CONFLICTOS SOCIALES Y RESISTENCIA CIUDADANA

El panorama informativo español gira en este fin de semana sobre los resultados de las elecciones del domingo. Tiempos de elección, ciertamente. ¿Cómo influirán en las opciones que elijan las mayorías sociales las movilizaciones emprendidas en estos últimos cuatro años? El siguiente post quiere recordar la relación que existe entre la resistencia ciudadana y las elecciones políticas de éstos en un largo proceso que tiene como punto de referencia la oposición a las políticas de austeridad

La movilización sindical y ciudadana contra las primeras etapas de la reforma laboral y de la política de recortes tuvo su punto álgido a lo largo de todo el año 2012 y la mitad del 2013. Pero ha seguido manteniéndose a partir de ahí, durante el final de 2013 y todo 2014, en un proceso sostenido coherente con el rechazo radical a las políticas de austeridad y a las reformas estructurales impuestas con especial virulencia con la reforma laboral del 2012, luego perfiladas y desarrolladas parcialmente en los dos años sucesivos. Esta evolución se aprecia en el incremento de los conflictos de empresa – frente al uso de la huelga general en el 2012 – que sin embargo han logrado una enorme trascendencia general por tratarse de ejemplos concretos de destrucción de empleo amparados por una normativa propicia y que la opinión pública considera injusta.

Así, huelgas clásicas y de larga duración en empresas de alimentación como Panrico,  conflictos en transportes urbanos,  huelgas en las contratas de limpieza del Ayuntamiento de Madrid y de otros municipios de la región por el mantenimiento del empleo, las realizadas en los medios de radiotelevisión públicos regionales – Canal 9 de Valencia, TeleMadrid, Castilla La Mancha –, las luchas prolongadas frente a la ingeniería empresarial de compañías transnacionales como Coca Cola y los despidos selectivos de una buena parte de su plantilla mediante la reorganización de la distribución del producto, la huelga frente a la disparidad salarial y de las condiciones de trabajo en las contratas de Telefónica, o las que rebaten las condiciones laborales en el servicio de Correos, o, en fin, los continuos conflictos en el sector de la enseñanza, donde se convocó una huelga general en el 2013 y una nueva acción sólo para la Universidad ya en el 2015, como conflictos que han gozado de mayor visibilidad mediática. Son todos ellos ejemplos de la persistencia del conflicto derivado directamente de una política de devaluación salarial y de recortes de los servicios públicos. El incremento estadístico del número de huelgas en el 2014 ha sido muy relevante, y la tendencia se mantiene en el 2015.

El otro flanco de la resistencia ciudadana es el de ocupar el espacio público – la calle, la vía pública – como forma de expresar el repudio a las decisiones del poder público especialmente las referidas a sectores clave como la educación o la sanidad, pero también como forma de repeler con carácter general la orientación del gobierno en relación con la política social. Las movilizaciones tienden a unificar en su interior a un conjunto de fuerzas – sindicatos, movimientos sociales – utilizando expresiones que significan una acción  constante y repetitiva de erosión geológica y de regulación del ciclo vital, las mareas, que periódicamente inundan las calles de las grandes ciudades, en especial la marea verde por una educación pública para todas y para todos, y la marea blanca por la defensa de una sanidad pública. Otras convocatorias, como las marchas por la dignidad, ponen el énfasis en el desempleo y en la pobreza, y reivindican el abandono de las políticas europeas “del gobierno de la Troika”. Todas estas iniciativas han conseguido reagrupar a decenas de miles de personas. 

La estrategia de ocupación de la calle como demostración de disenso se ha profundizado durante el 2014, aunque en lo que va de año, la entrada en un período electoral hace que la impronta política se haya afirmado de manera significativa. El 31 de enero del 2015, una inmensa manifestación convocada por Podemos se desplegó por las calles de Madrid. Pero también permanece la convocatoria estrictamente sindical. En febrero del 2015 protestando contra la incriminación penal de los piquetes de huelga y las normas de “seguridad ciudadana” y el Código Penal, el primero de mayo bajo el lema “así no salimos de la crisis”.

Esta forma de hacer visible la resistencia no sólo pasa por la presencia de grandes contingentes de personas en una manifestación. Ha habido una amplia experiencia de acciones de presión y de conflicto – los escraches, las oposiciones a los desahucios – como apoyo a la reivindicación general del derecho a la vivienda mantenida por la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), pero también se ha logrado la visibilidad de conflictos derivados de la política de recortes en sanidad mediante encierros en los hospitales, como en el caso de los afectados por la hepatitis C.

Muchas de estas movilizaciones han encontrado su prolongación “natural” en la acción colectiva ante los tribunales de justicia. Especialmente en materia laboral, donde el recurso a la garantía jurisdiccional de los derechos ha supuesto un elemento decisivo a la hora de lograr soluciones a muchos de los conflictos enconados ante la reticencia de los empresarios a llegar a acuerdos, convencidos de obtener mejores posiciones mediante la estricta aplicación de las normas legales. En una etapa de constante destrucción de empleo, el campo de los despidos colectivos ha sido un espacio de confrontación jurídica muy interesante, en donde por cierto las muy numerosas sentencias de los jueces de lo social – de los tribunales superiores y del propio Tribunal Supremo – han encauzado y contrariado gran parte de las conductas empresariales más incisivas, re-escribiendo en buena medida los preceptos legales de la reforma laboral. La utilización de la figura de la nulidad del despido colectivo ha sido determinante en esta corrección de pautas de conducta. Algún conflicto especialmente importante, como el de Coca Cola, ha recibido una sentencia del Tribunal Supremo realmente emblemática en la censura de la actuación de la empresa transnacional que vulneró el derecho de huelga de los trabajadores ejercido como respuesta a los despidos colectivos. Esta misma reorientación por obra de la jurisprudencia se ha ido produciendo en otros territorios “sensibles”, señaladamente en materia de convenios colectivos, mediante la corrección de la fórmula legal que limitaba la ultra-actividad del convenio, la vigencia de los contenidos del mismo una vez concluido su plazo de vigencia.

Sin embargo el activismo social prolongado mediante la acción judicial en materia de relaciones laborales ha sido contrarrestado de manera muy llamativa por las decisiones del Tribunal Constitucional  español que han considerado plenamente legítimas y no lesivas de derechos fundamentales las reformas laborales promulgadas en el 2012 así como tampoco la congelación y no revalorización de las pensiones, contrariamente a lo que en este último punto han establecido los tribunales constitucionales portugués e italiano. La apropiación partidaria por el PP de este órgano de control ha permitido la aprobación entusiasta de las decisiones de gobierno por el mismo.

La utilización productiva de los tribunales como prolongación, apoyo y resolución del conflicto no sólo se ha producido en materia laboral. Ha habido fallos muy importantes de los tribunales contencioso-administrativos que han impedido la privatización de los hospitales madrileños, y se ha avanzado asimismo en la limitación del desahucio y la esclavitud de la hipoteca. Más ambivalente se ha mostrado sin embargo la jurisdicción penal, que de un lado mantiene procesados a más de 300 sindicalistas por participar en piquetes de huelga – lo que ha generado una queja a la OIT por parte de CCOO y UGT – y de otro, ha reforzado una visión autoritaria de los derechos de reunión y de manifestación a través de una sentencia del Tribunal Supremo condenatoria de una de las expresiones típicas de la acción colectiva del 15-M.

En cualquier caso, la continuidad de las movilizaciones y la estabilidad de la resistencia en el plano social es una característica peculiar de la situación española. Está calificada en efecto por el activismo y la incorporación masiva de personas al rechazo de las políticas sociales y laborales puestas en práctica por el gobierno sobre la base de la “austeridad”  en un grado de permanencia e intensidad que no se encuentra en otros países de su entorno.

¿Cómo y en qué medida se traducirá este proceso de movilización y de resistencia en los resultados electorales convocados para el domingo 24 de mayo? El ámbito local y autonómico de estos comicios no es quizá el más adecuado para fijar una respuesta global a las políticas del gobierno, pero si es lo suficientemente representativo del desplazamiento al espacio electoral de las estrategias de resistencia que se han ido desarrollando y sus resultados. Esta traslación no es sencilla, porque el lenguaje de la contienda electoral y sus significantes simbólicos cobran una autonomía muy grande respecto de las señales de respuesta y de oposición política que se despliegan en las luchas sociales, pero resultará especialmente interesante comprobarlo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, o en las Comunidades Autónomas de Madrid y de Valencia, particularmente, en donde el objetivo final será el de desalojar al Partido Popular del gobierno de sus instituciones como efecto querido de las luchas emprendidas por los diferentes sectores afectados por las políticas que éste ha llevado a cabo.