El repositorio de recuerdos que se localiza en Facebook me ha recordado un “post” del blog de hace sólo dos años. En él se decía que en la tarde del 7 de junio del 2014, “se han convocado en las principales ciudades del país, manifestaciones y concentraciones para exigir un referéndum sobre la forma de estado como consecuencia de la abdicación del monarca. Son manifestaciones de claro cariz republicano, que se insertan en un proceso cada vez más extenso de deslegitimación política del marco institucional vigente: bipartidismo convergente, monarquía, corrupción económica, desigualdad social y derecho de los pueblos a decidir. La relación de estos procesos con los sujetos representativos de los trabajadores y la movilización social que éstos impulsan es el objeto del presente comentario”.
La entrada del blog continuaba
reflexionando sobre la deslegitimación progresiva que estaban sufriendo las
instituciones que garantizaban la continuidad del orden conservador democrático,
es decir, la parte más criticada de la transición, cifrada en un sistema
electoral que predisponía el bipartidismo, la monarquía como forma de Estado
que simbolizaba la continuidad con el franquismo en la dirección del Ejército, o
la imposibilidad de encontrar fórmulas de participación democrática fuera del
espacio electoral, a lo que en los últimos tiempos, a partir de la crisis, se
habían unido otros elementos que agravaban el cuadro político de referencia,
fundamentalmente la anulación virtual y la desconexión de una gran parte de los
derechos sociales, desde el de la vivienda al del trabajo, el dominio abrumador
del capital financiero y la reforma de la Constitución para imponer
restricciones incisivas al gasto social y la prioridad del pago de una deuda en
gran medida ilegítima, todo ello unido a un crecimiento cada vez más evidente
de fenómenos de corrupción que se insertaban en la normalidad del
funcionamiento del partido del gobierno.
En esa entrada, se insistía en un
hecho que posiblemente se ha prolongado hasta nuestros días, el desplazamiento
de las luchas sociales que habían permitido un ciclo de conflictividad
impresionante entre el 2010 y el 2013, al ámbito de la política, es decir, a la
traducción de estas movilizaciones en la agregación de consensos sociales en
torno a un sujeto político que permitiera representarlos.
“En los últimos días – decía este
post - el centro de gravedad del
debate público se ha trasladado al terreno estricto de la política, dejando en
segunda fila las reivindicaciones sociales y la resistencia frente a las
políticas de la austeridad y el recorte de derechos sociales inherente. Lo que
no implica su postergación, sino que éste eje de resistencia se alarga hacia
reivindicaciones directamente políticas, como la forma de gobierno o la
configuración territorial del Estado. En esa coyuntura, la posición de las
organizaciones sociales es clave. Merece resaltarse la postura mantenida por
CC.OO. en un comunicado oportunamente hecho público tras las primeras
manifestaciones republicanas en las calles de las principales ciudades
españolas, en el que se condensa una perspectiva muy interesante al respecto.
El sindicato llama a sus afiliadas y afiliados a participar masivamente en las
manifestaciones convocadas por el derecho a decidir, y exige la apertura de un
proceso de reforma constitucional amplio y profundo que aborde desde los
grandes temas de la estructuración territorial y federal del Estado y la forma
de gobierno, hasta el desarrollo de formas participativas y democráticas en la
institucionalidad política del país, junto con un cambio del modelo social y
económico que se ha impuesto y que simboliza la reforma constitucional del art.
135 CE, mediante el impulso de una profunda regeneración democrática”.
Esa tensión se sigue manteniendo
dos años después, pese a la cantidad de hechos que han sucedido y que han
dilatado las experiencias sobre las que se sigue asentando ese contraste entre
el discurso de la política y las reivindicaciones de la ciudadanía situada en
una posición social subalterna y cada vez más desigual, en condiciones
precarias de una existencia devaluada salarial y personalmente, y sometida a la
violencia descarnada de los poderes privados.
En junio de 2016, sin embargo, la
feliz – aunque complicada – convergencia de IU con Podemos y con las confluencias
en las nacionalidades del Estado español – Catalunya, Galicia, Valencia –
permite visualizar un sujeto político-electoral potente que es idóneo para
proceder a un cambio político sustancial, con todas las dificultades que ello
lleva por la magnitud de la tarea y la previsible oposición cerrada de los
poderes económicos. Sin embargo es seguro que uno de los ejes del cambio
político que representa Unidos Podemos
es el de la necesidad de definir un nuevo modelo democrático de relaciones
laborales.
Este es un propósito en donde es
previsible encontrar alianzas a la derecha de esta formación, puesto que sobre
el tema se han manifestado ya tanto fuerzas políticas como muy especialmente
sindicales, que cuentan con un detallado programa de transformación del marco
legal y colectivo del trabajo. Y, dejando de lado las declaraciones siempre
retóricas de sus dirigentes, una serie significativa de asesores y de
exponentes del empresariado también entienden inevitable un cambio en el actual
marco normativo.
Este es por tanto un campo de
debate muy importante, sobre el que es imprescindible que se centre el discurso
electoral en la campaña que va a comenzar el 10 de junio. No es sin embargo un
tema que vaya a ser priorizado por los partidos conservadores, porque se trata
de un terreno en el que saben que la crítica tiene siempre una acogida muy
favorable por parte de las víctimas de las políticas de austeridad y que es en
ese espacio en el que la movilización social ha producido mayores respuestas y
consideraciones negativas respecto de las consecuencias de las mismas. Pero si
debe ser enarbolado por los sujetos del cambio político en esta confrontación
electoral.
Y no sólo hacia fuera, en el
espacio de discusión que propicia – deformadamente – el mecanismo electoral,
sino también hacia dentro, en el interior de los diferentes estratos que
pueblan ese movimiento hacia el cambio político democrático que tendría que ir
desembocando en un nuevo proceso constituyente.
Por eso es importante debatir y
dar a conocer cuales son las líneas maestras del cambio en los distintos
sectores que definen y determinan la acción de la representación política de
Unidos Podemos y sus confluencias nacionales. Es un debate que interesa a todas
y a todos, y que por tanto, como y intuimos, no va a encontrar espacios
públicos para poder expresarse.
El martes 7 de junio – hoy al
redactar esta nota - en el Espacio Ecooo, en Lavapiés, calle Escuadra 11, se
celebrará a las 19 horas un debate sobre el nuevo modelo de relaciones
laborales que se diseña. En este ámbito de discusión, intervendrán Nacho Álvarez - Secretario de Economía
de Podemos - Yolanda Díaz -
candidata al Congreso por En Marea - Joaquín
Nieto, Director de la Oficina de la OIT en España - Fernando Lezcano - Secretario Confederal de Organziación y
Comunicación de CC.OO. - Antonio
González, de Economistas Frente a la Crisis y Antonio Baylos, profesor de la UCLM.
Se trata en definitiva de reunir
diferentes visiones sobre los aspectos más polémicos sobre el modelo de
relaciones laborales desde el que partimos y los objetivos a los que puede
encaminarse en un futuro gobierno que haga posible el cambio político y
revierta la situación extremadamente negativa en la que nos han situado las
reformas laborales del Partido Popular.
Una convocatoria abierta a la que
se invita a todos los que tengan interés o curiosidad por verificar el programa
de reformas en materia de relaciones de trabajo alternativo al que ha sido
impuesto progresiva y forzosamente desde 2010 y 2012.
Posiblemente, parafraseando el “post”
de hace dos años, “no hay una “hoja de ruta” clara y asumida por los distintos
sujetos que se despliegan en el espacio político y social alternativo sobre el
nuevo modelo democrático y social que se quiere poner en pie. Pero lo que si es
común es la decisión de afrontar coordinada y progresivamente una firme
oposición y resistencia al modelo de consolidación política y social que
quieren poner en marcha conjuntamente los poderes económicos dominantes y el
bipartidismo imperfecto que hemos conocido con la incorporación más dudosa de
nuevos y viejos aliados políticos”. Pero es seguro que cualquier via de avance
pasa por la recomposición de la gestión de la austeridad y la reconstrucción de
un firme sistema de derechos colectivos e individuales basados en el trabajo
como condición de ciudadanía.
Bueno desde Zaragoza seguimos sin rumbo. No os vimos en Córdoba dónde lo mejor fue la intervención del Prof. Cristobal Molina. Hizo que por lo menos se despertara la doctrina aunque sólo duró diez minutos. Lo de la República parece que como que ya no se lleva, es decir como el Derecho del Trabajo. Sin embargo, si vivieramos en el Siglo XIX seguramente unos apoyariamos a la Infanta Elena por que Froilán parece más Borbón. Al final ni siquiera la Ley de Igualdad del Leonés ha servido para cambiar la línea de Sucesión. Buen verano. SALUD Y REPUBLICA
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