BECAS, CONTRATOS TEMPORALES Y FALSOS AUTÓNOMOS: EL RELATO DE LA EXPLOTACIÓN Y DE LA LUCHA COLECTIVA EN EL PERIODISMO, POR MILENA BOGONI.

El día 4 de diciembre en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete (UCLM) se ha celebrado un seminario especialmente interesante dirigido por la Profa. Dra. Milena Bogoni y que ha contado con la presencia y participación de Marcelo Ortega Picazo, periodista de La Tribuna de Albacete y representante de España en la Federación Europea de Periodistas Freelance. En el seminario-coloquio, que ha contado con una significativa presencia de los alumnos de Grado, se ha podido reflexionar sobre las complejidades de esta profesión desde la perspectiva de su regulación jurídica en el marco especifico del derecho del trabajo. El espacio jurídico de reflexión y análisis ha servido para esbozar las peculiaridades de esta profesión y las dificultades de su tutela insertándola en el binomio clásico trabajo subordinado/trabajo autónomo en un contexto de regulación europeo.

El ponente invitado ha empezado su intervención con una introducción sobre la situación profesional de los periodistas en un contexto empresarial sectorial complejo como el actual. A través de una descripción clara y esquemática ha conseguido identificar en la crisis del modelo de negocio por el que está pasando todo el sector de la prensa en su transición tecnológica y la, relacionada, caída de ingresos provenientes de la explotación de mecanismos tradicionales de producción y difusión de noticias, los elementos esenciales para entender el espacio empresarial en el que la profesión se desarrolla en el mundo moderno. La proliferación de medios de información “telemáticos” de acceso abierto, la caída en las ventas de periódicos tradicionales, la irrupción de las redes sociales como canales de acceso y difusión de noticias, el “salto generacional” existente entre el “usuario tradicional de noticias” y los “lectores millenials”, son condicionantes que presionan significativamente la conformación del actual mercado de la información. En los últimos años se ha asistido a una ruptura de los esquemas clásico de financiación, elaboración y consumo de la información con una consecuente revolución de los actores implicados y de las relaciones entre ellos. Todo esto, desde el punto de vista del derecho del trabajo, se traduce, inexorablemente, en una modificación del modelo de relación laboral clásica, con el consecuente aumento del fraude y de la explotación a través del ensanchamiento de las definidas “zonas grises del derecho del trabajo” en las que tienen cabida, con preocupante frecuencia, falsos autónomos, TRADES en el límite del fraude de Ley o las becas abusivas.

En relación especialmente con el aumento del trabajo autónomo en la profesión periodística, Marcelo Ortega ha señalado que cada vez son más numerosos los profesionales que encajan en este perfil. Según datos recientes relatados en el seminario, por cada trabajador asalariado en el sector, encontraríamos 3 trabajadores autónomos, dato que se agrava si se tiene en cuenta que aproximativamente el 75 por ciento de aquellos es trabajador autónomo por obligación y que más del 30 por cierto no llega a ingresar ni mil euros netos al mes. El libre mercado de la información, cada vez más cercano a una “compraventa feroz de noticias” acaba convirtiendo los periodistas mismos en productos, cuya productividad se contabiliza y valora en relación a la capacidad de ser competitivos en elementos como la contraprestación económica o la disponibilidad horaria, distorsionando de esta manera la existencia de un techo mínimo de tutela efectiva. Todo eso sin profundizar en otro factor de mercantilización de la profesión, determinado por el impacto de las plataformas digitales en este sector que, en algunos supuestos, facilitan la existencia de una verdadera “subasta a la baja” en la asignación de los encargos periodísticos.

Lo que tendríamos delante, por tanto, en la mayoría de los casos, sería un “autónomo sin autonomía”, que difícilmente pasaría la prueba de la inexistencia de las notas características de la relación laboral. Esto ha quedado comprobado en una abundante jurisprudencia nacional e internacional que ha servido por extraer de una profesión peculiar como la analizada, elementos útiles para contextualizar la ajenidad o la subordinación, así como para poder reconocer, no sin ciertas complejidades, la existencia o no de un vinculo laboral encubierto por falsas relaciones comerciales trabajador autónomo/cliente. El uso de los medios técnicos de la empresa, la definición por parte del empresario de los tiempos de trabajo, la predeterminación del contenido objeto de la información, la indisponibilidad del producto por parte de su autor así como la exclusividad del vinculo profesional son indicios que jurisprudencialmente se han manejado para identificar el fraude laboral y los abusos en esta profesión.

Debido al fuerte componente jurídico-práctico de la reflexión propuesta, el ponente pasó a relatar casos jurisprudenciales concretos, como por ejemplo el de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2010, permitiendo a los asistentes entender mejor la senda por la que transcurre, no sin ciertas complicaciones en algunos casos, la jurisprudencialización del conflicto en el marco de la profesión periodística. En este supuesto, en el que un periodista deportivo invocaba la laboralidad de su relación con el diario “El Correo” y en el que acabaría siendo determinante el hecho que el periodista trabajara con un software de propiedad de la empresa e instalado en ordenadores también de propiedad de la misma, se pudo plantear un debate interesante, especialmente con los alumnos, sobre los indicios de laboralidad y su difícil definición en la profesión periodistica.

Siempre en el marco de un análisis empírico, Marcelo Ortega, habló de la importante labor de la inspección de trabajo en la identificación y persecución de los abusos en este sector, citando, especialmente, los casos emblemáticos que vieron involucrados en enero de 2019 periódicos tan relevantes como “El País” o “El Mundo”. En el caso de “El País”, concretamente, la actuación de la inspección de trabajo sirvió como instrumento de presión en la regularización de unos 50 colaboradores que pasaron a integrarse a la plantilla de la empresa en el marco de la negociación del Convenio Colectivo (enlace a la noticia:  https://www.ccoo.es/noticia:358786--El_Pais_obligado_a_contratar_como_plantilla_a_50_colaboradores).

Pese a los buenos resultados en la acción jurisprudencial, sindical o administrativa, no hay que olvidar que, en la mayoría de los casos ésta se plasma en una “fase de crisis” de la relación entre el periodista y la empresa, ya que en muchos supuestos, especialmente en el caso de la Jurisdicción Social, interviene para reconocer la laboralidad de un vinculo extinto y por tanto calificar el (eventual) despido. Además, la dificultad de “sindicalizar” el conflicto en un contexto en el que el sindicato tiene escasa (o nula) capacidad de control y representación del trabajo autónomo (o presunto tal) en el sector periodístico, representa un problema grave en la visualización de la precariedad y explotación de este colectivo, agravando la activación de mecanismos de tutela durante la existencia de la relación contractual, y no solamente una vez que la misma haya finalizado.

El seminario se concluyó con una mirada al contexto europeo, desde la perspectiva privilegiada de alguien que trabaja representando los periodistas en la federación sindical europea de categoría, y que por tanto puede conocer de cerca las problemáticas de esta profesión en su dimensión comparada y supranacional. En la reflexión de Marcelo Ortega, queda claro que, si bien existen diferentes vías a través de las cuales los Estados miembros intentan luchar contra el fenómeno de los falsos autónomos en el periodismo, la ausencia de una definición europea de trabajo autónomo así como el difícil conflicto con las normas de protección del libre mercado y regulación de la libre competencia, dificultan seriamente una resolución desde el derecho UE del problema. Salvo que, tal y como plantea la Federación europea de Periodistas Freelance, se empiece a trabajar en una propuesta de Directiva en la que se proponga un estatuto de regulación de esta profesión en línea con el objetivo primordial de luchar contra la precariedad, el fraude y los abusos. Si bien esta propuesta ha sido recientemente presentada por la Federación a la nueva Presidenta de la Comisión Europea y la Federación esté trabajando activamente para dotarla de un contenido concreto, los obstáculos son notables así como son poderosas las empresas y las lobbies en el mundo de la comunicación. No hay que olvidar que en España ya se intentó, en reiteradas ocasiones, en el año 2003 y 2004, y sin éxito, promover la redacción y aprobación de un “Estatuto del Periodista Profesional”.

Los desafíos jurídicos en este espacio son por tanto numerosos y sin duda, representan un campo de investigación interesante en el que el derecho del trabajo necesita actuar con urgencia, alumbrando con decisión para contener o eliminar las zonas de sombra e inseguridad en la que las tutelas jurídicas no consiguen llegar.