LLEGA EL MOMENTO DE ESTAR CONTENTOS, DICE EL GOBIERNO.

El fin de semana nos ha sorprendido con varios mensajes del gobierno según los cuales debemos mirar el futuro con optimismo. El jueves, el presidente del Gobierno declaró con contundencia que “la crisis es ya historia pasada”. A su vez la ministra de empleo Fátima Báñez, instó a los ciudadanos a estar “alegres” y el sustituto de Ana Mato en el Ministerio de Sanidad, Alonso de manera más compulsiva, prescribió a las masas populares a que empiecen a “sonreír ya”.

Así que todos contentos. Los titulares de las carteras de Empleo y Sanidad celebran el fin de la crisis económica, y Báñez, en su papel de vidente, vaticina que España será "el país que más empleo va a crear en toda la zona euro" el próximo año. Qué importa que, como señala el blog hermano Metiendo Bulla, con datos del Informe mundial de OIT sobre salarios 2014-2015,  «España es el país desarrollado en que más sube la desigualdad entre el 10 por cien más rico y el 10 por cien más pobre». Lo que – concluye con razón López Bulla – “es un jarro de agua helada contra los telepredicadores del poder: los datos frente (y contra) la jerigonza y tergiversación del lenguaje político; los datos contra el libelo de la agitación propaganda gubernamental”.

Son sin embargo mensajes que se habían lanzado antes, una cantinela que ya es conocida. Recordemos las hemerotecas: La narrativa de la recuperación la inició el difunto gran banquero de España, Botín, al afirmar que "es un momento fantástico para España. Llega dinero de todas partes"  (Cinco Días, 17-10-2013). Dos días después, el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, afirmó que 2014  será el año "del crecimiento y la creación de empleo" y que "estamos en las puertas mismas del crecimiento y de la creación de empleo"  (Efe, 19-10-2013). El presidente Mariano Rajoy no podía ser menos, y el mismo día proclamaba desde Panamá, en la Cumbre Iberoamericana de entonces, que España "está saliendo ya de la crisis con una economía saneada y reforzada"  (ElDiario.es, 19-10-2013). La coordinación con los medios estaba garantizada, el primero, El País, que titula: "Los mercados atisban la recuperación", y afirma a continuación que "la economía española despide la recesión más prolongada de su historia reciente"  (El País, 19-10-2013). Al día siguiente, ABC se apunta al toque triunfal y sale a toda plana en portada con  "Brotes verdes. Esta vez, Sí" (ABC, 20-10-2013).” (Pascual Serrano en El Diario.es (http://www.eldiario.es/zonacritica/crisis-acabo-enterado_6_188341182.html)

Hace un año esta oleada de declaraciones se acompañó de los comentarios muy favorables de los responsables económico-financieros europeos respecto del modelo español, que salía de la crisis gracias a la aplicación estricta de las políticas de austeridad. Pero ha pasado un año y las consecuencias del desastre, el paisaje desolado en el que nos hallamos, es algo evidente. Los mismos mensajes del naufragio enviados en otra botella. Es, de nuevo citando a López Bulla, “el lenguaje de la justificación de las promesas incumplidas, el de la mentira incontinente, el de la hipérbole, que tiene su origen en la noche de los tiempos políticos”.

Esta vez sin embargo el gobierno insiste en el optimismo con más énfasis porque las citas electorales del 2015 están muy cercanas y las perspectivas con las que afronta este momento son tan sombrías para el PP como esperanzadas para la mayoría de los ciudadanos españoles. Por eso Rajoy quiere acompañar este discurso con algunos gestos nuevos, que le permitan exhibir algún elemento de realidad conectada con unas declaraciones en las que nadie puede creer.

Es el llamado “giro social” del gobierno que se manifiesta en algunas medidas imprescindibles para no seguir profundizando en la desesperación social de tantos ciudadanos y ciudadanas en el umbral de la pobreza. Ese es el sentido del acuerdo que el Gobierno ha realizado con CCOO, UGT y CEOE han firmado el lunes 15 de diciembre en La Moncloa, que tiene el objetivo de insertar en el mercado laboral a los parados de larga duración con cargas familiares que llevan al menos 6 meses sin cobrar prestaciones. De la ayuda, de 426€ mensuales, los sindicatos creen que se beneficiarán cerca de 450.000 personas. Con ello el gobierno muestra una cierta recuperación del diálogo social –  que ha negado en la práctica durante todo su gobierno – y presume de su capacidad de interlocución con el movimiento sindical en estos momentos de “bonanza económica”, lanzando el mensaje ya conocido de que cuando la crisis desaparece, retorna la concertación.  Y la alegría, diría la Ministra de Empleo. Naturalmente el acuerdo ha sido saludado con grandes alharacas por los medios de comunicación empotrados en el poder político y en los grandes grupos económicos. “Un gran pacto social en el tercer año de mandato” del gobierno Rajoy, exultan los periódicos y acompañan su contento con numerosas fotografías de la firma del acuerdo.

La operación sin embargo no llegará a buen fin. No sólo porque los sindicatos ya han explicado que entablan estas negociaciones por responsabilidad, al tener necesariamente que intentar que el problema de la pobreza y de los desempleados de larga duración sea en la medida de lo posible amortiguado. O, por emplear las palabras del presidente del gobierno matizando sus declaraciones del fin de semana, para mitigar las “secuelas” de una crisis que ya es historia. El acuerdo es limitado en su objeto y en su alcance, y forma parte de un grupo de propuestas sindicales presentadas antes del verano en las que se proyectaba una serie de medidas de urgencia ante el desmantelamiento social que habían causado las políticas de austeridad puestas en marcha por el gobierno del Partido Popular.

Además, el efecto legitimador de este movimiento es prácticamente inexistente.  En efecto, hoy el campo prioritario de juego es el terreno de las opciones políticas, y el espacio social ha quedado en la retaguardia del debate que agita la opinión pública. La percepción de la corrupción como lógica de las grandes empresas y grupos económicos y sus conexiones necesarias con los resortes del poder político, el incremento de las medidas represivas de las movilizaciones populares a través de la retorsión autoritaria de la incriminación penal y la regulación antidemocrática de la llamada “seguridad ciudadana”, la crisis de la organización territorial del Estado en la cuestión catalana, la emersión de nuevos sujetos políticos y de nuevas agregaciones de ciudadanos que pretenden elaborar reglas para un uso democrático del territorio y de los servicios de interés general, a la búsqueda de una nueva institucionalidad, la puesta en cuestión del marco de las decisiones clave en materia económica y social, son todos ellos elementos que ocupan el centro de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos.

Se ha producido por tanto un desplazamiento desde lo social y económico al campo de la política, redescubriendo ese espacio como un terreno de lucha que es productivo en términos democráticos, es decir, que puede controlar los poderes económicos y financieros, combatir la lógica del empobrecimiento y de la desigualdad que acarrea la política de austeridad, y anular las fuertes tendencias autoritarias que se están poniendo en marcha para reprimir la movilización social. En ese contexto de radicalización democrática que diseña un cuadro de democracia expansiva, la narrativa optimista del gobierno no tiene sitio, y resulta contraproducente para sus propios intereses. Es bastante notorio que la recuperación de la política como base de la democracia se asocia en cada vez mayores capas de la población a un cambio de modelo de gobierno y a la apertura de nuevas reglas institucionales, con participación amplia de la ciudadanía, en un proceso que en muchos casos está desembocando en la presión por la apertura de un proceso constituyente.

La dimensión laboral y social, que ha ocupado un papel extremadamente relevante en 2012 y 2013, en cuyo período constituía el eje de las movilizaciones populares, forma ahora parte del fondo del razonamiento que devuelve a la política su capacidad de modificar las cosas y no sólo la de impedir los daños irreparables de las decisiones adoptadas fuera de las instituciones democráticas que se imponen a éstas. En ese sentido, el sindicalismo confederal ha asumido implícitamente esta posición secundaria, concentrado por otra parte como está en revalidar su presencia electoral entre los trabajadores mediante las elecciones a los órganos de representación de los trabajadores en las empresas y centros de trabajo, en cuyo proceso entiende con razón que se juega su implantación y su influencia social. Debería sin embargo hacer un esfuerzo por presentar públicamente su posición en el contexto actual, señalando el proyecto democrático en el que se inscribe y su realización concreta a través de la lógica representativa y del poder de negociación, explicándolo y haciendo participar en él al conjunto de las trabajadoras y trabajadores de este país. De esta manera se revalorizaría políticamente su capacidad de representación de los intereses colectivos y la necesidad de que ésta se concrete en algunos aspectos concretos de tutela de derechos sin que ello implique legitimar una estrategia del poder público que está destinada al fracaso.