¿ES CONVENIENTE RECAPITALIZAR LA BANCA QUEBRADA Y CONDENADA?

Estamos todos los españoles - y no sólo nosotros en Europa, ciertamente - padeciendo una inmersión plena en técnica financiera, funcionamiento de la banca y equilibrio presupuestario. Todos tenemos que hablar y conocer de economía, con el agravante que las fuentes de las que nos nutrimos - los medios de comunicación fundamentalmente - suelen ser monocordes en su neoliberalismo y mudables en sus pronósticos cual pluma al viento. Es cierto que cada vez más se puede consultar páginas web fiables, además de leer a los clásicos críticos que nos han ido acompañando durante el proceso acelerado a partir de mayo del 2010 como Juan Torres o Vicenç Navarro. Para esta bitácora, las páginas de Econonuestra, el blog de Juan Laborda y el del colectivo Xan Errasti, son los lugares más frecuentados. Hoy, además - es decir el sábado 9 de junio - la noticia de tarde ha sido el rescate de la banca quebrada española a cargo de fondos europeos en una cantidad inconmensurable, cien mil millones de euros. Frente a ello, el comité de redacción en servicio de urgencias y festivos ha obtenido de un corresponsal secreto, este texto que publicamos en rigurosa primicia, antes de que salga publicado en la revista electrónica de Mientras Tanto. Como se podrá comprobar, es claro y directo. Dice así:

 

NO RECAPITALIZARÁS LA BANCA CONDENADA

Perfecto Dúo Bellat

0. Propósito

Esta nota pretende apuntar,  a modo de argumento sucinto y no de explicación detallada, cuatro posiciones en sus correspondientes  cuatro apartados:

1. A todas luces, en España sobran bancos. Aprovechemos la ocasión de la quiebra de los peores para realizar la reestructuración de un sector excesivo en su papel y en su tamaño, en lugar de endeudarnos colosalmente recapitalizándolos a costa de Estado, bien sea con emisión de deuda de éste o de fondos comunitarios que habrá que devolver.

2. Recapitalizar (reflotar, rescatar, salvar; resucitar a los muertos  también puede ser apropiado en este caso) la banca quebrada, entendiendo por ello a la mayoría de las antiguas cajas y algunos bancos, le costará al Estado, como se verá, alrededor de 85.000 millones de euros. Esa cifra, cuya brutalidad se hace patente cuando se la compara con las partidas presupuestarias, se aplicará sin retorno posible a unas entidades que, además de innecesarias,  no tienen valor de mercado: ese dinero se enterrará inútilmente.

3. En lugar de a una capitalización de una banca ya condenada, los fondos –porque haberlos los hay, tal como ha demostrado la postura gubernamental sobre el reflotamiento bancario— deberían emplearse en facilitar crédito directo a la economía real. Con tales cifras se podría generar un volumen de crédito suficiente para estimular una recuperación económica y una reversión de los recortes.

4. La principal de las excusas para comprometer los recursos públicos en recapitalizar la banca quebrada es una presunta protección a los ahorradores, que son los principales acreedores de cualquier banco. Grosera falacia: no hay nada que les apetezca más a los bancos no quebrados que incrementar su  mermada liquidez pujando por esos depósitos ahorrados. Tal y como está la pelea por los pasivos (ahorros, depósitos) en el mercado bancario español, habría cola para  por la captación de los de la banca quebrada. El resto de las partidas a liquidar del balance de ésta tiene, como veremos, destinos más que ya transitados, desde luego más factibles que dilapidar de manera mema y masiva fondos públicos.

                                        

1. Minimizar el sistema financiero sobrante

1.1. Está más que ampliamente aceptado y documentado que el sistema financiero tiene, en todos los países principales,  un peso excesivo respecto a la economía real, por amplia que sea la definición de ésta.

1.2. Sobre la salida de la crisis se dan importantes divergencias políticas y teóricas. Pero en lo que refiere a sus causas coincide una amplia opinión dominante: la crisis proviene de una alimentación desproporcionada del crecimiento económico por parte del crédito.

1.3. En España, la macrocefalia (con todos sus síntomas de tamaño y de patologías conexas) del sistema financiero es más severa todavía. Ningún otro país de la OCDE cuenta ni siquiera con la mitad de agencias por habitante y algo similar pasa con los cajeros automáticos y los empleados. Aquí fueron tan desorbitados los beneficios bancarios desde los años 80 que daban para esa prodigalidad de medios y para más. Pero eso se acabó. En unas circunstancias, permanentes  en lo previsible, en las que la banca española tendrá en su país los mismos márgenes, y ya es suponer, que los bancos europeos en los suyos, sobran indefectiblemente una enormidad de agencias (no menos de dos terceras partes) y de empleados bancarios; y eso sin asumir lo que irremediablemente va a suceder: que la banca europea  disminuya su capacidad instalada –sus oficinas, sus funcionarios, sus infraestructuras—, lo que nos hará aún más obesos en términos relativos.

1. 4. La contribución del sistema financiero español a las crisis económicas del país es tradicional. Uno de los que escriben este papelillo las ha vivido todas desde mediados de los setenta y estuvo en los equipos de las intervenciones de Catalana, Rumasa y Banesto por el Banco de España. Alguna de esas crisis bancarias anteriores superó en coste el 20 por cien del PIB, pero la diferencia es que el reflotamiento fue realizado básicamente por los bancos mejores –que entonces tenían unos beneficios mucho mayores en su negocio en España— y no por el Estado. La crisis actual, derivada principalmente de la especulación inmobiliaria de los últimos quince años, no lleva trazas de solución o, al menos, lo que es seguro es que no pasa por la recapitalización de la banca condenada.

2. Que no nos den vela en este entierro

2.1. Las cifras de la mora bancaria española, contabilizada o no, producen vértigo. Sólo los solares abandonados o a semiconstruir financiados a promotores rondan un tercio del PIB, unos 250.000 millones de euros (más de 170.000 ya están considerados morosos ahora, así que es una cifra optimista). Habrá que añadirle pisos y locales sin demanda factible, hipotecas impagables (éstas, otros 65.000 millones adicionales, como mínimo) y créditos a empresas con las ventas por los suelos (la mora empresarial en abril superaba el 7 por cien). De ese agujero,  para las antiguas cajas y un par o tres de bancos,  sobre 85.000 millones de euros (*) vendrán del Estado  (o de fondos europeos que nos endeuden) para capitalización directa de la mayoría de las antiguas cajas y de dos o tres bancos. Es decir, dinero contante y sonante —sea en deuda pública o en fondos europeos a devolver— que se enterrará en el capital de unas entidades que no valen nada. Eso si no lo evitamos, pero puede evitarse, como se verá al final de estas líneas.

2.2. Lo de enterrar el dinero público no es un eufemismo. Primero, porque no hay devolución posible: “no son ayudas sino capital y no hay que devolver nada”, el nuevo presidente de Bankia dixit. Segundo, porque no hay esperanza de resurrección: los políticos correctos ejercen el cinismo o la ignorancia cuando hablan de  recuperar el dinero público que califican de “invertido”: nunca los beneficios de esas entidades van a ser positivos y, si se presentan como tales, será por puro  artífico contable. Catalana, los bancos de Rumasa y Banesto tenían un valor aún quebrados, como se vio cuando pujaron por ellos los bancos sanos, por dos circunstancias: porque sus redes de oficinas generaban entonces cierta rentabilidad –fruto de los elevados márgenes del sistema—; y porque las ayudas del Banco de España se pagaban a unos tipos de interés menores que los que obtenían los bancos en aquellos momentos.  Ahora, lo quebrado ya no vale nada: ninguna pretendida “inversión” pública se recuperará jamás.

2.3. La imposibilidad de retorno de los fondos públicos empleados en la recapitalización se basa en tres evidencias definitivas:

-Una, si todas las oficinas de las entidades quebradas desaparecieran, a los ciudadanos no les faltarían servicios bancarios.  Lo único que pasaría es que se racionalizaría, y aún sólo en parte, un sistema financiero hipertrofiado: cuantos menos costes por exceso de medios superfluos, menos podría cobrarse por los créditos.

- Dos, las cuentas de resultados de los bancos condenados están muertas hasta el juicio final; todo fondo estatal o comunitario que se entierre en los quebrados se perderá.

- Y tres, con una perspectiva indefinidamente larga de bajos tipos interés no habrá altos beneficios bancarios –ni aunque no se arrastrara, como se arrastra, la imposible losa de morosidad de esas cajas y bancos españoles— en décadas.

2.4. Lo que significan esos 85.000 millones que van a dilapidarse, si la gente no lo remedia, en unas entidades que sobran —que no tienen ninguna utilidad, que no valen nada— es una barbaridad: unas ocho veces el tijeretazo a sanidad y educación de 2012; dos veces la suma de los recortes y subidas de impuestos de 2012; quince años de inversión –con base al año actual— en investigación; más de tres veces lo que se pagará este año en intereses por la deuda estatal; dos años y medio  de prestaciones por desempleo. Añadamos una referencia que no aporta tanto sufrimiento como las que acaban de darse, pero que desenmascara absolutamente la idea de una “inversión” estatal que se recuperará en su momento: toda la banca española, la capitalización de todas sus acciones, incluyendo a Santander, BBVA y Caixabank, ha llegado a valer en Bolsa menos que esos 85.000 millones.  Menuda “inversión”.

3. Convertir la recapitalización en crédito directo

3.1. Lo que se perpetra hacer no tiene ni pies ni cabeza. La nacionalización, en especial del sistema financiero, siempre se le ha antojado simpática a la izquierda social. Bueno, pues hay que despertarse: en este caso la nacionalización vía recapitalización  es la medida más lesiva para la gente común. Como todo, depende de quién la haga, cómo la gestione, cuánto cueste y cuánto rinda socialmente. Para abreviar,  resumamos cuatro razones que desaconsejan siquiera mentarla en estas circunstancias :

-Primera, la mayor parte de las entidades que nos han metido en este lío son cajas que tenían una especie de estatuto público y en sus consejos estaban los políticos de sus comunidades autónomas, los sindicatos y una representación indirecta de los impositores; ya se ha visto lo que han hecho.

- Segunda, visto lo visto, no hay ninguna garantía –más bien todo lo contrario- de que una gestión proporcional a la representación formal política —local, de autonomía, estatal— ofrezca garantías de eficacia.

- Tercera, el coste es tan desproporcionado, en términos absolutos y relativos, como lo que se ha intentado ilustrar arriba.

- Cuarta, el rendimiento de la inversión en recapitalizar y nacionalizar será cero.

3.2. Dedicados esos 85.000 millones a crédito directo generarían (a través del expansivo multiplicador del crédito: los créditos generan depósitos, sobre  los que puede concederse más crédito y así sucesivamente), el suficiente estímulo como para reactivar la economía. En efecto, aplicando al crédito esa  cifra que se pretende enterrar en capitalización de los quebrados una más que moderada ratio 7/1, se obtendrían unos 600.000 millones de nuevas operaciones crediticias. Naturalmente, no es necesario –ni aconsejable— emplear esa cantidad en crédito, pero resulta evidente que la capacidad de estimular la economía sería enorme. Además, quedaría espacio para revertir recortes sociales que harían crecer los salarios reales, a través de la recuperación de los salarios indirectos por prestaciones públicas, que también contribuirían a recuperar el consumo y la confianza.

 3.3. ¿Quién podría realizar esa inyección de crédito directo? Pues, para no ir más lejos, el Instituto de Crédito Oficial –ICO— que ya lo intenta hacer indirectamente (dejando un más que sabroso margen a los bancos privados intermediarios, que así presumen de conceder un crédito que no dan), pero con una evidente ridiculez, en relación a las necesidades de la economía real, en los volúmenes. Y si el ICO no llega, inyéctese a los bancos sanos, con buena rentabilidad para éstos pero con la absoluta exigencia de que lo apliquen a crédito: que no pase como con las subastas del Banco Central Europeo, que acaban remansándose en depósitos de los propios bancos en el propio Banco Central como seguro de liquidez.  Sin esa condición, ni un duro. El quién, así pues,  no es problema. El cuánto, 85.000, hemos supuesto aquí, que es lo que se iba a tirar en recapitalizar lo quebrado —¿y por qué no suponerlo puesto que el Estado está dispuesto a malgastarlo?—. El cómo sigue ahora.

3.4. Respecto al  criterio para inyectarlo, lo primero y lo segundo es no olvidarse de quiénes han administrado mal o delinquido;  no sólo para que paguen su cacaseno pasado, sino sobre todo para  servir de advertencia a quienes deberán dar los tan necesarios créditos futuros. Primero, exíjanse responsabilidades a los administradores bancarios, como ocurrió en anteriores casos, que han llevado a la quiebra; también a los del Banco de España, que han sido cómplices con  su pasividad en la función auditora de la banca, que es la esencia de la institución (si no, ¿para qué sirve, si ni fija los tipos de interés?). Segundo, reclámense ejecutivamente los dineros que se han llevado a su casa por indemnización, por retiro o por asociación con los especuladores. Tercero —y más importante incluso que lo anterior–, establézcanse mecanismos profesionales para que ese crédito fluya a la economía real no especulativa. Los mecanismos que precisamente faltaron cuando se provocó el enorme agujero de la banca española. No es difícil dar créditos con profesionalidad, así que tres ejemplos indicativos bastarán: las empresas que han pagado razonablemente sus créditos en los años anteriores; las que se comprometan a crear empleo por un plazo determinado; los particulares que hayan cumplido con sus obligaciones crediticias en relación con sus salarios. Desde luego, es tan ínfimo lo que significa sobre esas cifras la deuda de quienes no pueden pagar sus hipotecas —por el paro o por el recorte de sus salarios directos o indirectos— que, en esos casos, se impone no ya la dación en pago sino una moratoria indefinida, aunque  siempre debidamente justificable.

4. ¿Cómo dejar quebrar un banco?

4.1. Ésta parece la madre de todas las preguntas, un insondable problema reservado únicamente a expertos financieros. Pero su respuesta es de sentido común, a pesar de lo que se nos cuenta: liquidando ordenadamente los elementos de su balance, atendiendo a las prioridades sociales. Como siempre ha pasado; anda que no han quebrado bancos en la historia sin que, generalmente, nada pasara más que a sus propietarios.

4.2. La primera de las justificaciones del despilfarro de la recapitalización de la banca quebrada siempre es la presunta protección de los depósitos. Se nos dice: el principal pasivo, la deuda relevante, de los bancos son los ahorros y la tesorería que los particulares y las empresas tienen depositado en el banco, así que si se le deja quebrar esos depósitos corren el riesgo de perderse. Pero no es, ni lejanamente, como nos dicen: precisamente lo que necesita imperativamente ahora la banca no quebrada es liquidez; y, para obtenerla, están peleando duramente por los depósitos en el mercado. Por lo tanto, no faltarán bancos dispuestos a no sólo garantizar sino a pagar razonablemente por esos depósitos. Ni siquiera haría falta acudir al Fondo de Garantía de Depósitos, puesto que a los ahorradores les sobrarían los novios solventes.

4.3. Sigamos con el balance a liquidar. Nos encontramos con los tan imponentes como superfluos activos materiales bancarios: edificios y oficinas, generalmente en las mejores zonas comerciales y de negocios del país. Aunque el mercado se encuentre muy deprimido, no faltarían fondos internacionales dispuestos a adquirirlos a bajo precio. Lo harían, claro, con ánimo de especular con ganancias futuras, aprovechándose de la necesidad de la banca condenada y reafirmando su condición de “fondos cuervo”. Sin embargo, parece peor desmontar derechos, servicios, prestaciones e investigaciones de carácter público dilapidando los dineros que los financian en rescates bancarios. Además, y resulta cuestión principal, por mal que se mal vendieran —y se malvenderían—, esas propiedades inmobiliarias privadas, cubrirían sobradamente los derechos de los empleados bancarios que quedaran sin empleo, sin necesidad de acudir a prestaciones de desempleo. No sería la primera ni la última vez en que la venta de inmuebles comerciales de la banca quebrada sirviera para garantizar las prestaciones debidas a sus empleados.

4.4. El siguiente, y último,  capítulo del balance a liquidar es el de los créditos. Los hay de tres clases: los definitivamente perdidos (dotados o no), los recuperables y los que no presentan síntomas de morosidad (todavía y afortunadamente, la mayoría). No es este el lugar para exponer las técnicas bancarias y la infinidad de experiencias históricas para gestionar las carteras bancarias en caso de quiebra. Por abreviar, los bancos sanos de cualquier país sanean periódicamente sus balances vendiendo las carteras de sus créditos, incluso los que son intachables en su pago. Lo hacen por vaciar sus balances de créditos anteriores, lo que les ofrece posibilidades de realizar nuevos créditos. Existe un gran número de bancos y entidades especializadas diversas que paga esos paquetes en virtud de sus perspectivas de cobro: con  enormes descuentos para lo más incobrable, menores para los que tienen perspectivas de recuperación y mejores precios para los que presentan buenos hábitos de pago por los acreedores. Solucionados los depósitos y los activos inmobiliarios, la venta de los distintos créditos resulta un negocio inventado, probado,  estandarizado. Y, con ello,  la liquidación estaría hecha.

(*)23.500 comprometidos en Bankia; 58.400 estimado -según la proporción entre lo garantizado inicialmente a Bankia (4.465) y lo comprometido finalmente (23.500)- para Catalunya Caixa, Novacaixa Galicia-Evo; Caja España, Mare Nostrum, Banca Cívica, CajaSur, CAM (la parte que responde el estado en su venta al Sabadell), Unnim (la parte asumida por el F G de Depósitos en su venta al BBVA) y Banco de Valencia. Todo ello sin contar avales del Estado, ni las previsiblemente  duras provisiones adicionales que exigirán los indocumentados —y metedores de pata históricamente ridiculizados— auditores  privados extranjeros que ha contratado el Ministro de Economía y Competitividad a su imagen y semejanza.