EL INFORME DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS PENSIONES: HABLA JOAQUIN APARICIO

Con las debidas autorizaciones, traemos a esta bitácora el texto que Joaquín Aparicio ha publicado en el blog hermano Desde mi cátedra en el que analiza magistralmente alguno de los elementos del informe de los expertos sobre la "sostenibilidad" de las pensiones. Se trata por tanto de un texto que junto a otros, como los de Joan Coscubiela en Nueva Tribuna Descodificando a los expertos,

o al voto particular de Santos Ruesga que ha publicado Metiendo Bulla, El voto en contra en la comisión de sabios  , 

sirven para calibrar el alcance de un texto que incomprensiblemente ha firmado el representante de CC.OO y director de su gabinete económico confederal, en completa oposición a la línea política y a las declaraciones  de este sindicato, y poniendo en riesgo la unidad de acción,  reafirmada sin embargo tras la declaración de ayer de la UGT ( vease en Nueva Tribuna.)  y la declaración de CCOO reconociendo no obstante que la participación de su asalariado en la Comisión había sido "un error".( CCOO asume que ha sido un error participar en la comisión de expertos).

El tema da mucho de sí, no solo en cuanto a la materia que está en juego, el recorte de las prestaciones de jubilación y la degradación del sistema de Seguridad Social, sino también respecto de la relación compleja entre "técnicos", "intelectuales" y "sindicalistas", que en una primera nota ha sido abordada por López Bulla Los técnicos y expertos en Comisiones Obreras 

El texto de Aparicio es enjundioso y claro. Ahí queda. (En la foto de abajo, Aparicio con los profesores Jaspers (Holanda), Dorsemont (Bélgica), Blanke y Deinert (Alemania) y el titular de esta bitácora en la città ideale de Pienza). 

 

 

JUGAR CON LAS CARTAS MARCADAS. A PROPÓSITO DEL INFORME DE LOS EXPERTOS SOBRE PENSIONES.

Joaquín Aparicio Tovar

Beveridge afirmaba que lo más importante  para abolir los estados de necesidad en que los ciudadanos inevitablemente se encontrarán en algún momento a lo largo de su vida es la decisión política que en ese sentido adoptase el Gobierno. Una vez tomada esa decisión ( “la opción por la Seguridad Social”, por decirlo con palabras de  Alonso Olea),  lo demás es asunto administrativo y de gestión. Con el nombramiento de una Comisión de Expertos, el Gobierno ha querido hacer la trampa de ocultarse tras ella y presentar como una necesidad técnica (por tanto indiscutible) lo que es una opción política en la nueva reforma de las pensiones que está exigiendo la Comisión Europea. Pero hay que hacer algunas precisiones. La opción por la Seguridad Social ya no está en manos de este Gobierno ni de la Comisión Europea, es una opción que hizo el constituyente de 1978 que no está afectada por las competencias de atribución a la UE.   El art. 41 de la Constitución (ignorado, por cierto, en el informe aprobado por 10 de los 12 miembros de la citada Comisión)  dice: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante los estados de necesidad…”, tal vez por eso el informe haga varias veces alusión a que las decisiones en materia de pensiones deben de adoptarse “por  canales democráticos”. Faltaría más. Podría benévolamente pensarse que ese informe no es más que una contribución técnica para que los poderes públicos puedan cumplir con la obligación que les impone la Constitución. Pero no es así. Con el informe ya se están marcando las cartas con las que se pretende hay que jugar.  Un recto proceder habría sido el contrario. Primero el acuerdo político y social en el que el Gobierno presentase sus propuestas y, después, los auxilios técnicos, caso de necesitarse.

 Parte el informe de la confusa tautología de que sostenibilidad “es que el sistema se sostenga por si mismo”¿Cómo por sí mismo? El Sistema de Seguridad Social se mantiene por las aportaciones hechas por los sujetos obligados a hacerlas a través de diversos medios. Hasta ahora el Sistema, a pesar de las apocalípticas predicciones de “expertos” hechas en el pasado, se mantiene con aceptable buena salud. Pero los “expertos” que se confundían en pronosticar su ruina Sistema, no se confundían en lo tocante al dominio ideológico para crear en la población una falsa conciencia sobre la futura quiebra de  la Seguridad Social, una especie de terror. Y en esas fuentes bebe el informe. Su objetivo es diseñar el llamado Factor de Sostenibilidad. Para ello parte de una  premisa capciosa contra el sistema de reparto, cual es que “un sistema de reparto intergeneracional …contiene elementos potenciales de inestabilidad o desequilibrio”  (p. 4). Pasa por alto que para que las potencialidades lleguen a acto tendría que haber una voluntad política negligente de los mandatos constitucionales, es decir, actuar contra la Constitución. Y, desde luego, no es el Factor de Sostenibilidad la única opción para evitarlo.

El Factor de Sostenibilidad ofrecido consta de dos elementos, por una parte el Factor de Equidad Intergeneracional de las nuevas pensiones de jubilación y, por otra, el Factor de Revalorización Anual de todas las pensiones. El FEI trata de “proteger al sistema de pensiones de la incidencia sobre el mismo de la mayor longevidad de los futuros jubilados” (p.10). Puesto que los longevos se aprovechan más del sistema hay que penalizarles con un coeficiente reductor en el cálculo inicial de su pensión. Lo sorprendente es que se dice que eso se hace por equidad, porque los que se jubilaron antes tienen una esperanza de vida menor y se aprovecharan menos del sistema. Pero esto es ir en contra de la esencial idea de la sociabilidad del riesgo porque se culpabiliza al anciano de serlo. Habría que recordar, además, que la esperanza de vida no quiere decir que los sujetos protegidos (concepto desconocido por redactores mayoritarios en el informe), que son siempre personas de carne y hueso, vayan a vivir esos años, algunos ni de lejos lo harán, pero les perjudicó pertenecer a una cohorte a la que el Instituto Nacional de Estadística  atribuyó (con razón o sin ella) una esperanza de vida más larga que a la anterior. Se presenta como una gran ventaja que “el ciudadano disponga de herramientas suficientes para prever las consecuencias de este (el FEI) sobre su pensión, y actuar individualmente si lo desea” (p. 12), es decir, contratar un fondo de pensiones o trabajar más años. El FRA es el mecanismo que se propone para la revalorización de  las pensiones en sustitución al IPC. Consta de varios elementos, pero se pueden resumir en la diferencia entre ingresos y gastos. Cuando haya menos ingresos en el sistema, la revalorización de las pensiones será menor, y cuando aumenten, mayor. De nuevo se mira al equilibrio del sistema y no al sujeto para el que se creó. Como el propio informe dice: “el FS nace para moderar el crecimiento de las pensiones si los recursos del sistema no son capaces de soportar un crecimiento mayor” (p. 30) y, de ese modo, cumplir con el art. 135 de la Constitución, que hay que recordar es aquel reformado por el PSOE y el PP de forma artera en 2011 para garantizar que los tenedores de la deuda pública (a la que se  reconvierte la privada que conviene a los poderes financieros) cobren con preferencia sobre el resto de las obligaciones del Estado, especialmente las que se derivan de las prestaciones sociales.

Muchos aspectos del informe no pueden tratarse aquí. Pero conviene destacar que está en la onda de deconstrucción del Sistema de la Seguridad Social. Se habrá observado que no se habla de pensión de jubilación dentro del Sistema de la Seguridad Social, sino de sistema de pensiones. No existe un “sistema de pensiones”. Sistema solo puede predicarse del de la Seguridad Social. Las únicas referencias que los 10 expertos que lo suscriben hacen a ella es cuando se refieren de modo vulgar ( impropio de unos expertos) a sus Entes Gestores o Servicios Comunes, al pedir que la “Seguridad Social” informe a los pensionistas sobre el monto de su pensión y el modo de calcularla, cuando deberían haber dicho Instituto Nacional de la Seguridad Social o Tesorería General de la Seguridad Social. No es casual que se trate de evitar cualquier referencia a la Seguridad Social, porque de hacerlo tendrían que enfrentarse con que es “una función del Estado”, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Lo que distingue a la Seguridad Social de cualquier otro medio de atención de las situaciones de necesidad es tanto el modo como provee las prestaciones, como, y sobre todo, el fin que pretende conseguir, que no es otro que la igualdad real de los individuos, ahora tratados como sujetos protegidos. Para conseguir la igualdad no basta con la provisión de prestaciones mínimas, sino que han de ser “suficientes”. Entonces está clara la estrecha relación de los arts. 1.1 (Estado Social y Democrático), 9.2 (obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos que impiden la igualdad real) y 41 (obligación de los poderes públicos de mantener el Sistema de Seguridad Social que garantice prestaciones suficientes ante los estados de necesidad), todos ellos de la Constitución.  Lo que quiere decir que para conseguir la suficiencia de las prestaciones el Estado está obligado, sea como sea, a encontrar los recursos suficientes. Es claro que son cuantiosos, pero llevar el debate, como se está haciendo desde algunos años, a los medios (los recursos y las formas de su obtención) para cuestionar el fin, es un claro error interesado.

Uno de los aspectos del citado error es haber ido entrando, desde el primer Pacto de Toledo, poco a poco en la jaula de la contributividad. Cosa que permea a lo largo del informe que aquí se comenta. Esa jaula consiste en entender que el grueso de las prestaciones, las que se dan sin comprobar el estado personal de necesidad, tienen que financiarse con cuotas calculadas sobre los salarios. Dado que el principio de solidaridad exige que la Seguridad Social funcione de acuerdo con el sistema financiero de reparto (los actuales activos financian las prestaciones de los actuales pasivos), si los salarios caen y el número de desocupados aumenta, es claro que la financiación se resiente. Mucho más si también aumenta el número de pasivos. Pero no está establecido en parte alguna que este modo de financiación sea inmutable.  Aún sin crisis, si con menos trabajadores, por introducción de nuevas tecnologías, por ejemplo, se pueden producir más bienes y servicios en las empresas, ¿no parece razonable que ese aumento de la productividad tenga una repercusión en una contribución al sostenimiento de la Seguridad Social por un tributo afectado a ese fin? Lo que se quiere decir es que elevar la contributividad a criterio principal, pero en la práctica casi único, de financiación de las llamadas prestaciones contributivas lleva a casi inevitablemente a dificultades de sostenibilidad porque tiende a bloquear nuevas vías de obtención de ingresos y cada pocos años estaremos en el ritornello de las reformas que, inevitablemente, pedirán reducción de las prestaciones en aras de la sostenibilidad.  Es, además, una idea falsa de Seguridad Social, que la confunde con la de Seguro. Induce, en adición, en muchos perceptores de las prestaciones a una equivocada idea de que su pensión es fruto de su contribución y a ella tiene que estar directamente ligada, cuando no es así en un sistema de solidaridad intergeneracional e intrageneracional como el de todos los Sistemas de Seguridad Social que merezcan ese nombre.

Cuando la pensión contributiva media en España es de 785,83 €,  (364,70 € las no contributivas), el 77% de los pensionistas no llega a una pensión de 1000 € y el 26% de los hogares tiene como referencia a una persona pensionista, cualquier idea de la sostenibilidad del Sistema que implique una la reducción de las prestaciones, o aumente a los excluidos, tiene que movilizar el elemental sentimiento de rebeldía contra la injusticia que debería animar a todos los que comparten las ideas emancipadoras de un sindicato de clase. Puestos a mejorar ahora mismo la sostenibilidad del Sistema es urgente acabar con la solidaridad inversa (los que menos tienen pagan más en términos porcentuales que los que más tienen) que supone la existencia del tope de cotización de 3.425, 70 € al mes. Todos los que ganan menos de esa cantidad cotizan por el 100% de su salario, pero los que ganan más, a partir de esa cifra ya dejan de contribuir al sostenimiento del Sistema. Una gran injusticia que hace tiempo que debería de haberse corregido.  Es solo una muestra de que es hora ya de, a partir de un correcto entendimiento de lo que es Seguridad Social,  actuar sobre los ingresos, no sobre los gastos, y en ese punto hay una amplia gama de posibilidades para actuar. Pero también es necesario replantear toda la política económica (no solo social) para ir al pleno empleo, una vez existente en Europa y dinamitado por la voluntad política de una clase social dominante que entendía se había ido demasiado lejos en la redistribución de rentas.