jueves, 9 de agosto de 2012

VIOLENCIA ANTISINDICAL EN COLOMBIA









La publicación de un informe sobre la violencia antisindical en Colombia de 1984 a 2011, ha dado pie a varios comentarios sobre el mismo publicados por la revista Cultura y Trabajo, de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, que nos ha señalado el amigo y corresponsal de este blog, Edgardo González, el mismo autor de una monografía espléndida que lleva por título La difícil libertad sindical en Colombia, y que constituyó en lo esencial su tesis doctoral por la UCLM. El presente artículo es obra de un investigador de la Universidad de Bremen, en Alemania, Rainer Dombois, y resulta, como se comprobará, extremadamente interesante. El tema de los asesinatos de sindicalistas colombianos, ha sido rigurosamente secuestrado de las informaciones sobre la Colombia de Uribe a pesar de su gravedad y de los evidentes indicios de cooperación en este asesinato masivo y programado de los aparatos del estado colombiano. A continuación se ofrece íntegro el citado artículo y se conecta el mismo con otro que se publica en paralelo en el blog hermano Ciudad Nativa, Violencia contra los sindicalistas y actividades antisindicales 1984 - 2011


La violencia antisindical y la vulnerabilidad del sindicalismo colombiano


EN LA HISTORIA DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS LA VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LOS SINDICALISTAS SURGIÓ EN LA FASE DE institucionalización de las relaciones industriales: la libertad de asociación y el derecho a la huelga y a la negociación colectiva se impusieron contra la resistencia encarnizada de los empresarios y en contra del derecho vigente y del poder del Estado. Los sindicalistas también se convirtieron en víctimas de la violencia física en las dictaduras, cuando se suspendieron los derechos de ciudadanía políticos e industriales. En esta etapa, fueron encarcelados, e incluso asesinados, como en el tiempo del fascismo en las guerras sucias de las dictaduras militares de los años setenta y ochenta. En ambos casos las entidades del Estado fueron las que aplicaron la violencia, ya fuera en nombre del orden estatal tradicional o de manera irregular e ilegal.
La violencia antisindical en Colombia no encuadra bien con este patrón: se realiza en el contexto de un orden democrático y de relaciones industriales institucionalizadas que, en principio, deberían permitir la solución no violenta de conflictos de intereses colectivos. Además, Colombia ha ratificado un gran número de convenios de la OIT, entre ellos los que aseguran los derechos fundamentales. Por lo tanto, son incomprensibles la extensión de la violencia irregular contra los sindicalistas (no ligada a la ley ni a la moral), tanto como su impunidad (1).
Los trabajos que el consorcio de institutos de investigación ha desarrollado bajo el techo del PNUD son un aporte muy valioso para esclarecer el enigma. Presentan descripciones y explicaciones precisas de la dinámica de la violencia antisindical y la impunidad y sacan conclusiones prácticas. Con base en datos consolidados, las investigaciones sobre el contexto histórico-político-social y las formas, dinámicas y causas de la violencia, la persecución penal y las medidas preventivas, dan respuestas a muchas preguntas abiertas.
En este escrito no hay suficiente espacio para hacerle una valoración adecuada a este trabajo precursor del consorcio. Ante el espectro tan amplio de temas voy a limitarme a unas pocas preguntas tratadas en algunos de los informes.
La violencia contra sindicalistas ¿Es una violencia sistemática? ¿Qué relaciones tiene con actividades gremiales conflictivas? ¿Qué relaciones tiene con conflictos políticos en el país, sobre todo con el conflicto armado? ¿Qué impacto tiene en la capacidad organizativa y contestataria de los sindicatos?
Hago referencia sobre todo, a las respuestas que saco de los estudios del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep, 2010), de la Corporación Nuevo Arcos Iris (CNAI, 2010) y del Informe Final (PNUD, 2011). Voy a complementar mi lectura con algunas conclusiones acerca de la vulnerabilidad de sindicatos frente a la violencia.

¿Una violencia no selectiva?

En la discusión colombiana, con frecuencia se ha mantenido que los sindicalistas no forman blancos específicos de la violencia. Los informes, sin embargo, indican la aplicación sistemática y selectiva de la violencia contra líderes sindicales y trabajadores sindicalizados. La violencia se ha concentrado en determinados sindicatos y regiones (PNUD, 2011: 177). Más del 60% de los asesinatos entre 1986 y 2009 tuvieron como víctimas a miembros de tres sindicatos: Fecode (31%), Sintrainagro y los sindicatos bananeros antecesores (27,5%) y la USO (4,5%). Se obtiene una idea de la extensión de la violencia dirigida a sindicatos pequeños cuando estos datos se ponen en relación a los números de afiliados: Sintrainagro, con aproximadamente 16.000 miembros en Urabá, sufrió 708 asesinatos; la USO contó 115 asesinados entre sus afiliados –en 1984 tenía 12.000 miembros y después de la restructuración y privatización, 4.000 (CNAI, 2010: 24). Pero otros sindicatos pequeños también fueron afectados por violencia masiva: los de los cementeros de Puerto Nare, los de los palmeros y hasta el sindicato de la rama judicial.
La violencia antisindical también se ha distribuido de una manera muy desigual en el territorio colombiano. Se concentró en regiones como el Magdalena Medio y Urabá, y en algunos departamentos, principalmente en Antioquia y Santander, pero también en el Valle, Cesar y Magdalena.

El perfil y las explicaciones de la violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados

El perfil de la violencia antisindical –las formas, las regiones y los sindicatos más afectados– que muestran los informes, es más preciso que las explicaciones. El Cinep asume una relación causal con las “acciones contenciosas sindicales”, formas de paros legales o ilegales aplicados para lograr conquistas laborales o sociales o para defenderse de la violación de sus derechos:
“… en general toda esa violencia suele ocurrir con más intensidad en los momentos y sectores en donde hay más actividad sindical contenciosa, en especial cuando se acude a la huelga. Concomitantemente, será menor cuando dicha actividad decrece, pues en parte ha cumplido su objetivo de debilitar al sindicalismo. Así lo constatamos al observar que la violencia contra los trabajadores sindicalizados, tanto en el plano nacional como en los siete sectores específicos que estudiamos, parece incrementarse en los momentos de auge de la lucha sindical, articulada muchas veces a la popular. Y la respuesta violenta es más dura –masacres y asesinatos selectivos– cuanta más fuerza independiente hayan desplegado los sindicatos” (Cinep, 2010: 2).
La hipótesis de un nexo causal, sin embargo, no está sustentada por los datos (ver Cinep, 2010: 53): las fases de violencia excesiva –en los años 1996 y 1997 y entre 2000 y 2003– no han coincidido con fases fuertes de la movilización sindical.
El equipo del CNAI, mientras tanto, concede mayor peso en la explicación a la dinámica del conflicto armado y a las luchas políticas y militares por el poder local y territorial. Los sindicatos y sindicalistas más envueltos en estos conflictos han estado más expuestos a la violencia:
“La acción política al lado de las guerrillas o la lucha autónoma por la democracia desató una respuesta atroz y desproporcionada de las elites regionales, de agentes del Estado y de fuerzas ilegales” (CNAI, 2010: 10).
Los lugares del conflicto armado han sido, al mismo tiempo, los centros de la violencia, la cual apunta ya sea a las actividades sindicales o a las actividades de los trabajadores sindicalizados en organizaciones políticas o sociales. La CNAI distingue dos fases destacadas de la violencia, en cuyo intermedio se produjo un cese definido por la desmovilización de una parte de las guerrillas y por el acuerdo sobre la nueva constitución en 1991.
En la primera fase de la década de los ochenta los conflictos tratan, sobre todo, del poder local. En el marco de la apertura democrática y descentralización política los sindicatos y/o los sindicalizados participan en la movilización política y social. Esta última es a menudo respaldada, instrumentalizada o aprovechada por los grupos guerrilleros y encuentra una respuesta violenta por parte de las elites locales, de los paramilitares y de mandos militares (CNAI, 2010: 64f).
Los años noventa, mientras tanto, en muchas regiones del país están enmarcados en la lucha militar por el poder territorial de los paramilitares y sus aliados entre las elites económicas y políticas regionales, mandos militares y narcotraficantes, por un lado, y la guerrilla, por otro. La polarización de los actores en los territorios disputados y sobre todo la expansión del dominio paramilitar y parapolítico llevan a la estigmatización, persecución y expulsión de los miembros de organizaciones políticas y sociales inconformes (CNAI, 2010: 72).
Finalmente, en los últimos años, con el desplazamiento de la guerrilla a zonas más marginales del país y después de la desmovilización del núcleo paramilitar, la violencia se ha disminuido, pero queda en un nivel preocupante.
Los estudios de caso elaborados por los dos equipos sobre los sindicatos y las regiones más afectados por la violencia contra sindicalizados, señalan las limitaciones en las explicaciones generales, que no tienen en cuenta suficientemente la diversidad de los motivos de la violencia.
El conflicto armado –según mi lectura de los informes– forma el contexto principal de la violencia antisindical. Las relaciones de los sindicatos y/o los sindicalizados con este contexto, empero, pueden ser más o menos estrechas. Veamos algunos ejemplos de esas relaciones de los sindicatos más afectados por la violencia.
Convergencias políticas-ideológicas. El ejemplo de la USO, un sindicato clasista, independiente y con posiciones y demandas políticas (sobre todo las de la política petrolera) que fueron compartidas por grupos políticos de izquierda y sus grupos guerrilleros. La fuerte capacidad de movilización de sus afiliados, la participación en acciones de movimientos sociales y el respaldo no invitado de sus actividades por la guerrilla, contribuyeron a tachar y criminalizar a los dirigentes de este sindicato como seguidores de la guerrilla, y los expuso a la violencia de paramilitares y mandos militares, a pesar de que el sindicato se distanciara cada vez más de las actividades guerrilleras (PNUD, 2011: 83ff; CNAI, 2010: 48f, 76f, 127ff; Cinep, 2010: 155ff).
Alianzas con actores armados. El ejemplo de los bananeros del Urabá (PNUD, 2011: 92ff; CNAI, 2010: 72ss; CINEP, 2010: 113ff). En la década de los ochenta los dos sindicatos son controlados por organizaciones políticas de la izquierda y sus brazos armados-grupo guerrillero. Las actividades sindicales reivindicativas se veían –conforme al principio de la combinación de todas formas de lucha– como parte de una estrategia integral y contaban con el respaldo del potencial de violencia de la guerrilla. Estas alianzas estratégicas no les dejaban mucho espacio de autonomía a los sindicatos y exponían a sus líderes y miembros a la violencia irregular de los paramilitares o de los mandos militares.
En la década de los noventa la violencia contra sindicalizados llegó a sus extremos cuando la lucha territorial entre los grupos guerrilleros y paramilitares fue sobrepuesta por conflictos violentos entre los desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (EPL) y los grupos guerrilleros que seguían activos. En esta fase se les adscriben más asesinatos de miembros de Sintrainagro a las guerrillas que a los paramilitares (PNUD, 2011: 98).
Después de que las guerrillas fueron expulsadas de la región, la violencia física bajó; el sindicato se consolidó y logró conquistas considerables en relaciones laborales más bien cooperativas (PNUD, 2011: 101f).
El conflicto armado muchas veces se ofreció como pretexto para aplicar violencia contra las actividades políticas, sociales o sindicales de dirigentes sindicales o trabajadores sindicalizados.
Actividades políticas o sociales. El caso de Fecode, la federación más grande del país y con cobertura nacional. El perfil de la violencia dirigida en contra de los miembros de esta organización es más heterogéneo porque sus miembros han estado involucrados en conflictos de diferente índole.
Los educadores en general, comparten características que les hace particularmente vulnerables. Por un lado, su organización tiene una alta capacidad de movilización, no solo por sus intereses gremiales, sino también por las políticas de educación. Los educadores como profesionales se convierten, por otro lado, en protagonistas críticos en las regiones, militan en organizaciones políticas, movimientos sociales e iniciativas ciudadanas. Por estas razones, no solamente en los centros del conflicto armado han sido discriminados y criminalizados como subversivos, sino que también se han vuelto blanco de una “violencia estratégica” que apunta a su papel público por parte de las elites locales y regionales (PNUD, 2012: 74ff).
Actividades sindicales contenciosas. Los ejemplos de la Drummond, del sector energético de la Costa Atlántica y de la Cooperativa Coolechera –apropiada por los paramilitares (CNAI, 2010: 185ff). Estos son casos de violencia dirigida a actividades gremiales: debido a sus reivindicaciones y sus luchas contra la privatización o contra despidos los dirigentes sindicales, fueron tachados de guerrilleros y víctimas de la violencia paramilitar.
Los casos indican que la violencia contra sindicatos, dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados tiene fuentes, actores y motivos muy distintos (PNUD, 2011: 103ff). A menudo es muy difícil distinguir si la violencia apunta a la organización sindical y a las actividades sindicales o a las actividades políticas y sociales de los afiliados en otros contextos organizacionales.

La vulnerabilidad de los sindicatos colombianos

El poder sindical se alimenta de fuentes diversas, no sólo de su capacidad de movilización y en su conflictividad (Wright, 2000). La debilidad del sindicalismo colombiano en el mercado de trabajo y en la sociedad tiene varias causas: estructurales –la alta informalidad del empleo–; organizacionales –afiliación muy baja y fragmentación–; institucionales –derecho laboral restrictivo–; políticas –la marginalización y discriminación en el sistema político institucional; culturales –la falta de respaldo por parte de la opinión pública (PNUD, 2011: 15ss).
Tales condiciones, sin embargo, no explican la violencia a la cual las organizaciones y sus miembros han sido expuestas en las tres décadas pasadas.
Un factor explicativo es, sin duda, la precarización del Estado, que no tiene el monopolio de la violencia, no puede garantizar el orden legal y no protege las relaciones laborales de la intervención de los actores externos. Así, tradicionalmente los intereses privados han podido imponerse mediante la violencia irregular. En las décadas pasadas, además, ha aumentado la diversidad de organizaciones y actores que han aplicado y difundido la violencia irregular, entre autodefensas, paramilitares, narcos, ‘Bacrim’, guerrillas y hasta los mismos agentes del Estado. En estas condiciones, los sindicatos fácilmente se convierten en blancos de la violencia, porque con sus actividades gremiales y sociales afectan las relaciones de poder. Entre los sindicatos colombianos, aquellos que están politizados, se vuelven más vulnerables. Combinan actividades gremiales conflictivas con discursos, críticas y actividades de la oposición política; a menudo es difícil distinguir cuál aspecto es más importante. Con esto, no solamente tienden a sobrecargar, tanto a la organización, como a sus afiliados. En el contexto del conflicto armado y la polarización política, también corren el riesgo de ser asociados a una banda; más peligroso aún, cuando sus discursos políticos parecen estar cerca a los de un grupo armado. Los análisis de la CNAI han revelado estos riesgos.
Sin embargo, sería demasiado fácil ver a los sindicatos sólo como víctimas de los procesos violentos. La politización tiene unas implicaciones no suficientemente tratadas en los informes del PNUD. La politización de los sindicatos se manifiesta en la lucha de grupos o fracciones políticas por el control de las organizaciones sindicales. Algunos grupos políticos –a menudo marginales– en la tarima política institucional tratan de tal manera ganar influencia.
De esta forma las organizaciones sindicales pierden autonomía, se prestan para ser instrumentalizadas y corren el riesgo de que sus actividades parezcan guiadas sobre todo por intereses políticos.
Este tipo de politización tendría un impacto fuerte en los procesos internos de las organizaciones sindicales: si las actividades sindicales se controlan desde centros de decisión externos, se dañaría la participación democrática interna, porque las directrices políticas se imponen de manera autoritaria.

¿Debilitamiento del sindicalismo?

Desde los años ochenta la afiliación sindical en Colombia ha decrecido de una manera dramática; esta tasa hoy, es la más baja entre los grandes países sudamericanos. Es claro que este proceso no solamente se debe a la violencia a la que los sindicatos y sus miembros han sido expuestos en este lapso, sino también a otros factores explicativos, como la restructuración económica, las reformas laborales y los cambios en las formas de contratación en el transcurso de la apertura económica.
Sorprende además, las observaciones en el informe final del PNUD: Fecode y Sintrainagro –entre las organizaciones más golpeadas por la violencia– han podido mantener sus altos niveles altos de afiliación (PNUD, 2011: 145).
La fuerte disminución de acciones sindicales contenciosas en las últimas dos décadas es interpretada por el equipo del Cinep como otro indicio de un sindicalismo debilitado. Pero ¿la frecuencia de huelgas y otras formas de la lucha laboral, son indicadores de la fuerza y del poder de los sindicatos?
El equipo de la CNAI ofrece otra explicación: intereses y demandas políticas que por mucho tiempo orientaban las actividades contenciosas sindicales, se han desplazado a la tarima política para ser presentados por el Polo Democrático Alternativo como una alianza de los grupos políticos de la izquierda (CNAI, 2010: 110/111; PNUD, 2011: 81). Esto no implicaría un debilitamiento de los sindicatos, sino más bien su despolitización: la separación de las actividades gremiales de las políticas. Tal despolitización podría contribuir a descargar las actividades sindicales, no solamente de la intervención de los actores internos, sino del estigma de la politiquería o, aún más grave, de la alianza con la subversión. Podría ayudar a disminuir la desconfianza de que se escondan intereses o estrategias políticas detrás de las actividades sindicales. Podría ampliar los espacios de la autonomía de los sindicatos.
¿Es cierto que la autonomía de los sindicatos y su capacidad de dar fuerza a los intereses de los trabajadores frente al capital, se manifiesten en la frecuencia de huelgas y otras formas del paro organizado? No hay un modelo único de un sindicalismo auténtico ni de la acción sindical. Los sindicatos pueden realizar políticas exitosas de representación de intereses, y mantener su autonomía frente al capital y los actores externos por caminos muy diferentes, con estrategias y orientaciones político-ideológicas diferentes –como se muestra en Colombia y en otras partes (Dombois/Pries, 2000; Hyman, 2001). La disminución de las actividades sindicales contenciosas, por lo tanto, podría indicar –así el ejemplo de Sintrainagro– no tanto el debilitamiento o la pérdida de autonomía, sino más bien una reorientación de la política sindical que ha generado resultados considerables: la despolitización por un lado, y la adaptación de nuevas formas más cooperativas y más exitosas, de negociar compromisos de intereses.

(1)En no más del 6% de casos de los más de 2.700 asesinatos se han condenado los autores materiales (PNUD, 2011: 156).
Bibliografía

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2010, “Evaluación de la judicialización de delitos contra trabajadores sindicalizados”, Informe, Bogotá, DeJusticia.
Centro de Investigación y Educación Popular, 2010, “Incidencia de la violencia contra los trabajadores sindicalizados y evolución de su protesta”, Informe, Bogotá, Cinep.
Corporación Nuevo Arco Iris, 2010, “La relación entre el conflicto armado y la victimización de los trabajadores sindicalizados 1984-2009”, Informe, Bogotá, CNAI.
Dombois, Rainer/Pries, Ludger, 2000, Relaciones laborales entre mercado y Estado. Sendas de transformación en América Latina, Caracas, Nueva Sociedad.
Fundación Ideas para la Paz, 2010. “Estudio sobre la cultura frente al sindicalismo en Colombia”, Informe, Bogotá, FIP.
Hyman, Richard, 2001, Trade Union Research and Cross-national Comparison (online), London, LSE Research Online htpp://prints.lse.ac.uk/archive/00000757.
PNUD, 2011, “Reconocer el pasado, construir el futuro”. Informe sobre violencia contra sindicatos y sindicalizados 1984-2011.
Wright, Eric Olin, 2000, “Working Class Power, Capitalist Class Interests, and Class Compromise”, American Journal of Sociology, University of Chicago, Vol. 105, Nº 4, January, pp. 957-1002.

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