EL DERECHO DE HUELGA Y SUS REFERENCIAS NACIONALES EN EUROPA Y EN ESPAÑA.

La reunión de Berlín se celebró en una escuela sindical del sindicato de servicios Ver.di en Wansee, al lado de un lago, donde tenían numerosos palacios y casas la gran burguesía del Reinch y posteriormente los jerarcas nazis. En uno de ellos, muy cerca de la residencia sindical, se celebró la terrible "Conferencia de Wandee" donde se ideó, en 1942, la solución final para los judios mediante la aplicación de los métodos de producción fabril en masa al exterminio de las personas. Un pasado para no olvidarlo nunca. Justo lo contrario de quienes en nuestro país, insisten en borrar la memoria del régimen criminal  de masa en que consistió el franquismo. A continuación, se insertan algunas reflexiones sobre el tratamiento jurídico de la huelga en algunos países europeos y en España, en medio de la ofensiva anti-social que encubren las medidas adoptadas por los gobiernos como el nuestro para hacer frente a la crisis. En este panorama, se utiliza la ley como arma anti-huelga y están apareciendo siniestras prácticas amenazantes de la dictadura. La reacción frente a estos actos antidemocráticos debe ser inmediata.

Aunque la sesión de trabajo que había organizado la Red “Abogados europeos para los trabajadores” era sobre el derecho de huelga en Europa, más allá de la crítica generalizada al proyecto de Reglamento “Monti II”, las intervenciones se sucedían sobre la situación de cada uno de los países del derecho de huelga, sin una “matriz” que explicara el marco regulador ni sus evoluciones en el tiempo de la crisis. Era sin embargo interesante el énfasis puesto en la capacidad propositiva y alternativa de la acción jurídica ante los tribunales, como forma de ampliar el ámbito de protección o el espacio de legalidad de la huelga o de otras formas adhesivas del conflicto. En este último punto, convenía reparar en la importancia que en todos los sistemas jurídicos analizados – pero en especial en Bélgica o en Gran Bretaña – tiene la aceptación del piquete pacífico – o “razonable” en la terminología de los tribunales alemanes. Los intentos por extender la protección legal frente al piquete se estrellan en ocasiones frente a unos tribunales que rechazan el valor político de la huelga y que sitúan la “abstención de trabajar” en un espacio valorativamente neutro en el que intervienen con mucha más efectividad viejos principios anclados en la consideración inmutable de las relaciones de poder en los lugares de trabajo: La organización de la empresa, su libertad irrestricta de prestación de servicios y de generación de mercancías, e incluso un anacrónico derecho de propiedad.

Es una tendencia ya antigua de la interpretación de los tribunales de justicia, que siguen fijados a los estereotipos de la huelga – libertad encuadrada en la lógica contractual como una causa de suspensión de las obligaciones recíprocas de trabajar y de remunerar el trabajo, pero privada de cualquier inserción política como derecho de participación y de dinamización del compromiso del estado social en la eliminación progresiva de la desigualdad material en las relaciones sociales y económicas.

Son más interesantes los esfuerzos que llevan a cabo algunos sindicatos alemanes, en especial Ver.di, que era la organización que hospedaba el encuentro, por introducir en el espacio de la legalidad las distintas acciones de solidaridad – no sólo directa – de huelga y la incorporación a la dinámica del conflicto de otros actos de extensión de la presión más allá de la relación salarial, como sucede con los flash mob que inciden sobre el comercio y la compra de mercancías en grandes superficies. Éstas medidas son formas de presión que acompañan la huelga y que compensan las decisiones del empresario que, reorganizando la producción, debilita la eficacia de la huelga. Es una apertura a formas de acción que tienen su origen en un conflicto laboral, pero que trascienden la acción sobre la esfera de la producción y utilizan medidas de presión sobre la distribución de las mercancías y servicios que produce la empresa.

Pese a que era la pregunta que abría el debate del seminario, no es seguro el cambio en las reglas sobre la huelga en medio de la crisis en Europa. O al menos no se localiza en modificaciones legislativas. Si posiblemente en actitudes y prácticas más agresivas contra los sindicatos y trabajadores que ejercitan este derecho. Han existido ciertamente casos en los que se ha incidido en reglas nuevas sobre la huelga en los servicios públicos del transporte, o de las obligaciones a mantener durante la huelga en el sector de la enseñanza, en Francia, o en el cambio de la Comisión de Garantías que se ha producido en Italia. Pero el tono general de la regulación legal y, sobre todo, jurisprudencial, permanece relativamente invariado en la crisis, aunque con variaciones y desplazamientos muy precavidos y “clásicos” sobre los contornos del derecho. Por el contrario, donde las cosas han cambiado, y mucho, es en la conformación de aspectos centrales de las relaciones laborales en torno a la negociación colectiva y en cuanto a una cada vez más creciente hostilidad hacia los sindicatos y el poder contractual de los mismos. La tendencia a la ruptura y debilitación de la estructuración prioritaria en torno al convenio colectivo sectorial a partir de la inaplicación de aspectos del mismo o mediante el establecimiento de la prioridad plena del convenio de empresa (España o Italia, pero también Portugal y Grecia), se acompaña de la emanación de normas que buscan apartar a los sindicatos “incómodos”(Italia), o que pretenden enfrentar las estructuras representativas electivas con las sindicales (España), cuando no desmontar toda la arquitectura de un sistema basado en la autonomía colectiva (Grecia).

La huelga no es reformada en este período de “demolición” del sujeto sindical con autonomía y capacidad de formular reglas y normas vinculantes sobre el trabajo porque se tiene la seguridad por parte de los detentadores del poder económico, que no va a incidir excesivamente en la producción de bienes y de servicios y que fundamentalmente se derivará hacia el sector público, en donde por lo demás la huelga padece mayores restricciones. La expresión del conflicto se prevé volcada sobre la crítica política de gobierno, y no sobre la acción económica de las empresas, que goza del favor normativo y de una cierta inmunidad social derivada de su condición de preponderancia social como únicas unidades capaces de crear riqueza y empleo. Por último, la viscosidad mediática que opone la huelga de los trabajadores al paro de los desocupados como el resultado de estas acciones, y la alta tasa de destrucción de empleo, funcionan como elementos desmovilizadores que apaciguan la posible preocupación por el crecimiento del conflicto social en la crisis económica y anti social permanente.

En lo que se refiere a España, resulta una excepción que la CEOE haya pedido al poder público una reforma legal que regule un modelo de huelga caracterizado por imponer todas las trabas posibles a su ejercicio. Las urgencias de los acreedores europeos no exigen reformas en este terreno, por lo que es posible que la propuesta de la patronal no sea inmediatamente atendida con la prontitud con la que se ha hecho la reforma laboral del RDL 3/2012. Pero lo que ya sabemos es que los procesos de movilización que se están poniendo en marcha son muy amplios y en ellos participan cada vez más gente, lo que está dando pie a una reacción contraria muy virulenta tanto en los medios de comunicación como en las declaraciones de los dirigentes políticos. Pero también y de manera muy sintomática, en la utilización de los instrumentos de los que dispone el poder público para garantizar un equilibrio ponderado del ejercicio de derechos fundamentales – los servicios mínimos – como un instrumento anti-huelga, concebido como forma de privación forzosa del derecho de huelga a la práctica totalidad de los trabajadores o empleados públicos convocados a la huelga. En la reciente huelga en el sector público en Castilla La Mancha, muchos servicios mínimos fueron calculados al 110% del tamaño de la plantilla. Y, lo que es aún peor, se han empleado a las fuerzas y cuerpos de seguridad en funciones directamente represivas contra los huelguistas que recuerdan los años de la dictadura.

En efecto, como ha denunciado el secretario general de CC.OO. de Castilla La Mancha en una carta dirigida al delegado de gobierno, en la mañana de la huelga del 29 de febrero, varias parejas de la Guardia Civil se personaron en varios institutos de la zona de Torrijos exigiendo a los directores los nombres de los huelguistas. Y miembros de la Policía Nacional tuvieron que ser expulsados de las terrazas de un municipio por grabar a los manifestantes que se concentraban en protesta contra las medidas de recorte de la presidenta Cospedal. Una actuación, como señala José Luis Gil, “desmedida e ilegal, que no se corresponde ni con el tiempo democrático ni con las funciones que tienen encomendadas las fuerzas y cuerpos de seguridad”, y que tiene que esclarecerse para que no se proceda a “intimidar para impedir que ahora o en el futuro se atiendan convocatorias de huelga o de otras expresiones del conflicto social”.

Por lo tanto, el peligro es el de la utilización ilegal de los medios de los que dispone el poder público. La denuncia de esta retorsión antidemocrática deberá ser imprescindible en el curso de los procesos de movilización que se abren ante nosotros y todos los ciudadanos europeos. Marzo será un mes muy crítico en este sentido. Pero ya hablaremos de eso más adelante.