La soberanía ya no está en los parlamentos nacionales. La soberanía
necesita encontrarse a sí misma y reconocerse en la esquina de una calle. La
soberanía necesita volver a sí misma en el ámbito de una mirada. La soberanía expropiada se esconde en los
escombros de una política hueca y las privatizaciones entran así en los
domicilios de la vecindad. Que la política mire a los ojos de la gente
significa poner las cosas del revés.
Luis García Montero, candidato de IU a la presidencia de la
Comunidad de Madrid, 7 de mayo de 2015.
Tras el triunfo electoral del Partido Popular en el 2011, la manera de
gobernar se ciñe de forma estricta a un principio de unilateralismo político,
que implica la exclusión de cualquier otra aportación que no se adhiera a la
determinada previamente por la autoridad de gobierno. En este diseño, el
bipartidismo no tiene la importancia constitutiva que sin embargo había ido
adquiriendo en nuestra práctica política como forma de administrar un consenso
mayoritario sobre los grandes “temas de estado” – entre ellos la protección
social, o en menor medida, las políticas de empleo, o, inmediatamente antes del
triunfo del PP, el equilibrio presupuestario y la reforma de la Constitución –
sino que se configura de manera instrumental y subordinado en todo caso a la
convergencia con la decisión de gobierno predefinida. Se puede por tanto
concluir que la forma de gobernar en España en estos cuatro años se ha
caracterizado típicamente como un cesarismo político-financiero.
Es una forma de gobernar que ha tenido un evidente deterioro. Ya se comprobó
con los resultados de las elecciones europeas de mayo del 2014, que
revelaron el desgaste y la pérdida de legitimidad de los dos grandes partidos,
no sólo el gobernante, y la emergencia de una fuerza nueva que habría de llamar
inmediatamente la atención sobre su proyección futura: Podemos. La posterior
abdicación del monarca y las vicisitudes que siguieron a la materialización jurídica de este hecho,
decidido en solitario por los dirigentes del partido de gobierno y el de la
oposición, excluyendo por tanto al resto de fuerzas políticas a la vez que
cualquier participación popular de refrendo al respecto, resulta posiblemente el
último gran acuerdo político del bipartidismo en la época del declive de la
gobernanza de las políticas llamadas de la austeridad.
El caso es que el año 2015 encadena convocatorias electorales que marcan,
cada una con su peculiaridad característica, las perspectivas de futuro que se
pueden diseñar en este país. Las primeras, en marzo, han sido las elecciones
andaluzas. A ellas les siguen, en mayo, las elecciones municipales y
autonómicas. En septiembre están convocadas las elecciones catalanas y,
finalmente, para noviembre, el año electoral se cierra con las elecciones
generales. Aunque es posible que se modifiquen las fechas a partir de los
resultados de las municipales – adelantando las generales, lo que debería tener
consecuencias sobre las elecciones catalanas – el calendario es lo
suficientemente apretado como para considerarlo muy significativo.
El resultado de las elecciones andaluzas ya se conoce y ha sido muy
comentado. Lo que sin embargo debe ser resaltado es la progresión de las distintas sensibilidades
del arco político que incluye desde la izquierda oficial institucional, la
izquierda alternativa y la nueva izquierda emergente. Respecto de las
elecciones del 2012 en aquella comunidad autónoma, la cantidad de votos que
PSOE, IU-CA y Podemos han cosechado suponen un 57,19%, frente al 50,91% que se
recogieron como suma de los sufragios de IU y PSOE en aquellas elecciones. Es
decir que la posición política de los votantes andaluces se escora hacia la
izquierda, y el rechazo más firme a las políticas de austeridad se fortalece,
sumando el 21.73 de los votos. Esta profundización electoral de las
perspectivas de resistencia a las reformas estructurales y a los recortes
sociales es muy significativo de cara a los próximos procesos electorales.
¿Cómo ha afectado este primer resultado a los sujetos políticos que se
preparan para su validación electoral y qué relevancia puede tener esto en un
cambio real de políticas en el contexto de la crisis europea y muy en
particular en relación con la posición del gobierno griego respecto de la deuda
y de los compromisos internos sobre el desmantelamiento de los derechos
sociales en aquel país?
El Partido Popular se encuentra en camino de su desmoronamiento. El
desgaste social y los fenómenos de corrupción le han afectado de manera muy
importante. Sigue teniendo resortes institucionales muy fuertes, y el campo de
las elecciones municipales le favorece ante su capacidad de presentar
candidaturas en la práctica mayoría de los municipios del país. Su objetivo es
el de conseguir ser la lista más votada en gran número de éstos como forma de
apuntalar en la opinión pública que sigue siendo el partido representativo de
la derecha económica y política a nivel del Estado español. Esa posición está
amenazada por la emergencia de una nueva fuerza – Ciudadanos – que aspira a ser
una fórmula de recambio al desgaste del PP. Pero es muy probable que en las
grandes ciudades – Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla – el PP sea expulsado
del gobierno de las mismas, ante el impulso de nuevas agrupaciones de electores
que disputen el espacio político con un amplio respaldo popular y que en su
caso hagan posible gobiernos de coalición con compromisos seguros de
democratización de la gestión de la ciudad con participación democrática de la
ciudadanía. Ese proceso es también posible en comunidades autónomas
estratégicas como Madrid o Pais Valenciano. El hundimiento del PP en Andalucía
y su aislamiento en Cataluña, no permiten abrigar buenos resultados para la
fuerza política que ha personificado la aplicación estricta de las políticas socialmente
devastadoras de la “austeridad” como forma de recomposición de la
financiarización de la economía y la sumisión a la misma de la política
democrática. Es por tanto una mala noticia para el conglomerado financiero y
político que dirige la Unión Europea y que cada vez más fía la pervivencia de
sus políticas en consideraciones no democráticas.
Ciudadanos es una alternativa al desplazamiento del PP de las instancias de
gobierno. Cuando el presidente del BBVA afirmó, tras las elecciones europeas y
el ascenso posterior de Podemos en las encuestas, que “necesitamos un Podemos
de derechas”, estaba expresando la conveniencia de propiciar una fórmula de
recambio en lo político que permitiera mantener las constantes de la política
económica tal como ha sido diseñada por las instituciones financieras
internacionales. Mimado por la prensa y las encuestas de opinión, C’s – como se
conoce por sus siglas – ofrece ante todo caras nuevas que afirman sintonizar
con la cultura de las clases medias urbanas, de manera que aunque su programa
económico es claramente neoliberal, éste se presenta sin embargo como el
adecuado a las nuevas realidades del siglo,
y en otros ámbitos plantea iniciativas que se separan del
conservadurismo post-franquista del PP, laicismo, legalización de las drogas
blandas, regularización de la prostitución. Sin apenas organización, ha
obtenido en las elecciones andaluzas una presencia parlamentaria muy importante
y un porcentaje de votos nada desdeñable (el 9,28% y 9 escaños) para un partido
que carecía de implantación en la región y era plenamente desconocido. En todos
los medios de comunicación se muestra como la gran fuerza emergente, en
detrimento de Podemos, y se le pronostica una arrolladora presencia. La última
encuesta del CIS de abril del 2015 sube su score
a un 13,8% de los sufragios, lo que le permitiría ser una fuerza de apoyo a
cualquiera de los dos partidos hasta ahora dominantes del tablero bipartidista
español.
El PSOE es un gran damnificado de la gestión de la crisis. La derrota electoral
del 2011 no ha sido recuperada posteriormente, y hasta el 2014 ha ido
disminuyendo su influencia en términos de opinión pública. La remoción del
viejo equipo dirigente a través de la elección de un joven secretario general y
la victoria en Andalucía hace concebir esperanzas al nuevo grupo dirigente de
estabilizarse en un score en torno al
25 %, lo que se consideraría todo un éxito, y lograr en estas elecciones
presidir – en coalición de gobierno o con apoyos parlamentarios – dos o tres
comunidades autónomas de relieve, como Madrid, País Valenciano, Castilla – La
Mancha. Ha tenido que asumir planteamientos críticos respecto de las decisiones
que adoptó en el gobierno – la reforma laboral, la inclusión del principio de
equilibrio presupuestario en la Constitución – pero el problema de fondo sigue
siendo su ambigüedad ante las políticas de austeridad y su prácticamente nula
influencia sobre la socialdemocracia europea como portador de un proyecto propio,
a diferencia de lo que en Portugal puede significar el nuevo equipo dirigente
del PSP en torno a Antonio Costa, el
antiguo alcalde de Lisboa.
La gran esperanza articulada en torno a Podemos, que llegó a tener una
intención de voto del 27% en las encuestas, ha rebajado sus expectativas
después de los resultados de las elecciones andaluzas y la concurrencia con
Ciudadanos como expresión de una fuerza nueva en el campo de bipartidismo. En
la última encuesta del CIS, ha pasado de un 23,9 % en enero del 2015, a un
16,5% en abril de ese año. Atacado y
hostigado por la mayoría de los medios de comunicación – salvo los digitales –
ha sufrido también los efectos de la erosión de la imagen sobre alguno de sus
dirigentes más visibles, en un tema muy sensible de financiación ilegal desde
Venezuela, que si bien no ha conducido a ningún ilícito penal, si ha logrado su
objetivo de deterioro de la imagen del grupo como “no contaminado” por el
ambiente patógeno de la “política de la casta”. En las elecciones municipales,
Podemos ha propiciado agrupaciones y
coaliciones de unidad entre fuerzas políticas y movimientos sociales, mientras
que se presenta en solitario a las elecciones autonómicas, sin duda para
calibrar cuál es su radio de influencia e implantación electoral frente a las
próximas elecciones generales. Su programa se va desarrollando paulatinamente,
y aunque ha moderado algunas de sus propuestas, buscando ocupar “el centro del
tablero”, sigue siendo un referente importante para un cambio real de la
política en este país al mantener posiciones muy netas sobre la negociación de
la deuda externa y el rechazo de las políticas de austeridad.
Para los expertos en encuestas de opinión, el tradicional bipartidismo
imperfecto que caracterizaba el panorama español se está modificando de forma
importante, partiéndose en cuatro grandes fuerzas que las encuestas consideran
casi de idéntica potencia para lograr mayorías, lo que, unido a la presencia de
los partidos nacionalistas principalmente en Pais Vasco y Cataluña, complica el
gobierno que pudiera surgir tras las elecciones generales de noviembre, y
posiblemente también la gobernanza general en términos económicos y sociales.
En esta presentación de los protagonistas del tablero político, casi nadie
se preocupa del lugar que ocupan las viejas banderas de la izquierda política
clásica, agrupada en torno a Izquierda Unida a nivel nacional, y que se ha
visto muy afectada por la presencia invasiva de Podemos – se calcula que el 40
% de los votantes de IU se deciden actualmente por Podemos – a las que las
encuestas asignan un porcentaje residual, superando a duras penas el tope del
5%. Aunque muy bien insertados en los cuadros sindicales y con toda una
generación nueva de dirigentes que ofrecen un “rostro” diferente de la coalición,
IU parece haber sufrido una vez más el efecto del voto útil – en este caso
felizmente en torno a la izquierda alternativa y no respecto de la socialdemocrática
– junto con el hándicap de ser
percibida por las nuevas generaciones del 15-M como una parte del viejo sistema
político que debe ser removido. Las últimas encuestas sin embargo demuestran un
ligero crecimiento de IU, a medida que ésta desarrolla y privilegia su
discurso que considera el trabajo con derechos como centro de la acción
política, aunque esa impresión deberá ser revalidada el 24 de mayo.
Una situación complicada, pero que abre muchas posibilidades de revertir el
clima de degradación de los derechos y libertades de los ciudadanos y el
desmoronamiento del Estado social. El fracaso de las políticas de austeridad es
un dato compartido por la mayoría de la población, aunque este rechazo necesita
su traducción en términos electorales, con las dificultades y complejidades que
esta mediación posee. Los poderes económicos y las instituciones financieras no
solo están intentando reconstruir un bloque político que garantice, aun con
equilibrios internos difíciles de mantener, el apoyo a las políticas de
austeridad, sino que están decididos a obstaculizar las acciones de
participación democrática y de cambio social que van a ser vencedoras en las
elecciones locales y regionales de finales de mayo. Pero va a ser prácticamente
imposible que logren paralizar el giro que se va a producir en estas citas
electorales hacia una nueva consideración de la democracia participativa como
el eje explicativo de la acción política y la consiguiente reformulación en las
múltiples escalas implicadas – local, regional, estatal y europea – de un
programa de actuación que cuestiona y confronta las políticas que han sido
aplicadas hasta ahora. Un nuevo problema, más difícil de gestionar que el del
triunfo de Syriza en Grecia, para el complejo financiero y político que
gobierna la Unión Europea.
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