LOS RESULTADOS DE LA CONTRATACIÓN EN 2018. LA TEMPORALIDAD INSOPORTABLE.

Recientemente, Alberto Pérez, de ADECCO Group ha elaborado un informe muy significativo sobre mercado laboral, contratos de trabajo y gestión de la contratación temporal. Los datos que emergen de él dan una radiografía de la estructura y las prácticas de contratación en nuestro país que denotan una pérdida absoluta de centralidad del trabajo por tiempo indefinido como el instrumento elegido por los empresarios para la inserción de la fuerza de trabajo en la producción de bienes y de servicios. Veamos algunos de estas cifras que arroja un resultado espectacular.

Ante todo la cifra de contratos iniciales que se han celebrado en España durante el año 2018, con datos provenientes de la EPA cuarto trimestre, sigue resultando impresionante para cualquier observador externo. Ni mas ni menos que veintiún millones y medio de contratos iniciales, teniendo en cuenta que el total de asalariados al final del año 2018 en España eran 16.453.600 personas. La razón de esta ciclogénesis explosiva de la contratación inicial es la temporalidad de la duración de la misma. De todos estos contratos, sólo el 6,74% son contratos indefinidos, es decir en números absolutos, 1.446.936 personas, y el 93, 26% restante, contratos temporales. No es de extrañar que casi el 30% de éstos (29,82%) tienen una duración hasta 7 días. Es decir, que 5.912.598 contratos iniciales han tenido una duración de una semana o menos. A ello hay que hay que añadir casi un millón de contratos concertados entre 8 y 15 días, y 1,6 millones más entre quince días y un mes de duración. Es decir que, en total, casi el 43 % de los contratos temporales efectuados durante el año 2018 tenían una duración inferior a un mes. La precariedad y la rotación del trabajo es evidente.

Las modalidades contractuales sobre las que sigue pivotando la temporalidad en nuestro país son de un lado el contrato de obra y servicio, con 8.267.138 contratos iniciales, y el contrato eventual por circunstancias de la producción, 9.829.687. Mucho más contenidos son los contratos por interinidad o sustitución, 1.569.876, mientras que los contratos en prácticas y contratos formativos son muy poco utilizados (107.291 contratos en prácticas, 52.802 contratos en formación o aprendizaje). La desnaturalización de la causalidad de las dos modalidades contractuales temporales más solicitadas resulta notoria, y por tanto la existencia consentida y practicada del fraude de ley en la utilización del instrumento legal. Una contratación fraudulenta que es la práctica normal de las empresas que actúan como agentes económicos en el mercado de trabajo de manera disfuncional, transfiriendo a los trabajadores y trabajadoras el coste económico medido en pérdida de derechos y dificultando el mecanismo de financiación de las prestaciones económicas ante estados de necesidad de estas personas. Una práctica que resulta plenamente afianzada como norma social sostenida además por la evidencia económica que la empresa debe repercutir inmediatamente sobre el empleo las consecuencias de las dificultades económicas o de las reestructuraciones organizativas o productivas. Lo que se acentúa por el elemento de convicción de que la fuerza de trabajo temporal es más dócil por estar menos sindicalizada y permite modificaciones constantes del ritmo y la extensión del trabajo que se precisan en el plano individual principalmente.

El informe al que se ha aludido está muy interesado en cuantificar el porcentaje de empleo temporal – de contrataciones iniciales temporales – que resultan gestionados por las ETTs. Los datos que resultan del mismo, son interesantes. Sólo el 21% de la contratación temporal es encuadrada mediante los mecanismos de interposición – y también mediación tras la reforma laboral – de las ETTs, de manera que el 79 % de estas contrataciones quedan fiera de su alcance. Si se desgrana las modalidades de contratación, se puede verificar que las ETTS han gestionado el 24,3% de los contratos eventuales iniciales en el año 2018, y un 20% de los de obra y servicio, pero los porcentajes de gestión de interinidad o de contratos formativos son mínimos.

También resulta interesante verificar la perspectiva territorial en la cuantificación de la relación entre contratos por tiempo indefinido y contratos temporales, que supone como hemos visto un volumen muy limitado de un 6,74 %, porcentaje que cada año se va reduciendo y que ha permitido hablar a algunos especialistas como Daniel Toscani o Ignasi Beltrán de una suerte de “aversión” del empresariado español respecto del contrato por tiempo indefinido. Una afirmación que resulta especialmente acertada en algunos territorios. El informe de Alberto Pérez localiza en la circunscripción provincial los diferentes porcentajes que señala tanto respecto de la relación entre temporales e indefinidos como entre los temporales gestionados por ETTs o directamente por el empresario. En este sentido, señala cuatro provincias en las que la contratación inicial por tiempo indefinido durante el 2018 no alcanzó el 2% de la contratación total. Son las provincias de Jaén (1,07%), Huelva (1,35%), Córdoba (1,55%) y Badajoz (1,77%), es decir tres provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y otra de Extremadura, donde el desempleo es más alto y la contratación temporal más elevada, señalando el nexo que une el desempleo y la precariedad a través de la rotación y eventualización del empleo. Por el contrario, los porcentajes más altos de contratación por tiempo indeterminado se localizan en Madrid (casi el 14%), Baleares (12%) Girona (11,2%), Barcelona (10,52%) y Castellón (9,11%), porcentajes que están en lo alto de la relación entre indefinidos y temporales pero que como se puede comprobar son muy modestos. Un 14% de contratos indefinidos iniciales es un score extremadamente pobre, y es sin embargo la ratio territorialmente más elevada del país.

El 6 de diciembre se celebra, como es sabido, la promulgación de la constitución de 1978, que supuso el tránsito a un sistema democrático de relaciones laborales. En el corazón de dicho sistema se encuentra el reconocimiento del derecho al trabajo y a la remuneración suficiente para satisfacer las necesidades vitales de la persona. Una pieza clave en la conformación de la ciudadanía social que sostiene el compromiso de los poderes públicos por una sociedad igualitaria que se desprende del art. 9.2 del texto constitucional. La precariedad permanente de nuestras relaciones laborales, la presencia ininterrumpida de contratos temporales en fraude de ley, la rotación de la mano de obra en contratos de duración temporal mínima, está diseñando un escenario plenamente enfrentado al reconocimiento del derecho al trabajo del art. 35 CE y con el compromiso del pleno empleo que subraya el art. 40.2 del mismo texto legal. En gran medida, el trauma profundo de la crisis económica y las reformas laborales, han acentuado esta deriva antisocial que degrada hasta límites inconcebibles el alcance del derecho al trabajo. Es este sin duda uno de los elementos que requiere un cambio legislativo que recupere la causalidad en la contratación temporal y aborde instrumentos de control y de previsión que progresivamente impidan la torpe reiteración de la precarización del empleo como fórmula generalizada de gobierno del ingreso al trabajo en nuestro país. Confiemos en que los nuevos rumbos que parece que podrían afirmarse en estos próximos meses consideren éste uno de los principales problemas, la temporalidad insoportable de nuestro mercado de trabajo y la restricción ineludible de la precariedad laboral.