lunes, 28 de febrero de 2011

INMINENTES MATERIALES PARA LA CRÍTICA JURÍDICA DE LAS MEDIDAS DE REFORMA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA





En los círculos generalmente bien informados de Parapanda se ha podido saber que es inminente la publicación de importantes materiales críticos sobre las reformas legales que se han ido poniendo sobre el tapete - o sobre el BOE – a partir de mayo de 2010.

En gran medida se trata de publicaciones que recogen intervenciones en seminarios o jornadas de estudio convocadas con oportunidad y gran acogida por los juristas prácticos y sindicalistas, como las jornadas de la reforma laboral de finales de noviembre de 2010, de las que el Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO., dirigido por Paco Gualda, sacará a la luz las intervenciones de los magistrados Ricardo Bodas y Miquel Falguera en publicaciones independientes. Los efectos de la reforma sobre las relaciones de empleo público y los aspecto de forma y procedimentales del despido objetivo tras su modificación por la Ley 35/2010 serán los temas elegidos.

Siempre en el tema de las Administraciones Públicas, el 17 de febrero se ha organizado por la FSC de CC.OO y la Fundación 1 de mayo un seminario muy interesante sobre la problemática figura del despido individual y colectivo en las Administraciones Públicas. Las ponencias de Carlos Alfonso Mellado (http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe31.pdf ) y de Paco Gualda (http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe32.pdf ) están disponibles en las páginas de la Fundación 1 de mayo como Informes de la misma y son documentos extremadamente interesantes y actuales ante el recorte de gasto público de la crisis.

Por si esto no fuera suficiente, la editorial Bomarzo, que se viene configurando en estos últimos años, como un espacio de referencia ineludible para la producción doctrinal progresista en Derecho del trabajo y en Seguridad Social, ha terminado prácticamente las labores de edición de un libro coordinado por Antonio Baylos que lleva por título Garantías de empleo y derechos laborales en la Ley 35/2010 de reforma laboral, con contribuciones de Joaquín Aparicio, Jaime Cabeza, Carlos Alfonso, Julia López y Chelo Chacartegui, Margarita Ramos, Paco Gualda, Joaquin Pérez Rey, Paco Trillo, Juan López Gandía y el propio Baylos. Este libro sin duda suministrará claves de lectura y de interpretación crítica a los juristas y a los sindicalistas desde una forma de aproximarse a la reforma laboral especialmente útil y productiva en términos de reelaboración política de la acción colectiva de resistencia y de aplicación de la norma, entendidos como procesos simultáneos y no excluyentes entre sí. Esta obra se integra además entre los materiales recomendados por la fundación 1 de mayo como elementos de análisis relevantes de las políticas sobre el trabajo y su alternativa sindical expresada en términos de proyecto de reformas.

Por último, también de forma inmediata, está por aparecer el último fascículo de la Revista de Derecho Social correspondiente al año 2010. Su aparición, que estaba comprometida para la primera quincena de enero 2011, se ha retrasado ante la negociación y posterior aprobación del Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones que finalmente se suscribió a comienzos de este mes de febrero. El editorial de RDS nº 52 da cuenta de la evolución del proyecto de contrarreforma del sistema de seguridad social hasta la apertura de un proceso de negociación complejo que culmina en el citado acuerdo. En la sección de debate, un artículo de Luis Collado disecciona el Acuerdo, el anteproyecto de ley que lo recoge – por cierto de manera incorrecta y restrictiva sobre lo acordado en muchas ocasiones – y el resultado del mismo en cuanto al régimen jurídico de los distintos sistemas de pensión de jubilación y las diferentes formas de acceder a las mismas. Es un texto que arroja luz sobre un tema tremendamente técnico que sin embargo Collado logra presentar de forma clara y perfectamente comprensible y que sin duda alguna va a suponer un paso obligado para la explicación crítica de esta reforma del sistema de protección frente al riesgo de vejez en relación con las obligaciones de los poderes públicos y de la ciudadanía en la tutela decisiva de estas vidas.

Por consiguiente durante el mes de marzo recibiremos una larga serie de títulos escritos que nos harán más conscientes de las nuevas reglas que se han incorporado y de cómo manejarlas colectiva e individualmente en el panorama complejo de la relación de los derechos laborales y las reformas de la legislación de trabajo y empleo sobre la base de impedir la degradación paulatina de los estándares de vida y las condiciones salariales y laborales de los ciudadanos que trabajan. Iremos dando cuenta de estas novedades paulatinamente. Creemos que valen la pena.

domingo, 27 de febrero de 2011

TRABAJO Y DERECHOS PARA LOS INMIGRANTES: HUELGA EN ITALIA EL 1 DE MARZO.







En Italia se da la paradoja de un cuerpo social todavía activo en la defensa en las calles y en las plazas de la democracia social y los derechos de los trabajadores y de la protección social, que contrasta con un marco político envilecido y degradado, y un sindicalismo clasista dividido y enfrentado entre sí. Como ayer se daba cuenta de la convocatoria de la huelga general por la CGIL, hoy esta entrada se hace eco de una acción de movilización volcada exclusivamente en los inmigrantes.

El espacio social de la relación entre el trabajo y el capital está expresando en Italia una alta conflictividad. Se trata desde luego de un proceso que resulta acelerado por el proceso de descomposición de las formas democráticas que se está impulsando desde el gobierno y la mayoría parlamentaria afín a Berlusconi. Desde la CGIL se han ido promoviendo a partir del otoño, importantes movilizaciones sectoriales y manifestaciones masivas, como las marchas por el trabajo en donde se reivindicaba un trabajo decente y estable para los trabajadores precarios, los inmigrantes y los trabajadores del conocimiento. A la huelga general ya realizada por la FIOM, se une ahora la huelga de la enseñanza y de los empleados públicos para el 25 de marzo. En la entrada de ayer de este blog se daba cuenta de la decisión del comité de dirección de la CGIL de convocar huelga general en todos los sectores de la producción de bienes y servicios que se confronta al programa económico y social del berlusconismo, y responde de esta forma al déficit de democracia (sindical y política) del sistema representativo en estos dos dominios.

Junto a estas iniciativas, se desgranan otras. Una de las más significativas es la convocatoria, por organizaciones y centros de coordinación de inmigrantes, de una jornada de huelga para el 1 de marzo. Con el precedente del año pasado, donde se contabilizaron 300.000 participantes, en éste se pretende que la participación sea mayor, sobre todo en las manifestaciones que cerrarán la jornada en la gran mayoría de las grandes ciudades italianas. Con la finalidad de rehusar la Ley Fini-Bossi sobre la inmigración (que introduce en el ordenamiento italiano la llamada “directiva de la vergüenza” europea sobre la inmigración), la jornada de lucha sin embargo pretende expresar un rechazo del trabajo precario y de los tratamientos diferentes y peyorativos del trabajo que se presta en función de ser o no ciudadano italiano. Los organizadores pretenden abolir la desigualdad en el trato entre italianos e inmigrantes en los lugares de trabajo”. Un problema que afrontan estos colectivos es el de hacer intervenir al sindicalismo clasista en la co-gestión del conflicto. Algunas asambleas de fábricas importantes del metal han debatido y aprobado su adhesión a la huelga, y se pretende que la propia FIOM quien haga suya esta convocatoria para facilitar su desarrollo.

Por lo demás, la convergencia en los conflictos no es sino una consecuencia inmediata de la sensación muy extendida de que se están produciendo mutaciones severas de carácter autoritario y antidemocrático en el campo de las relaciones laborales, con alteración unilateral de las reglas aposentadas en el espacio de la autonomía sindical. Y que las condiciones de trabajo y de existencia de la población trabajadora, en especial mujeres y jóvenes, se deslizan hacia niveles muy reducidos, con la inmediata repercusión negativa en términos de ciudadanía y de libertad de decisión de los sujetos afectados. Son frecuentes las llamadas muy específicas a estas categorías especialmente dañadas por la crisis, de forma que se ha llegado a proponer un slogan muy llamativo: “Se escribe huelga general, se pronuncia huelga contra el trabajo precario”. Y por esa vía, se incorporan como eje del conflicto las identidades “diferentes” en el trabajo que se expresan a través de la precariedad extrema (jóvenes, mujeres e inmigrantes). En cualquier caso, se trata como es obvio de procesos de movilización social en el contexto de la crisis que se irán analizando en detalle conforme sucedan.

sábado, 26 de febrero de 2011

TIEMPO DE HUELGA GENERAL EN ITALIA






Corren tiempos de conflictividad intensa en Italia, inmersa en una crisis de legitimación de la política sin precedentes y de rechazo frente a la actitud del presidente del consejo de ministros, Berlusconi, de degradar conscientemente de forma permanente las instituciones básicas del sistema democrático. Ayer el Comité de Dirección de la CGIL (lo que se conoce como el pequeño parlamento del sindciato) aprobó por abrumadora mayoría, la convocatoria de una huelga general de todos los sectores en una fecha próxima que decidirá el secretariado de dicha organización sindical. Es una buena noticia que no puede sino alegrarnos al otro lado de la frontera (En la foto se aprecia la alegría que esta noticia ha causado entre dos muy reputados vecinos de la ciudad de Parapanda).



La resistencia a Berlusconi y a sus políticas de gobierno la ha protagonizado últimamente el sindicato CGIL y, mas en concreto, su federación metalúrgica, la FIOM, que ha convocado una inmensa manifestación en Roma y un mes después una muy efectiva huelga general de sector. La CGIL confederal convocó a su vez una manifestación en Roma en defensa del empleo juvenil, del empleo precario y de los trabajadores del conocimiento, que resultó un verdadero éxito. El crescendo ha sido progresivo en la jornada del 13 de febrero en la que se ha producido una inmensa manifestación convocada por "las mujeres italianas" como respuesta al potere del maschio simbolizado en el premier Berlusconi y la forma de vituperar la dignidad de las mujeres. Mas de un millón de mujeres desfiló por las más importantes ciudades de Italia, pero la protesta llegó asimismo a todos los pueblos del país, grandes y pequeños.



En esa línea, y cuando parecía paralizado momentáneamente el escenario de la resistencia ante el estallido de la crisis de Libia, que afecta directamente a la economía italiana y a las previsiones de recuperación de la misma con la crisis, se ha producido este nuevo paso adelante en la contestación y la revuelta frente al gobierno de la sociedad italiana y sus medidas claramente restrictivas en servicios públicos, recorte del gasto social y debilitación de las garantías sobre el empleo. Además, la introducción por parte de la gran empresa FIAT de un método de chantaje en la gestión de las relaciones laborales que instaura una intancia autoritaria e inmume a la acción sindical discordante, es un elemento posiblemente central en la adopción de la medida de conflicto por la CGIL.

No se esperaba sin embargo esta decisión en la CGIL, pero se ha producido prácticamente como manera de presionar y expresar el disenso con esta deriva autoritaria que disfruta rompiendo las reglas construidas en un proceso de institucionalización de los sujetos sindicales para sustituirla por la pura voluntad de poder del empleador. El texto aprobado ayer por la CGIL dice lo siguiente:


"El comité de dirección de la CGIL, confirmando las iniciativas y propuestas de movilización ya emprendidas, decide, en el contexto de esta trayectoria, la indicación de la realización de huelga general, y mandata a la secretaría confederal para que esta defina la convocatoria y la modalidad de desarrollo en el plazo que considere más útil para lograr una eficacia lo más amplia posible y su mayor extensión y seguimiento".


Posiblemente será en marzo, y hay quien querría que coincidiera con el festejo de los 150 años de la Unidad de Italia , el 17 de marzo, como la mejor forma de festejarlo. Estaremos atentos a los desarrollos de esta expresión importante del conflicto de clase en medio de un panorama de crisis política muy profunda.


miércoles, 23 de febrero de 2011

PARA LOS MINISTROS DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL G-20 LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO NO ES RECUPERACIÓN ECONÓMICA





Por mucho que se sepa de antemano, hay noticas que causan cierta perplejidad. La que se trae de un comunicado de la CSI sobre la cumbre de los ministros de economía y finanzas del G- 20 es una de ellas. Resulta que para éstos, la recuperación económica pasa por una serie de parámetros - en torno a un leit motiv, la reducción del gasto público - entre los que no se cuenta la recuperación del empleo. Las políticas sobre la crisis son por tanto acciones que no persiguen la recuperación económica y el crecimiento de la sociedad, sino el crecimiento de la tasa de ganancia y el incremento en la desigualdad en la distribución de la renta. El comentario de este hecho en la nota del CSI que se coloca a continuación no impide otros, como los que están realizando las personas fotografiadas, conocidos bloggeros de Parapanda. Sabemos que inician mañana un viaje a Bolonia que aprovecharán asimismo para recabar información sobre la crisis política italiana.


El movimiento sindical internacional ha criticado con dureza el fracaso de la reunión de la semana pasada de los Ministros de Finanzas del G-20 a la hora de centrarse en la crisis mundial del empleo.

“Los Ministros de Finanzas no han comprendido la profundidad de la crisis mundial del empleo, cuando hay un desempleo global de más de 205 millones de personas y toda una generación de gente joven que se enfrenta a una vida en el paro o en el subempleo. Los líderes del G-20 tienen que mandarlos al punto de partida a fin de que propongan iniciativas reales para crear puestos de trabajo, e indicadores sobre los cuales puedan medirse los logros,” dijo la Secretaria General de la CSI Sharan Burrow.

Las conclusiones aprobadas por la reunión incluyen una serie de indicadores clave para la recuperación económica, pero en un extraño giro, el empleo se ha quedado fuera de la lista. El texto incluye escasas referencias a los empleos y no proporciona indicación alguna de un enfoque constructivo para abordar el desempleo, además de que el principal enfoque político de varios miembros del G-20 se centra casi exclusivamente en recortar el gasto público.

martes, 22 de febrero de 2011

MATERIALES PARA ANALIZAR LA CRISIS: EL NÚMERO DE FEBRERO DE INSIGHT




La crisis y sus desarrollos económicos y sociales requieren análisis continuos que permitan obtener una visión general lo más cercana posible a los movimientos reales de los capitales financieros y las decisiones económicas, pero asimismo a las políticas que, sobre esta base, se llevan a la práctica. Un vendaval conservador está desarbolando las garantías ciudadanas sobre salarios, estabilidad en el empleo, proteccion social en la Unión Europea. Las paradojas y las contradicciones de la realización concreta de estos procesos deben ser atentamente analizadas, más aún en un contexto de importantes turbulencias político-democráticas como las que están produciéndose en los Estados de la otra orilla del Mediterráneo y las que contestan la deriva suicida hacia la destrucción del Estado de derecho que lleva a cabo Berlusconi aprovechandose de la inexistencia de una verdadera oposición política en aquel país. A esta finalidad quiere cooperar la revista digital Insight , un almacén de textos e intervenciones en cinco lenguas que permite una aproximación compleja a estos fenómenos.





Febrero 2011 / En este número
Insight Clica aquí: http://www.insightweb.it/

Insight es una publicación multilingüe que tiene como objetivo el análisis de la crisis y de sus desarrollos económicos y sociales.

En este número:

Sobre la deuda soberana: artículos y ensayos de Stuart Holland, Mario Nuti, Vncenzo Visco, Dean Baker.

Sobre globalziación y políticas industriales: Antonio Lettieri, Jeff Faux, Joan Fitzerald.

Sobre la protección social y el mercado de trabajo; Jacques Freyssinet, Antonio Baylos, Teresa Ghilarducci, José María Zufiaur .

Habla de Democracia y Poder: Marcello Colitti

Artículos y comentarios

Stuart Holland
A Tranche Transfer and Funding European Recovery

Comments(1)
Mario Nuti
Euro Sovereign Debt: Would a Single European Bond Work?

Marcello Colitti
Power and Wealth in a Sick Democracy
Potere e ricchezza nella democrazia malata

Antonio Lettieri
The Broken Totem of the Globalization
Il totem rotto della globalizzazione

Jeff Faux
America's Trade Policy of the Absurd

Jacques Freyssinet
Négociation collective et solidarité nationale face au chômage en France.

Antonio Baylos
Reforma del sistema de pensiones en España

Teresa Ghilarducci
The Collapse of Secure Retirement

Papers

• A proposal to fix sovereign deficit and debt*
Vincenzo Visco
• The Deficit-Reducing Potential of a Financial Speculation Tax
Dean Baker
• Des causes non-dites de la crise à la crise de la zone euro
Michel Fried - Lasaire

Views

• We Need a Manufacturing Agenda
Joan Fitzgerald

• Pacto de Competitividad Europeo
José María Zufiaur

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Editor Antonio Lettieri Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos Grau

Editorial Board Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Oscar Ermida; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis; Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli;Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert



lunes, 21 de febrero de 2011

PERCEPCIONES SOBRE EL FUTURO DE LAS PENSIONES: UN EXPERIMENTO TOLEDANO.






Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, las nuevas tecnologías han cobrado un gran protagonismo en las enseñanzas universitarias. En el grado de derecho que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Jurídicas de Toledo, Joaquín Pérez Rey ha puesto en práctica un foro de discusión entre los estudiantes de esa titulación sobre el acuerdo de reforma de las pensiones que ha tenido una intensa participación y del que se deducen algunas conclusiones muy ilustrativas.
De forma sintética se pueden reducir a las tres siguientes.

a) Hay un amplio consenso sobre la aceptación del Acuerdo de reforma de pensiones. Los estudiantes entienden que los sindicatos han hecho bien al firmarlo porque de esta forma han impedido la promulgación de una norma mucho más restrictiva, han demostrado que tienen capacidad de negociar con el poder público y que no son organizaciones sociales irrelevantes a las que se pueda dar de lado, y han marcado esa capacidad de incidencia también para el futuro gobierno del Partido Popular. Algunos resaltan la dificultad de movilización que los sindicatos tenían para llevar a cabo un acuerdo más conforme con el programa sindical, pero en general las opiniones vertidas insisten en esa consideración globalmente positiva del acuerdo.

b) Donde resulta sin embargo más llamativa la convergencia de las respuestas es en los motivos que a juicio de los estudiantes explican que se haya llegado a este acuerdo. En efecto, para ellos, los sindicatos han aceptado la reforma de las pensiones tal como se desprende de lo acordado porque el “punto de equilibrio” lo han fijado en la preservación de niveles razonables de protección social para unas determinadas generaciones, de 40 años hacia adelante. De esta manera, el acuerdo de reforma de las pensiones ha procedido a sacrificar a las nuevas generaciones, las que tienen menos de 35 años, para las que el acceso y la intensidad de la protección se han reducido de forma muy radical. Es decir, que la percepción de los estudiantes es que el intercambio político central que se ha producido en el Acuerdo es el sacrificio de las generaciones jóvenes a las expectativas de mantenimiento de niveles aceptables de jubilación para las generaciones de trabajadores de edad madura o de edad avanzada. Este dato, la edad – la juventud – es el que emerge del debate como elemento lesionado en sus expectativas de futuro por la reforma de las pensiones, sin que sin embargo se baraje junto con una perspectiva de género, pese a la paridad de intervenciones de ambos sexos.

c) Por último, en el foro de debate se relaciona la reforma del mercado de trabajo llevada a cabo por la Ley 35/2010 con la percepción de esta situación de exclusión y deterioro de la protección social de la generación actual de jóvenes. Para los estudiantes toledanos, la reforma fragiliza la situación del trabajador ocupado y no asegura la creación de empleo. De esta manera, unas relaciones laborales con una amplia precariedad y rotación entre el paro y el trabajo no estable acentúan el alejamiento de todos estos trabajadores jóvenes del acceso a unas prestaciones suficientes y completas para afrontar la vejez con una pensión de jubilación digna. Y en la narrativa que mantienen estos estudiantes, la legislación de reforma del mercado de trabajo expandirá esos efectos desestructurantes del trabajo juvenil en un plazo temporal dilatado.

Las conclusiones del foro de debate son por consiguiente muy significativas. Permiten al profesor reorientar el análisis del Acuerdo sobre la base de explicar que esa percepción del “intercambio” entre la seguridad social de los trabajadores maduros y de edad avanzada y la asistencialización de la protección social como futuro de los trabajadores jóvenes, con una trayectoria laboral irregular e inestable, no se deduce del diseño pactado. El carácter muy técnico de las prescripciones del mismo requiere una presentación “dirigida” a esta franja de edad que piensa que los sindicatos han sacrificado a toda una generación por el mantenimiento de un nivel de protección social para los que constituyen el grueso de sus afiliados. Algunas intervenciones recientes, como las de Joaquín Aparicio en su blog (http://japariciotovar.blogspot.com/2011/02/los-sindicatos-y-los-acuerdos-sociales.html ), los materiales que se reúnen en el número 25 (extraordianrio) de la Revista de Estudios de la Fundación 1 de Mayo dedicado a la legitimidad sindical y los acuerdos sindicales, (http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3668&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158 ) o el editorial del número 52 de la Revista de Derecho Social, de inminente publicación, sintetizan una forma de presentar el acuerdo que deshace los equívocos y las percepciones de los estudiantes de Toledo. Pero esa “explicación dirigida” posiblemente haya que extrapolarla a otros sectores ya no universitarios, sino sindicales. En algunas agrupaciones de jóvenes de CCOO también ha calado esta percepción de deterioro profundo de las expectativas de protección social para los trabajadores y las trabajadoras jóvenes, y es urgente desvincular ese discurso del Acuerdo de reforma de pensiones, que no lo presupone.

El experimento toledano es limitado y la muestra estadística del mismo muy reducida. Pero si llama la atención sobre una percepción colectiva que estima natural que las organizaciones de clase intercambien la debilitación de los derechos de generaciones jóvenes por el mantenimiento de derechos para otras generaciones de mayor edad. Indirectamente por tanto entienden que el sindicato defiende fundamentalmente los intereses correspondientes a las situaciones en las que se encuentran la mayoría de sus afiliados, entre los cuales los jóvenes son una exigua minoría. Y a la vez asumen como algo corriente que los jóvenes no se afilian a los sindicatos y que, visto lo visto, tampoco tienen ningún aliciente para hacerlo. También desde este punto de vista el debate con los estudiantes del grado de derecho en la Facultad de Toledo ofrece una visión de la organización y de la resistencia colectiva sobre la que hay que reflexionar en la medida en que sea sintomática de una forma extendida de contemplar la figura social del sindicato.

jueves, 17 de febrero de 2011

ELOGIOS DEL DESPIDO LIBRE Y DEL BAJO PRECIO DE LA MERCANCIA HUMANA.







Deben perdonar los lectores del blog, pero uno creía honradamente que determinados discursos sobre el trabajo y su representación colectiva habían sido desterrados del lenguaje político y de su reformulación mediática sobre la base de su incompatibilidad con un cierto grado de civilización. Igual que el discurso machista, el discurso esclavista parecía inconcebible en las personas “civilizadas” y, como el racista, se veía proscrito y reprimido cuando asomaban sus trazas engarzadas en un razonamiento un poco más complejo o articulado. Parece sin embargo que los vientos que acompañan a la crisis económica han recuperado estos arquetipos incompatibles con la democracia y con la cultura de la civilización europea a estas alturas del siglo XXI.

Viene esto a cuenta del reciente elogio que en el periódico que tiene la segunda tirada nacional, “El Mundo”, realiza uno de sus columnistas sobre el despido libre. Hace un año, en febrero del 2010, un reputado modisto y empresario, Adolfo Domínguez, urgió al Gobierno a implantar un "despido libre, sin trabas administrativas ni judiciales" en el mercado laboral para que la gente se gane "cada día" su puesto de trabajo y así solucionar la crisis en España, pero en esta ocasión Salvador Sostres – que así se llama el columnista – elogia el libre desistimiento del contrato de trabajo por parte del empresario acompañado de un violento ataque contra los sindicatos. Lo que dice este creador de opinión es lo siguiente : “El despido libre es el anatema de los sindicatos, pero como suele suceder cuando se trata de los sindicatos, es también la solución más justa e inteligente. Toda indemnización por despido es un asalto a punta de navaja en un país infectado de jueces sindicalistas que cada despido lo hallan improcedente. Los derechos del trabajador los garantiza el empresario que los paga. Sin empresarios no hay riqueza, ni puestos de trabajo, ni sindicatos, ni tan siquiera liberados sindicales (…) Robar no es nunca una solución: y el sistema sindical es un atraco que debe cesar para que crear riqueza vuelva a ser estimulante y no esta Ciudad Juárez en que se ha convertido la política laboral española”.

De esta manera, la reivindicación del despido libre como forma de creación de riqueza – algo en lo que coinciden el columnista de El Mundo y el modisto-empresario - se presenta como un sucedáneo del objetivo principal, la erradicación del sistema sindical como solución “justa e inteligente”. La reivindicación por tanto de un trabajador sin derechos, la “desinfección” (“desratización” sería quizá más apropiado para el columnista) del país respecto de los sindicatos y de los sindicalistas – entre ellos una extraña categoría de los “jueces sindicalistas” - implica el elogio del esclavismo y del trabajo forzoso como paradigma social y económico a imponer en un país como España. Este discurso se podría tomar por lo que es, un exabrupto post-fascista, si no fuera por el silencio que le ha rodeado. Resulta llamativo en efecto que este discurso no haya encontrado ninguna respuesta, como sin embargo si sucedió con otras afirmaciones repugnantes de este mismo columnista del gran rotativo madrileño dichas en un programa de televisión en el que participaba. Nadie ha dirigido una carta de repulsa, promovido un boicot, exigido la expulsión de este personaje de un diario importante del país. Se dirá que la catadura moral del personaje aconseja no dar relieve a lo que dice, pero se olvida que el relieve lo da la tirada del periódico en el que trabaja, y los cientos de comentarios extremadamente favorables que tiene en el blog de El Mundo. Lo más llamativo es la insensibilidad social en la opinión pública y la carencia de respuesta colectiva y política ante tales elogios de la violencia de clase, del desprecio hacia el trabajo y del odio hacia el sindicato como figura que simboliza la dignidad social colectiva. Esta apatía social felizmente no se manifiesta cuando el discurso es machista o racista, porque esos supuestos siempre hay un debate vivo en cuanto se subraya la incompatibilidad de esas afirmaciones con un marco de convivencia democrático.

En este contexto de antisindicalidad extendida y remachada desde todos los ámbitos en la opinión pública que se presenta explícitamente como complemento directo de la negación de cualquier demanda de derechos para el trabajador considerado un ser social subalterno y subordinado a los procesos de creación de riqueza, no es de extrañar el contagio de este virus autoritario y antidemocrático. De esta forma, el propio Secretario de Estado de la Seguridad Social, don Octavio Granados, ha acudido a lo que definió en una comida organizada por la Agrupación de Periodistas de Información Económica (APIE), como “términos comerciales” para explicar que las medidas contenidas en el plan de fomento del empleo – objeto por cierto del acuerdo con los sindicatos – buscaban “poner barata la mercancía de nuevos trabajadores” para que estos fueran cotizantes al sistema. A este alto cargo público conviene recordarle que este tipo de argumentos fue ya utilizado en la crisis de los años 90, con consecuencias desastrosas para la Seguridad Social, pero al margen de este hecho evidente, el discurso que normaliza el precio (bajo) de la mercancía humana como un valor para el sistema es, en si mismo, profundamente antidemocrático y desprecia la dignidad del trabajador como ciudadano y como persona. No se trata sólo de una “desafortunada expresión” como han subrayado los medios de comunicación exculpatorios, sino un modo de pensar la política y la economía en términos radicalmente opuestos a la cláusula del Estado social de nuestra constitución. De forma indirecta en ese discurso hay además una aproximación a la función sindical que concibe a los sindicatos como portadores de la mercancía trabajo a un mercado en donde la ofrecen a bajo precio para conseguir colocarla en mayor número. No es desde luego una visión que se corresponda con la realidad, pero no por ello es menos evidente que se trata de una consecuencia directa del argumento expresado “en términos comerciales”.

Es por tanto importante que el sindicalismo español esté atento y reaccione ante estas manifestaciones culturales tan agresivas respecto de su actuación y de sus funciones, que van apareciendo e instalándose en la opinión pública sin apenas resistencia ciudadana. Eso requeriría posiblemente abrir un frente de reflexión sobre la posición del sindicato en los medios de comunicación y sobre la progresiva configuración de éstos como estructuras de opinión opacas y resistentes a cualquier penetración democrática, en abierta contradicción con los derechos de libre expresión y de información que recoge la constitución. Pero eso será motivo de otras intervenciones. Permanezcan atentos a la pantalla.

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lunes, 14 de febrero de 2011

AHORA EL PACTO DE COMPETITIVIDAD







Aunque era previsible pensar que la declaración sobre la reforma de la negociación colectiva pactada entre CEOE y CEPYME y los sindicatos confederales fuera el eje en torno al cual pudiera vertebrarse el marco de regulación estable de salarios y condiciones de trabajo y empleo, en la línea de unas prácticas ya consolidadas de intercambio institucionalizado en torno a un verdadero sistema de negociación, esta previsión razonable está de nuevo amenazada. La dirección que está tomando la Unión europea persiguiendo a toda costa la devaluación interna en los paises periféricos a través del descenso de los salarios de sus trabajadores, nos afecta de lleno. El debate parece centrarse por el momento en la exigencia de Merkel de desvincular el crecimiento salarial del aumento del IPC. Las cláusulas de revisión salarial deben tener sus días contados si se aprueba en los términos en los que viene enunciado en la cumbre europea de primavera de finales de marzo.

Naturalmente que esta pretensión da de lleno en la línea de flotación de la negociación colectiva en nuestro país, que además cuenta con un Acuerdo entre la patronal y los sindicatos de hace un año - pero cada día más olvidado - de contención salarial de tres años de duración. Pero no sólo son esos los propósitos de la "competitividad" vía reducción de salarios. Uno de los ejes de la propuesta es la de restringir de forma intensa la función normativa y reguladora de los convenios colectivos sectoriales. Considerada una vieja reinvindicación de los economistas orgánicos del comando financiero, la fijación de salarios por los convenios sectoriales es una práctica que hay que remover, deslizando a la empresa la capacidad plena en la fijación de retribuciones. En este sentido, la regulación en la Ley 35/2010 de la llamada "flexibilidad interna" a través del descuelgue salarial incorpora de manera evidente esta tendencia al desvincular la regulación del descuelgue de las condiciones habilitantes para el mismo que fijara el convenio sectorial, y al permitir concluir el acuerdo de sustitución a sujetos no sindicales ni sindicalizados, como las "comisiones de trabajadores" que regula la norma.

Este es por tanto un terreno en el que la negociación entre CEOE-CEPYME y los sindicatos debe entrar, para perfilar mejor y encauzar estos mecanismos de diferenciación y diversidad salarial en razón de la unilateralidad empresarial que vulneran la fuerza vinculante del convenio colectivo, su garantía institucional como eje de normación del derecho al trabajo, y la posición relevante de los sindicatos como actores del proceso de negociación. La existencia de un modelo de regulación de este mecanismo que se había afianzado en la práctica negocial permite pensar que existe base para un desarrollo del mismo adaptado a la nueva reglamentación legal que ha llevado a cabo la Ley 35/2010.

Ambos problemas están por consiguiente en el espacio del intercambio que se ha abierto en el proceso de negociacion de las reformas y adaptaciones del sistema legal de negociación colectiva entre los interlocutores sociales. No es esta sin embargo la forma con la que el Gobierno español se aproxima al tema. Tras la reunión en la que se ha aumentado el Fondo de Rescate de la Unión Europea ante la inminencia del rescate de Portugal, la Vicepresidenta Salgado ha intervenido en el tema señalando cual debe ser el enfoque correcto de esta cuestión en relación con el Pacto de Competitividad. Las declaraciones son conocidas:


La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha reiterado este lunes que España está a favor que la eurozona se dote de un Pacto de Competitividad, como exige Alemania, aunque ha resaltado que queda "mucho que discutir todavía" sobre su contenido. En este sentido, Salgado ha dicho que es más importante aumentar la "flexibilidad" en la fijación de salarios que suprimir las cláusulas de indexación como pide Berlín.

"Todas las actuaciones que estamos llevando a cabo son para ganar competitividad. Así es que no podemos estar opuestos a un plan de competitividad para la zona euro ni tampoco para la UE", ha afirmado Salgado a la entrada de la reunión de ministros de Economía de la eurozona. Alemania pide este Pacto como contrapartida para reforzar el fondo de rescate para países con problemas de deuda. La vicepresidenta económica ha señalado que en España "tenemos ya una consideración de la productividad a la hora de fijar los salarios" y "también tenemos una consideración del IPC".

"Pero mucho más importante que todo eso es que haya flexibilidad dentro de cada empresa para atender a la situación económica y a las circunstancias de cada empresa. Y creo que lo que tenemos hacer es ganar en flexibilidad más que preocuparnos de si existe o no una cláusula determinada".

Es decir, que desde el poder público se indica claramente una vía de desarrollo que se alinea con la consideración de la fijación salarial en los convenios colectivos como un hecho provisional, siempre reconsiderado a la baja por las empresas individualmente consideradas o regulado de forma diferente, mediante previsibles acuerdos que vacíen de contenido la determinación de los salarios y su estructura en el convenio sectorial nacional, autonómico o provincial. La intervención de la Vicepresidenta, que se apoya en la bipolaridad básica entre poder público y la correlación de fuerzas que se desenvuelve en la negociación de sindicatos y asociaciones empresariales, es muy negativa y sesga el debate hacia una dirección inasumible sindicalmente.


Es por tanto una mala noticia. Se dibuja en el horizonte otra tempestad financiera - posiblemente Portugal - que pueda amparar una nueva vuelca de tuerca degradando los derechos de los trabajadores, el poder contractual del sindicato y los estándares de trabajo y empleo que garantiza la negociación colectiva. Ya veremos en qué para el Pacto de Competitividad, frente al cual la reacción unificada del sindicalismo europeo es imprescindible. Atentos a la pantalla.


(En la foto, el Rector de la UCLM y el titular del blog bromean entre ellos ignorando en aquel momento que la Canciller alemana imponía adoptar una decisión en la eurocumbre de primavera sobre su Pacto de Competitividad).

domingo, 13 de febrero de 2011

SEMINARIO SOBRE LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA






El 11 de febrero en la sede de la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico se celebró el Seminario sobre "Reforma en la negociación colectiva". Se trata de una iniciativa a caballo entre la Secretaria Confederal de Acción sindical y la Fundación 1 de mayo, que ha construido un grupo de profesores y sindicalistas para el estudio de determinados aspectos jurídicos de la negociación colectiva ante la comprometida reforma de la misma.

Como señala una de las participantes en este Seminario, Amparo Merino, de la UCLM, "la negociación colectiva en España se halla en la actualidad en una situación delicada. Con la entrada en vigor del RD-Ley 10/2010 y la Ley 35/2010 de convalidación, la autonomía colectiva sufre un fuerte embate. El convenio colectivo queda paulatinamente desprovisto de sus contenidos, y lo hace en la misma proporción en que se va ensanchando el poder del empresario, al que expresamente se reconocen facultades para modificar condiciones de trabajo. La intervención de la ley en la negociación colectiva es cada vez más fuerte, pero no con pretensiones de rigidez, ni con el propósito de fortalecer y dotar de mayor seguridad jurídica a la parte débil del contrato de trabajo. No se trata ahora de que la ley se reapropie y absorba contenidos, o de que haga del convenio un instrumento fuerte dotándole de mayores garantías. La ley no regula las condiciones de trabajo que antes atribuía a la negociación colectiva, ni le pone nuevas trabas procedimentales. Su labor consiste en direccionar contenidos, distribuyendo competencias materiales entre ámbitos e instrumentos de negociación".("La reforma laboral en España. Presente y futuro de la negociación colectiva", ponencia al II Congreso Latinoamericano de Derecho del Trabajo, Colombia, 22-25 de febrero 2010)

En ese contexto, por consiguiente, los trabajos del seminario tienen un evidente interés. En el seminario se abordaron entre otras cuestiones, la estructura y articulación de la Negociación Colectiva, la eficacia y los descuelgues en los convenios colectivos, la eficacia jurídica y personal de los diferentes productos de la negociación colectiva, el papel de las comisiones paritarias, así como los temas referidos a la vigencia y a la administración del convenio colectivo. El seminario fue inaugurado por Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical de CCOO y clausurado por Rodolfo Benito, secretario confederal de Estudios y presidente de la Fundaciíon 1º de Mayo. Intervinieron como ponentes: Ana Belén Muñoz, profesora de la Universidad Carlos III; Carlos Alfonso, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia; Wilfredo Sanguineti y Eduardo López, de la Universidad de Salamanca.

Esperemos que pronto se puedan consultar las conclusiones de este seminario que posiblemente prefiguren buena parte de las propuestas sindicales en el proceso de negociación abierto.

UN LIBRO SOBRE CONCILIACIÓN DE TRABAJO CON EL CUIDADO DE FAMILIARES


La Editorial Bomarzo, que se destaca por la publicación de obras siempre interesantes en materia de relaciones laborales y de seguridad social, acaba de llevar a las librerías una monografía de la profesora de la Universidad de Vigo, Emma Rodriguez, en la que se examina de forma muy ágil y conveniente, las instituciones de la conciliación entre la vida personal y el trabajo en relación precisamente con el trabajo de cuidados a familiares. Un resumen de su contenido en el texto que sigue a continuación.


La obra comentada se inscribe en una línea de estudios sobre la conciliación de la vida personal y laboral de las personas que trabajan, a la que aporta novedades importantes en el enfoque y en el contenido. En el enfoque, porque no prioriza los mecanismos del permiso parental ni la situación de maternidad como tipo-ideal de la regulación normativa en torno a la cual se articulan las medidas de conciliación. Se sitúa por así decirlo un paso atrás, para abordar, como de forma nítida precisa el título de su obra, las instituciones de la conciliación desde la perspectiva del cuidado a familiares. Con ello, y como subraya su prologuista, el catedrático de la Universidad de Vigo Jaime Cabeza, salta de un enfoque predominantemente basado en el ámbito familiar, a uno que privilegia un problema social, la atención a las personas mayores dependientes y produce un “cambio de rumbo doctrinal” que debe ser anotado.
La producción legislativa española, tanto en materia de trabajo como de seguridad social, pivota sobre la Ley 39/1999, pionera en este tema, la Ley 39/2006 de dependencia y la Ley Orgánica 3/2007. Ley insuficiente y sesgada la primera, imposibilitada en su ejecución la segunda sobre la base de la crisis que engulle el desarrollo y la tutela de derechos sociales básicos, y retórica y no desarrollada la última y trascendente Ley de Igualdad. Por eso el libro de Emma Rodriguez plantea el análisis del tema a partir de un examen comparado de cómo se regulan estas cuestiones en los países escandinavos. Y ese comparatismo permite, de forma casi inmediata, comprender mucho mejor las claves de nuestro sistema legal, los problemas mal resueltos y las diferentes formas de abordar desde las políticas públicas esta problemática. La autora realizó una amplia estancia de investigación en Bergen (Noruega) para la realización del libro, que a su vez es objeto de un proyecto subvencionado por la Xunta de Galicia.

Dividido en cuatro capítulos y precedido de una introducción, la autora aborda en primer lugar la problemática europea y española de la igualdad, la conciliación y el empleo con especial referencia al cuidado de familiares. A continuación se examinan las instituciones legales para el cuidado de familiares, es decir, los permisos, las reducciones de jornadas y las excedencias, contrastando esta regulación con la que se efectúa en los países nórdicos. El tercer capítulo se dedica a exponer las instituciones que ha ido creando la negociación colectiva, fundamentalmente en relación con las cláusulas de flexibilidad de los horarios de trabajo y su interpretación judicial . Aquí también es muy ilustrativo el ejemplo de los convenios colectivos nórdicos, en un sistema de relaciones laborales en el que la autonomía colectiva es muy decisiva. El último capítulo se dedica a las medidas de corresponsabilidad y, de forma muy señalada, las políticas públicas que se sustancian en la prestación de servicios y transferencia de rentas.

El modelo social y político donde se asienta un tratamiento protector del cuidado de familiares y en concreto la tutela a las personas dependientes es muy distinto en los países escandinavos que en los países mediterráneos, donde el cuidado informal que proporciona el entorno del sujeto dependiente y en especial el trabajo de cuidado de las mujeres, resulta determinante.

La perspectiva comparatista de este excelente libro sugiere a su vez nuevos argumentos para defender una reformulación de la cláusula del estado social y de la acción de los poderes públicos que se fundamente en las situaciones reales de necesidad de los ciudadanos y no en el porcentaje que el gasto social ocupa en relación con el PIB de un país, mientras se sacrifica a ese raquitismo social a todo un grupo de ciudadanos, marcados por el género, al cuidado de niños y ancianos en un país que se desentiende de asumir la tutela de estas actividades.

INSTITUCIONES DE CONCILIACIÓN DE TRABAJO CON EL CUIDADO DE FAMILIARES

Emma Rodríguez, Bomarzo, Albacete, 2010, 304 pags, 25 €..

jueves, 10 de febrero de 2011

Ciudad Nativa: “DANZAD, DANZAD MALDITOS” (THEY SHOOT HORSES, DON’T THEY?), USA, 1969





Una reflexión sobre la crisis económica y la descomposición social con la Gran Depresión USA como metáfora en el importante film de Sidney Pollack :

Un comentario sobre la temática del film en
Ciudad Nativa: “DANZAD, DANZAD MALDITOS” (THEY SHOOT HORSES, DON’T THEY?), USA, 1969

martes, 8 de febrero de 2011

9 de Febrero: Jornada de Acción por la Democracia en los Países Árabes


Se ha convocado en Madrid, para el 9 de febrero, en la Puerta del Sol, una concentración en apoyo a la lucha del pueblo árabe por su libertad. Es una buena noticia que los madrileños puedan expresar su solidaridad con los movimientos de emancipación que se están desarrollando en la otra orilla del Mediterráneo y en los que la vertiente social ocupa una parte muy importante.




Aunque no es conopcido, como normalmente sucede con las noticias que afectan a los sindicatos y a su acción de representación de los trabajadores en el plano internacional, la Confederación Sindical Internacional (CSI) ha convocado a los sindicatos de todo el mundo a sumarse a una Jornada de Acción en pro de la democracia en Egipto (http://www.ituc-csi.org/egypt-international-day-of.html ) el 8 de febrero. Los sindicatos organizarán manifestaciones frente a las Embajadas de Egipto y seguirán presionando a sus respectivos Gobiernos para pedir una transición democrática en Egipto y asegurarse de que los responsables por la violenta represión desplegada contra las manifestaciones pacíficas sean conducidos ante la justicia.

“Continuaremos exhortando a la comunidad internacional para que haga presión sobre el régimen de Hosni Mubarak pidiéndole que respete la voluntad del pueblo egipcio. Nuestro apoyo a los sindicatos independientes en Egipto y otras fuerzas pro democráticas es inquebrantable y estamos determinados a que no exista impunidad para los responsables de las muertes, las agresiones y la intimidación de personas inocentes”, afirmó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow al presentar esta jornada de acción.



En Madrid, un impresionante conjunto de organizaciones sociales y sindicales convocan el 9 de febrero a las 19,30 a una manifestación por la democracia en todos los países árabes, apoyando las rebeliones ciudadanas que han tenido lugar en Túnez primero y en Egipto actualmente.



Aunque con la lentitud que caracteriza a la expresión de la solidaridad entre los pueblos, la manifestación del día 9 de febrero es una buena oportunidad para hacer patente la unión fraternal con los pueblos de Túnez y de Egipto en su reivindicación de la democracia, mostrando el rechazo a las actitudes pos-coloniales de Estados Unidos y de la Unión Europea que sostienen dictaduras horribles como fórma de garantizar su influencia política y económica en ´la región y en los países concretos.




sábado, 5 de febrero de 2011

¿PIERDE SU ALMA EUROPA AL DEGRADAR SU MODELO SOCIAL?

Aprovechando la visita de Angela Merkel, se han reunido por parte sindical las centrales UGT y CCOO con el presidente de la DGB alemana y han realizado una declaración conjunta. Ante la relativa parálisis de la CES durante la crisis - aunque esta organziación reúne a su Comité Ejecutivo en Bruselas lunes y martes 7 y 8 de febrero - la puesta en común entre los sindicatos españoles y el sindicato alemán tiene un interés superior al de un mero contacto bilateral entre confederaciones nacionales. En el comunicado, que aborda muchos temas de candente actualidad, es de destacar la frase que da título a esta entrada: Europa, degradado su modelo social ante las medidas adoptadas para salir de la crisis, e incapaz de defender las conquistas democráticas, está perdiendo su alma. Una expresión especialmente relevante al ser utilizada por sindicatos como los españoles y el alemán desde situaciones diferentes que convergen en esa realidad sobre la que merece reflexionar.




Declaración conjunta de la DGB, CC OO y UGT a la cumbre hispano alemana

Europa en la encrucijada

Ante la Cumbre política bilateral hispano-alemana que se celebra en Madrid, hoy día 3 de Febrero de 2011, los sindicatos UGT, CC OO y DGB deseamos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación política, económica y social en la que se encuentra actualmente la Unión Europea.
Desde la primera cumbre hispano-alemana, celebrada en 1983, la Unión Europa como proyecto político y económico ha pasado por distintas fases, experimentando progreso en términos generales. Sin embargo, nunca como hoy la cooperación, la decisión y voluntad política de los gobernantes europeos han sido tan decisivas para hacer frente de un modo conveniente a los graves problemas a los que se enfrentan las economías europeas, tras la crisis iniciada en 2007-2008. Hoy en día, bastantes de ellas están zarandeadas, en la actual fase de crisis de las deudas soberanas, por la acción de los especuladores en los mercados financieros.

La recuperación económica de los países de la Unión no tendrá éxito si se basa en la adopción de las políticas económicas conservadoras de ajuste presupuestario y de reformas estructurales de signo neoliberal, sino que debe fundamentarse en la promoción del crecimiento sostenible de la economía y del empleo y el mantenimiento de la cohesión social.

Las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y de reformas estructurales impulsadas por las instituciones de la UE están suponiendo el mayor y más generalizado ataque a los Estados de bienestar y a los derechos sociales y laborales que han conocido los ciudadanos europeos desde el final de la segunda Guerra Mundial.

Apelamos a la responsabilidad de los gobiernos español y alemán: Europa se encuentra en una encrucijada. Aferrarse a las medidas hasta ahora adoptadas que sólo favorecen a los mercados pondrá en grave peligro la estabilidad del sistema del euro. Esto llevaría a una degradación económica, política y social de todos los países implicados. Por este motivo debemos adoptar todas las medidas necesarias para conjurar este peligro y fomentar el crecimiento y el empleo y estabilizar el euro.

El establecimiento de un mecanismo de estabilidad financiera permanente, aprobado por el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre, aún siendo una muestra del compromiso de la UE con sus Estados miembros y con el euro, no solucionará la crisis de la eurozona a la vista de la magnitud de los problemas.

Resulta imprescindible el cumplimiento de la Agenda establecida en la Cumbre del G20 de Londres para una nueva regulación del sistema financiero internacional. Si no se alcanza a nivel mundial, el ámbito de la UE debería ser suficiente para las principales medidas.

Entre las medidas a contemplar cabrían, entre otras, la prohibición de las operaciones especulativas a la baja en los mercados financieros, la intervención del Banco Central Europeo (BCE) comprando en las cantidades que fueran necesarias bonos de los Estados miembros más afectados, la creación de una Agencia Europea de la Deuda que emitiese bonos de deuda europeos (eurobonos) y el muy necesario establecimiento de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

También es posible -y política y moralmente exigibles- la erradicación de los paraísos fiscales y la regulación de las retribuciones y bonos de los directivos de las instituciones financieras.

Deseamos también transmitir que compartimos plenamente el rechazo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a las propuestas de la Comisión Europea para la gobernanza económica de la UE, por centrarse casi exclusivamente en el endurecimiento de los medios de vigilancia y control de los déficits y deudas públicas, olvidando todo lo relacionado con el crecimiento de la economía y el empleo y la política fiscal, al tiempo que se pretende a través de ellas imponer determinadas reformas, que no significan otra cosa que recortes de derechos, en campos en los que la UE no tiene competencias.

Las reformas estructurales y la consolidación fiscal por sí solos no llevarán a la recuperación de las economías europeas. Por el contrario, esta concepción errónea está retrasando la salida de la crisis y promoviendo injusticias sociales y desigualdad y el descrédito del proyecto de integración europea entre los trabajadores y trabajadoras. El gran incremento de la desigualdad social ha contribuido fuertemente a generar la actual crisis, lo mismo que ocurrió en la Gran Depresión de 1930. La desigualdad social que se está fomentando en la salida de la actual crisis es el germen de crisis futuras.

Instrumentos de desigualdad social son los contenidos de las llamadas reformas estructurales impulsadas por las instituciones de la UE y que afectan a cuestiones tan relevantes como los sistemas de pensiones y de protección social, los mercados laborales o la negociación colectiva. En particular manifestamos nuestro completo desacuerdo con las reformas de los sistemas de pensiones que empobrecen a las personas mayores y que introducen recortes profundos de las prestaciones para minar los sistemas públicos de jubilación. Además rechazamos las propuestas que vayan dirigidas a debilitar la negociación colectiva. Junto con las políticas de ajuste presupuestario estas reformas -concebidas ante todo como recortes de derechos sociales e instrumentos para disminuir los costes laborales y los gastos sociales- son la manifestación más clara de que los actuales gobernantes europeos pretenden cargar todo el coste de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y pensionistas.

Las tres confederaciones sindicales consideran que las reformas laborales y sociales tienen que ser fruto del diálogo social y de acuerdos con los interlocutores sociales. En ese sentido, valoran positivamente los acuerdos que recientemente se han alcanzado en España sobre pensiones y negociación colectiva, entre otros aspectos.

Pretender que los países europeos refuercen su competitividad en la economía global mediante la disminución de los costes laborales y el gasto social, en lugar de hacerlo en los factores que cimientan la economía del conocimiento, es un gravísimo error. Error en lo económico. Y error en lo político: así se deteriora la integración política europea.

Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre los casos Viking, Laval, Rüffert y Luxemburgo, que legalizan el dumping social y salarial en el seno de la UE, han demostrado que la legislación europea necesita un mecanismo para asegurar la prevalencia de lo social. Reclamamos, en consonancia con la posición de la CES, la inclusión, durante el próximo proceso de revisión del Tratado de Lisboa, de una cláusula de progreso social que evite este tipo de prácticas y establezca la primacía de los derechos sociales fundamentales. En el mismo sentido, manifestamos nuestra preocupación por el futuro de las directivas sobre trabajadores extranjeros que se están tramitando en estos momentos (permiso único, temporeros y traslado de trabajadores dentro de una misma empresa). Nos parece imprescindible que se basen en los principios de la igualdad de trato y la no discriminación y que no favorezcan una mayor fragmentación del mercado de trabajo.

La DGB, CC OO y UGT deseamos también subrayar que compartimos las opiniones de destacados analistas que afirman que Europa está perdiendo sus valores y su alma. A los valores de la Economía social de mercado, hoy plenamente cuestionados, se unen los de defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Un ejemplo de esto último se ha vivido en la actuación de la diplomacia europea frente a la revolución democrática en Túnez, alineándose hasta el último minuto, explícitamente o de facto por medio de un intolerable silencio e inoperatividad, detrás del dictador Ben Ali. También al no promover con claridad el cambio democrático en Egipto, y otros países de la región.

Frente a esta situación que criticamos, y reafirmándonos en nuestras convicciones sobre el valor del proyecto de integración política de la UE inseparable de su modelo social, la DGB, CC OO y UGT, de acuerdo con la orientación de la CES, consideramos fundamental alcanzar un gran acuerdo político y social europeo que, además de abordar una solución urgente y solidaria a la crisis de la deuda, impulse un Plan de recuperación de las economías europeas, basado en la inversión en infraestructuras de transporte y energía, redes de comunicación, I+D+i., educación y formación, y una transición justa a una economía verde. Exigimos que la Cumbre extraordinaria de líderes de la UE que se celebrará mañana en Bruselas, dedicada a energía e innovación, y la Cumbre de Primavera del Consejo dirijan sus esfuerzos en esta dirección.

Madrid, 3 de febrero de 2011
Radio Parapanda FM informa: Atención al debate / diálogo entre Lopez Bulla y Falguera en el blog hermano Metiendo Bulla sobre la izquierda, la fraternidad y el Estado de Bienestar. Una reflexión de fondo sobre la vigencia del pacto keynesiano post- segunda guerra mundial en Europa y la necesidad de recomponer un proyecto de cambio real de izquierda en esa terra incognita que llamamos posfordismo. He aqui el link, bien recomendable.

viernes, 4 de febrero de 2011

LOS EMPRESARIOS COMPLEJOS, UN RETO PARA EL DERECHO DEL TRABAJO








La editorial Bomarzo acaba de publicar un libro sobre los empresarios complejos y los retos que plantea al derecho del trabajo del que se proporcona a continuación un comentario.



Desde hace un largo tiempo se han venido institucionalizando relaciones de colaboración y de intercambio entre los profesores de derecho del trabajo italianos y españoles. Es una relación de carácter permanente y colectivo que coexiste con otras colaboraciones más orgánicas, a través de las respectivas asociaciones de derecho del trabajo de ambos países o de revistas jurídicas especializadas, en concreto, por parte italiana, GDLRI y Lavoro e Diritto con Relaciones Laborales y esta misma Revista, RDS, por parte española. El grupo al que nos referimos fue impulsado en su inicio por Umberto Romagnoli y Maria Emilia Casas y esta iniciativa se concretó en una serie de encuentros comunes que en muchas ocasiones – la primera en el lejano 1987 - produjeron libros colectivos de indudable atractivo en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado. A partir de entonces, y con una cierta pausa, este proceso de encuentros ha sido retomado desde los grupos de juristas del trabajo de las universidades de Siena y de Castilla La Mancha, que, a partir del año 2005, han logrado catalizar la colaboración de un buen grupo de profesores de “nuevas hornadas” bajo la dirección de Lorenzo Gaeta y de Charo Gallardo, convocando al grupo a sucesivos encuentros, como los celebrados en Almagro (2005) y Cuenca (2007), que han tenido continuidad en Gaeta en este mismo año (2010).




Esta “fase dos” de los encuentros hispano – italianos se ha alimentado de un largo trayecto de preparación, elaboración y debate de textos que giraban sobre una línea de reflexión sobre la organización concreta que se daba el poder del empresario en las relaciones laborales y las metamorfosis que su figura había ido conociendo y que habían producido alteraciones importantes en el juego de equilibrios asimétricos del derecho del trabajo. Sobre este escenario de fondo se extiende el libro colectivo que han dirigido Gaeta y Gallardo, y en el que participan catorce especialistas de ambos países.




El libro está dividido en tres partes. En la primera se examina el “nuevo escenario” de la descentralización productiva. La tarea de explicar qué técnicas jurídicas concretas incorporan la descentralización empresarial se confía a una mercantilista , María Ángeles Alcalá, y la descripción de la posición del empleador en el contrato de trabajo a un laboralista, Antonio Baylos, mientras que las reflexiones de fondo desde el derecho laboral se concentran en las repercusiones de las transformaciones de la figura del empresario sobre la determinación teórica del contrato o incluso sobre la necesidad de una cierta audacia – “insolencia” es la expresión utilizada - en la reconfiguración de categorías centrales del derecho del trabajo tomando como ejemplo la necesidad de construir la figura del empresario complejo. En esa línea, los textos de Antonio Loffredo y de Joaquín Pérez Rey contienen indicaciones y sugerencias extremadamente valiosas y originales.

Una segunda parte del libro se dedica a lo que con fortuna se denomina “las turbulencias de las potestades del empresario”, y en él se incluyen dos intervenciones claves para entender este tema. En la primera, Dolores Santos escoge el tema de los poderes empresariales y su “identificación” como hilo conductor de un estudio sobre las formas de expresión del poder del empresario que reposa sobre un examen del valor jurídico otorgado al espacio organizativo creado por las relaciones de colaboración interempresarial y su repercusión en cuanto a la calificación relevante del mismo en las relaciones laborales. En la segunda, Elena Desdentado examina la específica regulación del art. 42 ET en orden a la responsabilidad del empresario en materia de descentralización productiva, señalando la defectuosa construcción de la responsabilidad solidaria del empresario principal para terminar formulando una propuesta de corrección de la norma. En una nota de alcance mas limitado, Simona Naimoli reflexiona sobre la fragmentación de la figura del empleador en el sector del espectáculo en Italia.
La tercera parte se dedica a la dimensión colectiva de estos fenómenos y a su proyección en el ámbito transnacional, en especial a través de la regulación que se establece en la dimensión europea de las empresas y grupos de empresas. En este capítulo, Rosario Gallardo precisa la articulación de los derechos colectivos y del propio sujeto sindical en las figuras empresariales complejas. Se trata de un artículo muy sugerente y original del que se extraen importantes conclusiones sobre la idoneidad de esta dimensión colectiva a efectos regulatorios de las metamorfosis de empresa y en la que se pueden rastrear intuiciones muy productivas sobre la necesaria adaptación de las estructuras sindicales a las nuevas realidades organizativas de empresa. Siempre en este ámbito colectivo, el trabajo de Federico Siotto expone la relevancia de la Directiva sobre Comités de Empresa Europeos en su última redacción del 2009 en este tema, y ese texto se relaciona con el de Edoardo Ales sobre los derechos de información y consulta y su modelo comunitario en la Directiva del 2002. De forma más global, Giovanni Orlandini aborda la transformación de la empresa transnacional desde la perspectiva de las reglas de mercado, lo que se traduce en un análisis que sigue de cerca la influencia de las libertades económicas fundamentales sobre la relectura de normas comunitarias a propósito del desplazamiento de trabajadores y los principios del mercado interior. Por último, cierra el libro una intervención de Vicenzo Ferrante sobre la regulación italiana de los derechos de participación de los trabajadores en los casos de fusión de sociedades cotizadas, y otro de Marta Olmo sobre el contenido social de los acuerdos de cooperación y de comercio de Europa con otros países y la difícil exigibilidad social de los estándares de la OIT a la hora de conceder las preferencias arancelarias a los mismos.

El libro comentado es, como se puede desprender de la mera enunciación de sus contenidos, un trabajo teórico importante. Es evidente que una buena parte de sus intervenciones están influidas por aportaciones tan interesantes como las de Gaetano Vardaro - Prima e poi della persona giuridica – y Maria Fernanda Fernández, esta explicitada en el propio título de la obra, acogiendo su expresión de “empresario complejo”. A partir de estas aportaciones – y de otras menores – se recogen en el libro un conjunto de textos que avanzan y desarrollan de forma original y creativa esta problemática. Como señala Lorenzo Gaeta en su inteligente presentación a esta obra, uno de los motivos conductores de los encuentros italo-españoles y en concreto de las intervenciones que se recogen en el volumen, es la recuperación de los “espacios perdidos” por el derecho laboral, su autonomía científica y su capacidad propositiva y de interlocución tanto con los sujetos representativos del trabajo y de la ciudadanía social como con el poder público. Es cierto que, como señala el propio Gaeta, los espacios culturales y teóricos de un derecho del trabajo que cuestiona las lógicas del dominio, necesitan articularse en políticas del derecho y para ello es preciso medirse en el escenario de la política, lo que resulta complicado en estos tiempos de crisis y desmoronamiento de la izquierda política europea. Pero esas dificultades añadidas no impiden subrayar el esfuerzo conseguido y el magnífico resultado que ofrece el libro comentado.



LOS EMPRESARIOS COMPLEJOS: UN RETO PARA EL DERECHO DEL TRABAJO
Lorenzo Gaeta y Rosario Gallardo (Dirs.), Bomarzo, Albacete, 2010, 393 pags, 25 €.





miércoles, 2 de febrero de 2011

Sindicatos, democracia y acuerdos sociales







En el diario El Pais de hoy, 2 de febrero de 2011, cuatro profesores de Derecho del Trabajo, Carlos L. Alfonso, Wilfredo Sanguineti, Francisco Trillo y Juan Vivero, han publicado una reflexión general sobre el papel de los sindicatos en las épocas de crisis y su función de gobierno de las relaciones laborales. Por su interés se reproduce aquí a continuación.


En los últimos tiempos hemos asistido en algunos medios a una permanente crítica y deslegitimación del papel de las organizaciones sindicales, incluso pretendiendo negarles su papel de interlocutores esenciales y marginarlos de la gestión de la salida de la crisis.

El reciente acuerdo sobre pensiones y otras materias nos permite hacer algunas reflexiones en torno a estas posiciones. La primera pasa por un recordatorio: el papel de interlocución de los sindicatos no es una creación artificial, sino que responde a la configuración misma de nuestro sistema constitucional, reconocido expresamente en el artículo 7 de la Constitución, el cual se revalida constantemente con procesos electorales en los que las grandes confederaciones sindicales (CC OO y UGT) vienen sistemáticamente obteniendo un muy alto respaldo de los trabajadores y trabajadoras.

En segundo lugar, este acuerdo demuestra la responsabilidad de las organizaciones sindicales en la gestión de la crisis. Los sindicatos no se han mostrado ajenos a los problemas sociales y económicos del país, no se han negado a la posibilidad de diálogo y debate, pero tampoco han abandonado en ningún momento su papel esencial de defensa de los intereses de la clase trabajadora, y en especial de aquellos colectivos más necesitados de protección social.

Esta actitud es la que ha permitido un acuerdo que aborda y puede aportar una solución responsable y suficiente a los problemas planteados, pero también un cambio en la dirección de la reforma, pasando de una actuación unilateral a una reforma pactada que atiende mejor a todas las situaciones.

Por ello, este acuerdo y la consecuente actuación sindical atendiendo a esa doble perspectiva, tan compleja de simultanear (solución a los problemas generales y defensa de los intereses de los trabajadores), legitima aún más a las organizaciones sindicales y demuestra que se trata de entidades responsables, que viven atentas a la realidad y que trabajan en beneficio de toda la sociedad.

En última instancia, evidencia la utilidad y necesidad de algo que ha caracterizado el sistema social europeo y la práctica de nuestro Estado: la importancia de la negociación -bilateral (asociaciones empresariales-sindicatos) y tripartita (con participación del Gobierno)- y la conveniencia -e incluso necesidad- de que las reformas sean consensuadas y, por tanto, se mantenga y profundice la práctica de la concertación social que tan útil se ha demostrado.

Finalmente, una vez más, queda claro el esencial papel de las organizaciones sindicales, así como el acierto constitucional al atribuirles un esencial papel de interlocutores sociales.

Carlos L. Alfonso es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia; Wilfredo Sanguineti es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca; Francisco Trillo es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Juan Vivero es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca.