La publicación de un informe sobre la violencia antisindical en Colombia de 1984 a 2011, ha dado pie a varios comentarios sobre el mismo publicados por la revista Cultura y Trabajo, de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, que nos ha señalado el amigo y corresponsal de este blog, Edgardo González, el mismo autor de una monografía espléndida que lleva por título La difícil libertad sindical en Colombia, y que constituyó en lo esencial su tesis doctoral por la UCLM. El presente artículo es obra de un investigador de la Universidad de Bremen, en Alemania, Rainer Dombois, y resulta, como se comprobará, extremadamente interesante. El tema de los asesinatos de sindicalistas colombianos, ha sido rigurosamente secuestrado de las informaciones sobre la Colombia de Uribe a pesar de su gravedad y de los evidentes indicios de cooperación en este asesinato masivo y programado de los aparatos del estado colombiano. A continuación se ofrece íntegro el citado artículo y se conecta el mismo con otro que se publica en paralelo en el blog hermano Ciudad Nativa, Violencia contra los sindicalistas y actividades antisindicales 1984 - 2011
La violencia antisindical y la vulnerabilidad del sindicalismo colombiano
EN LA HISTORIA DE LOS PAÍSES
INDUSTRIALIZADOS LA VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LOS SINDICALISTAS SURGIÓ EN
LA FASE DE institucionalización de las relaciones industriales: la
libertad de asociación y el derecho a la huelga y a la negociación
colectiva se impusieron contra la resistencia encarnizada de los
empresarios y en contra del derecho vigente y del poder del Estado. Los
sindicalistas también se convirtieron en víctimas de la violencia física
en las dictaduras, cuando se suspendieron los derechos de ciudadanía
políticos e industriales. En esta etapa, fueron encarcelados, e incluso
asesinados, como en el tiempo del fascismo en las guerras sucias de las
dictaduras militares de los años setenta y ochenta. En ambos casos las
entidades del Estado fueron las que aplicaron la violencia, ya fuera en
nombre del orden estatal tradicional o de manera irregular e ilegal.
La violencia antisindical en Colombia
no encuadra bien con este patrón: se realiza en el contexto de un orden
democrático y de relaciones industriales institucionalizadas que, en
principio, deberían permitir la solución no violenta de conflictos de
intereses colectivos. Además, Colombia ha ratificado un gran número de
convenios de la OIT, entre ellos los que aseguran los derechos
fundamentales. Por lo tanto, son incomprensibles la extensión de la
violencia irregular contra los sindicalistas (no ligada a la ley ni a la
moral), tanto como su impunidad (1).
Los trabajos que el consorcio de
institutos de investigación ha desarrollado bajo el techo del PNUD son
un aporte muy valioso para esclarecer el enigma. Presentan descripciones
y explicaciones precisas de la dinámica de la violencia antisindical y
la impunidad y sacan conclusiones prácticas. Con base en datos
consolidados, las investigaciones sobre el contexto
histórico-político-social y las formas, dinámicas y causas de la
violencia, la persecución penal y las medidas preventivas, dan
respuestas a muchas preguntas abiertas.
En este escrito no hay suficiente
espacio para hacerle una valoración adecuada a este trabajo precursor
del consorcio. Ante el espectro tan amplio de temas voy a limitarme a
unas pocas preguntas tratadas en algunos de los informes.
La violencia contra sindicalistas ¿Es
una violencia sistemática? ¿Qué relaciones tiene con actividades
gremiales conflictivas? ¿Qué relaciones tiene con conflictos políticos
en el país, sobre todo con el conflicto armado? ¿Qué impacto tiene en la
capacidad organizativa y contestataria de los sindicatos?
Hago referencia sobre todo, a las
respuestas que saco de los estudios del Centro de Investigación y
Educación Popular (Cinep, 2010), de la Corporación Nuevo Arcos Iris
(CNAI, 2010) y del Informe Final (PNUD, 2011). Voy a complementar mi
lectura con algunas conclusiones acerca de la vulnerabilidad de
sindicatos frente a la violencia.
¿Una violencia no selectiva?
En la discusión colombiana, con
frecuencia se ha mantenido que los sindicalistas no forman blancos
específicos de la violencia. Los informes, sin embargo, indican la
aplicación sistemática y selectiva de la violencia contra líderes
sindicales y trabajadores sindicalizados. La violencia se ha concentrado
en determinados sindicatos y regiones (PNUD, 2011: 177). Más del 60% de
los asesinatos entre 1986 y 2009 tuvieron como víctimas a miembros de
tres sindicatos: Fecode (31%), Sintrainagro y los sindicatos bananeros
antecesores (27,5%) y la USO (4,5%). Se obtiene una idea de la extensión
de la violencia dirigida a sindicatos pequeños cuando estos datos se
ponen en relación a los números de afiliados: Sintrainagro, con
aproximadamente 16.000 miembros en Urabá, sufrió 708 asesinatos; la USO
contó 115 asesinados entre sus afiliados –en 1984 tenía 12.000 miembros y
después de la restructuración y privatización, 4.000 (CNAI, 2010: 24).
Pero otros sindicatos pequeños también fueron afectados por violencia
masiva: los de los cementeros de Puerto Nare, los de los palmeros y
hasta el sindicato de la rama judicial.
La violencia antisindical también se
ha distribuido de una manera muy desigual en el territorio colombiano.
Se concentró en regiones como el Magdalena Medio y Urabá, y en algunos
departamentos, principalmente en Antioquia y Santander, pero también en
el Valle, Cesar y Magdalena.
El perfil y las explicaciones de la violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados
El perfil de la violencia
antisindical –las formas, las regiones y los sindicatos más afectados–
que muestran los informes, es más preciso que las explicaciones. El
Cinep asume una relación causal con las “acciones contenciosas
sindicales”, formas de paros legales o ilegales aplicados para lograr
conquistas laborales o sociales o para defenderse de la violación de sus
derechos:
“… en general toda esa violencia
suele ocurrir con más intensidad en los momentos y sectores en donde hay
más actividad sindical contenciosa, en especial cuando se acude a la
huelga. Concomitantemente, será menor cuando dicha actividad decrece,
pues en parte ha cumplido su objetivo de debilitar al sindicalismo. Así
lo constatamos al observar que la violencia contra los trabajadores
sindicalizados, tanto en el plano nacional como en los siete sectores
específicos que estudiamos, parece incrementarse en los momentos de auge
de la lucha sindical, articulada muchas veces a la popular. Y la
respuesta violenta es más dura –masacres y asesinatos selectivos– cuanta
más fuerza independiente hayan desplegado los sindicatos” (Cinep, 2010:
2).
La hipótesis de un nexo causal, sin
embargo, no está sustentada por los datos (ver Cinep, 2010: 53): las
fases de violencia excesiva –en los años 1996 y 1997 y entre 2000 y
2003– no han coincidido con fases fuertes de la movilización sindical.
El equipo del CNAI, mientras tanto,
concede mayor peso en la explicación a la dinámica del conflicto armado y
a las luchas políticas y militares por el poder local y territorial.
Los sindicatos y sindicalistas más envueltos en estos conflictos han
estado más expuestos a la violencia:
“La acción política al lado de las
guerrillas o la lucha autónoma por la democracia desató una respuesta
atroz y desproporcionada de las elites regionales, de agentes del Estado
y de fuerzas ilegales” (CNAI, 2010: 10).
Los lugares del conflicto armado han
sido, al mismo tiempo, los centros de la violencia, la cual apunta ya
sea a las actividades sindicales o a las actividades de los trabajadores
sindicalizados en organizaciones políticas o sociales. La CNAI
distingue dos fases destacadas de la violencia, en cuyo intermedio se
produjo un cese definido por la desmovilización de una parte de las
guerrillas y por el acuerdo sobre la nueva constitución en 1991.
En la primera fase de la década de
los ochenta los conflictos tratan, sobre todo, del poder local. En el
marco de la apertura democrática y descentralización política los
sindicatos y/o los sindicalizados participan en la movilización política
y social. Esta última es a menudo respaldada, instrumentalizada o
aprovechada por los grupos guerrilleros y encuentra una respuesta
violenta por parte de las elites locales, de los paramilitares y de
mandos militares (CNAI, 2010: 64f).
Los años noventa, mientras tanto, en
muchas regiones del país están enmarcados en la lucha militar por el
poder territorial de los paramilitares y sus aliados entre las elites
económicas y políticas regionales, mandos militares y narcotraficantes,
por un lado, y la guerrilla, por otro. La polarización de los actores en
los territorios disputados y sobre todo la expansión del dominio
paramilitar y parapolítico llevan a la estigmatización, persecución y
expulsión de los miembros de organizaciones políticas y sociales
inconformes (CNAI, 2010: 72).
Finalmente, en los últimos años, con
el desplazamiento de la guerrilla a zonas más marginales del país y
después de la desmovilización del núcleo paramilitar, la violencia se ha
disminuido, pero queda en un nivel preocupante.
Los estudios de caso elaborados por
los dos equipos sobre los sindicatos y las regiones más afectados por la
violencia contra sindicalizados, señalan las limitaciones en las
explicaciones generales, que no tienen en cuenta suficientemente la
diversidad de los motivos de la violencia.
El conflicto armado –según mi lectura
de los informes– forma el contexto principal de la violencia
antisindical. Las relaciones de los sindicatos y/o los sindicalizados
con este contexto, empero, pueden ser más o menos estrechas. Veamos
algunos ejemplos de esas relaciones de los sindicatos más afectados por
la violencia.
Convergencias políticas-ideológicas.
El ejemplo de la USO, un sindicato clasista, independiente y con
posiciones y demandas políticas (sobre todo las de la política
petrolera) que fueron compartidas por grupos políticos de izquierda y
sus grupos guerrilleros. La fuerte capacidad de movilización de sus
afiliados, la participación en acciones de movimientos sociales y el
respaldo no invitado de sus actividades por la guerrilla, contribuyeron a
tachar y criminalizar a los dirigentes de este sindicato como
seguidores de la guerrilla, y los expuso a la violencia de paramilitares
y mandos militares, a pesar de que el sindicato se distanciara cada vez
más de las actividades guerrilleras (PNUD, 2011: 83ff; CNAI, 2010: 48f,
76f, 127ff; Cinep, 2010: 155ff).
Alianzas con actores armados. El
ejemplo de los bananeros del Urabá (PNUD, 2011: 92ff; CNAI, 2010: 72ss;
CINEP, 2010: 113ff). En la década de los ochenta los dos sindicatos son
controlados por organizaciones políticas de la izquierda y sus brazos
armados-grupo guerrillero. Las actividades sindicales reivindicativas se
veían –conforme al principio de la combinación de todas formas de
lucha– como parte de una estrategia integral y contaban con el respaldo
del potencial de violencia de la guerrilla. Estas alianzas estratégicas
no les dejaban mucho espacio de autonomía a los sindicatos y exponían a
sus líderes y miembros a la violencia irregular de los paramilitares o
de los mandos militares.
En la década de los noventa la
violencia contra sindicalizados llegó a sus extremos cuando la lucha
territorial entre los grupos guerrilleros y paramilitares fue
sobrepuesta por conflictos violentos entre los desmovilizados del
Ejército Popular de Liberación (EPL) y los grupos guerrilleros que
seguían activos. En esta fase se les adscriben más asesinatos de
miembros de Sintrainagro a las guerrillas que a los paramilitares (PNUD,
2011: 98).
Después de que las guerrillas fueron
expulsadas de la región, la violencia física bajó; el sindicato se
consolidó y logró conquistas considerables en relaciones laborales más
bien cooperativas (PNUD, 2011: 101f).
El conflicto armado muchas veces se
ofreció como pretexto para aplicar violencia contra las actividades
políticas, sociales o sindicales de dirigentes sindicales o trabajadores
sindicalizados.
Actividades políticas o sociales. El
caso de Fecode, la federación más grande del país y con cobertura
nacional. El perfil de la violencia dirigida en contra de los miembros
de esta organización es más heterogéneo porque sus miembros han estado
involucrados en conflictos de diferente índole.
Los educadores en general, comparten
características que les hace particularmente vulnerables. Por un lado,
su organización tiene una alta capacidad de movilización, no solo por
sus intereses gremiales, sino también por las políticas de educación.
Los educadores como profesionales se convierten, por otro lado, en
protagonistas críticos en las regiones, militan en organizaciones
políticas, movimientos sociales e iniciativas ciudadanas. Por estas
razones, no solamente en los centros del conflicto armado han sido
discriminados y criminalizados como subversivos, sino que también se han
vuelto blanco de una “violencia estratégica” que apunta a su papel
público por parte de las elites locales y regionales (PNUD, 2012: 74ff).
Actividades sindicales contenciosas.
Los ejemplos de la Drummond, del sector energético de la Costa Atlántica
y de la Cooperativa Coolechera –apropiada por los paramilitares (CNAI,
2010: 185ff). Estos son casos de violencia dirigida a actividades
gremiales: debido a sus reivindicaciones y sus luchas contra la
privatización o contra despidos los dirigentes sindicales, fueron
tachados de guerrilleros y víctimas de la violencia paramilitar.
Los casos indican que la violencia
contra sindicatos, dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados
tiene fuentes, actores y motivos muy distintos (PNUD, 2011: 103ff). A
menudo es muy difícil distinguir si la violencia apunta a la
organización sindical y a las actividades sindicales o a las actividades
políticas y sociales de los afiliados en otros contextos
organizacionales.
La vulnerabilidad de los sindicatos colombianos
El poder sindical se alimenta de
fuentes diversas, no sólo de su capacidad de movilización y en su
conflictividad (Wright, 2000). La debilidad del sindicalismo colombiano
en el mercado de trabajo y en la sociedad tiene varias causas:
estructurales –la alta informalidad del empleo–; organizacionales
–afiliación muy baja y fragmentación–; institucionales –derecho laboral
restrictivo–; políticas –la marginalización y discriminación en el
sistema político institucional; culturales –la falta de respaldo por
parte de la opinión pública (PNUD, 2011: 15ss).
Tales condiciones, sin embargo, no
explican la violencia a la cual las organizaciones y sus miembros han
sido expuestas en las tres décadas pasadas.
Un factor explicativo es, sin duda,
la precarización del Estado, que no tiene el monopolio de la violencia,
no puede garantizar el orden legal y no protege las relaciones laborales
de la intervención de los actores externos. Así, tradicionalmente los
intereses privados han podido imponerse mediante la violencia irregular.
En las décadas pasadas, además, ha aumentado la diversidad de
organizaciones y actores que han aplicado y difundido la violencia
irregular, entre autodefensas, paramilitares, narcos, ‘Bacrim’,
guerrillas y hasta los mismos agentes del Estado. En estas condiciones,
los sindicatos fácilmente se convierten en blancos de la violencia,
porque con sus actividades gremiales y sociales afectan las relaciones
de poder. Entre los sindicatos colombianos, aquellos que están
politizados, se vuelven más vulnerables. Combinan actividades gremiales
conflictivas con discursos, críticas y actividades de la oposición
política; a menudo es difícil distinguir cuál aspecto es más importante.
Con esto, no solamente tienden a sobrecargar, tanto a la organización,
como a sus afiliados. En el contexto del conflicto armado y la
polarización política, también corren el riesgo de ser asociados a una
banda; más peligroso aún, cuando sus discursos políticos parecen estar
cerca a los de un grupo armado. Los análisis de la CNAI han revelado
estos riesgos.
Sin embargo, sería demasiado fácil
ver a los sindicatos sólo como víctimas de los procesos violentos. La
politización tiene unas implicaciones no suficientemente tratadas en los
informes del PNUD. La politización de los sindicatos se manifiesta en
la lucha de grupos o fracciones políticas por el control de las
organizaciones sindicales. Algunos grupos políticos –a menudo
marginales– en la tarima política institucional tratan de tal manera
ganar influencia.
De esta forma las organizaciones
sindicales pierden autonomía, se prestan para ser instrumentalizadas y
corren el riesgo de que sus actividades parezcan guiadas sobre todo por
intereses políticos.
Este tipo de politización tendría un
impacto fuerte en los procesos internos de las organizaciones
sindicales: si las actividades sindicales se controlan desde centros de
decisión externos, se dañaría la participación democrática interna,
porque las directrices políticas se imponen de manera autoritaria.
¿Debilitamiento del sindicalismo?
Desde los años ochenta la afiliación
sindical en Colombia ha decrecido de una manera dramática; esta tasa
hoy, es la más baja entre los grandes países sudamericanos. Es claro que
este proceso no solamente se debe a la violencia a la que los
sindicatos y sus miembros han sido expuestos en este lapso, sino también
a otros factores explicativos, como la restructuración económica, las
reformas laborales y los cambios en las formas de contratación en el
transcurso de la apertura económica.
Sorprende además, las observaciones
en el informe final del PNUD: Fecode y Sintrainagro –entre las
organizaciones más golpeadas por la violencia– han podido mantener sus
altos niveles altos de afiliación (PNUD, 2011: 145).
La fuerte disminución de acciones
sindicales contenciosas en las últimas dos décadas es interpretada por
el equipo del Cinep como otro indicio de un sindicalismo debilitado.
Pero ¿la frecuencia de huelgas y otras formas de la lucha laboral, son
indicadores de la fuerza y del poder de los sindicatos?
El equipo de la CNAI ofrece otra
explicación: intereses y demandas políticas que por mucho tiempo
orientaban las actividades contenciosas sindicales, se han desplazado a
la tarima política para ser presentados por el Polo Democrático
Alternativo como una alianza de los grupos políticos de la izquierda
(CNAI, 2010: 110/111; PNUD, 2011: 81). Esto no implicaría un
debilitamiento de los sindicatos, sino más bien su despolitización: la
separación de las actividades gremiales de las políticas. Tal
despolitización podría contribuir a descargar las actividades
sindicales, no solamente de la intervención de los actores internos,
sino del estigma de la politiquería o, aún más grave, de la alianza con
la subversión. Podría ayudar a disminuir la desconfianza de que se
escondan intereses o estrategias políticas detrás de las actividades
sindicales. Podría ampliar los espacios de la autonomía de los
sindicatos.
¿Es cierto que la autonomía de los
sindicatos y su capacidad de dar fuerza a los intereses de los
trabajadores frente al capital, se manifiesten en la frecuencia de
huelgas y otras formas del paro organizado? No hay un modelo único de un
sindicalismo auténtico ni de la acción sindical. Los sindicatos pueden
realizar políticas exitosas de representación de intereses, y mantener
su autonomía frente al capital y los actores externos por caminos muy
diferentes, con estrategias y orientaciones político-ideológicas
diferentes –como se muestra en Colombia y en otras partes
(Dombois/Pries, 2000; Hyman, 2001). La disminución de las actividades
sindicales contenciosas, por lo tanto, podría indicar –así el ejemplo de
Sintrainagro– no tanto el debilitamiento o la pérdida de autonomía,
sino más bien una reorientación de la política sindical que ha generado
resultados considerables: la despolitización por un lado, y la
adaptación de nuevas formas más cooperativas y más exitosas, de negociar
compromisos de intereses.
(1)En no más del 6% de casos de los más de 2.700 asesinatos se han condenado los autores materiales (PNUD, 2011: 156).
Bibliografía
Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad, 2010, “Evaluación de la judicialización de delitos
contra trabajadores sindicalizados”, Informe, Bogotá, DeJusticia.
Centro de Investigación y Educación
Popular, 2010, “Incidencia de la violencia contra los trabajadores
sindicalizados y evolución de su protesta”, Informe, Bogotá, Cinep.
Corporación Nuevo Arco Iris, 2010,
“La relación entre el conflicto armado y la victimización de los
trabajadores sindicalizados 1984-2009”, Informe, Bogotá, CNAI.
Dombois, Rainer/Pries, Ludger, 2000,
Relaciones laborales entre mercado y Estado. Sendas de transformación en
América Latina, Caracas, Nueva Sociedad.
Fundación Ideas para la Paz, 2010. “Estudio sobre la cultura frente al sindicalismo en Colombia”, Informe, Bogotá, FIP.
Hyman, Richard, 2001, Trade Union
Research and Cross-national Comparison (online), London, LSE Research
Online htpp://prints.lse.ac.uk/archive/00000757.
PNUD, 2011, “Reconocer el pasado, construir el futuro”. Informe sobre violencia contra sindicatos y sindicalizados 1984-2011.
Wright, Eric Olin, 2000, “Working
Class Power, Capitalist Class Interests, and Class Compromise”, American
Journal of Sociology, University of Chicago, Vol. 105, Nº 4, January,
pp. 957-1002.
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