha podido apreciar en la composición de la impresionante masa humana que se ha reunido hoy en las calles de Madrid. Aunque la cita puede entenderse un poco vintage , la convocatoria de Madrid se levanta por la sanidad pública  viene a confirmar los versos de Benedetti que cantaba Luis Pastor: “La unidad que sirve es / la que nos une en la lucha”, porque esa unidad se ha mostrado claramente en las plazas y avenidas de la capital, en la convergencia de todas las fuerzas políticas de izquierda junto a los sindicatos, el movimiento vecinal y tantas y tantas personas e individuos que han querido bajar a la calle a exigir un derecho fundamental para poder reconocerse como ciudadanos libres e iguales, como nos quiere un sistema democrático que afirma el Estado Social como condición necesaria para que pueda hablarse de democracia real. Una unidad que la gran mayoría de las personas asistentes a la manifestación entienden imprescindible y que debe requerir un esfuerzo de todos los partidos políticos por presentar un frente amplio y común en las próximas elecciones regionales y municipales que reivindique una plataforma de derechos y de políticas sociales capaz de revertir la deriva de degradación y de sufrimiento de las personas protagonizada por el gobierno actual de la Comunidad de Madrid y su Presidenta.

Esa es la preocupación que manifiestan ahora los creadores de opinión empotrados en la defensa de las políticas neoliberales que desde 1996 han conseguido mantener incólumes en la Comunidad de Madrid. La gigantesca manifestación provoca el escalofrío de quienes contemplan una reacción popular de mayorías que cuestionan directamente estas políticas, especialmente en materia de deterioro de la asistencia sanitaria. Por eso algunos de estos medios de comunicación advierten de la “politización indebida” de esta impresionante movilización social cuyo alcance y magnitud por otra parte, disminuyen de forma intencionada y un tanto pueril. La politización es justamente lo que esta movilización persigue. Es necesario sumar fuerzas en una serie de programas comunes que puedan desembocar en una candidatura electoral unitaria que permita cambiar, tras casi veintisiete años de dominio del mercado y de las corporaciones que lo controlan, el rumbo de la política en un sentido favorable a la ciudadanía madrileña y a la ampliación y consolidación de sus derechos fundamentales, además de garantizar condiciones de trabajo que correspondan a las coordenadas de un trabajo decente y estable, poniendo fin a la precariedad del personal sanitario, sus bajos salarios y su penosas condiciones laborales. Eso repercute en la mejora del servicio público de salud.

Esperemos la unidad de la izquierda, pues, que es la condición de una movilización potente capaz de impulsar cambios sustanciales en el gobierno de la región. La división y la bronca interna debilitan. Así que mientras las cosas siguen su curso, contemplemos felices esas imágenes impresionantes en las que todo Madrid se ha levantado en defensa de la sanidad de todas y de todos, del derecho universal a poder disfrutar de una asistencia sanitaria de calidad. Madrid, qué bien resistes!!

 


domingo, 6 de noviembre de 2022

EL MANIFIESTO DE LA COALICIÓN ITALIANA EUROPA POR LA PAZ Y LA MANIFESTACIÓN EN ROMA DEL 5 DE NOVIEMBRE.

 



Sigue la guerra en Ucrania con inusitada violencia. Las secuelas de muerte, desolación y sufrimiento que el conflicto armado está produciendo son estremecedoras. En Italia crece un movimiento llevado a cabo por ONGs, sindicatos y movimientos sociales que exigen concentrar los esfuerzos políticos de las Naciones Unidas, de los mandatarios europeos y de Estados Unidos en lograr un alto el fuego y organizar una conferencia de paz. El 5 de noviembre, en Roma, se ha convocado una manifestación que intenta llamar la atención de la sociedad civil sobre este propósito.

Llegaron de toda Italia convocados por asociaciones, redes, sindicatos y grupos de opinión, en una lista interminable que ha publicado el diario Sbilanciamosi y que se puede consultar en este enlace: https://sbilanciamoci.info/comitato-promotore-europe-for-peace/ . Se han agrupado en la plataforma EuropeForPeace, una plataforma de amplio recorrido que ha renunciado a todo elemento que impidiera la agregación de colectivos pacifistas de todo tipo para lograr de esta forma una mayor proyección a su acción y se pudieran adherir a la misma el mayor número de personas. Además, en múltiples lugares del país se han ido preparando una serie de actividades que acompañaban a esta convocatoria, en una iniciativa que ha comprometido a “cien ciudades” en ella, aunque las más sonadas han sido las realizadas en Milán y Nápoles a finales de octubre.  La adhesión a este movimiento y a la marcha de influyentes medios de opinión entre la intelectualidad laica del país, como Micromega, se acompaña del entusiasta saludo del Arzobispo de Bolonia y Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, en línea con la clara posición antibelicista del Papa Francisco, una posición que por cierto está plenamente silenciada en los medios de comunicación españoles y en los creadores de opinión consiguientes.

La manifestación ha sido un éxito. Más de 100.000 personas han desfilado desde la Piazza della Repubblica a la Piazza San Giovanni de Roma. Han tenido que pasar dos horas desde el inicio de la manifestación para que el último manifestante iniciara el trayecto por Via Cavour. El “pueblo por la paz” enormemente variado en sus motivos y en sus identidades, que ha encontrado sin embargo la capacidad de comprensión y de síntesis para poder presentarse unido y activo en sus reivindicaciones centrales que constituyen el común denominador de tantos grupos sociales. Entre ellos destacan los sindicatos como sujetos comprometidos por la paz que han aportado un buen número de manifestantes al impresionante reguero de personas. De hecho, es Maurizio Landini quien cierra las intervenciones del mítin con palabras emocionantes: "La belleza de esta plaza es la unidad, el hecho de que hayamos reunido tantas diversidades, esta es la plaza de la fraternidad" (…) "No sé cómo llamaros: compañeros, amigos, hermanos. Pero tras la emoción, el sindicalista insiste en un dato real, de evidente relevancia social, económica y política. “El mundo del trabajo está pagando esta guerra en su piel: las desigualdades y los pobres aumentan. Por eso no somos utópicos, sino que, al pedir la paz, somos los más realistas". La cuestión se traslada al momento de la iniciativa política, a las decisiones que en Italia y en otros países se deben adoptar para detener la guerra y asumir la defensa de la paz como condición de una ciudadanía universal. Y este proyecto tiene que seguir siendo sostenido por la sociedad civil en toda Europa: "Debemos dirigirnos a las demás capitales para una manifestación internacional por la paz".

La manifestación de ayer en Roma constituye la prueba de que el pacifismo sigue siendo un nervio central del pensamiento emancipatorio de amplias mayorías sociales. La convocatoria de la manifestación venía precedida de la publicación de un manifiesto. Este texto es el que se traslada a continuación, oportunamente traducido.

Prohibamos todas las armas nucleares. Solidaridad con el pueblo ucraniano y las víctimas de todas las guerras. Con estas consignas la Coalición Europa por la Paz anuncia la manifestación nacional en Roma por la paz promovida por la sociedad civil para el sábado 5 de noviembre en Roma.

La sombra de la guerra atómica se cierne sobre el mundo

La amenaza nuclear se cierne sobre el mundo. Es responsabilidad y deber de los Estados y los pueblos detener esta locura. La humanidad y el planeta no pueden aceptar que las disputas se resuelvan mediante conflictos armados. La guerra tiene consecuencias globales: es la principal causa de las crisis alimentarias mundiales, aún más desastrosas en África y Oriente, afecta al coste de la vida, a las capas sociales más pobres y débiles, determina opciones nefastas para el clima y la vida del planeta. La guerra lo engulle todo y bloquea la esperanza de un futuro más justo y sostenible para las generaciones futuras.

Esta guerra debe ser detenida ahora

Condenamos al agresor, respetamos la resistencia ucraniana, nos comprometemos a ayudar, apoyar y rescatar al pueblo ucraniano, estamos al lado de las víctimas. Estamos con los que rechazan la lógica de la guerra y eligen la no violencia.

La inaceptable invasión de Ucrania por parte de Rusia ha devuelto al corazón de Europa la guerra que está a punto de convertirse en un conflicto global entre bloques militares con consecuencias dramáticas para la vida y el futuro de los pueblos ucraniano y ruso y de toda Europa. Estamos cerca y nos solidarizamos con la población afectada, con los refugiados que se ven obligados a huir, a abandonar sus casas, sus trabajos, víctimas de bombardeos, violencia, discriminación, violaciones, torturas.

Esta guerra debe ser detenida ahora. No más sufrimiento. Italia, los Estados miembros de la UE y las Naciones Unidas deben asumir la responsabilidad de negociar para detener la escalada y alcanzar un alto el fuego inmediato. Es urgente trabajar por una solución política del conflicto, desplegando todos los recursos y medios de la diplomacia para hacer prevalecer el respeto al derecho internacional, llevando a la mesa de negociaciones a los representantes de los gobiernos de Kiev y Moscú, junto con todos los actores necesarios para encontrar una paz justa. Junto con el Papa Francisco decimos:

"Que callen las armas y que se busquen las condiciones para una negociación capaz de conducir a soluciones no impuestas por la fuerza, sino acordadas, justas y estables".

La humanidad y el planeta deben librarse de la guerra.

Pedimos al Secretario General de las Naciones Unidas que convoque urgentemente una Conferencia Internacional por la Paz, para restablecer el respeto al derecho internacional, garantizar la seguridad mutua y comprometer a todos los Estados a eliminar las armas nucleares, reducir los gastos militares en favor de las inversiones para combatir la pobreza y la financiación de la economía no armada, de la transición ecológica, del trabajo decente.

Hay que garantizar la seguridad compartida.

Las guerras y las armas tienen como objetivo la victoria sobre el enemigo, pero no conducen a la paz: tienden a convertirse en permanentes y sólo causan nuevos sufrimientos a las poblaciones. En cambio, hay que ganar la paz, restablecer la ley violada y garantizar la seguridad compartida. No hay guerra justa, sólo la paz es justa. Los ejércitos hacen la guerra, los pueblos hacen la paz.

Italia, la Constitución y la sociedad civil repudian la guerra. Juntos exigimos que nuestras instituciones asuman esta agenda de paz y trabajen en todos los foros europeos e internacionales para su plena afirmación.

Como dijo Landini en el mitin final de la manifestación, "ahora es el momento de la política". Una política que debe comprometer a la Unión Europea y a los más importantes de sus Estados miembros, entre los cuales sin duda se encuentra España.


jueves, 3 de noviembre de 2022

SALARIO O CONFLICTO: LA MOVILIZACIÓN SINDICAL

 


Convocados a una gran concentración en Madrid, distribuidos en tres columnas que han confluido en la Plaza Mayor, una vez atravesadas las calles de la capital, 50.000 manifestantes de CC.OO. y UGT se han movilizado para exigir que la crisis no la paguen las personas que trabajan y que la CEOE se siente a negociar un Acuerdo general que garantice una cláusula de revisión salarial que palie la inflación que está generando una importante pérdida de poder adquisitivo en los salarios.

La situación económica frente a la cual se movilizan los sindicatos más representativos a nivel estatal queda muy bien resumida en una serie de tuis que ha efectuado Carlos Martín Urriza, responsable del Gabinete Económico confederal de CC.OO. En efecto, como afirma sintéticamente:

“Los márgenes empresariales se disparan tras la pandemia hasta el 10,1% sobre ventas según la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresa y PYMEs de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). El origen de la inflación no es solo exterior hay una fuerte componente interna en los beneficios de las empresas.

Por el contrario, los salarios sufrirán una pérdida histórica en su poder de compra en 2022. Los salarios reales que se cobrarán este año serán un 12,8% inferiores a los de 2008 por realizar el mismo trabajo. Esta pérdida aboca a la economía española a la recesión y la destrucción de empleo si no se pone coto al crecimiento disparado de los márgenes de beneficio: elevando los salarios en la negociación colectiva, estableciendo precios máximos en bienes básicos y elevando la fiscalidad de los sobre beneficios de las empresas”.






La movilización es clave en este proceso, porque pretende forzar la adopción de un acuerdo general, a nivel estatal, que posibilite su recepción en cascada en los sucesivos convenios colectivos. Por el momento, la situación es desigual, con importantes conquistas a partir de conflictos muy sostenidos por la mayoría de los trabajadores tanto a nivel de sector – los convenios de industria de Ourense, de Vizcaya, de Asistencia a domicilio de Asturias y tantos otros -  como a nivel de empresa – Repsol, Airbus – pero  con muchos convenios por firmar que requerirán una fuerte participación de las personas afectadas por el convenio para lograr un incremento salarial razonable, junto con algunos otros supuestos en los que los sindicatos han preferido cerrar el contencioso en términos muy deficientes y sin cláusula de revisión ante la incapacidad de la organización de impulsar la participación activa de los y las trabajadoras en una movilización que incida en el tema salarial como eje de la negociación.  

Felizmente, este empuje sindical coincide con un panorama económico relativamente estable en estos tiempos de incertidumbre. Los últimos datos sobre el empleo son muy positivos, aún con el dato de casi tres millones de parados. La Seguridad social sigue sumando nuevos afiliados  hasta la cifra de 20.240.450 afiliados, una dinámica que se mantiene al alza por 18º mes consecutivo, y el paro baja en octubre en 27.027 personas, el mayor descenso de este mes en la serie histórica, y disminuye en todos los sectores. La reforma laboral sigue mostrando su vigencia, de manera que el 45,75% de los contratos registrados en este mes fueron indefinidos. Éstos se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 263.759 a tiempo completo, 173.742 a tiempo parcial y 259.834 fijos discontinuos. En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a octubre de este ejercicio un total de 2.534.409, un aumento de 1.527.262 (151,64%) que en igual periodo del año 2021. Los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.484.660, registrando un aumento de 1.047.402 (239,54%) en relación al mismo periodo del año anterior. Frente a ello, los contratos de carácter temporal registrados en el mes de octubre de 2022 han sido 826.804, representando el 54,25% del total. Son 867.284 (-51,19%) menos que el mismo mes del año 2021. Según los datos facilitados por el Ministerio de Seguridad Social, en lo que va de año, se han reducido en más de 2,8 millones los afiliados con contratos de menos de 30 días y se ha incrementado en 48 días la duración media del total de contratos que han causado baja en estos 10 meses en comparación con el mismo periodo de 2019. Y el número de trabajadores en ERTE se estabiliza en torno a las 17.000 personas, con tendencia al descenso.

En este contexto, es evidente que un acuerdo central a nivel estatal que incluyera una cláusula de revisión salarial en varios tiempos, facilitaría la estabilidad económica y aseguraría la recuperación económica incluso en un momento como el actual muy complicado e inseguro. La CEOE se opone a ello y cada vez es más evidente que son razones externas las que guían su negativa. Se trata de la presión política que está sufriendo el presidente de la CEOE, que tiene que revalidar su posición en las elecciones del 23 de noviembre próximo, por parte de las federaciones y asociaciones empresariales más comprometidas con el Partido Popular que quieren impedir a toda costa un pacto que facilite la gobernanza de la negociación colectiva y por consiguiente que sea funcional al mantenimiento de una cierta recuperación económica, unido a la codicia corporativa extrema de grandes firmas que se están enriqueciendo de manera exponencial – bancas y empresas de energía – con la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Por ello, el conflicto es inevitable y los sindicatos se verán obligados a ir poniendo en práctica una estrategia articulada de huelgas y movilizaciones por sectores y empresas que no permitan a las empresas instalarse en este espacio de preservación de ganancias desaforadas en la crisis y de apoyo activo a las posiciones de hostilidad plena frente al gobierno del Partido Popular, una estrategia que si no se modifica después de las elecciones en el seno de la CEOE, puede llevar a esta organización a intentar administrar un plan de conflicto social no deseable y a una marginación en su capacidad de mediación frente a decisiones del poder público muy incisivas.

 



 




miércoles, 2 de noviembre de 2022

ENCUENTRO HISPANO – ITALIANO DE JURISTAS DE TRABAJO. TRANSICIONES LABORALES JUSTAS Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE. HABLA FRANCISCO TRILLO.

 



Desde mediados de la década de los ochenta del pasado siglo hasta los inicios de este, se realizaron una serie de encuentros entre iuslaboralistas españoles e italianos, que fueron creando un reguero de seminarios y de debates bajo la dirección de Maria Emilia Casas por el lado hispano y Umberto Romagnoli por el italiano. El espacio de discusión y de intercambio doctrinal fue extraordinariamente amplio y permitió el conocimiento mutuo de generaciones de juristas del trabajo que confrontaban su producción teórica entre las respectivas culturas jurídicas, la española construyendo sus líneas maestras a partir de la tardía implantación de un sistema democrático de relaciones laborales, la italiana con el bagaje impresionante de una producción exuberante de diseño original y profundamente democrático. Esta experiencia se ha vuelto a poner en marcha mediante un seminario celebrado los días 27 y 28 de octubre en la isla de La Palma, al que acudieron una treintena de profesoras y profesoras de ambos países. Francisco Trillo, que fue relator general de las jornadas, efectúa para este blog una narración sobre los contenidos de los diálogos allí emprendidos y su importancia.

Seminario de juristas del trabajo de Italia y España en La Palma. Transiciones laborales justas y crecimiento económico sostenible

Francisco Trillo (UCLM)

 

 

Durante los días 27 y 28 de octubre ha tenido lugar en La Palma un Seminario hispano-italiano de Derecho del Trabajo que ha tratado de proyectar contenidos a un título tan interesante como el de Transiciones laborales justas y crecimiento económico. Esta actividad académica, quizá irrelevante para los criterios ANECA en relación con la promoción profesional del personal docente e investigador, ha consentido a un grupo de juristas del trabajo españoles e italianos, más de treinta en total, debatir, como expresa el cartel de la actividad, sobre el presente continuo y futuro del Derecho del Trabajo con la mirada puesta en las estrellas y los pies en la tierra. Cuatro grandes ejes han servido de hilo conductor al debate. En primer lugar, el análisis del polinomio entre desarrollo económico, sostenibilidad social y relaciones de trabajo, a cargo de Antonio Baylos, quien no puedo asistir finalmente al encuentro por hallarse enfermo, y Andrea Lassandari, siendo moderadora Margarita Ramos. El segundo se localizó en la reflexión de las transiciones justas y equitativas en el contexto de la digitalización y la inteligencia artificial, desarrollado por AnnaMaria Donini y Dulce Cairós, moderando la sesión Lorenzo Zoppoli. El tercer bloque aterrizó sobre las nuevas formas de trabajo: combatir la precariedad y la pobreza para dignificar el trabajo, por cuenta de Jaime Cabeza y Federico Martelloni, y moderado por Laura Calafà. En último lugar, Silvia Borelli y Amparo Merino delinearon los principios y derechos fundamentales para un trabajo digno, que contó con Gloria Rojas como moderadora.

La estructura y dinámica del Seminario se ha apoyado además en la labor de dos relatores por mesa de trabajo, así como en la de un relator que realizara una síntesis final. En orden de aparición según el programa: Juan Miguel Díaz/ Giovanni Orlandini; Valeria Nuzzo/ Juan Escribano; Ester Villa/Lucía Dans; Sarai Rodríguez/Simone Varva; Francisco Trillo. La idea de las organizadoras ha sido, entonces, la de que cada mesa contara con relatores que recogiesen las principales conclusiones de cada mesa para hacerlas llegar al relator de las conclusiones finales. 

Las líneas que siguen han de situarse en el ámbito de las conclusiones generales, puesto que resultaría imposible trasladar el conjunto de ponencias y debate en un espacio como el que generosamente nos ofrece Según Antonio Baylos. Habrá que esperar -y desear- a ver si las contribuciones del Seminario se reflejan en la elaboración de algún material académico que sirva para la potenciación de los debates desarrollados en los días que duró el Seminario. Con carácter previo, se anticipa la primera de las conclusiones generales, una de las más interesantes: el sincero agradecimiento mostrado por cada interviniente a las personas que han permitido relanzar este tipo de encuentro entre juristas del trabajo italianos y españoles. Esto es, Antonio Baylos y Andrea Lassandari, como ideólogos del encuentro, y Margarita Ramos, en calidad de anfitriona del acto académico.

Las mesas que han llenado de contenido el Seminario abren un diálogo entre sí, especialmente estrecho entre la primera y tercera mesa, por un lado; por otro, entre la segunda y la cuarta. Esto es, por un lado, entre las reflexiones sobre desarrollo económico, sostenibilidad social y relaciones de trabajo y las nuevas formas de trabajo: combatir la precariedad y la pobreza para dignificar el trabajo. Por otro, hubo reenvíos recíprocos entre las intervenciones dirigidas a analizar las transiciones justas y equitativas en el contexto de la digitalización y la inteligencia artificial y los principios y derechos fundamentales para un trabajo digno.

El primero de los diálogos se sustenta sobre la complejidad de desentrañar las relaciones entre desarrollo económico, sostenibilidad social y relaciones de trabajo, donde obligatoriamente se revisitan cuestiones clásicas, en un contexto modificado, sobre la función y la efectividad de un Derecho del Trabajo multilevel. Todo ello, en un contexto europeo de renacionalización política impuesto por las opciones que basculan entre la derecha extrema y la extrema derecha. Se desprende una cierta insatisfacción del análisis más prolijo sobre la intervención y efectividad de cada uno de los ámbitos territoriales que conforman el Derecho del Trabajo, a la que contribuye la nueva caracterización de la globalización económica del siglo XXI. Es por ello, que nos debemos interrogar sobre la suficiencia de la intervención normativa de la OIT en relación con el trabajo decente y la regulación de las cadenas de valores; de la ONU, a través de los principios guía sobre diligencia debida de las empresas transnacionales; de la Unión Europea en relación con la posibilidad de que se obtenga un texto normativo adecuado de la Propuesta de Directiva sobre debida diligencia; o, en último lugar, sobre la posibilidad de que los Estados tengan una posición más intensa y favorable a la sostenibilidad social, interpretada en un sentido más amplio que el de la debida diligencia, partiendo de la premisa de que los principales obstáculos no se localizan en el ámbito de lo técnico-jurídico, sino en el terreno político. Esta situación, descrita sucintamente, llama la atención sobre la especial relevancia de la acción sindical y la negociación colectiva, si cabe hoy más trascendental que ayer, de cara a intervenir sobre la unilateralidad de los poderes de los sujetos empresariales, cuya entronización sociopolítica, si bien en declive como el propio modelo político neoliberal, todavía genera espacios de excepcionalidad jurídica inéditos en otras ramas de los distintos ordenamientos. Por ello se entiende muy oportuno llamar la atención sobre dos instrumentos de acción sindical como son el boicot a empresas transnacionales que no respeten la sostenibilidad social -siempre que se consiga construir un verdadero interés colectivo supranacional- y la potenciación del derecho de resistencia de las personas trabajadoras ante órdenes e instrucciones empresariales que puedan tener efectos sociolaborales y/o medioambientales perjudiciales.

Sobre estas premisas intervienen dos realidades muy concretas como son el trabajo forzoso o esclavo y la precariedad laboral en relación con la identidad de las personas trabajadoras. Ambas materias presentadas como propuestas de análisis y desarrollo de las nuevas formas de trabajo nos lleva a un espacio de reflexión sobre la necesidad de que los juristas del trabajo, el propio Derecho del Trabajo acepte su identidad mestiza, que bascula entre el reenvío al tratamiento jurídico del trabajo como un derecho humano y el uso de técnicas jurídicas clásicas de combate de la precariedad laboral en sentido amplio, donde la irrupción de la última pandemia evidenció de forma muy nítida las virtudes de este mestizaje. Por un lado, la aplicación del Convenio OIT nº 29, ratificado por España -no así por Italia -  sobre trabajo forzoso nos coloca sobre la situación de esclavitud moderna que se vive en los países más ricos del mundo, cuya principal manifestación es la pobreza como un fenómeno causado por el propio funcionamiento de la empresa privada. Una pobreza que se declina violentamente en femenino y que afecta con mayor énfasis a las personas migrantes, y donde los juristas del trabajo estamos un par de pasos atrás respecto de otras ramas del ordenamiento jurídico, como el Derecho Penal. Por su parte, el análisis de la precariedad laboral, entendida como pérdida de dignidad y, por ello, de igualdad y de libertad, obliga a aceptar este fenómeno como uno de los principales compañeros de viaje del Derecho del Trabajo a partir de la década de los años 80 del siglo pasado, cuya seña de identidad más actual reside en su transversalidad, desbordando así la relación más clásica entre temporalidad y precariedad. Una precariedad laboral multicausal con diferentes formas de manifestación que abarca desde la pobreza laboral, donde el conflicto sobre los criterios de la revisión salarial en negociación colectiva motivan la inminente salida a la calle de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales el 3 de noviembre, la desigualdad laboral motivada principalmente por el seguimiento todavía hoy de la teoría sobre cómo evitar los costes transaccionales en las relaciones laborales o, en última instancia, la desprotección de aspectos como el tiempo de no trabajo y la profesionalidad de las personas trabajadoras. En estos dos temas entrelazados, que persiguen dignificar el trabajo, existe una convergencia fundamental nucleada en torno a la necesidad de la presencia del sujeto sindical y de su acción como condición sine qua non para combatir la precariedad y la pobreza. En el primero de los ámbitos, se trataría más bien de asegurar de forma novedosa la presencia sindical y de la negociación colectiva en aspectos relacionados con el trabajo forzoso o esclavo. En la segunda, revigorizar la acción del sujeto sindical abriendo nuevos espacios de intervención a la negociación colectiva en materias como las comentadas previamente.

El segundo gran diálogo, reto para el Derecho del Trabajo, se conecta con la reconversión del sistema productivo, que se aposenta en el territorio de la economía digital y de la inteligencia artificial, donde cabe llamar la atención sobre la responsabilidad de los juristas del trabajo para no caer en una suerte de banalización pesimista/ determinista del impacto de la capacidad de organización productiva de los sujetos empresariales a través de la digitalización y de la inteligencia artificial. La ordenación de las transiciones justas en el momento actual ha de incorporar todos los instrumentos posibles de salvaguarda de los derechos sociales, haciendo especial hincapié en aquellos que derivan de la protección del medioambiente con la intención de promocionar un proceso de ecologización de la economía que consienta no dejar atrás a nadie en esta nueva reconversión productiva. Y ello, bajo la mirada atenta de aceptar la inescindibilidad de los derechos laborales del espacio empresa, interviniendo con técnicas jurídicas clásicas, pero también bajo la consideración del trabajo como derecho humano, así como a través de actuar las técnicas reservadas a preservar el medioambiente. Los retos que enfrenta la regulación del trabajo subordinado en relación con fenómenos como los modelos de negocio basados en plataformas digitales o la puesta en marcha y desarrollo del trabajo a distancia han de entenderse, con todas sus dificultades, como una oportunidad reconstituyente del Derecho del Trabajo en todos sus ámbitos de intervención que, entre otros, comprende las relaciones entre empleo y condiciones de trabajo, la mayor transparencia de las decisiones empresariales que impactan en éstas, la revigorización de los derechos de información, la búsqueda de la mayor participación de las representaciones de las personas trabajadoras en los lugares de trabajo en relación con la organización de la producción o, por mencionar alguna más, las técnicas procesales que acompañan la prueba en el proceso laboral. Pero también, se hace necesario acudir a técnicas jurídicas pertenecientes a espacios considerados hasta hoy enemigos del Derecho del Trabajo, como destacadamente sucede con aquellos que derivan del derecho de la competencia (leal).                

De este modo, la fijación de los principios y derechos fundamentales del Derecho del Trabajo se han de orientar de forma más intensa que nunca hacia la dignidad de los nadie, pues es con ellos con los existe una mayor capacidad de actuación jurídica y política de cara a crear las bases de un desarrollo sostenible donde se garantice el trabajo digno. Sin embargo, estas aspiraciones contrastan fuertemente con realidades normativas muy actuales como la tutela de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras en los distintos ámbitos de intervención del Derecho del Trabajo, especialmente en el ámbito supranacional europeo, donde se asiste a una caracterización de aquéllos que los presenta como incompatibles con los grandes pilares económicos europeos. De nuevo, existe un punto neurálgico de convergencia en los temas planteados que conducen hacia la necesidad de permitir el pleno desarrollo de los derechos fundamentales, asegurando, contra la más reciente propuesta de directiva europea sobre debida diligencia y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la libertad sindical, así como la eficacia jurídica del convenio colectivo. De ello, depende en última instancia la salvaguarda de la democracia industrial, entendida como democratización del espacio empresa, pero también como uno de los factores más relevantes en el entendimiento y situación de las democracias en el seno de la Unión Europea.       

Expandir las bases y técnicas jurídicas del Derecho del Trabajo podría resumir el debate más reciente de los retos a los que se enfrente nuestro Derecho.

 

 

 


jueves, 27 de octubre de 2022

LA DIRECTIVA SOBRE SALARIOS MÍNIMOS ADECUADOS EN LA UNIÓN EUROPEA

 


Finalmente se ha publicado la Directiva 2022/2041 del Parlamento europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea. El largo camino de su confección ya ha sido exhaustivamente recorrido por un artículo de Eduardo Rojo que es accesible en este enlace Academia.edu Eduardo Rojo y de nuevo en esta última entrada de su blog de culto El blog de Eduardo Rojo . Aquí se subrayarán solamente los aspectos que más interesan en relación con el inminente debate que se va a producir en España sobre la fijación del salario mínimo para el 2023.

La Directiva se mueve entre varios límites: de un lado, los que le fija el compromiso ordoliberal presente en los Tratados de que no es posible armonizar los salarios en todos los países de la Unión, ni tampoco, como recordará el preámbulo de esta Directiva, establecer un mecanismo uniforme para fijar los salarios mínimos; de otro, los que le señalan aquellas culturas jurídicas y sindicales que ven en la negociación colectiva el único instrumento de garantía de un nivel salarial adecuado para las personas que trabajan en sus respectivos países y entienden que deben preservar de cualquier intromisión pública ese laissez faire colectivo. Pero también se enfrenta al enorme diferencial salarial entre los diferentes ordenamientos internos de la UE y la progresiva degradación de la condición laboral de una precariedad cada vez más extendida que se encuentra fuera del ámbito de cobertura de la negociación colectiva. “Si bien una negociación colectiva fuerte, en especial a nivel sectorial o intersectorial, contribuye a garantizar una protección del salario mínimo adecuado, las estructuras tradicionales de negociación colectiva se han ido erosionando durante las últimas décadas debido, entre otras cosas, a los cambios estructurales de la economía hacia sectores menos sindicalizados y a la disminución de la afiliación sindical, en particular como consecuencia de las prácticas antisindicalistas y el aumento de las formas de trabajo precarias y atípicas. Además, la negociación colectiva a nivel sectorial e intersectorial se vio sometida a presión en algunos Estados miembros tras la crisis financiera de 2008”. A estas coordenadas responde la Directiva recién publicada.

Por eso el objetivo de la misma es “fomentar la negociación colectiva sobre la fijación de salarios”, advirtiendo que su aplicación debe respetar plenamente el derecho de negociación colectiva, sin que pueda el poder público pueda obligar a introducir un salario mínimo legal, “cuando la formación de los salarios esté garantizada exclusivamente a través de convenios colectivos” ni obligar a declarar que un convenio colectivo se aplique “universalmente”. Nuestro sistema legal, que está construido sobre la representatividad sindical y el convenio colectivo de eficacia normativa y general del Título III del Estatuto de los Trabajadores, no se ajusta por tanto a este modelo, sin perjuicio se la asunción en el mismo de la función promocional de la negociación colectiva y de la fuerza vinculante de los convenios que garantiza el propio marco normativo y la práctica social de las organizaciones empresariales y de los sindicatos.

La promoción de la negociación colectiva implica reconocer el acceso a la misma tanto de las personas trabajadoras sometidas a una relación laboral “típica” como a todas aquellas que ejercen un trabajo atípico. Por eso el art. 2 de la Directiva establece que ésta se aplicará a los trabajadores de la Unión que tengan un contrato de trabajo o una relación laboral conforme a lo definido en el Derecho, los convenios colectivos o los usos vigentes en cada Estado miembro, “teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, lo que de nuevo sitúa en primer plano la noción de trabajador que éste órgano ha ido progresivamente construyendo. El preámbulo de la disposición se refiere a ello largamente, haciendo un listado de sujetos que deben ser incluidos en el ámbito de la negociación colectiva: “los trabajadores tanto del sector privado como del público, así como los trabajadores domésticos, los trabajadores según demanda, los trabajadores intermitentes, los trabajadores retribuidos mediante vales, los trabajadores de plataformas digitales, los trabajadores en prácticas, los aprendices y otros trabajadores atípicos, así como los falsos autónomos y los trabajadores no declarados, pueden estar incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva”. Quedan fuera de este texto legal los trabajadores que ejerzan realmente una actividad por cuenta propia, y se destaca el adverbio porque “el abuso de la condición de trabajador por cuenta propia conforme lo define el Derecho nacional, ya sea a escala nacional o en situaciones transfronterizas, es una forma de trabajo falsamente declarado que se asocia a menudo con el trabajo no declarado. El falso trabajo por cuenta propia se produce cuando una persona es declarada como trabajador por cuenta propia aun cuando se cumplan las condiciones propias de una relación laboral, con el fin de evitar determinadas obligaciones jurídicas o fiscales”, y estas personas, que son materialmente trabajadoras porque la determinación de la existencia de una relación laboral debe guiarse por los hechos relativos a la actividad que se ejerce realmente, y no por la descripción de la relación que hagan las partes, entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva.

Lo más relevante de este texto se encuentra en lo que constituye su primer objetivo: adecuar los salarios mínimos legales con el objetivo de lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas. Además de ello, y coherentemente con esta prescripción, la directiva se propone mejorar el acceso efectivo de los trabajadores a los derechos a la protección del salario mínimo, cuando así lo establezcan el Derecho nacional o los convenios colectivos. Los salarios mínimos se consideran adecuados si son justos en relación con la distribución salarial en el Estado miembro de que se trate y si proporcionan un nivel de vida digno para los trabajadores sobre la base de una relación laboral a tiempo completo, y para ello se sugiere en el preámbulo de la Directiva “una cesta de bienes y servicios a precios reales establecida a escala nacional puede ser fundamental para determinar el coste de la vida con el objetivo de lograr un nivel de vida digno. Además de las necesidades materiales como la alimentación, la ropa y la vivienda, también podría tenerse en cuenta la necesidad de participar en actividades culturales, educativas y sociales”. Sin embargo, los indicadores internacionales recomendados son los clásicos: “el coeficiente que supone el salario mínimo bruto en relación con el 60 % de la mediana salarial bruta y el coeficiente que supone el salario mínimo bruto en relación con el 50 % del salario medio bruto (…) o el coeficiente que supone el salario mínimo neto en relación con el 50 % o el 60 % del salario medio neto”.

El primer criterio, que proviene de las instrucciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, es el objetivo del Ministerio de Trabajo y Economía social, que había contado en su determinación con un Grupo de Expertos que estimaron como cantidad probable para el 2023 la de 1.050 € en 14 pagas. La inflación debida a la crisis energética y de materias primas causadas por la invasión de Ucrania por la Federación Rusa ha obligado a la ministra Yolanda Diaz a la actualización del cómputo que estos expertos realizaron sobre la base de los salarios de 2018 y la incidencia de otras variables debidas a estas últimas perturbaciones económicas. Un proceso que requerirá de la apertura de una mesa de negociación tripartita, un proceso de participación al que también obliga el art. 7 de la Directiva, al comprometer a los estados miembros a “implicar a los interlocutores sociales en la fijación y actualización de los salarios mínimos legales de una manera oportuna y efectiva que prevea su participación voluntaria en el diálogo a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones”.

Hay que tener en cuenta que el salario mínimo posibilita el acceso a una vida digna que aleja de la pobreza a una amplia capa de personas que son especialmente vulnerables. Son descritos asi por el Preámbulo de la Directiva: “Las mujeres, los trabajadores más jóvenes, los trabajadores migrantes, los progenitores de familias monoparentales, los trabajadores poco cualificados, las personas con discapacidad y, en particular, las personas que sufren múltiples formas de discriminación siguen teniendo una mayor probabilidad de ser trabajadores con salarios mínimos o con salarios bajos que otros colectivos”. Por ello, los salarios mínimos pueden contribuir a reducir la pobreza a escala nacional y a sostener la demanda interna y el poder adquisitivo. Y, en líneas generales, “dada la sobrerrepresentación de las mujeres en empleos poco remunerados, la mejora de la adecuación de los salarios mínimos contribuye a la igualdad de género, ya que reduce la brecha salarial y de pensiones de género y también saca a las mujeres y a sus familias de la pobreza, y contribuye asimismo al crecimiento económico sostenible en la Unión”.

La Directiva resalta la necesidad de una inspección eficiente que controle la aplicación efectiva del salario mínimo y persiga a los empleadores que lo incumplan, crea un banco de datos sobre salarios y cobertura de negociación colectiva y enuncia un derecho de reclamación y de garantía de inmunidad ante cualquier acto de retorsión de estas reclamaciones para proteger a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores, incluidos los afiliados a sindicatos o representantes de estos. En materia de contratación pública, se recoge una amplia cláusula social según la cual los poderes públicos deben garantizar “que, en la adjudicación y ejecución de los contratos públicos o de concesión, los operadores económicos y sus subcontratistas cumplan las obligaciones aplicables sobre salarios, el derecho de sindicación y la negociación colectiva sobre la fijación de salarios, en el ámbito del Derecho social y laboral establecido por el Derecho de la Unión, el Derecho nacional y los convenios colectivos o por disposiciones de Derecho internacional social y laboral, como los Convenios de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, n.o 87 (1948), y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, n.o 98 (1949)”.

En medio de un debate sobre los salarios y la negociación colectiva, que contemplará como primera acción nacional una manifestación o marcha sindical sobre Madrid el próximo 3 de noviembre, es evidente que la fijación del salario mínimo para el 2023 va a ser objeto de una fuerte polémica, alentada por los habituales creadores de opinión y la oposición de derechas empeñada en anunciar una inminente recesión económica acompañada de inflación del que solo son culpables los salarios. Pero entonces es el momento de recordar las juiciosas consideraciones que expone la Directiva sobre la necesidad de alcanzar a la mayor rapidez los valores de referencia comúnmente utilizados a escala europea e internacional.

 

 

 

 

 


martes, 25 de octubre de 2022

EL FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO

 


La exposición al amianto produce cáncer. Una realidad que han padecido trabajadores de diversos sectores y sus familiares, especialmente mujeres, al lavar la ropa de trabajo en casa. Está documentado que entre los años 1994 y 2008 el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943. Según los cálculos menos alarmistas, se piensa que afectará aún a más de 60.000 personas en los próximos años. El amianto es un agente cancerígeno cuyo uso se permitió en nuestro país a través del fibrocemento muchos años después de que hubiera constancia científica de su toxicidad. 

Como recuerda la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto, el asbesto o amianto (a veces erróneamente llamado uralita, nombre por cierto de una conocida empresa de construcción ya desaparecida) es un grupo de seis minerales metamórficos fibrosos que años atrás se usaba, sobre todo, en la construcción. Así, era común encontrarlo en techos, paredes y suelos, pero este material también se utilizaba en los forros de frenos de vehículos, juntas y sellos de calderas y para el aislamiento de tuberías, conductos y electrodomésticos. Hasta que se descubrió su alta toxicidad y su relación con el desarrollo de enfermedades como cáncer de pulmón, mesotelioma maligno de pleura e intestinal, fibrosis y placas pleurales y fibrosis pulmonar. Aunque entre 1984 y 1993 se prohibieron algunas variedades de este material, las más peligrosas, solo en el 2002 se prohibió la fabricación y la comercialización de este mineral.

El problema del amianto es que sus efectos nocivos se manifiestan con posterioridad a la exposición al mismo. Las antiguas exposiciones se manifiestan en forma de estos tumores casi veinte años después. Eso supone que el nexo entre la enfermedad y la causa de la misma se realiza con un amplio plazo de tiempo intermedio, lo que implica que la reclamación de una indemnización debe hacerse a través de la vía judicial y en muchas ocasiones las empresas que utilizaron el amianto han desaparecido o se han transformado a través de fusiones, absorciones, etc. El uso de la vía judicial es largo, unos cuatro años de media, y en muchas ocasiones el logro de la indemnización es azaroso. Entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades. Una amplia gama de colectivos de trabajadores, desde el sector de la Construcción al Metro, o a la Construcción de Ferrocarriles, iniciaron fuertes movilizaciones para obtener un Fondo de Compensación que, siguiendo el ejemplo francés, permitiera obtener indemnizaciones a los afectados y sus familias sin necesidad de acudir a la via judicial, además de otras reivindicaciones como la aplicación de los coeficientes reductores para poder anticipar la edad de jubilación.

El Parlamento Vasco impulsó en el parlamento español una proposición no de ley para la creación de este Fondo de Compensación, y la tramitación del proyecto de ley en las cámaras tuvo algunos sobresaltos. Finalmente, el BOE del 20 de octubre publicó la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fonde de compensación para las víctimas del amianto, que ha encontrado el aplauso tanto de los afectados como de los sindicatos UGT y CCOO. Según la exposición de motivos de la ley, el fondo de compensación conseguirá que aquellas familias o trabajadores y trabajadoras afectadas que tienen vedada la vía judicial, por no tener empresa a la que reclamar la indemnización, vean compensado el daño.

El Fondo de Compensación es un instrumento para la gestión financiera de los recursos económicos que efectúa el INSS. El más importante es la previsión que se haga al respecto en la Ley de Presupuestos, a la que se une las cantidades que se obtengan por subrogación de las personas afectadas por el amianto, o sus causahabientes, en vía judicial, las sanciones aplicadas por la infracción de las normas sobre el amianto, además de las rentas de propio Fondo y cualquiera otra aportación que prevean las leyes.

Son beneficiarios de una reparación íntegra por los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos en ámbito laboral, doméstico o ambiental en España quienes hayan obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto, quienes padecen una enfermedad que no pueda ser reconocida como profesional, pero de la cual se haya determinado o pueda determinarse que su causa principal o coadyuvante haya sido su exposición al amianto, y los causahabientes de los beneficiarios anteriores, “en los términos que se determinen reglamentariamente”. La norma establece en su art. 8 el procedimiento que se debe seguir para la obtención de la indemnización, con los recursos oportunos.  La solicitud deberá ir acompañada de los documentos acreditativos de la enfermedad y lesiones padecidas, así como de que han sido originadas o han podido serlo por la exposición al amianto, incluidos los certificados médicos, informe sanitario del PIVISTEA, así como todos los documentos necesarios para probar la realidad de la exposición al amianto, a lo que se añadirá asimismo la información relativa a las acciones judiciales y extrajudiciales que estén en curso en el momento de la solicitud, así como de las prestaciones o compensaciones reconocidas como consecuencia de su exposición al amianto. En el plazo de tres meses, a contar desde la presentación de la solicitud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social formulará al solicitante una propuesta de resolución, indicando la evaluación establecida sobre la enfermedad padecida, lesiones, causa de las lesiones o del fallecimiento, en su caso, discapacidad que se reconoce y compensación que corresponde. Si el solicitante no está de acuerdo, se resolverá denegando la solicitud, pero la aceptación de la misma implica la procedencia de la compensación en los términos propuestos y el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto se subrogará en todas las acciones y derechos que correspondan a los beneficiarios. Tras seis meses sin propuesta, se aplica el silencio negativo.

Siguiendo una práctica institucional muy arraigada, se crea una Comisión de seguimiento del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto adscrita al INSST como órgano de consulta y asesoramiento en la mejora de la respuesta en la protección de las personas expuestas al amianto y sus familiares.

Es importante señalar que la Ley define este marco regulador, pero no establece la cuantía de las indemnizaciones, lo que se deja para el desarrollo reglamentario, que no puede demorarse más de tres meses a partir de la entrada en vigor de la norma legal, tras los veinte días de vacatio legis que prevé su disposición final. A partir de la publicación de este reglamento, entrará en funcionamiento el Fondo, para lo que habrá de dotarse de los recursos materiales y humanos adecuados.

La ley que crea el Fondo de Compensación es por tanto la primera fase de este proceso de resarcimiento frente a las consecuencias terribles de la exposición al amianto. Queda ahora la dotación prevista en los Presupuestos Generales, y el desarrollo de las condiciones de acceso al mismo que prevea el reglamento de desarrollo de la Ley 21/2022. En este trámite, los sindicatos confederales y los afectados por el amianto adelantan otra reivindicación, la de incluir una enmienda a la Ley de PGE para el año 2023 que incluya las indemnizaciones del Fondo entre las rentas exentas de tributar previstas en el Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tal y como ya sucede en el caso de las víctimas del terrorismo o el VIH. El plazo para que los Grupos Parlamentarios presenten enmiendas al articulado de la Ley de los PGE finaliza el próximo 28 de octubre, por lo que FEDAVICA, UGT y CCOO han solicitado a todos los grupos parlamentarios – hay que resaltar que la ley ha sido votada prácticamente por unanimidad -  la presentación de la enmienda antes de esa fecha y el apoyo para su aprobación en la votación del proyecto de Ley. El tema es importante porque argumentan los sindicatos que las personas afectadas que tuvieran la posibilidad de pleitear contra la empresa responsable del daño no recurrirían en primera instancia al Fondo de compensación y optarían en primer término a la vía judicial, cuyas indemnizaciones sí gozan de la exención tributaria. Y ese previsible hecho reitera la penosa existencia de décadas en recurrir a los tribunales para resarcir a las víctimas del amianto en un trayecto que se prolonga durante años.

En resumen, la Ley supone un paso adelante en la tutela de las personas afectadas por la exposición al amianto, pero requiere una concreción imprescindible tanto en los Presupuestos Generales para el año 2023 como en el desarrollo reglamentario prometido para poder evaluar seriamente el alcance real de sus disposiciones.