PROBLEMAS LABORALES DE LA EXTERNALIZACIÓN Y DE LA REVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Se han celebrado en Albacete la 50ª edición de las Jornadas de Estudio del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, organizadas conjuntamente por este organismo y la Universidad de Castilla La Mancha, con la colaboración de la Editorial Bomarzo y el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de unas Jornadas con gran tradición entre los iuslaboralistas españoles, que se desdoblan en otras celebradas en Madrid, en enero, cuya organización la comparte el GEJUR con la asociación  Jueces para la Democracia, y que en esta ocasión alcanzaba la cifra redonda de la Jornada número 50.

El tema seleccionado era uno muy importante y de gran interés, el relativo a la problemática laboral de la externalización de la actividad productiva a través de los mecanismos de subcontratación – lo que en otras áreas culturales se conoce con el término de terciarización - , con especial incidencia en los procesos de privatización que se han ido desarrollando en el área de las administraciones públicas, así como las hipótesis de reversión que en los supuestos de cambio político tanto en ayuntamientos como en comunidades autónomas, podrían ser planteadas por los nuevos gobiernos de progreso.

Para ello se había diseñado por los directores de las Jornadas, Jesús Rentero Jover, Magistrado de lo Social del TSJ de Castilla – La Mancha y Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de Derecho del Trabajo de la UCLM, un programa en el que se desgranaba en varias intervenciones los múltiples aspectos de esta “problemática laboral”. La Jornada del día 9 partía de una intervención de Maria Fernanda Fernández López, Catedrática de la Universidad de Sevilla, a la que presentó Antonio Baylos, catedrático de la UCLM, que enmarcaba en el sistema constitucional y en el cuadro legal general la externalización productiva y sus repercusiones en el modelo de relaciones laborales. Se trataba de una intervención densa, sugerente y muy potente que desarrollaba el concepto de empresario complejo a la búsqueda de un empresario real y posible como un concepto disponible legal y doctrinalmente para hacer frente a las alteraciones importantes que la externalización productiva genera en el esquema bilateral clásico de la relación de trabajo. Desde una crítica muy bien fundada a la jurisprudencia constitucional de la crisis y su pobre noción de libertad de empresa, la profesora Fernández López fue desgranando los distintos campos en los que era necesario intervenir en ocasiones desarrollando preceptos y reglas ya establecidas en la ley, como en materia de interposición en el mercado de trabajo, la subcontratación en el sector de la Construcción o lo relativo a la coordinación de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en otros actuando de manera muy incisiva el principio igualdad y no discriminación, y, en fin, desarrollando la temática de las cláusulas sociales en la contratación pública y la extensión de reglas sobre sucesión de contratas sin las interferencias de algunas últimas decisiones del Tribunal Supremo que colisionan con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Esta primera intervención que desmontaba el uso de la estructura empresarial como forma de inaplicar la legislación laboral, fue seguida por la intervención de la Magistrada de lo Social de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Lourdes Arastey Sahún, que fue presentada y moderada por el Magistrado Emérito de la misma sala y tribunal, Mariano Sampedro Corral, en la que se procedió a desarrollar la doctrina del Tribunal Supremo en matera de reversión de contratas, con una importante aportación de la jurisprudencia europea al respecto. Ya por la tarde, presentado por la profesora de la Universidad de Murcia Belén García Romero, el Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas Martín, efectuó un recorrido por las decisiones judiciales más relevantes en materia de sucesión, extinción o reducción de las contratas tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, y, para terminar ese primer día, Emilio Palomo Balda, Magistrado del TSJ del Pais Vasco, al que presentó Eloy Hernández Lafuente, Magistrado del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, enfocó el candente tema de la externalización a través de las empresas multiservicios y las cooperativas.

El viernes 10, por la mañana, se abordaba el tema muy específico de la reversión de los servicios externalizados a las Administraciones Públicas para su gestión directa. Debería haber intervenido para esta ponencia el catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Alfonso Mellado, que precisamente tiene un artículo publicado en la Revista de Derecho Social 73 (2016) en el que aborda este punto ( y que puede obtenerse aquí http://editorialbomarzo.es/comprar/articulo/la-reversion-a-la-gestion-directa-de-servicios-publicos-problemas-laborales-atencion-especial-a-las-entidades-locales-y-a-las-sociedades-mercantiles-de-capital-publico/) pero una operación quirúrgica le ha impedido estar presente en las Jornadas y ese cometido lo llevó a cabo Francisco Gualda Alcalá, responsable del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, que fue presentado por Petra García Márquez, magistrada del TSJ de Castilla La Mancha. La última ponencia, moderada por Henar Merino Senovilla, magistrada del Juzgado de lo Social de Murcia, corrió a cargo del también Magistrado de lo social del TSJ de Catalunya, Miquel Falguera Baró, quien precisamente ha publicado un muy interesante libro sobre los límites a la externalización en el que enuncia los fundamentos doctrinales y judiciales de éstos y efectúa propuestas de regulación muy novedosas ( y que puede obtenerse en este enlace http://editorialbomarzo.es/comprar/titulo/la-externalizacion-y-sus-limites/), que procedió  a la recapitulación de los principales problemas planteados, su crítica y la necesidad de una nueva regulación de estos mecanismos desde el Derecho del Trabajo.

Casi 300 personas se dieron cita en esta Jornada, en su gran mayoría abogados laboralistas y sindicalistas, aunque con una importante presencia de jueces y magistrados – la Jornada está incluida entre los Cursos de Formación del CGPJ – y de profesores universitarios. En la apertura, en el aula magna del Edificio Melchor de Macanaz,  edificio polivalente que acoge los estudios de Relaciones Laborales, Economía y Derecho, han intervenido la nueva decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, Mª José Romero, junto al secretario general de CCOO en Albacete, Francisco de la Rosa, y el decano saliente de la Facultad, Joaquín Aparicio. En la sesión de tarde, sin embargo, la Jornada se trasladó al auditorio de la Facultad de Farmacia, para poder soportar mejor el rigor climático de la jornada.

La decana fue la encargada de dar la bienvenida a las jornadas, destacando de las mismas, tanto la calidad de sus ponentes como la de los temas a tratar, en donde resaltó el debate político que se ha generado sobre la posibilidad de que las Administraciones públicas recuperen la gestión de servicios públicos que estaban siendo objeto de gestión por entidades privadas, en la medida en que frente a la indicación legal y normativa – también política -  de eliminar la prestación directa de servicios públicos para derivarla hacía entidades privadas que ha acompañado la gestión de los entes públicos durante los años del bipartidismo, en los últimos tiempos se viene observando una reversión a la gestión directa de estos servicios, aunque la legislación vigente pone importantes escollos a esta reversión que plantea fundamentalmente problemas en el área pública respecto de la estabilidad en el empleo de los y las trabajadoras de las contratas, como recientemente se ha señalado respecto de Castilla La Mancha y del que se ha hecho eco este blog ( como puede comprobarse en este enlace http://baylos.blogspot.com.es/2016/05/estabilidad-laboral-y-pliego-de.html)  

La Jornada de Estudio ha resultado muy provechosa e intensa. El sesgo evidente de la misma hacia la actuación en los tribunales y la defensa letrada de los planteamientos individuales y colectivos que genera la externalización de servicios por un lado o los problemas laborales de la reversión de los servicios privatizados por otro, ha acentuado la presentación del tema a partir de su judicialización. Es por tanto la doctrina judicial la que ha sido sometida de manera muy exhaustiva a conocimiento, desarrollo y crítica, lo que es plenamente coherente con el patrocinio del CGPJ a esta iniciativa. Las limitaciones evidentes que este enfoque tiene, sin embargo, han sido relativamente paliados no sólo mediante la ponencia de enfoque general a cargo de la profesora Fernández López, sino también en el debate – siempre rico y plural – que se ha ido desarrollando en cada una de las ponencias y las sugerencias y propuestas de acción sindical, en la negociación colectiva y en los pliegos de condiciones, deshaciendo equívocos y posiciones erróneas por parte de algunos abogados y sindicalistas, pero también en la necesidad de regulaciones autonómicas que dieran solución a algunos problemas irresueltos por la norma estatal que han sido desatendidos por el control judicial. Y ello sin olvidar las propuestas de re-regulación de este punto en la hipótesis – en la que prácticamente todo el auditorio asumía como la más positiva para el futuro de la nación – de un gobierno de progreso a partir de las elecciones del 26 de junio próximo.