domingo, 30 de mayo de 2010

SOBRE LA HUELGA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS : ANTE LAS DUDAS SOBRE SU DESARROLLO CONCRETO.







El significado profundamente degradatorio del trabajo y de la profesionalidad de los funcionarios que llevan aparejadas las medidas del Gobierno español hace que la única respuesta posible sea la convocatoria de la huelga de los empleados públicos. Ello da pie a que se planteen algunas reflexiones sobre la respuesta sindical a las mismas.



Debe darse por supuesto, como se ha señalado, que la convocatoria de una huelga de todos los empleados públicos es la respuesta más adecuada. No sólo por un principio de especialidad del conflicto largamente extendido en nuestras prácticas sindicales, sino por la propia adecuación de la medida de presión a la organización de una conciencia “particular” en el sector de los empelados públicos. La huelga construye estructuras de organización y de resistencia, y posibilita la actualización de un proyecto reivindicativo en el sector en el que se desencadena. Por ello la huelga es una oportunidad para el cambio no sólo de las condiciones de trabajo consideradas estrictamente, sino del medio de trabajo y de las reglas que los disciplinan.

Esta “generalidad” de la huelga, que implica a todos los empleados públicos, del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos, y de los entes públicos autónomos, se corresponde pues con el ámbito de la medida lesiva de los derechos de éstos. Pero plantea problemas en torno a la fragmentación de la representación colectiva en el sector público, muy acusada. La huelga del día 8 de junio debe ser un momento de convergencia excepcional, como lo fue la huelga del 14-D, de todos los sujetos colectivos representativos de los empleados públicos, con independencia de su implantación medida electoralmente y de sus muy diversas orientaciones de política sindical. También puede y debe integrar en su dinámica otros conflictos abiertos en curso en alguno de estos sectores, como sucede actualmente con el que se despliega en el sector de Correos. En cierta forma la huelga “generalista” debe servir para la actualización de los programas reivindicativos de cada sector y para expresar la solidaridad horizontal con los conflictos ya abiertos.

Suele haber en este terreno un cierto temor a coincidir con intereses corporativistas, normalmente expresados a través de sindicatos de categoría. Sin embargo, la necesidad de una respuesta contundente y unitaria es evidente, y para ello un esfuerzo aglutinador se requiere. El objetivo del rechazo – la reducción salarial – es muy neto y por tanto favorece una actitud de convergencia y de atracción al conflicto de todos los sindicatos que operan en el sector público. Y ello es también predicable de aquellos sectores de funcionarios que se definen como los “cuerpos separados” de la sociedad. El comunicado reciente de jueces para la Democracia en el que se plantea proponer la adhesión de la organización de magistrados a la huelga – que puede consultarse en este mismo blog, http://baylos.blogspot.com/2010/05/sobre-los-recortes-sociales-comunicado.html - , es muy demostrativo del sentido de “generalidad” que debe tener este conflicto y por tanto el movimiento sindical debería ser receptivo ante estos movimientos no tanto de solidaridad como de convergencia en el rechazo.


Es cierto que hay una real preocupación por el desarrollo del conflicto. La inseguridad se desprende de las intervenciones de creadores de opinión no hostiles al movimiento sindical y de una buena parte de gestores públicos. Tiene que ver con una cierta “derivación” de los sindicatos mayoritarios de clase hacia la defensa de las situaciones relativas al trabajo temporal o a las capas medias – bajas de los empleados públicos, con la pérdida de influencia en los empleados de mayor cualificación y nivel salarial. Aunque este hecho no es una tendencia homogénea, si es cierto que puede enlazarse con otros “tópicos”.


Ante todo con el muy extendido que relaciona a los sindicatos en la función pública con la defensa de posiciones rígidas en la organización del trabajo que no se adecuan con las exigencias de efectividad del trabajo burocrático. En esta misma línea, se mueven otros estereotipos que relacionan al funcionario con una labor burocrática en donde la disciplina en el trabajo es muy relativa y la dedicación a sus tareas es escasa. La propia ideología neoliberal se encarga de transmitir otras imágenes más agresivas del funcionario como una figura inútil y parasitaria sostenida por el dinero público y cuya misión fundamental es interferir negativamente en la iniciativa y creatividad del dinero y de los negocios. La reacción de la opinión pública expresada en algunas encuestas a propósito de las medidas de choque del gobierno evidencia la menor percepción negativa de esta medida respecto de otras claramente rechazadas como la congelación de las pensiones.


Por último la coyuntura política es utilizada de forma atípica. Como la gestión de la crisis por el Gobierno está llevando a una importante merma de las expectativas de voto del PSOE y al avance imparable de un Partido Popular que además se sitúa en la crítica “social” de alguna de las medidas del gobierno, como la de oponerse frontalmente a la congelación de las pensiones, se lanza la especie que los sindicatos al convocar la huelga están hiriendo de muerte al gobierno y facilitando la llegada del PP al poder con mayoría absoluta y por dos décadas sucesivas. La culpabilización política de los sindicatos se acompaña de una admonición: la base social de los mismos, que es la que vota al PSOE de Zapatero, no les perdonará esta actuación insensata y, en consecuencia, perderán doblemente, al facilitar la llegada de la derecha y al sentir el rechazo de sus afiliados y de los trabajadores en general.


Todos estos tópicos deben necesariamente contestarse y rebatirse, pero influyen en la percepción social de la “justicia” de la reivindicación ejercitada a través de la huelga, o si se quiere emplear un término clásico en la historia sindical española, en el carácter “científico” de la huelga que debe hacer que sea una medida de presión irrebatible por los trabajadores y la ciudadanía en general. Es evidente que sólo una respuesta masiva que demuestre el nervio y la potencia – la presencia – del sindicato puede ayudar a las posiciones progresistas del arco político, especialmente a las que se sitúan en el ámbito del gobierno. Cuanto más débil sea la respuesta a la convocatoria sindical, se verificará ante la opinión pública que no hay más salida a la crisis que la que señalan las instituciones reguladoras de los mercados financieros, los grandes capitales y las agencias de calificación. Por el contrario, afirmar una salida progresista a la crisis implica también ligarla con la función que desempeña el sector del trabajo público, los empleados públicos, los servicios sociales y de interés general, el gasto social, en una sociedad que rechaza la desigualdad como fundamento inevitable de funcionamiento. Este es, sin duda, el único camino.

viernes, 28 de mayo de 2010

ANUARIO DE LA FUNDACIÓN 1 DE MAYO: 2010











Se ha presentado, por fin, el Anuario de la Fundación 1 de mayo de CC.OO. Había una cierta expectación por conocer el producto final, que se suponía extremadamente interesante, dada la calidad media de las intervenciones, informes y estudios que pueblan la página de esta Fundación. El resultado ha sido en efecto muy exitoso, y el libro que se ha entregado a lso asistentes al acto, contiene materiales muy útiles y preciados. En la foto, Elvira LLopis y Rodolfo Benito presentan el libro, cuya portada se reproduce también. A continuación se inserta un resumen de los contenidos y la copia del índice.



Este viernes 28 de mayo, en el Centro de Abogados de Atocha de Madrid, Elvira S. LLopis y Rodolfo Benito han presentado el Anuario de la Fundación 1 de mayo del 2010. El Anuario, afirman sus compiladores, “aparece con la vocación de aportar una mirada en perspectiva desde la que se aborda la realidad en múltiples de sus aspectos (social, económico y laboral) y con respecto a aquellos elementos que tienen especial incidencia en las condiciones de vida y de trabajo de la población”, y aspira a ser un referente del pensamiento crítico en materia económica, social y laboral.





A lo largo de 447 páginas y de 30 contribuciones, más un compendio legislativo y judicial en esta materia y el elenco de las publicaciones de la Fundación 1 de mayo, ya muy numerosas, el Anuario analiza puntos decisivos en materia laboral, económica y social que se desenvolvieron a lo largo de 2009, pero siempre dirigiendo su mirada hacia el 2010, es decir, hacia el presente con reflexiones críticas y propositivas para la actuación sindical. Elaborado por el equipo de investigación de la Fundación 1 de mayo, con el apoyo de una importante red de colaboradores externos, fundamentalmente universitarios, el libro se estructura en siete partes, cada una de ellas con varios textos que abordan aspectos complementarios de una visión general y completa de los mismos.


Algunos de estos apartados son inevitables en un anuario que tiene una vocación de construir conocimiento integrado en la acción colectiva de los trabajadores y de sus sindicatos y que pretende tener una cierta permanencia en el tiempo. Así, los apartados dedicados a la economía y sistema productivo, empleo o relaciones laborales y políticas públicas y estado del bienestar. Sin embargo, hay otros que destacan por el sentido que implica su selección y en consecuencia su “puesta en valor” en un anuario sindical, como la igualdad de oportunidades y de trato, contemplada de una forma general, no sólo en el clásico sentido de igualdad de género, sino en los aspectos relativos a la edad, la raza o la discapacidad. Otro extenso apartado se dedica a “las claves” del contexto internacional, donde el anclaje en las problemáticas que se plantean en la Unión Europea son determinantes, y la relación entre la problemática nacional con la europea y la internacional, importantísima. Un último apartado se dedica, y es otra aportación muy original, a la afiliación y representación sindical, que forman parte de la legitimación social del sindicalismo y expresan su implantación real en la sociedad. En fin, un interesante artículo de José Babiano sobre los perfiles de la memoria histórica, cierra este elenco de temas y de intervenciones.



El Anuario constituye, en efecto, una aportación muy relevante al debate político y teórico que se está impulsando en la crisis para repensar el proyecto político reformista en el que el sindicalismo de clase está comprometido, y para depurar elementos de estrategia en la acción colectiva de representación de intereses de los trabajadores. Los coordinadores del mismo prevén su continuidad anual, siempre en torno a mayo. Es una feliz iniciativa.



Los pedidos del Anuario se pueden realizar a la Fundación 1 de Mayo directamente. Aunque es una web amiga, se deletrea aquí su sitio: http://www.1mayo.ccoo.es/



El índice del Anuario se copia a continuación:
INDICE ANUARIO 2010. FUNDACIÓN 1 DE MAYO

Prólogo
Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de la CS de CCOO

Presentación
Rodolfo Benito Valenciano, Presidente de la Fundación 1º de Mayo y Secretario Confederal
de Estudios de la CS de CCOO

Introducción
Indicadores para definir un año. Jesús Cruces, Director del Hispabarómetro y coordinador del servicio de estudios. Fundación 1º de Mayo

2009, el año de la gran recesión
Jorge Aragón, Director de investigaciones. Fundación 1º de Mayo
Javier Fernández, Director del observatorio de políticas sindicales. Fundación 1º de Mayo
Elvira S. Llopis, Vicepresidenta y directora del área de políticas públicas, políticas sociales y estado del bienestar. Fundación 1º de Mayo.

ECONOMÍA Y SISTEMA PRODUCTIVO

2009: un año perdido en la convergencia europea
Bruno Estrada, Director de estudios y del área de economía y sistema productivo. Fundación 1º de Mayo
La crisis, una oportunidad para cambiar
Carlos Berzosa, Catedrático de Economía Aplicada. UCM
Perspectivas de la crisis internacional
Enrique Viaña, Catedrático de Economía Aplicada UCLM
Nuevo modelo productivo. Rehabilitación en clave energética y edificación sostenible
Domingo Jiménez Beltrán, Ex director de la Agencia Europea de Medio Ambiente
Joaquín Nieto, Presidente de Honor de Sustainlabour
Apuntes sobre el comportamiento de la economía sumergida en la crisis
Reyes de Blas
, Coordinadora del Área Sectorial de la Dirección de Estudios del Consejo Económico y Social

EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

2009: el peor año de la crisis desde el punto de vista laboral
Fernando Rocha, Director del área de Empleo y Relaciones Laborales. Fundación 1º de Mayo
Segmentación, dualismo y desigualdades en el mercado laboral español
Albert Recio
, Profesor Titular de Economía Aplicada. UAB
Crisis, reforma laboral, modelo productivo y régimen de empleo
Carlos Prieto, Profesor Titular de Sociología Industrial. UCM
Problemas y retos de la negociación colectiva en un contexto de crisis económica
Ricardo Escudero
, Catedrático de Derecho del Trabajo. UAH
La participación de los trabajadores en la empresa: críticas y riesgos
Arturo Lahera, Profesor Titular de Sociología. UCM
Derecho del Trabajo y crisis económica: por una estrategia de reforzamiento de los derechos de los trabajadores
Antonio Baylos
, Catedrático de Derecho del Trabajo. UCLM

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTADO DEL BIENESTAR

El gasto social: una decisión política
Elvira S. Llopis
, Vicepresidenta y directora del área de políticas públicas, políticas sociales y estado del bienestar. Fundación 1º de Mayo
Democracia y Estado del Bienestar
Joaquín Aparicio, Catedrático de Derecho del Trabajo. UCLM
Cambios del Estado del Bienestar
Antonio Antón, Profesor Honorario de Sociología. UAM
¿Es la descentralización política la responsable de la aparente diversidad de regímenes de bienestar en España?
Joan Subirats, Institut de Govern i Polítiques Públiques. UAB
El empleo público en España
Vicenç Navarro
, Catedrático de Políticas Públicas UPF. Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Marta Tur, Coordinadora del Observatorio Social de España, Universidad Pompeu Fabra
Con la colaboración de:
Miquel Campa, Investigador del Observatorio Social de España, Universidad Pompeu Fabra

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Igualdad de trato y oportunidades y crisis económica
Laura Arroyo, Directora del Centro de Estudios, Investigación e Historia de Mujeres “8 de Marzo”. Fundación 1º de Mayo
Los efectos de la crisis económica sobre las mujeres: empobrecimiento y precariedad laboral
María José Romero, Profesora Titular de Derecho del Trabajo. UCLM
Jóvenes, trabajadores… ¿y ciudadanos?
Francisco J. Trillo, Profesor Contratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. UCLM
El racismo institucional en España
Ubaldo Martínez Veiga, Catedrático de Antropología Social y Cultural. UNED
Discriminación por discapacidad en el ámbito del empleo y la ocupación
José Fernando Lousada, Magistrado especialista del orden social. TSJ de Galicia

LAS CLAVES DEL CONTEXTO INTERNACIONAL

El año en que pareció que todo podía cambiar, crisis mundial y paradojas europeas
Ramón Baeza, Director del Observatorio sindicalismo internacional. Fundación 1º de Mayo
La estrategia UE 2020 y la producción ideológica de la realidad
Javier Velasco, Economista. Director de la Oficina de representación de Asturias en Bruselas. Miembro suplente del Comité de las Regiones de la UE
Europa-América Latina: ¿solidaridad o alianza?
Juan Moreno, Consejero de la Confederación Europea de Sindicatos y del Comité Europeo y Social Europeo

AFILIACIÓN Y REPRESENTACIÓN SINDICAL

Afiliación y representación sindical en España: expansión y límites
Pere J. Beneyto, Profesor Titular de Sociología. UV. Director del Observatorio Confederal de la Afiliación y la Represtación Sindical. Fundación 1º de Mayo
Una caracterización del sistema sindical español
Manuel Carlos Palomeque
, Catedrático de Derecho del Trabajo. USAL
La participación sindical
Ramón Alós, Profesor Titular de Sociología. UAB
Pere Jódar, Profesor Titular de CC Políticas. UPF

HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO

El poeta desaparecido, el juez depurado y el obrero invisible (tres perfiles de la llamada memoria histórica)
José Babiano, Director del área de Historia, Biblioteca y Archivos. Fundación 1º de Mayo

Anexo 1
Compendio legislativo
Francisco Gualda, Gabinete Jurídico. Fudación 1º de Mayo

Anexo 2
Publicaciones de la Fundación 1º de Mayo durante 2009
Juan Vargas, Director de Publicaciones. Fundación 1º de Mayo




jueves, 27 de mayo de 2010

CUARENTA AÑOS DEL STATUTO DEI LAVORATORI ITALIANO






El 20 de mayo de 1970 se promulgó el Estatuto de los trabajadores (Statuto dei lavoratori) en Italia. Es posiblemente la ley más emblemática de toda Europa en la definición de la democracia y la presencia sindical en la empresa. Símbolo por excelencia de la legislación promocional de la acción sindical y de un proceso de transformación social a partir de los límites del ejercicio del poder privado ejercido en los lugares de trabajo, su fama trascendió las fronteras italianas y tuvo un eco enorme en las propuestas del sindicalismo del sur. Nuestra Constitución incorpora el término casi como una fórmula mágica – a instancias del entonces diputado comunista, Marcelino Camacho – aunque su significado fuera muy diferente al que incorporaba la ley en la que se inspiraba. Nuestro Estatuto de los Trabajadores fue simplemente una ley que regulaba la relación individual de trabajo, los derechos de representación en la empresa y el modelo legal de la negociación colectiva. Del Statuto italiano nacía el respeto de los derechos del ciudadano en la empresa, el derecho al reconocimiento del sindicato y la acción sindical en los lugares de trabajo, la tutela judicial frente a la actividad antisindical y la más reconocida de sus aportaciones, la llamada tutela real frente al despido ilegítimo, es decir, la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo como respuesta a un despido declarado improcedente por el magistrado. Además preparó en sus disposiciones otros terrenos que se continuarían en la década inmediatamente posterior, como la plena contractualización de la relación de los empleados públicos, y la plena vigencia de la negociación colectiva como fuente reguladora de esta relación de trabajo.

Es evidente que la fuerza propositiva del modelo social que refleja el Estatuto italiano ha generado mucha hostilidad por parte de lo que hoy llamaríamos planteamientos neoliberales de una democracia de mercado. Especialmente su precepto más simbólico, la reintegración forzosa en el puesto de trabajo del despedido sin causa suficiente. Pero cuando a comienzos de este milenio el primer gobierno Berlusconi quiso reformarlo, se convocó – en solitario – por la CGIL una manifestación que movilizó en Roma a más de tres millones de personas, y el referéndum derogatorio de la norma fue rechazado por abrumadoras mayorías. Es decir, se ha integrado en una cierta cultura política de las relaciones laborales que resiste los cambios políticos y los avatares económicos negativos. No está de más señalar que tanto la OCDE como el FMI entienden que este precepto va directamente contra las leyes de la eficiencia del mercado y la cláusula de libre empresa. Claro que la economía italiana no parece que se resienta demasiado por ello.

El cumpleaños del Estatuto italiano ha sido festejado a lo grande por los juristas del trabajo. La revista Lavoro e Diritto, dirigida por Umberto Romagnoli, le ha dedicado el último fascículo, bajo el sugerente título “Buenos días, Estatuto”, y en donde la gran mayoría de los iuslaboralistas italianos de relieve escriben sobre este cumpleaños desde perspectivas diferentes, pero todas ellas de una enorme densidad analítica y reflexiva. “Los itinerarios que recorren los artículos de esta revista son diversos, pero no divergentes, por la razón de que su base de partida es común. Consiste en la certeza que la historicidad del derecho, incluido el del trabajo, excluye su desaparición en la medida en que garantiza su metamorfosis”, se lee en la presentación del fascículo en la indudable prosa de Romagnoli. En un seminario de participación muy concurrida se ha celebrado en Bologna la presentación de estos textos, bajo el título: “Buenos días, Estatuto. Trabajo, empresa y sindicato cuarenta años después”. El índice del volumen se copia a continuación.

En España, este cumpleaños es especialmente interesante, por lo que implica de preservación de un tipo de construcción jurídica y política que hace emerger un proyecto político de emancipación social en el que la centralidad de los trabajadores y del sindicato como sujeto colectivo es decisivo. También por los temas que le recorren, desde la hegemonía de la organización colectiva como momento de transformación en proceso del poder en la empresa, hasta los temas concretos de la readmisión forzosa como instrumento de limitación de la violencia del poder privado ejercitado a través del despido, o, un poco más adelante, por la importancia del modelo contractual en el empleo público. Temas estos dos que hoy están en el meollo del debate sobre la crisis y las medidas laborales frente a las mismas.

Las lecciones de este cumpleaños son muchas para la situación que vivimos. Fijar el centro de gravedad en la acción del sujeto sindical como “representante general” de los trabajadores y como interlocutor en la empresa, en el sector, y en el mercado de trabajo, es la primera de ellas. La imposibilidad de sustituir la negociación colectiva como método de regulación de las condiciones de trabajo y de administración de las relaciones laborales, la segunda. Y, lo que es de extrema actualidad hoy, la extensión de la contractualización a la generalidad del empleo público y el compromiso de las administraciones y del poder público en respetar y reforzar la fuerza obligatoria de los convenios colectivos en este sector.
Hay quien quiere darle las buenas noches a esta ley emblemática, deseando que duerma definitivamente. No es esta la realidad. El Estatuto de los trabajadores, en efecto, tiene cuarenta años, pero los lleva bien. Buenos días, pues, Estatuto, en estos tiempos de crisis que descarga su violencia con la marginación de los más débiles y la degradación de las garantías ciudadanas de la gran mayoría de los trabajadores y empleados públicos.



Lavoro e diritto
Indice del numero: 1, inverno 2010






Il tema
Buon giorno, Statuto pp. 3-4

Ridare senso al diritto del lavoro. Lo Statuto oggi
Luigi Mariucci pp. 5-18

Quarant'anni e li dimostra tutti
Maria Vittoria Ballestrero pp. 19-30

Le molte eredità dello Statuto dei lavoratori
Oronzo Mazzotta pp. 31-38

Tornare allo Statuto
Umberto Romagnoli pp. 39-48

Che cosa è oggi lo Statuto dei lavoratori?
Lorenzo Gaeta pp. 49-58

Le rughe dello Statuto e le maschere del futuro
Lorenzo Zoppoli pp. 59-74

Lo Statuto dei lavoratori, tra amarcord e prospettive del futuro
Franco Liso pp. 75-84

Lo Statuto dei lavoratori è morto: "viva lo Statuto"
Bruno Caruso pp. 85-100



Il caso
Lo Statuto dei lavoratori e il pubblico impiego
Mario Rusciano pp. 101-122



Il tema
Lo Statuto dei lavoratori ha quarant'anni, ben portati
Mario Napoli pp. 123-138




miércoles, 26 de mayo de 2010

LA REDUCCION SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS: DEPRECIACIÓN DEL VALOR DEL TRABAJO DEL EMPLEADO PÚBLICO



Las reflexiones sobre la reducción de salarios que ha llevado a efecto el Decreto-Ley del gobierno español publicado ayer lunes 24 de mayo en el BOE, se continuan en este nuevo "post" del blog. La Fundación 1 de mayo ha publicado como informe el conjunto de las mismas en la página de la misma: http://www.1mayo.ccoo.es/ . (En la foto, un empleado público de la Universidad, verificando la nómina de junio y la reducción de mas de trescientos euros mensuales en la misma)




Otro aspecto de la reducción de salarios a los empleados públicos que suministra elementos de perplejidad tiene menos que ver con el ordenamiento jurídico, y mucho más con la materialidad del valor del trabajo prestado y su correlato en la tutela sindical del mismo.

La reducción del salario de los funcionarios se hace depender de su condición de trabajadores estables. Lo que quiere decir que la estabilidad en el puesto de trabajo se considera un elemento que refuerza la seguridad de la prestación laboral de manera desproporcionada en relación con el estatus que gozan el resto de los trabajadores, por lo que es razonable que esta “sobreprotección” sea reconocida y reducida. La remuneración de los funcionarios puede reducirse porque su relación de prestación de servicios es permanente, segura y estable. En esa primera visión del problema el funcionariado aparece aislado y diferenciado de los trabajadores con contrato indefinido sometidos a la legislación laboral, que gozan también de estabilidad en el empleo. Sin embargo se entiende que esta “permanencia” en el trabajo es diferente puesto que en el régimen contractual laboral las facultades del empresario de destruir puestos de trabajo a través de las distintas fórmulas del despido, contextualizan de forma muy clara la estabilidad en el empleo de los trabajadores por cuenta ajena, al menos en el sector privado. La estabilidad es pues el problema, no la solución. La importancia de la temporalidad en los trabajos de las administraciones públicas, la interinidad como situación dilatada, la externalización de servicios y la privatización de grandes servicios de interés general, funcionan también como elementos de culpabilización de la estabilidad laboral del funcionario. Toda culpa requiere una expiación a través del castigo. Se justifica por consiguiente el castigo adecuado a la culpabilidad del funcionario: remunerar menos su trabajo porque es permanente y seguro. Es un argumento sin viceversa, porque no se remunera más el trabajo de los trabajadores precarios o temporales en razón de su volatilidad, flexibilidad o inestabilidad. Funciona sobre una premisa equivocada en una dirección errónea.

La reducción de salario de los funcionarios públicos se presenta como un “sacrificio”. Sin embargo no es correcto calificarlo de esta manera. Se puede hablar de sacrificio en términos de contención salarial o de congelación de rentas del trabajo sobre la base de pérdida de poder adquisitivo con el valor monetario asignado como contraprestación salarial al trabajo prestado. La contención salarial pactada en el Acuerdo colectivo de septiembre de 2009 afirmaba este principio de contención, eso sí, con revisión a los tres años en función del desarrollo de la situación económica del país. Pero no es este el caso. El Gobierno no ha previsto una congelación salarial para los funcionarios, como si hizo en su momento el Partido Popular al llegar al poder político. Lo que ha realizado es un recorte salarial en torno al 5% global de los sueldos de los funcionarios públicos. Las primeras versiones hablaban de un recorte que se pretendía distribuir de forma inversamente proporcional al salario de los funcionarios, entre un 2,5%, un 7% o un 10,5% en razón de la cualificación (sueldo base y nivel) de éstos. Las últimas noticias hablan de unas pérdidas más reducidas entre 0,56% y 7%, con un decrecimiento medio para los altos cargos entre el 8 y el 10 % y los miembros del gobierno un 15. Es evidente que eso no es un “sacrificio”, y tampoco merece ser definido como una “medida valiente”. Es el síntoma de algo más preocupante.

El salario expresa en términos convencionales el valor del trabajo. Es cierto que no todo el valor realizado, pero si el que concierne a la productividad media de la rama de producción y que se materializa en un cierto valor social de la profesión o del trabajo materialmente prestado por determinadas personas en una jerarquía salarial que es también social. La reducción del salario de un trabajador implica por consiguiente un juicio negativo sobre el valor de su trabajo que pierde prestigio social y reduce su posición en la jerarquía salarial.

La decisión del gobierno español implica una opción de fondo sobre la definición del valor del trabajo de los empleados a su servicio. Y ésta señala que vale mucho menos el trabajo del funcionario público más cualificado. Los niveles 26 a 30 en la Administración pública se configuran como los apropiados para una reducción que en principio se fijaba en el 10,5% y ahora en el 7% sobre su valor anterior. Lo que señala la medida del Gobierno sobre el recorte salarial es que el trabajo del funcionario público medio o muy cualificado estaba sobre valorado salarialmente y que en consecuencia debe reducirse su valor de cambio. Su remuneración hasta ahora se situaba por encima del valor social que debería asignárseles. Los neoliberales hablan de sobredimensionamiento del aparato estatal, interpretado normalmente en términos cuantitativos como exigencia de “adelgazamiento” de las estructuras públicas, privatización de servicios y reducción del personal al servicio del Estado, pero en este caso la indicación se refiere también al aspecto cualitativo, entendiendo por sobredimensionamiento el nivel salarial de los empelados públicos, por encima del valor social que sus retribuciones expresan.
Este efecto de desvalorización del trabajo público no sólo hay que ponerlo en relación con las remuneraciones que en el sector privado perciben los trabajadores con cualificación o responsabilidad semejante, sino con la propia materialidad de un trabajo en los servicios públicos que dan sentido al Estado democrático que se considera sobrepagado y por tanto sobrevalorado respecto del prestigio social que merece y al valor que la sociedad está dispuesta a asignarle. La consecuencia es la depreciación del trabajo y de la profesionalidad del funcionario una profesionalidad devaluada en términos de aceptación y de utilidad social.

El significado de esta decisión política es desoladora. Sectores enteros de servicios públicos básicos en la desmercantilización de las necesidades sociales, como la sanidad o la enseñanza, o en el apuntalamiento de los elementos del Estado social y de la protección social, como la administración tributaria, la seguridad Social o la administración laboral, se consideran sectores donde sus trabajadores están sobreprotegidos. Un sarcasmo si se piensa en el personal sanitario, que está sosteniendo la presión social hacia una asistencia sanitaria en donde la privatización y la carencia de medios hacen de su trabajo un elemento básico para la realización del derecho a la vida y a la integridad personal de millones de ciudadanos. O en los profesores de enseñanza media, que mantienen junto a las funciones clásicas de transmisión de conocimientos, elementos de integración y de socialización muy relevantes. O, en la Universidad, en donde se está implantando una reforma del sistema educativo sobre la base de la homogeneización de las enseñanzas en un espacio educativo europeo común que ha requerido un esfuerzo adicional muy relevante por parte de todo el personal que todavía está dando sus frutos. O en los investigadores que impulsan una renovación de la sociedad justamente llamada del conocimiento y que se encuadran con fuerza en la ecuación I+D+I. O en los empleados de la administración tributaria que a pesar de tantas dificultades consiguen generar recursos importantes para la realización de los servicios de interés general. O los funcionarios de la Administración laboral y de la Seguridad Social, que vertebran aspectos esenciales del estado social. O, en fin, tantos y tantos otros funcionarios de todos los sectores de la actividad administrativa y de servicios que soportan con su acción la realidad del Estado y la posibilidad de derechos de ciudadanía social y política. Trabajo hoy depreciado, considerado de menor valor que el que tenía reconocido. Todo un mensaje sobre lo que el poder político piensa del trabajo prestado por el interés general de todos los ciudadanos. No tiene valor.

lunes, 24 de mayo de 2010

SOBRE LA REDUCCIÓN DE SALARIOS A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.






Las previsiones de reducción salarial para los empleados públicos plantean ciertos interrogantes de interés jurídico y político, más allá del juicio de valor extremadamente negativo que lógicamente subyace ante esta medida adoptada unilateralmente por el gobierno. La movilización se prepara para el 8 de junio. (En la foto, dos conjurados - empleado público y pensionista, por mas señas - intercambian puntos de vista sobre la huelga del dia 8 de junio que se prevé absoluta entre los empleados del Concejo de Parapanda).





El primer interrogante es el referido a la capacidad que tiene el poder público de desligarse unilateralmente de los compromisos adoptados conforme a procedimientos legales vigentes y legítimos. En el caso presente, se reconoce en el EBEP el derecho de negociación colectiva de los empleados públicos, su garantía legal si se cumplen los requisitos que marca la norma, y, en desarrollo de este marco normativo el Gobierno firmó en septiembre de 2009 el Acuerdo con los sindicatos de tres años de vigencia que establecía un tipo de incremento salarial moderado con la revisión de esta cláusula a partir del tercer año.

Este Acuerdo ha sido abruptamente incumplido por la decisión unilateral del poder público sin que parezca existir un hecho formalmente determinante de esta vulneración de lo acordado salvo la previsión de un mejor comportamiento de los mercados financieros ante la decisión de rebajar el salario de los funcionarios públicos españoles en un montante global del 5%. Decisión que por tanto no puede realmente basarse en un acto jurídico vinculante para el Gobierno español desde el derecho internacional ni europeo que obligaran a una modificación del ordenamiento jurídico español, sino en una mera predicción ante el comportamiento del mercado y de la calificación de la deuda por parte de las agencias de calificación, es decir como un acto extrajurídico de predicción del movimiento de los mercados de compra y venta de deuda pública. No es posible en consecuencia aplicar al acto del gobierno de inaplicación de lo acordado en un Acuerdo Colectivo válido y eficaz, ni siquiera la doctrina extremadamente restrictiva del Tribunal Supremo sobre los topes de incremento salarial pactados en la Ley de Presupuestos como límite legal de la negociación colectiva, puesto que los acuerdos pactados conforme a las previsiones del EBEP respetaban plenamente esta prescripción presupuestaria.

No puede por tanto hablarse de un “factum principis” que determine conforme a moldes jurídicos el acto del gobierno de apartarse de la legalidad vigente en el ordenamiento jurídico español. Se trata de un acto que incurre en una “vía de hecho” en su origen por su carácter plenamente arbitrario y discrecional. Vulnera por consiguiente el deber de los poderes públicos de sujeción al ordenamiento jurídico. La utilización de un Decreto-ley y la alegación de la “urgencia” están por consiguiente viciadas por esa apreciación básica: no puede una norma de excepción validar la vulneración de la legalidad vigente y de los procedimientos legalmente establecidos para la determinación de las condiciones de trabajo y de empleo de los funcionarios públicos. Por otra parte, mediante la vulneración de un acuerdo colectivo se lesiona indirectamente las facultades de acción sindical y se incurre por tanto en vulneración del art. 28.1 CE, como ha reconocido desde hace mucho tiempo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La vigencia del principio de conservación de lo negociado se corresponde en materia de negociación colectiva de la función pública, con el principio de normatividad de los contenidos acordados conforme al procedimiento fijado en la ley. Si por cualquier cuestión, la predicción gubernamental de inaplicación de estos contenidos como expresión de una política económica que varía y modifica el cuadro institucional quiere ser realizada por el poder público, la vía para ello es la de alegar el principio “rebús sic stantibus” y mantener que se ha producido un cambio radical y decisivo en el panorama base del intercambio negocial pactado que requiere una alteración en sus términos principales. Esta vía excepcional de alteración de lo pactado implica una denuncia ante tempus del convenio y la apertura de un proceso de negociación nuevo, pero nunca puede sustituirse el proceso de negociación que está en la base de un sistema de regulación de las condiciones de trabajo y de empleo de los funcionarios públicos garantizado por al Constitución, reconocido en convenios internacionales y desarrollado en el EBEP, y que conecta directamente, como se ha dicho, con el derecho de libertad sindical.

sábado, 22 de mayo de 2010

UN SEMINARIO EN NANTERRE (PARIS) SOBRE LA CRECIENTE IMPORTANCIA DEL VOTO EN LAS RELACIONES PROFESIONALES





Con ocasión de la ley francesa de 2008 que introduce nuevas reglas en materia de representatividad sindical y de legitimación para la negociación colectiva (sobre la que se puede consultar en este blog http://baylos.blogspot.com/2009/08/uso-del-comparatismo-y-ordenamiento.html ) el Instituto de Investigación Jurídica sobre la Empresa y las Relaciones Profesionales (IREP) y el Master de Derecho Social de la Facultad de derecho de la Universidad de Nanterre, con el apoyo de la Asociación Francesa de derecho del trabajo y de la seguridad social, han organizado un seminario en el que se quería analizar el cambio de tendencia presente en Francia y las perspectivas comparadas sobre este particular. El seminario ha tenido lugar en la tarde del 21 de mayo en dicha Universidad parisina, con numeroso público tanto estudiantil como de abogados y asesores de la Cour de cassation francesa, y, desde luego, investigadores, contratados y profesores permanentes del área de derecho laboral de la universidad, como se puede comprobar en la foto. La relación entre la creciente presencia del mecanismo electoral en las relaciones laborales y la consolidación de la democracia social era el sesgo elegido por los organizadores, puesto que este es el título de la norma sobre la que gira la nueva regulación de la representatividad sindical.


La sesión ha comenzado con una densa intervención de Georges Borenfreund, en la que ha ido planteando importantes objeciones y suscitando ciertas cuestiones técnicas y políticas “a partir de” la ley de “renovación” de la democracia social, y relacionando este tipo de regulaciones con formas de renovación de la democracia representativa, a la vez que se considera como elemento de esperanza para la acción sindical, en el sentido que implican un elemento reforzado de democracia de la misma. A continuación, el coordinador de la Jornada, Olivier Leclerc, ha esbozado el interés de un tratamiento comparatista de la cuestión y ha presentado un catálogo amplio de los temas implicados en el objeto de reflexión.

Las intervenciones provenientes de los sistemas nacionales no franceses eran tres. La primera, de Antonio Baylos, sobre el lugar del mecanismo electoral en las relaciones de trabajo, ha discurrido explicando los problemas planteados en nuestro país sobre la noción de representación y su complemento inmediato, la representatividad sindical construida sobre la audiencia electoral. Las consecuencias sobre el sistema sindical en su conjunto, la representación de los intereses colectivos de los trabajadores y la negociación colectiva, han sido los temas que se han abordado con más detenimiento. La segunda, de Catherine Barnard, del Trinity College de Cambridge (UK) ha mostrado la utilización antisindical del mecanismo electoral a través de las extensas reglas sobre el aviso previo de la huelga y la utilización del referéndum en los lugares de trabajo como condición de validez de la misma, que ha producido consecuencias devastadoras, principalmente en la doctrina judicial que interpreta estas normas, si bien el voto también se ha utilizado en Gran Bretaña para instalar al sindicato como representante de los trabajadores y con la finalidad de que el empresario no pueda negarse a reconocer al sindicato y negociar con él, aunque este sistema es largo, premioso y poco eficaz. Por último, Gisella di Simone, de la Universidad de Génova, ha señalado el sistema italiano como un ordenamiento sindical esencialmente autónomo y voluntario en donde la acción colectiva genera espacios formalmente fuera del radio de acción del legislador, como pasa con la negativa a desarrollar la fórmula constitucional de convenios colectivos “erga omnes” , o la formación de las representaciones sindicales de empresa, que son elementos que quedan en la órbita de lo sindical-asociativo, en la esfera del sindicato y por tanto en la de la “extra normatividad”. El voto puede ser “elegido” como método sindical de acción, pero en algunas (contadas) ocasiones ha sido impuesto como fórmula de representatividad sindical en el sector público, pero incluso en estos supuestos siempre “contrapesado” con el criterio de la afiliación al sindicato.


Tras una animada discusión en la sala, se dio paso a una segunda parte, en la que Jean Marc Béraud, de la Corte de Casación, planteó la relación entre la ley francesa y las normas internacionales y europeas en esta materia. Tras otro rato de coloquio, Antoine Lyon-Caen, catedrático también en la universidad de Nanterre, realizó unas conclusiones finales.


Los trabajos realizados en el seminario pretenden ser recogidos por escrito y dar lugar a una monografía sobre el particular.

jueves, 20 de mayo de 2010

PROBABILIDAD Y POSIBILIDAD DE LA REFORMA LABORAL

El periódico color salmón Cinco Días ha solicitado al tenedor de este blog un artículo sobre las posibilidades de la reforma laboral en 700 palabras. Consultados expertos en el rumbo que están tomando, ya en su recta final, las negociaciones - la foto da cuenta de una de estas reuniones de consulta - el texto de este artículo o tribuna libre se publica aquí en anticipo, en competencia desleal involuntaria con el influyente medio de comunicación referido.




Convengamos en que el empeño es difícil. Negociar reformas laborales a través del diálogo social tripartito ha sido una tradición casi ininterrumpida en nuestro país, pero en este momento nos enfrentamos a una situación de crisis económica global extremadamente grave que afecta especialmente a las zonas económicas más desarrolladas, Estados Unidos y Europa. Tras un intento frustrado de lograr el pacto en el verano de 2009, éste se frustró por los motivos de todos conocidos. La situación se recompuso posteriormente, y el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva entre CCOO y UGT y CEOE-CEPYME de febrero de 2002, era una buena señal. Mostraba que pese a las dificultades de todo tipo, era posible encontrar terrenos de encuentro entre los actores sociales de amplio alcance, nada menos que un pacto de contención salarial en todo el ámbito de la industria, la construcción y los servicios.

Sin embargo, el panorama estaba cambiando a comienzos del 2010. La crisis griega ponía sobre el tapete una desconfianza de los mercados ante las políticas económicas de algunos gobiernos, entre ellos el español. La reducción del salario global de los trabajadores europeos, la libertad de despido y la reducción del gasto social fueron los objetivos explícitamente declarados por los decididores de las instituciones reguladoras de los mercados, las agencias de “rating”, las sedes del pensamiento económico neoliberal. En ese contexto, las turbulencias sobre la negociación de las reformas de la legislación laboral eran muy intensas, y se han intensificado a raíz del Plan de Ajuste del gobierno.

La situación es muy complicada, y el diagnóstico indica un pronóstico reservado. Pero pese a todo, los agentes sociales y el propio poder público continúan considerando la probabilidad de un acuerdo. Con grandes limitaciones, porque hay contenidos posibles de la reforma que alguna de las partes sabe que no puede asumir. El equilibrio sólo puede lograrse sobre la aceptación de un conjunto común de materias cuya regulación pueda tener un efecto real de estabilización del empleo y que posibilite un mejor funcionamiento no tanto del mercado laboral como del gobierno del trabajo y del empleo en la producción de bienes y servicios.

En ese sentido, hay puntos en donde la convergencia es posible, al margen de los matices de la regulación. La intervención sobre los mecanismos de intermediación en el mercado de trabajo y la apertura a la iniciativa privada, reivindicación patronal asumida por el gobierno, podría ser uno de estos. Seguramente hay aspectos importantes de la flexibilidad interna en las relaciones laborales en que los sindicatos están interesados junto a los empresarios si la flexibilidad es contratada en la empresa o en el sector. La reformulación parcial de las formas contractuales estables de fomento del empleo entraría también en ese conjunto de coincidencias posibles. La utilización de técnicas de amortiguamiento social a través de la suspensión contractual y de la reducción del tiempo de trabajo insertas en un procedimiento de regulación de empleo, o el redimensionamiento de la función del Fondo de Garantía Salarial en la reducción de las indemnizaciones de despido por causas económicas son ciertamente materias en las que puede encontrarse un punto de equilibrio.

Sin embargo, hay otros aspectos en los que prima el desencuentro y por tanto el condicionamiento del pacto a la inclusión de alguno de ellos podría llevar al fracaso de la negociación. Sucede, por parte empresarial, con la reducción de las cotizaciones sociales y, desde luego, con la “figura estrella” de este proceso, el llamado contrato único, que plantea problemas de constitucionalidad y de desarrollo legal. Los trabajadores saben que las medidas de promoción real del empleo de mujeres y jóvenes, de progresiva reunificación de la segregación ocupacional y de eliminación de alguna de las facilidades para despedir, no pueden prosperar. Y el aumento de cantidades presupuestarias para la cobertura económica de situaciones de desempleo prolongado está descartado en un panorama general de cercenamiento del gasto social.

Hay por tanto posibilidades para un lugar de encuentro en las reformas pactadas. Las probabilidades que brinda el contexto en el que se desarrolla no son muchas, pero lo importante es que hay condiciones para que el acuerdo pueda, finalmente, abrirse camino.

miércoles, 19 de mayo de 2010

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA INSIGHT (MAYO 2010)

Los seguidores del presente blog ya conocen bien la revista digital Insight que dirige Antonio Lettieri y que pretende suministrar materiales y reflexiones críticas sobre los procesos econ´micos y políticos que se viene desarrollando en los países desarrollados. La frecuencia de la revista es mensual y está creando un auténtico almacén de textos y de intervenciones de enorme interés. La Revista es cuatrilingue y se expresa en italiano, inglés, francés y español. Tiene tres grandes secciones, la de intervenciones sobre temas de actualidad, la de informes mas extensos sobre puntos concretos, que se llama papers, y una ultima sección dedicada fundamentalmente a noticias de otros medios que a los editores les resulta en sintonía con la línea de la revista y que también revalorizan los contenidos almacenados. El número de mayo 2010 versa sobre lo siguiente:




May 2010 / In this Issue / www.insightweb.it

En el número de Insight de Mayo / 2010, los temas se concentran en un análisis de la crisis del área europea: sus orígenes (Lettieri), los errores frente a la crisis griega (Nuti, Jespersen) y sus consecuencias económicas y sociales (Freyssinet, Bending).

El rol de la Banca en la crisis global es analizado por Andriani, Palley y De Cecco.

Carlos Alfonso escribe sobre el mercado de trabajo español (continuando así los trabajos de Seifert y Amoroso que han analizado los mercados laborales danés y alemán en el número de Insight de abril).

Otros artículos examinan la función de las agencias de rating, el flujo de las inversiones hacia los países emergentes (Colitti), y la evolución de la doctrina del derecho del trabajo en Italia (Umberto Romagnoli).

Por último, en la sección de “Views”, se encuentran algunos enlaces con artículos de opinión o documentos que son de actualidad y completan la visión de algunos de las propuestas originales de la revista. En este número, destacan para el lector en español, un artículo de García Montero sobre la construcción de la izquierda, y la declaración sindical ante la Cumbre UE-América Latina que se está celebrando.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
• Editorial Board: Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Oscar Ermida; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis;Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Massimo Roccella; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert
Editor Antonio Lettieri Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos Grau

lunes, 17 de mayo de 2010

Las reformas procesales en materia laboral y de Seguridad Social del año 2009, a estudio en unas jornadas en ALBACETE






El año 2009 ha sido pródigo en reformas legales que inciden sobre temas importantes del Derecho del Trabajo y de la Seguridad social, aunque no han gozado de la presencia mediática de cualquiera de las intervenciones clásicas reformando el mercado de trabajo. El Paraninfo universitario de la UCLM acogerá los próximos días 10 y 11 de junio de 2010 las jornadas de estudio: ‘Reformas Procesales Sustantivas en Materia Laboral y de Seguridad Social’, que pretenden analizar y debatir la repercusión de las últimas reformas que se han producido en este ámbito. El seminario, organizado por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Albacete, el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social de la UCLM, el Gabinete de Estudios Jurídicos y la Fundación 1º de Mayo, de CC.OO, y el Consejo General del Poder Judicial, contará para su inauguración con la presencia del secretario general de este sindicato, Ignacio Fernández Toxo.

Dirigidas por el catedrático del Derecho del Trabajo de la UCLM Joaquín Aparicio Tovar y la magistrada del Juzgado de lo Social nº12 de Madrid Francisca Arce Gómez, las jornadas, que cumplen su décimo séptima edición desde su inicio en 1991, comenzarán el jueves, 10 de junio, a las 10.00 horas para, acto seguido, iniciar el turno de ponencias con Ignacio Fernández Toxo, que expondrá la conferencia: ‘Posición sindical respecto de las reformas en materia laboral y de Seguridad Social’. La misma estará moderada por el secretario de la Unión Provincial de CC.OO. de Albacete, Francisco de la Rosa. Es evidente que en esta intervención el secretario general de CCOO realizará un balance de la situación creada tras el plan de ajuste y una valoración de la huelga convocada en las Administraciones Públicas para el día 8 de junio.

La sesión matinal continuará, a las 12.30 horas, con la ponencia del profesor Joaquín Aparicio: ‘Aspectos laborales de la normativa sobre libre acceso a las actividades y servicios (Leyes 17/2009 y 25/2009)’, que contará con la profesora de la Universidad regional Berta Valdés de la Vega, como moderadora.

La jornada se reanudará por la tarde a las 17.00 horas con la intervención del magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Ramón Alarcón Caracuel, que hablará sobre las reformas y propuestas en el ámbito de la Seguridad Social, ejerciendo de moderador el magistrado del Tribunal Supremo Jordi Agustí Juliá. Posteriormente, tomará la palabra el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Juan López Gandía, que se pronunciará sobre medidas laborales en respuesta a la crisis, charla que estará moderada por la profesora de la UCLM María José Romero Rodenas.

La sesión del viernes, 11 de junio, se iniciará a las 10.30 horas con el magistrado del Tribunal Supremo Aurelio Desdentado Bonete, quien abordará las reformas procesales de la Ley 13/2009 en materia laboral, actuando como moderadora Francisca Arce Gómez. A continuación, será el turno para el presidente de la Sala nº 4 del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner Tamborero, que pondrá sobre la mesa la reforma de la Ley de Extranjería, y contará como moderador con el director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO, Francisco Gualda Alcalá. Tras la misma, se procederá a la clausura de las jornadas.

El seminario, al que asistirán jueces de lo Social, profesores universitarios, abogados, inspectores de trabajo, funcionarios de la Seguridad Social y sindicalistas, cuentan con la colaboración de la Editorial Bomarzo, la Junta de Comunidades de C-LM, el Consejo General del Poder Judicial, el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social y la UCLM. Forma parte del plan de formación del CGPJ para jueces y magistrados españoles y la participación en las mismas de la mayor parte de los abogados laboralistas peninsulares e insulares es una constante que hace del debate en las jornadas tras las ponencias uno de sus principales atractivos.
La matrícula cuesta 200 €, e incluye asistencia a las jornadas, documentación y cena del jueves 10 de junio. El ingreso se debe hacer en la cuenta del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO:
2077 0321 83 3101685637

domingo, 16 de mayo de 2010

SOBRE LOS RECORTES SOCIALES: COMUNICADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

Los recortes sociales anunciados por el Gobierno de España han sido respondidos por la convocatoria de una huelga del sector público para el día 2 de junio, convocada por UGT y CCOO. A continuación se inserta el comunicado de la asociación judicial Jueces para la Democracia que reviste un interés evidente. En las próximas entradas se dará seguimiento a las noticias relacionadas con la crisis y la estrategia de recorte del gasto social y de "adelgazamiento" de los derechos sociales que se ha impuesto en Europa como forma de salida a la crisis según la metodología política neoliberal.

J U E C E S para la D E M O C R A C I A


COMUNICADO:

Compañer@s, vivimos momentos graves en los que se está cuestionando el modelo de Estado Social por causas imputables a una crisis estructural y financiera de la que los responsables han quedado impunes. El Secretariado se ha dado unas horas de reflexión antes de tomar una iniciativa necesaria y así queremos comunicarla.

En primer lugar, hemos convocado la CIP para discutir la situación en el ámbito de la Carrera Judicial y con la finalidad de conseguir la unidad de acción con las demás Asociaciones. Propondremos una defensa conjunta del Estado Social, más allá de nuestros intereses corporativos, así como la adhesión a la huelga del día 2 de junio, convocada por los sindicatos de la función pública.

En segundo lugar, debemos manifestar nuestro desacuerdo con los recortes retributivos que nos afectarán en un porcentaje superior al 5%, no sólo por lo que significa de incumplimiento de los compromisos remuneratorios asumidos por el MJU y la merma de unos derechos adquiridos, sino también porque nuestra solidaridad con los más perjudicados con la crisis no se ve compensada con la falta de medidas simultáneas contra los verdaderos causantes de la crisis, los sectores financieros y bancarios. Sin olvidar la falta de una reforma fiscal oportuna que afecte a las rentas del capital o las empresariales, que reinstaure tributos alegremente suprimidos y que afronte decididamente el fraude fiscal de este país y la no implicación de otras instituciones políticas, por todo lo cual consideramos que se trata de medidas incompletas.

En tercer lugar, frente a la sociedad debemos denunciar el duro golpe al Estado Social, en cuanto resultan perjudicados fundamentalmente sectores y funciones públicas de vital relevancia, aplicando unas fórmulas neoliberales de corto recorrido y gran daño social, lamentando la negativa repercusión que sin duda va a tener en los planes comprometidos para la implantación de la Nueva Oficina Judicial y la reforma y modernización de la Administración de Justicia, parienta pobre e ineficaz que nuevamente verá postergada su adecuación como servicio público.
Todo ello, es lo que queríamos trasladaros, con la convicción de una Asociación que siempre ha considerado que su objetivo principal es la defensa y promoción de los derechos fundamentales y de los estratos más débiles de la sociedad, dejando la decisión final sobre nuestra participación en la huelga del día 2-6-2010 al órgano soberano asociativo, en su próxima reunión de Bilbao.

El Secretariado de Jueces para la Democracia
Jueces para la Democracia
info@juecesdemocracia.es

viernes, 14 de mayo de 2010

PRONÓSTICO RESERVADO PARA EL MODELO SOCIAL EUROPEO


El anuncio de las medidas de recorte del gasto público realizadas por el presidente del gobierno español como forma de llegar al compormiso del pacto de estabilidad europeo en el 2013 ha generado un aluvión de comentarios y declaraciones. La reacción sindical deja traslucir la profunda decepción por estas medidas que repercuten de forma extremadamente negativa en el proceso de diálogo social. En la blogosfera amiga, se suceden las intervenciones, siempre sugerentes y que suministran argumentos y puntos de vista útiles para consolidar el juicio de valor y la diseminación del disentimiento. En especial recomendamos del blog Metiendo Bulla, la entrada en la que polemiza con el editorial del El Pais y recuerda la existencia de un acuerdo colectivo en la función pública 2010-2012 en el que se había pactado un interesante régimen de contención salarial con una revisión del mismo en el tercer año, una vez salido de la crisis. El link es:

http://lopezbulla.blogspot.com/2010/05/provaricar-y-prevaricar.html .
También el siempre incisivo Javier López habla en su blog del patriotismo económico y la expatriación del capital y del dinero en relación con un discurso de "sacrificios" a la nación. Se puede ver en el link:
http://ccooblog.wordpress.com/2010/05/13/patria-en-crisis/.
En casi todos los lugares en los que uno se detenga a oir o que tenga que hablar con otra persona, se comenta incesantemente alguno de los temas planteados: el recorte de los salarios de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la retirada del cheque-bebé, la anulación práctica de las ayudas de dependencia.
La situación es muy complicada, y el diagnóstico indica un pronóstico reservado. Seguro que tendremos ocasión de ir examinando poco a poco las evoluciones de la actualidad, las medidas de presión y las movilizaciones que se preparan, los análisis de fondo sobre este momento. Pero no es un problema nacional (o sólo nacional). Es ante todo un problema europeo. La lógica que anima el Fondo de Estabilización recién creado - y saludado como algo positivo y necesario por la mayoría de los comentaristas - es la misma que sostiene al Fondo Monetario Internacional, resucitado en esta crisis. No es otra que la de condicionar el crédito a los países en dificultades financieras a vínculos desastrosos desde el punto de vista social. La reducción del salario global de los trabajadores europeos, la libertad de despido y la reducción del gasto social son los objetivos explícitamente declarados por los decididores de la Unión y desde luego por los miembros del ECOFIN.
Cada paso adelante en la salida a la crisis implica el desmoronamiento progresivo del llamado modelo social europeo. Perseguir ahora el adelgazamiento y la debilidad del Estado y del aparato público implica no sólo los retóricos "sacrificios" de la población, sino comprometer gravemente las posibilidades de recuperación de la economía. No es menos importante el devastador efecto sobre la participación política. Los ciudadanos de cualquier país europeo saben ya el nulo valor que tienen sus indicaciones de voto para formar lo que un día se llamó la voluntad general. No hay otra política que la que conduce a la reducción del bienestar social y los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
El sindicato europeo, la CES, tiene que salir de su mutismo. El proceso que se está apenas iniciando acelera las tendencias a la desestructuración primero y el derrumbe progresivo después del modelo social europeo: ciudadanía social, estado de bienestar, garantías de un empleo con derechos y representación de los trabajadores como grupo social por el sujeto sindical representativo. El problema debe trasladarse de forma inmediata también a esa dimensión supranacional. El sindicato europeo tiene que plantearse una movilización fuerte y continuada contra esta deriva política neoliberal que está destruyendo en Europa el modelo social que es la condición de existencia del sindicalismo y de sus medios de acción y que condena a la impotencia a millones de ciudadanos que dudan del valor de la participación política o no creen ya en ella de forma irrevocable. Europa no puede identificarse con una desbocada desigualdad en la distribución de la riqueza y la progresiva anulación de las principales instituciones que tutelan el trabajo, en especial al sindicato y su presencia institucional y social. Nos va mucho en este lance.

miércoles, 12 de mayo de 2010

LA REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO ARGENTINO Y UNA ENTREVISTA DE PEDRO GUGLIELMETTI A ANTONIO BAYLOS





Pedro Guglielmetti es una personalidad muy relevante en las relaciones laborales de América Latina. Chileno y socialista, tuvo que escapar de su país ante el golpe de 1973. Trabajó durante muchos años en la OIT, y es el organizador de una iniciativa con Umberto Romagnoli que impulsó un modelo democrático y social para el tratamiento de las relaciones laborales en los sistemas políticos y económicos latino-americanos entonces completamente entregados a las visiones neoliberales. A sus 80 años “IL NONNO” continua imbatible y activísimo. Ha sido encargado por el Ministerio de Trabajo argentino de hacer una entrevista a Antonio Baylos, como jurista del trabajo español, con ocasión del bicentenario de la independencia de las naciones libres de América del dominio español (1810-2010). Se transcribe a continuación un fragmento de la entrevista, el relativo a las relaciones académicas y de influencia cultural entre España y Latinoamérica en materia de derecho laboral y relaciones laborales.

PEDRO GUGLIELMETTI: ¿Cuál crees que puede ser la influencia de la experiencia española en los sistemas de relaciones laborales en América Latina, y mas en concreto, la Incidencia del diálogo social, la negociación colectiva, el sindicato, los marcos sectoriales para productividad y empleabilidad (FORCEM y otros)?
ANTONIO BAYLOS: La influencia del Derecho del Trabajo español en Latinoamérica ha conocido varias fases. Es muy frecuente en los años sesenta y setenta encontrar una relación institucional permanente entre los círculos académicos españoles, en especial en torno a la figura de Alonso Olea, y en mucha menor medida de Bayón Chacón o de Alonso García, y los de toda Latinoamérica, con contactos frecuentes y encuentros multilaterales y bilaterales. Organizaciones como la OISS y la extinta Revista Iberoamericana de Seguridad social (RISS) – sobre la que por cierto se podría hacer una investigación de la que resultara el paradigma dominante en la idea de la seguridad social en las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado – favorecieron y potenciaron esa influencia española en la formación y desarrollo de la doctrina laboralista latinoamericana. Una generación posterior conoció la fase del intercambio de ideas y de encuentros que se ligaban mas a contactos personales que institucionales, como sucedió (y sucede aún) con Alfredo Montoya y un grupo de amigos y maestros – la “patota” – entre los que destacan Néstor de Buen y Mario Pasco. En la década de los ochenta, y en la especial relación que se consagra entre la España de Felipe González y la Argentina de Raúl Alfonsín, son “viajeros frecuentes” en este intercambio académico profesores españoles bien conocidos como Tomás Sala, Carlos Palomeque y Antonio Ojeda, sin olvidar la intervención del entonces eurodiputado Vida Soria en la creación y mantenimiento financiero de la revista Relasur.

En los ochenta sin embargo, con los profesores – y sin ellos, o a pesar de ellos en algunos casos – se exporta desde España el modelo de la flexibilidad legislativa que caracterizó nuestro sistema de relaciones laborales en aquella década y que venía a incorporar importantes elementos de desregulación y de precarización de las relaciones de trabajo como fórmula de creación de empleo. Las consecuencias de esta operación ideológica, que tenía además como reclamo ser avalada por un gobierno socialista, son demasiado conocidas para ahora comentarlas. Frente a la desregulación autoritaria, toscamente neoliberal en lo económico y antisindical y descolectivizadora en lo laboral que llevó a cabo el pinochetismo en Chile, esta opción por la flexibilización y la temporalidad como fórmula de creación de empleo tenía el pedigree de provenir de Europa y de ser enunciada por un gobierno inequívocamente democrático que había surgido de la reacción popular frente al intento de golpe de estado de 1981. Es evidente que se cumplió el propósito de esta operación que buscaba legitimar políticas que erosionaron de forma consciente los presupuestos fundamentales de los sistemas jurídicos laborales de varios países, y estoy pensando especialmente en el caso argentino. Esta “importación” se exaspera con el menemismo, en donde además la presencia de las empresas transnacionales españolas funciona como la punta de lanza de la desregulación y flexibilización. La potencia de las aseguradoras privadas fuerza asimismo un sistema de prevención de siniestralidad laboral y un mecanismo de capitalización de las pensiones que conducen a la desigualdad en el goce de los derechos de ciudadanía.

En este proceso de exportación de un modelo de derecho del trabajo al que se hace culpable de los malos resultados del mercado de trabajo se comete un error muy frecuente en el comparatismo, que es el de considerar aisladamente un dato normativo o una institución sin ponerla en relación con el resto de elementos que conforman en su conjunto el modelo normativo de referencia. Recuerdo que en mis primeros viajes a Argentina, a comienzos de la década de los 90, me obstinaba en ligar el problema de la crisis y de la reforma del mercado de trabajo con la construcción y fortalecimiento de un sistema sindical en donde se destacaba la vitalidad de los fenómenos de negociación colectiva y la autonomía en la gestión y dirección del conflicto mediante el ejercicio del derecho de huelga, unido a una garantía estatal de protección social y económica en materia de desempleo, lo que por consiguiente ofrecía un cuadro final resultante más complejo que el que sugería el mero análisis parcial de las medidas puestas en práctica sobre contratación temporal como política de empleo.

Me da la impresión que en los últimos tiempos y a partir de un intercambio permanente de ideas y de contactos personales, de textos de contraste y de estancias de estudio, de seminarios conjuntos, la doctrina iuslaboralista latinoamericana ha metabolizado en sus trabajos la circulación de modelos normativos y jurídicos que está en la base del buen comparatismo. La creación en el 2006 de la Revista de Derecho Social – Latinoamérica que co-dirigimos Oscar Ermida y yo mismo, parte de esa realidad y apuesta por consolidar un espacio cultural común en el estudio del derecho laboral y de las políticas del derecho reformistas y emancipatorias que se beneficie del background doctrinal europeo y de la emergencia de un renovado y potente iuslaboralismo latinoamericano. Este intercambio se aprecia en todos los ámbitos, incluso en los que tradicionalmente estaban más alejados, como en materia de libertad sindical. Puedo poner el clásico ejemplo de Argentina. El nacimiento de CTA, que coincide con el momento álgido del menemismo y su furia privatizadora de los servicios públicos, propició interesantes debates sobre la reforma de las normas de la representatividad sindical que constituían un punto nodal del sistema sindical argentino. Mi cercanía personal a los amigos Gianibelli, Meguira y García, me han hecho testigo de excepción de la evolución que se ha ido produciendo en este punto. Cuando Mario Ackerman organizó en la Facultad de derecho de la UBA un importante encuentro conmemorativo de los 60 años del Convenio 87 de la OIT, pude comprobar que el nivel de la discusión y el tono de la misma implicaban un muy sofisticado grado de elaboración, en donde la referencia al derecho comparado, español y europeo, pero ante todo internacional, era impresionante. El posterior fallo ATE y la aceptación de la Asociación de Abogados Laboralistas como amicus curiae en un caso posterior ante la Corte Suprema – en donde por cierto Moises Meik citó como expertos a Oscar Ermida y a mi mismo – han abierto un espacio de (re)regulación del sistema sindical argentino desde la noción de representatividad hasta la presencia sindical en los lugares de trabajo que resulta extremadamente interesante y que hay que seguir muy de cerca.

Más allá de la referencia a la región de América Latina, me parece por tanto que la circulación de modelos normativos y de perspectivas teóricas es muy fluida entre Argentina y España. Esa ha sido desde luego una parte del trabajo profesional que iniciamos en la Universidad de Castilla La Mancha, donde fuimos organizando poco a poco con mi colega Joaquín Aparicio un grupo de estudio y de trabajo en relaciones laborales que pudiera tender puentes teóricos y políticos entre las dos orillas del Atlántico en una cultura jurídica – laboral común. Pero posiblemente la experiencia más interesante en este terreno la has liderado tú mismo, Pedro, junto con nuestro admirado Umberto Romagnoli. En efecto, sobre la base de la potenciación colectiva e institucional de los derechos sociales y de la tutela de la situación dependiente de los trabajadores, tú mismo contribuiste decisivamente con Romagnoli a la creación de un espacio de reflexión y de trabajo colectivo que, sobre la base de la riquísima experiencia del iuslaboralismo italiano, y muy en particular el que se agrupaba en torno a la Universidad de Bolonia, generara una fuerte corriente de formación y de pertenencia a unas “señas de identidad” muy ligadas por otra parte a una cierta filosofía OIT de potenciación del diálogo social, que quería contribuir a la alimentación de una forma de abordar la regulación de las relaciones laborales que se apartara de los cánones desreguladores al uso. En esa experiencia luminosa, tuvimos la oportunidad inmensa de integrarnos, gracias a la intercesión de Umberto y de configurar el grupo Bolonia-Turin-Castilla La Mancha, que tantas importantes actividades ha desarrollado y aún persiste en su andadura, de momento a través de su reformulación a través de un curso “puente” que espera su desarrollo futuro y que se localiza en la quincena toledana de septiembre en la que tu ejerces de alma mater y de coordinador general. Una buena parte de los amigos argentinos han participado en este curso, y no es baladí que la práctica totalidad del equipo que dirige el Ministerio de trabajo, con Carlos Tomada y Noemí Rial a la cabeza, hayan sido casi “becarios fundadores” del curso y hayan repetido esa experiencia en varias ocasiones. La formación de la Asociación de ex becarios argentinos en torno a la universidad de Bolonia en Buenos Aires ha consolidado esta experiencia de forma definitiva.

sábado, 8 de mayo de 2010

EL GOLPE SILENCIADO: JUECES DEMÓCRATAS DESPEDIDOS EN HONDURAS







El golpe de Estado de Honduras ha sido silenciado por los medios de comunicación europeos. Día tras día conocemos asesinatos de periodistas y sindicalistas, represión y castigo sobre los demócratas. La última (mala) noticia se refiere a los Jueces que defendieron el poder constituido y denunciaron el golpe de estado condenado por toda la comunidad internacional. Han sido desposeidos, en flagrante violación de la independencia judicial y de las garantias democráticas, cuatro magistrados y un fiscal, dirigentes además de la asociación judicial Jueces para la Democracia. Es este un hecho que tiene que ser denunciado en la cumbre de la Unión Europea con la OEA, y ante el que el gobierno español, que preside la UE, debe reaccionar con energía y con hechos concluyentes: apartar a Honduras de la firma del tratado de comercio preferencial de la UE con Centroamérica podría ser una decisión inmediata muy proporcionada.

A continuación se transcribe el comunicado de denuncia de la Asociación Jueces para la Democracia de Honduras.


La crisis política que vive el Estado de Honduras desde los acontecimientos del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, continúa profundizándose sin que se avizoren, desde el sector gubernamental, alternativas democráticas para restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho.

La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial, en donde sus autoridades entendieron los acontecimientos como una “sucesión constitucional” y un sector de jueces(zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), asumieron una posición de condena al golpe de Estado, implicándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.

Como consecuencia de este posicionamiento a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, las autoridades les abrieron expedientes disciplinarios, los cuales fueron resuelto el dia de ayer miércoles 5 de mayo, en horas de la noche, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidiendo estas autoridades de forma arbitraria e injustificada el despido de todos los compañeros investigados.

Esta medida del despido de cuatro juzgadores y de un defensor público además de autoritaria, arbitraria y contraria a la legalidad, constituye una herida casi mortal a la independencia de todos los jueces, juezas y del poder judicial.

Al producirse este despido se persigue en particular desarticular y de ser posible destruir el colectivo de la Asociacion de Jueces por la Democracia, pero de manera especial el Pleno de la Corte está mandando el mensaje d que los jueces no pueden ser críticos, y que deben ser sumisos y obedientes, y que vale más un juez sujeto a las directrices superiores y del poder político, que un juez honesto, responsable e independiente.

Estos despidos retroceden y sumen al poder judicial en una crisis institucional que acarrea mayor cuestionamiento y falta de credibilidad a la administración de justicia, pues estos hechos lo que reflejan es que se han impuesto los magistrados que apuestan por la subordinación político-partidaria, y por la posiciones que dan continuidad al rompimiento del orden constitucional, situación en la cual el Poder Judicial se involucro directamente “legalizando” el golpe de estado.

Ante esta situación, la Asociación de Jueces por la Democracia, manifestamos lo siguiente:

1.- Que nos opondremos a estos despidos con todas las acciones legales que la ley nos permite.

2.- De no encontrar respuesta a nuestros reclamos en las instancias internas, recurriremos con nuestras demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
3.- Además de estas acciones legales, manifestamos nuestra disposición a Resistir estos actos ilegales, para lo cual demandamos de nuestros compañeros jueces su apoyo, al tiempo que pedimos a todas las organizaciones populares y de la sociedad civil a acompañar nuestra lucha por recuperar la institucionalidad del poder judicial.


San Pedro Sula, 6 de Mayo de 2010



ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

miércoles, 5 de mayo de 2010

SACAR LAS LECCIONES DEL CASO GRIEGO


"Grecia asume un plan de ajuste sin precedentes, ante el fuerte rechazo de sus ciudadanos, que no entienden que tengan que pagar ello los errores del anterior gobierno conservador. El ministro de Finanzas, confiesa que aunque se ha hecho un esfuerzo para que los más desfavorecidos no sean los más castigados por el plan de ajuste, desgraciadamente - afirmó - todos tenemos que hacer esfuerzos", dice la prensa nacional. El tema es central, pero no sólo porque Portugal o España sean los siguientes en la lista de la degradación de los niveles salariales y de protección social, sino por el síntoma que revela en el llamado proyecto europeo. Además de nuevo Fernández Ordoñez, el presidente del Banco de España, ha oipinado sobre el tema. Convocados por el presidente del Ateneo Cultural de Parapanda, un grupo de ciudadanos han discutido hasta altas horas de la noche sobre este asunto con enorme cordialidad y unidad de miras, tal como se puede comprobar en la foto adjunta.


El gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez, con esa fijación de ideas que le caracteriza, ha insistido en que en España se debe extraer por el Gobierno las lecciones del caso griego, e iniciar de inmediato las “reformas estructurales” que a su juicio se requieren y que, como es bien sabido, implican reducción del gasto social, degradación de las garantías de empleo, descausalización y abaratamiento del despido y freno al gasto público. El llamado “rescate griego” significa recorte de sueldo de los funcionarios, aumento de la fiscalidad regresiva a través de la subida de impuestos indirectos, rebaja en las pensiones, reducción drástica de organismos administrativos, recorte de la inversión pública, venta al por mayor de empresas públicas y privatización generalizada en la energía y el transporte, liberalización de los servicios y, como último elemento qe no puede faltar en una receta de salvación económica, abaratamiento del despido. Ello debe conseguir una caída del PIB del 4% en este año y un 3% en el 2011, para volver a crecer, al 1% a partir del 2012.

Frente a este tema, la Confederación Europea de Sindicatos ha elaborado un comunicado que lleva por título “Un precio injusto e inaceptable para el salvamiento de Grecia”, y del que se pueden entresacar los siguientes párrafos:
“La defensa frente a los especuladores financieros por parte de Europa llega tarde y mal e impone una carga inaceptable para los trabajadores y sus familias. Grecia entrará en una recesión deflacionista que durará años. Aumentará el paro y la pobreza, que alcanzaba ya al 20 % de la población griega, seguirá aumentando.
El mensaje subyacente que se dirige a los trabajadores europeos es claro: la reducción de los gastos sociales y el recorte salarial que hoy se dan en Grecia serán las políticas que se impongan mañana en Portugal y en España, y pasado mañana en Francia, Alemania, Bélgica. La CES llama a los policymakers (decididores) europeos a impedir que los especuladores destruyan el modelo social europeo y a romper con este “ajuste estructural salvaje”. Para ello, se proponen medidas de refinanciación del préstamo griego, reajuste y aumento significativo de las balanzas de pago de la Comisión que cubra a todos los países europeos, movilizar a las bancas centrales contra las maniobras especuladoras, suspender la utilización de las calificaciones de la deuda y la acción de éstas en la valoración de las políticas monetarias y financieras, en la idea de crear una propia agencia europea de calificación, lanzar en fin una iniciativa de impulso económico con fondos europeos y con una obligación común de invertir en programas de infraestructuras que hagan salir a Grecia de la recesión y de la depresión”.

Es también conocido que CCOO y UGT apoyan sin fisuras la convocatoria de huelga general en Grecia, y que la CES ha transmitido esta queja al Presidente Permamente del Consejo - nadie recuerda que la Presidencia rotatoria de la Unión la desempeña el gobierno español, ni siquiera al parecer el propio gobierno – sin que esta oposición haya merecido reflexiones en los medios de comunicación, que siguen hablando unánimemente, de un programa de reformas “muy ambicioso”.

La permisividad con los fenómenos especulativos de los mercados financieros, y la monótona receta neoliberal que repercuten sobre los trabajadores y las clases populares todos los sacrificios para mantener acentuadas las condiciones de explotación y aumentar el sufrimiento de las personas, debería llevar al sindicalismo europeo a elaborar un discurso más general sobre Europa, su dimensión social y las formas de expresión de la sociedad de libre mercado que anulan o derogan niveles mínimos de convivencia social y de dignidad personal. En ese discurso, la apertura de una zona fuerte de disenso con la política y la economía de los “decididores” europeos es ineludible, como es asimismo necesario que se reconstruya una visión unitaria y solidaria del sindicalismo europeo. No fueron los trabajadores y las trabajadoras griegas quienes han puesto en duda la solvencia de mercado del país, ni quienes falsificaron durante años las estadísticas. Las lecciones del caso griego, como nos solicita el responsable del Banco de España, llevan a una conclusión muy evidente: no se puede permitir que las consecuencias de la crisis se descarguen sobre los trabajadores. El problema no son ya los especuladores sino el propio sistema económico. Si sólo puede funcionar mediante la violencia y la degradación del trabajo y de la vida de las personas, no hay otra posibilidad que organizar la defensa al tiempo que se camina hacia su anulación. Hay que comenzar a decir no en voz cada vez más alta.