UN REFERÉNDUM QUE IMPIDA LA DEROGACIÓN DE DERECHOS LABORALES

En España, tras las movilizaciones del 15 de septiembre y 7 de octubre, la Cumbre Social que agrupa a más de 150 organziaciones sociales, entre ellas los sindicatos más representativos a nivel estatal CCOO y UGT, llevan a cabo una intensa campaña para exigir que se someta a referéndum el programa de austeridad y recortes puesto en práctica por el gobierno que nunca fué anunciado ni concretado - antes al contrario, fué negado explícitamente en muchas de las medidas que luego se aplicaron - en el proceso electoral. El próximo lunes, 15 de octubre, en el Paraninfo de la vieja Universidad Complutense, se presentará la Comisión Promotora del Referéndum en acto público en el que se emplazará al Gobierno a la convocatoria de una consulta a la ciudadanía sobre los diversos programas de recortes y ajustes que viene aplicando desde principios de año. 

Mientras esto sucede en España, en Italia se está poniendo en marcha un referéndum derogatorio de dos normas fundamentales que el último gobierno de Berlusconi y el gobierno "técnico" de Monti han introducido so pretexto de la crisis. Como ya saben los lectores del blog, uno de los miembros de la Comisión Promotora del referéndum italiano es Umberto Romagnoli. Acaba de publicar en el digital Eguaglianza e Libertà, dirigido por Antonio Lettieri, un artículo en el que explica la política del derecho subyacente a esta opción y en el que se encontrará más de una coincidencia con el debate que sobre las medidas de reforma se está produciendo en el ordenamiento español. Habla Romagnoli:

UN REFERÉNDUM QUE DEROGA LA DEROGACIÓN DE LOS DERECHOS

Umberto Romagnoli

Cuando se promueve un referéndum derogatorio se abre un camino cuesta arriba y lleno de incógnitas de varios tipos. Esta vez, sin embargo, los promotores de la consulta popular en referéndum sobre el art. 8 de la ley 2011/148 y sobre el art. 18 del Estatuto de lo trabajadores re-escrito por la ley 2012/92, tienen consigo una reconfortante certeza.

El caso es que la puesta en práctica de la campaña del referéndum equivale a una enérgica exigencia para discutir el armazón que fundamenta el discurso público relativo al (poco) trabajo que hay y el (tanto) trabajo que se busca y no se encuentra. Son innumerables los mitos que hay que destruir. Dicen que el surplus de rigidez de las tutelas de los padres echa a sus hijos en brazos de la “mala” flexibilidad; que el derecho del trabajo mata al derecho al trabajo; que lo nuevo no llega a afirmarse porque se lo impide los obstáculos diseminados aquí y allá de lo viejo que quiere sobrevivirse a si mismo. Se trata de la excrecencia ideológica de personas víctimas de una evidencia más onírica que empírica. La verdad es que bajo la violenta presión de un chantaje generalizado sobre el empleo, ha cedido el compromiso político sobre el que se funda la República. Es el compromiso que, conjugando la dimensión privado-social del derecho del trabajo con la componente público – estatal en un régimen de democracia constitucional, le ha permitido alcanzar su madurez, porque ha impedido al capitalismo estar en el ordenamiento jurídico sólo para aprovecharse de él.

Impregnado de liberalismo, el discurso político tiene por objeto la mercantilización del trabajo, es decir la anulación de su subjetividad que no ofrece espacio a la idea de que el trabajador tenga derecho a tener derechos. Basta reconocer que un objetivo de este tipo, cuya enunciación se remonta al Libro blanco del segundo gobierno Berlusconi, ha sido realizado con la lucidez de un Doctor Strangelove y la coherencia de un dogmático. Es cierto que se puede deducir de varias señales que las normas que constituyen el blanco del referéndum representan más la conclusión final de un programa de política del derecho sindical y del trabajo que una repuesta a la crisis económica actual. Sin que influyan en el desarrollo de ésta, tienen la finalidad de romper la relación de interacción entre economía y democracia sobre la que se ha construida la historia de Occidente en la segunda mitad del siglo XX, rediseñando sus equilibrios y estabilizarlos en una dirección netamente desfavorable al trabajo que pone en riesgo la cohesión del tejido social.

Que todo esto lo impusiera para afrontar una situación de emergencia la famosa carta de agosto del BCE es otra leyenda metropolitana. Sus autores se limitaban a preguntar sobre la valorización de la descentralización de la negociación colectiva a nivel empresarial, como por otra parte estaba previsto en el Acuerdo interconfederal de 28 de junio de 2011. No pretendían que unos sujetos privados, de incierta representatividad, pudieran negociar en un ámbito local derogaciones peyorativas a la normativa contractual de nivel superior  o incluso a la propia legislación.

Por el contrario, el art. 8 de la Ley del 2011 tiene las características de un comodín que sirve para todo. Subvierte nuestra constitución que hace del convenio colectivo sectorial de ámbito estatal el vehículo privilegiado de la instancia igualitaria según la cual a trabajo igual deben corresponder iguales derechos, y destruye el primado de la inderogabilidad de gran parte de las reglas legislativas con el pretexto de que en este mundo libre la autonomía contractual de quien busca o tiene un trabajo es idéntica a la de quien se lo puede dar o se lo puede quitar, marginando así la tutela jurisdiccional de los derechos.

La Europa de Draghi y de Trichet nos pedía revisar las reglas en el tema de contratación y de despidos (colectivos) en una óptica que no se apartaba de la de la flexiseguridad – que ella misma había patrocinado con insistencia – que es cómo sus expertos han denominado al conjunto de las tutelas contra el desempleo. Es decir que no recomendaba desmantelar el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto los motivos del encarnizamiento con el que ha sido fragmentada la tutela contra el despido improcedente tienen que encontrarse en otra parte. Puede suceder que haya sido decisivo el hecho de que, sin el consenso del PdL (el partido de Berlusconi) que formaba parte de la más extraña mayoría de la historia (no solo) de nuestra República, el gobierno Monti habría tenido que dimitir, y el PdL quería que  se legalizara  el robo de la norma-símbolo de un avanzado precepto legislativo pro labour  aunque sólo fuera para vengarse de la bofetada padecida por los tres millones de ciudadanos que hace diez años habían respondido a la “llamada a las armas” de Sergio Cofferati (en la manifestación en Roma del Circo Massimo). Pero podría haber sucedido  que el gobierno Monti no hubiera cedido a nada. Más aun, es muy posible que no lo haya hecho. De hecho, la validez de esta conjetura sirve para medir la politicidad de las opciones de un gobierno que se autodenomina técnico.