Ante las elecciones del 20-N la organización empresarial CEOE ha hecho público su programa electoral, precedido del que han elaborado algunas organizaciones territoriales como la que representa a los empresarios madrileños. En lo esencial ha sido recogido por la prensa como exigencia de una nueva reforma laboral después de la realizada por la Ley 35/2010. Se reivindica sustancialmente el abaratamiento del despido a 12 días por año trabajado en los despidos objetivos procedentes - coincidiendo con el monto indemnizatorio de los contratos temporales – y 20 días por el despido improcedente. Cuanto más barato sea despedir más seguro será contratar, se mantiene. Además de ello se solicita una reducción de impuestos y de contribuciones sociales, restricción del gasto público, implantación del copago sanitario. La organización madrileña, además, ha solicitado “restringir” el derecho de huelga.
En este programa hecho público ante la cita electoral la mención de la crisis no aparece como determinante. Cuando se leen estas propuestas no se percibe una actitud de “cerrar filas” ante las consecuencias de un desastre económico que hay que solventar entre los distintos sectores sociales, sino que de ellas se desprende un aire casi triunfal, satisfecho. Los sindicatos han considerado este tipo de peticiones “radicalizadas ideológicamente”, quizá conscientes de la distancia que normalmente separa la declaración ideológica de su práctica social. A pesar de ello es una descripción no suficiente. Las propuestas de la CEOE pretenden alterar de forma definitiva el equilibrio constitucional entre libertad de empresa y economía de mercado respecto de la capacidad de nivelación social derivada de la representación sindical y colectiva de los trabajadores y la intervención de los poderes públicos generadora de espacios de protección social bajo la forma de derechos ciudadanos a prestaciones públicas suficientes. Es la idea de democracia social la que está siendo sustituida en este discurso por un sistema basado en el individualismo propietario y la supremacía de la empresa de manera que la acción política esté directamente supeditada a los mecanismos de generación de desigualdad en la distribución de la riqueza.
Esta finalidad política de largo alcance no se les escapa a quienes formulan tales propuestas. Es también seguro que al obrar así, son conscientes del riesgo que éstas llevan aparejado. La consolidación y extensión de amplias resistencias ciudadanas bajo forma de movilizaciones sociales es una consecuencia necesaria de este programa de acción. Puede que la “radicalidad ideológica” de las asociaciones empresariales les hayan llevado a subestimar este riesgo o al menos a pensar que es asumible sin excesivos costes. Formado en un pensamiento clásico, el empresariado español intuye que, al menos en un primer momento, la dimensión política resultante de una fuerte mayoría electoral en torno a un gobierno con voluntad y fuerza de mando puede permitir consolidar buena parte de su programa, y, de esta forma, hacer retroceder la relación de poder entre trabajo y capital acentuando sus asimetrías y profundizando la desigualdad social. Arrastrada por el entusiasmo de tantos creadores de opinión y de medios de comunicación confirmado por los pronósticos de las encuestas, la CEOE entiende que “enfrente no hay nadie” y que por consiguiente hay que aprovechar este embate probablemente irrepetible en el que todas las estructuras del poder público – locales, autonómicas y, a partir del 20-N estatales – van a estar ocupadas por los representantes del pensamiento conservador fuertemente influenciado por las corrientes neoliberales más agresivas.
Es posible que se trate de una consideración correcta del contexto político, pero cabe preguntarse sobre si el empecinamiento del empresariado español en la reducción de derechos laborales y en la jibarización del estado social es una decisión adecuada. Es decir si es necesario correr el riesgo de esta exacerbación de la posición de clase dominante que el programa manifiesta de forma un tanto prepotente. Puede en efecto suceder que el contexto político de gobierno sea el que da aliento a la propuesta empresarial pero que su diseño regulativo no se cumpla en la forma prevista. Desdeñar el crecimiento de la protesta social y las formas de conflictividad difusa que pueden centrarse cada vez más en la esfera del poder privado sobre las personas que trabajan, es una señal de cuánto están seguros los empresarios españoles de su inmunidad en términos de dominio frente a la protesta sindical o social. También ignoran la posibilidad de que en el propio plano de la acción política se organice un espacio parlamentario activo de control y de denuncia del despojo de los derechos ganados en la democracia a costa de tantos sacrificios de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Pero el mayor riesgo no consiste en valorar que la acción colectiva de amplias mayorías sociales no afectará a la consolidación definitiva de mayores posiciones de dominio y de extensión de un poder cada vez más incontrolado. El mayor riesgo para el empresariado español radica en tomar en serio su propia propuesta. Esto es, creer en la necesidad de impulsar un programa que en tiempos de crisis económica aguda, debilite al Estado social, vacíe de contenido la capacidad sindical de representar a la generalidad de los trabajadores y reduzca en fin los derechos de éstos a posiciones subjetivas fragmentadas en su inserción en un espacio de trabajo dominado por una autoridad sin control. El debilitamiento de la democracia social y las garantías del derecho al trabajo socavan la propia posición institucional del asociacionismo empresarial y su capacidad de agregar consensos a un proceso de desarrollo y crecimiento económico que preservara los derechos laborales y sociales que le habían caracterizado desde el nacimiento del estado constitucional de 1978 hasta nuestros días.
No hay comentarios:
Publicar un comentario