ABSTENCION SOCIALISTA, GOBIERNO POPULAR: ORDEN Y PROYECTO

Estos días casi todos estamos hablando de lo mismo, la decisión del Comité Federal del PSOE de abstenerse, tras la defenestración de su Secretario General, para dar el gobierno al Partido Popular y a su presidente Mariano Rajoy. Es una decisión muy relevante que permite gobernar al Partido que ha sido desautorizado por la mayoría de los electores en dos elecciones consecutivas y que nos sitúa en una posición muy difícil a todos los sujetos que han estado trabajando en los movimientos sociales, los sindicatos y en las actividades de partido por un cambio político que ante todo supusiera la expulsión del PP del gobierno del Estado.

Estamos en una situación complicada porque con el giro impuesto por la mayoría de la dirección del PSOE se reconstruye un esquema de ordenación de la gobernanza política y económica que es plenamente funcional a las políticas de austeridad europeas, rearticula el esquema del bipartidismo mediante una nueva posición de sus protagonistas, que gradúan su ámbito de representación desde la extrema derecha y la derecha neoliberal del PP , el centro derecha neoliberal de Ciudadanos y el centro izquierda social liberal del PSOE, y fundamentalmente plantea una operación de exclusión y de aislamiento de la izquierda y de los nacionalismos periféricos, en especial del catalán. El diseño de la gobernanza política implica la expulsión del espacio de la toma de decisiones generales de un tercio de votantes del país y la calificación de este bloque como incompatible con el propio sistema democrático, su confinamiento en el lugar del enemigo. Se ha delimitado por tanto, de manera explícita, un recinto aislante para la izquierda y los nacionalismos en el que se confina su capacidad de intervención y se bloquea cualquier posibilidad de acuerdo o transacción con los mismos. En esa operación cooperan de forma entusiasta los medios de comunicación que, como se sabe, han tenido un protagonismo excepcional en el giro impuesto a la dirección del PSOE. Éstos proseguirán sin fisuras su actividad denigratoria y hostil frente a lo que seguramente se irá definiendo en adelante ya no “antisistema” – como dice la ejecutora Susana Díaz – sino como “anticonstitucionales” para señalar su incompatibilidad con el sistema democrático, oponiéndolo al “bloque constitucional” que formarían PP, C’s y PSOE.

Si se recuerda en qué situación estábamos tras las elecciones de diciembre del 2015, la deriva de la situación actual da cuenta de lo problemático de la misma. Entonces existía un  verdadero frente de coincidencias contra el PP, un partido debilitado fuertemente en su apoyo popular e inmerso en un piélago de procesos penales que involucraban a algunas de sus organizaciones como promotoras y beneficiarias de un intenso tráfico criminal. El PP no recuperó en junio suficientes apoyos, siguió perdiendo tres millones de votos, y el cerco judicial a sus actividades criminales se intensificó. Pero ahora el contexto político le es extremadamente favorable y, gracias al giro del PSOE, ha reforzado su posición dirigente del proceso y ha evitado la descomposición y la crisis que sin embargo si ha atravesado al PSOE.

La formación de un orden nuevo que recompone el bipartidismo como fórmula de estabilidad política y de intangibilidad sustancial de las estructuras del poder financiero y económico, marginando y combatiendo a las formaciones políticas que ponen en cuestión fundamentalmente el mecanismo de toma de decisiones, la permanencia de la desigualdad y la carencia de libertades o la propia estructura territorial del Estado, es un escenario extremadamente negativo para las organizaciones sociales, los sindicatos y en general, para toda la ciudadanía. El tiempo de las grandes reformas de choque ya ha pasado, lo que ahora el conglomerado político-financiero pretende es mantener y alimentar unas relaciones laborales ya determinadas en sus líneas fundamentales a través de fuertes procesos de descolectivización y de vigorización del poder empresarial. El nuevo espacio de actuación reformista será el de los ajustes al sistema de pensiones de la seguridad Social, consolidando y acentuando los elementos más restrictivos de derechos ya presentes en el sistema. En estas condiciones, los momentos de movilización y de conflicto se concentran en sectores y en empresas, en determinados problemas locales, pero por el momento no es concebible que se genere una confrontación general en el campo de lo laboral y de lo social. Sin embargo, el horizonte en el que se mueve el sindicato ahora es mucho más desventajoso, puesto que era previsible un cambio importante en la regulación laboral que había impuesto la reforma laboral del 2012, la eliminación de aspectos represivos importantes como la regulación penal de los piquetes o la aplicación de la Ley de Seguridad ciudadana, y la incorporación de elementos de seguridad a las pensiones mediante mecanismos de revalorización. El único elemento que deberá ser reformado parcialmente, el componente indemnizatorio de la contratación temporal, se debe a los jueces europeos que han creado una oportunidad abierta a la acción sindical en España, y la negociación colectiva, encuadrada en un Acuerdo Marco con la patronal, se seguirá desarrollando en un contexto marcado por la precariedad, los bajos salarios y la cada vez más amplia esfera del trabajo no regulado en condiciones indecentes.

Se requiere por tanto comenzar de nuevo a tejer una estructura de disensos sobre la situación política, económica y social, que contenga un proyecto creíble de superación y de cambio, y que supere una visión – plenamente razonable, por lo demás, pero insuficiente - de resistencia y de rechazo, tanto en el plano político como en el plano social. En el espacio sindical se considera como práctica plenamente aceptada la necesidad de llegar a acuerdos con el antagonista (que en ocasiones ve sustituida su denominación por la de contraparte), y esa pactación constituye un componente fundamental en un proceso complejo de defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, aunque a nadie se le escapa que precisamente ese acuerdo confirma la condición subalterna del colectivo de las y los trabajadores.  Sin embargo, esta ambivalencia de la transacción no se asume en una parte del discurso de la izquierda del cambio en el campo de lo político, que parece reforzarse en una posición correcta desde el análisis objetivo de la actual situación, la de considerar que la dirección del PSOE ha abdicado de su posición de cambio político al entregar el gobierno al PP traicionando así la voluntad expresada por millones de personas en las urnas en dos ocasiones, lo que constituye en única oposición al grupo de Unidos Podemos y las confluencias e imposibilita cualquier posibilidad de entendimiento con aquél. Desde esta crítica objetiva al giro del PSOE, se anuncia incluso la revisión de los acuerdos de gobierno en algunas Comunidades Autónomas en un clima de enfrentamiento directo no sólo con los dirigentes socialistas, sino con las propias siglas y lo que ello representa ahora.

Este discurso es disfuncional para encarar las dificultades a las que nos debemos enfrentar en los años inmediatos. Es urgente que, en el campo de lo político, se vayan tejiendo alianzas que rompan ese diseño de exclusión y de aislamiento de la izquierda real (aunque no se denomine como tal). Alianzas que no sólo se tejan fuera de la institucionalidad electoral, con los movimientos sociales y los sindicatos, entendiendo desde dentro de éstos sus lógicas y sus dinámicas, sino también comprendiendo la complejidad de la situación en el propio PSOE, en donde hay una minoría importante que se ha opuesto al entreguismo de partido – un 40% del Comité Federal – y que, pese a las prácticas extremadamente conminatorias de sometimiento a la dirección que han imperado en el mismo desde González, se han atrevido a hacer pública su disidencia, lo que se traslada seguramente a la reivindicación muy sentida por los militantes de un congreso extraordinario. A lo que hay que unir la dimensión territorial e identitaria, que en el caso del PSC es extremadamente importante, pero que en algunas comunidades como en Aragón o en Castilla La Mancha, permiten una cierta administración tendencialmente progresista que no debería ser puesta en crisis, como tampoco, obviamente, las relaciones de colaboración en los municipios gobernados por las candidaturas ciudadanas con el sostén del PSOE.

Y es ineludible que también se active en un proyecto de crecimiento y desarrollo de la izquierda real una actividad intensa dentro de las instituciones y en especial en la actividad parlamentaria, devolviendo al llamado poder legislativo no sólo una función de control del gobierno, sino de iniciativa legislativa que consolide un cierto (aunque reducido) espacio de avance hacia el cambio. Explorar las posibilidades de acuerdos horizontales para la derogación de ciertos preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana, del art. 315.3 del Código Penal y su incriminación de los piquetes, la Ley Wert y el desastroso proceso de evolución de la enseñanza pública, elementos centrales para garantizar la sanidad pública, ratificar normas internacionales decisivas de la Carta Social Europea y de la OIT, reformar el reglamento del Congreso para evitar  el dominio absoluto de la labor parlamentaria por el Gobierno, proponer una nueva ley electoral en la que se reduzcan las desigualdades profundas que en ésta se permiten, abrir el debate a los tratados comerciales de nueva generación, son algunos de los puntos en los que previsiblemente debería haber un cierto margen de convergencia entre las fuerzas diferentes al Partido Popular, entre ellas de manera importante por su densidad representativa, el propio PSOE.

¿Y los grandes temas, la reforma laboral, el sistema de pensiones y la dependencia, el art. 135 de la Constitución, los recortes sociales y en los servicios públicos y de interés general que previsiblemente se aplicarán para paliar los 5.500 millones de euros que nos requieren nuestros guardianes europeos? Ahí es más que probable que no haya posibilidad de acuerdos horizontales, porque es el centro de las medidas de austeridad que constituyen el eje de la gobernanza económica europea a la que resulta plenamente funcional la creación de este bloque tripartito liderado por el PP que aísla al PSOE de sus raíces y le aleja de sus programas electorales en los que se posicionaba por la derogación de la reforma laboral y por la introducción de una cláusula social en el art. 135 CE, entre otras cosas. Pero aquí también una labor parlamentaria de promoción y presentación de las alternativas de cambio a estas reglas, en sintonía con las que han defendido los propios sindicatos, sería muy importante.

En resumen, el tiempo político que ahora comienza vuelve a plantear una estrategia de acumulación de fuerzas y de acrecentamiento de alianzas políticas y sociales en torno a un proyecto de cambio político y social. En esa estrategia es importante trabajar fuera de las instituciones, pero también dentro de ellas, como fundamentalmente se está efectuando, con todas las dificultades heredadas de la intervención del Ministerio de Economía, en los ayuntamientos y en alguna Comunidad autónoma como Valencia. En ese dentro, la actividad parlamentaria de 71 diputados debe ocupar un amplio espacio, creando campos de convergencia en algunos temas centrales como los antes enunciados, impulsando la iniciativa legislativa, mostrando los proyectos de regulación de los sectores sociales más relevantes que las formaciones políticas del cambio tienen como objetivo. Es cierto que el PP tiene la mayoría del Senado y el dominio del Tribunal constitucional para dificultar una buena parte de este trabajo, pero éste es sin embargo necesario y puede producir frutos interesantes. Entre otras cosas, dando relieve a la acción parlamentaria, la ciudadanía comprende que su voto ha servido para defender un programa y unas posiciones que buscan la emancipación personal y ampliar la libertad y la igualdad en las relaciones sociales. Un voto que se convierte en actividad de sus representantes coherente con el programa al que se deben, y que por tanto les obliga a hacer todo lo posible por mejorar el marco normativo al que se enfrentan, aunque no logren – en este momento – llevar a cabo las modificaciones más esenciales que pretendían. El trabajo parlamentario – lo saben bien quienes lo han desempeñado – es duro y en ocasiones poco visible. Pero, al margen de darle la relevancia que se merece, merece la pena desarrollarlo, como un añadido concreto a la capacidad de proyecto que las fuerzas del cambio presentan a la sociedad como programa de acción.