A
mediados de cada año, la Confederación sindical Internacional (CSI) hace
público un informe que denomina Índice
Global de los Derechos en el que se clasifican a las naciones mundiales en
función del grado de incumplimiento de los derechos laborales individuales y
colectivos. El Informe se efectúa conforme a 97 indicadores que arroja una
puntuación final que a su vez permite clasificar a cada Estado en uno de los
seis grupos prefijados.
El Indice Global de los Derechos
de este año 2016 es extremadamente negativo. Como señala el comunicado de la
CSI / ITUC, “el deterioro de los derechos de los trabajadores en la mayoría de
las regiones se ha visto agravado por serias campañas de represión contra el
derecho la libertad de expresión y de reunión, incluyendo intensas campañas de
represión en algunos países, lo que hizo que se incrementaran en un 22% las
restricciones de estos derechos, registrándose restricciones severas a los
mismos en 50 de los 141 países considerados”. La represión sistemática no solo
de las acciones colectivas de organización, negociación y conflicto, sino de
las libertades básicas de manifestación y de expresión, constituyen el rasgo
distintivo de la afirmación de una tendencia autoritaria y represiva como
acompañamiento del capitalismo globalizado.
Sharah Burrow, la secretaria general de la CSI, ha sido muy
categórica al respecto al afirmar que "estamos siendo testigos del cierre
de espacios democráticos y un aumento de la inseguridad, el temor y la
intimidación hacia los trabajadores y trabajadoras. El ritmo al que se están
intensificando los ataques contra los derechos, incluso en algunas democracias
por ejemplo las propuestas del Gobierno en Finlandia o la nueva ley de
sindicatos en el Reino Unido, indica una alarmante tendencia para los
trabajadores/as y sus familias”. Aunque
la región de Oriente Medio y Norte de África ha sido una vez más la peor región para los trabajadores
y trabajadoras, con el sistema de la kafala en los países del Golfo que impone
condiciones de esclavitud a millones de personas, “en el otro extremo de la balanza, prosigue
el deterioro de los derechos en Europa, tradicionalmente la región mejor situada
en el Índice. Pese al fracaso evidente de las políticas de austeridad, muchos
Gobiernos europeos continúan socavando los derechos de los trabajadores. El
incumplimiento por parte de la mayoría de los países europeos respecto a sus
obligaciones hacia los refugiados, incluyendo el derecho al trabajo, está
agravando aún más el problema”. Lo que no quiere decir otra cosa que las
políticas de la gobernanza económica europea no sólo implican un impulso
decidido contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores,
sino que éstas vienen acompañadas de acciones sistemáticas de reducción de
derechos civiles y de restricciones de la participación democrática, además de
llevar a cabo una sistemática operación de violación de derechos humanos con la
criminal política respecto de los refugiados.
Los diez peores países del mundo
para los trabajadores y trabajadoras son Belarús, China, Colombia, Camboya,
Guatemala, India, Irán, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Con la
aprobación de una nueva Ley Sindical, el Gobierno camboyano ha limitado aún más
la capacidad de los trabajadores para negociar condiciones de trabajo y salarios,
mientras que la policía en India ha empleado una violencia desproporcionada
para reprimir manifestaciones de trabajadores/as, muchos de los cuales fueron
detenidos por el simple ejercicio de los derechos legalmente garantizados. En
Irán se han dictado duras sentencias de prisión contra trabajadores por llevar
a cabo actividades pacíficas, y Turquía se está ensañando contra los
trabajadores/as del sector público que intentan participar en acciones
sindicales, con al menos 1.390 funcionarios públicos sometidos a
investigaciones. El Gobierno turco se ha convertido también en sinónimo de
ataques contra la libertad de expresión, con la expulsión de diez periodistas
extranjeros desde al pasado mes de octubre y los periodistas turcos
enfrentándose a una severa represión incluyendo juicios y encarcelamiento en
base a falsos pretextos, incluyendo la "seguridad nacional". En esas
pésimas condiciones democráticas, la Unión Europea ha subcontratado con este
Estado la represión y contención de los flujos de refugiados que huyen de la
guerra en Siria.
Las conclusiones del informe son desoladoras:
82 países excluyen a trabajadores de la legislación
laboral
. Más
de dos tercios de los países no conceden a los trabajadores el derecho a hacer
huelga.
. Más
de la mitad de los países deniegan a algunos o a todos los trabajadores/as la
negociación colectiva.
. De
los 141 países, el número de países que deniegan o limitan la libertad de
expresión y de reunión aumentó pasando de 41 a 50, con Argelia, Camerún,
Estados Unidos y Pakistán sumándose a la lista.
. De
los 141 países, el número en que los trabajadores/as están expuestos a
violencia física y amenazas se incrementó en un 44% (de 36 a 52) e incluyen a
Colombia, Egipto, Guatemala, Indonesia y Ucrania.
. Se ha
asesinado a sindicalistas en 10 países, incluyendo Chile, Colombia, Egipto, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Irán, México, Perú, Sudáfrica y Turquía.
La clasificación de las naciones
del mundo en función de los indicadores citados que dan como resultado el mayor
o menor respeto de los derechos individuales o colectivos de los trabajadores y
de las trabajadoras globalmente considerado es el siguiente:
El Grupo 1 agrupa a los países
donde las violaciones de los derechos se efectúan de manera excepcional o
irregular. Es el grupo por tanto de los países en donde por líneas generales se
respetan, salvo casos determinados, los derechos derivados del trabajo. En este
grupo hay 13 países, normalmente europeos, como Alemania, pero también un país
latinoamericano gobernado desde hace ya tiempo por la izquierda, Uruguay . El grupo 2 incluye los países donde se dan
repetidamente agresiones a los derechos de los trabajadores. Suele discurrir
por países desarrollados ya fuera de la Unión Europea, y era el grupo en el que
normalmente se encontraba España. En la edición del 2016, en este grupo se
hallan 22 países incluyendo Brasil, Canadá, Irlanda y Japón
Es a partir del Grupo 3 cuando se
puede hablar ya de una situación muy negativa para el sistema de derechos
humanos laborales. Este grupo supone que en los países en él incluidos se
producen con regularidad violaciones de estos derechos: En él se localizan 41
países incluyendo Australia e Israel., pero también Gran Bretaña y España. El
grupo 4 agrupa a los países en donde la violación de derechos es sistemática, y
este colectivo incluye a 30 países, entre ellos Polonia y EE.UU.
Por último, la CSI establece dos
grupos para recoger aquellos países en los que los derechos humanos laborales
no están garantizados en absoluto. En un primer grupo se sitúan 25 paises,
incluidas Belarús, China y Nigeria, y en un sexto o cinco plus se colocan
aquellos países en los que los derechos laborales no están garantizados por la
desintegración del Estado de derecho. Este grupo lo componen 10 países, en
donde se encuentran los dos Sudanes, Burundi, Siria y Palestina.
El dato más llamativo para
nosotros es la calificación del Estado español como un país en el que se violan
con regularidad los derechos laborales. La criminalización de los piquetes de
huelga y la ley de seguridad ciudadana son efectos evidentes de un proyecto
político de desarticulación de la protesta sindical y social y de su represión
organizada, a lo que se une un panorama de degradación de derechos obra de las
reformas de estructura puestas en marcha a partir de la crisis en un crescendo de 2010 al 2012 y hasta la
actualidad.
Este dato debe ser conocido y comentado,
puesto que da cuenta de una realidad evidente, la que enfrenta la recuperación
de la tasa de ganancia y el beneficio en un momento de “crecimiento” económico
que cada vez más agranda la desigualdad, con un sistema de derechos basado
sobre el trabajo. O lo que es lo mismo, la incompatibilidad funcional entre el
marco político e ideológico del neoliberalismo y el esquema democrático que
funda un sistema de derechos fundamentales derivados del trabajo y exige que éstos
sean protegidos y garantizados. Es una conclusión a la que se debe dar
visibilidad mediática y política en todo caso, pero mucho más cuando da inicio
un período electoral en el que la ciudadanía debe expresar sus opciones en
orden a un proyecto de gobierno del país. Un país que se declara democrático y
social y en el que desde hace demasiado tiempo se niega desde el poder público
y los poderes económicos a las clases subalternas su condición de sujetos
políticos portadores de derechos fundamentales como requisito de ciudadanía
plena. Es hora por tanto de cambiar y de dejar atrás esta etapa de degradación
social y de deconstrucción de la democracia.
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