LOS PROCESOS ESPECIALES EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL

La editorial Bomarzo acaba de publicar una interesante monografía de la catedrática de la Universidad de Sevilla, María Fernanda Fernández López, sobre los procesos especiales que regula la nueva ley procesal de la jurisdicción social que, promulgada en noviembre de 2011, ya ha sido modificada (a peor) como consecuencia del RDL 3/2012 y, de nuevo empeorando su contenido, como consecuencia de la Ley 3/2012.A continuación se inserta una noticia sobre el libro, que resulta de extremo interés para los estudiosos del tema.

En el aluvión de textos legislativos de reforma del derecho de trabajo y de la seguridad social durante el trienio 2010-2012, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora del Orden Social de la Jurisdicción (LRJS),  cobra una cierta singularidad al tratarse, en sus contenidos y propósitos, de una norma distinta – “asintónica” ha sido denominada  – del resto de reformas sustantivas que se han ido encabalgando en nuestro ordenamiento jurídico en el contexto de las llamadas “reformas estructurales” requeridas por las políticas de austeridad. Quiere decirse que la LRJS está marcada por una lógica garantista de los derechos de los trabajadores que la singulariza respecto de las reformas “del mercado de trabajo”  emprendidas por el gobierno legislador “de urgencia”,  sin perjuicio de que esa lógica de tutela haya sido corregida a la baja en las recientísimas modificaciones que en el breve plazo de octubre del 2011 a febrero de 2012 ha sufrido la norma laboral, en una orientación de cuya constitucionalidad cabe dudar con mucho fundamento. 

La norma procesal laboral quiere ser por tanto un texto legal que articule una garantía eficaz de los derechos laborales y la tutela efectiva de los mismos, introduciendo modificaciones de importancia en cuanto al aumento de las competencias de la jurisdicción social, la resolución de algunos problemas interpretativos que se habían verificado en la práctica de la ley y, en fin, en la tendencia a considerar al juez de lo social como el garante ordinario de los derechos fundamentales  ejercitados en el trabajo. Esto hace, por consiguiente, que la reforma que pone en práctica la LRJS sea “ante todo, una reforma vertida en sus modalidades especiales”. Desde ese entendimiento, la profesora Fernández López aborda la exposición de los procesos especiales en la nueva ley de la jurisdicción social recalcando su “centralidad” a la hora de explicar y comprender el alcance de la reforma de la ley procesal. 

La autora reitera su opinión, no obstante, sobre la falta de entidad de algunos de estos procesos, que podrían integrarse perfectamente en las reglas del proceso ordinario, pero resalta las novedades que alteran – y fortalecen – la función del juez de lo social. De manera especialmente relevante en lo que se refiere a la atribución competencial en el ámbito de la intervención administrativa en el marco de las relaciones laborales, en donde se plantea como un problema abierto a la interpretación judicial la relación entre la LRJS y la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1998, pero también en la creación de nuevas modalidades procesales como son los procesos de impugnación de actos de la Administración. En otros procesos, como en el de materia electoral o en el de conflicto colectivo, las reformas ha n sido muy profundas, y la modalidad procesal de garantía de los derechos fundamentales ha visto perfilar con mayor energía la posición de tutela de los mismos por parte del juez de lo social. En el proceso de despido, por último, la LRJS acentúa el carácter revisor de las decisiones empresariales, frente a una dirección legislativa contraria presente en las reformas del 2012 que buscan la debilitación de la función jurisdiccional, constitucionalmente determinada, de controlar la corrección y causalidad de la decisión unilateral del empresario de extinguir el contrato de trabajo.

El libro de Fernández López aborda este conjunto de cambios mediante una exposición clásica, comenzando por los procesos de despido “y derivados”, para seguir con los procesos de oficio y monitorio, los procesos de seguridad social y de impugnación de actos administrativos  para por fin examinar los procesos colectivos  y el proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. Como nos tiene acostumbrados su autora, es un trabajo claro y terminante, bien escrito y estructurado a la perfección, en el que se encuentran las claves de la nueva regulación, sus titubeos y sus contradicciones, junto con las líneas críticas derivadas de un análisis impecable.

LOS PROCESOS ESPECIALES EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL.

María Fernanda Fernández López. Editorial Bomarzo, Albacete, 2012, 236 pp, 28 €.