Se ha puesto
fin a la construcción de una alternativa electoral de la izquierda con la
negativa de Podemos a la unidad con el resto de partidos - salvo con ERC - y la formación a nivel nacional del Frente
Amplio, como catalizador de la propuesta reformista y de resistencia ante la
irrupción del autoritarismo desencadenado del PP y Vox. Durante este tiempo, en
el blog nos hemos mantenido en silencio, siguiendo las movilizaciones que se
han ido produciendo y en especial la huelga de los enseñantes públicos en
Madrid y el retorno de la marea verde (Lean por cierto el artículo de Agustín
Moreno en “Público” sobre este hecho social relevante: https://www.publico.es/opinion/columnas/marea-verde-pisa-calles-nuevamente.html)
. Pero
ahora es el momento de ocuparnos de un acontecimiento fundamental, la
convocatoria de una huelga general para el día 11 de noviembre. Vamos a ello.
Como se sabe, el detonante de la huelga general
proviene de la inmensa movilización a partir del desahucio de Maricarmen – que posteriormente
provocó la acampada en Sol – en la que el Sindicato de Inquilinas popularizó la
petición de una huelga general por la vivienda. Una propuesta que sostuvieron junto
con CGT, Co.bas y Solidaridad Obrera, pero que inmediatamente obtuvo el
respaldo de las dos grandes confederaciones sindicales más representativas a
nivel estatal CCOO y UGT. Este hecho fue ridiculizado por el presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi, que “veía ilegal” una huelga por la vivienda porque “no
era un conflicto laboral”. Completaba su argumentación añadiendo que los
sindicatos utilizaban la vivienda como “una herramienta electoral contra la
oposición”, una precisión que sería empleada por otros exponentes del empresariado
y de los partidos de la derecha. Finalmente se alegaba la inoportunidad de una
huelga “en pleno período electoral”. Todas estas opiniones fueron
convenientemente diseminadas en los medios de comunicación con el apoyo irrestricto
de los creadores de opinión o tertulianos del media system.
Sin embargo, la convocatoria sindical unía la vivienda
al tema de los salarios y al coste de la vida, elementos centrales del interés colectivo
de las personas trabajadoras. Y a su vez, a la necesidad de lograr la firma de
un Acuerdo sobre negociación colectiva que sustituyera al V AENC ya extinguido
en el 2026. Por otra parte, la cuestión de la vivienda había sido asimismo
recogida en la plataforma reivindicativa firmada por ambos sindicatos – la llamada
Propuesta Sindical Unitaria - como una exigencia frente a los poderes públicos.
En efecto, las propuestas sindicales se enmarcaban en
la propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
(AENC), que incluía, con incrementos salariales entre el 4% y el 7%, cláusulas
de revisión salarial y cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda, y el
desbloqueo de los convenios colectivos encallados, así como en la Propuesta
Sindical Unitaria impulsada por ambos sindicatos, que recoge un decálogo por el
derecho a la vivienda, que reclama un pacto social y político, un parque
público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres
y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los
territorios.
La huelga general interpelaba también a las diferentes
administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a
las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que
garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda. A su vez, la subida
de la inflación provocada fundamentalmente por la guerra ilegal de Trump en
Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, erosionaba profundamente el poder adquisitivo
de los salarios. Este es el contexto en el que se decide la convocatoria de la
huelga general para el 11 de noviembre, en perfecta sintonía con el Sinidcato
de Inquilinas, sobre la base de lo siguiente
UGT y CCOO llaman a la huelga general el 11 de
noviembre para desbloquear la negociación colectiva, para:
● subir salarios
● reducir la jornada
● mejorar la salud de las personas trabajadoras
● erradicar la precariedad,
Y además, CCOO y UGT llaman a la huelga general
·
para emplazar a todas las administraciones públicas a
impulsar políticas que acaben con la especulación de la vivienda
·
para que se ponga control a la deriva de los precios
que lastran las rentas de la clase trabajadora.
A esa convocatoria de huelga, que se fijó para el 11
de noviembre para no interferir en pleno período electoral, se han unido – y replicado
en sus ámbitos territoriales correspondientes – los sindicatos más
representativos de Galicia (CIG) y de Euskadi (ELA y LAB). No la secundan, sin
embargo, USO ni los sindicatos corporativos del área pública, CSIF o del
Comercio, FETICO. La huelga es asi una clara opción del sindicalismo de clase.
El jueves pasado, 15 de octubre, se celebro en el SIMA
el preceptivo acto de conciliación previo a la convocatoria de huelga entre
CCOO y UGT con CEOE y CEPYME, que lógicamente acabó sin acuerdo. A partir de
ahora, se deposita el preaviso en el que se formulan los motivos de la huelga,
el ámbito funcional y territorial de ésta y la composición del comité de
huelga, que normalmente recae en las direcciones de ambos sindicatos.
Conviene hacer algunas precisiones desde el perfil jurídico
de la materia.
La huelga general es plenamente legal, contra lo que afirman, pese a
ser conscientes de la falsedad de esa afirmación, los representantes del
empresariado y los portavoces del Partido Popular. Se inscribe en el correcto ejercicio
del derecho de huelga reconocido por la interpretación del Tribunal
Constitucional del art. 11 a) del DLRT de 1977. Sus reivindicaciones no son
ajenas a los intereses de las personas que trabajan, por el contrario, la
cuestión salarial, la reducción de jornada y la salud laboral, la facilitación
de la negociación colectiva y adoptar medidas para eliminar la precariedad laboral
son materias notoriamente pertenecientes al ámbito del contrato de trabajo, y
la reivindicación de políticas públicas para la realización del derecho a la
vivienda consagrado en el art. 47 CE, integra de manera inequívoca el concepto de
interés sociopolítico que caracteriza a la representación institucional de los sindicatos
garantizada en el art. 7 CE, como asimismo la exigencia de controles de los
precios como forma de garantizar el poder adquisitivo de los salarios y de las
pensiones.
Toda huelga señala a un interlocutor, y en las huelgas
generales la presencia del poder público suele ser determinante. Sin embargo,
esto no sucede en esta ocasión, en donde el interlocutor principal de la
acción colectiva es el empresariado, CEOE y CEPYME, al que se le requieren
medidas fundamentales como la subida salarial, el desbloqueo de los convenios
colectivos y la firma de un acuerdo interprofesional que estructure los
contenidos de la negociación, la reducción de jornada y la mejora de las condiciones
de salud laboral y la adopción de medidas para consolidar la estabilidad en el
empleo. En un plano paralelo se exigen medidas de los poderes públicos especialmente
en materia de facilitación y reconocimiento efectivo del derecho a la vivienda como
derecho social reconocido a la ciudadanía y medidas de política económica
de contención de los precios y de la inflación como garantía del mantenimiento
del poder adquisitivo de los salarios. Acostumbrados a huelgas generales que
resistían y protestaban contra medidas provenientes del poder público, esta es
la primera ocasión en que el empresariado es interpelado directamente como
sujeto que debe responder a las exigencias que la acción colectiva y sindical
efectúan proponiendo la abstención del trabajo en todas las ramas del territorio
nacional, y junto a ello, también están involucrados los poderes públicos en
las dos reivindicaciones sobre vivienda y contención de la inflación. Por eso no
es admisible que el portavoz del PP, Borja Semper, entienda que se trata
de una acción “contra la oposición” al gobierno, salvo que identifique a la
CEOE y CEPYME con los intereses directos de su partido político, lo que es
cierto, pero no se puede admitir formalmente.
Lo que subyace a esta ceremonia de la confusión en la
que colaboran personajes relevantes de la economía y de la política,
acompañados por los medios empotrados en sus intereses, es el cambio de sentido
que en esta ocasión tiene la huelga general del 11 de noviembre respecto de sus
antecedentes. En efecto, todas las huelgas generales que se han producido en
nuestro país a partir de la Constitución, desde la primera de 1985 contra la
reforma de las pensiones, pasando por la que se conoce como la más grande
huelga nacional habida, la del 14 de diciembre de 1988, la muy importante de
1994 frente a la reforma laboral, las del 2002 y, de manera ya en cascada, las
del 2010 y 2012 frente a las reformas derivadas de las políticas de austeridad,
todas ellas, fueron la respuesta sindical y colectiva de la clase
trabajadora frente a cambios legislativos que recortaban derechos laborales o
sociales. Es decir, fueron huelgas defensivas, de resistencia ante reformas
laborales regresivas levadas a cabo por los poderes públicos. En esta
ocasión, sin embargo, estamos ante una huelga ofensiva, que confronta con el
empresariado y los poderes públicos para arrancarles mejores condiciones de
trabajo y mayores derechos sociales, lo que constituye una novedad importante y
con un contenido simbólico fundamental.
Las reivindicaciones sindicales logran además unificar
con el ámbito de la relación de trabajo, el espacio de la ciudadanía y los
derechos sociales, la grave crisis de la vivienda y la ineficacia de la
declaración constitucional de un “derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada”, asi como del fracaso de las políticas públicas que deberían haberlo
garantizado “de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Lo
hacen a través del componente de la renta salarial y la necesidad de que ésta
cumpla la función social y económica que de nuevo aparece en el art. 35 CE mediante
la exigencia de “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y
las de su familia”, entre las cuales desde luego se encuentra la necesidad de adquirir
el uso o la propiedad de una casa para vivir.
Con ello el movimiento obrero ha sabido enlazar con la fuerte
movilización ciudadana que ha ocupado las calles y las preocupaciones de una mayoría
de personas, en gran medida jóvenes, en defensa de la realización concreta del
derecho a la vivienda. Se sitúa asi en el espacio de lo socio-político como
condición esencial de su actividad de tutela de los intereses de las personas
que trabajan.
Este carácter ofensivo de la huelga general constituye
también una prueba para el movimiento sindical y en general para las personas
trabajadoras. Es evidente que una gran participación en esta
huelga, además de la presencia en las calles durante y al terminar el día de
huelga – se interpretará como un empuje evidente hacia la conquista de derechos
laborales y sociales y a la vez, como un rechazo frontal ante la irrupción de
la derecha y la ultraderecha, pero también es obvio que se va a calibrar el seguimiento real
de la huelga, su eficacia en la paralización de las actividades y de la vida
ciudadana, como un ensayo de la capacidad disuasoria del movimiento sindical
ante futuras reformas laborales – y a anunciadas, por cierto – que desmonten el
sistema de derechos laborales. Es decir, como un test de la capacidad de
convocatoria de los sindicatos y la fuerza real de su organización. Ya algunos
medios hablan de la baja participación según encuestas. (Un 70% no participará,
aunque el 50% entienden que la huelga está justificada, según El Confidencial,
https://www.elconfidencial.com/economia/2026-10-16/encuesta-huelga-general-preve-baja-movilizacion_4445770/),
lo que para los representantes del empresariado – y de las fuerzas políticas reaccionarias
- constituye una muy buna noticia. Por eso es imprescindible que la estructura
sindical se vuelque en lograr una participación extraordinaria, teniendo en
cuenta que contra ello jugarán las opiniones que intentarán colocar a la huelga
en el marco de un supuesto apoyo al gobierno que no se corresponde con el
contenido real de la acción colectiva.
Es por consiguiente decisivo explicar el sentido de la
huelga, sus objetivos, su función legitimadora de una participación colectiva
de las personas trabajadoras en la determinación de sus condiciones de vida y
de trabajo y extender por doquier la necesidad de parar el día 11 de noviembre
en la actividad laboral. Desde ahora mismo trabajemos para ampliar y ganar la huelga
a los portadores del desánimo, los promotores de la desigualdad y de la
explotación social y laboral, los que ensalzan la violencia y la mercantilización
de toda nuestra existencia.
Seguiremos ampliando estos aspectos relevantes, también desde el perfil jurídico del desarrollo de la huelga en sucesivas entradas del blog. Continuará…
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