Enrique Lillo es un bien conocido abogado laboralista que ha acompañado la creación y el desarrollo de los servicios jurídicos de CCOO desde la posición de abogado de rama hasta el asesoramiento confederal. Desde hace tiempo es responsable del Gabinete Interfederal de CCOO. La Revista de la Fundación 1 de Mayo ha publicado una entrevista, realizada por Carmen Rivas, en la que Lillo explica las consecuencias de la reforma laboral focalizándolas en los despidos colectivos y la degradación de la negociación colectiva. Frente a ello, no cabe sino una respuesta social activa y contundente, porque la apuesta en juego es muy fuerte, aunque Enrique Lillo muestra la capacidad de resistencia que posibilita la acción jurídica de defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores y su importancia central en estos momentos. El texto de la entrevista, en el número 47 de la Revista de la Fundación, enero 2013.
Pregunta: La crisis económica esta teniendo profundas repercusiones
para los trabajadores tanto por la pérdida de empleo como por el empeoramiento de
las condiciones económicas y sociales a causa de las reformas laborales, en
especial, la última aprobada del gobierno del Partido Popular.
R.: Esta última reforma laboral supone una carnicería para los
trabajadores que, si se consolida en los términos en que ha sido diseñada por
el Partido Popular, va a traer un empeoramiento y empobrecimiento, que ya se
está dando, de las condiciones de vida los trabajadores y de sectores de las
clases medias y puede significar también el propio cuestionamiento del futuro
de los sindicatos. La reforma laboral, no sólo abarata y facilita el despido,
que pasa a ser de 20 días o de algo más de 20 días para aquellos casos en que
los trabajadores acuerden con sus empresas. La reforma laboral puede suponer,
si se consolida como proyecto, el enterramiento de la negociación colectiva y sin
negociación colectiva no existen sindicatos. Y digo enterramiento porque al
favorecer los convenios de empresa y la caducidad en la ultra actividad de los
mismos puede hacer que los trabajadores se queden sin convenio colectivo de
aplicación. Esto va a generar muchas más dificultades materiales para negociar
nuevos acuerdos.
P.: ¿En qué momento de la aplicación de la reforma laboral nos
encontramos y cual es su apartado más peligroso, más dañino para los
trabajadores?
R.: La aplicación de la reforma laboral como digo tiene dos fases, en la primera el abaratamiento masivo
del despido, reducción salarial y empobrecimiento de los trabajadores y de
amplios sectores de la clase media y la reducción o pérdida de sus condiciones
laborales. En la segunda fase que puede empezar en junio, desaparecen buena
parte de las unidades de negociación, si estos convenios no son renegociados
antes de junio de 2013. Creo además que esta reforma laboral implica que a los
trabajadores se les dificulta sus posibilidades de defensa frente a los
empresarios. Digo esto porque la reforma laboral exige a los sindicatos y a sus
abogados un esfuerzo profesional de entendimiento de la nueva regulación de
despidos colectivos y de la nueva regulación de las modificaciones sustanciales
de condiciones de trabajo que implican reducciones salariales. Y eso exige adquirir
conocimiento sobre economía de la empresa: balance, auditorias, cuentas de
resultados, memorias. Para lo cual se necesita no sólo un replanteamiento del
contenido cognitivo de los abogados sino también de los propios sindicalistas.
P.: Entiendo muy bien que los abogados tengan que ponerse al
día de la nueva legislación laboral y conocer a fondo los mecanismos que les
permitan argumentar las demandas pero, ¿por qué, también los representantes de
los trabajadores necesitan adquirir esos conocimientos sobre economía de empresa?
R.: Los sindicalistas deben familiarizarse inmediatamente y
empezar a estudiar y aprender sobre periodos de consulta, información dentro
del periodo de consultas, qué tipo de documentación hay que preparar, descifrar
el contenido de la documentación económica puesto que su función no va a ser
sólo negociar la indemnización económica. Si no se tienen estos conocimientos
no se podrá defender bien el periodo de consultas y tampoco se podrá articular,
correctamente, la demanda de impugnación colectiva. Para esto hacen falta más
medios técnicos, sobre todo de economistas familiarizados con la situación
económica en la empresa y más conocimientos por parte de los sindicalistas de
las documentaciones de las empresas, de las memorias, los balances y las
cuentas de resultados.
P.: ¿Con estos nuevos conocimientos se podrá minimizar el
impacto de la última reforma laboral o simplemente hacer frente a la agresión?
R.: Servirán para hacer una lucha exclusivamente defensiva. Conseguir
un buen pacto en un expediente de regulación de empleo evidentemente es un
problema sindical pero también ahora, a raíz de la reforma laboral, es un
problema técnico, económico y jurídico. El desafío es tan grande que el hecho
de que rebajen las indemnizaciones, que te cuestionen la negociación colectiva y
que te obliguen, si quieres defenderte, a unos esfuerzos técnicos que necesitan
muchos recursos y medios, nos sitúa ente un panorama muy desolador que es en el que nos ha colocado el Partido Popular.
P.: ¿Cuando hablamos de impugnación colectiva a qué nos estamos
refiriendo?
R.: Nos estamos refiriendo a la demanda de dimensión
colectiva que deben presentar la representación colectiva de los trabajadores
si el ERE ha sido decidido unilateralmente por la empresa. Es decir si no se ha
alcanzado un acuerdo colectivo dentro de los plazos previstos para poner en
marcha el Expediente de Regulación de Empleo o del despido colectivo entonces
hay que hacer una demanda de impugnación y esta demanda de impugnación exige
conocer bien los entresijos económicos, mercantiles de la propia empresa y eso
requiere medios que nos permitan conocer esos entresijos. Además hay que saber
que la ley de reforma laboral favorece mucho al empresario. Si el empresario
presenta sus cuentas y sus documentos formales, el éxito de la impugnación colectiva
va a ser más difícil que si el empresario no presenta la documentación en
regla. La impugnación colectiva cobra una importancia trascendental ya que una
de las grandes faenas, por decirlo con claridad “putadas” de la reforma laboral
del PP es la supresión de la autorización administrativa de los expedientes de
regulación de empleo. Esto ha obligado al cambio de modelo de gestión de los despidos
colectivos y tiene como consecuencia el propio abaratamiento de esos despidos,
que ya no necesitan la autorización administrativa en la que el papel de la
Inspección de Trabajo era fundamental. Ya te la juegas en un pleito y este
pleito es de articulación procesal difícil y por eso digo que han hecho a
propósito las tres faenas de la reforma laboral: abaratamiento del despido con
reducción del salario y empobrecimiento generalizado de los asalariados, incluso
de la clase media, hundimiento de la negociación colectiva con la pérdida de la
ultra actividad de los convenios y poner trabas y dificultades técnicas a los
trabajadores y a los sindicatos para que puedan defenderse de esta avalancha.
P.: Esta habiendo muchos ERES en los medios de comunicación y
buena parte de ellos, la mayoría, los están ganando los trabajadores. Esto
¿a qué se debe?
R.: Primero a que muchos empresarios tenían compromisos y pactos
previos a la reforma laboral y han interpretado que la reforma laboral modifica
y anula esos pactos y esto es un disparate, jurídicamente hablando porque los
pactos y los compromisos no dependen de la ley aplicable si no que tienen una
vigencia por si mismos. Por otro lado, la interpretación judicial es exigente en
cuanto al cumplimiento de las obligaciones de información económica y de
negociación real dentro del periodo de consultas. Estas obligaciones de
información exhaustiva y de negociación real con los representantes de los trabajadores
dentro del periodo de consultas están incluso claramente establecidas por las
directivas comunitarias y por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Yo creo que estos incumplimientos ha motivado que los jueces velen por
la pureza del procedimiento y que aquí los despidos colectivos no se utilicen
para actuaciones fraudulentas o iniciativas que suponen simplemente el
incumplimiento de otros apartados de las leyes laborales, de la ley de seguridad social, del código de comercio o de la ley
de sociedades anónimas.
P.: Estás coordinando el recurso de los
trabajadores de la Radio Televisión Pública de Madrid contra el expediente de
Regulación de Empleo que ha despedido al 80% de la plantilla. Creo que este ERE no tiene
precedentes ni por la forma ni por el fondo…
R.: A mi me parece que lo que ha hecho la
dirección de Telemadrid es simplemente un acto de represión política y social.
Es verdad que tendría pérdidas por la pésima gestión de directivos. Pero la
solución que da es, desde el punto de vista social y legal, descabellada puesto
que pretende desmantelar el servicio público con el despido de la inmensa mayoría
de la plantilla, sin respetar la garantía de prioridad de permanencia de los
representantes legales y sindicales. Además ha desmantelado su propia justificación
que es la realización de actividades informativas, puesto que los periodistas
que han superado oposición han sido despedidos y han dejado a otros que no han
pasado por ninguna prueba objetiva para su contratación. La actuación es
claramente fraudulenta y desproporcionada, una medida abusiva porque implica la
expulsión de la práctica totalidad de la plantilla. Tiene también un carácter de
especulación económica y de contenido ideológico y político puesto que pretende
sustituir el trabajo y la actividad de los empleados de Telemadrid por empresas subcontratadas. Con la situación que
tenemos en España en donde todos los días vemos que uno de los canales por los que
se está desarrollando la corrupción política es el cobro de percepciones
económicas por empresas subcontratadas, resulta absolutamente censurable que
ahora se sustituya a la plantilla de Telemadrid
por empresas externas que, a cambio de la adjudicación, en ocasiones pagan la
denominada mordida.
P.: Si la reforma laboral llega a aplicarse en su
totalidad, ¿qué es lo que nos espera?
R.: El futuro no podemos saberlo. Pero si no hay
una respuesta y una reacción social inmediata y masiva que haga ver al PP el
rechazo total y radical de la sociedad, el futuro que nos espera es de más
pobreza de la que ya hay, indefensión de trabajadores y cuestionamiento de la
viabilidad y del futuro de los sindicatos junto con el cuestionamiento y la viabilidad de las fuerzas de izquierda.
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revista DE LA FUNDACIÓN
Esta muy bien
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