Ayer, con
ocasión de una manifestación convocada por la ultraderecha y el movimiento anti
vacunas (No Vax) en Roma, una buena parte de la misma se dirigió a la sede nacional
de la CGIL, en Corso d’Italia 20 y la asaltaron mientras gritaban consignas
contra el secretario general Maurizio Landini, y contra el sindicato al
que acusaban de quitarles el trabajo a los manifestantes. Los asaltantes
enarbolaban banderas nacionales – la tricolor – y acompañaban sus consignas de
la palabra más repetida en la manifestación, “Libertad”. Libertad frente a la dictadura
sanitaria del Estado y frente al estado de alarma inventado como medio para
controlar a los ciudadanos. Todo un conjunto de argumentos negacionistas que
culminan en una reivindicación del pueblo y de la ciudadanía frente a la mentira
y la conspiración encarnada en el Estado como institución alienante y
totalitaria.
La razón de esta manifestación –
y la de tantas otras que se han ido celebrando en las principales ciudades
italianas – no es sólo la resistencia a la vacunación, sino la revuelta ante la
exigencia del certificado de estar vacunado para poder entrar en edificios públicos,
espectáculos y lugares de ocio, pero fundamentalmente porque a partir del 15 de
octubre, este certificado, conocido en Italia como Green Pass será
obligatorio para acceder a los lugares de trabajo, público o privado, una
obligación que ha impuesto el Decreto Ley de 21 de septiembre, justificado por
el gobierno Draghi como la condición necesaria para “abrir el país”. El
trabajador que no presente el pase verde se considerará ausente por causa
injustificada y por tanto no devengará
el salario, si bien no tiene consecuencias disciplinarias y se mantiene el
derecho a conservar el puesto de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2021, que
es por tanto el plazo que se da para que las y los trabajadores públicos y
privados procedan a vacunarse.
La resistencia a la vacunación y
el rechazo a que ésta se considere una condición sanitaria imprescindible para
poder acudir a trabajar ha sido derivada hacia la resistencia al gobierno y la
imputación de totalitarismo respecto de su política sanitaria. Es conveniente
recordar que en el comienzo de la pandemia, Italia fue durante mucho tiempo un
país en el que el Covid19 causó enormes estragos y donde la incidencia
acumulada de casos y de muertes (131.000 personas hasta el momento) fue muy notable.
Los partidos de ultraderecha y de derecha extrema – Fratelli d’Italia y Lega –
han cuestionado esta política y amparan las manifestaciones que se han ido
desarrollando, pero a su vez grupos más violentos y declaradamente fascistas,
como Forza Nuova, han alimentado en este caldo de cultivo la pulsión
antidemocrática y la violencia contra el Estado Social.
Este es el sentido del asalto a
la sede del primer sindicato de Italia, la Confederación General Italiana del
Trabajo, que es una potentísima organización de la clase trabajadora en aquel
país y que mantiene una posición de apoyo crítico a las medidas del gobierno
sobre la recuperación económica que se inicia en la nueva etapa post-covid. Atacar
la sede de la CGIL tiene un significado claro, imputar políticamente al
sindicato que organiza y defiende el interés de la generalidad de los
trabajadores del país como una organización contraria al “pueblo”, oponiendo
directamente la idea de pueblo a la de organización de los trabajadores, situándolas
en una relación de hostilidad y de confrontación. Simbólicamente además enlaza
directamente con la memoria histórica del fascismo italiano y sus ataques violentos
contra los sindicatos y las Cámaras del trabajo entre 1920 y 1922, que causaron
muertes, torturas y apaleamientos de sindicalistas.
El ataque se ha hecho en esta
ocasión bajo el amparo de la palabra “libertad”. Libertad como concepto enemigo
de la solidaridad que encarna el sindicato, contra la igualdad que quiere realizar
en su acción colectiva y que los asaltantes fascistas consideran incompatible
con un nuevo orden en el que desaparezcan estas nociones. En España también la
ultraderecha y la derecha extrema han recurrido a la palabra libertad como sinónimo
de individualización egoísta y de elogio de la desigualdad. A ello se une ahora
el elogio desmedido de la propiedad junto con la libertad en un discurso apasionado
y fuera de siglo que mantiene sin embargo con entusiasmo el llamado jefe de la
oposición en nuestro país.
La reacción de la CGIL ha sido
inmediata. Ha convocado una Asamblea general que se está realizando en la
mañana del domingo en Roma, en la sede asaltada del sindicato, hoy rodeada de
una multitud que canta el Bella Ciao, la canción de la guerrilla
antifascista, y ha decidido abrir todas las sedes locales del sindicato para
que afiliados y ciudadanos puedan manifestar su solidaridad y su presencia. La
CGIL recuerda que han sido objeto de un ataque de escuadrismo fascista, y que
igual que resistieron entonces, resistirán ahora. La Confederación ha exigido
que se disuelvan las organizaciones “que se reclaman de fascismo”, y Maurizio
Landini afirma que se trata de un ataque a la democracia y al mundo del
trabajo que hay que responder. La Asamblea de este domingo adoptará las medidas
necesarias, y ya se prevé una manifestación sindical unitaria anti fascismo para
el 16 de octubre.
El atentado ha sido condenado
unánimemente, aunque en la derecha extrema se ha querido distinguir a quienes
se manifestaban por una causa justa y a los “violentos” que han oscurecido el
objetivo de la convocatoria. Pero el ataque de la ultraderecha a la sede
nacional de la CGIL debe hacer reflexionar fuera de las fronteras italianas,
ante el auge de la extrema derecha en varios países de Europa, en especial en
Francia y en España. La complicidad con estos grupos por parte de la que en un
momento se denominó derecha democrática, la progresiva captura del discurso político
conservador por parte de estos grupos que defiende de forma radical un
neoliberalismo despótico y victimizador, está alentando fenómenos de violencia
cada vez más agudos que canalizan ante todo sentimientos de rabia, impotencia e
ignorancia, de una parte de la población susceptible a estas propuestas. Una
cultura de desestabilización democrática que es a su vez reiterada y sostenida
firmemente por medios de comunicación muy influyentes y por grandes
comunicadores sociales que responden a esa misma orientación política.
Señales de involución y de cuestionamiento
de la democracia como la vía preferida por una corriente política con
importantes manifestaciones en Europa y
en España desde su puesta en práctica en la presidencia Trump en EEUU, para
aumentar la explotación laboral y el despotismo en los lugares de trabajo junto
con el incremento exponencial de la desigualdad económica y social. El Estado social
y democrático y las fuerzas políticas que lo sostienen deben mostrar su
fortaleza e imponer frente a la ultraderecha la fuerza de la ley y la capacidad
de respuesta que el orden democrático está obligado a mostrar y llevar a cabo. Las
señales son inequívocas, y el asalto a la sede nacional de la CGIL en Italia es
una de ellas.
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