DILEMAS DE LA ACCIÓN POLÍTICO – DEMOCRÁTICA

Una oleada de manifestaciones ha recorrido Europa del sur en las dos últimas semanas. El pistoletazo de salida lo dio la gran concentración en Madrid del 15 de septiembre, convocada por la cumbre social y los sindicatos, a la que siguió la muy comentada manifestación del 25 de septiembre (25-S) de “rodea el Congreso”, a la que siguió una represión policial inusitada y una presentación por parte de las autoridades de gobierno abiertamente hostil al ejercicio del derecho de manifestación, en un intento de criminalizar las protestas que no resultó, ante la respuesta de masas que se produjo el propio día 26. El 29 y el 30 de septiembre se produjeron manifestaciones importantísimas en Lisboa – convocada por la CGTP – con cientos de miles de manifestantes, en Madrid se volvió a rodear el congreso a la llamada del movimiento 25-S, en Paris una muchedumbre de 80.000 personas, convocadas por la CGT se pronunció en las calles contra el Pacto Fiscal europeo exigiendo un referéndum, y, lo que resulta especialmente significativo, en Alemania se efectuaron manifestaciones en más de 40 ciudades, a iniciativa conjunta del sindicato Ver.di y la organización ATTAC. También en Varsovia, Solidarinosc  convocó  50.000 manifestantes, aunque esta movilización hay que leerla en clave plenamente nacional, sin la referencia al rechazo a las políticas de austeridad europeas que comparten los otros supuestos. La larga lista de movilizaciones no se detiene. El 7 de octubre, las manifestaciones convocadas por la Cumbre social y los sindicatos en  todas las capitales de provincia contra los presupuestos para el 2013 y la política de recortes, exigiendo un referéndum sobre las mismas, congregó a cientos de miles de personas. En Italia, los estudiantes han salido a la calle en una manifestación – fuertemente reprimida en Roma – el  8 de octubre;  en Francia, el 9 de octubre la CGT ha convocado una jornada de lucha y manifestaciones “en defensa del empleo y de la industria”, y Atenas está en estado de sitio ante la llegada de la canciller alemana a vigilar el cumplimiento estricto de las medidas de rigor –el “memorándum” – que generan  aún más sufrimiento a la población griega.

En ese contexto, los sujetos que aparecen en el mapa de la protesta y la resistencia son los viejos colectivos representantes de la clase trabajadora y nuevos sujetos que presionan para lograr un proceso constituyente, que en ocasiones se presentan atomizados en el extremo del espacio político. Esta pluralidad de actores ha llevado a algunos amigos a plantear una reflexión sobre su significado y sus implicaciones. Guillermo Gianibelli, jurista del trabajo argentino y ciudadano honorario de Parapanda, plantea de este modo sus reflexiones  que se transcriben a continuación con la esperanza de que puedan propiciar la apertura de un cierto debate sobre el tema.

Querido Antonio,

El blog se ha ido convirtiendo, al hilo de la crisis, en un espacio de mayor profundidad de análisis, de tono y alcance general en términos de políticas y momentos decisivos para las mismas. 

La última planteada, que pareciera instalarse en una suerte de dilema entre afirmación de la Constitución o apertura de un proceso constituyente, que también estaría en un punto de discusión entre los movimientos  que se manifestaron recientemente el 15-S y el 25-S, uno más articulado en función de la institucionalidad y la historia sindical y el otro evidentemente inorgánico, espontáneo o diverso, es no sólo una oportunidad de teorización sino, más acuciante, de dilucidación de los rumbos que podría tomar la contestación social a la crisis.

Podría, por ejemplo, plantearse la pregunta sobre si ¿es necesario, posible o pertinente analizar y actuar en la crisis sobre la base de una conformación social y política tal como se ha delineado y evidenciado en, por poner un período, los últimos 30 años?, en su formalización jurídica (la constitución democrática y de Estado Social) pero también en su materialidad cotidiana; y entender el período actual como una fase momentánea, excepcional y por ende a ser resuelta con los cánones de aquella conformación?; o, por el contrario, entender y sobre todo aprovechar este momento como una manifestación de los límites de aquella y, por tanto, una oportunidad para analizar y actuar por fuera, como una forma de transformar y, en alguna medida, denunciar las relaciones de poder – reales – que condujeron a la crisis y pretenden conjurarla sobre aquella misma base material de poder. 

Dicho de otro modo, ¿alcanza con seguir pensando el devenir de la política en ciernes con los moldes  - institucionales y fácticos – del período “democrático”?, ¿o dicho período no alcanzó en términos democráticos para evitar una usurpación definitiva de la soberanía popular por la oligarquía del dinero y las finanzas bancarias?, y entonces es preciso reconstruir, sobre otras bases, un ejercicio del poder “realmente” democrático.

En términos sociales parece ser que las constituciones de la segunda posguerra, que plasmaron el compromiso reformista para sustentar la paz, continúan siendo una aspiración a la vez posible y límite. La “constitución de los derechos” podría continuar siendo el programa político, de nuevo, posible y actuable, relativamente emancipador. Ocurre, sin embargo, que en ese proyecto constitucional, reconocidos como tal los derechos de propiedad y de empresa, y aún con ciertas válvulas normativas de limitación, se ha permitido que, por la propia lógica de la acumulación, los gestores y apropiadores de aquellos derechos hicieran sucumbir a los portadores de los derechos de ciudadanía y, con ello, el supuesto “equilibrio” que la constitución reformista proponía y que los sujetos políticos debían administrar. Así fueron claudicando partidos políticos que debían ser adalides de dicho pacto, se fueron sucediendo modificaciones normativas, muchas de ellas dirigidas a la relación capilar económica del contrato de trabajo y a su gestión colectiva, y se fue modelando una cierta anomia cultural que los mass media promovieron y aprovecharon. 

Por tanto así como aquella aspiración democrática que, insisto, puede y debería seguir siendo proyecto político social de quienes hoy contestan las políticas del BCE, se fue diluyendo,  se fue debilitando también el carácter normativo de la Constitución hasta convertirla en un marco precioso para una pintura que no guarda relación con el mismo. Las conocidas vías para que esto suceda, conceptualmente se pueden referir a dos: una, la excepcionalidad o emergencia económica que, a los fines de salvaguardar el Estado, debe ser “gobernada” también con medidas de emergencia y, por ende, saltando los caminos institucionales marcados, o negando el conjunto de derechos que rigen aún en dicho estado de excepción; la otra, también sobradamente conocida, está ya anticipada más arriba en términos de divergencia entre la Constitución formal y su correlato material, ahondando la fractura entre normatividad y efectividad. La vía de la excepcionalidad, de matriz schmitiana y cara a la “razón de Estado” lleva a la negación del Estado de Derecho sin más; la vía de la divergencia, que ha teorizado Ferrajoli, a la larga, también conlleva la sensación de inexistencia de la Constitución, de “papel mojado” como imputan los movimientos más cercanos al 25S.

Y entonces si aquella “constitución de los derechos”, en el marco de la correlación de fuerzas sociales admitida, debería ser suficiente programa en el actual contexto, ¿cómo hacer para recuperar su vigencia real, con qué fuerzas político sociales administrar el carburante necesario para desentumecerla y, lo más importante, cómo hacer retroceder a la oligarquía del dinero y las finanzas que estatuyeron, si bien a escala global pero con políticas locales, el reinado de la economía por sobre el conjunto social?. 

Aquí sí, en la medida y con el desarrollo de la crisis, con la visualización más directa y extendida de sus efectos, el paradigma del poder constituyente puede ser un vehículo de acumulación política y de ebullición creciente que transforme la potencia de contestación en sublevación constitutiva, que sea a la vez denuncia de la violación del pacto constitucional existente y del mismo modo afirmación de una nueva constitución de poder que lo rescate. Un poder constituyente no para cambiar la constitución formal sino para actuarla materialmente. Pero no ingenuo, puesto que ello podría conducir al mismo fracaso del largo período democrático anterior, sino sagaz y radical en el sentido de reconstituir poder social con otras redes y otra institucionalidad, con formas democráticas radicales  y con controles exigentes y crecientes a la propiedad privada, a la acumulación de capital, a la distribución de la renta y el excedente, a los medios de comunicación privados; con nuevas formas de propiedad social y bienes colectivos, con el aseguramiento vital de los derechos en términos de renta mínima de subsistencia, etc. 

La crisis como oportunidad es el momento en que justamente las “seguridades” que supuestamente el sistema confiere ya no son tales o muestran un resquicio en que la ecuación no es tan satisfactoria en relación a las posibilidades de otro mañana. Ello implica, también, que los movimientos sociales que lo alumbren rompan con las lógicas de actuación dentro del sistema. Si el sujeto sindical constituido se mira menos como gestor / contradictor de / en la crisis y más como sujeto vanguardia de aquel sentido del poder constituyente puede que articule aquella potencia y contribuya a conducir el porvenir.

Y nos queda, querido amigo, atender a otras sabias premisas que marcaste en tu bitácora, entre ellas la escala europea del proceso pero, como debe ser, queda para sucesivas y prontas tenidas…

Abrazos, Guillermo.