LA GLOBALIZACIÓN COMO ANTECEDENTE Y LA CRISIS COMO CONTEXTO DE LA REFORMA LABORAL

El Consejo General del Poder Judicial ha establecido desde hace tiempo un premio anual en materia social que denomina "Rafael Martínez Emperador", en memoria del que fué Magistrado de la sala 4ª de lo social del Tribunal Supremo y fué asesinado por ETA a la puerta de su casa de Madrid, en la calle Menorca de Madrid. El premio se otorga al mejor trabajo de investigación en materia social y en el de esta edición lo han obtenido Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del trabajo de la Universidad de Vigo, y Fernando Lousada, Magistrado de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El trabajo lleva por título ‘La globalización económica como antecedente y la crisis económica como contexto de la reforma laboral 2010/2012′ y se trata de un texto muy razonadamente crítico con la reforma última del Partido Popular. Se dice que el CGPJ, que selecciona anualmente a los mejores trabajos de investigación jurídica, consideró que este era el estudio “más completo y exhaustivo de los presentados” al abordar desde todos los ángulos y “con sentido crítico y analítico” las últimas reformas laborales adoptadas en España, así como sus dinámicas legales y jurisprudenciales. Jaime Cabeza ha sido entrevistado por el Diario Jurídico www.diariojuridico.com, en entrevista destacada que nosotros reproducimos parcialmente por su indudable interés.

¿Qué les motivó a escribir un trabajo de 520 páginas sobre la crisis y las reformas laborales?

La motivación viene por varias vías. Fernando Lousada y yo tenemos una larga amistad y una larga trayectoria de trabajo en conjunto que nos anima a abordar nuevas iniciativas. En segundo lugar, los dos sentimos una gran admiración por la memoria de Rafael Martínez Emperador, que fue un magistrado de lo Social con mayúsculas.

A partir de ahí, la reforma del 2012 y la concreción de reformas desde hace años era un tema muy atractivo que casi no podíamos obviar. En medio de este reto salió la convocatoria y nos pusimos manos a la obra.

¿Qué destacaría una vez terminado el texto?

Se trata de un trabajo que aborda varios aspectos. No cabe duda que hacemos un análisis crítico de la normativa y de la jurisprudencia, pero también realizamos una contemplación de la negociación colectiva y de cómo ha evolucionado en España en los últimos años. Sobretodo, lo que destacámos es la improvisación del legislador, la mirada corta, no tener el horizonte más allá de lo inmediato y, en particular, cómo progresivamente, nuestro sistema va perdiendo esa sistematicidad.

Ha pasado casi un año desde la reforma laboral de febrero de 2012 y no sólo no se ha creado empleo sino que tampoco se ha frenado la caída. De hecho, el paro ha pasado del 22% al 26%. ¿Obliga esto a hacer una lectura negativa de la reforma impulsada por el Gobierno?

Yo creo que la reforma no es el elemento fundamental para que crezca el empleo. De la misma forma que en su momento pensábamos que no servía para revertir la situación económica, tampoco ahora queremos ser especialmente duros en atribuir culpas a la propia reforma en el incremento del desempleo.

Sí que es verdad que ha facilitado el despido colectivo y que ha flexibilizado el despido de una forma muy importante, por lo que las empresas han tenido muchas más oportunidades para despedir. Pero no pensamos que el incremento de cuatro puntos en el desempleo de 2012 se deba fundamentalmente a eso sino a otra serie de elementos externos a la regulación del mercado de trabajo.

Básicamente al contexto económico, ¿no?

Sí, entre otros. Al contexto fiscal, al de los incentivos y, en definitiva, al contexto de una situación particular que estamos atravesando a nivel global y español.

¿La flexibilidad interna está siendo una alternativa real al despido?

Tenemos la tentación de evaluar las reformas en el muy corto plazo. Yo diría que particularmente no. Pero particularmente no, entre otros motivos, porque la negociación colectiva todavía no ha tenido tiempo de adaptarse a la reforma laboral. Con todo, la reforma no está contemplando la mobilidad como una alternativa al despido sino como dos elementos acumulativos.

Es decir, la reforma del 2011, por mucho que la retórica diga otra cosa, no prima la flexibilidad interna frente al despido, sino que sitúa los dos en paridad de condiciones. Lo que a la práctica quiere decir que se facilita más al despido.

¿Era necesario hacer otra reforma laboral?

En el trabajo, nuestra valoración de la reforma está expresada de forma muy negativa. Consideramos que fue precipitada e innecesaria. En el año 2011 se reformó el marco de la negociación colectiva como una modificación muy intensa de la que parte la de reforma 2012. En seis meses no se le dio tiempo para respirar, para desplegar sus efectos.

Por otro lado, en 2010 se hizo una reforma muy intensa e interesante en el mercado de trabajo que tampoco pudo ser desarrollada en efectividad. Y justo la misma semana en que salió la reforma laboral, se publicó en el BOE el acuerdo entreconfederal de negociación colectiva en que las dos partes, sindicatos y patronales, expresaban e incrementaban la flexibilidad interna.

Es decir, el Gobierno tenía que haber esperado, sin duda. Pero yo creo que es una reforma muy deliberada hecha al servicio de los intereses de las empresas muy claramente.

Desde su punto de vista, ¿Qué se debería haber hecho?

Eso es un tema muy político. La reforma es deudora de los intereses del autoritarismo, del despido flexible y de la rebaja de los derechos de negociación colectiva.

A partir de ahí, ¿Qué es lo que se debería haber hecho? No cabe duda de que el mercado de trabajo y su regulación debe ser actualizada periódicamente, pero con una serie de valores que a nosotros nos parece que deberían ser mucho más democráticos.

La autonomía colectiva debía haberse mantenido mucho más íntegra de lo que se ha mantenido. Pensamos que había que haber mejorado los mecanismos de impugnación judicial. Creemos que está bien que en el despido colectivo se retire la autorización administrativa pero cumpliendo de una forma mucho más real y auténtica, lo que pretende la Directiva comunitaria, esto es, que realmente la Administración pública se implique en buscar una solución al despido colectivo.

Son elementos, en definitiva, que deberían crear un mercado de trabajo en el que hubieran más inercias entre el poder público, las empresas, las organizaciones sindicales y, en general, el tejido productivo. Esto es muy vago dicho así, pero implica, desde luego, una reforma bastante más equilibrada.

Algunos sindicatos aseguran que lo que se está logrando es que todos los conflictos se judicialicen. De hecho, la reforma recoge entre sus objetivos que se limite la discrecionalidad de los jueces ante un despido. ¿Qué responsabilidad tiene la judicatura para tutelar estos derechos socioeconómicos?

Yo creo que no demasiado. Por lo menos, digamos que el legislador quiere atarle muy en corto. Pero yo creo que tiene más responsabilidad de lo que quiere el legislador.

Por poner un ejemplo, tenemos el caso de esta patronal que está realmente furiosa con la interpretación que está haciendo de los despidos colectivos. Pues eso era previsible. Los despidos colectivos pasan de un sistema de autorización administrativa previa a un sistema de valoración judicial a posteriori, lo que produce que los jueces de lo Social tengan que valorar si hay causa o si no hay causa, si efectivamente hubo una fase de consultas donde hubo buena fe, y los resultados están a la vista. Son los resultados esperables de lo que tiene que ser la función judicial.

Por el contrario, cuando se trata de despidos individuales, me da la impresión de que este año ha asistido a cierta desjudicialización porqué al trabajador ya le queda poco que reclamar. Así que en definitiva, probablemente disminuirá en el medio plazo el número de demandas por despidos individuales.

En el trabajo también hablan del fracaso de la Europa de los ciudadanos frente a la Europa de los mercaderes. Amplíenos esa idea.

Nostros creemos que ha habido un desarrollo muy importante de las políticas sociales europeas a partir de la acta única europea de 1986 que encuentra su culminación con el tratado de Ámsterdam. Esto tiene bastante que ver con la política, pero, en definitiva, podemos situar el punto de inicio con la incorporación de los estados del este de Europa en 2004 y 2007. Se ha producido una fuerte paralización de las políticas sociales europeas que, por decirlo así, han descendido de jerarquía.

En este sentido, también hay que anotar cambios. La Comisión europea está mucho menos volcada en lo social y mucho más volcada, en general, en la competitividad y en la flexibilidad, y no cabe duda de que los cambios políticos y el predominio del partidos liberales en Europa producen que el Tribunal de Justicia esté compuesto por magistrados mucho más liberales y mucho menos sociales de lo que eran hace años. Y eso se refleja en sentencias, en documentos de la comisión, y en directivas. O más bien, en ausencia de directivas. Estamos asistiendo en un retroceso de lo social a pasos agigantados.

Algunos defienden estos cambios, como la moderación salarial, diciendo que seremos más competitivos. ¿Lo considera una justificación válida?

Yo creo que no somos las personas más indicadas para opinar de eso. Sin embargo, como ciudadanos diríamos que la jugada resulta muy obvia: volver a la competitividad a través del ‘dumping’ social y a través de una bajada de los costes de producción.

Es evidente, y lo está diciendo el Presidente del Gobierno por ahí fuera, que ahora es muy atractivo invertir en España porque combinamos la seguridad jurídica de pertenecer a la Unión Europea con los costes laborales propios de un país bananero. Estamos volviendo a competir, por desgracia, a la altura de los países que no pertenecen al primer mundo, que no compiten a través de la calidad, de la investigación y el desarrollo, sino a través de los costes salariales. Y creemos que eso, como sociedad, nos empilece pero es una apuesta muy estratégica del Gobierno que está funcionando.

En su trabajo también destaca que el inicio de la recesión fue en Estados Unidos en el año 2007. ¿Por qué es tan importante ese dato?

Porque me parece que esa inflexión fue fundamental en todos los aspectos. Los Estados Unidos son paradigma en muchas cosas. Y muchas veces despreciamos su sistema jurídico por liberal y desregulador, y sin embargo, tiene muchas enseñanzas en lo político y también en elementos sociales. Por ejemplo, la concepción de las políticas anti-discriminatorias, la concepción, en general, de ciertos elementos como la negociación colectiva. Nos pareció un punto de partida interesante.

¿Cuánto tiempo cree que puede aguantar España en esta situación? ¿Que es lo más urgente que se debería hacer?

Yo no soy político, soy un modesto laboralista pero diría que la exigencia en el muy corto plazo, en lo laboral, es regular de una forma mucho más proactiva el empleo. Por ejemplo, regular la prestación por desempleo para que esté mucho más al servicio del reempleo. Aquí a los desempleados se les invita a no asumir ningún riesgo porqué los riesgos son penalizados. Habría que avanzar con elementos tan obvios como compatibilizar la prestación por desempleo con el inicio de una actividad como autónomo y, en general, con el entramado del empleo.

Por ejemplo, el empleo se ha liberalizado. Ahora las empresas de trabajo temporal pueden ser agencias privadas de empleo con ánimo de lucro. La pregunta es: Habrá que pedirles que rindan cuentas, ¿no? Si no mejora la situación de empleo en el corto plazo es que la apertura de la iniciativa privada ha resultado estéril. Ahora es tan culpable, por decirlo así, de que el mercado esté estancado, una empresa de trabajo temporal como el servicio público de empleo.

Habria que crear un sistema mucho más proactivo en el que se invierta más en políticas activas de empleo. Desde el año 2011 se ha hecho justamente lo contrario, que es recortar en personal en el servicio público de empleo estatal y en los servicios autonómicos. Hay que hacer el recorrido inverso. Los países proactivos invierten el 4% del PIB en políticas de empleo. Mientras nosotros no lleguemos a esas cifras estaremos en deuda con nuestros desempleados.

Y, desde luego, las reformas laborales no son ninguna herramienta para revertir la situación. La legislación laboral, si es mala, puede retardar la recuperación pero, en cambio, no va a mejorar las cosas. La época de menor desempleo, en 2005-2006, fue una época en la que teníamos un mercado de trabajo más rígido de lo que tenemos actualmente y eso no fue una barrera para que llegáramos a un desempleo prácticamente friccional. Las reformas laborales tienen bastante poco que ver con la situación del empleo en nuestro país.

El derecho del trabajo es un sistema jurídico de defensa de los derechos de la parte más débil, que es el trabajador. Un sistema en que el trabajador no pierde sus derechos más fundamentales cuando entra a la fábrica. Y lo demás creo que son adherencias. Evidentemente hay que eliminar algunas rigideces pero creemos que esa no es la solución de los grandes problemas.

Hablando de políticas activas, el Gobierno ha anunciado recientemente que se reducirá la cuota de los autónomos a 50 euros durante los seis primeros meses. ¿Sería este un buen ejemplo?

Yo creo que este es el ejemplo palmario de que no hay una reflexión suficiente en el Ministerio de Empleo. Eso está suficientemente contemplado en el Estatuto del Trabajador Autónomo y se tendría que hacer con una orden ministerial sin darle ninguna publicidad, como se ha hecho con tantas otras cosas.

En definitiva, estamos hablando de ahorrarles a los autónomos ciento y pico de euros durante seis meses. Si ese es todo el recorrido que se puede hacer con las políticas activas de empleo, apaga y vámonos. Me parece inmensamente frívola esa iniciativa. No digo que sea mala, pero tampoco creo que vaya a decantar a muchos jóvenes para que inicien una actividad como autónomos si no va acompañada de otras medidas mucho más estructurales y de acompañamiento. Y también creo que ese tipo de medidas corresponden mucho más a las comunidades autónomas que al Gobierno.

¿Por qué?

Porque la Constitución dice que el fomento de la actividad económica en cada parte del territorio es competencia de cada Comunidad Autónoma. Dicho de otro modo, está bien que el Estado lance programas y que actúe, pero que actúe coordinadamente con las Comunidades Autónomas.

Además, creo que habría otros elementos que incentivarían más el trabajo autónomo como la mayor protección del trabajo económicamente dependiente. Aquellos que trabajan para una empresa adquiriente como autónomos tienen una escasa protección y la protección de sus derechos sería un elemento de incentivación.

Lo que necesitamos es seguridad jurídica y económica. El problema con el que se enfrenta una persona autónoma es la incertidumbre hacia el futuro. No creo que el cortísimo plazo incentive iniciativas empresariales sino un marco regulador en el que se sepa que puede tener ciertas garantías frente a las empresas clientes, que pueda desarrollar con cierta seguridad. Con ciertos derechos paralaborales, este sería un recorrido mucho más fértil.

Sin embargo, la ley ya contempla protecciones para los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes…

Sí, pero de una forma abstrusa y difícil. Este ha sido un año de retroceso. Es muy difícil reconocer la condición de TRADE porque hay que judicializarlo muchas veces. Creo que la cuestión es que haya cierta previsibilidad y no enfrentarnos a un futuro tan sumamente incierto.