EL GOBIERNO DEL PP INCUMPLE EL SALARIO MÍNIMO

La institución de un salario mínimo ha sido siempre mal vista por la ortodoxia económica liberal. Un atentado a la capacidad de los empresarios de fijar libremente el precio del trabajo, jugando a la baja con las expectativas del empleo. 

El razonamiento liberal, como es sabido, invierte los términos de la realidad al afirmar que garantizar por norma estatal un piso salarial desincentiva a los empresarios a contratar trabajadores. La conclusión es obvia. No debe existir un salario mínimo legal (como sucede en muchos países, que en el mejor de los casos lo dejan a la negociación colectiva), o, si existe, debe tener una cuantía ínfima, para incentivar el empleo, o compensarse preferentemente con ayudas estatales a las empresas para resarcirles de esa imposición lesiva de las leyes del mercado libre y del sistema de precios.

No es un asunto del pasado. La crisis ha excitado – como tantas otras cosas – la fantasía de los especuladores de la explotación, y el argumento se repite. En julio del 2014, el think thank del Partido Popular, la FAES, propuso en un documento de título prometedor – Continuar la reforma laboral – la  idea de eliminar el salario mínimo  para "evitar que se convierta en una barrera para la entrada en el mercado laboral". Antes, en marzo del 2014, la CEOE había propuesto, más morigerada, un salario mínimo para los jóvenes que incentivara la contratación de este colectivo al ser inferior al salario mínimo legal, en la línea de una recomendación del Banco de España  del 2013  que propuso contratar por debajo del salario mínimo a grupos específicos de trabajadores "con mayores dificultades para su empleabilidad".

Lamentablemente para estos apóstoles de la creación de empleo deprimiendo al límite de la miseria los salarios, no sólo la Constitución garantiza el derecho de los trabajadores a “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, sino que el Estatuto de los Trabajadores lo regula en el art. 27 como mínimo interprofesional, que debe ser fijado y revisado por el Gobierno previa consulta de las organizaciones sindicales y empresariales. Es un hecho adquirido en la cultura de los derechos en el ámbito europeo, y  como tal se reconoce en la Carta Social Europea en su art. 4, según el cual, “para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las Partes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”.

Aunque la perspectiva neoliberal no puede lograr su máximo objetivo, la eliminación de un mínimo salarial garantizado en todo trabajo, lo que si consigue es presionar a la baja sobre la suficiencia de la retribución. Las políticas de austeridad emanadas por el complejo financiero y político europeo convergen con ese objetivo al imponer de manera generalizada una brusca devaluación de salarios en todo el Estado español.

Esas orientaciones chocan frontalmente con el sistema de derechos reconocidos internacionalmente a la que los estados están obligados en virtud de los compromisos que han adquirido. La “evanescencia constitucional” que han sufrido los derechos laborales reconocidos en las constituciones nacionales a través de la subordinación del control realizado por el Tribunal Constitucional a las iniciativas del gobierno, han revalorizado el recurso a los organismos internacionales como forma de poner de manifiesto la violación de derechos que las políticas de austeridad están llevando a cabo. Esta construcción del campo internacional de los derechos como horizonte de exigencias y de límites a las políticas de austeridad no sólo tiene relevancia directa en relación con los compromisos de los Estados y de la interpretación y aplicación judicial de las normas, sino que fija los fundamentos de futuras regulaciones que sustituyan a las que hemos padecido en estos últimos cinco años en materia laboral y de protección social.

Así ha sucedido con el salario mínimo en el ámbito europeo. El salario mínimo establecido en España para los trabajadores del sector privado y de los contratados de la función pública "no garantiza un nivel de vida digno", según reflejan las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que ha evaluado el cumplimiento de la Carta Social Europea y de su protocolo adicional en enero del 2015.

Pero también respecto de la OIT. Los sindicatos CCOO y UGT han interpuesto una reclamación ante la OIT alegando el incumplimiento por el gobierno español del Convenio nº 131 de la OIT sobre salarios mínimos. La queja se basa de un lado en que el salario mínimo no cubre las necesidades de los trabajadores y de sus familias porque el salario ha perdido poder adquisitivo en el transcurso de los años, y de otro en que no existe ni se ha querido prever un procedimiento exhaustivo y eficaz de consulta con los interlocutores sociales para la fijación de los salarios mínimos. La congelación del salario mínimo en el 2014, la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones y el aumento de los precios, se ha traducido en un empeoramiento de las categorías de los trabajadores más vulnerables. Por otra parte, las consultas a las que obliga la ley se han convertido en un puro trámite sin que realmente se produzca un intercambio de pareceres con vistas a terminar en un acuerdo. No se ha previsto un mecanismo que asegure la eficacia de la consulta, a los sindicatos no se les permite expresar sus puntos de vista con conocimiento de causa y sus opiniones no se tienen en absoluto en cuenta al fijar el salario mínimo, lo que contradice el Convenio 131 de la OIT.

Esta alegación ha sido acogida por el Consejo de Administración de la OIT, que ha decidido admitir a trámite la queja y debatirla en el seno de un Comité tripartito. La discusión sobre este tema será enormemente relevante para enmendar las prácticas autoritarias del gobierno también en este punto.

Con ello CCOO y UGT siguen desarrollando la línea de trabajo que se apoya en el crecimiento salarial generalizado con el objetivo de ir recuperando el poder adquisitivo perdido. Las luchas salariales se suelen sacrificar en momentos de destrucción de empleo, pero el contexto de las políticas de austeridad la colocan también en un primer plano.