RESISTENCIA AL GOLPE EN BRASIL

El panorama político brasileño tras la destitución de la presidenta Dilma el 31 de agosto pasado está cambiando. La votación final en el Senado de la destitución de la presidenta y consecuentemente la confirmación con carácter definitivo del presidente en funciones Temer culminaba el proceso mediante el cual se neutralizaba la legitimidad popular y electiva que había permitido, en una reñida elección, conformar a Dilma Rouseff como presidenta de Brasil hacía dos años y se daba carta de naturaleza a un mecanismo de sustitución que está buscando mantenerse – para luego perpetuarse – hasta las elecciones presidenciales del 2018.

Los grupos económicos dominantes en el marco estatal-nacional brasileño han contado para llevar a cabo este cambio de rumbo con un congreso de diputados fuertemente derechizado, un importantísimo apoyo mediático y la mediación necesaria de algunos jueces y aparatos policiales. La movilización iniciada en el 2013 sobre la base de protestas en las ciudades más importantes sobre los transportes, continuaron dos años después exigiendo, mediante una impresionante presencia en las calles, la destitución de la presidencia sobre la base de un confuso conglomerado de acusaciones e imputaciones contra el PT y el expresidente Lula, sin que al final el crimen por el que se ha destituido a la presidenta Dilma Rouseff haya sido no un acto de corrupción, como los que se imputan a la mayoría de los diputados y senadores que la han juzgado, sino el de la alteración de partidas presupuestarias en una práctica que habían realizado todos los anteriores gobiernos y que el propio Congreso, el 1 de septiembre – es decir, al dia siguiente de la destitución – ha legalizado mediante una ley clamorosamente votada por las mayorías que acababan de condenar a la presidenta por el mismo motivo.

En este plan cobra excepcional importancia la “agenda” laboral. Toda una serie de medidas que pretenden modificar de forma sustancial el marco legal que marca la Consolidaçao das Leis do Trabalho (CLT) en aspectos centrales. En primer lugar, mediante la llamada “terciarización”, o externalización plena de todas las actividades de una empresa con exención de responsabilidad sobre la empresa principal en materia de salarios o en materia de salud laboral. El gobierno Temer ha anunciado la inmediata aprobación, a lo largo de este mes de septiembre, de un proyecto de ley en el congreso nacional, que acoge esta plena desregulación de las relaciones laborales que además, en el peculiar sistema sindical brasileño, fragiliza la estructuración y organización de los intereses de los trabajadores “terciarizados”.  En cartera está también el ataque directo a la jurisdicción social, con la reducción de su presupuesto en términos y porcentajes que degradarán aún más el servicio público del acceso a la garantía de los derechos laborales. Siempre en la senda de esta política de recortes, una enmienda constitucional se debate en el Congreso, sostenida por el gobierno Temer, según la cual durante veinte años se congelan las inversiones en el Sistema Nacional de Salud (SUS), con las consecuencias que se pueden fácilmente deducir, y la explícita complicidad con las aseguradoras privadas que pretenden hacer entrar en su mercado las necesidades sanitarias de todas las facciones de las clases medias. Y, como no podía ser menos, un proyecto de modificación de las pensiones en el marco de la Seguridad Social debería presentarse al congreso antes de las elecciones municipales de octubre a las que luego se hará alusión.

También se habla de reforma laboral en un sentido estricto, más allá de la aceptación plena de la terciarización. En concreto se pretende cambiar la ley para que los preceptos imperativos de la CLT puedan ser modificados por la negociación colectiva, en la línea del precepto italiano que fija la plena disponibilidad de la norma estatal por la negociación colectiva. En Brasil, la fragmentación de unidades de negociación – salvo algunas excepciones en donde hay convenios colectivos de rama o sector a nivel nacional, como clásicamente sucede con los bancarios, precisamente en huelga indefinida por la renovación de su convenio desde ayer – depende directamente de la multiplicidad de sindicatos que disloca territorial y sectorialmente el marco de referencia de las unidades contractuales, restringe su ámbito representativo y empequeñece la fuerza colectiva para hacer vinculante el conjunto de compromisos pactados. Por eso la referencia a la negociación colectiva viene a querer sustituir la imperatividad de las normas por una abdicación impuesta por la voluntad unilateral del empresario a la que se adhiere la voluntad colectiva de algunos sindicatos.

No es de extrañar que el mundo laboral esté alarmado ante esta agenda explícita de cambios profundos del marco regulativo en el Brasil del gobierno Temer. Los sindicatos, y en primer lugar la CUT, organizan acciones de protesta y en el ambiente específico del Derecho laboral, tanto los jueces del trabajo – a través de ANAMATRA, la asociación que los agrupa – como los abogados laboralistas  - organizados en una asociación, ABRAT, que está celebrando su 38º congreso en estos días en Gramado (RS) – han expresado su más firme oposición a estos planes. Pero también el Colegio de Abogados – la Ordem dos Advogados de Brasil – que sin embargo estuvo entre las organizaciones profesionales y sociales que apoyaron el impeachment de la presidencia Dilma Rouseff – ha señalado su posición contraria a las limitaciones del presupuesto del orden jurisdiccional social, junto con una cascada de asociaciones, institutos y organizaciones que se sitúan en el espacio de la garantía de los derechos sociales.

Todo hace pensar, sin embargo, que se trata de resistencias con las que contaba el gobierno ilegítimo de Temer y que por tanto esperaba neutralizar en el desarrollo temporal de las mismas. No en vano cuenta con el apoyo irrestricto de todo el aparato mediático en manos de unas pocas familias y la fuerza de un parlamento profundamente escorado hacia posiciones conservadoras e incluso de extrema derecha. La convocatoria de elecciones municipales para el próximo 2 de octubre parecía además que habría de absorber las energías de todas las fuerzas políticas, dejando por tanto “libre” el espacio de la regulación de las relaciones laborales que constituye uno de los elementos centrales de este verdadero golpe que se ha calificado con el adjetivo de “blando” al no haber roto la institucionalidad formal que prevé la constitución.

No obstante, las cosas no han salido como pensaban los representantes del gobierno Temer – todos hombres blancos y ricos, como se recuerda – porque las protestas en las calles contra la destitución de Dilma han sobrepasado las expectativas tanto en el radio de acción – la cantidad de ciudades en las que se han dado – como en la cantidad de los participantes. El propio Temer, desde su primer viaje oficial al G-20 en China, opinó que las protestas no serían muy numerosas – dijo expresamente “40 o 50 personas” – y esta previsión ha sido reproducida en todas las redes sociales como pie de foto de las impresionantes movilizaciones callejeras del domingo 4 de septiembre. En ellas, una fuerte presencia de jóvenes (muchos de ellos con camisetas en las que aparecía la foto de la joven Dilma como guerrillera juzgada por el tribunal) han marcado de manera significativa estos fenómenos masivos. La policía militar en Sao Paulo – aliada directa de los sectores que han conspirado por la destitución en ese Estado, entre los que ha destacado la Confederación de empresarios paulistas – ha desarrollado una terrible represión de la manifestación en esa ciudad, y ha aplicado a más de veinte jóvenes detenidos, la incomunicación plena en los calabozos, decisión que ha sido revocada por un juez dos días después de decretarla el gobernador. Como respuesta a esa represión, dos días después se autoconvocó en el mismo Sao Paulo, a cargo del Frente  llamado “Brasil sin miedo”, una gigantesca manifestación de más de cien mil personas. Las demostraciones se prolongan en Porto Alegre, Santa Catarina, y asi sucesivamente.

Salvo en Sao Paulo, donde el Frente Brasil sin Miedo está dirigido por un líder muy reconocido del movimiento de los sin techo, en el resto de la nación este movimiento se construye en torno a un “Frente de Brasil Popular”, que acumula una larga serie de movimientos sociales. Ambos Frentes tienen en común que se colocan fuera de los partidos tradicionales de la izquierda, como una organización de la espontaneidad popular en torno al rechazo al golpe “blando”, y que se resume en un grito cada día más extendido: “Fora Temer” (Fuera Temer), junto con la exigencia de otras reivindicaciones muy importantes, en concreto la reivindicación de la convocatoria inmediata de nuevas elecciones, legislativas y presidenciales. No es inútil recordar que este tipo de presencia masiva en las calles no han sido noticia en muchos diarios de España.

Esta movilización ha tomado por sorpresa al gobierno. Que ya ha comenzado a recular en el tiempo previsto para poner en marcha sus iniciativas, en especial respecto de la reforma de la Seguridad Social y de las pensiones, cuya entrada en el Congreso se reenvía a momentos posteriores, una vez culminadas las elecciones municipales. La resistencia debe extenderse y consolidarse, abarcando al movimiento sindical y la acción de los partidos de izquierda, no solo del PT como principal interpelado.

Este partido necesita sin embargo una fuerte renovación. Ha perdido capacidad de agregación y se ha cerrado sobre si mismo con una significativa lentitud en percibir los signos de las transformaciones que se están dando en la sociedad y en el trabajo. La izquierda en Brasil está, como en tantas otras partes del mundo, en una nueva encrucijada. La de formar un nuevo acuerdo social que recupere el contrato entre Capital y Trabajo establecido sobre presupuestos de relativo equilibrio, con medidas fuertes de reforma del sistema económico y fortaleciendo los mecanismos de financiación del Estado. Seguiremos atentos a cómo se desarrollan las cosas en este país.