UN PASO ADELANTE EN LA MOVILIZACIÓN PERMANENTE CONTRA LOS RECORTES SOCIALES Y LA REFORMA LABORAL

La jornada de acción sindical ha sido larga, y junto a las manifestaciones de la tarde, ha habido una importante particiàción del movimiento estudiantil en prácticamente todas las capitales de provincia españolas.  En la región castellano-manchega, ha habido además una huelga general del sector público que en la UCLM ha sido extensamente seguida por PDI, PAS y estudiantes, y que en otros sectores ha tenido también una fuerte incidencia - en torno a un 40% - y especialmente en el personal laboral - un 80% de participación en la huelga. Por contra, tanto las autoridades regionales como la propia Universidad han difundido unas cifras exiguas a la vez que blasonan de la escasa incidencia de los sindicatos del empleo público - habían convocado todos menos CSI-CSIF- sobre los empleados de la Junta. Los servicios mínimos, que en sanidad habían llegado en algunos supuestos al 110%, han sido recurridos. Y el Comité de empresa de la UCLM del Personal Dociente e Investigador decidirá mañana recurrir el Decreto rectoral que ha impuesto servicios mínimos en la UCLM. A continuación, se traen al blog dos intervenciones "externas" pero bien amigas. La primera, la valoración que realiza López Bulla sobre la jornada. La segunda, una carta de solidaridad de la Central de Trabajadores Argentina a la huelga en la Universidad castellano-manchega.

El éxito de las manifestaciones de la jornada es indiscutible. También de las huelgas (especialmente en Castilla La Mancha) y manifestaciones en el sector de la Enseñanza con el profesorado y los estudiantes. Ante los datos sólo caben excusas de mal pagador o el tradicional escamoteo de las cifras.

El “enemigo” –según la nomenkatura del madero que dirige la policía valenciana— ha vuelto a salir masivamente a las calles. Con más fuerza, incluso, que el día que lo hicieron las Cincuenta y siete ciudades. Visto lo visto podemos decir, sin exageraciones ni aspavientos, que existe un elevado nivel de deslegitimación de la contrarreforma laboral o, si se prefiere, de la reforma contralaboral. Así pues, se ha dado –dicho sobriamente—un paso de gran importancia. El dato, en esta ocasión, es que los sujetos convocantes son, además del sindicalismo confederal, un archipiélago de movimientos y asociaciones que hacen suya la cuestión social. O sea, se trata de un “enemigo” muy variado.

(José Luis López Bulla).

En los conflictos abiertos, uno de los elementos que siempre son especialmente agradecidos son los mensajes de solidaridad. Por eso mismo la carta de los compañeros de la CTA argentina es un preciado activo en la lucha contra la iniquidad de un gobierno que se obstian en eliminar una universidad pública de calidad. Gracias, compañeros, por vuestro bello gesto solidario.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012




Queridos compañeros de la Universidad de Castilla - La Mancha:



En nombre de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) reciban nuestro fraternal apoyo y adhesión a la huelga que llevarán adelante el próximo 29 de febrero.



Hacemos nuestra la lucha que los trabajadores españoles están llevando adelante en estos días, por cuanto no existen razones, jurídicas, políticas o económicas, que justifiquen el traslado de los costos de la crisis hacia los trabajadores. En la Argentina conocemos en detalle los efectos de los programas de ajuste, que no tienen otra finalidad que revertir conquistas históricas de la clase trabajadora.



En nuestras luchas contra dichos programas de ajuste siempre contamos con el apoyo de los trabajadores y las organizaciones sindicales de España. Y en el caso de los trabajadores de la Universidad de Castilla - La Mancha, su equipo de profesores de derecho del trabajo ha acompañado la creación y formación de los equipos jurídicos de la CTA desde sus orígenes.



Esta relación fraternal se plasmó no solo en actividades de intercambio durante muchos años, sino que fueron un puntal importantísimo en la elaboración de argumentos que terminaron sosteniendo la posición jurídica de nuestra CTA en defensa de la libertad sindical en nuestro país, y a nivel regional e internacional.



Nuestra manifestación de solidaridad es producto de la defensa de nuestros derechos como clase, que trascienden las fronteras nacionales, pero también una reivindicación de aquella historia común.



Un abrazo fraternal.



Adolfo Aguirre

Secretario de Relaciones Internacionales

Central de Trabajadores de la Argentina

29-F: JORNADA DE ACCIÓN SINDICAL EUROPEA: UN GRAN DÍA PARA LA MOVILIZACIÓN EN ESPAÑA

La homogeneidad con la que el eje Frankfurt - Bruselas aplica políticas de ajuste y de compresión de derechos de ciudadanía a los paises de la periferia europea buscando no sólo la depresión salarial y de renta de sus poblaciones, sino la consolidación de un estado de excepción social que elimina importantes derechos laborales y reduce al máximo el poder sindical, tiene el día 29 de febrero una respuesta sindical europea descentralizada, es decir, en atención a lo que se decida en cada uno de los 27 países concernidos.

En España, este día tiene un significado activo de continuidad con las formidables movilizaciones del 19-F, y se hace coincidir con la convocatoria de huelga en el sector público en Castilla La Mancha, y huelgas en las universidades de Cataluña contra la política de recortes.

La movilización del  29 de febrero en los 27 países de la UE tiene como objetivo denunciar y condenar las políticas de austeridad y disciplina presupuestaria, y proponer alternativas para el empleo y la justicia social. "Queremos decir alto y claro, en la víspera de la Cumbre Europea del 1 y 2 de marzo, que hay alternativas a esta Europa sin solidaridad, sin planes, sin esperanza y sin perspectivas", explica Bernadette Ségol, secretaria general de la CES. Es la priemra vez que la CES se opone frontalmente a una política comunitaria, y en concreto su rechazo al llamado Pacto fiscal es determinante.

CCOO y UGT convocan manifestaciones en las principales ciudades españolas para el día de hoy,  29 de febrero,  en defensa del empleo, los servicios públicos y contra la reforma laboral, haciendo coinicidr esta movilización con la Jornada de Acción Europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que se celebra en vísperas del Consejo Europeo del 1 y 2 de marzo, en el que se pretende alcanzar un pacto fiscal, y de la Cumbre del Diálogo Social tripartito que la precede.

Además, en la Comunidad de Castilla La Mancha, los sindicatos  CCOO, UGT, FSES, USO, la Intersindical y SIC-GS hacen un llamamiento a todas y todos los trabajadores de la Administración regional a secundar la huelga general del 29 de febrero ante el Plan de Recortes del Gobierno de Cospedal, un plan injusto, ineficaz y regresivo que deteriora sus condiciones laborales y salariales y desmantela los servicios públicos. A esa convocatoria se ha unido asimismo los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical -CLM de la niversidad de Castilla La Mancha, UCLM, que esta noche está convocando encierros en el rectorado y mañana concentraciones junto con los estudiantes para posteriormente confluir con el resto de los trabajadores en una mas amplia ante las delegaciones del gobierno regional.

Mañana es por tanto un buen día para las movilizaciones que se comienzan a percibir en Europa como la única respuesta ante el formidable ataque contra los servicios públicos, los derechos laborales y el poder contractual sindical que las políticas de "rigor" neoliberal están imponiendo a todos los paises periféricos. Queda todavía mucho que avanzar en materia de coordinación y de impulso unitariod e las luchas. Por ejemplo, los sindicatos británicos han convocado una jornada de acción para salvar el Servicio Nacional de Salud para el 7 de marzo, acción que por su reivindicación e importancia se inserta en el objetivo generald e esta Jornada del 29-F.

Se dará cumplida cuenta e la blogosfera de la huelga general en la Administración Pública y en la Universidad de Castilla La Mancha. La escalada del conflicto ante el gobierno español de Rajoy y los gobiernos regionales como el de Cospedal, plenamente determinados a demoler el patrimonio de derechos laborales y sociales que han ido consiguiendo los trabajadores y los ciudadanos, va a seguir adelante, reforzado por acciones masivas como las que vamos a contemplar en este 29 de febrero. Un gran día de resistencia y de afirmación de alternativas diferentes y opuestas a las que se quieren imponer a los trabajadroes europeos. 

 

¿DEFENDER LOS DERECHOS LABORALES ES FRANQUISTA?

La reforma laboral está siendo defendida desde posiciones supuestamente diversas pero demasiado homogéneas en su configuración clasista de consolidación del privilegio económico. Los argumentos son muchos, y la retórica del "equilibrio", de la "justicia" y de la "bondad" se declina con distintos acentos. Sin embargo uno de ellos es especialmente irritante, y se maneja con soltura por algunos protagonistas del espacio mediático - político como si se tratara de un hallazgo fecundo en la demostración de la necesidad de la reforma. Se trata de decir que el gobierno legislador mediante el RDL 3/2012 ha puesto fin al modelo franquista de derechos laborales. El texto que a continuación se inserta intenta reflexionar sobre esta pretensión, y constituye una versión del que se ha publicado en el número 36 de la Revista de la Fundación 1 de mayo correspondiente al mes de febrero de 2012.

Lo hemos oído muchas veces en boca de los exponentes más conocidos del neoliberalismo español. Hace poco, Esperanza Aguirre, la presidenta de la CAM, lo acaba de repetir respecto de la reforma laboral llevada a cabo por el RDL 3/2012. Además de una nueva andanada contra los sindicatos, a los que considera anticuados, reaccionarios y antisociales (sic), ha afirmado que el nuevo texto legal pone fin al régimen franquista de regulación de derechos laborales que ha impedido el crecimiento y el empleo y que felizmente se sustituye por un marco legal apropiado al mercado. Es éste un trend topic repetido por todos los medios de comunicación y los creadores de opinión que elogian ditirámbicamente las intervenciones públicas de la Presidenta de la CAM cuanto más agresivas y antidemocráticas sean. Fieles a su nueva imagen de vencedores seguros en una contienda ya decidida, algunos responsables de la CEOE también han hecho suyo el argumento. Pero centrándose en la imputación de franquista al marco laboral reformado, hay que señalar que el argumento, por mucho que se reitere, es inconsistente e incoherente, y, naturalmente, completamente falso.

Es inconsistente porque afirma que el franquismo defendía los derechos laborales del trabajador, y por tanto, el RDL 3/2012 es antifranquista en cuanto que cancela las garantías de los derechos derivados del trabajo, y es incoherente con el discurso del Partido Popular y de la propia Aguirre sobre la inconveniencia de traer al tiempo presente referencias al franquismo y menos aún a lo que éste supuso de régimen criminal e ilegítimo. Es ante todo falso porque como se sabe, el franquismo se construyó política y económicamente como un Estado anti-obrero, y puso toda su maquinaria represiva al servicio de la persecución y eliminación de personas y organizaciones que perseguían justamente defender los derechos de los trabajadores. Algo de esto deben recordar muchos de los hoy neoliberales de mayor edad. Claro que es posible que tengan mala memoria. Pese a los homenajes repetidos a uno de los “padres” de la constitución de ominoso pasado represivo – o quizá justamente por ello - se olvida que entre el franquismo y la democracia hay un proceso constituyente que culmina en una Constitución en la que se configura el estado español como un estado social de derecho y, en consecuencia, se reconocen un catálogo de derechos colectivos e individuales de los trabajadores que vinculan a los poderes públicos y son garantizados tanto autónoma como jurisdiccionalmente.

El franquismo desde su primera etapa nazi-fascista, su untuosidad católica como religión de estado, su confianza en el mercado y en la empresa como creadora de riqueza, hasta su última fase, denominada tardo franquismo, y que incluye la primera transición una vez muerto el dictador, se caracteriza por dos grandes líneas. La expulsión de la dimensión colectiva de la regulación del trabajo, la incriminación de los sindicatos libres y de la huelga como medida de presión, es la primera. La segunda es la sustitución de esa dimensión colectiva por una dimensión organizativa empresarial, dirigida y ordenada por el empresario de forma unilateral y despótica en las primeras etapas del régimen y posteriormente, a partir del desarrollismo, con la apertura de espacios de participación y de contratación en la empresa, siempre en una lógica colaborativa y no conflictual. Ambas vertientes coincidían y resultaban tuteladas por el poder público, la autoridad laboral ante todo, que controlaba y autorizaba los contenidos de los convenios colectivos, con importantes facultades arbitrales, la administración gubernativa entendiendo cualquier conflicto como alteración del orden público, el aparato judicial especializado en la represión política – solo hay que recordar que en 1973 se condena en el proceso 1001 a veinte años de cárcel a cada dirigente obrero por organizar un sindicato (¿serían hoy vituperados como “liberados” sindicales Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y el resto de la dirección de CCOO como entonces lo eran por “activistas a sueldo de Moscú”?) , y que en 1975, meses antes de la agonía del dictador, un consejo de guerra, condenaba a obreros del Ferrol a 12 años de prisión por participar en una huelga – y, aunque no se suele recordar, el poder disciplinario del empresario que castigaba los actos de insubordinación colectiva con el despido. Ese era el franquismo que defendía los derechos laborales. Todo el contencioso que generó la amnistía laboral – una gran olvidada en los relatos de la transición política – puede dar cuenta de esa equiparación inverosímil entre el franquismo y la tutela de unos derechos que fueron preservados gracias a la acción colectiva – e ilegal – del movimiento obrero y sus organizaciones.

Nadie habla de la constitución y no porque se haya muerto o extinguido. Sigue siendo el texto fundamental, al que se recurre enfáticamente cuando se quiere hablar de la unidad de la nación española en oposición a reinvindicaciones federalistas. Pero no parece serlo en la parte que reconoce derechos sociales plenos y vinculantes para los poderes públicos. No lo son desde luego para el discurso de Aguirre y de sus sicofantes mediáticos. Al pensamiento neoliberal no le gusta que la Constitución de 1978 se inserte en la tradición de las constituciones sociales europeas que surgen tras la derrota de los fascismos, y descuida que este texto fundamental regula el trabajo como elemento central de cohesión social y política de la sociedad, articulando esa centralidad mediante el reconocimiento de derechos ante todo colectivos, que giran en torno al poder normativo y de presión del sindicato, individuales para reconocer las posiciones básicas de defensa frente a la lógica del mercado y al poder organizativo del empleador, y sociales sobre la base de prestaciones públicas que se dirigen a una nivelación de las desigualdades económicas, sociales y culturales y a la desmercantilización de las necesidades y riesgos sociales básicos a través de un sistema acabado de Seguridad social.

Este marco institucional es el que configura la democracia. La democracia no se define por un recuento electoral de votos cada cuatro años que permita la toma de decisiones alejadas de cualquier control y opacas a cualquier forma de participación ciudadana, sino que se despliega en toda una serie de prescripciones que afectan al gobierno de las cosas y de los procesos sociales, y se tecnifica en procedimientos de creación de normas vinculantes para los poderes públicos que determinan un determinado equilibrio institucional entre intereses contrapuestos. La esfera de la producción de bienes y servicios, las relaciones sociales que se desprenden de las estructuras económicas generadas por un “sistema de empresa”, son también directamente “reinterpretadas” conforme a la constitución democrática. La voluntad de los sujetos económicos se inserta en un orden político que la condiciona. Sindicatos y asociaciones empresariales son sujetos que configuran el sistema político definido como democrático, de forma que no se puede reconocer esta forma política sin la presencia - y participación real - de estas formas de organización de intereses económicos y sociales con relevancia y poder normativo. La empresa no es, en democracia, un territorio inmune a las relaciones de poder y de desigualdad material de origen económico y social. Es por el contrario un espacio en el que el poder privado sobre personas que ejerce el empresario debe estar controlado y puede ser negociado en sus decisiones generales o específicas por los trabajadores como expresión de un interés colectivo subalterno. La empresa no puede ser inmune a los derechos fundamentales, ni se puede amparar la arbitrariedad y la violencia que se derive de ese círculo de autoridad y de imposición sobre las personas que trabajan.

Todo ello lo ignora el discurso neoliberal extremo y agresivo, y lo pervierte groseramente en su contrario, en un proceso de resignificación autoritaria del lenguaje que se aprecia tanto en el boletín oficial del estado como en los grandes medios de comunicación dominados por los poderes económicos. De esta manera, las medidas de abaratamiento y facilitación del despido son definidas por el RDL 3/2012 como “medidas para lograr la eficiencia del mercado y reducir la dualidad laboral”, pero un informe sobre esta norma de un conocido estudio jurídico de abogados avanza un poco más y las denomina “medidas para afianzar la estabilidad en el empleo”, señalando a sus destinatarios que esta debe ser la línea de exposición predominante sobre el contenido de la reforma en ese punto. Esta perversión lingüística se profundiza al definir la democracia social y su conjunto de derechos laborales y de contrapesos sociales como franquista, asociando la imagen de un régimen criminal y despótico con el sistema pluralista y garantista que nace justamente de la sustitución de aquél. Por el contrario, la reforma puesta en práctica por el Partido Popular con el apoyo inestimable del nacionalismo catalán, que rescata la hostilidad antisindical y anticolectiva y fortalece en términos impensables el poder autoritario del empresario, no se justifica en términos políticos, sino económicos: creará empleo y confianza de los mercados. El discurso neoliberal de Aguirre y sus corifeos utiliza la política como descalificación y la economía como ensalzamiento. Son dos dimensiones que se presentan en términos de oposición, negativa la esfera de la política “intervencionista y anticuada”, positiva la esfera de la economía “libre y dinámica”. Pero ante todo es un discurso que absolutiza la mentira y la falsedad como elementos incontrovertidos, dogmáticos. La democracia social es fascista, el autoritarismo empresarial creará empleo. Y punto, como diría aquel llorado ministro de Franco y fundador del PP, recientemente fallecido y tan sentidamente homenajeado por la propia presidenta de la CAM para quien el respeto de los derechos de los trabajadores es algo obsoleto en este siglo XXI.

SOBRE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Se celebró anoche en la Puerta del Sol madrileña, una asamblea con participación de un ingente número de colectivos, como manifestación de rechazo al golpe de estado financiero en el que nos movemos. En esta asamblea intervino Agustín Moreno trazando el siguiendo relato del diseño de la política educativa en la Comunidad de Madrid.

En la educación pública madrileña se vienen sucediendo las siguientes agresiones:

• Recorte de la inversión educativa: somos los últimos con el 2,7% del PIB frente al 4,13% de la media nacional. La redistribución es negativa: menos para la pública, más para los conciertos.

• Han bajado los recursos y la calidad en la etapa 0-3 años, que se ha desregulado y privatizado: hace 10 años el 50% de los niños tenían plaza en la pública, hoy el 33%.

• Aumento del fracaso y el abandono escolar. El mapa del fracaso coincide con el de la pobreza, con lo que la escuela no cumple su papel compensador de desigualdades.

• Disminución del alumnado de la escuela pública, aunque son los centros públicos los que acogen al 77% del alumnado inmigrante y con necesidades educativas.

• Cada año se quedan miles de alumnos sin plaza en la FP: este curso 10.000 personas

• Cesión de 60 parcelas de suelo público a empresas con ánimo de lucro y, a veces, de carácter sectario.

• Deterioro de las condiciones de trabajo del profesorado con ratios elevadas, menos recursos humanos, materiales y para la formación.

• Se ha dejado en la calle del orden de 5.000 excelentes profesores/as con los recortes y aumentos de jornada laboral lectiva.

• En resumen, los recortes en la CAM atacan a la educación pública y buscan un modelo excluyente de calidad para cuatro con medidas como el bilingüismo, el bachillerato de excelencia, el refuerzo de los conciertos y las privatizaciones.

Todo tiene coherencia con el tipo de mercado de trabajo y con el modelo de sociedad al que nos quieren llevar: excelencia para unos pocos y el resto de camareros, peones y trabajadores precarios y mal pagados.

Nos hablaban de que España apostaba por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i, por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos (G-20). Pero la crisis, el golpe de estado financiero, está sirviendo como la gran coartada para acabar con nuestros derechos y con nuestros sueños.

La última reforma laboral del gobierno del PP apunta a un modelo propio de un país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo ridículo y un sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Como vía para que las empresas ganen dinero sin modernizarse y sin apuestas de futuro.

Con el mercado de trabajo que se pretende el modelo de sociedad será cada vez más dual y polarizado, aumentando las desigualdades sociales. Esto explica la ofensiva paralela hacia el servicio público educativo de calidad. Pensábamos que la beligerancia hacia la escuela pública era por razones económicas o ideológicas: para introducir el ánimo de lucro y para que las tarimas fueran púlpitos. Pero, en su lógica, a los cabezas de huevo neoliberales, no les interesa gastar en formación para empujar después a la juventud a que se vayan del país, animándoles desde programas televisivos que presentan la emigración como si fuera una fiesta.

Pero el profesorado y la comunidad educativa no se han dedicado a llorar por los rincones. Ha protagonizado una poderosa lucha con diez días de huelga y más cien de conflicto, con manifestaciones de 70.000 y de 100.000 personas y una gran creatividad de las movilizaciones que han teñido de verde Madrid el último cuatrimestre de 2011. Color que han criminalizado con una peligrosa combinación de mentiras, intransigencia y represión que demuestra la degradación política y la miseria moral de los responsables de esta comunidad, o de otras como Valencia. Lo más destacado de este movimiento es la toma de conciencia del colectivo sobre el ataque estratégico y planificado a la educación pública, la recuperación del orgullo de ser docente y su determinación para defenderla conjuntamente con familias y alumnado.

También con el resto de sectores públicos y con el conjunto de trabajadores: la lucha por la educación es de todos y la lucha de los demás es también la nuestra. Porque si nos llevan a un modelo laboral y social tercermundista no hay espacio para un escuela de calidad de tod@s y para tod@s y si no hay esa escuela no tendremos ni una sociedad justa, ni una democracia de calidad, ni unos ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con su con tiempo y con su pueblo. La lucha y la marea verde continuarán porque si deterioran la escuela pública nos roban el futuro.

Agustín Moreno, profesor de Vallecas

CONTRA LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN CASTILLA LA MANCHA: HUELGA EN LA UCLM

Sigue la lucha por la defensa de los servicios públicos



CCOO, UGT, Intersindical CLM, ANPE/SATSE, SIC y USO hacen un llamamiento a las y los empleados públicos de Castilla La Mancha a secundar la Huelga General del 29 de febrero.



Sigue adelante la obsesión del gobierno del Partido Popular en Castilla La Mancha - aunque no sólo en esta región -  por lesionar e impedir la prestación de servicios públicos esenciales a sus ciudadanos. La aprobación en las Cortes castellano-manchegas de esta tarde de la "Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales”, en el que se recogen los recortes salariales y de derechos laborales a los empleados públicos, supone la confirmación de esta deriva anti-pública que la huelga, convocada por todos los sindicatos del sector menos la CSI-CSIF, pretende detener al expresar un rechazo generalizado por parte de los empleados y trabajadores de los servicios públicos de la región. La situación se complica también para la Universidad, cuya Junta de Gobierno ha aprobado un recorte de 15 millones de euros. La Junta de comunidades, por su parte, ha promulgado unos servicios mínimos extremadamente amplios, superando con creces la propuesta sindical consistente en repetir los que se mantuvieron en la huelga general del 29 de septiembre. La respuesta ha sido muy clara.“En esta ocasión - ha dicho el gobierno regional -  se prevé un mayor seguimiento, por lo que hay que poner mas servicios mínimos; especialmente en Sanidad, Educación y Servicios Sociales”, que son los más enfocados a la atención directa al público y, por tanto, donde más impacto tendrá la huelga. Es decir que se confiesa sin pudor que los servicios mínimos están dirigidos a impedir la eficacia de la huelga, y no a garantizar otros derechos fundamentales que pudieran ser directa y fuertemente lesionados por el ejercicio del derecho de huelga.  

En la Universidad, se ha iniciado un amplio proceso asambleario en el que participan los estudiantes, personal de administración de servicios y personal docente e investigador. Las asambleas están siendo muy concurridas y es previsible que la Universidad participe activamente en la huelga. En las mismas, se utilizan argumentarios como el que ha conseguido el titular de este blog, que se presenta públicamente porque permite conocer de primera mano el tipo de información que se presenta al debate de los colectivos universitarios.

¿Qué caracteriza la situación actual? Dos hechos muy peligrosos, plenamente rechazables.

EL ATAQUE SIN PRECEDENTES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN GENERAL (enseñanza, sanidad, servicios y prestaciones sociales) llevado a cabo a través de los recortes de financiación que, haciendo inviable el mantenimiento de los servicios públicos, está impulsando hacia su privatización – cierre de centros universitarios (Centro de Estudios Universitario de Puertollano y próxima abertura de una Universidad privada en Alcázar de San Juan), privatización de la gestión de 4 hospitales en Castilla-La Mancha (Manzanares, Tomelloso, Villarobledo y Almansa - se habla además de privatizar otros 4 hospitales todavía en construcción); cierre de 85 centros de información, sensibilización y atención a la mujer y 13 casas de acogida para mujeres maltratadas. En cuanto a las prestaciones sociales son notorios los efectos derivados de la falta de financiación y de erogación de la financiación prevista de la ley de dependencia. A ello se añade la prohibición de nuevas incorporaciones entre los beneficiarios de la renta de emancipación que reciben los menores de 30 años (ayudas al alquiler), la moratoria de 1 año en la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema de la dependencia, la prorroga de 1 año más de la ampliación del permiso de paternidad de 13 días a 4 semanas, la congelación de las pensiones contributivas que se añade a los otros efectos negativos derivados de la reforma del sistema de pensiones acometida el año pasado.

y LOS RECORTES DE PLANTILLAS, EL BLOQUEO NUEVAS CONTRATACIONES Y EL EMPEORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, que son los que aseguran la prestación y la calidad de los servicios públicos, que se añaden a políticas de más largo alcance de externalización y privatización de los servicios complementarios (gestión de bibliotecas, servicios de limpieza etc.) con lo que ello conlleva en términos de condiciones de trabajo de estos trabajadores y en términos de calidad de los servicios ofertados. Se habla para el futuro de una prolongación de la jornada laboral, de una ulterior nueva bajada del sueldo en un 3% que se añade a la llevada a cabo en junio de 2010 y mantenida para el 2011 y el 2012 de un 7% de media del sueldo global (se calcula que a finales de este año los salarios de los empleados públicos se habrán reducido en un 12% con respecto a mayo 2010 suponiendo una evolución de los precios similares y sin contar la ulterior reducción del 3%).

 Estrecha relación entre condiciones de trabajo y calidad de los servicios públicos que ya está produciendo sus efectos visibles en sanidad y educación cuyos trabajadores ya llevan un tiempo movilizándose.

LA SITUACIÓN DE LA UCLM:

Todo empieza a finales del 2010 cuando el entonces Gobierno autonómico de CLM deja de transferir los fondos ya presupuestados a la UCLM. La situación se mantiene secreta hasta junio del 2011 y se hace insostenible a partir del otoño del mismo año.

Una aclaración resulta importante: a primeros de mayo de 2011 la UCLM contaba con un superávit de 40 millones de euros que demuestran que, aunque todo siempre se puede y se debe mejorar, la gestión de los fondos públicos por parte de la UCLM no había sido tan mala y que la UCLM no necesita un plan de saneamiento financieros.

A partir del otoño del 2011 la Junta empieza a pasar dinero a la UCLM con el cuentagotas, transfiriendo sólo el dinero suficiente para pagar las nóminas de los trabajadores, generando una incertidumbre absoluta acerca de sí y cuanto íbamos a cobrar e instalando el miedo y la preocupación sobre el mantenimiento del empleo público. La deuda que la UCLM mantiene con el Gobierno de CLM que se sitúa en 120 millones de euros (dinero presupuestado).

REAL DECRETO 20/2011

A ello se añade, en diciembre de 2011, la entrada en vigor del RD-Ley 20/2011, que entre otras cuestiones, establece una tasa de reposición del personal al servicio de las AA.PP. del 0%, es decir, supone una congelación de la plantilla en todas las AA.PP (excluidos sólo los funcionarios docentes, plazas de hospitales y centros del sistema de salud, fuerzas armadas y Cuerpos de seguridad del Estado (con una tasa de reposición del 10%). Ello supone también la supresión de los procesos de consolidación del personal con contrato temporal y la prohibición de nuevas contrataciones temporales – se calcula que se van a suprimir 214.000 plazas. Todo ello teniendo en cuenta que el número de trabajadores en la AA.PP. en algunos casos es superior al número de trabajadores fijos.

Todavía está en discusión la aplicación de este RD-Ley a la Universidad. El RD-Ley prevé en efecto la posibilidad de contratación de personal laboral o estatutario temporal o de funcionarios interinos “en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. No nos cabe duda que la Universidad ha de considerarse servicios prioritarios, pero se trata de ver como lo interpreta la UCLM. A este respecto, las preocupaciones se han disparado cuando nos ha llegado un documento firmados por 9 vice-rectores de profesorado de 9 universidades públicas españolas, entre las cuales está también la UCLM (grupo G9), en donde se interpreta el RDL. 20/2011 en el sentido de que es aplicable a la universidad. De ello se deduce la imposibilidad para todo el 2012 de incorporar nuevo personal, de iniciar procesos de promoción o transformación que comporten la creación de una nueva plaza y de contratar personal temporal ni nombrar funcionarios interinos. Se estima además no aplicable la excepción que permite contratar personal temporal en casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables puesto que según ellos la universidad no es un servicio público esencial. Pese a ello, algunas Universidades del G-9 se desdicen y entienden que la aplicación del RDL 20/2011 a la Universidad es más que dudosa. En la Comunidad de Madrid, polémica sobre la aplicación de una Ley autonómica de recortes genera una movilización sindical importante que lleva a algunos Rectorados como el de Alcalá a un compromiso de no aplicación y a la paralización de las medidas anunciadas en general.

El remate final ha llegado cuando se ha empezado a decir que en los nuevos presupuestos que se aprobarán a finales de marzo se dispondrá una reducción de la financiación de la universidad de 53,5 millones de euros (1/3 del Presupuesto UCLM)

Total financiación actual: 160 MILLONES

Total financiación para cubrir los gastos de personal: 120 MILLONES (nóminas)

Total financiación prevista: 160-53.5 = menos de 110.

REFORMA LABORAL Y UNIVERSIDAD

Sobre todo lo dicho ha insistido también la última REFORMA LABORAL aprobada sin ningún tipo de discusión pública por una norma de urgente necesidad. El elemento esencial de la reforma en lo relativo a la mayor facilidad y menor coste para despedir viene condicionado por los despidos masivos que nos esperan en las Administraciones y en algunas multinacionales y que en este punto ha sido básica la influencia del Ministro Guindos como correa de transmisión de lo que se exigía a España desde los círculos de poder empresariales europeos. En el RD-Ley 3/2012 se introduce una modificación que permite despedir colectivamente al personal laboral de las AA.PP. A partir de ahora será posible realizar EREs en las AA.PP cuando se acredite nueve meses continuados de pérdidas (insuficiencia presupuestaria sobrevenida), lo cual no deja de ser paradójico porque las AA.PP. no son entes con fines lucrativos. El personal que se va a despedir se le indemnizará con 20 días de salario por año trabajado (Disp. Ad. 2º). Disposición seguramente aplicable a la universidad.

EFECTOS Y CONSECUENCIAS

La recompensa para el esfuerzo que nos han pedido para poder implantar el nuevo modelo de universidad de Bolonia está siendo la reducción del sueldo, la congelación de los proyectos de investigación y de su financiación, la prolongación de la jornada laboral y finalmente el despido. Ya se habla de más 40 ceses de PAS.

PROFESORADO y PAS: si no se da marcha atrás todo el personal con contrato temporal (la mayoría en la UCLM) una vez finalizado su contrato se irá a la calle sin más. Los que se quedan no podrán promocionar profesionalmente.

SERVICIO PÚBLICO Y USUARIOS

Ello tendrá efectos muy negativos sobre la calidad y la sostenibilidad del servicio público universidad.

• Sin personal de Administración y Servicios suficientes y sin profesores suficientes, los que se quedan tendrá que asumir la carga docente y las actividades administrativas del personal despedido. Dicho de otra forma, un mismo profesor deberá asumir los cursos de los profesores que se van a la calle, además de ocuparse de las cuestiones administrativas derivadas del despido del Pas (de PDI a PDA). Llegarán, presentarán el programa de sus asignaturas y renviarán al examen final.

• Ya se han paralizado las nuevas adquisiciones en la biblioteca y se habla de cerrarla los vienes.

• Sin financiación pública, parte de la financiación correrá a cargo de las tasas universitarias (a cargo de los alumnos).

• Se van cerrando o privatizando las residencias universitarias.

• Sin servicio público de calidad la “marca UCLM” perderá prestigio y credibilidad dificultando ulteriormente el acceso al empleo de los titulados. No sólo de los que actualmente están cursando las distintas titulaciones, sino también de aquellos otros que ya terminaron su carrera, además de empujar hacia las universidades privadas.

Esta universidad ha desarrollado un papel central en el desarrollo económico, social y cultural de esta región (según un estudio catalán, por cada euro invertido en universidad se ha generado 1,8 euros). No obstante su relativa juventud, había alcanzado niveles de excelencia que la habían colocado entre las mejores del país (en octubre obtuvo la calificación de Campus de Excelencia Internacional que contribuyó a consolidar a la Universidad regional como un referente internacional en el ámbito de la ciencia y la tecnología y la posicionó como abanderada europea en las áreas de energía y medio ambiente)

RESPUESTA

Se trata de políticas que nos afectan a todos, en calidad de trabajadores del sector público y de usuarios de los servicios públicos. La respuesta ha de ser unitaria y coordinada entre todos los colectivos afectados. En este contexto, no hacer nada es ya tomar posición: significa avalar estas políticas y permitir su consolidación. Están llevando a cabo un ataque coordinado sin precedentes que pretende desmantelar el Estado Social y el Estado de Bienestar y reducir déficit y deuda pública a costas de los trabajadores y de los usuarios de los servicios públicos.

Se trata ahora de debatir acerca de la respuesta de la comunidad universitaria unida ha de dar a estas políticas que nos afectan como trabajadores y como usuarios de los servicios públicos.

Creemos que contra esta situación es absolutamente necesario manifestar nuestra absoluta a integral disconformidad.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Los sindicatos ya han convocado en la UCLM una HUELGA para el día 29 de febrero, en coincidencia con la convocatoria de una jornada de movilizaciones en toda Europa contra las políticas de austeridad que nos están condenando a una recesión económica.

A la huelga convocada han adherido numerosas organizaciones y además coincide con la convocatoria de huelga por parte de los estudiantes a nivel estatal.

El pasado sábado 11 de febrero hubo una MANIFESTACIÓN MULTITUDINARIA EN TOLEDO a la que participaron, según datos de la Policía Nacional al menos 15.000 personas de toda la región (25.000 según los organizadores).

El 19 de febrero, hubo una movilización popular importantísima en todas las capitales de provincia manchegas de rechazo de la reforma laboral.

Se ha preparado un MANIFIESTO DE APOYO A LA HUELGA (por parte de alumnos, PAS y PDI) que ha sido distribuido oportunamente.

La resistencia ha de ser tenaz y constante. ¡A la huelga, compañeros!

¿ES POSIBLE AFIRMAR QUE LOS SINDICATOS NO REPRESENTAN A LOS PARADOS?

El ascenso de la conflictividad social de masas ha sentado muy mal a los creadores de opinión y a los medios plenamente afectos al gobierno. El lenguaje que se está empleando para referirse a los ciudadanos y ciudadanas que manifestaron su protesta contra la reforma laboral en la calle es especialmente agresivo y despreciativo de las libertades públicas. Una muestra tan sólo, la del periódico que rotula la manifestación del 19-F como “El carnaval de los parásitos y sus comparsas”. Un lenguaje de golpista que recuerda demasiado al de El Alcázar del 23-F. Mientras tanto, esta misma noche siguen las cargas de la Policía en Valencia a chavales de 14 y 15 años, con una violencia inusual en la que un alto mando policial define a estos estudiantes de secundaria como “el enemigo”. La dirección que parecen ir tomando los hechos es el reforzamiento del músculo autoritario y el menosprecio de la participación ciudadana en las movilizaciones sindicales. Pero ahora se aborda un tema específico en este contexto de alejamiento de los parámetros democráticos fijados en la Constitución, la capacidad del sindicato de representar los intereses de los trabajadores en cuanto tales.

En el arco de dos días, antes de comprobar el seguimiento masivo de las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT el 19-F, el presidente y la vicepresidenta del gobierno han defendido la normativa de excepción en materia laboral que habían promulgado el sábado 11 de febrero sobre la base de que su objetivo era proteger a los trabajadores en paro aunque ello implicara pérdida de poder sindical (Rajoy en el Parlamento) o bien, de forma más directa, que los sindicatos no representan a los parados de este país si se oponen a la reforma laboral (Saéz de Santamaría, en rueda de prensa informando del Consejo de Minsitros del viernes 17). La traducción en términos mediáticos de estas afirmaciones ha sido, desde luego, mucho más enérgica en los medios afines al poder económico y político dominante, los que Coscubiela denomina la “acorazada Brunete” mediática. Para ellos los sindicatos no representan a nadie salvo a los intereses corporativos de los “permanentes” o “liberados”, que viven del erario público o de cuantiosas sumas de dinero obtenidas de manera sospechosa, de forma que la organización sindical es sinónimo de parasitismo social (salvo, evidentemente, el “sindicato” Manos Limpias).

De todo este ruido antisindical es interesante reparar en un argumento central. Los sindicatos no representan a los parados. En ciertos sistemas sindicales en donde la afiliación al sindicato sólo se concibe en el marco de la empresa y para trabajadores en activo, esta afirmación es técnicamente correcta. Los sindicatos son agrupaciones de trabajadores que desempeñan su actividad para un empleador y se organizan por consiguiente en razón de su inserción actual en los efectivos de una empresa. Es un modelo sindical que se corresponde con una noción pre-constitucional de la libertad sindical, y que limita al sindicato al espacio económico y organizativo de la empresa en una lógica contractual-mercantil. Tiene una larga tradición en el sindicalismo anglosajón y se ha expandido a muchos países de América Latina. La diferenciación entre insiders y outsiders del mercado de trabajo y la limitación del rol del sindicato a la defensa de los primeros, está directamente relacionado con estos modelos sindicales y de negociación colectiva. En el discurso neoliberal estas experiencias sindicales son reformuladas como conceptos universales, sin atender a la peculiar configuración histórica y cultural de los distintos modelos sindicales en diferentes áreas regionales del globo. Es un deber-ser necesario para que pueda funcionar la crítica al sindicato, sin que naturalmente la realidad coincida con ese razonamiento dogmático y apodíctico. Para el pensamiento social colonizado por el neoliberalismo, los sindicatos no representan a los desocupados, a los outsiders, y obstaculizan de forma egoísta las medidas de reunificación del mercado de trabajo.

En el caso español – como en el de una gran parte del sindicalismo europeo – el sindicato representa a los trabajadores en cuanto tales, es decir, al margen de su inserción actual o diferida en el mercado de trabajo, o con independencia de si el trabajador o trabajadora se ha apartado definitivamente del mismo. Es decir, la forma sindicato agrupa a trabajadores asalariados y a autónomos dependientes, a empleados públicos, a estables y precarios, a desempleados e incapacitados, a inválidos y jubilados. Por tanto se puede decir que el sindicato no representa a los desocupados, pero en el sentido que no sólo representa a éstos, sino a todos los trabajadores, “activos” y “pasivos”. El sindicato se emancipa de la empresa y refuerza su poder normativo colectivo a partir de la rama de producción como forma de ampliar la tutela de todos los trabajadores, incluidos los de las pequeñas y medianas empresas. La coordinación de los diferentes sectores en una política general a nivel de estado y en el propio espacio global la lleva a cabo la Confederación sindical, con poderes de decisión vinculantes sobre todos las ramas y los territorios. Por eso la componente socio-política del sindicato es tan importante, y su capacidad de interlocución con el poder público, decisiva. En sus reivindicaciones no sólo entran los aspectos salariales, de tiempo de trabajo y de condiciones laborales y de empleo, sino el marco regulador de las prestaciones sociales ante estados de necesidad como la pérdida del empleo, la renta de sustitución del trabajo del que se ha definitivamente apartado por incapacidad permanente o vejez, y las fórmulas concretas en las que se sustancia una política de empleo eficiente, ajustada al compromiso constitucional de procurar el pleno empleo. Por lo demás los sindicatos españoles han demostrado en su experiencia que esta representación general del trabajo ha orientado su acción: sistema de pensiones, cobertura de desempleo, formas de inserción laboral que correspondan a un trabajo decente para jóvenes y mujeres, han sido las principales reivindicaciones actuadas mediante la huelga general.

¿Todo eso lo ignoraban nuestras autoridades de gobierno? No resulta verosímil. Tampoco parece admisible que las más altas instancias del gobierno de la nación empleen en sus discursos a sabiendas argumentos falsos para desprestigiar una decisión colectiva adoptada como consecuencia de la autonomía sindical reconocida en la Constitución. En cualquier caso parece seguro que hay en el gobierno una diferente valoración de fondo sobre el trabajo y su consideración político-jurídica respecto de la que tienen los sindicatos. Éstos consideran el trabajo como un derecho, el gobierno del PP sólo asume el trabajo como libertad.

La diferencia entre ambos planteamientos es muy grande. El trabajo como derecho significa regulación pública y colectiva del contenido del mismo, el establecimiento de garantías en el acceso al trabajo y en la pérdida del mismo, la consideración de la situación de no-trabajo como una situación protegida por el Estado a través de prestaciones económicas suficientes, y la formulación de un derecho al trabajo cuya privación debe ser motivada, no arbitraria y sometida a controles jurisdiccionales y colectivos, como aspectos más llamativos. La libertad de trabajo es por el contrario la facultad de cada individuo de someter libre y conscientemente su capacidad de trabajo a la apropiación de la misma por otra persona, el empleador, para su utilización en el proceso de producción de bienes y servicios bajo su dirección y control. Esta libertad de trabajo forma parte de la libertad de industria y la libertad de establecimiento propia de la empresa en una economía libre de mercado, e implica la competencia entre trabajadores para la obtención de un puesto de trabajo. Explicando el trabajo desde el lenguaje de los derechos, se pone de manifiesto su regulación imperativa de mínimos irrenunciables y el desarrollo colectivo de sus contenidos a través de la acción del sujeto colectivo sindical. Afirmar el trabajo como libertad quiere decir que la fuerza de trabajo es una mercancía que sufre los vaivenes del mercado y sólo se explica desde una dimensión individual – que se declina en plural, pero no en colectivo – y organizativo-empresarial, donde la decisión del empleador es soberana en razón de un cálculo económico de costes y beneficios.

Los parados a los que se refieren nuestros gobernantes no son concebidos como sujetos de derechos, sino como inmenso ejército de reserva que presiona a la baja las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores en activo, de manera que la solución pasa por la desregulación laboral, la restricción del poder normativo colectivo – sindical de la regulación de las condiciones de trabajo en paralelo al aumento exorbitante del poder del empresario en la ordenación general del trabajo y la facilitación y abaratamiento del despido. Y es cierto que el sindicalismo no juega en ese campo de contratar la sustitución de efectivos y aprobar el establecimiento de un trabajo desigual, sometido, precario y mal remunerado. Por el contrario, pretende armar un cuadro de referencias en el que sujeto colectivo, norma estatal y dignidad de la persona que trabaja puedan encontrar un encaje determinante también en tiempos de excepcionalidad económica y social. Ese es el campo en el que se despliega la representación de los sindicatos como sujetos portadores de un interés económico y social relevante en términos político-democráticos. La constitución camina en esa dirección, al excluir decididamente una consideración del trabajo como una libertad individual medida en términos de mercado en razón de los intereses económicos del empresario. La libertad de trabajo niega el derecho al trabajo. Justo la que defienden nuestras altas autoridades de gobierno, que no parecen – ni en este ni en otros tantos temas – sentirse vinculados por lo que impone la norma constitucional.

Siguiendo con los textos e intervenciones sobre la reforma laboral, no deben perderse el que ha publicado Joaquín Aparicio en su blog "Desde mi cátedra", bitácora hermanada en la blogosfera de Parapanda. En ella el catedrático de Albacete resume la reforma laboral en tres características, violencia empresarial, degradación del trabajo y mala fe. Puede (y debe) consultarse en el siguiente link

http://www.japariciotovar.blogspot.com/2012/02/la-reforma-violencia-empresarial.html, que ha sido asimismo reproducido en el diario digital Nueva Tribuna.

EN LA CALLE, MANIFESTANDO EL RECHAZO A LA REFORMA LABORAL

La respuesta ha sido masiva. Las calles se han desbordado de gente protestando contra la reforma laboral. En 57 ciudades españolas, el sindicalismo confederal ha movilizado a una parte importante de la población que ha manifestado con su presencia formidable el rechazo rotundo a la reforma laboral que hace de la desregulación y de la antisindicalidad su dos pilares de actuación.

En Madrid, la manifestación impresionante, potente, multicolor, se ha desparramado por todas las calles del centro de la capital. Todas las generaciones de edad estaban presentes, todas las identidades diferentes. Los sindicatos habían sido capaces de acoger y dar sentido a los diferentes motivos por los que tantas mujeres y hombres entienden que esta reforma legal es una agresión ilimitada a su forma de concebir la relación entre el trabajo y la sociedad, un ataque injusto a sus condiciones de vida y de trabajo. La respuesta a la convocatoria sindical ha sido masiva, y se están creando las condiciones para una escalada del conflicto que acabe en una huelga general en primavera.

El Gobierno, hoy recluído en el paroxismo del elogio al líder y al triunfo electoral, piensa, como le dicen las autoridades franco-alemanas y el Banco Central Europeo, que no hay que atender a lo que dice la calle. La reacción del poder político por consiguiente no resulta muy significativa. Sí lo es, y mucho, la posibilidad de ir creando, desde el polo social, un proceso de convergencias en torno a la democracia real, el respeto de los servicios públicos esenciales de la sanidad, la educación y los servicios sociales, una seguridad social con prestaciones suficientes y unas condiciones de trabajo y empleo reguladas a niveles adecuados por la negociación colectiva. Es decir, la generación de un polo democrático y social que se enfrente cultural, política e ideológicamente, a un poder económico y a sus representantes políticos que desarrollan un plan general de restricciones sociales, de desigualdad material y de decisiones antidemocráticas generalziadas a todas las esferas de la vida política y social.

Las 57 ciudades han dado el primer paso con esas inmensas movilizaciones. Ahora sigue el proceso. Y de algunas de sus piezas se irá dando cumplida cuenta en este blog. Pero mirar hoy las fotos y recordar la radiante mañana de manifestación es un buen presagio de futuro.

En las imágenes precedentes, se puede apreciar la nutrida presencia de la blogosfera iuslaboralista en la manifestación de Madrid. Pero para un comentario general sobre este proceso de movilización, es conveniente leer el "post" de Metiendo Bulla, titulado, de forma muy sugerente, "¿Pero no estaban desprestigiados los sindicatos?". Este es el link:

http://lopezbulla.blogspot.com/2012/02/pero-no-estaban-desprestigiados-los.html 

LA REFORMA LABORAL CREARÁ EMPLEO Y NO HAY MÁS QUE HABLAR.

Los cuatro caballeros de la foto son conscientes de que es imprescindible reaccionar contra la situación actual en la que se encuentran los países periféricos de Europa como resultado de unas políticas neoliberales que hunden la reactivación económica, degradan los derechos laborales y reducen dramáticamente la acción del estado social. Todos ellos acudirán mañana a la manifestación que han convocado los sindicatos en la gran mayoría de las capitales españolas. A continuación, se dedicaron a comentar esta obsesión mediática por sostener contra toda evidencia que la desregulación laboral es la condición necesaria para crear empleo.

La reforma laboral creará empleo. Es un clamor incesante. En todos los miembros del gobierno, comenzando por su propio presidente. Lo reitera al menos tres veces por minuto la ministra que, justamente, ha cambiado el nombre de su departamento ministerial del trabajo al empleo. Lo afirma el catódico candidato a presidente de la comunidad andaluza que tiene una de las tasas de paro más altas del país, señalando que con él llegará el cambio y el empleo. Las dos famosas presidentas electas de Comunidad Autónoma, de Madrid y de Castilla La Mancha, insisten en que el nuevo marco legal generará empleo y confianza, y acompañan este pronóstico seguro con algunas andanadas contra los sindicatos, que tienen la desfachatez de convocar movilizaciones contra los recortes sociales y contra la ley reformadora, demostrando así que son “anticuados, reaccionarios y antisociales”. Lo reiteran, entre francas sonrisas que a veces se convierten en sonoras carcajadas, los dirigentes de la CEOE en rueda de prensa de elogios decididos a la norma y de reivindicaciones adicionales para la limitación extrema del derecho de huelga de los trabajadores. El marco legal resultante del RDL 3/2012 se justifica porque creará empleo o al menos eso es lo que todos dicen. Es cierto que no a corto plazo, pero, subraya el presidente Rajoy, pondrá las bases para un marco estable y seguro de generación permanente de empleo en un futuro inmediato. La reforma creará empleo.

Así que no hay más que hablar. Es éste un trend topic repetido por todos los medios de comunicación y los creadores de opinión que elogian unánime y compactamente el decisionismo político del gobierno, que cumple además con las condiciones fijadas por las grandes naciones europeas revalidadas por los mercados financieros en las subastas bursátiles. Claro que llevamos un largo tiempo escuchando lo mismo. La Ley 35/2010 y los interminables ajustes contradictorios del año 2011 se justificaban porque estas normas crearían empleo o al menos impedirían la destrucción del mismo. Parecía lo mismo pero no lo era. Ahora se dice que estas reformas eran “tímidas” y que por eso no se han creado empleo. Nada será lo mismo a partir de ahora, porque la regulación es más incisiva, se ha actuado “sin miedo”. La explicación es sencilla. La reforma supone menos poder contractual colectivo, más facilidad para el despido, más capacidad de determinación unilateral por el empresario de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales. Más desregulación, menos sindicato, menos derechos. Así se trabaja mejor, se genera confianza en los empresarios y estos podrán contratar a más personas porque pueden despedirlas fácilmente y a bajo coste, y ese mismo hecho funciona como compulsión a trabajar bien, sin objetar las órdenes del empresario, sumisamente. Es la memoria económica del RDL 3/2012 quien lo sostiene como explicación de fondo de la reforma.

El problema por tanto no es de creencia en un futuro mejor en el que los empleos sumisos y precarios sean abundantes, y que el trabajo sea inseguro y mal remunerado. El problema es que la dimensión política del trabajo no es ni siquiera mencionada, y que el objetivo de creación de empleo se desvincula de cualquier consideración democrática. Es la Constitución la gran olvidada en el discurso del poder económico y político que se expresa hoy de manera abrumadora en todos los medios de comunicación. Es posible que al pensamiento neoliberal hoy triunfante de manera plena – la mayoría absoluta del PP es la prueba de la aceptación mayoritaria por el pueblo español de estas coordenadas ideológicas y culturales- no le guste que la Constitución de 1978 se inserte en la tradición de las constituciones sociales europeas que surgen tras la derrota de los fascismos, y que descuide que este texto fundamental regula tres grandes grupos de derechos en relación con el trabajo como elemento central de cohesión social y política de la sociedad. Los derechos sindicales y colectivos, negociación colectiva – de la que se establece su fuerza vinculante – y huelga, los derechos individuales del trabajador, a un salario digno y a una jornada de trabajo, a la salud y seguridad en el trabajo, a la formación profesional, pero ante todo el derecho al trabajo, que es central en la configuración constitucional de los derechos cualificados por la posición social de sus titulares. El derecho al trabajo exige que no puede despojarse del trabajo a quien lo tiene si no es mediante un acto de despido motivado, basado en una causa suficiente, que reviste una forma determinada y cuya legitimidad y corrección tiene que ser estar controlada judicialmente. Junto a estos derechos se colocan otros derivados de la presencia del Estado social, que obliga a desmercantilizar una buena parte de las necesidades sociales y a ofrecer un conjunto de prestaciones sociales suficientes y de mantenimiento de servicios públicos esenciales. Educación y sanidad, seguridad social y servicios sociales, permiten garantizar la dignidad del ciudadano en los elementos centrales de la reproducción social, y orientan la acción del Estado hacia una progresiva nivelación de las desigualdades económicas, culturales y sociales existentes en la realidad material de las cosas que condiciona la existencia concreta de las personas.

Este marco institucional es el que configura la democracia. La democracia no puede identificarse con la consulta electoral a los ciudadanos sobre opciones políticas cada cuatro años, entendiendo que las condiciones materiales de creación y distribución de la riqueza y la organización del trabajo en un sistema complejo de producción de bienes y servicios en un mercado globalizado debe confiarse exclusivamente a la voluntad de los sujetos económicos. Esa vieja consideración que escinde política y dinero, representación electoral y apropiación de trabajo ajeno, orden público y mercado, es algo incompatible con el sistema democrático español. Para éste sindicatos y asociaciones empresariales son sujetos que configuran el sistema político definido como democrático, de forma que no se puede reconocer esta forma política sin la presencia - y participación real - de estas formas de organización de intereses económicos y sociales con relevancia y poder normativo. Las relaciones de trabajo se expresan como derechos subjetivos creados por la norma estatal o colectiva. El marco institucional de las relaciones laborales y los presupuestos mínimos - jornada máxima, salario mínimo, salud y seguridad en el trabajo – lo fija la norma estatal, las condiciones de trabajo y empleo son confiadas en nuestro sistema a la negociación colectiva, cuya “fuerza vinculante” es garantizada por la constitución en estrecha relación con la vigencia del principio de autonomía colectiva y de acción sindical colectiva. La empresa no es, en democracia, un territorio inmune a las relaciones de poder y de desigualdad material de origen económico y social. Es por el contrario un espacio en el que el poder privado sobre personas que ejerce el empresario debe estar controlado y puede ser negociado en sus decisiones generales o específicas por los trabajadores como expresión de un interés colectivo subalterno. La negociación colectiva es el método de regulación y de gobierno del espacio-empresa, y no la voluntad unilateral del empresario que altere unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo. La empresa no puede ser inmune a los derechos fundamentales, ni se puede amparar la arbitrariedad y la violencia que se derive de ese círculo de autoridad y de imposición sobre las personas que trabajan.

Y todo ello no es contrario al empleo. La democracia no es una declamación retórica y no cabe oponer la dimensión colectiva y las garantías individuales de empleo a un mercado de trabajo que sólo funciona bien si está desregulado y expresa un poder autoritario del empleador sin controles colectivos. No cabe un empleo bajo la violencia sin límites del poder privado sobre las personas. Combatir este proyecto es por tanto decisivo. La movilización social es determinante para ello. Mañana hay una primera manifestación de este rechazo a un diseño antidemocrático de las relaciones laborales que, por eso mismo, es contraria a un empleo estable y de calidad. Allí estaremos muchos que compartimos ese rechazo. Hay mucho que hablar todavía, y nuestras palabras no dejarán de estar cargadas de sentido.

Mañana manifestaciones en 57 ciudades españolas convocadas por los sindicatos CC.OO y UGT contra la reforma laboral. Y, para seguir sabiendo más sobre la reforma, desde el análisis de aspectos más concretos, es francamente instructiva la intervención que Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del trabajo en la Universidad de Vigo, hace en su blog en gallego, denunciando el autoritarismo en las relaciones laborales en la empresa a partir de la prohibición de negociar convenios colectivos que nieguen o condicionen la regla principal de la preferencia empresarial. Este es el link:

http://conjaimecabeza.blogspot.com/2012/02/autoritarismo-democracia-e-relacions.html. Es muy recomendable su lectura.

UNA CARTA A LA MINISTRA DE EMPLEO

En un tiempo en el que circulan por las cancillerías y los escritorios de los primeros ministros cartas secretas en las que las autoridades monetarias exigen medidas enérgicas que llevan siempre aparejadas sacrificios y austeridad, es decir, degradación de derechos y de situaciones normativas de los ciudadanos que trabajan, se trae aquí una muestra de literatura epistolar completamente diferente. Se trata de una carta abierta a la ministra de empleo, doña Fátima Báñez, que le ha dirigido el catedrático de Derecho del trabajo de la Universidad Autónoma de Barcleona, Eduardo Rojo, y que puede consultarse en la página web de Cristianisme i Justicia, cuyo link es  http://www.cristianismeijusticia.net/bloc/?p=6458&lang=es&lang=ca  

 Carta a la Sra. Ministra de Trabajo y Seguridad Social

Eduardo Rojo.

Sra. Báñez:

No nos conocemos personalmente pero ambos compartimos conocimientos jurídicos, y además Ud posee sabiduría legal económica, que en los tiempos que corren parece que es mucho más importante que la jurídica. Su experiencia política es muy superior a la mía, y yo le gano en edad (aunque no sé si cabe calificarlo de “ganancia”) y en años de experiencia en la actividad docente e investigadora en el ámbito universitario y en concreto en aquello que nos une ahora a los dos, las relaciones laborales.

Comprenderá por ello que me dirija a Ud. para manifestarle mi preocupación por la reciente reforma laboral aprobada por el gobierno del que forma parte, más exactamente el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral.

Escuché con toda atención su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto por interés académico como, algo más pragmático, porque inmediatamente debía responder a las preguntas que me formularon sobre la reforma en un programa informativo de TV3. Después, le confieso que no pude conciliar la vida familiar y laboral durante el fin de semana, porque reconocerá que leerse 64 páginas del Boletín Oficial del Estado para conocer una norma que entraba el vigor el domingo no es una tarea fácil, pero le puedo asegurar que cumplí con la obligación de un profesor universitario y mi blog deja debida constancia. Supongo que no tiene Ud ahora mucho tiempo con su actividad para poder consultar la blogosfera laboralista, pero compartimos cuenta en Twiter y por ello la animo a seguir, por ejemplo, a mi querido compañero dela Universidad de Castilla-La Mancha. Dr. Antonio Baylos.

¿De verdad cree que la reforma conseguirá el objetivo teóricamente perseguido, y que todos los españoles compartimos (o al menos quiero creer que es así, aunque soy un poco utópico y por ese motivo participo en una Fundación que justamente se llama “Utopía), como es la creación de empleo y la reducción del desempleo? Ojala sea así y los datos estadísticos le den la razón en poco tiempo, aunque el Presidente del gobierno se lo ha puesto difícil de entrada al afirmar que seguirá incrementándose el desempleo en 2012.

Tengo mis dudas, Sra Ministra, sobre el hecho de que un período de prueba de un año, en una de sus medidas estrella cual es el contrato de trabajo para emprendedores (que ocupen a menos de 50 trabajadores) sirva para incrementar la contratación, y mucho me temo que pueda convertirse en un elemento de rotación en el mercado de trabajo de los jóvenes. También le confieso que soy muy escéptico sobre las bondades que ha defendido de la supresión de la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo, o de la reducción de la indemnización en caso de despido improcedente, o de ampliación de las causas de extinción del contrato al personal laboral de las Administraciones Públicas, por citarle sólo algunos de los argumentos que me llevan a ser crítico con la reforma.

Pero, Sra. Ministra, ¿sabe de verdad que es lo que más me preocupa? Que la norma ha desequilibrado las relaciones de trabajo en claro detrimento de los trabajadores y de sus organizaciones. Quizá yo sea un poco anticuado, pero sigo pensando que las relaciones laborales que funcionan mejor son aquellas que se basan en el acuerdo y el diálogo social, y que las empresas mejores y más socialmente responsables son las que poseen una plantilla bien formada, permanente y motivada. Cierto, no se le voy a negar, que hay algunas medidas sobre la formación en la reforma que pueden ser de utilidad, pero quedan tan diluidas entre el arsenal de malas noticias para las personas que venden su fuerza de trabajo que su importancia es mínima.

Y le confieso también, Sra. Ministra, que estoy preocupado por mi empleo, o más exactamente por mi “plaza en propiedad” como funcionario. Sí, ya sé que soy un “privilegiado” sólo por poder desarrollar mi trabajo con estabilidad, aunque las condiciones económicas sufran periódicamente recortes. Pero, con la reforma y su aplicación, ¿qué quedará del Derecho del Trabajo, ámbito central de mi actividad profesional? Bueno, no debo preocuparme porque todavía tengo edad para reconvertirme profesionalmente, aunque cada vez menos.

No quiero robarle más tiempo, Sra Bañez, porque me consta que ahora le toca defender la reforma y sus bondades. Sin duda tiene alrededor mucha gente que le baila el agua y que le dirán maravillas de ella. Pero por favor, escuche la voz de muchas personas, empleadas y desempleadas, que tienen serias dudas sobre dicha bondad. Escuche a las organizaciones sindicales, que aunque sean muy “anticuadas y reaccionarias” según su compañera de partido Esperanza Aguirre tienen una indudable presencia entre la población trabajadora. Y escuche también a los profesionales del iuslaboralismo español, porque comprobará que muchos de ellos son seriamente críticos con la reforma laboral y el desequilibrio que produce en las relaciones laborales y que puede, de seguir por este camino, retrotraernos a los orígenes del Derecho Trabajo.

Se lo dice, cordialmente, una persona con más de 35 años de conocimiento de la normativa laboral y de su impacto sobre la creación de empleo, y que cree que las normas laborales son sólo una parte muy pequeña de aquello que se necesita para conseguir dicha creación.

Además, se puede consultar el Cuaderno que han hecho Joan Coscubiela y el propio Eduardo Rojo dedicado a las reformas laborales realziadas en España y en particular a la de 2010. En este cuaderno se analizan, en una primera parte, tres decadas de reformas laborales y se pone de manifiesto las lecciones que deberíamos aprender de ellas. En una segunda parte se aborda de forma más concreta la última reforma laboral del 2010.
El link es el siguiente: http://www.cristianismeijusticia.net/les-reformes-laborals-a-espana

SIEMPRE NOS HA AFECTADO, AHORA NOS CONVIERTE EN PROTAGONISTAS: LA REFORMA LABORAL Y LA UNIVERSIDAD

La lucha contra los recortes en las universidades públicas, de la que ayer ha habido un ejemplo muy interesante en las universidades catalanas, es el objetivo de este pequeño texto de Joaquín Pérez Rey, escrito para dinamizar la discusión en una asamblea en Toledo. Siguiendo con las intervencion es en torno a la reforma laboral, se acoge el texto en esta bitácora.

Desde hace algunos años el modelo laboral de profesor universitario constituye un elemento central en la actividad cotidiana de la universidades y da amparo a un conjunto muy variado de docentes que van desde el profesorado en formación a las figuras más estables y consolidadas que atesoran amplía experiencia docente e investigadora, pasando también por la incorporación de profesionales solventes al ámbito académico en calidad de colaboradores.

Sólo la miopía de la gestión universitaria, siempre reacia a la incorporación de cambios sobre todo en la estructura del profesorado, ha impedido dar a este colectivo un estatus plenamente normalizado. Se ha insistido erróneamente y más allá del propio ordenamiento jurídico en una especie de superioridad jerárquica del profesorado funcionario frente al laboral, que es claramente disfuncional y muchas veces incluso no ajustada a la realidad de los méritos docentes e investigadores.

En esta consideración subalterna se recrea ahora un elemento de extrema gravedad, impulsado de forma decidida por la reforma laboral. Digámoslo alto y claro: Los platos rotos de la crisis los van a pagar con su despido los profesores con contrato laboral.

La Disposición Adicional 2ª del RDL 3/2012 extiende al sector público (universidades incluidas) la posibilidad de despedir por motivos económicos y lo hace permitiendo los despidos del personal laboral casi de forma automática: basta una insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente de financiación. Y por persistente se entiende algo tan sencillo de cumplir en el contexto actual como es que la insuficiencia presupuestaria se produzca durante tres trimestres consecutivos.

No es difícil advertir que esta situación que abre las puertas a los despidos baratos y con pocas posibilidades de defensa judicial es generalizada en el conjunto de las AA. PP. y desde luego en las universidades. La UCLM, tras el abrupto y extremadamente agresivo recorte presupuestario decretado por la JCCM, se sitúa en condiciones de entrar por la puerta grande en la hipótesis de la insuficiencia presupuestaria persistente.

A ello, en el paroxismo de la agresión al profesorado laboral, se une la interpretación que se está haciendo por las propias universidades, entre ellas la UCLM, del RDL 20/2011 y que supone, además de otras muchas cosas, el establecimiento de un atrapamiento en la laboralidad que impide pasar de las figuras laborales estables a la condición de funcionario aunque se cuente con la oportuna acreditación de la ANECA.

Todo esto conduce de forma alarmante a presagiar que los contratados laborales actuales, que tienen impedido sean cuales sean sus méritos el acceso a la función pública (en la interpretación que hacen las universidades del G9), se encuentran en el ojo de huracán y con muchas posibilidades de acabar en la calle para ajustar el peso de las universidades a las nuevas y dramáticas condiciones presupuestarias.

La respuesta debe ser inmediata y contundente, es preciso comprender que nunca antes como ahora los puestos de trabajo de cientos de profesores de universidad están en serio riesgo.

La situación es desoladora y la indiferencia no es una opción; si las universidades y sus profesores no alzan la voz el drama está servido.

La reforma laboral es también una reforma de la universidad y amenaza con acabar con la mitad de la plantilla docente y con años de esfuerzo y de inversión pública, degradando hasta límites insospechados la educación pública universitaria.

Además, puede consultarse en la web de Diagonal, el artículo de Adoración Guamán, profesora de derecho del trabajo y Héctor Illueca, Inspector de Trabajo:
http://www.diagonalperiodico.net/Involucion-laboral-en-Espana.html
Y, en la bitácora amiga, el comunicado bien orientado de Jueces para la Democracia, crítico y con buenos fundamentos muy completos. Se encuentra en esta página; http://lopezbulla.blogspot.com/2012/02/jueces-para-la-democracia-ante-la.html