DEMOCRACIA AMORDAZADA

Bajo este título, se celebra hoy, 5 de mayo, en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, un acto, en el mes dedicado a la Cultura y el Trabajo que ha organizado el Ateneo 1 de Mayo de la USMR de CCOO, que dirige Paula Guisande. En él intervendremos Rafa Fraguas, Pedro de Alzaga, Concha Roldán y un servidor de ustedes. A continuación se colocan unas reflexiones generales que tangencialmente abordan el tema objeto del debate.

No es ningún secreto para nadie que desde hace ya mucho tiempo la libertad de prensa y la libertad de información no cumplen los objetivos que decían perseguir en una democracia liberal. La prensa libre ofrecía a la ciudadanía información sobre los acontecimientos desde una visión pluralista de manera que ésta pudiera formar su opinión libremente basada en su propio juicio y razón, lo que consecuentemente convertía a la prensa y a la imprenta en elementos fundamentales para pensar y decidir políticamente. La creación de la prensa obrera se insertaba en este paradigma liberal, ofreciendo un punto de vista diferente y alternativo a la prensa burguesa, pero compartiendo la idea de la función iluminista y formadora de opinión de ésta. Hace ya mucho tiempo que con la llegada de los medios de comunicación de masas, estas nociones se han modificado, pero aún se puede encontrar una fuerte reivindicación del valor informativo de una televisión pública y de calidad, de unos medios de comunicación que educan, informan y suministran una valoración ponderada y plural de la realidad.

Las dictaduras aborrecen la libertad de información y el pluralismo y conforman una suerte de monopolio informativo acompañado de la censura previa. De estas cosas en España sabemos mucho, porque la dictadura de Franco pasó cuarenta largos años sobre estas bases, aunque agrietadas en el tardofranquismo especialmente a partir de las revistas mensuales o semanales de opinión – Cuadernos para el Diálogo, Triunfo – o las revistas de humor – Hermano Lobo, Por Favor – que recibieron en muchas ocasiones los zarpazos de la ley de Prensa de Fraga y que tenían un contrapunto en la numerosa y cada vez más desarrollada prensa clandestina. La instauración del sistema democrático trajo consigo una explosión pluralista de medios de expresión libre, que conocieron su cénit entre 1976 y 1986. Prensa y comunicación libre y pluralista, con una fuerte influencia de la cultura de izquierda que se prolongaba en la producción de libros, la prensa sindical y política, las librerías.

A partir de la década de los noventa, sin embargo, la situación comienza a cambiar, y la despolitización generalizada incide en un cambio importante en el tejido televisivo y en la propia conformación paulatina de los medios de comunicación como una importante oportunidad de negocio. La lucha de las plataformas digitales, la concesión de licencias de radio, y la globalización de las inversiones en medios de comunicación, van cambiando de manera acelerada el espacio de la información, que progresivamente se va homogeneizando políticamente, impidiendo la expresión del disenso o simplemente de opiniones discordantes.

La situación es ya muy crítica en la primera década del siglo, cuando se producen las últimas escaramuzas para crear una prensa diferente, dando por perdida cualquier posibilidad de encontrar un espacio plural en las televisiones públicas, como señalan los terribles casos de Tele Madrid o de Canal 9 y luego repetidos en tantas otras. La fusión de cadenas y la concentración de empresas en este medio es a su vez otro elemento característico. Los periódicos “formales” se sitúan ideológicamente de forma cada vez más pétrea y la consecuencia es doble: la invisibilización de la protesta social y la desinformación y el adoctrinamiento como norma de estilo. 

La libertad de información se ha convertido en libertad de empresa. Grandes corporaciones financieras e industriales dominan plenamente el soporte mediático de la información, y condicionan la libre expresión de las ideas, impidiendo de hecho el pluralismo ideológico y político. Más aún, conscientes de su capacidad de “construir” realidad, tergiversan y manipulan los hechos, silencian las voces y las opiniones discordantes, marginan las expresiones de resistencia y de disenso que excluyen de la crónica continua de una normalidad inducida, y desacreditan de forma impresentable cualquier actitud, opinión o decisión que sea crítica con ese estado de cosas. Las televisiones púbicas en nuestro país, tras los cuatro años del Partido Popular, se han convertido en un vertedero de tópicos y consignas de apoyo al gobierno y al partido que le sostiene. Una parte de la prensa sostenida y “empotrada” en el poder económico sirve con entusiasmo esos mismos fines, y es premiada por ello como demuestra el esperpento de nombrar al director de La Razón comisario honorario de policía por los servicios prestados. Otra, con más nervio, muestra su autoridad exigiendo – y obteniendo- actitudes concretas de los sujetos políticos en liza, denigrando con violencia cualquier iniciativa de cambio social o económico. Sólo algunos medios digitales nacen como residuo de la información plural.

Todo ello en medio de un panorama de destrucción de empleo, despidos y desaparición de la profesionalidad del oficio del periodista. Que se encuentra cada vez más precarizado y sin derechos, mano de obra que tiene que servir voluntaria y colaborativamente las indicaciones del patrón. Aunque éstas sean indignas y falsas. La libertad de prensa se encuentra amenazada, y el oficio de periodista es hoy un espacio de trabajo sin apenas autonomía, inestable y de baja remuneración. Los medios tradicionales se recomponen económicamente a cada instante, y la información se refugia en medios digitales principalmente. Con la crisis económica general, los despidos colectivos recorren este sector diezmando a sus profesionales.

La voz de los trabajadores, la libre expresión y opinión de quienes se encuentran en una posición subordinada social y económicamente, sus vivencias y sus problemas, no encuentran acomodo en el panorama mediático actual. No sólo son silenciados e invisibles, sino que con gran frecuencia la imagen que se proyecta es plenamente deformada. En especial respecto de las organizaciones que representan a las trabajadoras y trabajadores de este país. Hay un preconcepto sobre el sindicato que oscila entre la ineficiencia y la impotencia, en las visiones más “positivas”, hasta su prescindibilidad y arcaísmo, pasando por la clásica retahíla de corruptelas y complicidades. El sindicato que se construye para la opinión pública no tiene mucho que ver con el sindicato que actúa en los lugares de trabajo, pero justamente esa es la consecuencia posiblemente buscada, la de desconectar esa experiencia organizativa y de acción colectiva de la capacidad de ese mismo sujeto de presentar un proyecto de reforma y transformación de la sociedad. De esta manera se muestra como algo inviable la acción colectiva que tiene sus raíces en la explotación del trabajo, al oscurecer cualquier vínculo del sindicalismo – preferentemente el confederal, u “oficial” según la prensa – con esa situación básica del dominio del poder privado en el trabajo concreto, exhibiéndolo por el contrario como un sujeto público, casi una para-administración pública que gobierna de manera ineficaz los vaivenes del empleo y es incapaz de lograr soluciones a la realidad social del país.

Este uso desviado de la información que silencia y deforma a la vez tiene su momento exasperante con ocasión de los grandes conflictos o huelgas promovidas por los sindicatos. Entonces se presenta al sindicato como un grupo de matones que amenazan a las personas hornadas que quieren trabajar o abrir su negocio en el día de huelga, y la cobertura mediática busca fotografiar el enfrentamiento con la policía, las hogueras en las calles, las nubes de humo. La represión posterior y selectiva frente a estas medidas de conflicto no aparece, ni siquiera como una consecuencia natural de la forma de mostrar el desarrollo de la huelga. En el caso de la represión penal de los piquetes de huelga y la aplicación del delito de coacciones laborales, ha tenido que ser la movilización sindical en las calles la que consiguiera que – no todos, principalmente los medios digitales – se hicieran eco de esta ofensiva represiva.

La libertad de expresión de las clases subalternas es extremadamente débil, y la voz de la clase social de quienes trabajan, pese a poseer instrumentos organizativos de densidad afiliativa y representativa consistentes – mucho mayores que los partidos políticos – no se transmite al resto de la sociedad. La mediación que ejercita una información sometida plenamente a los intereses de los grandes grupos económicos que la controlan, obstaculiza esta conexión entre la situación de origen, el trabajo asalariado, devaluado en gran medida y precarizado de forma importante, y el proyecto de sociedad más igualitaria y libre, en el que la democracia implique pleno ejercicio de derechos sociales en el marco de un Estado comprometido en la nivelación social y el impulso a una economía plural, no plenamente dominada por las instituciones financieras.