FORTALECER LA DEMOCRACIA, SIN DUDA, PERO TAMBÍEN EN EL TRABAJO: LA NECESIDAD DE UN DEBATE

 

El tiempo pasa rápido. Ya comienza el mes de mayo y hemos dejado atrás el rechazo del decreto-ley sobre la prórroga de los alquileres gracias a los votos de las tres derechas en un parlamento en el que la ausencia de ministros socialistas permitió que todas las personas comprendiéramos que la iniciativa que permitiría a más de tres millones de españoles estar tranquilos por dos años sinu que grandes tenedores o fondos buitres aprovecharan para aumentar sus alquileres era una reivindicación de SUMAR, muy bien recibida por los votantes de todos los partidos y que sin embargo ha sido torpemente rechazada. El discurso de Bustinduy, medido en el contenido y en la forma, permanecerá como expresión de una estrategia política que acabará triunfando gracias a la extensa movilización promovida y lograda, que se prolongará en este mes de mayo en nuevos actos. El 1º de mayo ha sido también un momento importante en el apoyo de esta reivindicación por los sindicatos confederales, que además lo han incorporado a su Propuesta Sindical Unitaria como un elemento central de la misma, a la vez que ha servido para reafirmar el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de este país por la paz y contra la guerra.

El problema de fondo es que paulatinamente se va vaciando de contenido la democracia. La paz y el rechazo de la guerra como instrumento d e conquista o de dominio de una nación sobre otra había sido una conquista central de nuestra civilización, y la capacidad de las Naciones Unidas de mediar en todo tipo de conflictos, pese a su limitada intervención, había resultado importante como expresión e las reglas que regían en un orden mundial multilateral que se acomodaba a la globalización económica y financiera como el espacio en el que se manifestaban la dependencia y la subordinación entre naciones y se expresaba la enorme desigualdad entre sus gentes. Ese marco de referencia ha variado sustancialmente ante la irrupción de una política agresiva e imperialista de Estados Unidos tanto en el comercio mundial al como en la intervención dominante y violenta tanto en América Latina y el Caribe como en el deterioro de su relación con algunos países de la Unión Europea, y especialmente mediante el apoyo sin restricciones al genocidio y a los crímenes de guerra de Israel, que le ha llevado a la guerra ilegal contra Irán y la invasión de Líbano, por el momento. En el ámbito interno, Trump está dinamitando todos los controles institucionales posibles a su actuación, y quiere reformular las reglas electorales para evitar una derrota en las elecciones a medio término de noviembre de 2026. Mientras tanto, su actuación está generando una seria crisis energética en Occidente, a la vez que asfixia económicamente Cuba y amenaza con invadirla. La impunidad de la que hace gala hoy el imperialismo norteamericano y su aliado incondicional, el Estado de Israel, suponen una amenaza directa contra el derecho internacional y las reglas de convivencia entre las naciones que están siendo continuamente vulneradas sin respuesta.

Pero no sin consecuencias. Esa violencia exaltada y convertida en la regla de acción de una superpotencia mundial se está trasladando también a las pautas de comportamiento que deben seguir las fuerzas políticas, en especial las que fundan su programa en una visión plenamente autoritaria y excluyente de otros sujetos que son considerados enemigos a los que hay que aislar y anular en el campo político y social. Hay las suficientes señales de la configuración de un programa de acoso y exclusión de organizaciones sociales y políticas – comenzando por los sindicatos- que revertirá en cambios trascendentales en la reducción de derechos ciudadanos, recortes en el gasto social y las prestaciones sociales, hostilidad antisindical y represión del conflicto, además de un excepcional incremento de la privatización de los servicios de interés general y de los bienes comunes.

Todo ello hace saltar las alarmas sobre el peligro en el que se encuentra el sistema democrático, dado que los mecanismos de la representación política aparecen contaminados por la capacidad de orientación y de indicación que se efectúa con el concurso de medios de comunicación y redes sociales y la pérdida de una cultura ciudadana democrática que oscila cada vez más hacia la emoción y la imagen estereotipada como elementos determinantes del sufragio. La redirección de los debates públicos hacia estos elementos hace que no se tengan en cuenta una buena parte de los elementos estructurales que han ido mejorando la existencia colectiva de la gente, y en especial de la gente trabajadora, en un arco temporal ya lo suficientemente amplio como para efectuar un juicio global sobre este período que ha permitido un crecimiento en derechos y en mejores condiciones de trabajo y de vida muy notable, que sin embargo no es valorado – ni siquiera recordado – en el espacio del debate político, centrado en asuntos mucho mas personalizados y contingentes, que marcan redes sociales y creadores de opinión posteriormente replicados en el Congreso y en als declaraciones públicas que a su vez retroalimentan las informaciones de los medios de comunicación.

Hay excepciones, ciertamente, como sucedió con el debate sobre la reducción de jornada o actualmente con el de la vivienda y en concreto con la solución de urgencia de la prórroga de los alquileres, pero en general el destino de la política aparece desligado de las grandes cuestiones que afectan al conjunto de la ciudadanía. La obsesión por el liderazgo, la personificación en el líder de circunstancias carismáticas y la condensación en su persona de todas las energías negativas o positivas, funciona también como un mecanismo de despotenciación democrática, entendida como incapacidad de ser reconocida la política como una acción colectiva y general de grupos sociales que pretenden realizar una cierta idea de sociedad y atender a los problemas reales de la población. Es siempre complicado colocar en primer plano de la política la problemática de la explotación laboral y la necesidad de dotar a la gente trabajadora de instrumentos de defensa y de reivindicación para ampliar sus derechos y mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Ese ámbito de la vida social, que es fundamental, se escinde de la acción política tal como se presenta en la contienda electoral, y no ocupa el espacio primordial que sin embargo cualquier fuerza de izquierdas debería asignarle como elemento básico del proyecto de reformas que se quiere llevar a cabo a través de la representación política electoral.

Este proceso debe funcionar también a la inversa. Es decir, el trabajo y el mecanismo de subordinación que plantea el sistema de libre empresa debe ser objeto prioritario de atención de la política si se quiere cambiar la sociedad a partir de la acción parlamentaria y de gobierno. Pero también es imperativo que en el espacio-empresa se plantee la necesidad de reforzar y modificar los mecanismos democráticos que posibilite la intervención de las personas que trabajan en las decisiones de las empresas en materia de empleo y de condiciones de trabajo.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social entendió que este era un terreno importante de intervención política y encargó un Informe sobre Democracia en el trabajo a una comisión internacional que presidió la profesora Isabelle Ferreras. Un resumen de su contenido y propósitos se ha publicado en este blog y puede encontrarse aquí: https://baylos.blogspot.com/2026/02/el-informe-de-la-comision-internacional.html. El encargo formalmente se insertaba en la necesidad de desarrollar el art. 129.2 CE tras casi cincuenta años de no haberlo activado. Pero si esto es así, y en efecto el Informe lo que procede es a ofrecer un análisis teórico de los retos que la participación de las personas trabajadoras plantea a la organización de la empresa en el marco de la economía de mercado y a suministrar algunas soluciones de carácter técnico-jurídico, lo que hay detrás es un planteamiento político fundamental: la empresa no puede quedar, como institución central del tejido económico y social de nuestro país, sin incorporar elementos democráticos en su estructura y acción social.

Es una reivindicación democrática muy sentida ya desde el comienzo del debate constitucional. Marcelino Camacho insistía en una frase célebre que la democracia no puede quedarse a las puertas de la verja de las fábricas, y los trabajadores y las trabajadoras no se despojaban en los vestuarios de la empresa junto con su ropa de calle, también de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Es más, cuando insistió y logró mediante una enmienda del PCE que se incluyera en el art. 35 CE la necesidad de un Estatuto de los Trabajadores, su idea era la de crear un texto legal que garantizase, en la empresa y en los lugares de trabajo, los derechos fundamentales  de ciudadanía que gozaban las personas trabajadoras también mientras efectuaban su prestación de trabajo, siguiendo el ejemplo del Statuto dei Lavoratori italiano.

La empresa es una entidad fundamental en torno a la que se diseñan las relaciones económicas del llamado libre mercado, y su existencia está garantizada institucionalmente por el Estado y los poderes públicos. Pero es además un sujeto político que construye relaciones sociales y que sin embargo se concibe como un espacio inmune a las formas democráticas que necesariamente tienen que acompañar a las entidades que se despliegan en el espacio público y privado de nuestra sociedad. Como diría el profesor Umberto Romagnoli, el enigma de la empresa consiste en que es un elemento central en la configuración del sistema democrático, que no se considera tal si no reconoce la libre empresa, pero la empresa en su gobierno y estructura repelen cualquier instancia democrática. “La empresa puede ser monárquica o republicana, pero nunca democrática”.

La empresa es un espacio en el que se ejerce un poder privado sobre las personas que trabajan para ella cuya única legitimación es el dinero y la capacidad de éste de producir beneficios. Es un poder que no se discute ni se comparte y que determina en lo concreto una parte relevante de la vida de las personas. Durante la permanencia en el trabajo, la existencia de estas personas es siempre ordenada, dirigida, alejada de la capacidad de incidir en las decisiones que les afectan directamente en su empleo y en su existencia social.

Pero esta suerte de inmunidad frente a las reglas democráticas en su gobierno tiene que ser necesariamente abolida. Y la forma de hacerlo es doble, de un lado, a través de la ampliación de los derechos de información y consulta de las representaciones colectivas y sindicales sobre las decisiones fundamentales de la empresa no solo sobre las relaciones de trabajo sino sobre la propia organización de la empresa, su construcción compleja y descentralizada. De otro, interviniendo en el propio gobierno de las sociedades mediante su participación en sus órganos de gobierno, en la línea de las mejores experiencias europeas al respecto.

Estas dos formas de democratización – la vía de la “voz” y la vía de la propiedad – implica dar cumplimiento al precepto constitucional del 129.2 CE y la urgencia de conocer la empresa como un sujeto que debe acomodar su estructura y su gobierno a reglas democráticas en las que las personas trabajadoras participen en – condicionen la- toma de decisiones.

Al margen de la difusión que se está efectuando sobre el contenido del Informe en el espacio del conocimiento experto, y a nivel internacional, es imprescindible que este tema se integre en el debate y la discusión política actual.

Se trata además de un problema de perspectiva. El tema de la democracia en el trabajo implica necesariamente reivindicar un enfoque clasista, que establece la crítica social y política al trabajo y la explotación como eje central del cambio social y por tanto como seña de identidad de la acción política de la izquierda. Una forma de abordar el conflicto y el proceso de reformas que reivindica la labor de la intervención pública y colectiva sobre el trabajo, al lado ciertamente de la reivindicación de los derechos de ciudadanía y de la prestación de servicios públicos o la invención de nuevos derechos  - derecho al cuidado – pero sin que este aspecto importante, volcado sobre la reforma del Estado, opaque o sustituya la necesidad de reformar la empresa y las relaciones de explotación que se producen en este espacio de dominio.

Una implicación por consiguiente de los sujetos políticos y de los sindicatos de clase, que debe incorporarse al discurso general y formar parte del campo en disputa de las posibilidades concretas de modificar el marco institucional actual.