Según ha hecho público la Ministra de Empleo en un curso de verano, el Gobierno prevé llevar a las Cortes Generales en septiembre el proyecto de ley para definir el factor de
sostenibilidad de las pensiones para su debate, según está previsto,
hasta final de año.Era esta una exigencia del mando financiero-polítco europeo que se apresta a cumplir con celeridad el gobierno de España. Aunque la ministra mantiene que está realziando contactos y consultas con grupos políticos y actores sociales, ninguno de los aludidos conoce cuales sean éstos. La ministra, fiel a su estilo, ha afirmado que concretar dicho factor de sostenibilidad es un "refuerzo" del actual modelo público de pensiones y va a servir, por una parte, para garantizar a los pensionistas del mañana que en el futuro tendrá una pensión "suficiente" y, por otra, para asegurar a los de hoy que la van a seguir cobrando. Con ello
ha querido mandar un "mensaje de tranquilidad" a los pensionistas. En el ínterim, un documento de la Fundación 1 de Mayo de CCOO, firmado por su Director de Estudios, Bruno Estrada, demuestra las inconsistencias y los errores del informe del Comité de expertos. El texto, resumido, que ha publicado Nueva Tribuna, es de interés evidente y complementa las noticias anteriormente publicadas en este blog sobre el debate en el Parlamento a propósito de la reforma de pensiones que prepara el Partido Popular, y el debate producido tras la firma del director del gabinete económico confederal del informe de los expertos.(En la foto, el Presidente de la Fundación, Rodolfo Benito, consultando algunos datos del Informe de Bruno Estrada)
La insoportable levedad del
Informe sobre el factor de Sostenibilidad
Bruno Estrada. Fundacion 1 de mayo
El incremento del peso de las
pensiones en el Producto Interior Bruto (PIB) es algo ineludible, ya que va a
haber un mayor volumen de pensionistas en el futuro, al que hay que dar una
solución en términos de ingresos. En todo caso estimaciones realizadas por la
propia UNESPA calculan que dentro de más de veinte años, en 2035, el gasto en
pensiones en España aún estaría en un 11,9% del PIB, muy por debajo de Italia,
Francia, Bélgica, Austria y Finlandia, y sería igual al de Alemania.
En la medida en la que el número
de pensionistas en el futuro crecerá, se deberán destinar más recursos para
cubrir las demandas de ese colectivo, los porcentajes actuales en muchos países
del euro están en torno al 14% del PIB. Lo que permitió que en 2010 el gasto
público en pensiones ascendiera al 13,5% del PIB en Francia, frente al 8,9% de
nuestro país, es que la remuneración de los asalariados supone el 60% del PIB
francés, así como una clara voluntad de la mayoría de los franceses de defender
su sistema público de pensiones.
El conflicto sobre el que hay que
actuar para resolver los supuestos problemas de financiación del sistema de
Seguridad Social es sobre el reparto de la riqueza generada entre capital y
trabajo, esto es, mejorar la distribución primaria de la renta a favor del
trabajo. En este sentido nuestro país debe avanzar mucho para llegar a los
parámetros europeos: la participación de la remuneración de los asalariados en
nuestro país, en 2012 se situó por debajo del 50%, al menos diez puntos
inferior a Francia, EEUU y Reino Unido, que están en el entorno del 60%..
Actualmente hay un problema
coyuntural, derivado del fuerte incremento del desempleo, pero el sistema de
Seguridad Social tiene mecanismos para afrontarlo: el Fondo de Reserva que está
dotado -derivado de las épocas en las que el sistema ha generado superavit-, en
este momento con más de 63.000 millones de euros.
En el Informe sobre el factor de
sostenibilidad de la Comisión de expertos:
a)No hay estimaciones sobre los
ingresos y gastos futuros del Sistema de Seguridad Social.
b)Ni previsiones demográficas correctas.
c)Se ignoran elementos claves sobre su suficiencia, como es la evolución de la productividad.
b)Ni previsiones demográficas correctas.
c)Se ignoran elementos claves sobre su suficiencia, como es la evolución de la productividad.
Las falsas razones demográficas
utilizadas en el Informe son un intento de utilizar los desequilibrios actuales
de la Seguridad Social, derivados del incremento del desempleo, para reducir
las pensiones en el futuro.
El Presidente del Comité dijo en
su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso: “Creemos
que el reto principal de la sostenibilidad del sistema resulta de la
combinación de la evolución de la esperanza de vida y de la tasa de dependencia
a largo plazo. La esperanza de vida aumenta unos dieciséis meses cada diez
años…”. Sin embargo este dato es contradictorio con las cifras que aporta el
propio Informe sobre las previsiones de evolución de la esperanza de vida en el
anexo 2. Es más, en el borrador] del Informe de abril se llegaba a la
conclusión que en el año 2027 la esperanza de vida de las personas que
alcanzaran los 67 años de edad tan sólo se habría incrementado en poco más de
un año. Eso sin tener en cuenta las consecuencias que la actual crisis, y las erróneas
medidas de la política económica tomadas para enfrentarse a ella, puedan tener
en un descenso de la esperanza de vida (recorte de gasto sanitario publico,
malnutrición infantil), como ya ha sucedido en 2012.
La previsión de incremento de la
esperanza de vida de la OCDE para los países miembros de esa organización
hasta 2050, es tres años para los varones y tres años y medio para las mujeres,
mucho más aproximada a la del borrador de abril del Informe que a la expresada
por los expertos y publicada en la versión final. Estamos hablando de
previsiones muy a largo plazo sobre las que hay numerosas incertidumbres sobre
su real cumplimiento.
En relación con la tasa de
dependencia, la mayoría de los expertos no han juzgado necesario tener que
demostrar nada sobre esta cuestión capital en el Informe final.
El demógrafo Julio Pérez
ya puso en evidencia que la tasa de dependencia en España, desde 1976
hasta la actualidad, ha estado condicionada fundamentalmente por la
evolución de los dependientes en edad laboral (entre 16 y 64 años), no por el
incremento de la relación entre dependientes mayores de 65 años y ocupados. Por
dos factores, uno positivo de carácter estructural, la incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo, y otro negativo de carácter coyuntural, el
fuerte incremento del desempleo, a principios de los años noventa y en la
actualidad.
La relación entre población de
más de 65 años y población ocupada fue prácticamente la misma en 2005 que en
1985, un 0,4%, a pesar de un incremento absoluto del número de personas mayores
de 65 años en más de tres millones y medio, un 77% más. Esto fue posible
gracias al fuerte aumento del número de ocupados en ese periodo, en casi ocho
millones, un 72% más.
Las sinrazones demográficas de
los supuestos peligros de sostenibilidad del sistema ya han quedado
suficientemente rebatidas por la propia realidad en el pasado. En los años 90,
al calor del incremento del desempleo, surgieron multitud de estudios sobre la
insostenibilidad de nuestro sistema de Seguridad Social en el horizonte del
cambio de siglo. El fuerte crecimiento del empleo y la migración exterior se
encargaron de refutar las predicciones supuestamente científicas de dichos
estudios.
Por otro lado, un factor clave
que cuestiona los supuestos argumentos de base demográfica es la evolución
futura de la productividad.
Lo fundamental es ¿cuánto
producirá la población ocupada en el futuro?
.
Desde 1900 la riqueza de nuestro
país ha crecido 24 veces y la población tan sólo una vez y media, este
fuerte crecimiento de la productividad es lo que ha permitido la mejora de las
condiciones de los españoles. En este sentido lo que debería preocupar en
primer lugar a nuestras autoridades económicas son las bajas tasas de
crecimiento de la productividad del trabajo registradas en el periodo
1986-2010. La tasa anual acumulativa en dicho periodo fue del 1%, muy lejos de
la tasa anual del 4,9% que se experimentó en nuestro país en el periodo
anterior, 1961 y 1985, e inferior también a las cifras de los últimos veinticinco
años del Reino Unido, un 2%, Japón y EEUU, un 1,7% y Francia, un 1,3%. El
reducido volumen de stock de capital productivo privado por empleo de nuestro
país, en 2009 tan sólo alcanzó el 75,6% de la media de la UEM-13, está detrás
de esa baja productividad. Causa de ello es la escasa reinversión de los
beneficios empresariales a la que están acostumbrados los empresarios de
nuestro país. El porcentaje que representaba la parte del capital que sale de
la empresa, que no se reinvierte en ella, pasó de un 39% en 1995, a un 60% en
2008.
En un sistema público de reparto,
como el de la Seguridad Social, la viabilidad futura del sistema no se va a
garantizar en función de resolver un falso conflicto intergeneracional entre
los pensionistas y trabajadores ocupados, o entre jubilados actuales y
jubilados futuros, lo que, para la mayoría de los expertos redactores del
Informe, justificaría el Factor de Equidad Intergeneracional. Ni siquiera en un
sistema basado de cuentas personales (o nocionales), como reconocen incluso
algunos defensores de esos sistemas: “Aunque el sistema de cuentas nocionales
tiene en cuenta la esperanza de vida de los jubilados a la hora de calcular la
pensión, esto no soluciona totalmente este riesgo demográfico: si aumenta el
número de pensionistas en relación a los cotizantes, será necesario, en un
futuro, disminuir las pensiones o aumentar la tasa de cotización, o bien
introducir transferencias del Estado para pagar dichas pensiones".
La diferencia fundamental es que
en los sistemas de capitalización, de cuentas personales, las pensiones
recibidas en el futuro dependerán de las aportaciones realizadas y de la
rentabilidad de dichas inversiones. Desaparece toda redistribución, solo
aquellos que tengan salarios elevados podrán tener una pensión digna en el
futuro, como dice la OCDE: “De hecho, en la mayoría de los países que cuentan
con sistemas de pensiones voluntarias es menos probable que los trabajadores de
ingresos bajos participen en los planes de pensiones privados”. El propio Presidente
de la Comisión reconoció que la “equidad intergeneracional” plantea un problema
importante de individualización del riesgo.
Individualización del riesgo
supone, en palabras de un informe de UNESPA de 2011: “un modelo flexible
(…) en el que la prestación deja de ser una función directa del número de años
cotizados y pasa a ser una función directa de lo aportado”. Es decir, que
quienes hayan tenido salarios bajos, o largas épocas de desempleo, cobrarán “la
pensión que les corresponde”: una pensión de miseria, por cierto.
Esto es plenamente coherente por
lo expresado por dos de los expertos en el mencionado trabajo realizado para
UNESPA : “El sistema de cuentas personales, por otra parte, sirve para
garantizar (…) que la relación entre las aportaciones y las prestaciones no
está alterada por factores redistributivos”.
Aún así nadie garantiza la
rentabilidad futura de los planes de pensiones privados, muchos han quebrado,
como ha sucedido en Suecia, Chile y Argentina. Él propio Presidente de la
Comisión ha reconocido en el citado trabajo de UNESPA de 2011, que: “la tasa de
rentabilidad que proporcionan los sistemas basados en la capitalización no
puede llevar asociado a largo plazo una tasa de rentabilidad mayor que la que
proporciona el sistema de reparto”.
Por eso, para que los planes
privados de pensiones sean atractivos es imprescindible una financiación
pública encubierta, a través de incentivos fiscales que restan ingresos
públicos (ya que son gastos fiscales), con un elemento fuertemente regresivo al
no estar al alcance del resto de la población. El 20% de declarantes con mayor
renta se benefician del 70% de esos incentivos fiscales.
En este sentido, hay que tener en
cuenta que nuestro sistema fiscal y de prestaciones sociales ha reducido en el
periodo 2005-2011 en menor medida las desigualdades sociales que la media de
los sistemas europeos, por el menor volumen de gasto social per capita, y
que más de la mitad del efecto redistributivo de todas las políticas se ha
producido a través de las pensiones contributivas. Resulta evidente, por tanto,
que las modificaciones propuestas en el Informe tendrían como resultado, dadas
las carencias de nuestro Estado del Bienestar en políticas clave como vivienda
o dependencia, el incremento de la elevadísima desigualdad de nuestro país.
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