SOBRE ABELARDO DE LA ESPRIELLA Y LA ULTRADERECHA TRIUNFANTE POR DOQUIER (HABLA TARSO GENRO)

 

Cunde el desánimo entre las personas progresistas en nuestro país ante la que se pregona como inminente e irresistible ascensión de un nuevo Arturo Ui, personificado en el bloque de poder de la derecha extrema y la ultraderecha, que sobrepasa cualquier límite moral y democrático gracias a la modificación sustancial de una opinión pública en la que la antropología de la solidaridad que promueve la forma de conciencia creada por la ideología ecosocialista y comunista ha sido sustituida por la aceptación del resentimiento y del miedo, de los rencores privados, las desilusiones particulares y las exclusiones de los diferentes o de los extraños que se suponen invasores de nuestro espacio vital caracterizado por el éxito personal y la confortabilidad del dinero. La violencia permanente que crea el tecno fascismo impulsado desde el gobierno actual de los Estados Unidos y la pulsión de muerte y desolación que lleva aparejado el genocidio de los pueblos árabes de Palestina por el estado de Israel,  sostenido en su extremo terror por la gran potencia norteamericana, está alterando de manera consciente los confines dentro de los que se movía hasta hace relativamente poco tiempo la democracia y los derechos cuyo reconocimiento y ejercicio aparecían garantizados por este sistema político.

En América Latina, esta irrupción del dominio violento de la era Trump ha ido extendiéndose no sólo mediante intervenciones militares directas como en Venezuela o un cerco de privación de energía y de suministros como en Cuba, sino de manera destacada a través de sucesivas victorias electorales frete a candidatos de la izquierda, incluso moderada, como las sucedidas en Argentina, en Ecuador y en Chile, o, más contestadas en cuanto a su resultado, en Perú o en Colombia, en donde la victoria de Abelardo de la Espriella ha sido contestada respecto al contenido final de los votos y en todo caso se ha efectuado con un margen estrechísimo de victoria.

El nuevo presidente de Colombia es un personaje grotesco, que exalta la violencia junto a un sectarismo religioso imponente y que ha rechazado la ayuda internacional ante el grave terremoto padecido de todos aquellos países que no sintonizaban políticamente con su ideario reaccionario, mostrando además una inmediata sumisión al estado de Israel y la aceptación de su actuación criminal y genocida. Colombia debe estar muy atenta a las evoluciones que este presidente puede imponer a la democracia de aquel país, que ha trabajosamente logrado superar la guerra civil interna para llegar a una paz siempre complicada y en equilibrio inestable.

Tarso Genro, gran amigo de este blog y un de los más brillantes analistas políticos de América Latina, interviene a través de la ventana de X con observaciones siempre agudas y radicales sobre la realidad política de esa región. Sus tesis sobre el desdoblamiento de dos niveles del capitalismo (el financiero y el criminal) y la posterior capacidad de ambos de crear una base de opinión pública que se siente representada por las pulsiones de violencia y destrucción que estas estructuras de clase son capaces de producir, permiten una explicación profunda de algunas tendencias sociales e ideológicas en nuestra actualidad. Aunque siempre pensando en última instancia en la posibilidad de una vía alternativa y socialista que surja de un bloque común democrático, para lo cual la evolución de las elecciones brasileñas de octubre son decisivas, ha intervenido recientemente comentando un “post” del presidente colombiano en el que éste recomienda una dieta determinada, con baile y fornicación permanente, como la clave que explica su figura envidiable y su estilo inigualable, en el contexto de la enorme tragedia humana que su pueblo está sufriendo en estos días.

El texto de Tarso Genro es conciso y muy claro, e introduce estos elementos de comprensión que va progresivamente desarrollando en muchas de sus intervenciones en el marco de la elaboración teórica del Instituto Novos Paradigmas que el mismo dirige.

Este es el texto que incorporamos, oportunamente traducido por la versión gratuita de DeepL, revisada posteriormente por el curador de este blog.

LA DECADENCIA DEL PEOR NEOLIBERALISMO

Tarso Genro

Es muy humano afirmar que el pueblo que eligió a Abelardo de la Espriella se merece a este psicópata megalómano y debe padecer lo que está haciendo como presidente. Pero no se lo merece. Tenemos que comprender que este sórdido tipo humano es un fenómeno mundial que asola las democracias liberales occidentales, impregnadas por completo de los valores de la decadencia  del peor neoliberalismo: aquel impulsado por el capitalismo  financiero global clandestino, marginal y criminal. Esta producción criminal de capital está articulada con el sistema financiero global dentro de la legalidad de Occidente (y más allá de Occidente), cuyos reflejos organizativos, tanto materiales como de naturaleza moral, están presentes en el sistema de poder de Epstein y su lista de invitados infames. En ese sistema se pone de manifiesto la radicalización de los antivalores de la deshumanidad y la perversión, que se alimentan de las nuevas formas materiales (científico-tecnológicas) e inmateriales de producir bienes mercantiles e informativos. Pero allí también se producen conciencias, cada vez más uniformes, vendibles y comprables, en el mundo irreal y real de la manipulación de las redes. Agnes Heller —discípula de Lukács— ya había expuesto una nueva posibilidad en un libro publicado originalmente en 1970 («La vida cotidiana y la historia»), en el que examina las «esferas heterogéneas» que pueden chocar en la producción de valores.

Una posibilidad —que no tiene por qué ser contradictoria— es la que se da en la esfera material de la producción del capitalismo industrial clásico, en la que se producen los bienes materiales mediante la agregación colectiva de valor en las fábricas modernas. En estas, la producción de valores materiales se refleja en la esfera inmaterial de la conciencia social y política, vivida y negociada de manera pública —en las calles y en las plazas— en el capitalismo de la democracia liberal «clásica». Aquí, los valores materiales y morales en proceso de producción no chocan de manera radical, sino que se armonizan relativamente en espacios sociales visibles.

En Colombia, quien está en el poder es la marginalidad global del capital pirata, que responde al «gran hermano» estadounidense, controlador de ambos flujos del capital financiero globalizado: los flujos criminales «fuera» de la ley y los flujos legales, «dentro» de la ley. Agnes Heller afirma: «La articulación de los valores se produce, por tanto, en esferas heterogéneas. Como hemos dicho, estas se desarrollan de forma desigual» (una va en una dirección y la otra en otra) «pero la colisión entre esferas heterogéneas es solo una de las continuas colisiones de valores que tienen lugar a lo largo de la historia». En las colisiones entre estas esferas —cuando el sistema multipolar de poder puede llegar al delirio de la destrucción de la humanidad— aparecen los monstruos-payasos y los payasos-monstruos. Abyectos y siniestros.

Y ya están presentes en muchos países de lo que el presidente de Estados Unidos quiere denominar el «patio trasero latino» de los Estados Unidos de América del Norte. Ganar con Lula en la primera vuelta supone reducir aquí, en nuestro país —que no se consagra a la guerra, sino a la paz—, este peligro del mal absoluto, ya presente en toda la humanidad.

SOBRE LA PRÓRROGA HASTA 2030 DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ. HABLA JOAQUIN APARICIO

 

Como es conocido de todos, el Gobierno ha ampliado la vida de la central nuclear de Alcaraz hasta junio de 2030, teniendo en cuenta “las circunstancias excepcionales derivadas” de la guerra de Irán y su impacto en los precios de la energía y que “la extensión es segura desde la perspectiva radiológica y de seguridad de suministro, y no supone mayor coste a los ciudadanos”. La decisión ha sorprendido a su socio en el Gobierno, SUMAR, que entiende que se trata de un incumplimiento flagrante del acuerdo de gobierno. Los sindicatos han reaccionado asimismo de forma crítica, CCOO exige al Gobierno, la junta de Extremadura y las empresas propietarias de las centrales nucleares, que impulsen aquellas inversiones que en este tiempo de prórroga garanticen alternativas económicas y laborales en el territorio, y también exige al Gobierno que se mantengan los compromisos con el PNIEC sin arrojar dudas sobre el cumplimiento de los objetivos del país con la transición energética, favoreciendo la transformación del mix de generación eléctrica a través del impulso de las energías renovables.

La crítica a esta decisión no solo se basa en el fondo del asunto, el alargamiento de la vida de una central nuclear d ela que se había pactado su cierre, sino también en la forma, anunciada la decisión de improviso y en mitad de las vacaciones. Joan Coscubiela, en un artículo publicado en Eldiario.es, lo resumía en algunas interrogantes críticos: “¿Por qué ha incumplido sus compromisos y su programa de Gobierno? ¿Por qué una decisión de esta trascendencia se hace pública en un viernes de pleno “ferragosto”? ¿Por qué no nos explica las verdaderas razones de su decisión? ¿Por qué nos trata a la ciudadanía como personas carentes de criterio para distinguir entre motivos y excusas?” (https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/vas-abusar-pedro-sanchez-paciencia_129_13448560.html)

 El tema es muy grave, tanto que Joaquin Aparicio, aun recluido en vacaciones en un bellísimo paraje al sur de la sierra de Gredos, se ha sentido concernido y ha elaborado este texto para su publicación en el blog, que acogemos como siempre con la seguridad de que tendrá la acogida atenta de nuestra fiel audiencia, incluso en vacaciones.

  

PRÓRROGA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ: NO ES PAN PARA HOY, PERO ES NADA PARA MAÑANA.

 

En cierto modo de veía venir que el sector socialista del Gobierno no iba a tener coraje para cerrar los dos reactores de Almaraz en 2027y 2028  como estaba previsto y en su día pactado con las grandes energéticas. El informe del CSN ya apuntaba como justificación, a lo que el Ministerio de Transición Energética añade la situación inestable por la guerra del golfo pérsico. Se prorroga la actividad de la central hasta 2030, pero es una oportunidad perdida porque este Gobierno, en caso de revalidar su mayoría parlamentaria suficiente, va a tener más dificultad para cerrarla en esa fecha porque coincidirá con el cierre previsto de otras centrales. El PP y Vox ya han dicho que prorrogarán más allá de 2030 la actividad de esta central y  Foment del Treball en Cataluña ya ha pedido que no se cierren los reactores nucleares en esa comunidad.

 

La central nuclear de Almaraz está operada por tres grandes energéticas: Iberdrola, Endesa y Naturgy que han celebrado alborozadas la decisión del Gobierno. Esta central tiene dos reactores, ambos se empezaron a construir en 1973, con el dictador vivo, el primero entró en servicio en 1983 y el segundo unos meses después. Llevan en actividad, por tanto, 43 y 42 años. Tienen una tecnología estadounidense de la empresa Westinghouse de la que en su día se dijo tener una vida útil sin problemas de 30 años y máxima de 40. Como se ve, ya están ambos grupos por encima de la vida útil programada. Ante este incontestable dato las empresas alegan que han hecho inversiones en seguridad para justificar ese alargamiento. En realidad han sido lo que podrían decirse chapuzas que no han evitado varios incidentes desde casi el inicio de la actividad, algunos potencialmente graves. Los últimos en mayo de 2026 cuando fallaron dos veces válvulas de refrigeración de uno de los reactores, lo que hizo sopesar a la delegación del gobierno activar la alarma nuclear externa en la zona, cosa que al final no se hizo.  Se ha impuesto por encima de los criterios técnicos, tan usados como cobertura ideológica hoy, la avaricia del capitalismo oligárquico aún a costa de la seguridad de las personas trabajadoras y de la población.

 

Se dice, y así lo ha conseguido el lobby nuclear en la Comisión Europea, que la nuclear es una energía “verde” que no produce emisiones de CO2, pero oculta el enorme problema de los residuos radioactivos que siguen activos miles de años. También se oculta que el suministro del uranio enriquecido, combustible necesario de las centrales, depende de otros países, en concreto Kazajistan (66 %), Uzbekistan (11%), Namibia (9,7%), Rusia (6,3 %), Niger (3,4%), Canadá (3%) y Sudafrica (0,9%). De soberanía energética nada de nada y, además, hay una gran dependencia de la órbita rusa.

 

También se ha utilizado el argumento de los puestos de trabajo que genera la central pero en realidad no son tantos, no más de 360 directos y algo más de 600 indirectos que no han evitado que la población en el Campo Arañuelo, comarca en donde se ubica la central haya caído de modo significativo desde su construcción. Además, de ese número, no pocos trabajadores y trabajadoras habitan en Madrid como puede comprobarse recurriendo a una búsqueda de un puesto para viajar en Blablacar. El cierre de la central no significa que automáticamente desaparezcan los puestos de trabajo, el desmantelamiento, que alguna vez tendrá que producirse, durará unos 15 años y precisará de numerosas personas trabajadoras, mientras deben buscarse alternativas de empleo para la zona con actividades resilientes y sostenibles.

 

La peligrosidad de la Central Nuclear a estas alturas es cosa sabida, mucho más cuando se ha superado el plazo de vida operativa previsto y más que se va a superar, pero de ello poco se habla y a las empresas explotadoras esto no les preocupa mucho, no les preocupa que un desastre nuclear pueda arruinar la vida en dos comarcas bellísimas, como la Vera y los Ibores, que están próximas. Veríamos si a los directivos de Iberdrola les gustaría tener una central nuclear como esta en medio de Euskadi.

                                                                                                        

Por otro lado, el gran éxito de España en materia energética que ha sido la apuesta por las energías renovables, sin duda se verá afectado por la prórroga de las nucleares y aquí es donde está una de las razones de la presión del oligopolio energético que quiere seguir detentando su enorme y concentrado poder. Así se explica la postura del PP y de Vox de sumisión a ese poder y lo justifican con argumentos “técnicos” frente a los que ellos dicen ideológicos de los que piden el cierre de las nucleares, cuando es exactamente al revés.

 

 

Joaquín Aparicio Tovar, 15 agosto 2026.

LECTURAS DE VERANO (I) : “LA MATRIZ DE CLASE” DE VIVEK CHIBBER

 

Este libro, la primera lectura de este verano del 2026, fue comprado en la librería de la Facultad de CC.PP y Sociología de la UCM, que siempre tiene propuestas originales para lectores atípicos. El autor, Vivek Chibber, es un profesor de sociología norteamericano, de origen hindú, de la universidad de Nueva York y es editor de Catalyst Journal (https://catalyst-journal.com/issues) revista ligada a Jacobin. El título completo de la obra es “La matriz de clase: la teoría social después del giro cultural”, y la traducción es de Jose María Amoroto Salido del original publicado en el 2022. La editorial Akal la ha colocado en su colección “Ágora/Teoría”, dirigida por Jose Luis Moreno Pestaña.

La obra la introduce Jorge Sola, que da una amplia noticia sobre el autor y su trabajo teórico y explica el objetivo del libro en el contexto del “giro cultural” del análisis social que deposita toda su atención en el papel de las ideas y el significado de estas tanto en la formación de las clases como en las relaciones sociales en general. Frente al declive de las referencias marxistas en las ciencias sociales, la obra reivindica una visión más estructuralista, enfatizando la división en clase y valorando las mediaciones culturales sin que sin embargo éstas sean las determinantes de la acción social, en una línea crítica de la definición del marxismo como una “gran narración” que ignora la variación y la “contingencia” e los fenómenos culturales e ideológicos que constituyen el eje de las propuestas interpretativas de la realidad social, Esta introducción resume perfectamente además las contribuciones más significativas de la obra y su trascendencia en términos de propuesta de análisis social. La noción de cultura que se manea a lo largo de toda la obra es una manera de designar a la ideología, el discurso, los códigos normativos, etc., que en su conjunto constituyen la dimensión interpretativa de las prácticas sociales.

Estas notas de lectura son las de un jurista del trabajo y por tanto se concentran en los aspectos que han suscitado mayor interés. El libro de Chibber tiene sin duda un propósito más amplio y aborda otros muchos aspectos que aquí se dejan de lado.

Las dos nociones clave en el arranque de esta obra son las de “estructura de clase” y, posiblemente la que más interesa a los juristas, la “formación de clase”, porque se refiere a la acción social de resistencia por parte del trabajo al dominio del capital y que históricamente hemos localizado en la acción colectiva a través de sujetos que intermediaban entre el trabajo y el capital, fundamentalmente los sindicatos pero también el partido obrero.

“El capitalismo en su sistema económico que está asociado con una determinada estructura de clase (…) la que existe entre los que controlan los activos productivos de la sociedad y los que no tienen ninguno de estos”. Este punto de partida que define la estructura de la clase trabajadora y de la clase capitalista es el que formatea la acción social a partir de dos lógicas claramente diferenciadas y en las que existe una asimetría profunda en términos de poder y de libertad. La estructura de clase es la que da forma a los códigos culturales que orientan de manera adecuada al actor social.

Los límites que a la acción impone esta estructura de clase son muy fuertes porque el trabajador (como clase) no puede sino trabajar (no hay libertad en esta posición) mientras que el empresario tiene que maximizar el beneficio en el mercado sobre la base también del valor de la fuerza de trabajo extraída a través del intercambio salarial mientras ejerce un control directo y unilateral sobre la organización de la producción. Eso hace que el conflicto entre clases constituya un elemento definitorio de la estructura de clase en el capitalismo.

Ahora bien, los impulsos a la resistencia frente a esta situación – la explotación laboral y el dominio capitalista- no necesariamente tienen que desembocar, según Chibber, en una acción colectiva. Por el contrario, al tratarse esta de una actuación extremadamente complicada y difícil de construir y aún más, de hacerla permanente, la reacción más segura y la tendencia normal es que esta resistencia se lleve a cabo a nivel individual. Es decir que para el autor, los procesos que activa la estructura de clase capitalista y que se pueden resumir en la vulnerabilidad de los trabajadores, la heterogeneidad relativa de sus intereses y los costes de la acción colectiva, les inducen a resistirse individualmente. Ello contradice los análisis marxistas clásicos respecto al tránsito de la clase en sí a la clase para sí. “Es importante señalar que la creación de un ethos solidario normalmente requiere una intervención consciente, la estructura de clase no lo genera automáticamente (…) hace falta una dirección y una agencia consciente” (p. 82).  Y más aún, “además de un entorno favorable, e ingrediente indispensable es cultural, un cambio en la orientación normativa de los trabajadores desde lo individual a lo colectivo” (p. 84)

Se puede coincidir en que el hecho de la acción colectiva requiera un esfuerzo consciente,  que se esté aludiendo a una práctica social alternativa conducida por agentes orientados ideológicamente y por tanto no generada automáticamente por la propia dinámica de la estructura de clase. Es sin embargo más opinable que se traslade a la dinámica de la estructura de clases una visión de la sociedad civil (y del estado) fundada sobre la individualidad de la persona (el trabajador) como hace la cultura burguesa liberal. Trabajador o capitalista se describen como individuos y su identidad se engarza en la estructura que los acoge, sin que por otra parte en esta figura – trabajador o capitalista- se puedan discernir otras notas caracterizadoras del mismo, consideradas posiblemente contingentes, como las referencias al género o a la etnia. En esta lectura por consiguiente parecería que el concepto del individuo no tiene otra determinación que su relación con el capital y con el trabajo, y su identidad central es la que le conecta al mecanismo de la explotación sin que se incorporen, por contingentes, formas o modos diversos de explotación en relación con otros caracteres también clásicos que harían referencia a mecanismos diferentes en la “formación de clase”.

En cualquier caso, lo que importa al autor es que el proceso de reproducción económica genera unas consecuencias políticas, y que la más importante es la organización de los trabajadores en una clase que se enfrenta a la clase de los empresarios. Esto es lo que se denomina “formación de clase” y que se desprende naturalmente de la estructura de clase que se asocia al capitalismo. Y la tesis de Chibber insiste en afirmar que esas mismas estructuras inducen a los trabajadores a preferir modos de resistencia individuales sobre los colectivos. “La norma es la oposición individual, y la acción colectiva es una desviación de la norma”, previsiblemente lograda porque hay códigos normativos desplegados por los agentes sociales – sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos – que propiciaron solidaridad frente al individualismo.

Ese mismo enfoque es el que le permite al autor refutar la idea de la “hegemonía cultural” del capitalismo como clave de explicación de la permanencia y duración de este como sistema económico hoy ya global.  En la visión neo-gramsciana recuperada por la nueva izquierda marxista, el consentimiento ante el capitalismo materializado en las mejoras en el consumo y en el bienestar, su superioridad en el ámbito de los valores, la compatibilidad entre las libertades democráticas ciudadanas y el crecimiento económico, explicaría su mantenimiento y duración.

Chibber critica este enfoque a la vez que describe la contingencia y fugacidad (relativa) del cénit de la socialdemocracia – cuyo esplendor habría tenido lugar en la segunda posguerra mundial fundamentalmente en Europa, y su final en la década de los 90 del pasado siglo - como ejemplo de producto histórico en el que la hegemonía cultural de un capitalismo restringido y controlado habría cobrado cuerpo y justificaría la tesis de la hegemonía cultural de éste como clave de su permanencia. La misma situación se podría pensar asimismo para los sistemas de planificación centralizada de los países del llamado “socialismo real” que terminaron abruptamente en 1988 y de manera definitiva con la desaparición de la URSS en 1991. El triunfo decidido del neoliberalismo y su discurso ideológico a partir de la década de los 80 posibilitó un retorno a un capitalismo hostil a cualquier medida igualitaria y a una restricción plena de derechos y de estatus para las personas que trabajan, sin que se haya dado en la época una respuesta activa a este giro (a este retorno) a la estructura de clase. O, de otra manera, la agencia consciente de la formación de clase en ese período le corresponde a la clase capitalista.

Para el autor, el análisis de las bases materiales del consentimiento (que es el fundamento de la hegemonía cultural) requeriría un “consentimiento activo” de la clase trabajadora en la realidad del capitalismo, y la aceptación por tanto de su dominio de clase. Pero, basado en su análisis, no cree que el crecimiento económico y la mejora del bienestar a través del consumo de masas y la desmercantilización de importantes necesidades sociales haya sido suficiente para generar este componente activo del consentimiento de clase, ni que la estabilidad del capitalismo dependa de este factor, por lo demás un fenómeno temporal y geográficamente acotado que hoy parece agotado en términos generales. Para Chibber por el contrario, la estabilidad del capitalismo depende de una suerte de coerción generalizada del sistema- “la coerción (compulsión) sorda de las relaciones económicas” que decía Marx, que genera su contrario, una resignación de los trabajadores ante la imposibilidad de cambiar el sistema o de modificarlo para reducir significativamente la explotación y el dominio de clase. Por otra parte es una conclusión que se conecta con la descripción de la tendencia a una resistencia individualizada por encima de la colectiva, ante la dificultad extrema y los numerosos obstáculos que encuentra la acción colectiva. “Los trabajadores dan su consentimiento al capitalismo porque no hay otra opción viable. La clase dominante no tiene que depender del consentimiento activo de los trabajadores, aunque se benefician de él si se produce” (p. 118).

Sin embargo, para un jurista del trabajo, esta relativa irrelevancia del consentimiento de los trabajadores como clase ante el sistema económico para la estabilidad del capitalismo choca con la construcción jurídica y política de la explotación, el contrato de trabajo. La persona trabajadora debe consentir expresamente en trabajar para el empresario (o, en el caso de que se trate de una relación de hecho, el consentimiento de le presume legalmente) y esta voluntariedad en el acuerdo que hace nacer la relación laboral es lo que sostiene todo el edificio del trabajo asalariado, Pero a su vez el diseño de un sujeto colectivo que representa a las individualidades de los trabajadores – voluntaria o institucionalmente – pretende compensar la asimetría contractual que se da en la relación individual y lo hace mediante la creación de nuevas reglas en la prestación del trabajo, desde el salario al tiempo de trabajo y a las condiciones laborales y de empleo, que cobran la forma de un contrato, es decir, de una relación basada en el consentimiento mutuo sobre el objeto del intercambio que en esta ocasión se lleva a cabo en el marco de la acción colectiva.

Todo el andamiaje institucional de la relación salarial se basa en este (explícito o implícito) consentimiento del sujeto individual o colectivo sobre las condiciones de explotación del trabajo. No hay por tanto resignación en esta formalización de la relación salarial que fundamenta el capitalismo y la estructura de clase asociada al mismo, sino un acto reglado en una relación social en el que se incorpora el trabajo al proceso de producción de mercancías y que necesariamente se define como consentido por el trabajador, un consentimiento que permea también a la imposición de reglas colectivas pactadas por los agentes representativos de los trabajadores. El consentimiento se centra en la prestación de trabajo, pero naturalmente incluye como más relevante el consenso sobre el poder y el dominio del capitalista como un dato inmodificable aunque pueda ser limitado por ley o por el convenio colectivo.

Asi las cosas, no se repara en la relevancia constitutiva que para el sistema económico tiene la expresión del consentimiento del trabajador. Este punto – esta trascendencia - se observa sin embargo mejor en el marco de las relaciones de conflicto. En efecto, es en la huelga, como expresión abierta del conflicto de clase, donde se aprecia la revocación de ese consentimiento, aunque es una revocación temporal y motivada por la posibilidad de volver a prestarlo bajo mejores condiciones de trabajo o de existencia social- porque la huelga es un acto de rechazo de la explotación pactada y asumida voluntariamente y consentida expresamente en el contrato. La legislación y el marco institucional intentará de muchas maneras restringir o impedir que los trabajadores, a través de su acción colectiva, revoquen el consentimiento a la prestación concreta de trabajo asalariado y por tanto las limitaciones al ejercicio del derecho de huelga tanto sobre las modalidades de éste como sobre los objetivos perseguidos que por ejemplo aun mantiene nuestra legislación en España pueden leerse en esa dirección: los intentos por afianzar en todo momento el consentimiento en la producción.

El consentimiento por tanto es básico, fundamental para la legitimidad del sistema económico, pero es a su vez un consentimiento debido a la coerción del sistema, a esa “compulsión” general de la economía a la que se refería Marx. Pero es dudoso que se pueda deducir de allí directamente una resignación colectiva e individual como rasgo general de aceptación del sistema.  Rastrear en ese consentimiento la incidencia de la (no) libertad y  del conflicto profundo entre consentir y aceptar activamente el dominio capitalista por una coerción externa, y por tanto sufrida y no querida, permitiría complejizar ese conflicto antes de dar como resultado la solución del mismo por el aquietamiento de la parte más débil. Más aun si tenemos en cuenta que  el consentimiento ante el dominio univoco y discrecional del poder privado del capitalista es también la base del sistema democrático tal como lo conocemos, puesto que forma parte del contrato social que fundamenta el Estado (social).

Finalmente, el autor, en su último capítulo, esboza algunos elementos de cambio en la actualidad de las relaciones laborales y en la acción social. Menciona los cambios en la estructura de clase y cambios institucionales profundos, las modificaciones en el tejido industrial que se han ido produciendo y subraya las tendencias recientes a la deserción del voto (abstencionismo político) y el divorcio de las fuerzas políticas progresistas de la clase trabajadora. “Las limitaciones de la actual matriz de clase limitan y dan forma al terreno político, pero de manera que difiere sustancialmente dl periodo anterior” (p. 185). Pero para que haya una recuperación de algo parecido a las mejoras que se vivieron en la era de la posguerra, “sería indispensable un renacimiento de las instituciones de la clase trabajadora (…) pero no hay ninguna razón para asumir que las estrategias y los vehículos organizativos que fueron eficaces hace un siglo puedan ser simplemente revividos y reestructurado en el mundo en el que habita actualmente el trabajo” (p. 185).

No obstante, para los juristas del trabajo, estas alusiones a una nueva institucionalidad – como la manida distinción entre “nueva” y “vieja” política en otro ámbito del discurso – que implica nuevos sujetos y nuevas prácticas sociales emancipatorias es siempre visto con cierto escepticismo, puesto que somos conscientes de que en el desarrollo histórico, lo más relevante es la relación entre las continuidades y las discontinuidades institucionales que nunca implican una ruptura neta o radical, sino que se presentan como evoluciones y transiciones más o menos abruptas. En concreto, la forma-sindicato sigue siendo hoy, tanto en Estados Unidos como en Europa y en amplias regiones del globo, un espacio de agregación de intereses sociales y políticos que inciden directamente sobre las reglas del trabajo y procuran una ampliación del espacio de derechos individuales y colectivos de los trabajadores en un esfuerzo de racionalización y de limitación de los poderes del capitalista, El problema es entonces el de examinar la estructura y acción de este sujeto colectivo y de sus capacidades de agencia, su posición real en la relación de poder y en la correlación de fuerzas que se despliega a lo largo de la relación salarial, su capacidad de incidir efectivamente en la regulación de la existencia social de la clase trabajadora y de resistir en su caso el empuje del discurso, la ideología y las propuestas de la clase antagónica.

 

 

FRANCESCO GUCCINI Y LA MEMORIA DE BOLONIA

 

Francesco Guccini ha muerto a la edad de 86 años. Dicen los periódicos que era el símbolo de una ciudad – Bolonia – que ya no existe, y en la que vivía en la famosísima Via Paolo Fabbri 43 (el título de uno de sus discos), cerca de la Osteria Di Vito, en cuyas paredes están las fotografías suyas con Lucio Dalla o De Gregori. Para quienes nos acercamos a Bolonia en la década de los 80, era I Nomadi y su “Dio è morto”, pero sobre todo “La Locomotiva” que siempre arranca los aplausos de quienes le escuchaban en los conciertos. Era comunista, pero para nosotros,, que llegábamos  de la España de la modernización capitalista de la democracia gobernada por el PSOE, en Bolonia felizmente todos eran comunistas (o eso pensábamos). Como pequeño recuerdo a su memoria, a su ironía y a su canción de autor, esta definición de su ciudad: Bolonia.

Como ha dicho PierLuigi Bersani, un minuto de silencio por Francesco Guccini. Pero inmediatamente volvamos a cantar sus canciones.

 

BOLOGNA

 

Bologna è una vecchia signora dai fianchi un po' molli
col seno sul piano padano ed il culo sui colli,
Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale,
Bologna la grassa e l' umana già un poco Romagna e in odor di Toscana...

Bologna per me provinciale Parigi minore:
mercati all' aperto, bistrots, della "rive gauche" l' odore
con Sartre che pontificava, Baudelaire fra l' assenzio cantava
ed io, modenese volgare, a sudarmi un amore, fosse pure ancillare.

Però che Bohéme confortevole giocata fra casa e osterie
quando a ogni bicchiere rimbalzano le filosofie...
Guccini e i vecchi "imberiaghi" sembravano la letteratura...
Oh quanto eravam tutti artistici, ma senza pudore o vergogna
cullati fra i portici cosce di mamma Bologna...

Bologna è una donna emiliana di zigomo forte,
Bologna capace d' amore, capace di morte,
che sa quel che conta e che vale, che sa dov' è il sugo del sale,
che calcola il giusto la vita e che sa stare in piedi per quanto colpita...

Bologna è una ricca signora che fu contadina:
benessere, ville, gioielli... e salami in vetrina,
che sa che l' odor di miseria da mandare giù è cosa seria
e vuole sentirsi sicura con quello che ha addosso, perchè sa la paura.

Lo sprechi il tuo odor di benessere però con lo strano binomio
dei morti per sogni davanti al tuo Santo Petronio
e i tuoi bolognesi, se esistono, ci sono od ormai si son persi
confusi e legati a migliaia di mondi diversi?
Oh quante parole ti cantano, cullando i cliché della gente,
cantando canzoni che è come cantare di niente...

Bologna è una strana signora, volgare matrona,
Bologna bambina per bene, Bologna "busona",
Bologna ombelico di tutto, mi spingi a un singhiozzo e ad un rutto,
rimorso per quel che m' hai dato, che è quasi ricordo, e in odor di passato...

 

BOLONIA

 

Bolonia es una anciana de caderas un poco flácidas,

con el pecho en la llanura del Po y el culo en las colinas,

Bolonia arrogante y papal, Bolonia la roja y fetal,

Bolonia la gorda y la humana, ya un poco romañola y con aroma a Toscana...

 

Bolonia, para mí, una París menor y provinciana:

mercados al aire libre, bistrós, el aroma de la «rive gauche»,

con Sartre pontificando, Baudelaire cantando entre la absenta

y yo, un modenés vulgar, buscándome un amor, por muy secundario que fuera.

 

Pero qué bohème tan reconfortante, entre casa y tabernas,

cuando con cada vaso rebotan las filosofías...

Guccini y los viejos «borrachos» parecían la literatura...

Oh, cuán artísticos éramos todos, pero sin pudor ni vergüenza,

acunados entre los pórticos, que son los muslos de la madre Bolonia...

 

Bolonia es una mujer emiliana de pómulos marcados,

Bolonia, capaz de amar, capaz de morir,

que sabe lo que importa y lo que vale, que sabe dónde está el sabor de la sal,

que calcula bien la vida y que sabe mantenerse en pie por muy golpeada que esté...

 

Bolonia es una señora rica que fue campesina:

bienestar, villas, joyas… y salchichones en el escaparate,

que sabe que el olor a miseria que hay que tragarse es algo serio

y quiere sentirse segura con lo que lleva puesto, porque conoce el miedo.

¿Pero desperdicias tu aroma de bienestar con esa extraña combinación

de los muertos por sus sueños ante tu San Petronio

y tus boloñeses, si es que existen, están ahí o ya se han perdido,

confusos y ligados a miles de mundos diferentes?

Oh, cuántas palabras te cantan, acunando los clichés de la gente,

cantando canciones que es como cantar sobre nada...

 

Bolonia es una señora extraña, una matrona vulgar,

Bolonia, niña de bien, Bolonia «chapera»,

Bolonia, ombligo de todo, me empujas a un sollozo y a un eructo,

remordimiento por lo que me has dado, que es casi un recuerdo, y con aroma a pasado...

 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com (y alguna corrección añadida)

EXPERTO EN DERECHOS DIGITALES EN EL TRABAJO COMO DERECHOS FUNDAMENTALES

 

Durante el mes de enero del año entrante, 2027,  tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas de Toledo (Convento de San Pedro Mártir) , de la Universidad de Castilla La Mancha, un Curso de Experto en derechos digitales en el mundo del trabajo, examinados en su condición de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, que es un título propio emitido por la Universidad de Castilla La Mancha de 16 créditos ECTS al que pueden concurrir tanto nacionales como extranjeros. Dadas las fechas en las que se imparte, enero del 2027, ocupa el lugar de los antiguos cursos de postgrado en derecho dirigidos a estudiantes extranjeros, en especial profesionales, académicos, magistrados y funcionarios de los países de Latinoamérica que conocieron hasta 26 ediciones en esta Universidad y sede toledana.

La problemática planteada por la irrupción de la digitalización y los nuevos modelos de negocio, como las plataformas digitales, además del impacto del uso de algoritmos e inteligencia artificial (IA) en las relaciones de trabajo es el objeto de este Curso. A ello se ha dado respuesta por parte de algunos ordenamientos nacionales e internacionales con la regulación de derechos digitales fundamentales, como el derecho a la protección de datos, la desconexión digital, la participación de las personas trabajadoras en la gobernanza de la transición digital o la transparencia en el uso de algoritmos e IA por parte de las empresas. Un ejemplo de ello es la Carta de Derechos Digitales de España, elaborada en 2021, o también la denominada Ley de Inteligencia Artificial de la UE, aprobada en 2024. Así, en el Curso se examinarán las líneas generales que el Derecho europeo y nacional están llevando a cabo, junto con los problemas de ajuste con los esquemas tradicionales de regulación del Derecho del Trabajo, tanto en lo relativo a la configuración de los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras, como a la conformación de la extensión de los poderes empresariales de control de la actividad laboral y sus límites, junto con algunas propuestas de desarrollo de interés en relación con la organización de la empresa en este contexto.

No resulta preciso ponderar la actualidad de estos temas, como tampoco el interés que despierta la aplicación de la Inteligencia artificial a las relaciones de trabajo, o la decisiva aportación, en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio de 2026 en Ginebra, que ha supuesto la aprobación del Convenio 193 de la misma sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, que será analizado convenientemente en las sesiones de estudio de este título propio.

El curso de Experto en derechos digitales en el mundo del trabajo está dirigido por la catedrática de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Maria Luz Rodriguez, y la secretaria del mismo es Nunzia Castelli, profesora titular de la misma área de conocimiento y Facultad, ambas de la Universidad de Castilla La Mancha. Como de costumbre, las intervenciones en el curso correrán a cargo de destacados especialistas académicos tanto de la UCLM como de otras universidades, con la presencia estelar de algunos invitados latinoamericanos.

Hay previstas 30 plazas, y el precio del Curso es de 1.200 euros. El curso tiene como objetivo principal generar un espacio de encuentro entre especialistas, expertos y operadores jurídicos de distintos países, con especial proyección hacia América Latina, para reflexionar y analizar los impactos y transformaciones que el proceso de digitalización de la economía y los procesos productivos operan en la regulación jurídica del trabajo, a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Abogados, personal de la administración de justicia, cuerpos jurídicos del Estado, licenciados en relaciones laborales y en ciencias del trabajo, graduados sociales, profesores universitarios, representantes de instituciones públicas, asesores de empresas, asesores sindicales y sindicalistas y en general todas aquellas personas que por razón de su trabajo o interés quieran profundizar sus conocimientos jurídicos en esta materia.

Como requisitos de acceso, se requiere que el alumno posea titulación universitaria académica previa, en Derecho preferentemente, o alguna otra vinculada a las materias impartidas. La Documentación para formalizar la preinscripción es la siguiente:

DNI/pasaporte/documento de identidad en vigor

Título universitario o resguardo acreditativo de haberlo solicitado.

Fotografía

Para realizar la preinscripción, hay que contactar con la dirección electrónica  postgrado.derecho@uclm.es

El Curso se impartirá desde el 11/01/2027 al 22/01/2027. El plazo de preinscripción está ya abierto desde comienzos de julio y se extiende hasta el 1 de octubre de 2026. Comienza entonces el plazo de matrícula desde el 13 de octubre hasta el 4 de diciembre del 2012. Toda la información hasta el momento disponible del Curso se encuentra en esta página web: https://www.uclm.es/estudios/propios/experto-derechos-digitales-mundo-trabajo-derechos-fundamentales

TRAS LOS SUCESOS DE CEUTA Y SU UTILIZACIÓN EN CLAVE GEOPOLÍTICA. LA POSICIÓN DE CC.OO.

 

El desbordamiento de la frontera con Marruecos en Ceuta ante la invasión de más de 50.000 personas ha sido motivo de una nueva crisis interna y externa que ha comprometido al gobierno de España. La reacción del gobierno italiano, seguido luego del finlandés (ambos de extrema derecha) y secundados por el danés (socialdemócrata fuertemente escorado hacia las políticas anti-inmigración) ha demostrado ignorancia de los tratados, insolidaridad con un país europeo cuyas fronteras han sido desbordadas por la complicidad del gobierno de Marruecos, e ignorancia sobre los compromisos de los tratados internacionales. Pero todo ello se inscribe en una estrategia clara del gobierno de Estados Unidos que busca desestabilizar no solo al gobierno español sino influir para la aceptación sin cuestionamientos de sus políticas en los `países de Europa, en los que las posiciones de ultraderecha van escalando posiciones y en la que además convergen con una parte importante de la derecha europea agrupada en torno al Partido Popular Europeo de Manfred Weber y la ciega sumisión del bloque reaccionario de PP y VOX en España.

Las señales son evidentes y nadie puede decir que no se conocen, dada la proclividad de la administración norteamericana a expresarse por X. El Vicepresidente Vance, ante las  imágenes del desbordamiento de la frontera en Ceuta, afirmó con total desfachatez y falsedad en un tuit de 31 de julio “Estas imágenes de España son un recordatorio desafortunado de las consecuencias de la migración masiva y las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente.”, y, de manera más directa,  el departamento de Seguridad interior USA, en un mensaje de ese mismo día, explicaba: “Si España tuviera su propio presidente Trump, esto no sería un problema. Los ciudadanos de España deberían tomar eso en consideración”. Una clara incitación al cambio de gobierno y al alineamiento con las propuestas de Trump, ante un suceso en el que presumiblemente han tenido una intervención determinante con su aliado el dictador monarca de Marruecos.

El tema de fondo es preocupante, y es preciso mantener una mirada global y de conjunto sobre las múltiples facetas en presencia. Por eso se trae a colación en este blog el comunicado que hoy, 1 de agosto, ha hecho público el sindicato de CCOO que previsiblemente no tendrá la recepción mediática que se merece. Una aportación que merece la pena leer y conocer.

CCOO ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EN CEUTA (1.08.2026)

Después de unos días de tensión y cuando la situación en la Ciudad Autónoma de Ceuta ha recuperado una cierta normalidad, CCOO quiere hacer algunas valoraciones, relacionadas con los hechos acontecidos.

En primer lugar, queremos expresar nuestro pésame y consternación ante las personas fallecidas en el mar (67 de forma provisional) en el intento de llegar a la costa española. Trabajadores y trabajadoras en busca de un futuro mejor que, seguramente inducidos por mafias y/o por otras formas y estructuras de persuasión, engaños y falsedades sobre lo que iban a encontrar si “saltaban” la frontera a través del mar, arriesgaron su vida y encontraron la muerte.

En segundo lugar, queremos trasladar nuestro apoyo y consideración al pueblo ceutí. Sin duda sometido a una situación de enorme tensión, con antecedentes en otros episodios similares, que han puesto a prueba su civismo y su templanza, así como la de sus instituciones. Salvo algún conato aislado, y pese a algún irresponsable llamamiento al enfrentamiento civil, los incidentes acontecidos han sido menores, y no han derivado en situaciones dramáticas ni de violencia generalizadas. Somos conscientes de la sensación de abandono que temporalmente ha sentido la ciudadanía ceutí, y no es de recibo que un movimiento de personas de estas características no se hubiera previsto para haber tomado las medidas oportunas con anticipación.

En tercer lugar, incluso en las situaciones más difíciles, la observancia de la ley y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas debe guiar la acción de cualquier país. Desde CCOO valoramos que la respuesta dada se ha ajustado al marco normativo internacional priorizando en todo momento la vida y la integridad física de las personas. Quienes demandan una acción más contundente de las fuerzas del orden, deben aclarar si están solicitando que se impida a personas que están en el mar alcanzar la costa, es decir, ahogar a hombres, mujeres o niños en una situación extrema.

Agradecemos y valoramos expresamente la profesionalidad y la reacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su actuación fue determinante para evitar situaciones de pánico que habrían derivado en una tragedia aún mayor, huyendo de dinámicas represivas como las que el Gobierno marroquí propició años atrás en la ciudad autónoma de Melilla. Igualmente, otras dotaciones públicas, el personal de los centros de acogida, de los CETI, personal sanitario que, pese a verse desbordados por una situación sobrevenida, han actuado con una profesionalidad y también con una humanidad inmensa.

Dicho esto, para hacer frente a estas situaciones con eficacia y humanidad, CCOO exige al Gobierno central que proporcione de manera urgente los medios materiales y humanos necesarios a la Administración autonómica de Ceuta, garantizando una atención digna y eficaz, con especial atención a la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Igualmente es necesario que la población ceutí se sienta segura y acompañada en momentos de incertidumbre, que pudieran volver a repetirse, y tomar todas las precauciones para evitar un conflicto social. De forma paralela, y al margen de lo vivido estos días, reiteramos la necesidad de establecer medidas de promoción económica para las dos ciudades autónomas, que sin duda tienen una situación geográfica excepcional que las justifica.

En otro orden de cosas, es evidente que los hechos acontecidos y las reacciones nacionales e internacionales que los han sucedido, hacen que este grave episodio trascienda del propio de una crisis migratoria convencional y tenga derivadas políticas y geopolíticas, que conviene señalar.

Es impensable que un movimiento de decenas de miles de personas en un espacio reducido como es el tránsito desde Marruecos hasta Ceuta se haya podido realizar sin la aquiescencia, al menos, del país africano. Resultan indignantes episodios que hemos vivido a lo largo de los años, en los que el régimen marroquí utiliza a su propia población, sus situaciones de pobreza y necesidad, para provocar escenarios de inestabilidad que utiliza para negociar o chantajear en diversas cuestiones políticas o comerciales.

La estrategia política de la UE externalizando el control de fronteras a través de acuerdos con países ribereños del Mediterráneo sin una homologación democrática mínima, tiene unas debilidades evidentes. Cuando estos países configuran alianzas estratégicas con terceros, como puedan ser EEUU o Israel, lo que está en juego es la propia estabilidad de la UE. CCOO no va a entrar en valoraciones especulativas sobre qué “hay detrás” de esta actitud en este momento, pues no tenemos información contrastada, pero es evidente que la UE, sus sociedades y su clase trabajadora, están siendo amenazadas en varios frentes. En sus fronteras (sur, este, o Groenlandia) y en su propio riesgo de implosión interna, mediante el creciente papel de fuerzas eurófobas de carácter ultra en los propios gobiernos de distintos estados, y en las propias instituciones europeas.

Las políticas de apaciguamiento ante gobiernos beligerantes como el marroquí o el estadounidense no están dando los resultados que esperan quienes promueven la contemporización, y tiene pinta más bien de que están debilitando y quebrando las posiciones europeas. Entre otras cosas, por el indudable uso partidista y ventajista que “desde dentro” están utilizando determinadas fuerzas políticas ante retos estructurales como es el de la inmigración. Esa falta de lealtad da alas a terceros países, que saben leer la manera de azuzar conflictos que nos debilitan como sociedad.

En ese sentido, queremos denunciar la injerencia de algunos países como Italia, y responsables políticos como Manfred Weber (Presidente del Grupo Parlamentario y del Partido Popular Europeo) en la política española. Vincular lo sucedido en Ceuta al proceso de regularización de personas migrantes en España, sin ni siquiera mencionar críticamente a Marruecos es una deslealtad y una traición al mínimo principio de solidaridad entre países que configuran un espacio común. La tramposa petición de suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por el tratado de Schengen reintroduciendo los controles fronterizos, es elevar a la categoría de política de estado el uso de bulos, desinformaciones y mentiras. Propio de una representante del neofascismo más explícito, como es Meloni, pero que debe ser duramente contestado desde instancias europeas.

Compartimos la posición de nuestro sindicato hermano, la CGIL italiana, denunciando la actitud de su propio gobierno, y abogando por una revisión del paradigma de las políticas migratorias europeas, en la medida que restringen y limitan las vías legales de entrada. Es evidente que estas políticas no son capaces de canalizar el complejo fenómeno migratorio. En el caso italiano, además, son de un cinismo extremo. El país que preside Meloni recibe bastante más inmigración irregular que España y, por otro lado, fijó un cupo de entrada anual de medio millón de personas extraeuropeas para hacer frente a las necesidades de mano de obra que la gran patronal italiana demanda. El flujo de personas italianas que viene a nuestro país es notablemente alto y creciente. El populismo y demagogia nacionalista del gobierno italiano cuenta con nuestro total rechazo.

CCOO quiere volver a poner de manifiesto los términos en los que se debe abordar la política migratoria en España y en la UE. Como hemos indicado en numerosas ocasiones, el dilema no es “inmigración sí o no”. La pregunta en todo caso es “inmigración ¿cómo?”. La UE está situada en el mayor foso de desigualdad del mundo (si excluimos la frontera entre Israel y la masacrada Palestina), y la desigualdad es motor de movimientos migratorios. Pero es que, además, la pirámide poblacional de todos los países del occidente de la UE va a hacer necesaria la inmigración para garantizar la viabilidad de nuestras sociedades. En este sentido hay que apostar por las vías migratorias legales, el respeto a los derechos humanos, la garantía de derechos y obligaciones para las personas que vienen, la igualdad de trato en las relaciones laborales para que vivan con dignidad y no sean empleadas como mano de obra con la que rebajar los estándares sociales del conjunto de la población. En definitiva, un sistema de migración legal, segura, ordenada, y eficaz, basada en la gestión de derechos y la inclusión laboral y no solo en la seguridad y la protección de fronteras, como el Pacto de Migración y Asilo de la UE enfatiza.

En esta lógica tiene todo el sentido el proceso de regularización extraordinaria que se ha promovido en España, destinado a normalizar administrativamente a cientos de miles de personas que estaban en nuestro país, en situación de vulnerabilidad extrema y, por tanto, susceptibles de ser explotadas ilegalmente. Este proceso de regularización, (que no lo olvidemos también fue apoyado por las organizaciones empresariales respondiendo a sus propios intereses de contar con mayor número de personas trabajadoras disponibles en situación legal), solo puede aplicarse a personas que ya estaban en territorio español el 1 de enero de 2026. Por tanto, es indigno alegar que el motivo de la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta tiene que ver con acogerse a este proceso, y en todo caso el supuesto “efecto llamada” se basaría en la mentira y la manipulación de las mafias que promueven la emigración ilegal, o de quienes agitan este tipo de falsedades y confusiones desde Marruecos, desde España, desde las redes sociales, o desde los atriles parlamentarios. Pero si algo demuestra el volumen de personas regularizadas extraordinariamente, es el margen de mejora de los sistemas ordinarios de gestión de los flujos migratorios. CCOO reitera su exigencia al Gobierno y al conjunto de administraciones de dotarse de los recursos suficientes para acometer una política estratégica de país que va mucho más allá en el tiempo y en las funciones, que un proceso extraordinario de regularización, por más ambicioso que sea.

Y por último, apelamos al mínimo resquicio de sentido de estado que pueda quedar en los partidos que han decidido hacer de la inmigración el principal campo de batalla político en nuestro país, y también en los de nuestro entorno. Si ya cuando hablamos de políticas migratorias convencionales es una cuestión delicada e inflamable si se aborda desde la demagogia y el oportunismo, cuando se cruzan dinámicas e intereses geopolíticos en los que intervienen agentes externos, este riesgo se multiplica. A diferencia de otras cuestiones, más fácilmente reconducibles, las rupturas y brechas sociales en un tema como este, tienen difícil recomposición. Y un país que necesariamente va a tener que convivir con importantes flujos migratorios, no puede envenenarse civilmente por la cuestión migratoria. El riesgo de quiebra de la convivencia trascenderá de ciclos políticos.

 

TRES VOCES DE AMÉRICA LATINA: LA RELEVANCIA POLÍTICA DEL MUNDIAL, LA CRIMINALIZACIÓN DEL ANTIFASCISMO COMO NUEVO MACARTISMO, LA CONTRARREFORMA LABORAL EN EL CHILE DE KAST

 

En este verano intenso en Europa, hay que mirar más que nunca a lo que sucede fuera de nuestras fronteras. En una misma entrada hemos decidido juntar tres voces significativas sobre aspectos relevantes para la civilización democrática. Abrimos con una  breve reflexión de Tarso Genro sobre el significado político de la victoria de la selección española – La Roja – en el mundial de fútbol, para seguir con el comunicado del Grupo de Puebla en el que denuncian la peligrosa deriva autoritaria que se está generando en Estados Unidos con la criminalización del antifascismo como “terrorismo político” y su inmediata exportación a América Latina. Y finalmente, se incorpora un artículo de Lucho Villazón, abogado laboralista chileno y viejo amigo de este blog,  junto a Antonia Morales, socióloga, en donde denuncian la contrarreforma del gobierno Kast en Chile, toda una muestra de lo que las extremas derechas hacen en cuanto llegan al poder, desmontar los avances en materia social, sean éstos pequeños o grandes. Con ello además compensamos la ausencia de entradas durante este mes de julio, en donde deberíamos haber escrito en el blog, como hacían algunos comercios alimentarios en España, el género dentro, por el calor. Vamos a ello.

I

LA COPA DEL MUNDO COMO EVENTO POLÍTICO

Tarso Genro

La copa del mundo se volvió, a partir de los años 70, cada vez más un evento político. Hoy, además, es un evento básicamente mercantil, permeado por la corrupción y manipulaciones arbitrales, para prestigiar a los chicos-mercancía (como Neymar) con sus contratos millonarios. Apoyé a Brasil en todas las Copas en las que participó la selección, incluso durante el régimen militar, sin ningún problema de conciencia, porque la mayoría de nuestros atletas estaba allí con la sangre y el sudor de nuestro pueblo, representando a nuestro país y haciendo que explosiones de alegría recuperaran nuestra autoestima. El domingo 19 de julio apoyé, bufé, insulté, grité, porque allí —en la Copa más politizada y manipulada de la Historia— estaban disputando, de un lado, el psicópata perverso Trump, el idiota y cruel Milei y el genocida Netanyahu y —del otro lado— Pedro Sánchez, García Lorca, Don Quijote de La Mancha y las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil. El fútbol violento, desleal y peligroso de Argentina perdió, no fue su pueblo. El pueblo de Argentina ya había perdido cuando eligió a Milei, el bufón almibarado que ofende todos los días la dignidad democrática de América Latina, bajo el permanente acoso imperial-colonial de un agente naranja senil cada vez más enloquecido.

II

EL GRUPO DE PUEBLA RECHAZA EN NUEVO MACARTISMO. CRIMINALIZAR A LA IZQUIERDA NO ES COMBATIR EL TERRORISMO

julio 21, 2026

Las recientes declaraciones formuladas por altas autoridades del Gobierno de los Estados Unidos representan un preocupante retroceso político e intelectual. Al presentar a “la izquierda”, “la extrema izquierda” o “el izquierdismo” como una amenaza global asociada al terrorismo, se instala deliberadamente una lógica de sospecha ideológica que creíamos superada desde los peores años de la Guerra Fría.

No es casualidad que, junto a organizaciones armadas, se evoquen una y otra vez referencias históricas destinadas a construir un relato en el que toda tradición política de izquierda aparezca bajo un mismo manto de violencia. Esa simplificación no busca comprender la historia: busca reescribirla para deslegitimar a millones de ciudadanos, partidos, gobiernos, sindicatos, movimientos sociales e intelectuales que, desde la democracia, han luchado y luchan por la justicia social, la igualdad y los derechos humanos.

La izquierda democrática latinoamericana no necesita recibir certificados de compromiso con la democracia. Ha sido protagonista de la recuperación democrática, de la ampliación de derechos, de la reducción de la pobreza y de la defensa irrestricta de los derechos humanos, incluso frente a dictaduras, persecuciones y golpes de Estado.

Combatir el terrorismo es una obligación de todos los Estados. Pero utilizar esa causa para estigmatizar una identidad política constituye un grave error que solo alimenta la polarización, debilita el pluralismo democrático y reabre una peligrosa lógica de enemigos internos.

América Latina conoce demasiado bien las consecuencias del macartismo, de la doctrina de la seguridad nacional y de las campañas que identificaban cualquier demanda de justicia social con una amenaza terrorista. Esa visión dejó miles de muertos, desaparecidos, presos políticos y exiliados. No aceptaremos que esa narrativa vuelva a instalarse bajo nuevos nombres.

El Grupo de Puebla rechaza categóricamente cualquier intento de criminalizar a la izquierda democrática o de convertir las diferencias ideológicas en categorías de seguridad nacional. Defender la democracia exige combatir toda forma de terrorismo, pero también defender el pluralismo político, el Estado de derecho y el derecho de los pueblos a elegir libremente sus proyectos políticos sin ser estigmatizados.

Frente a quienes pretenden dividir al mundo entre amigos y enemigos ideológicos, reafirmamos nuestra convicción de que la democracia se fortalece con más diálogo, más derechos y más justicia social, nunca con listas negras ni con la criminalización del pensamiento político.

La historia juzga con dureza a quienes confunden la discrepancia con el delito. América Latina no debe volver a recorrer ese camino.

iii

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, LA GRAN AUSENTE DEL DEBATE LABORAL

Luis Villazon León. Abogado. Antonia Morales Vera. Socióloga. Santiago. 19/7/2026. 

El martes 30 de junio se publicó el Informe de la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de la que participaron ocho economistas y una abogada, todos con perfiles que explican las conclusiones de la mesa: varias exautoridades y funcionarios de confianza de los gobiernos de Sebastián Piñera y personas vinculadas a centros de pensamiento de derecha, como Libertad y Desarrollo fundado por Hernán Büchi. La participación de las organizaciones de trabajadores y actores del mundo del trabajo fue restringida al envío de propuestas mediante un formulario.

El resultado de la mesa es un insumo técnico político que viene a complementar una agenda de debilitamiento del Estado y retroceso de derechos laborales individuales y colectivos, conformada por la “megarreforma”, una serie de iniciativas legislativas impulsadas por parlamentarios de partidos de derecha, proyectos que amenazan el derecho a huelga como el llamado “registro de vándalos”, y retrocesos consumados por vía administrativa como los dictámenes recientes de la Dirección del Trabajo.

En materia de derechos laborales, el Eje IV del informe de la mesa aborda cinco materias que resultan sensibles para los trabajadores: distribución del tiempo de trabajo, protección del empleo ante shocks, costos de despido e indemnización por años de servicio, polifuncionalidad laboral, y certeza jurídica en la causal de necesidades de la empresa. El hilo conductor de la propuesta es reducir costos laborales y las supuestas rigideces normativas para los empleadores. Las medidas se fundan en lo que el actual gobierno ha llamado “la emergencia laboral”, estableciendo erróneamente y sin evidencia que la principal causa del desempleo son los supuestos costos asociados a derechos laborales.

El componente laboral, “legitimado” mediante esta mesa “técnica”, es el aspecto regresivo que le faltaba al plan general del gobierno. Se trata de una reforma laboral encubierta que propone profundizar la desregulación de las relaciones laborales, debilitando los derechos colectivos, generando retrocesos en derechos conquistados por décadas y en aquellos sumados recientemente. Además, se omite deliberadamente cualquier debate sobre la negociación colectiva y su urgente reforma al actual sistema, como forma democrática de mejora de economía y condiciones de vida.

Ejemplo de ello es cómo se retrocede en la reducción de la jornada laboral a través de una propuesta “técnica” que permite calcular la jornada en promedios anuales que aumentan la jornada por sobre 45 horas semanales llegando incluso hasta 52 horas. El informe plantea que esto es posible en países como Alemania o Países Bajos. Esta afirmación desconoce que en esos países hay negociación colectiva ramal, mecanismo que permite negociar la jornada con los sindicatos y aplicarla según las particularidades de cada sector productivo, evitando la precarización y el abuso laboral.

Cabe recordar que fue el propio gobierno quien, como primera acción al día siguiente de asumir, retiró del Congreso el proyecto de ley sobre negociación ramal, negando el debate democrático sobre este mecanismo establecido en países de la OCDE que se suelen citar de ejemplo.

Un gobierno que en su discurso pone en el centro el orden, la familia y la seguridad como sus grandes paradigmas, no hace más que asestar un golpe profundo a la seguridad de miles de familias, que no solo buscan seguridad contra la delincuencia, sino que también contra el abuso empresarial y la falta de protección laboral tan propia de nuestro ordenamiento jurídico laboral.

Los cambios propuestos en materia laboral significan un profundo retroceso y van en contradicción directa incluso con la reciente encíclica papal “Magnifica Humanitas”, cuyos ejes colisionan con la agenda dogmática del gobierno. La encíclica señala en forma clara que el trabajo debe diseñarse centrado en la persona y no en el rendimiento (productividad). También pone énfasis en el rol de las organizaciones sindicales y sus instrumentos, constituyendo un respaldo explícito al rol de las organizaciones de trabajadores como actores relevantes de representación y, por cierto, a la negociación colectiva como instrumento de disminución de las desigualdades.

En efecto, el papa León XIV se refiere, ante escenarios de mayor pobreza y desigualdad provocados por la sustitución de trabajadores por sistemas automatizados, a la necesaria renovación de las organizaciones sindicales para asumir estos desafíos. Es uno de los respaldos más explícitos del texto a los cuerpos intermedios de representación de los trabajadores frente al cambio tecnológico.

Chile no va a crecer más excluyendo y precarizando a quienes sostienen el país con su trabajo: son los trabajadores quienes conocen de mejor forma los retos y necesidades de los sectores económicos en los que se desenvuelven. La propia evidencia muestra que para enfrentar los cambios en el mundo del trabajo son necesarios actores robustos, sindicatos que jueguen el rol que la propia autoridad eclesiástica resalta. Fortalecer la negociación colectiva es fortalecer la democracia en un amplio sentido: distribuye mejor la riqueza, incorpora a los trabajadores en los debates y decisiones productivas, y nos acerca a que el trabajo sea fuente de dignidad humana.

 

¿PUEDEN LOS JUECES PROHIBIR UNA HUELGA SIMPLEMENTE A INSTANCIAS DE LA EMPRESA AFECTADA? ALGUNAS CONSIDERACIONES EN UN CONTEXTO DE DESCONFIANZA CIUDADANA ANTE EL SESGO POLITICO DE LAS DECISIONES JUDICIALES

 

Ha causado un gran revuelo una encuesta publicada por el diario El Pais el 6 de julio en la que se concluía que el 65% - casi dos tercios – de las personas preguntadas afirmaban que el lawfare o guerra judicial existía, frente a tan solo un 11% que mantenía su inexistencia, y el 34% de los mismos entendían que en sus decisiones los jueces favorecían a la derecha, frente a un 16% que pensaban que lo hacían a la izquierda. Solo un 23% afirmaba que los jueces son imparciales. Ello ha dado lugar a una serie de intervenciones lamentando la desconfianza de la ciudadanía española frente al poder judicial y su forma de actuar en connivencia con orientaciones políticas expresas, ha generado innumerables afirmaciones de que la mayoría del personal titular de los juzgados y de las salas de los Tribunales hacen bien su labor y son irreprochables, y finalmente ha provocado que las asociaciones judiciales mayoritarias achaquen esta desconfianza a la acción del gobierno y su capacidad de desprestigio de un poder del Estado que le pone coto y le limita en su actuación. En el otro lado del tablero, el gobierno y los partidos que le sostienen recuerdan casos emblemáticos de resistencia judicial a las leyes aprobadas en el Parlamento, la bochornosa y atrabiliaria condena al Fiscal General del Estado, y las causas abiertas contra la mujer y el hermano del presidente del gobierno, con decisiones grotescas y claramente vulneradoras de derechos básicos de la persona.

El caso es que la llamada “judicialización de la política” se ha instalado como el motivo determinante de la información pública que aparece en los medios y como eje del discurso de agresión y de respuesta que las fuerzas políticas mantienen y despliegan en el Parlamento y en la esfera de la comunicación. El lawfare se muestra como un torbellino que engulle las posiciones políticas por el sumidero de un proceso de sospechas y acusaciones, en el que la derecha y la extrema derecha utilizan un lenguaje cada vez más violento y deslegitimador del enemigo. La corrupción, en sus múltiples formas, es el eje del discurso en todo tiempo y lugar, y su extensión y ampliación reforzada por las terminales mediáticas de todo tipo reduce a la opacidad y a la irrelevancia el debate sobre ideas y propuestas diferenciadas que sirven de base a los proyectos políticos que están en juego.

Esta descarnada luche en el que algunos jueces son determinantes – comenzando por un órgano tan relevante – e incontrolable democráticamente – como la Sala Segunda del Tribunal Supremo – pone sobre el tapete la peligrosa fascinación de la derecha y la ultraderecha por apropiarse del espacio judicial como un elemento asertivo de la impugnación del discurso político defendido por las izquierdas y por el gobierno, sobre la base del sesgo favorable a sus postulados que asumirán las decisiones de los tribunales. Pero deja en la sombra otro tipo de fallos de órganos judiciales en los que, sin iniciación inducida del proceso debido a una intención política directa, el resultado es una sentencia en la que el órgano judicial impone medidas que vulneran directamente derechos fundamentales básicos sin que ni siquiera se plantee que su decisión los conculca de manera patente y explícita, es decir, decisiones que evidencian la nula formación jurídica y la ignorancia de los valores constitucionales como elemento “normal” de la actuación judicial.

Viene ello a cuenta de un auto dictado por el juzgado de lo social  de Talavera de la Reina, de 26 de junio de 2026, en el que la magistrada-juez acuerda, como medida cautelar solicitada por la empresa en el marco de un proceso de conflicto colectivo, nada menos que “la SUSPENSIÓN INMEDIATA de la huelga convocada por CCOO para el 29 de junio de 2026”, prohibiendo su inicio o continuación hasta que recaiga sentencia firme en el proceso de conflicto colectivo, imponiendo una caución o fianza a la empresa demandante de 1.000 euros.

¿Cómo es posible que una huelga sea directamente prohibida por una decisión de un órgano judicial? ¿Cuáles son los elementos que han coincidido para eliminar de raíz, por medio de una decisión judicial, un derecho fundamental ejercitado además por un sindicato más representativo en uso de su libertad de acción colectiva?

El relato de los hechos es descorazonador. En una empresa de fabricación de helados, CASTY.S.A., con una alta presencia de trabajadores fijos discontinuos en los meses de verano, CC.OO convoca una huelga de carácter indefinido de una hora de duración por día, en todos los turnos de producción de la empresa, en la que se reivindican mejoras de orden salarial, organizativo y de prevención de riesgos laborales. En la empresa está establecido un comité de empresa de 13 miembros, todos de UGT, sin que CCOO haya obtenido representación en él. La negociación del convenio colectivo se inició en 2024 entre la empresa y el Comité, que desembocó en un preacuerdo que fue rechazado `por la asamblea de trabajadores en junio de 2025, y ante este bloqueo de la negociación se instó un trámite de mediación ante el Jurado arbitral de Castilla La Mancha, mediación que culminó con un compromiso de continuar negociando entre las partes, sin resultado final alguno hasta el día de la convocatoria de huelga. Es en este contexto, sin que por tanto se haya firmado un convenio colectivo entre el comité de empresa y la empresa, en el que CCOO convoca la huelga para forzar mejores condiciones de trabajo, ante la indeterminación del resultado del convenio colectivo todavía en fase de negociación.

La respuesta de la empresa ante esta convocatoria de huelga es la de impulsar una demanda de conflicto colectivo en la que solicita “la declaración de ilegalidad de la huelga y la nulidad de su convocatoria” y, lo que es más importante, ante la inminencia de la misma, la adopción, como medida cautelarísima, inaudita parte, la suspensión inmediata de la convocatoria y de la celebración de la huelga declarada por CCOO.

Los motivos por los que la empresa entiende que la huelga es ilegal no son muy relevantes en este momento, aunque se pueden deducir de los hechos que se han narrado. Para CASTY.S.A., lo que la huelga hace es interferir en un proceso de negociación que es el producto de un acuerdo de mediación del órgano de solución de conflictos y en consecuencia incurre a su juicio en el art. 11 d) del DLRT, a lo que se añade una detallada argumentación sobre los daños que le produce a la empresa el seguimiento de la huelga, aunque esta se limite a una hora tan solo en cada turno, manteniendo por tanto el resto de la jornada de trabajo sin que se paralice por consiguiente la producción. Ambos argumentos son muy endebles, porque la huelga se produce en el marco de un proceso de negociación de un convenio colectivo aun por tanto no cerrado y del que el sindicato no forma parte, por lo que difícilmente puede afectarle el acuerdo de mediación, únicamente efectivo entre las partes comprometidas en el expediente ante la Junta Arbitral. El sindicato de CCOO tiene naturalmente un interés colectivo en participar en este conflicto, y posiblemente también afianzar su presencia futura en términos electorales en la empresa. Por otra parte, la función de la huelga implica necesariamente la alteración de la producción. En este caso la modalidad de la huelga no se incluye entre las tipificadas como abusivas en el art. 7.2 DLRT ni implica una paralización de la producción que desorganice u obstaculice de manera plena la producción de la empresa. Y ello sin contar que siempre cabe que las personas que trabajan en ella no secunden la acción colectiva, dada la composición del órgano de representación en la empresa, y rechacen por tanto participar en la huelga, lo que sin duda reduciría en mucho la eficacia de la misma.

Lo más llamativo es la petición de la medida cautelarísima que se pretende del juzgado sin que se escuche a la parte demandada, y sin que por consiguiente ésta pueda, en un incidente especial, aducir los motivos que justifican su acción y que por tanto permitiría que la huelga convocara siguiera adelante. Es una petición directamente contraria a lo que se regula en los procesos cuyo objeto consiste en la tutela de los derechos fundamentales, en cuyo art. 180.5 LRJS se describe el procedimiento que se debe seguir ante la petición de medidas cautelares, que exige una audiencia preliminar de las partes y el Ministerio Fiscal en el plazo de 48 horas sobre la justificación y proporcionalidad de la medida solicitada, que en este caso era especialmente grave puesto que se trataba de la prohibición del ejercicio del derecho de huelga.

Sin embargo, no es esa la solución que la magistrada juez de Talavera de la Reina, Doña Cristina Peño Muñoz adopta, que acepta de plano los argumentos de la empresa, sobre la base de algunas consideraciones extravagantes. Entiende que la huelga, al no ser convocada por los trabajadores de la empresa en asamblea ni por el comité de empresa, no ha sido correctamente convocada. De esta manera para la magistrada, la convocatoria por un sindicato más representativo con implantación notoria en el sector y en el territorio y en la propia empresa, en la que se celebró una asamblea con más de 300 personas que acordó ir a la huelga, no implica estar en presencia de una medida de acción colectiva directamente conectada con la libertad sindical, sin comprender que la supresión del derecho de huelga convocada por un sindicato más representativo, que además cuenta con una sección sindical en la empresa y una delegada sindical,  implica una vulneración de este derecho tal como reconocen nuestra Constitución, la LOLS y la LRJS, además de la normativa internacional y europea.

Para la magistrada, la identidad entre las reivindicaciones planteadas por la huelga sindical y la pervivencia de una “negociación activa y viva” entre la empresa y el comité – que no había conducido por cierto hasta el momento a ningún resultado – le conduce a la conclusión de que existe la prohibición de convocar huelga ante un acuerdo de mediación del que CCOO no forma parte, convirtiendo por tanto la relación bilateral del acuerdo en un texto vinculante para terceros e impeditivo de la afirmación de la presencia sindical de CCOO en el conflicto abierto. De esta manera, “y sin prejuzgar el fondo”, la magistrada-juez expresa su “juicio provisional favorable” a la existencia de una vulneración de los requisitos legales que rigen la convocatoria de huelga en nuestro ordenamiento “pues se realizó ignorando la suspensión del derecho de huelga durante la tramitación de una mediación previa aún abierta (art. 18.1 del III ASAC-CLM) y careciendo la entidad sindical convocante (CCOO)  de la legitimación material y procedimental suficiente para promover una huelga en el ámbito de CASTY.S.L. al no contar con representación en el comité de empresa ni haber promovido un acuerdo válido de huelga conforme a las exigencia del art. 3 del DLRT”.

La decisión en forma de auto supone por tanto la declaración judicial de la suspensión inmediata del derecho de huelga y su prohibición. Una decisión que vulnera simultáneamente tres preceptos constitucionales. El art. 24 CE al adoptarse sin escuchar al sindicato convocante e impedir por tanto que éste pudiera rebatir los argumentos de la empresa y expresar sus razones, generando de esta manera una plena indefensión al sindicato convocante. El art.28.1 CE al privar al sindicato CCOO, cuya condición de más representativo fortalece su implantación y legitima su capacidad de acción colectiva, al no reconocerle capacidad de intervención en una situación de conflicto y negarle su derecho a la huelga. Y el art. 28.2 CE al suspender y prohibir de esta forma el ejercicio del derecho de huelga de las personas trabajadoras que estaban convocadas a hacerlo.

Las consecuencias son devastadoras porque aunque se recurra el auto y el Tribunal superior de la razón a los impugnantes ante la vulneración evidente de derechos fundamentales, la huelga no ha podido efectuarse, se ha hecho fracasar en su estrategia al sindicato y se ha impedido a trabajadoras y trabajadoras ejercitar su derecho a la protesta y a la presión para obtener mejoras laborales. El órgano judicial que ha procedido a esta evidente y lacerante resultado que cualquiera con una mínima preparación procesal sabe que debería haber evitado – aceptar una medida cautelar que afectaba directamente a derechos fundamentales de libertad sindical y derecho de huelga sin escuchar a la otra parte - no resultará afectado en absoluto ni se responsablizará de las consecuencias de su decisión antijurídica. Obviamente no tendrá ninguna repercusión disciplinaria en el CGPJ porque este órgano no revisa los contenidos de las decisiones sino solo las formas en las que se expresan estas, según parece.

Ese es otro de los elementos que alimentan en la ciudadanía la desconfianza ante las decisiones de los jueces, aunque no sea tan llamativa como las que la prensa y los medios de comunicación nos arrojan reiteradamente en los editoriales y en las tertulias. Jueces que ignoran las más elementales garantías democráticas que rodean la acción colectiva de los representantes institucionales del trabajo asalariado.