HERIR SENSIBILIDADES : SOBRE LOS ABOGADOS DE ATOCHA

El 24 de enero se cumplen cuarenta años del asesinato de los abogados laboralistas de la calle Atocha, y naturalmente se están acelerando los actos que rinden homenaje a aquellos luchadores por la libertad que murieron por defender los derechos de los trabajadores y que militaban en CCOO y en el PCE. Se prevé un acto multitudinario el 15 de febrero, en el Teatro Monumental, donde además se entregará el premio Abogados de Atocha a Juan Genovés, el pintor del cuadro emblemático de la reconciliación nacional – El abrazo – que constituyó el eje de la política del  PCE a partir de los años sesenta.

Los asesinos de los abogados de Atocha eran pistoleros y militantes fascistas de grupos de extrema derecha, pero detrás de ellos había fuerzas importantes que jamás fueron investigadas, ni en los cuerpos de seguridad del Estado ni en los poderes económicos más ligados al mantenimiento del franquismo – el llamado bunker – que contaba con decisivos consensos en el ejército y en la judicatura. El crimen fue condenado naturalmente por el gobierno de UCD y la impresionante manifestación de duelo en el entierro de los abogados de Atocha fue el detonante de la legalización del PCE y el decisivo encarrilamiento de la transición política hacia las elecciones generales que construirían un nuevo sistema democrático y generarían una Constitución acorde con él. Es por tanto un crimen que pretendía impedir la democracia, castigando precisamente a quienes defendían a los trabajadores frente a la dictadura, y señalando a las dos organizaciones que se habían destacado en la lucha antifranquista, las Comisiones Obreras y el Partido Comunista.

Uno de los que fueron fusilados contra la pared del despacho de Atocha fue Ángel Rodríguez Leal. Era natural de un pequeño pueblo de Cuenca, y trabajador de Telefónica de donde fue despedido, llevó su caso a los abogados de CCOO y se quedó en el despacho como administrativo, para organizar los documentos del mismo. Era el único de los asesinados que no era abogado. Había nacido el 26 de enero de 1951 y fue asesinado dos días antes de cumplir los veintiséis años.

Hace tan solo unos años, en su pueblo el Ayuntamiento dio su nombre a un parque. Ahora, cuando se cumplen 40 años de su asesinato, la coalición de izquierda del pueblo ha querido colocar una placa en su memoria. La respuesta del alcalde, del Partido Popular, ha sido la de prohibirlo. Las razones las explica Público.es y El diario.es.

"Es nuestro deber procurar no herir sensibilidades de ninguna tendencia política en aras de preservar nuestra convivencia pacífica de todos los vecinos del municipio". Con esta excusa ha despachado el alcalde de Casasimarro (PP), la petición de colocar una placa en reconocimiento de las víctimas de la matanza de Atocha. 

La propuesta fue realizada por Ahora Casasimarro y buscaba honrar especialmente a Ángel Rodríguez Leal, una de las víctimas de aquel brutal episodio de la transición española y vecino de esta localidad castellano manchega. 

La respuesta del alcalde ha sido facilitada a través de un escrito, con fecha 23 de diciembre, en el que señala que denegar la instalación de dicha placa "no implica un posicionamiento concreto de la Corporación"  teniendo en cuenta "que el vecino Angel Rodriguez Leal ya tiene el nombre de un parque, fijado por la anterior corporación que gobernaba este municipio , sin que la corporación actual haya procedido a su cambio". A lo que añade: "Este hecho denota la necesaria imparcialidad que debe primar en un gobierno como el nuestro, que lo es, de todos los vecinos de Casasimarro, independientemente de su orientación política".

El alcalde de Casasimarro entiende que hay que ser imparcial frente a los asesinatos y que por tanto hay que impedir que se honre la memoria de un vecino de la localidad que dio su vida por la construcción de la democracia. Entiende que hay que situarse en la equidistancia entre los asesinos y los asesinados, porque no quiere herir sensibilidades “de ninguna tendencia política”, aunque ya sabemos cual es la única tendencia política que puede sentirse aludida, la que justifica el crimen de Atocha como un hecho necesario para frenar la conformación de un sistema democrático en nuestro país. Y le parece un acto de bonhomía política no haber quitado el nombre del vecino que fue asesinado por el fascismo en plena transición política, lo que implícitamente entiende que formaría parte del bagaje político del Partido que representa.

El alcalde no quiere herir la sensibilidad política de los asesinos y de los fascistas, de quienes defendieron la dictadura mediante las torturas, las delaciones, los disparos mortales. Al hacer eso el alcalde del PP se coloca contra la democracia, es un personaje abyecto que carece de cualquier legitimidad para poder seguir considerándose una autoridad democrática en ningún lugar. El Partido Popular debe exigirle la dimisión inmediata, los partidos políticos democráticos preparar un importante acto político para poner la placa solicitada  en el mismo lugar en el que el alcalde ha decidido negarlo, y convocar a personalidades y dirigentes de los mismos para que acudan al pueblo de Angel Rodríguez Leal, a reivindicar su memoria y la de la lucha de tantos hombres y mujeres por la democracia y las libertades. No le arrebatemos, cuarenta años después de su muerte a manos de pistoleros fascistas, su dignidad de ciudadano y de trabajador que creyó en el futuro mejor que nos esperaba a todos tras la caída de la cruel dictadura franquista.