Comienza
julio, un mes que se desea termine pronto porque es la antesala de las
vacaciones del verano. Académicamente los docentes universitarios llenan sus
días de reuniones de Departamentos, lecturas de tesis y de trabajos fin de
master y fin de grado, de algunas charlas en los cursos de verano y en cumplir
encargos de artículos o capítulos de libro que se han ido deslizando hasta ese momento
preciso, antes del verano. Es el mes del
calor extremo, aunque este año la ola de calor se haya anticipado y extendido a
latitudes desacostumbradas ya desde junio. En nuestro país, también ha subido
la temperatura del debate sobre el gobierno en medio de un cerco judicial y
mediático cuya última elaboración – felizmente todavía no asumida por la sala
segunda del Tribunal Supremo – es la supuesta mutación presidencialista del
sistema democrático que conduciría a prisión al presidente de gobierno por el
delito de traición en aplicación del art. 102 de nuestra Constitución.
Dejando de lado estos sombríos propósitos
de quienes trabajan desde posiciones de poder e influencia para acabar con el
gobierno de coalición progresista antes y al margen de las elecciones generales,
una cuestión que ocupa, con desigual fortuna, los espacios de la información y
comunicación ciudadana, en este blog pretendemos durante este mes pre-vacacional
abordar otras cuestiones que nos parecen desatendidas, pospuestas o incluso borradas
del debate público, y que tienen un indudable relevancia en términos tanto
informativos como propositivos en su dimensión política y social. Desde esta
perspectiva, el tema posiblemente más acuciante sea el del rearme que desde las
elecciones de junio de 2024 ha constituido una línea fundamental de la política
europea, liderada por Alemania. En medio del quebrantamiento del orden
internacional multilateral y la persistencia de la guerra en la frontera este
europea tras la invasión rusa de Ucrania, se produce la emergencia del rearme
como medida de política económica y como línea – guía de la actividad
industrial europea.
Coincidiendo con la tensión producida por la exigencia de
aumentar la aportación de cada país de Europa occidental a la OTAN hasta llegar
al 5% del PIB como condición impuesta por Estados Unidos para seguir
manteniendo su protección militar dentro de la Alianza, la decisión de poner en
práctica una autonomía estratégica militar ante la que se estima la gran
amenaza de los impulsos expansionistas de Rusia, se ha acelerado el impulso
a la inversión e innovación de la industria de defensa que ya había
iniciado el Fondo Europeo de Defensa para el período 2021-2027 y que ahora se
incrementa de forma impresionante. La adopción del programa Rearmar Europa,
luego transformado – a instancias de algún gobierno europeo, como el español - en un título menos agresivo, lo que se conoce
como el instrumento SAFE – Security Action for Europe Regulation – para
el refuerzo de la industria europea de la Defensa cuenta con una dotación de
150 mil millones de euros, a través de préstamos, para apoyar la adquisición
conjunta y el fortalecimiento de la base industrial de defensa europea. A ello
se unen otros instrumentos paralelos con el mismo objetivo. Todo ello inserto
en la discusión sobre un mecanismo europeo de base intergubernamental, por el
que se financiarían compras de armas con el señalado objetivo de defenderse de
la amenaza rusa y la insistencia en el proyecto de marco financiero plurianual
para 2027-2034 en la inversión en defensa a través del Fondo de Competitividad[1].
¿Por qué es urgente este rearme
europeo? ¿para qué se rearma la Unión Europea?. El Reglamento SAFE lo explica
en su primer considerando: “La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus
repercusiones en la seguridad europea y mundial constituyen un reto existencial
para la Unión Europea.”. Un desafío para su propia existencia que justifica por
tanto la creación de un enorme arsenal cuya finalidad inmediata es disuadir a
Rusia de sus afanes expansionistas.
Permítase ahora una pequeña
digresión, producto de la edad provecta del titular del blog. En 1982, en plena
movida madrileña, un grupo de estética punk, Polanski y el ardor, hizo
famoso un tema: “¿Qué harías tu frente a un ataque preventivo de la URSS?”. Frente
a otros motivos de inspiración bien diferentes para otros grupos musicales de
la época, este tema se relacionaba directamente con la llamada crisis de los
euromisiles que en aquellos momentos estaba de máxima actualidad fuera de una
España aun no ingresada en la OTAN y recién salida del golpe de estado y
remitía a la posibilidad de un estallido nuclear limitado a Europa. En medio de
una escalada de la tensión entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, se instalaban
en Alemania en 1983 los misiles balísticos de alcance medio (Pershing II y
Cruise), lo que generaría una impresionante reacción popular en su contra en el
marco de una reivindicación pacifista que exigía el camino del desarme como
única salida a la escalada armamentística de los dos bloques. En toda Europa se
extendió un potente movimiento pacifista ante el riesgo de un conflicto nuclear,
y las movilizaciones contra el
despliegue de misiles nucleares acogieron a cientos de miles de personas.
La reacción más potente tuvo
lugar en Alemania, Dividido el SPD, entonces en el gobierno, en aquellos
momentos fueron los verdes – Die Grüne – quienes protagonizaron la oposición más activa a los
euromisiles, con la figura inolvidable de Petra Kelly dirigiendo el
movimiento, y fue también este partido quien impugnó ante el Tribunal
Constitucional la decisión del gobierno alemán por entender que se había generado
una nueva constitución material que vacía en la práctica las competencias de
las instituciones constitucionales sobre la defensa, la guerra y la paz al
transferirlas, en suma, a las decisiones del Jefe de un Estado extranjero. Se
planteó así, con el asesoramiento del prestigioso profesor U.K. Preuss, un
conflicto constitucional por haber omitido el recabar mediante una Ley del
Bundestag la habilitación constitucionalmente exigida respecto la autorización
para dotar a las fuerzas norteamericanas estacionadas en la República Federal
de misiles con carga nuclear, del tipo Pershing II y Cruise, frente a lo cual
el TC alemán entendería que era un acto de gobierno derivado del acto jurídico internacional
unilateral producido en el marco de la relación de estacionamiento de tropas,
desestimando el recurso. Pese a ello, la movilización social en Alemania fue
inmensa, y el movimiento ecopacifista presionó fuertemente para pedir el desmantelamiento
de los euromisiles. El desarme se lograría con la firma del Tratado de Fuerzas
Nucleares de Alcance Intermedio en 1987, y los misiles se desmantelarían entre
1989 y 1991.
Esta evocación histórica puede tener
alguna virtualidad. Alemania sigue vinculada por su constitución al hecho que
la realización de actos “susceptibles de perturbar la convivencia pacífica de
los pueblos y realizados con esta intención, especialmente la preparación de
una guerra de agresión”, son inconstitucionales y serán reprimidos penalmente.
Pero eso no la impide participar en actos de guerra que inicien o sostengan las
alianzas militares internacionales a las que se ha adherido, es decir, las que
inicie la OTAN, incluido también la utilización de armas nucleares en el seno de
la alianza. El momento actual y la política de rearme supone un salto
cualitativo para el ejército alemán que se puede configurar como el mayor y más
potente de todas las naciones que conforman la UE. Y en un contexto en el que
cada vez de manera más nítida se habla de la posibilidad de una
intervención militar en el este de Europa contra Rusia, extendiendo así la
guerra de Ucrania a toda Europa. Un ataque preventivo, como glosaban Polanski
y el ardor. En esa misma dirección caminan las propuestas de reeditar el
servicio militar que se están discutiendo en Francia y en Alemania.
Urge por tanto volver a pensar
el pacifismo como una seña de identidad de la nueva política de este primer
cuarto de siglo, no solo entendido como actuación militante contra la
ilegalidad de intervenciones militares,
como la que han efectuado Israel y Estados Unidos en Irán y Líbano, o en
relación con el largo y enquistado conflicto de Ucrania, sino como elemento
material de conservación de una existencia social colectiva en la Unión Europea
que no acepta la creación de situaciones de enfrentamiento resueltas
militarmente y que rechazan por consiguiente la guerra en todas sus formas como
manera de solventar posiciones de poder en el tablero económico y político.
Como se está viendo, la decisión
europea de rearmarse no se inscribe en lo que podría denominarse una variante
de keynesianismo militar. Una cuestión muy relevante es la posibilidad de
activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en
relación con el art. 122 TFUE para excepcionar el gasto militar en relación con
las reglas fiscales en el país que se acoja a este instrumento. Sin embargo
esta posible salvaguarda solo durará, según las recomendaciones del Consejo,
cuatro años, a partir de los cuales el Estado miembro deberá reordenar sus
prioridades presupuestarias para garantizar la sostenibilidad fiscal del Pacto.
Es obvio que se debería para ello recurrir al aumento de los impuestos o al
recorte de otras partidas presupuestarias y, dada la experiencia vivida en el
ciclo 2009-2014, éstas suelen ser las relativas al gasto social.
Y este último aspecto es un tema
que ha suscitado la preocupación del sindicalismo europeo. Esta pulsión al rearme en Europa se cuestiona
fuertemente en una resolución adoptada en una reunión extraordinaria del Comité
Ejecutivo de la CES sobre la paz y la seguridad ya en abril de 2025, en la que se amplía la noción
de autonomía estratégica más allá del estricto campo de la defensa militar por
entender que se debe garantizar “la autonomía estratégica y la autosuficiencia
de la UE en todos los ámbitos relacionados con su seguridad, como el digital,
la salud, la alimentación, la ciencia, la energía, el agua, la industria y el
transporte, etc., reforzando los servicios públicos y de emergencia y las
infraestructuras, así como una política industrial sólida, gravemente
perjudicada por las medidas de austeridad antiguas y recientes. Y a
continuación se insiste en la absoluta necesidad de preservar “la financiación
destinada a objetivos sociales”, puesto que su disminución o restricción sería
una decisión “miope” tanto económica como, de manera muy señalada, política.
“El agravamiento de las desigualdades sociales alimentaría aún más a la extrema
derecha, socavando así la seguridad de la UE. La CES se opone a las propuestas
que permiten a los Estados miembros utilizar recursos de los programas de la
política de cohesión social para aumentar el gasto en defensa”. Y, por otra
parte, se insiste en que la “limitada flexibilidad” que se prevé para la
aplicación de cláusulas de excepción nacionales para el gasto en defensa no
garantiza “que no se produzca un trade-off entre el gasto en defensa y
el gasto social, ni asegura el apoyo a todos los países, incluidos aquellos con
un margen fiscal limitado”. Por último, la CES
exige que financiación pública
destinada a la industria de defensa europea se vincule estrictamente a
condiciones sociales y ambientales, asegurando la creación de empleos de
calidad y protegiendo los derechos laborales en estos sectores.
Estos propósitos se han visto reafirmados
en la gran Asamblea y concentración que la CES organizó el 18 de de junio en Madrid
del que apenas la prensa y los medios de comunicación dieron noticia, y en el
que 20.000 personas reclamaron un
"¡Ya basta!" contra la desregulación, el racismo y el rearme, exigiendo
que el gasto público se destine a inversión social en lugar de a la industria
militar. Una movilización que debe ser seguida e impulsada.
Ni los europeos ni los españoles
necesitamos rearmarnos. No queremos participar en guerra alguna. Debemos
insistir en el pacifismo como seña de identidad de un proyecto político de
transformación social. Y el gasto público no puede restringirse si se requiere
satisfacer necesidades sociales imprescindibles, no a construir ingenios
militares cuyo objetivo a fin de cuentas es siempre el de ser utilizados en un
conflicto armado. Estemos atentos para evitar lo que no puede ni debe suceder.
[1]
Reglamento (UE) 2021/697 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de
2021 por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa y por el que se deroga
el Reglamento (UE) 2018/1092, modificado a su vez por el Reglamento (UE)
2025/1914 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2025,
por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2021/1058 y (UE) 2021/1056 en lo
que respecta a medidas específicas para hacer frente a retos estratégicos en el
contexto de la revisión intermedia. Reglamento (UE) 2025/1106 del Consejo, de
27 de mayo de 2025, por el que se crea el instrumento «Acción por la Seguridad
de Europa (SAFE) mediante el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa.
