HAPPY CONSTITUTION DAY: 6 DE DICIEMBRE 2022

 

En 1997 Bartolomé Clavero, posiblemente el más interesante historiador del constitucionalismo que hemos tenido entre nosotros, dotado de una lucidez envidiable y de una capacidad crítica demoledora, publicó en la editorial Trotta, su obra Happy Constitution, rememorando lo que se decía de la constitución “primogénita y prolífica” de Inglaterra, para proceder a un espléndido ensayo sobre los orígenes de la cultura y del lenguaje constitucional, una obra que luego continuaría diez años después en El orden de los poderes, siempre en la editorial Trotta, en la que examinaría la sagrada trinidad constitucional de los poderes “legislativo, gubernativo y judicial, por este orden”, en donde confrontaba poderes y derechos como un campo conflictivo cuya resolución distaba mucho de ser democrática. La cita del espléndido libro de Clavero, fallecido el 30 de septiembre de este año, permite abrir esta entrada a la celebración del día de la Constitución del año 22 del presente siglo, en el 44º aniversario de la promulgación de la constitución democrática de 1978 en medio de un contexto político cuando menos peculiar.

En efecto, el día de la Constitución se abre con un incumplimiento clamoroso del mandato de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya cuatro años de vacancia sin que el Partido Popular, que tiene la llave de las mayorías necesarias para permitir su adecuación a la nueva composición política lograda en las elecciones generales de noviembre de 2019, haya considerado conveniente la ejecución de este mandato constitucional. Este partido lleva resistiéndose a consumar el acuerdo al que está obligado desde el inicio de la legislatura sobre la base de las motivaciones más disparatadas que sin embargo presenta como si se tratara de cuestiones de estado inobjetables. La razonable decisión legislativa – La Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones -  que llevó a impedir que el CGPJ en funciones pudiera seguir efectuando nombramientos clave de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia llegó tarde y fue considerada a su vez otra causa suficiente para no prestar el consenso requerido de 3/5 de miembros de las dos cámaras legislativas, es decir, la cifra de 210 diputados y de 159 senadores.

El incumplimiento de la Constitución por el Partido Popular, que se define como partido de la oposición y reclama para él la institucionalización de su posición central en el sistema de partidos, es un hecho de enorme gravedad que no está siendo atendido como se debería por parte de los agentes políticos y sociales de este país, y mucho menos por los medios de comunicación, hegemonizados en su mayoría por un respeto reverencial hacia la derecha política cuando no por una entusiasta adhesión a sus postulados más autoritarios. Lo más llamativo del caso es que la negativa a seguir el mandato constitucional se acompaña de generosas proclamas de constitucionalismo entendido por cierto como exclusión de cualquier opción política que no concuerde con las líneas maestras del programa conservador. Una línea excluyente que no afecta a la extrema derecha, considerada en todo su ideario compatible con el orden democrático, y que en las expresiones más reconocidas y publicitadas de la exponente más falsaria de esta ideología, identifica el ser español con el estar situado dentro del pensamiento que defienden los tres partidos de la derecha y la derecha extrema, en un proceso de apropiación plena de símbolos supuestamente generales y unificadores de toda la población, como la bandera y la forma de estado, síntesis final de aquello en lo que se resume la Constitución para este desempeño ideológico y político.

Esta resistencia a ejecutar un mandato constitucional por parte de un sujeto político que paradójicamente se considera central en la composición del sistema democrático, se proyecta además sobre la actuación de los miembros del CGPJ que forman parte de la mayoría actual que se resiste a ser renovada, y que han entendido que no están obligados a obedecer el mandato del legislador en la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según la cual “la propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior”. Plazo máximo que como es bien conocido, ha transcurrido sin que el CGPJ haya cumplido lo que la Ley Orgánica le ordenaba.

De esta manera, el ejercicio de la potestad legislativa del Estado, reconocida en el artículo 66 de nuestra Constitución, no se considera vinculante por el órgano de gobierno del poder judicial, que de esta manera en la práctica vuelve a desatender un principio básico del Estado de derecho, en el que los jueces y magistrados deben aplicar las leyes y ejecutar lo mandado. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, pero para la mayoría del órgano de gobierno de estos empleados públicos, sus principios básicos de funcionamiento y en especial la soberanía legislativa de las Cortes Generales “que representan al pueblo español” (art. 66 CE), pueden ser plenamente eludidos sin ninguna responsabilidad. También esta grave violación del orden constitucional se mantiene en una cierta sordina, esperando simplemente a que corra el tiempo y el CGPJ decida, en razón de las consideraciones que le sean propias y que juzgue oportunas, cumplir la ley a que está institucionalmente obligado y comprometido.

A esta cadena de desplantes al sistema democrático, se une ahora la resistencia de la mayoría del Tribunal constitucional a “recibir” a las dos personas que el gobierno ha nombrado como magistrados de designación directa ante la negativa del CGPJ a acatar lo establecido en la citada Ley Orgánica 8/2022, entendiendo por ello la mayoría de este órgano constitucional que hay que amparar la rebelión que los miembros del Consejo están llevando a cabo desde hace tiempo.

Este panorama desolador que afecta de manera directa a los cimientos del estado de derecho y su configuración institucional no se tendrá seguramente en cuenta en el marco de los discursos oficiales de exaltación del texto constitucional que se pronunciarán en los actos de conmemoración de la Constitución. Sin embargo debería constituir una de las informaciones más relevantes que permitieran a la mayoría de la población entender que la rebelión que lleva a cabo el partido que insiste en autodenominarse la principal fuerza de la oposición que mejor interpreta la Constitución contra este texto legal es un hecho de extrema gravedad que altera de forma sustancial el equilibrio institucional democrático y rechaza la adecuación de los órganos de gobierno a las mayorías que el pueblo soberano ha decidido con su voto, y que la rebelión de los magistrados que conforman la mayoría del CGPJ ante el cumplimiento de la ley supone a su vez el desprecio directo de la fuerza vinculante de la ley que es fruto de la voluntad de la mayoría de los y las ciudadanas que la han conformado con su voto en las elecciones generales. Unos y otros desdeñan la Constitución y las reglas que ésta impone para que sean observadas por todas las personas, por todos los agentes políticos, económicos y sociales, por todos los órganos de la administración de justicia.

Happy Constitution pues, pese a todo. Porque hay otras muchas cuestiones que demuestran una acción política y social que ha buscado la profundización y el desarrollo de los valores y los preceptos constitucionales, sus derechos y libertades fundamentales. Contra una situación económica y política muy complicada, se ha seguido avanzando en la garantía y ampliación de derechos laborales, sociales, de la personalidad. La constitución se desarrolla ahora en un sentido de progreso y de igualdad. Por eso el 6 de diciembre es un buen día para recordar lo que se ha conseguido, dejando por el momento de criticar lo que todavía queda por hacer, centrándose en los logros y los avances, que son muchos y muy valiosos. Ese es el programa constitucional que va desplegando su acción pese a las crisis sucesivas a las que se ha enfrentado.

Pero exijamos que no haya personas ni grupos de poder que se crean inmunes a los mandatos de la Constitución. Y que su actuación sea plenamente conocida, sin maquillajes ni excusas, por la mayoría de la población, pero no sólo. Una declaración institucional de condena por parte de la mayoría del parlamento sería posiblemente un elemento de gran fuerza para aislar y visibilizar estas conductas que conscientemente buscan debilitar la fuerza vinculante de las normas constitucionales.